Opinión Jurídica : 094 - del 10/07/2026

10 de julio de 2026

PGR-OJ-094-2026

 

Señora

Marie Paz Maroto Cordero

Área de Comisiones Legislativas

Asamblea Legislativa

 

Estimados señores:

 

            Con la aprobación del Procurador General de la República, nos referimos a su oficio no. AL-CPEREL-249-2026 de 19 de febrero de 2026, por medio del cual se nos comunica que la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior acordó requerir nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 25369, denominado “APROBACIÓN DEL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE”.

 

I. CARÁCTER DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.

 

De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podrá ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.

            Pese a lo anterior, y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.

 

En virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y contenido de un proyecto de ley o de reforma constitucional, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la importante labor de la Asamblea Legislativa.

 

   Por otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él establecido. (Véanse al respecto, entre otros muchos, los pronunciamientos OJ-009-2020, de 13 de enero de 2020, OJ-055-2021, 8 de marzo de 2021, OJ-122-2021 de 30 de julio de 2021, PGR-OJ-031-2022 de 22 de febrero de 2022 y PGR-OJ-129-2022 de 6 de octubre de 2022).

 

   II. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY.

 

   Tal y como se indica en la exposición de motivos, el objetivo principal del proyecto es la aprobación del Convenio Sede entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Global Green Growth Institute, que, se indica, constituye un paso estratégico para fortalecer la cooperación internacional del país en materia de desarrollo sostenible y crecimiento verde.

 

            Se destaca que Costa Rica mantiene una trayectoria reconocida en la protección ambiental y que ya forma parte del Global Green Growth Institute desde el año 2014, lo que le ha permitido acceder a asistencia técnica y conocimiento especializado. Y, se expone, que la instalación de una sede permanente de ese organismo ampliaría estos beneficios, facilitando la estructuración de proyectos estratégicos, el acceso a financiamiento internacional y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar los desafíos relacionados con el cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible.

 

         Asimismo, se resalta que el Global Green Growth Institute desarrolla actualmente iniciativas en el país, como programas de eficiencia energética y acción climática, cuyo impacto podría incrementarse con la presencia física de la organización en nuestro territorio.

 

         Se explica que la sede de la organización en el país permitiría brindar apoyo en la formulación de políticas públicas, el diseño de instrumentos financieros sostenibles, la planificación estratégica, la creación de fondos verdes y la asistencia técnica a instituciones nacionales y locales, y que esas herramientas resultan especialmente relevantes para Costa Rica, considerando las limitaciones que enfrentan los países de renta alta para acceder a los mecanismos tradicionales de cooperación internacional.

 

         Se indica que, desde la perspectiva jurídica e institucional, el Convenio de Sede proporciona un marco legal claro para el funcionamiento del Global Green Growth Institute en territorio nacional, fortaleciendo la seguridad jurídica y la cooperación con organismos multilaterales. 

          Por último, se indica que la aprobación del convenio contribuiría a mejorar la imagen internacional de Costa Rica como un socio confiable en materia ambiental y climática, favoreciendo la atracción de recursos financieros y técnicos para proyectos de alto impacto. En consecuencia, se estima que la aprobación del Convenio representa una oportunidad estratégica para fortalecer la política exterior, la institucionalidad pública y el desarrollo sostenible del país. 

 

            Específicamente, el proyecto consta de un único artículo, que dispone:

“ARTÍCULO ÚNICO- Apruébese, en cada una de sus partes, el “ACUERDO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE”, suscrito en Seúl, República de Corea, el veintinueve de octubre de dos mil veinticinco, cuyo texto es el siguiente: (…)”

 

            Seguidamente, se reproduce el texto íntegro del Convenio, el cual, tiene como objetivo principal instalar una sede del Global Green Growth Institute en Costa Rica.

 

            El Global Green Growth Institute (GGGI) es un organismo internacional constituido mediante un convenio suscrito en Río de Janeiro el 20 de junio de 2012, ratificado por Costa Rica mediante la Ley no. 9239 de 5 de mayo de 2014. Según dicho convenio, las oficinas principales del organismo se ubican en Seúl, en la República de Korea.

