Dictamen : 024 - del 10/02/1994

(Reconsidera)

C-024-1994

San José, 10 de febrero de 1994

Señor

M.B.A. Arturo Joffré Vartanián

Rector

Instituto Tecnológico de Costa Rica

S.D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, nos referimos a su oficio R-352-93 de 11 de noviembre de 1993, recibido el 30 del mismo mes y año, en el cual se solicita a este Despacho, por haberlo autorizado así el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica en acuerdo artículo 5, sesión No.1687, del 4 de marzo de 1993, el dictamen establecido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, referente a la valoración de la existencia o inexistencia de vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el acuerdo del mencionado Consejo Institucional, artículo 15, sesión 1523 del 25 de enero de 1990, mediante el cual se reconoce el título de Ingeniero Forestal de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, con el grado de Licenciatura, al señor xxx

I.- ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.- El 21 de agosto de 1981, el Rector de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, le confiere el título de Ingeniero Forestal al señor xxx. (copia folio 139).

2.- El 27 de enero de 1982, la Universidad de Costa Rica reconoció a xxx, el título de Ingeniero Forestal, Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, el cual se encuentra inscrito bajo el No.71-25 en esa oficina. ( copia folio 119).

3.- El 6 de marzo de 1989, la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, aprobó la incorporación al Colegio al xxx, en sesión No.05-89 como miembro No.150, autorizándolo a ejercer la profesión dentro del campo de la Ingeniería Forestal.( copia folio 118).

4.-Con fecha de 17 de mayo de 1989, la Embajada de Brasil otorga una declaración según la cual la Universidad Federal Rural de Pernambuco forma parte del sistema brasileño de educación superior, por lo cual está legalmente habilitada para la formación de profesionales en Ingeniería Forestal. ( copia folio 138).

5.- El 25 de enero de 1990, el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica acuerda, en artículo 15, sesión 1523, reconocer el título de Ingeniero Forestal de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, con el grado de Licenciatura al señor xxx. (copia folio 156).

6.- El 4 de setiembre de 1991, la Sala Constitucional - mediante Voto No.1732-91- dispuso que debía reconocerse y equipararse un título universitario, al no permitir al Instituto Tecnológico de Costa Rica una rectificación de criterio con base en el hecho de que dicho centro universitario no había ejercido ninguna acción respecto de los casos precedentes. (copias folios 197 a 199).

7.- El 13 de febrero de 1992, el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en artículo 7, sesión 1635, acordó hacer el procedimiento para revisar los casos, sobre los que aún hubiese opción, que representaran precedentes. (copias folios 197 a 199).

8.-El 24 de abril de 1992, la Universidad declara la apertura del procedimiento ordinario contra xxx para los efectos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el acuerdo del Consejo Institucional, artículo 15, sesión 1523 del 25 de enero de 1990. Además se solicita un informe técnico del caso a la Dirección del Departamento de Ingeniería Forestal. (copia folio 172).

9.- El 15 de mayo de 1992, según copia de oficio interno del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Departamento de Ingeniería Forestal realiza el estudio técnico en el cual se explican las razones por las cuales el señor xxx no reúne los requisitos del grado de Licenciado que le fue reconocido:

"a) El convenio para crear una Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación Superior del CONARE,(...) establece en página 69 que la duración de un bachillerato como mínimo es de 8 ciclos o semestres. El Plan de Estudios de la Escuela Forestal de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, indica que la carrera que cursó el Sr.xxx es de apenas 8 ciclos, con lo cual solo se le puede equiparar a un bachillerato. Debe indicarse que el Convenio del CONARE señala que la Licenciatura requiere de al menos 10 ciclos.

b) El Convenio en su página 71, establece claramente que uno de los requisitos de graduación para la Licenciatura es la aprobación de un trabajo de graduación. Este trabajo de graduación no lo presentó el interesado y tampoco se establece como requisito de graduación en los Planes de Estudio de dicha Escuela. (...)" (El subrayado no es del original) ( copias folios 166 y 167).

10.- En escrito de fecha 3 de agosto de 1992, el señor xxx alega la incompetencia de la Asesoría Legal para anular el acto que le afecta, y la violación de formalidades esenciales, como lo son la omisión de la enumeración de documentos pertinentes y la prevención de la presentación de la prueba, según lo dispuesto en el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública. Interpone los recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acto de apertura del procedimiento. (copias folio 175 y 176).

11.-En escrito de fecha 4 de agosto de 1992, el señor xxx presenta revocatoria con apelación en subsidio y cuestiona la oportunidad del procedimiento. Asimismo, rebate las dos razones fundamentales alegadas en el expediente para declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta, al sostener que el título no se puede analizar con unidades de medida distintas a las utilizadas en Brasil. Además argumenta la existencia de un Convenio de Intercambio Cultural, aprobado por nuestra Asamblea Legislativa, mediante ley No.3638 de 10 de diciembre de 1965, el cual es de rango supra legal. Por otra parte niega la posible nulidad del acto mediante el cual se equiparó su título. Señala el gestionante que existe una contradicción entre los Convenios para unificar la definición de "crédito" en la educación superior de Costa Rica y para crear una nomenclatura de grados y títulos de la educación superior, y lo dispuesto en el párrafo 1ero. del artículo 7 de la Constitución Política. Reitera luego la incompetencia de la Asesoría Legal del Instituto Tecnológico de Costa Rica al iniciar un procedimiento de anulación de un acto emitido por el Consejo Institucional, y finalmente se refiere a las pruebas. Solicita audiencia y derecho de defensa una vez que el expediente sea trasladado a la Procuraduría. (copias de folios 177 a 181).

