Dictamen : 185 - del 07/11/1996

C-185-96

7 de noviembre de 1996

Señor

Lic. Marco E. Hernández Ávila

Presidente Junta Liquidadora Banco Anglo Costarricense

S. O.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio N.º PJL-478\96 de 12 de junio último, mediante el cual solicita el criterio de la Procuraduría en relación con la interpretación del artículo 22 de la Ley N.º 7471 de 20 de diciembre de 1994, "con el fin de aplicar en forma general al pago de los honorarios profesionales de los abogados que llevaban procesos o acciones judiciales planteados a la fecha de vigencia de dicha ley".

Sigue manifestando en su oficio que la Asesoría Jurídica de la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense "es del criterio que esta norma regula una nueva forma de pago para los abogados que tienen a su cargo los procesos o acciones judiciales de la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, estableciendo que los honorarios profesionales futuros estarían sujetos a la recuperación efectiva para su cancelación, no así para los ya generados a la entrada en vigencia de la Ley N.º 7471, pues de otra forma, sería darle efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos de buena fe".

Sobre el particular me permito dar respuesta a su gestión de la siguiente forma.

El artículo 22 de la Ley N.º 7471 de 20 de diciembre de 1994 (Ley de disolución del Banco Anglo Costarricense), establece:

"Artículo 22.- Continuidad de los procesos iniciados. Los procesos o las acciones judiciales y planteados a la fecha de vigencia de esta ley, se conservarán bajo la responsabilidad profesional de los abogados que hayan dirigido, siempre que los honorarios profesionales futuros estén sujetos a la recuperación efectiva de las sumas demandadas y se les hayan efectuado pagos antes de terminar sus gestiones" (lo resaltado es nuestro).

Dentro del marco de interpretación que nos ocupa, conviene recordar lo que puntualmente advierte nuestro tratadista costarricense don Alberto Brenes Córdoba, al afirmar que "cuando el sentido de la ley no es dudoso sino que resulta comprensible, sin mayor esfuerzo, no es lícito variarla, a título de interpretación, porque los jueces carecen de esa facultad" (Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Personas. Editorial Juricentro, San José, p. 42).

Efectivamente, el legislador fue expreso al indicar que en los supuestos de procesos o acciones judiciales ya planteados al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 7471, debían mantenerse bajo la dirección y responsabilidad profesional de los abogados que los habían dirigido hasta ese momento.

Sin embargo, el legislador no se limitó a afirmar lo anterior, sino que condicionó dicha circunstancia al hecho de que "siempre que los honorarios profesionales futuros estén sujetos a la recuperación efectiva de las sumas demandadas" y, claro está, a que "se les hayan efectuado pagos antes de terminar sus gestiones".

Coincidimos con la Asesoría Jurídica de la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, en el sentido de que "la intención del legislador fue regular una nueva forma de pago de los emolumentos, estableciendo que los "honorarios profesionales futuros" estarían sujetos a la recuperación efectiva para su cancelación, no así para los ya generados a la entrada en vigencia de la Ley N.º 7471, pues de otro forma, sería darle efecto retroactivo a una norma en perjuicio de derechos adquiridos de buena fe o situaciones jurídicas consolidadas".

Si partimos de la circunstancia de que en la tarea interpretativa de normas, el propio ordenamiento jurídico nos advierte que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas" (artículo 10 del Código Civil); y que el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública dispone que "1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular" y que "deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere"; deviene claro que la modalidad de pago de honorarios a que se refiere el numeral 22 de la Ley 7471, está circunscrito y concebido para aquellos honorarios profesionales futuros (condicionados incluso a la recuperación efectiva de las sumas demandadas y que se les hayan efectuado pagos antes de terminar sus gestiones), y no para aquellos honorarios profesionales que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.º 7471, ya se hubiesen generado a favor del profesional.

Admitir una interpretación contraria a lo anterior, sería darle efecto retroactivo a una disposición. Para ello, recordemos el contenido del principio constitucional de "irretroactividad de las leyes" dado en el artículo 34 de la Carta Magna, y en particular lo desarrollado por nuestra Corte Plena, otrora contralora de la constitucionalidad de las leyes:

"El artículo 34 constitucional dispone que "a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas"; y es obvio que una situación jurídica no llega a consolidarse con una sentencia judicial que declare o reconozca un derecho controvertido, sino también al amparo de una norma de ley que establezca o garantice determinadas consecuencias en favor del titular de ese derecho, consecuencias que una ley posterior no puede desconocer sin incurrir en el vicio de inconstitucionalidad por infracción del artículo 34 de la Constitución Política." (Corte Plena, Sesiones Extraordinarias del 9 de noviembre de 1982 y 4 de marzo de 1982).

Así, deviene claro que no es dable admitir la retroactividad de las normas o disposiciones, en perjuicio de los derechos patrimoniales de las personas o de situaciones jurídicas consolidadas.