 

          Tal y como lo establece ese Convenio, las funciones principales del organismo son promover el crecimiento verde como instrumento para alcanzar el desarrollo sostenible; brindar asistencia técnica a los Estados para la formulación, diseño e implementación de estrategias, políticas y planes de crecimiento verde en los ámbitos nacional, regional y local, con el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la inclusión social; impulsar la investigación y la generación de conocimiento especializado, desarrolla actividades de investigación orientadas al perfeccionamiento de la teoría y la práctica del crecimiento verde, tomando en consideración la experiencia de los gobiernos y del sector productivo; fomentar la cooperación entre los sectores público y privado, promoviendo la inversión, la innovación, la producción y el consumo sostenibles, así como la difusión de mejores prácticas relacionadas con el crecimiento verde; promover el intercambio de conocimientos, la divulgación de información basada en evidencia y la sensibilización sobre el crecimiento verde, así como el establecimiento de alianzas y relaciones de cooperación con otros organismos internacionales

 

          Si bien es cierto, puede valorarse de manera positiva que una sede de ese organismo se instale en el país, corresponde a la Asamblea Legislativa ponderar y determinar la conveniencia, oportunidad y razonabilidad de dicha decisión.

 

            Según el artículo 15 del Convenio de constitución del organismo, el GGGI puede buscar obtener privilegios e inmunidades en otros estados miembros, según sea necesario y apropiado para su correcto funcionamiento en el territorio de los estados miembros, con la debida consideración de que se trate de los privilegios e inmunidades que se acostumbran para los tipos similares de organizaciones internacionales. Y, se dispone, que tales privilegios e inmunidades se especificarán en un acuerdo separado que puede concluirse entre los Miembros o entre GGGI y el Miembro individual. Por esa razón, la mayoría de las disposiciones del Convenio están destinadas a regular las inmunidades y privilegios que se otorgarían a la sede del organismo internacional que se instalaría en el país.

 

            Conforme al artículo 6 constitucional, los tratados internacionales válidamente aprobados forman parte del ordenamiento jurídico costarricense, razón por la cual corresponde analizar si el régimen de privilegios e inmunidades previsto en el Convenio de Sede resulta compatible con el marco constitucional vigente.

 

    Como se ha indicado en anteriores oportunidades, el reconocimiento de privilegios e inmunidades a los representantes diplomáticos extranjeros y de organismos internacionales es una práctica consolidada en el Derecho Internacional Público y plasmada en diversos instrumentos internacionales. (Véanse al respecto los pronunciamientos nos. PGR-C-181-2023 del 2 de octubre de 2023, PGR-C-226-2025 del 18 de febrero de 2025, PGR-OJ-044-2025 del 20 de marzo de 2025.)

 

   La regulación fundamental de esta materia se encuentra contenida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ratificada mediante Ley no. 3394 de 24 de setiembre de 1964, así como en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ratificada por Ley no. 3767 de 3 de noviembre de 1966. De igual forma, el régimen de privilegios e inmunidades encuentra sustento en otros instrumentos internacionales de particular relevancia, tales como la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada mediante Ley no. 743 de 6 de octubre de 1949, y la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, ratificada por Ley no. 3345 de 5 de agosto de 1964.

 

            Asimismo, dicho régimen se complementa con las disposiciones contenidas en los instrumentos constitutivos de cada organismo internacional, los convenios generales suscritos por éstos y los acuerdos sede celebrados entre el Estado costarricense y diversos organismos y misiones internacionales acreditados en el país, los cuales contemplan regulaciones específicas acordes con la naturaleza y funciones de cada entidad.

 

            Con fundamento en ese marco normativo y en observancia de los principios que rigen las relaciones internacionales, particularmente el principio de reciprocidad, Costa Rica reconoce a los agentes diplomáticos, funcionarios consulares y funcionarios internacionales debidamente acreditados ante el Estado un régimen especial de inmunidades y privilegios. Tales prerrogativas no constituyen beneficios de carácter personal, sino garantías funcionales establecidas para asegurar el ejercicio independiente y eficaz de las funciones oficiales que el Derecho Internacional les atribuye.

 

            Al respecto, esta Procuraduría, en el dictamen no. C-218-97 de 19 de noviembre de 1997, señaló:

 

“I.- Sobre los privilegios e inmunidad diplomática:

Antiguamente se sostenía que los agentes diplomáticos y los representantes de los gobiernos extranjeros gozaban en los otros países, de inmunidad frente a la legislación interna y de ciertos privilegios o prerrogativas en virtud de una ficción jurídica comúnmente aceptada hasta mediados del siglo XIX, denominada «extraterritorialidad».