12.-A las 11:10 horas del 4 de agosto de 1992, se celebra la audiencia oral. Están presentes el señor Víctor Jiménez Navarro, Órgano Director del Procedimiento, el señor Mauro Murillo Arias, asesor, y el señor xxx. (copias folio 182 y 183).

13.- El 4 de agosto de 1992, durante la audiencia, se resuelve el escrito de fecha 3 de agosto de 1992. Se rechaza la revocatoria y se admite la apelación presentada por el señor xxx, lo cual se deja constando en el acta correspondiente. Se agrega al acta el escrito presentado ese día 4 de agosto de 1992. (copias de folios 182 y 183).

14.- El 12 de agosto de 1992, el Rector del Instituto Tecnológico, M.B.A. Arturo Joffré Vartanián, resuelve rechazar la apelación interpuesta en escrito de 4 de agosto de 1992, alegando las mismas razones que el órgano director expresó en el acta de la comparecencia de las 11:10 horas del 4 de agosto de 1992. (copia folio 187)

15.-Con fecha 28 de agosto de 1992, el señor xxx presenta un memorial en el que se alega la nulidad de la resolución del Rector del 12 de agosto de 1992, en la cual se rechaza la apelación del escrito de fecha 3 de agosto de 1992. Se alega que se resolvió la apelación sin resolver la revocatoria y por ello no se cumplió con los numerales 349, 136 de la Ley General de la Administración Pública y se causa perjuicio a sus derechos fundamentales. (copias folios 189 a 192).

16.- Con fecha 24 de setiembre de 1992, el Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica rechaza el incidente planteado en el escrito de 28 de agosto de 1992, alegando que el recurso de revocatoria fue resuelto en la misma acta de la comparecencia, en presencia del señor xxx, el cual la suscribió, dándose con ello por notificado de la resolución. Además, en la misma acta se indica que se da curso a la apelación, por lo que es improcedente el alegato que se formula sobre omisión de un emplazamiento. (copia folio 195).

17.- El 13 de noviembre de 1992, el Órgano Director del Procedimiento presenta un informe en el cual externa criterio en el sentido de que en el caso del señor xxx existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, "por cuanto es evidente en el caso la falta de reunión de los requisitos elementales de una licenciatura, de acuerdo con las definiciones aceptadas en Costa Rica, lo cual permite establecer la carencia de causa o motivo, en la equiparación efectuada". Finalmente expresa que lo procedente es solicitar el dictamen respectivo a la Procuraduría General de la República. (copias de folios 197 a 199).

18.- El 4 de marzo de 1993, el Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica autoriza, en acuerdo artículo 5, sesión No.1687, a que el Rector solicite el dictamen establecido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, referente a la valoración de la existencia o inexistencia de vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el acuerdo del mencionado Consejo Institucional, artículo 15, sesión 1523 del 25 de enero de 1990, mediante el cual se reconoce el título de Ingeniero Forestal de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, con el grado de Licenciatura, al señor xxx.( copia folio 205).

19.- El expediente administrativo enviado a esta Institución el 1 de diciembre de 1993 por el Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consta de 205 copias de folios.

II.- COMPETENCIA DE ESTE ORGANO PARA LA EMISION DEL DICTAMEN

Dentro del régimen administrativo costarricense, y como producto de la excepcional posibilidad de que la Administración Pública deje sin efecto sus propios actos de los cuales derivan derechos uno o varios administrados, existen diversas condiciones o requisitos necesarios para poder configurar dicha potestad pública.

En primera instancia, dentro del régimen de nulidades de los actos administrativos, deben distinguirse los actos relativamente nulos y aquellos absolutamente nulos, dentro de los cuales existen los absoluta, evidente y manifiestamente nulos.

Para el caso específico de estos últimos, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 173, admite la posibilidad excepcional, como vimos, de que la Administración Pública proceda, previo dictamen favorable de esta Procuraduría, a anular por su propio medio, aquel acto administrativo del cual derive derechos un administrado, siempre y cuando, debemos reiterarlo, el mismo se encuentre viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

Es así como este órgano consultivo, por disposición expresa de la ley, se convierte de alguna forma en un CONTRALOR DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

A continuación se analizarán los alcances objetivos del artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública. Para ello se examinará el papel que cumple la Procuraduría General de la República como contralor de legalidad.

A. Contralor de Legalidad

Como se ha indicado, es mediante el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública que se le ha asignado a la Procuraduría General de la República una función contralora de legalidad de las actuaciones de la Administración, en vía administrativa, en el tanto deberá dictaminar -en el caso concreto- si un acto es nulo de manera absoluta, evidente y manifiesta.

Dicha potestad de control legal que le asigna la Ley General de la Administración Pública a la Procuraduría, podría enmarcarse dentro de las llamadas potestades de control represivo, las cuales:

"(...) se ejercen después de un acto que es ya eficaz y que está siendo ejecutado, presentan la diferencia frente a la aprobación o improbación de ser poderes compuestos por dos posibilidades legales, la de pronunciarse sobre la legalidad del acto y la de suprimirlo, si se concluye que es irregular.(...)

