Dictamen : 059 - del 23/04/1997

(Adiciona)

C.-059-97.

San José, 23 de abril de 1997

Licenciada

Virginia Chacón Arias

Directora General

Archivo Nacional

S. O.

Estimada Señora:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su oficio Nº DG0226 de 5 de marzo de 1997, en el cual se solicita a esta Procuraduría una adición al pronunciamiento Nº C-204-96 de 17 de diciembre de 1996; dictamen que en términos generales se relaciona con las situaciones pendientes de finiquitar por la Junta Liquidadora del extinto Banco Anglo Costarricense y las potestades que posee el Banco Central de Costa Rica en relación con ese proceso de liquidación.

El objeto específico de la solicitud, es aclarar que tipo de documentación, correspondiente al Banco liquidado, deberá pasar a ser custodiada por el Archivo Nacional.

Establecido el punto a consultar, un nuevo estudio de la situación me conduce a introducir algunos matices en torno a la variedad de documentación que conforma el archivo documental del extinto Banco Anglo Costarricense. En este sentido, es necesario señalar que entre dicha documentación, básicamente encontramos dos tipos de documentos:

A)- Documentos con valor histórico.

B)- Documentos con valor administrativo y legal

Los documentos con valor histórico pueden definirse como aquellos que poseen importancia científico-cultural. Al respecto, el artículo 3º de la ley del Sistema Nacional de Archivos establece:

"ARTICULO 3.-Todos los documentos con valor científico cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico cultural de Costa Rica. (...)

Se consideran de valor científico cultural aquellos documentos textuales manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, diskettes, y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley."

Por otra parte, la documentación de valor legal o administrativo, en el caso del extinto Banco Anglo, comprende los documentos cuya importancia actual consiste en que los mismos son indispensables a efecto de que sea posible continuar con una serie de actos encaminados a finiquitar la liquidación del Banco, a recuperar los créditos y demás adeudos y a realizar las labores de administración que por imperio de ley, debe realizar el Banco Central.

Tal y como se indicó en el pronunciamiento de la Procuraduría, y de conformidad con los artículos 9 y 15 de la Ley 7471, el Banco Central es el ente competente para realizar esas gestiones, así como para administrar temporalmente los bienes del Banco. Los artículos mencionados señalan:

"ARTICULO 9.- El Banco Central de Costa Rica asumirá, en forma inmediata, el pago de todas las obligaciones pendientes del Banco Anglo Costarricense (...)"

"ARTICULO 15.- (...) Si se trata de créditos en favor del Banco Anglo Costarricense, que no hayan podido cobrarse, total o parcialmente, durante el plazo del proceso de liquidación, también pasarán como dación en pago, al Banco Central de Costa Rica, para que este continue la gestión de cobro (...)"

Las obligaciones pendientes del Banco Anglo, y principalmente las cuentas por cobrar y la administración de sus bienes, implican la custodia de bienes públicos. En virtud de ello, todos los actos que ejecute el Banco Central cuyo objetivo sea el de cumplir con esas obligaciones que le han sido atribuidas por ley, son de interés público.

Esta circunstancia implica que la normativa que debe aplicarse en el proceso de liquidación del extinto Banco Anglo, debe ser interpretada en atención a esa finalidad pública que tiene el proceso de liquidación mencionado.

En este sentido, el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública dispone:

"ARTICULO 10.- 1). La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2). Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere."

En relación con la finalidad que persigue ese proceso de interpretación, la doctrina ha señalado:

"Como hemos visto, los procesos de interpretación y aplicación del Derecho son operaciones complejas cuyo objetivo final es la construcción de una solución jurídica para un caso concreto; una solución que no sólo ha de ser justa y socialmente aceptable, sino también adecuada y coherente con las normas que han de utilizarse para construirla..." J. SANTAMARIA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo, Editorial Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, p. 390.

En este sentido, es que debe aplicarse el artículo 50 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, y atendiendo al sentido más justo, distinguir entre los diferentes tipos de documentos a fin de establecer cuáles de ellos pasarán a ser custodiados por el Archivo Nacional.

En virtud de lo expuesto, este Órgano Asesor considera, que con el propósito de satisfacer ese interés público que supone el proceso de liquidación del Banco Anglo Costarricense, El Banco Central de Costa Rica debe custodiar toda la documentación que posea valor legal o administrativo y que por su naturaleza, resulta necesaria para que esta institución pueda ejercer eficientemente los mandatos establecidos en la ley 7471, y a los cuales ya se hizo referencia en el pronunciamiento que se adiciona.

Así las cosas, únicamente la documentación que no posea una utilidad actual para el Banco Central, en tanto la misma no sea necesaria para cumplir con el proceso de liquidación, será remitida al Archivo Nacional, para lo cual se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Archivos.

En este sentido queda adicionado el Dictamen Nº C-204-96 de 17 de diciembre de 1996.

Se despide cordialmente,

Román Solís Zelaya

Procurador Fiscal