La ficción consistía en considerar que tales dignatarios aún encontrándose en el territorio de un Estado extranjero, seguían como si nunca hubieran salido del territorio de sus estados de origen y por lo tanto continuaban rigiéndose por sus legislaciones nacionales y eran inmunes al derecho y a la autoridad del país extranjero en el cual residían o se encontraban.

La anterior tesis ha sido sustituida por otra más pragmática fundamentada en los principios de reciprocidad y cortesía internacional y en la necesidad de asegurar la libertad e independencia de funciones de los agentes diplomáticos y representantes de los organismos internacionales; o bien en las teorías «funcional» y «representativa», como dijo la Comisión de Derecho Internacional (ILC. Yearbook, 1958, Vol. II, p.78).”

 

            Del mismo modo, la Sala Constitucional ha establecido reiteradamente que los derechos fundamentales no son absolutos, por lo que, dentro del régimen constitucional, pueden estar sujetos a ciertas limitaciones que razonablemente pueden ser impuestas a su ejercicio; tal y como sucede en este caso con la garantía de igualdad ante la ley. (Ver al respecto el voto no. 2000-04527, de las 14:45 horas del 31 de mayo del 2000 de la Sala Constitucional).

 

En esa misma línea, la Sala Constitucional ha desarrollado la tesis funcional en el otorgamiento de las prerrogativas e inmunidades, específicamente en la sentencia no. 178-1999 de las 14:33 horas del 13 de enero de 1999:

 

“Del mismo modo, esos privilegios no son ilícitos ni quebrantan principios que contemplan las normas constitucionales 19, 33 y 68 porque si bien se excluye a los funcionarios nacionales y los extranjeros con residencia permanente en el país del goce de los mismos esa restricción obedece a reglas universalmente reconocidas del Derecho Internacional que persiguen específicamente brindar todas las facilidades a los funcionarios internacionales que se desplazan de un país a otro con el objeto de que puedan cumplir a cabalidad sus funciones. Además, esa normativa internacional también responde a principios lógicos y prácticos en el sentido de que los beneficios no pueden ser para los nacionales porque estos no se han desplazado de ningún otro país ni tienen las mismas dificultades que los extranjeros sin residencia permanente que si lo han hecho. Y si las razones anteriores no bastan también debe tenerse presente que de acuerdo con el orden Jurídico internacional vigente en nuestro país, tales inmunidades y privilegios se conceden no en beneficio o provecho de las propias personas o individuos sino con el propósito de garantizar el desempeño eficaz de las funciones y el interés de la organización internacional…” (La negrita no forma parte del original)

            Como se desprende de lo expuesto, los privilegios e inmunidades reconocidos a los agentes diplomáticos y a los representantes de organismos internacionales no se otorgan en atención a la persona que ejerce el cargo, sino en beneficio del Estado u organismo internacional acreditante, con el propósito de garantizar el adecuado y eficaz desempeño de las funciones que les han sido encomendadas. En este sentido, el Derecho Internacional consuetudinario ha consolidado el reconocimiento de tales inmunidades como un principio generalmente aceptado por la comunidad internacional, el cual ha sido reiteradamente reconocido tanto por la práctica de los Estados como por la jurisprudencia nacional e internacional.

 

         Es así que el voto no. 4944-2014 de la Sala Constitucional constituye el principal precedente constitucional para el análisis del presente proyecto de ley, por cuanto examinó la constitucionalidad del Convenio Constitutivo del Global Green Growth Institute y del régimen de privilegios e inmunidades previsto para dicho organismo internacional. En esa oportunidad, el Tribunal concluyó que el otorgamiento de tales prerrogativas constituye una práctica consolidada del Derecho Internacional Público y del Derecho Diplomático, compatible con el orden constitucional costarricense.