No hay, en ningún caso, órdenes del contralor al ente autónomo, ni menos aún sustitución de éste por aquél, la institución conserva siempre su plena autonomía de actuación (...)" (El subrayado no es del original).(ORTIZ ORTIZ, Eduardo, La autonomía y los límites de la Intervención estatal, Revista de Ciencias Jurídicas, San José, No.9, junio de 1967, p.191 y 192).

Para los efectos, es la Administración quien debe levantar un procedimiento administrativo tendente a verificar la verdad real de los hechos que servirán de motivo al acto final. Es en medio del conjunto de actos concatenados lógica y funcionalmente, que conforman el procedimiento administrativo, que aparece la figura del dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, sin el cual, el acto final no podrá ser anulatorio.

Es así como, a pesar de que es la Administración la que decide levantar un procedimiento tendente a verificar la existencia de una nulidad del tipo indicado en el numeral 173, para finalmente dictar el acto final, es también cierto que es a este órgano a quien se le asigna vía legem la competencia de determinar técnicamente si los hechos contenidos en el expediente del procedimiento administrativo implican que el acto que se pretende anular, adolece de vicios que ameriten calificar su nulidad, absoluta, evidente y manifiesta.

B. Administración Pública

De seguido se analizarán los alcances del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, el cual debemos relacionar en cuanto a los sujetos destinatarios de la norma, con el numeral 1 de la misma ley, al establecer este último el concepto de Administración Pública.

El artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública dispone:

"La Administración estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado."

A partir de ello, esta Procuraduría ha entendido como "Administración Pública" a los tres Poderes del Estado -en el ejercicio de la función administrativa-, las Municipalidades, instituciones autónomas y demás entidades de Derecho Público, -mismo concepto que establece el artículo 1, inciso 4) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa- (Procuraduría General de la República, VID entre otros dictamen, 2-69-78 de 16 de noviembre de 1978) dentro de los cuales se encuentran, entre otros los Colegios Profesionales. (Procuraduría General de la República, VID entre otros dictamen C-278-86 del 2 de diciembre de 1986).

Así las cosas, no podemos excluir dentro de esta enumeración, a las Universidades del Estado, las cuales forman parte de la Administración Pública en su actividad administrativa, provistas de las características de las entidades autónomas.

Por lo tanto, las instituciones autónomas y las Universidades del Estado, están sometidas a los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

En relación con la potestad de controlar la legalidad de los actos de las instituciones autónomas, el autor nacional Eduardo Ortiz Ortiz expresa que:

"El ente debe actuar y el Estado debe tener la posibilidad de impedir que actúe contra la ley o la técnica, mediante la improbación, suspensión, anulación o revocación de sus actos irregulares en esos dos aspectos: tal es el principio que debe regir una sana y eficiente autonomía. Ni separación ni unidad total, articulación a través de una tutela mínima y tácita, de origen constitucional, entre Estado e institución descentralizada."(ORTIZ ORTIZ, Eduardo, La autonomía y los límites de la Intervención estatal, op. cit., p.181).

El mismo autor examina el caso específico de la Universidad de Costa Rica -en ese entonces existía únicamente dicha Universidad- indicando lo siguiente:

"Excepciones hay, como la Universidad nuestra, que sí parece ser un caso de jerarquía institucional por razón de la materia. (...) La diversa formulación se ha interpretado como una más amplia autonomía de la Universidad, frente a la común de los otros entes autónomos, que significa fundamentalmente su capacidad para regular en forma plena y exclusiva su servicio, sin subordinación a las normas de la Asamblea; y, también, que ésta se halla constitucionalmente inhibida para regular la materia de los servicios universitarios o académicos de alto nivel, por ser materia exclusiva de la Universidad.(...) (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, La Autonomía Administrativa Costarricense, Revista de Ciencias Jurídicas, San José, No. 8, noviembre de 1966, p.136)

Sin embargo Ortiz Ortiz no omite aclarar que:

"(...) la auto legislación de que parece gozar la Universidad se refiere exclusivamente al fin propio de ésta y al régimen de sus medios para cumplirlo, y no a la Universidad como ente, es decir: como un sujeto más de un orden jurídico, poblado de otros entes y fines, en obligada armonía.

(...)

La Universidad como cualquier otro sujeto del orden jurídico nacional, queda sometida a todas las regulaciones legales que, aun afectando su situación jurídica e interfiriendo indirectamente con la prestación de su servicio y la organización de sus medios, afectan por igual a todos los otros sujetos del mismo orden, porque están motivadas en razones a todos comunes, extrañas a su especialidad funcional."(...)

Lo que queda a la Universidad, fuera de la potestad de autoorganización que todos los entes tienen y que puede comprender todos los aspectos de su estructura, es la fijación de programas académicos, de técnicas de prestación del servicio y las relaciones nacidas de su prestación. Es éste propiamente el servicio de la alta cultura, único que puede resistir a la ley detrás del escudo protector de la autonomía universitaria." (El subrayado no es del original) (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, La Autonomía Administrativa Costarricense, op. cit., p.137.)

Como se puede concluir, el control de legalidad que ejerce esta Procuraduría, el cual se traduce un dictamen vinculante para la Administración activa, no implica interferir directamente en el servicio de alta cultura que prestan las Universidades Estatales, pues no se les afecta en la fijación de programas académicos, ni en las técnicas de prestación del servicio, ni en las relaciones nacidas de su prestación. En consecuencia, dicha intervención es legítima y está expresamente autorizada por nuestro Ordenamiento Jurídico.

