Dictamen : 197 - del 20/10/1997

C-197-97

San José, 20 de octubre de 1997

Señor

Álvaro E. Salazar Castro

Secretario Órgano Director

Municipalidad Goicoechea

S.D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio de fecha 19 de julio, recibido en este Despacho el 25 de setiembre de 1997, mediante el cual se solicita a esta Procuraduría, el dictamen previsto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, referente a la valoración de la existencia o inexistencia de vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el acuerdo del mencionado Concejo, artículo 18, sesión extraordinaria No. 17-90 de las 19 horas del 26 de abril de 1990, mediante el cual se otorgaron en préstamo varios lotes municipales destinados a zonas de parque a los siguientes vecinos de escaso recursos: xxx, xxx, xxx, xxx y xxx.

La mencionada solicitud se encuentra amparada en el acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea de sesión ordinaria 19-95, artículo 16.

I.- SOBRE EL ACUERDO QUE SE PRETENDE ANULAR

El acuerdo del Concejo Municipal, contenido en el artículo 18, sesión extraordinaria No. 17-90 de las 19 horas del 26 de abril de 1990, cuya nulidad absoluta, evidente y manifiesta se solicita acreditar, indica textualmente lo siguiente:

"18) En vista de que este Concejo Municipal, dio a varios vecinos del Cantón terreno para vivienda en el Distrito Quinto, en la Sesión Ordinaria No.22-90, del 21 de marzo de 1990, Artículo 2, Inciso 2) y realizados los estudios respectivos a través del Instituto Nacional de Vivienda y urbanismo, se dispuso lo siguiente: "Revocar dicho acuerdo por improcedente a tener dichos terrenos fin específico, lo anterior por unanimidad y con carácter firme se aprobó.

Asimismo, y en ocasión a que los siguientes terrenos no tienen fin específico, se procede a dar en préstamo indefinido a las siguientes personas:

xxx, del Distrito Quinto, según Plano S.J. 688708-87; xxx, del Distrito Cuarto, según Plano S.J.744182-88, xxx, xxx y xxx, del Distrito Quinto, se modifica el Plano S.J. 332445-79, XXX, del Distrito Cuarto, Plano S.J.744182-88, xxx y xxx, del Distrito Cuarto, según Plano S.J.600126-85; xxx y xxx, del Distrito Quinto, de la finca S.J. 33966, lotes 11 y 12; xxx, xxx y xxx, del Distrito Quinto, según Plano S.J. 688708-88 y xxx, del Distrito Quinto, Plano de la Finca S. J. 319823-78.

Con fundamento en el inciso 4 del artículo 4 del Código Municipal y el artículo 67 del mismo Código como el Artículo 60 y 146 de la Ley 6975 del 30 de noviembre de 1984.

Los mismos clasifican para hacerse acreedores a este beneficio, por ser personas de escasos recursos económicos, sin bienes inscritos a su nombre y vecinos del Cantón, elementos que fueron aportados para esta selección ". (El subrayado no es del original).

Mediante dictamen C-045-93 de 30 de marzo de 1993 de esta Procuraduría, se emitió criterio favorable respecto de la declaración parcial de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de este acuerdo en el caso de los señores xxx, xxx y xxx.

Por no haberse enderezado dicho procedimiento en contra de la totalidad de beneficiarios de dicho acuerdo, nuevamente se solicita el criterio favorable de esta Procuraduría respecto de la declaración parcial de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de este acuerdo, ahora en cuanto beneficia a los señores xxx, xxx, xxx, xxx, xxx.

En vista de lo anterior, esta Procuraduría debe hacer ver que con posterioridad a la emisión del dictamen C-045-93 de 30 de marzo de 1993 se ha promulgado diversa normativa en materia de Hacienda Pública, que como se verá infra, tendrá relación directa con la incompetencia de este Órgano para conocer sobre la nulidad indicada.

I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA, EN ESPECIAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS NULIDADES EVIDENTES Y MANIFIESTAS

La Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública.

Es así como la Constitución Política en su numeral 183 dispone que:

"La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública (...)" (El subrayado no es del original).

Por su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; No.7428 de 7 de setiembre de 1994, establece:

"Artículo 1.- NATURALEZA JURIDICA Y ATRIBUCION GENERAL

La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley." (El subrayado no es del original).

Asimismo, el numeral 8 de la misma ley Orgánica citada establece que:

"Hacienda Pública es la organización formada por los entes y órganos públicos, incluyendo los no estatales, propietarios o encargados, por cualquier título, de la administración del patrimonio público; salvo la contribución obrero patronal que es de naturaleza pública.

Los recursos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal tendrán el carácter que su propia ley orgánica le otorga. Patrimonio público es la universalidad constituida por los fondos públicos y por los pasivos a cargo de la Hacienda Pública.