         En dicha resolución, de cita obligada para este análisis, la Sala fijó la conformidad del estatus jurídico del Global Green Growth Institute con el bloque de constitucionalidad, fundamentando que:

“la concesión de privilegios e inmunidades a favor de organismos internacionales intergubernamentales y sus funcionarios no lesiona la soberanía nacional ni el principio de igualdad (artículos 2, 4 y 33 de la Constitución Política), en el tanto estos se justifiquen y delimiten en función de las necesidades operativas de la entidad (inmunidad funcional). Tales herramientas jurídicas procuran garantizar que el sujeto de Derecho Internacional cuente con un ámbito de independencia técnica y de gestión, libre de presiones e interferencias de los poderes locales del Estado receptor, lo cual resulta plenamente legítimo de cara a la cooperación internacional.”

 

            En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional destacó que los privilegios e inmunidades previstos para organizaciones internacionales de esta naturaleza son semejantes a los reconocidos a otros organismos internacionales y misiones diplomáticas establecidas en el país.

 

            Particularmente, la Sala indicó que las exenciones fiscales y las inmunidades previstas en ese tipo de instrumentos internacionales obedecen a una decisión soberana del Estado costarricense, adoptada mediante el ejercicio de las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa para aprobar tratados internacionales. Desde esa perspectiva, precisó que tales beneficios no implican una renuncia ilegítima a la soberanía nacional ni vulneran el orden constitucional, sino que constituyen mecanismos jurídicos orientados a facilitar el adecuado funcionamiento de organismos internacionales cuya presencia responde a objetivos de cooperación internacional y al cumplimiento de compromisos libremente asumidos por el Estado. (Véase el voto 4944-2024 de las 14:30 hrs del 9 de abril de 2014 de la Sala Constitucional).

            En consecuencia, el precedente constitucional citado constituye un parámetro relevante para el análisis del presente proyecto de ley, por cuanto el Convenio de Sede reproduce instituciones jurídicas que ya fueron consideradas compatibles con la Constitución Política respecto del propio Global Green Growth Institute. Ello no excluye el deber de examinar el contenido específico del Convenio sometido a consulta, particularmente en lo relativo al alcance de las inmunidades, las exoneraciones tributarias y las disposiciones laborales y de seguridad social y exenciones tributarias; sin embargo, permite afirmar que, en términos generales, el establecimiento de un régimen de privilegios e inmunidades para este organismo internacional encuentra sustento tanto en el Derecho Internacional como en la jurisprudencia consolidada de la Sala Constitucional.

            La naturaleza funcional de las inmunidades reconocidas a los organismos internacionales también encuentra respaldo en el Derecho Internacional convencional. En ese sentido, el preámbulo de la Convención de Viena sobre Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal dispone:

 

"Reconociendo que el objeto de los privilegios e Inmunidades enunciados en la presente Convención no es favorecer a los Individuos sino garantizar el desempeño eficaz de sus funciones en relación con las organizaciones y conferencias."

 

            De esa disposición se desprende que, la investidura y las funciones que ejercen quienes representan a un Estado extranjero o a un organismo internacional justifican el reconocimiento de un régimen especial de inmunidades, privilegios y exenciones, cuyo objeto es garantizar el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones oficiales. Dicho régimen encuentra fundamento en los principios de igualdad soberana de los Estados, reciprocidad y cooperación internacional, ampliamente reconocidos por el Derecho Internacional Público.

 

         En virtud de tales principios, los Estados se abstienen de ejercer determinadas potestades jurisdiccionales respecto de agentes diplomáticos y funcionarios internacionales, en los términos y con los alcances previstos por los instrumentos internacionales aplicables, bajo el entendido de que un tratamiento equivalente será dispensado a sus propios representantes acreditados en el exterior.

 

         Ahora bien, la denominada vía diplomática comprende el conjunto de mecanismos de comunicación, negociación y representación que el Derecho Internacional reconoce a los sujetos de la comunidad internacional para la conducción de sus relaciones exteriores. Constituye, por tanto, un instrumento esencial de la política exterior de los Estados y de las organizaciones internacionales, orientado a promover la cooperación, fortalecer las relaciones internacionales y procurar la solución pacífica de controversias mediante el diálogo, la negociación y la buena fe. (Ver dictamen no. C-218-97 de 19 de noviembre de 1997).

 

         De acuerdo con los criterios jurisprudenciales nacionales se ha reconocido que determinados instrumentos internacionales incorporan principios fundamentales del Derecho Internacional universalmente aceptados, los cuales poseen una fuerza normativa que trasciende su mera condición de tratados internacionales válidamente ratificados por el Estado. Tales principios constituyen elementos esenciales del orden jurídico internacional y sirven de fundamento para la validez y eficacia de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados que integran la comunidad internacional. (Ver el voto no. 04527-2000, de las 14:45 horas del 31 de mayo del 2000 de la Sala Constitucional).