En otros términos, las Universidades sometidas a lo dispuesto por el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no se ven afectadas en su fin propio, ni en el régimen de los medios para cumplirlo, sino que éstas se someten, como un sujeto más de la Administración Pública, al control de legalidad en vía administrativa.

Es claro que la labor de la Procuraduría en relación con el presente caso es la de verificar la legalidad de la aplicación de las normas que la misma Universidad Estatal ha establecido para que su fin pueda ser cumplido y aquellas de igual o superior potencia jurídica del resto del Ordenamiento Jurídico.

Este criterio es el mismo que ha mantenido nuestro Tribunal Constitucional, al expresar:

"...también es cierto que ella es egresada de la Universidad Nacional al igual que la recurrente, por lo que no se justifica la interpretación que ha dado la Universidad de Costa Rica, pues en tratándose de un error, lo que debe hacer es buscar la nulidad administrativa de ese acto ante lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo que señala el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, o en su caso, los numerales 10 y 35 de la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo." (El subrayado no es del original) (Sala Constitucional, Nº 2381-91 de las 14 horas del 21 de noviembre de 1991).

En el mismo sentido, la Sala Constitucional ha considerado aplicable a las municipalidades, aún en consideración de su autonomía constitucionalmente conferida, el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, al señalar:

"Para que la Municipalidad pueda revocar un acuerdo suyo, que se encuentre firme, debe observar lo dispuesto por el artículo 175 del Código Municipal, y en su caso, el 173 de la Ley General de la Administración Pública, en procedimiento mediante el que se garantice una adecuada intervención de los que deriven derechos del acuerdo a anular..." (El subrayado no es del original) (Sala Constitucional, Voto 1145-90 de 19 de setiembre de 1990).

De otra parte, la Sala Constitucional ha interpretado la autonomía universitaria en igual sentido.

Así ha señalado:

"(...) el Constituyente no le quitó ni impidió a la Asamblea la potestad de legislar respecto de las materias puestas bajo la competencia de las instituciones de educación superior, o de las relacionadas directamente con ellas -para usar los propios términos de la Ley Fundamental-, y la única condición expresa que al respecto le impuso, fue la de oírlas previamente, para discutir y aprobar los proyectos de ley correspondientes, salvo lo que atañe a la facultad de organización y de darse el propio gobierno, según la independencia claramente otorgada en el artículo 84 constitucional.-

(...)

Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: artículos 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para ejercer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencia dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución No.495-92).

Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En este sentido la Universidad no es una simple institución de enseñanza (la enseñanza ya fue definida como libertad fundamental en nuestro voto número 3559-92), pues a ella corresponde la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en los casos de los países subdesarrollados, o poco desarrollados, como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse, según se dijo en el voto que se acaba de citar, en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el "sistema de libertad", además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política), y la Justicia (41 ídem); en síntesis, para esos propósitos es creada, sin perjuicio de las especialidades o materias que se le asignen, y nada menos que eso se espera y exige de ella. La anterior conceptuación no persigue agotar la totalidad de los elementos, pero de su contenido esencialmente se deduce -y es lo que se entiende que quiso y plasmó el constituyente en La Ley Fundamental- que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido. (...) la Asamblea Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades que les son necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que conforman su propia Autonomía.(...)" (El subrayado es del original, lo resaltado no) (Sala Constitucional, Voto No.1313-93 de las 13:54 horas del 26 de marzo de 1993).

Del concepto de autonomía universitaria que expresa la anterior sentencia, se puede concluir que el Poder Legislativo -al disponer dentro del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública el dictamen vinculante de este órgano- no imposibilita, ni resta, ni disminuye a las Universidades Públicas su autonomía, en el tanto el papel de esta Procuraduría se circunscribe, al igual que con los demás entes públicos, a verificar la legalidad de un acto declaratorio de derechos, en el tanto puede adolecer de un vicio que cause su nulidad, absoluta, evidente y manifiesta.

Es así como la propia Sala Constitucional ha indicado expresamente que las Universidades y las Municipalidades deben seguir lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, cuando pretendan declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto propio.

Se debe advertir, finalmente, que el dictamen que emite esta Procuraduría es una opción para la Administración, a la cual se le abre una posibilidad excepcional (dado que normalmente es en vía jurisdiccional) para que declare en vía administrativa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo por ella dictado. Es así como las Universidades mantienen la opción de realizar un proceso contencioso-administrativo de lesividad, con el objeto de que se declare la nulidad del acto en vía jurisdiccional, en el eventual caso de que la Procuraduría emitiese un informe negativo.

Además, tal y como se indicó, el artículo 173 citado, deviene en excepción al principio de la inderogabilidad de los actos propios de la Administración Pública; y el dictamen de esta Procuraduría es una garantía más para el administrado del cumplimiento del debido proceso o audiencia debida, al que tiene derecho por disposición constitucional, en el caso de que se pretendiese anular un acto del cual éste deriva derechos.

Así lo ha interpretado nuestra Sala Constitucional, al indicar:

"V.- Análisis aparte merece el artículo 100 de la Ley General de la Administración Financiera de la República. Este, deja a la Contraloría General de la República o a la propia administración, el declarar la nulidad de los contratos celebrados.