Otra jurisprudencia coincide con lo anterior al indicar:

"La derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley -en que se deroga la anterior, no tiene fuerza retroactiva "en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas", según lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución Política, todo lo cual da lugar a la doctrina de la "supervivencia del derecho abolido..." (Resolución de la Corte Plena de las 15:00 horas del 14 de julio de 1982).

Más aún, en relación con la temática de los "derechos adquiridos" o "situaciones jurídicas consolidadas", ya la Procuraduría anteriormente se había pronunciado sobre el particular, retomando para nuestros propósitos lo expuesto mediante el Dictamen N.º 063-93 de 5 de mayo de 1993:

"Con el fin de aclarar lo que significa la firmeza de un derecho y su percepción directa recurriremos a lo que la doctrina ha analizado al respecto.

En Doctrina Nacional Ortiz Ortiz se refiere al derecho subjetivo y expresa que: "Lo esencial del derecho subjetivo o, al menos, lo más digno de connotarse para su definición frente al interés es esta su característica de situación jurídica activa, en virtud de la cual el sujeto es capaz, desarrollando su propia conducta (...), de hallar un bien útil para satisfacer directamente sus necesidades." ...(ORTIZ, ORTIZ, Eduardo, Situaciones Jurídicas Administrativas, Revista de Ciencias Jurídicas, No.18, Diciembre de 1971, Universidad de Costa Rica, Escuela de Derecho, p. 69).

Por lo tanto, el derecho subjetivo se debe entender como una situación jurídica que genera un beneficio para cumplir o llenar las necesidades del derecho-habiente. Además, nos manifiesta Ortiz que: "Jurídicamente, si hay derecho subjetivo, no hay incertidumbre ni eventualidad en la satisfacción del interés, pues o bien basta la conducta propia o hay garantía de obtener la conducta ajena necesaria, garantía consistente en la necesidad legal que tiene otro sujeto (llamado deudor) de realizar dicha conducta por petición, pretensión o exigencia del derecho habiente." ...(ORTIZ ORTIZ, Eduardo, op. cit. p.70)".

La propia doctrina sostiene lo anterior:

"En general se entiende adquirido un derecho, cuando se han realizado presupuestos de hecho necesarios y suficientes para su nacimiento o adquisición de conformidad con la ley vigente en la época en que se cumplieron, de modo que, en su virtud se haya incorporado inmediatamente al patrimonio del titular." (Diccionario Jurídico Omeba. Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires)

"Suelen entenderse por derechos adquiridos los válidamente constituidos y consolidados al amparo de una determinada legislación. Con el reconocimiento de los derechos adquiridos se tiende a no cuestionar las situaciones jurídicas establecidas en el pasado, para garantizar la confianza de los ciudadanos y la propia estabilidad del derecho." (Antonio Enrique Pérez Luño, La Seguridad Jurídica, Editorial Ariel, 1991, Barcelona, p. 96)

CONCLUSION

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se puede concluir que al establecer el numeral 22 de la Ley 7471 de 20 de diciembre de 1994, el legislador fue expreso al indicar que, en los supuestos de procesos o acciones judiciales ya planteados al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 7471, dichos procesos o acciones debían mantenerse bajo la dirección y responsabilidad profesional de los abogados que los habían dirigido hasta ese momento, condicionando dicha circunstancia al hecho de que los "honorarios profesionales futuros" estarían sujetos a la recuperación efectiva para su cancelación y a que les hubiesen efectuado pagos antes de terminar sus gestiones.

Dicha modalidad de pago es circunscrita para los honorarios profesionales futuros, no resultando de aplicación para aquellos honorarios profesionales ya generados a la entrada en vigencia de la Ley N.º 7471, toda vez que una interpretación contraria violaría el principio constitucional de irretroactividad de la ley.

Finalmente, conviene recordar lo que reiteradamente se ha advertido por parte del Lic. Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto, mediante oficios N.º PGA-089 de 7 de mayo de 1996 y PGA-137 de 28 de junio de 1996, en el sentido de que "-tal y como se indicó en el Dictamen supra referido (a saber, el N.º C-235-95 de 17 de noviembre de 1995)- los honorarios de los abogados que hayan atendido los procesos judiciales que continuarán a cargo de esta Oficina, deberán ser liquidados previamente. Al efecto debe recodarse que, si bien los Procuradores no devengamos honorarios por nuestra labor, ya que su monto ingresa al fondo de costas del Estado según dispone el artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sí estamos sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y al Código de Moral Profesional. Este último estatuye en el artículo 35 inciso 7) un procedimiento que debe observarse en el caso de sustitución de profesionales en juicio, que supone la liquidación o satisfacción de los honorarios correspondientes y constancia al respecto del profesional sustituido...".

Sin otro particular,

Geovanni Bonilla Goldoni

PROCURADOR ADJUNTO

GBG\gbg

cc: Archivo.-

ARCHIVADO: CONS\185-HONO.BAC