 

         Por ende, las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales vigentes y aplicables en Costa Rica deben interpretarse de conformidad con los principios de protección de los derechos fundamentales de la persona humana y del trabajo, garantizando su plena eficacia dentro del ordenamiento jurídico nacional. (Ver el voto no. 04527-2000, de las 14:45 horas del 31 de mayo del 2000 de la Sala Constitucional).

 

            Con fundamento en las consideraciones expuestas, se estima que las inmunidades y privilegios reconocidos a los organismos internacionales acreditados en el país poseen un carácter eminentemente funcional y no pueden ser interpretados de forma tal que impliquen, por sí mismos, la exclusión automática de las obligaciones derivadas de la legislación laboral y de seguridad social respecto de trabajadores costarricenses que no se encuentren amparados por un régimen especial de inmunidades.

 

            En consecuencia, los trabajadores nacionales contratados por organismos internacionales acreditados en Costa Rica, que no ostenten condición diplomática ni gocen de inmunidades expresamente reconocidas por el Derecho Internacional, conservan la protección que les dispensa el ordenamiento jurídico costarricense en materia laboral y seguridad social. Correlativamente, tales organizaciones deben observar las obligaciones que les resulten exigibles conforme al marco jurídico aplicable, garantizando el respeto efectivo de los derechos laborales y de seguridad social reconocidos por nuestro ordenamiento. (Ver Opiniones jurídicas OJ-31-2003 de 20 de febrero de 2003 y OJ-1002003 de 8 de abril de 2003).

            El régimen de inmunidades previsto en el Convenio se articula mediante un conjunto de disposiciones que responden al principio de inmunidad funcional reconocido por el Derecho Internacional Público. En ese sentido, cada una de las prerrogativas previstas en el Capítulo II persigue garantizar la independencia institucional del Organismo y facilitar el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado.

            Los artículos 5 y 6 del Convenio reconocen la inviolabilidad de la sede, de sus locales, archivos y documentos oficiales, así como la inmunidad de jurisdicción y de ejecución respecto del Organismo, sus bienes y activos. Tales disposiciones constituyen garantías institucionales destinadas a preservar la autonomía del Global Green Growth Institute frente a cualquier forma de injerencia por parte del Estado receptor, asegurando que el ejercicio de sus funciones no se vea afectadas por actuaciones administrativas, judiciales o ejecutivas incompatibles con su condición de organismo internacional.

 

            En estrecha relación con lo anterior, el Convenio reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones oficiales del Organismo y autoriza la utilización de claves y valijas oficiales con un tratamiento equivalente al conferido a las comunicaciones diplomáticas. Tales previsiones responden a la necesidad de garantizar la confidencialidad, integridad e independencia de las comunicaciones institucionales, elemento indispensable para el adecuado desarrollo de las funciones internacionales que corresponden al Global Green Growth Institute.

 

            Por su parte, los artículos 13 y 14 regulan el estatuto jurídico de los funcionarios internacionales, delimitando expresamente el ámbito subjetivo de las inmunidades y privilegios reconocidos. En particular, dichas prerrogativas se circunscriben a los funcionarios internacionales que no ostenten la nacionalidad costarricense ni la condición de residentes permanentes, comprendiendo, entre otros aspectos, la inmunidad de arresto y detención y la inmunidad de jurisdicción respecto de los actos realizados en ejercicio de sus funciones oficiales y la inviolabilidad de sus documentos oficiales.

            Especial relevancia reviste la disposición conforme con la cual el Representante País y determinados funcionarios internacionales son equiparados, para efectos del ejercicio de sus funciones oficiales, al régimen de privilegios, inmunidades y facilidades reconocido por el Derecho Internacional a los agentes diplomáticos, extendiéndose determinadas prerrogativas a sus familiares dependientes. Tal equiparación no constituye una asimilación plena al estatuto diplomático previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino un mecanismo funcional destinado a asegurar el adecuado desempeño de las funciones institucionales que les han sido encomendadas.