Se afirma por la demandada que en uso de esa competencia, se anuló la adjudicación del concurso Nº 2-89. Para la Sala, el artículo de cita debe tenerse como completado, sustancialmente, con lo que posteriormente vino a indicar, sobre el particular, la Ley General de la Administración Pública. Por una parte, de conformidad con ésta, un acto declaratorio de derechos solamente puede ser declarado nulo por la propia administración, cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente. Por manera que no se trata de cualquier nulidad absoluta, sino de aquélla que se encuentre acompañada de una nota especial y agravada, consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, o lo que es igual, sin necesidad de forzar las circunstancias para concluir con ello. De no estarse en presencia de este tipo de nulidad absoluta, la administración debe recurrir al instituto de la lesividad, solamente declarable por un juez. Por otra parte, la Ley General de la Administración Pública agrega otro requisito a cumplir por la administración: la declaratoria por "mano propia" solamente puede hacerse, si en la determinación de la nulidad absoluta, manifiesta y evidente, participa del criterio vinculante de un órgano técnico-jurídico externo. Ese órgano es la Procuraduría General de la República -en tratándose de competencia de anular-, tal y como lo establece el artículo 173 de la citada ley. Esta norma no puede obviarse, como lo ha hecho la entidad demandada, que inició el procedimiento -en las condiciones apuntadas- y lo concluyó sin que previamente se oyera a la Procuraduría sobre el propósito perseguido en él. Es evidente, entonces, que a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, la competencia de anular en sede administrativa solamente puede ser admitida si se cumple con el deber de allegar un criterio experto y externo al órgano que va a dictar el acto final. En ambos señalamientos, pues, las garantías que contiene la ley de cita, se incorporan como componentes del debido proceso (artículos 11, 39 y 41 de la Constitución Política), y al prescindirse de ellas, como se hizo la administración demandada, se produce una lesión constitutiva de una nulidad absoluta de lo actuado y decidido,..." (Sala Constitucional, Voto Nº 1563-91 de las 15:00 horas del 14 de agosto de 1991). (El subrayado no es del original).

Queda de esta forma reconocida la competencia funcional de esta Procuraduría para emitir un dictamen vinculante en vía administrativa acerca de la posible la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto de la propia Administración con la amplitud objetiva y subjetiva antes analizada.

A partir del razonamiento anterior, esta Procuraduría reconsidera de oficio el dictamen C-047-93 de 6 de abril de 1993, en el sentido de que las Universidades Públicas, formando parte de la Administración, están sujetas a todos los requisitos dispuestos en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública y con ello al dictamen vinculante de este órgano.

III.-JURISPRUDENCIA DE LA PROCURADURIA SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA

En el Pronunciamiento de esta Procuraduría C-107-93 de 18 de agosto de 1993, se hizo una recopilación de diferentes dictámenes emitidos por esta Institución sobre el tema de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que conviene tener presente como antecedentes para analizar el caso concreto:

"Sobre este tema, conviene recordar lo establecido por esta Procuraduría en el Dictamen C-019-87 de 27 de enero de 1987:

"I.- LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA:

i) En esta parte inicial de nuestro estudio nos será de utilidad lo expuesto por esta oficina mediante dictamen de 21 de junio de 1983, suscrito por el Lic. Gonzalo Cervantes Barrantes, Procurador Adjunto.

"El artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978, reformado por la Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982, reformado por Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982, actualmente dice:

"Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y manifiesta, podrá declararse por la Administración en la vía administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso se lesividad señalado en los artículos 10 y 33 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República". De acuerdo con esta disposición para que la Administración declare en la vía administrativa la nulidad de un acto, no basta la contemplación de una nulidad absoluta, sino que ésta tiene que ser evidente y manifiesta, por lo cual el centro de atención de la norma se debe poner en estos dos calificativos.

La idea de apuntar esos dos calificativos en la transcrita norma fue del Lic. Eduardo Ortíz Ortíz, quien en la Coomisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, que estudiaba el proyecto de ley por él redactado, en lo que interesa dijo:

"Si en lugar de hablar de la nulidad absoluta pusiéramos así: "...La declaración de nulidad absoluta que no sea manifiesta", en otras palabras, para acentuar el hecho de que el administrado cuando sea evidente la nulidad no tiene derecho al juicio de lesividad. Es decir, (sic)

"La declaración de nulidad absoluta cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, podrá hacerse la declaración de la misma por el Estado, es decir, eliminar simplemente el hecho de que la nulidad sea absoluta, puede ser que sea absoluta, pero si no es manifiesta, obvia, entonces jugará el principio de lesividad. -Entiende la modalidad que le estoy dando?

Estoy restringiendo el concepto ya ni en los casos de nulidad absoluta, sino en los casos de nulidad manifiesta y evidente. En esos casos no juega la garantía de lesividad, pero en los otros casos donde la nulidad no es manifiesta ni es evidente, aunque sea absoluta, lo que es difícil pero puede ocurrir, ahí juega el principio de lesividad".

Fue a partir del anterior razonamiento del Lic. Eduardo Ortíz Ortíz que nuestro legislador acogió la idea de calificar, en la forma supra citada, la nulidad absoluta que puede ser declarada por la Administración en vía administrativa.

Por otra parte, en cuanto a esos dos adjetivos, el Diccionario de la Real Academia Española, en relación con las aceptaciones (sic) que nos interesan expresa:

"Evidente (del Lat. evidens, -entis) adj. Cierto, claro, patente, y sin la menor duda".