Los componentes de la Hacienda Pública son las instituciones, corporaciones y empresas públicas, sean entes u órganos."(El subrayado no es del original).

Además, el artículo 9 de la misma ley dispone:

"Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos". (El subrayado no es del original).

Por otra parte, el numeral 67 del Código Municipal ubicado en el Título IV denominado Hacienda Municipal, establece lo siguiente en relación con el tema consultado:

"Artículo 67.- Las municipalidades no podrán hacer uso o disposición de su patrimonio para fines distintos de los encomendados por este Código.

No podrán disponer de sus recursos, cualesquiera que éstos sean, para festejos, agasajos, inauguraciones o eventos similares, salvo para la celebración de las siguientes fechas: 11 de abril, 25 de julio, 15 de setiembre, 12 de octubre, día del Régimen Municipal (31 de agosto), y para el aniversario de la fundación del cantón respectivo.

La Municipalidad y el ejecutivo sólo podrán realizar gastos por atención de miembros de los supremos poderes o representantes de organismos extranjeros, siempre que tales recepciones sean de interés para las actividades municipales.

Las donaciones o préstamos de cualquier tipo de recursos o de bienes muebles o inmuebles, así como su arrendamiento o la extensión de garantías en favor de otras personas, solo podrán darse cuando una ley especial así lo autorice expresamente; o cuando la donación o el préstamo, no referido a dinero o valores, fuere de interés para el cantón y en favor de una institución estatal, previa anuencia de la Contraloría General de la República, en ambos casos, y según el procedimiento contemplado en el artículo 15". (El subrayado no es del original).

El numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública fue reformado por el artículo 79, inciso e), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 de 7 de setiembre de 1994, en el sentido de que cuando la nulidad verse sobre actos administrativos directamente relacionados con la Hacienda Pública, el dictamen favorable deberá rendirlo dicho Órgano Contralor.

Así, dispone el numeral vigente de la indicada ley:

"Artículo 173.-1. Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y manifiesta, podrá declararse por la Administración en la vía administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 19 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.

Cuando la nulidad verse sobre actos administrativos directamente relacionados con la Hacienda Pública, el dictamen favorable deberá rendirlo la Contraloría General de la República. (Así adicionado este párrafo por el artículo 79, inciso e), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 de 7 de setiembre de 1994) (...)" (El subrayado no es del original).

De esta forma, en virtud de la función contralora otorgada a la Contraloría, el legislador ha establecido que los pronunciamientos en relación con su competencia son vinculantes.

En este sentido, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República antes citada, establece que:

"La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta ley.

Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. (...)" (El subrayado no es del original).

Hechas las anteriores alusiones normativas, debe indicarse que el Despacho consultante solicita el dictamen previsto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, referente a la valoración de la existencia o inexistencia de vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el acuerdo del mencionado Concejo, artículo 18, sesión extraordinaria No. 17-90 de las 19 horas del 26 de abril de 1990, mediante el cual se otorgaron en préstamo varios lotes municipales destinados a zonas de parque a vecinos de escasos recursos .

A partir de lo anterior, para esta Procuraduría es claro que lo discutido en la consulta es materia relacionada con el préstamo de un bien inmueble propiedad de la Municipalidad, es decir parte integral de la Hacienda Pública, por lo que lo dispuesto en este asunto por la Contraloría General de la República, según se vio, es vinculante para la administración consultante, además de que la competencia de dicha entidad es exclusiva y excluyente, incluso, en relación con esta Procuraduría. (En igual sentido véase, entre otros, C-114-96 de 19 de julio de 1996, C-120-96 de 24 de julio de 1996 y OJ-031-97 de 9 de julio de 1997, OJ-036-97 de 8 de agosto de 1997).

Así las cosas, la indicada competencia exclusiva y excluyente comprende incluso, a partir de la citada reforma del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, el análisis de la procedencia de las nulidades absolutas, evidentes y manifiestas de actos administrativos relacionados con la materia de la Hacienda Pública. (véase, entre otros, dictamen C-007-97 de 16 de enero de 1997).

II.- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, esta Procuraduría considera que:

1.-En virtud de la reforma del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública realizada mediante Ley No.7428 de 7 de setiembre de 1994, los dictámenes sobre la valoración de vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos relativos a la Hacienda Pública, deben ser emitidos por la Contraloría General de la República.

2.- En vista de que el acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea, artículo 18, sesión extraordinaria No. 17-90 de las 19 horas del 26 de abril de 1990, cuya nulidad se solicita valorar dispone en "préstamo indefinido" de un bien del dominio público integrante de la Hacienda Pública, debe ser la Contraloría General de la República, la que determine la existencia o inexistencia de motivos para la declaratoria de la nulidad de interés.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Licda. María Lourdes Echandi Gurdián

Procuradora Adjunta