            El Convenio complementa ese régimen mediante el reconocimiento de diversas prerrogativas orientadas a asegurar la autonomía administrativa, financiera y operativa del Organismo. Así, se garantiza la libertad para desarrollar sus actividades institucionales, la inviolabilidad de sus comunicaciones oficiales y la utilización de claves y valijas con el mismo tratamiento conferido a las comunicaciones diplomáticas.

            Reviste especial importancia que el propio Convenio disponga expresamente que los privilegios e inmunidades reconocidos tanto al Organismo como a sus funcionarios tienen una naturaleza estrictamente funcional y se confieren exclusivamente en interés del Organismo, descartando que constituyan prerrogativas de carácter personal. En coherencia con ese principio, se atribuye al Director General la potestad de renunciar expresamente a las inmunidades cuando ello no perjudique los intereses institucionales y resulte compatible con la adecuada administración de justicia.

            Asimismo, se establece que los funcionarios permanecen sujetos al ordenamiento jurídico costarricense y se prevé un mecanismo de consultas entre el Gobierno y el Organismo para atender eventuales situaciones de abuso en el ejercicio de tales prerrogativas. Estas disposiciones reflejan el principio de funcionalidad que inspira el régimen internacional de privilegios e inmunidades y evidencian que el Convenio procura mantener un adecuado equilibrio entre la independencia necesaria para el cumplimiento de las funciones del Organismo y el respeto a la soberanía y al ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica.

         En criterio de este órgano asesor las inmunidades y privilegios de que gozan los organismos internacionales no constituyen un fundamento jurídico válido para sustraerse del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación laboral y de seguridad social respecto de los trabajadores nacionales contratados en el territorio de la República.

            El convenio no se limita al reconocimiento de inmunidades y privilegios, también contempla un amplio régimen de exoneraciones tributarias a favor del Organismo y, en determinados supuestos, de sus funcionarios internacionales. En ese sentido, el instrumento prevé beneficios relativos al impuesto sobre el valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta, tributos municipales, impuestos aplicables a combustibles, derechos e impuestos de importación, así como exoneraciones relacionadas con la importación, inscripción y circulación de vehículos oficiales y de los funcionarios internacionales, incluyendo el derecho de circulación (marchamo). Asimismo, contempla exenciones respecto de diversos bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Organismo y el ejercicio de sus funciones oficiales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 8, 13 y 14 del Convenio.

         Al respecto, debe indicarse que el establecimiento de un régimen de exoneraciones en favor de organismos internacionales constituye una práctica reconocida en el Derecho Internacional Público y suele incorporarse en los acuerdos de sede como un mecanismo destinado a garantizar la independencia funcional de dichos organismos y facilitar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados.

            En consecuencia, tales beneficios no responden a una finalidad de carácter personal o patrimonial, sino que se justifican en la necesidad de asegurar que el organismo pueda desarrollar sus actividades oficiales sin que la carga tributaria del Estado receptor constituya un obstáculo para el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas por su tratado constitutivo. Desde esa perspectiva, las exoneraciones deben entenderse como prerrogativas de naturaleza funcional, estrechamente vinculadas con el cumplimiento de los objetivos institucionales del Organismo.

            También debe advertirse que las exoneraciones tributarias constituyen una excepción al régimen tributario ordinario y, por consiguiente, su reconocimiento e interpretación deben sujetarse estrictamente a los términos previstos en el propio Convenio y a los principios que informan el Derecho Internacional y el ordenamiento jurídico interno.

         El Convenio incorpora un régimen de exoneraciones tributarias y aduaneras a favor del Organismo y, en determinados supuestos, de sus funcionarios internacionales. Desde la perspectiva jurídica, dichas exoneraciones constituyen un régimen especial de naturaleza excepcional que deberá interpretarse de conformidad con los términos expresamente previstos en el Convenio y atendiendo a su finalidad funcional, sin extender sus efectos a supuestos no contemplados por las partes.

 

            Tal interpretación resulta acorde con el carácter excepcional de las exoneraciones tributarias y garantiza que su aplicación se circunscriba a los supuestos expresamente previstos en el Convenio, preservando el equilibrio entre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y los principios que informan el sistema tributario nacional.