"Manifiesto, ta. (Del Lat. Manifestus) pp. irreg. De Manifestar. 2 adj. descubierto, patente, claro".

En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos "evidente" y "manifiesta", debe entenderse que la nulidad absoluta, evidente y manifiesta es aquella notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación, por saltar a primera vista.

Lo anterior nos induce a pensar que, para efectos de la declaratoria de las nulidades, dentro de nuestro derecho podemos distinguir tres categorías de nulidades, que son: la nulidad relativa, la nulidad absoluta, y la nulidad absoluta evidente y manifiesta.

La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos..."

ii) El criterio sostenido por este órgano consultivo en orden a las condiciones requeridas para determinar si estamos en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, viene a ser conforme con lo señalado por la jurisprudencia española.

Así, Garrido Falla nos indica:

"Sobre qué debe entenderse por ilegalidad manifiesta, véase la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1961: "...la que es declarada y patente, de suerte que se descubra por la mera confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis". En el mismo sentido, la sentencia de la Sala 5 de 6 de abril de 1963..."(GARRIDO FALLA, Fernando, "Tratado de Derecho Administrativo", Volumen I, Parte General, Octava Edición, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, pág. 602)

En términos similares apunta González Pérez:

"...a) Que la infracción sea manifiesta: Aquí puede aplicarse la jurisprudencia recaída en otros supuestos de infracción manifiesta, como el 47, 1 a) y art. 110 LPA. Es necesario "una manifestación y patente infracción, sin dar lugar a interpretación o exégesis" (Ss. de 26 de abril de 1963, 6 de noviembre de 1964 y 5 de marzo de 196- 9)..." (GONZALEZ PEREZ, Jesús, "Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Civitas S.A., Madrid, 1978, pág. 1291).

Como puede observarse, recurrimos a la cita de la jurisprudencia española (y a la doctrina de la misma nacionalidad, como más adelante se verá) habida cuenta de que el principio establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública tuvo la legislación de aquel país. Efectivamente, el Lic. Ortíz, redactor de la norma, manifestó a la Asamblea Legislativa lo siguiente:

"Lo que le puedo decir es esto: que en España hay jurisprudencia que interpreta que cuando el acto es absolutamente nulo, la garantía de la lesividad no juega, y a raíz de eso se produjo una reforma en la Ley Española de lo contencioso, que es el origen de esta institución, tiene (sic) sentido de que los actos que ellos llaman nulos de pleno derecho, pueden ser declarados tales en la vía administrativa, previo dictamen de lo que ellos llaman Consejo de Estado, que es algo así como nuestra Procuraduría... Es una lástima que no esté aquí porque me hubiera gustado leer el artículo de la Ley Española de lo Contencioso tal y como está en su última versión donde se dice "los actos nulos de pleno derecho podrán ser anulados por la administración en la vía administrativa previa consulta al Consejo de Estado"; nosotros no hemos hecho otra cosa que establecer una regla similar..." (Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración a las catorce horas con quince minutos del 2 de abril de 1970, pág. 3 y 6)...."

Es así como igual razonamiento se encuentra en el dictamen C-062-88 de 4 de abril de 1988, en el que se manifiesta:

"Esta Oficina, mediante dictamen C-019-87 de 27 de enero de 1987 analizó en forma prolija las características de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, con abundantes citas de doctrina y jurisprudencia españolas. Y ello, así en consideración al hecho de que dicha figura jurídica fue tomada, de acuerdo con los propios redactores del proyecto respectivo -lo cual también se apunta en el referido dictamen- del derecho español. En definitiva, como consecuencia de lo expuesto en el pronunciamiento de mérito podemos concluir que este tipo de nulidad está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de fácil captación, donde no se requiera de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, manifiesto y de tal magnitud y consecuencia, que hace que la declaratoria de nulidad absoluta del acto sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza e evidencia palpable de los vicios graves que padece el acto de que se trata. Tales parámetros deben ser tomados en consideración al momento de proceder al estudio de un expediente que sea remitido a este Despacho para los alcances del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, no sólo por constituir jurisprudencia administrativa (doctrina del artículo 2º de la Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982), sino también porque el propio artículo 173 supra citado dispone en su aparte 5 que "la anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de formalidades previstas, o por no ser absoluta, evidente y manifiesta la nulidad, será absolutamente nula, y la Administración estará obligada además al pago de las costas y daños y perjuicios, todo ello sin mengua de las responsabilidades personales del servidor agente de conformidad con el párrafo 2º del artículo 199". Esta posición de la ley guarda armonía y congruencia con el principio que pretende la conservación del acto en caso de duda acerca de la existencia o calificación e importancia del vicio, al que expresamente alude el numeral 168 de la Ley General de la Administración Pública." (Entre otros, ver además pronunciamiento C-200-90 de 5 de diciembre de 1990)

Lo anterior, tiene como consecuencia que no sea posible evidenciar, por parte de esta Procuraduría, un vicio notorio, de fácil captación, claro, en los elementos del acto administrativo cuestionado, y, por lo tanto, nos lleva a sostener el criterio de que dicho acto no contiene una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

VI.- ANALISIS DEL CASO CONCRETO

El examen del presente caso será dividido en dos partes: la primera, en relación con los vicios del procedimiento detectados por este órgano; y en segundo término, el análisis de la inexistencia de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

A.- De los vicios del procedimiento

Como se ha expresado líneas atrás, el dictamen de esta Institución exigido por el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, es un acto preparatorio que -junto con otros más- servirán para conformar la decisión del acto final.

Sin embargo, y de acuerdo al artículo 3 inciso ch) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se dispone que una atribución de esta Procuraduría es:

"(...)

ch) Poner en conocimiento de los jerarcas respectivos de la Administración Pública - haciendo las recomendaciones que estime convenientes- cualquier incorrección de los servidores públicos que encontrare en los procedimientos jurídico-administrativos, lo cual se hará por medio del Procurador General o del Procurador General Adjunto.

(...)"

Partiendo de la mencionada atribución que la ley otorga a esta Procuraduría y de su jurisprudencia administrativa (la cual según lo dispone el numeral 7 de la Ley General de la Administración Pública integra el ordenamiento administrativo) es necesario señalar algunos vicios del procedimiento que han sido detectados por este órgano.(VID entre otros, Procuraduría General de la República, C-133-92 de 20 de agosto de 1992).

Es así como a folios 173 y 174 del expediente administrativo, constan las respectivas citaciones al afectado para la comparecencia oral y privada a realizarse, en primer término, a las 11 horas del 1 de julio de 1992, señalamiento que fue revocado por no haberse notificado en el tiempo legalmente establecido, para ser fijado posteriormente a las 11 horas del 4 de agosto de 1992.

Dichas citaciones no se encuentran conforme con las formalidades previstas en los numerales 249 y 312 de la Ley General de la Administración Pública.

El Órgano Director del Procedimiento administrativo no incluyó dentro de ninguna de las dos citaciones la enumeración breve de toda la documentación pertinente; no indicó la oficina en que podía ser consultada la misma, ni la puso a disposición de los citados y de las partes. Tampoco se previno a las partes que debían presentar toda la prueba antes o en el momento de la comparecencia, si no lo habían hecho aún. Finalmente, no se indicaron los apercibimientos a que quedaba sujeto el citado, caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones.

Por esta razón la citación es defectuosa, por omisión de algunos requisitos esenciales previstos en el numeral 249 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual es nula, según lo previsto en el artículo 254 de la misma ley. Además, se causa un vicio insubsanable en el procedimiento, cuya omisión violenta el derecho de defensa, a tenor de lo dispuesto por el numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública.

B.-De la ausencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta

Como se ha indicado, esta Procuraduría considera que el presente procedimiento ordinario está viciado de nulidad a partir del dictado de la citación para la comparecencia oral y privada.

Esta situación impediría, a este órgano, emitir el dictamen solicitado, en el tanto éste debe ser entendido como un acto preparatorio del acto final y, por ello, se encontraría sujeto a la mencionada nulidad.

Sin embargo, a pesar de los vicios del procedimiento indicados, por ser obvia la inexistencia en el presente caso de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, esta Procuraduría considera oportuno externar criterio al respecto.

El análisis de una posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto que en este estudio se examina, debe partir tanto de lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, como de lo señalado en la jurisprudencia administrativa de este Órgano, anteriormente transcrita en lo pertinente.

Así, tenemos que el requisito mínimo para que exista una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, es la ausencia total real o jurídica de uno o varios de los elementos constitutivos del acto, para luego determinar si esa ausencia es de tipo evidente y manifiesta, de acuerdo con los parámetros de nuestra jurisprudencia administrativa.

Del expediente administrativo que se ha tenido a la vista, se puede extraer que las razones fundamentales para considerar que el acto en cuestión es nulo de modo absoluto, evidente y manifiesto son las siguientes:

-El convenio para crear una Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación Superior del CONARE, establece que la duración de un bachillerato como mínimo es de 8 ciclos o semestres. Por su parte la carrera que cursó el Sr xxx de 8 ciclos, y la Licenciatura requiere de al menos 10 ciclos.

-El Convenio establece que uno de los requisitos de graduación para la Licenciatura es la aprobación de un trabajo de graduación. Este trabajo de graduación no lo presentó el interesado por no requerirlo el Plan de Estudios de la carrera que cursó.

Así, el Órgano Director del Procedimiento en su informe indica que existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por la falta de los requisitos elementales de una licenciatura, según las definiciones aceptadas en Costa Rica, por lo cual hay una carencia de causa o motivo, en la equiparación efectuada.

Del estudio del expediente, este Órgano considera que si bien al realizar un examen del motivo del acto, únicamente tomando en cuenta la existencia de la normativa de las instituciones de Educación Superior de Costa Rica, podría llegarse a concluir acerca de una ausencia del mismo, valorando el Ordenamiento Jurídico como un todo, se debe tomar en cuenta, para el presente caso, que entre los Gobiernos Costa Rica y de los Estados Unidos de Brasil existe el Convenio de Intercambio Cultural, el cual fue aprobado bajo la Ley No.3638 de 16 de diciembre de 1965. Este reza en sus artículos 6 y 7 lo siguiente:

"Artículo 6

Cada Alta Parte Contratante reconocerá, cuando estuvieren debidamente legalizados, la validez de los diplomas científicos, profesionales, técnicos y artísticos, en Costa Rica y Brasil, expedidos por sus instituciones oficiales, para cursos de perfeccionamiento o de especialización."