 

            No obstante, la determinación del alcance de los beneficios fiscales previstos, así como de los procedimientos para su reconocimiento, aplicación, control y fiscalización, involucra aspectos cuya valoración corresponde al ámbito competencial del Ministerio de Hacienda, en su condición de órgano rector de la Hacienda Pública y de la Administración Tributaria. En consecuencia, este órgano asesor considera pertinente que, durante el trámite legislativo, se solicite el criterio técnico de esa cartera ministerial, a fin de que valore las implicaciones jurídicas, tributarias y administrativas derivadas del régimen de exoneraciones previsto en el Convenio, particularmente en lo relativo a su implementación y articulación con la normativa tributaria y aduanera vigente. Dicho criterio permitirá a la Asamblea Legislativa contar con mayores elementos de juicio para valorar el alcance y los eventuales efectos de los beneficios fiscales cuya aprobación se propone mediante el presente proyecto de ley.

 

           Del mismo modo, dado que la determinación del régimen jurídico aplicable en materia de aseguramiento, cotización y demás obligaciones de seguridad social involucra aspectos técnicos propios de la competencia institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, se estima conveniente contar con el criterio especializado de dicha entidad, a efectos de precisar el alcance de las obligaciones que podrían resultar exigibles a los organismos internacionales acreditados en el país conforme al ordenamiento jurídico vigente.

 

            En consecuencia, el análisis del presente proyecto debe realizarse desde la perspectiva del carácter funcional de las prerrogativas que se reconocen, verificando que éstas guarden una relación razonable con el cumplimiento de los fines institucionales del Organismo y no excedan aquello que resulta necesario para garantizar el ejercicio independiente de sus funciones.

 

 

            III. CONCLUSIÓN.

 

            Si bien es cierto, la aprobación del proyecto de ley no. 25369, denominado “APROBACIÓN DEL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE”, es una decisión legislativa, se recomienda valorar las observaciones expuestas.

 

De usted, atentamente,

 

 

 

 

 

      Nicol Vindas Villalobos                                            Elizabeth León Rodríguez

               Abogada                                                                       Procuradora

 

 

NVV/ELR/ysb

Cód. 2064-2026

 

PGR-OJ-094-2026.

 

PROYECTO DE LEY NO. 25369. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

 

La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 25369, denominado “APROBACIÓN DEL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE”.

 

La Procuraduría, mediante la opinión jurídica no. PGR-OJ-094-2026 de 10 de julio de 2026, señaló lo siguiente:

El Global Green Growth Institute (GGGI) es un organismo internacional creado mediante un convenio suscrito en 2012 y ratificado por Costa Rica mediante la Ley n.° 9239 de 2014, cuyo objeto es promover el crecimiento verde y el desarrollo sostenible mediante asistencia técnica, formulación de políticas públicas, investigación y cooperación internacional. La instalación de una sede en Costa Rica constituye una decisión cuya conveniencia y oportunidad corresponde valorar a la Asamblea Legislativa.

El proyecto de Convenio de Sede establece el régimen de privilegios e inmunidades aplicable al GGGI, sustentado en el Derecho Internacional Público y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, conforme al principio de inmunidad funcional, según el cual dichas prerrogativas tienen por finalidad garantizar el ejercicio independiente de las funciones del organismo y no conferir beneficios personales a sus funcionarios.

Asimismo, se precisa que las inmunidades reconocidas no excluyen la aplicación de la legislación laboral y de seguridad social costarricense respecto de los trabajadores nacionales que no gocen de un régimen especial de inmunidad, quienes conservan la protección del ordenamiento jurídico nacional.

El Convenio reconoce la inviolabilidad de la sede, los archivos, los documentos oficiales y las comunicaciones del organismo, así como la inmunidad de jurisdicción y ejecución sobre sus bienes y activos. Igualmente, establece un régimen de privilegios para determinados funcionarios internacionales, limitado al ejercicio de sus funciones oficiales y sujeto al principio de funcionalidad.

Finalmente, el Convenio contempla un régimen de exoneraciones tributarias y aduaneras a favor del organismo y, en determinados casos, de sus funcionarios internacionales. Si bien estas exoneraciones constituyen una práctica reconocida en el Derecho Internacional para garantizar la independencia funcional de los organismos internacionales, se estima conveniente que, durante el trámite legislativo, se solicite el criterio técnico del Ministerio de Hacienda sobre su alcance e implementación, así como el de la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de las implicaciones en materia de aseguramiento y seguridad social.