"Artículo 7

Una vez satisfechas las exigencias legales, los diplomas y títulos para ejercer profesiones liberales, expedidos por instituciones oficiales de una de las Altas partes Contratantes a ciudadanos de la otra Parte, tendrán plena validez en el país de origen del interesado, siendo indispensable siempre la autenticación de tales documentos."

Es claro que la ley citada aprueba un Convenio Internacional, que según el numeral 7 de la Constitución Política, en relación con el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, tiene rango superior a las leyes y por ende de las demás disposiciones con su misma o menor potencia jurídica.

A la anterior normativa se une el hecho de que según declaró la Embajada de Brasil, el 17 de mayo de 1989, la Universidad Federal Rural de Pernambuco, forma parte del sistema brasileño de educación superior, por lo que está legalmente habilitada para la formación de profesionales en Ingeniería Forestal.

Para este Órgano es claro que en el caso en estudio deberán valorarse los alcances de la normativa antes citada. La posibilidad de tal valoración hace que, de manera obvia, la eventual nulidad del acto en cuestión, no sea, si la hubiere, de carácter absoluto, evidente y manifiesto, lo cual cierra la alternativa de anular el acto bajo análisis en vía administrativa.

Lo anterior lo confirma la sentencia de la Sala Constitucional que resuelve un recurso de amparo establecido por el señor xxx, en el cual se alegó violación de los numerales 27 y 33 de la Constitución Política y 7 del Convenio de Intercambio Cultural celebrado entre Brasil y Costa Rica el 19 de noviembre de 1964 y aprobado por Ley No.3638 de 16 de diciembre de 1965. En dicho caso, al recurrente se le negó, por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el reconocimiento del título de Ingeniero Forestal de la Universidad Rural de Pernambuco, Brasil, con el grado de Licenciatura, a pesar de que se encontraba en igualdad de condiciones en relación con el señor xxx y el señor xxx.

En la sentencia del referido amparo, la Sala resolvió lo siguiente:

"(...) ha mediado una violación al artículo 33 de la Constitución, pues el cotejo de las realidades objetivas que determinan la desigualdad, no sólo se determina por la comparación de los dos Ingenieros ya Licenciados y el recurrente, sino a la no aplicación del artículo 7 del Convenio de Intercambio Cultural, al no haber tomado en cuenta el Instituto Tecnológico de Costa Rica a la hora en que conoció los documentos del señor xxx, pues esa norma es clara al señalar que los títulos otorgados tanto en Brasil como en Costa Rica, tendrán plena validez en el país de origen.

Por todo lo anterior lo procedente es declarar este recurso con lugar y otorgar un plazo de 15 días al recurrido para que proceda a darle al Ing. xxx, el grado de Licenciado, como lo hizo con los señores xxx y xxx, no sin antes señalarle que puede acudir a la vía contenciosa -mediante el RECURSO DE LESIVIDAD- si ello fuere procedente en resguardo de los errores de procedimiento que dice haber realizado." (El subrayado no es del original el resaltado sí). (Sala Constitucional, No.1732-91 de las 15:22 horas del 4 de setiembre de 1991).

Por otra parte, el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un asunto en donde se discutió un caso asimilable al presente, según sentencia No.369-91 de las 16 horas del 14 abril de 1992, resolvió:

"Se anula lo resuelto por el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia en la sesión número 09- 89, artículo II del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, y el acuerdo del Consejo Universitario en la sesión número 3660, artículo 11 del veintiséis de junio de mil novecientos noventa, en cuanto deniegan la equiparación del título obtenido por la actora en la Universidad de Kiev con el de Licenciada en Derecho que otorga la Universidad de Costa Rica. Se ordena a la Universidad de Costa Rica que equipare el título de la actora con el de Licenciada en Derecho."

Se discutía, en la especie, la equiparación de un título emitido por la Universidad de Kiev (de la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cubierto, en cuanto a su validez, por el Convenio de Cooperación Cultural y Científico formalmente aprobado por nuestro país. Según se desprende del anterior fallo, prevaleció, en virtud de su potencia jurídica, el Convenio Internacional indicado.

De acuerdo con las sentencias supra citadas, queda establecida la posibilidad de discusión acerca de la valoración de la normativa propia de las Universidades Públicas, en cuanto a la equiparación de títulos y el Convenio Internacional relacionado con el presente caso, razón por la cual en nuestro criterio no existe una nulidad, con las características de ser evidente y manifiesta, que permita que pueda ser declarada en vía administrativa.

VII.- CONCLUSIONES

a) Del examen de los autos, este Órgano considera que el presente procedimiento ordinario está viciado de nulidad a partir del dictado de la citación para la comparecencia oral y privada. Ello nos impediría emitir el dictamen solicitado, en el tanto éste debe ser entendido como un acto preparatorio del acto final y, por ello, se encontraría sujeto a la mencionada nulidad.

b) Sin embargo, se conoció del fondo del presente asunto, por ser obvia la inexistencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, ya que deberán valorarse los alcances de la normativa relacionada, a la luz de lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.

c) Se reconsidera de oficio el dictamen C-047-93 de 6 de abril de 1993.

Atentamente,

Licda. A. Lorena Brenes E. Licda. Ma. Lourdes Echandi G.

Procuradora Civil a.i. Profesional 2

Anexo: se devuelve copia del expediente administrativo de referencia.

ALBE/MLE.e