Dictamen : 212 - del 11/08/1986
C-212-86
11 de agosto de 1986
Señor
Harry Muñoz Alpízar
Director Ejecutivo
Asamblea Legislativa
Estimado señor:
La consulta inicialmente planteada, indica que la norma de Presupuesto Nº 59 contenida en Ley Nº 7040 de 25 de abril de 1986, autoriza para que se aplique la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas (Prohibición Ejercicio Profesional), a las clases de puestos de Director Ejecutivo, Jefe Profesional y Subjefe Profesional de esa Asamblea Legislativa a partir del día 6 de mayo de 1986.
Se dice además, que la Norma señalada establece distintos porcentajes a reconocer sobre el salario base de los servidores, cada uno dependiendo del nivel de educación universitaria.
Agrega también, que por disposición de la Norma de Presupuesto Nº 33 (Ley Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985), se otorga el porcentaje de prohibición correspondiente de acuerdo con el "requisito primario del puesto" (según lo señala su último párrafo), con independencia del nivel educativo que tenga el servidor que lo ocupa.
Señala por otra parte, que el artículo 46 de la Ley Nº 7015 de 22 de noviembre de 1985, interpretó auténticamente la Norma Nº 40 en su numeral 25 de la Ley Nº 7040 ya citada, y dispuso incrementar el porcentaje por prohibición de un 15% para todos los servidores cubiertos por el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867 ya enunciada.
A tenor de lo anterior, la Dirección de Personal de esa Asamblea considera factible aplicar, a las clases de Director Ejecutivo, Jefe Profesional y Subjefe Profesional de la Asamblea Legislativa, el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867, con el respectivo pago del mayor porcentaje que establece, sea, el del 65%, toda vez que el requisito primario de esas clases de puestos según el Manual Descriptivo de Clases de la Asamblea Legislativa, es la Licenciatura.
Por su parte, el criterio de la Asesoría Legal que se adjunta, sostiene que efectivamente el porcentaje aplicable a los servidores en cuestión, es el contenido en el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867 y sus reformas, sea, el del 65% sobre el salario base.
En virtud de lo expuesto, solicitan un pronunciamiento en el sentido de determinar si la prohibición indicada se pagará a aquellas personas que desempeñan el cargo de Jefe y Subjefe técnico profesional, aunque no reúnan los requisitos académicos, es decir que la prohibición se pagará al cargo y no a la persona, de conformidad con la legislación que se cita.
Para un mejor desarrollo del presente dictamen, transcribiremos, en primer término la normativa aplicable y luego nos referimos al contenido y alcances de la misma.
Sobre el particular, reza el artículo 33 de la Ley Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985:
"Modificase el artículo 1 de la ley Nº 5867 de 15 de diciembre y sus
reformas, el cual dirá así:
"Artículo 1.-Se establece la siguiente compensación económica
mínima sobre el salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de
la Administración Pública, para el personal de la Administración Tributaria que
se encuentre sujeto, en razón de sus cargos, a la prohibición contenida en el
artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con excepción
de los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo:
a) De un 50% para los profesionales a nivel de licenciatura en el área
específica de la actividad.
b) De un 45% para los egresados.
c) De un 30% para quienes hayan aprobado el cuarto año de las
respectiva carrera.
ch) De un 25% para los que tengan aprobado el tercer año o una
combinación equivalente de estudios académicos.
En todos los casos dentro de la disciplina antes citada.
Tendrán derecho a los beneficios que otorga la ley Nº 5867, según los
porcentajes establecidos en su artículo 1, sujetos a las mismas obligaciones y
prohibiciones de esta ley, los siguientes funcionarios:
1) Los que desempeñen los puestos de jefatura en la organización
financiera básica del Estado a que hace referencia el artículo 2 de la Ley de
la Administración Financiera de la República, Nº 1279 de 2 de mayo de 1951 y
sus reformas.
2) Los que ocupen puestos de "técnicos y técnicos y
profesionales" en la Oficina de Presupuesto Nacional, la Tesorería
Nacional, la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda, la
Dirección General de Industrias, Energía y Minas y los de la Dirección General
Forestal del Ministerio de Agricultura.
3) El Jefe de la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
4) Los administradores de aduanas, conforme con los procedimientos que
fijó la norma general Nº 31 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario
del Gobierno de la República para el año 1982, Nº 6700 de 23 de diciembre de
1981.
Para los efectos de la aplicación del artículo 1 de la Ley Nº 5867, los
funcionarios "técnicos", citados en el numeral 2 del párrafo
anterior, tendrán derecho al beneficio por prohibición, siempre y cuando reúnan
los requisitos que requiere el puesto o cuenten con una combinación
equivalente, a juicio de la Dirección General de Servicio Civil. Sin embargo,
salvo por requisitos mayores, la compensación para aquellos funcionarios que
ocupen puestos de la serie "técnico y profesional", se hará de
acuerdo con el requisito primario del puesto que desempeñen.
Estos beneficios rigen a partir del 1 de enero de 1984, para aquellos
funcionarios que hubieren disfrutado de este beneficio antes de esta
fecha".
Por su parte el numeral 46 de la Ley Nº 7015 de 22 de noviembre del mismo año indicó:
"A los profesionales a quienes se les reconozca el pago por
prohibición, según lo indican el inciso a) del artículo 1 y el artículo (en lo
aplicable al citado inciso), de la ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975,
reformada por la norma octogésimoctava de la Ley Nº
6406 de 18 de diciembre de 1979, por el artículo 153 de la Ley Nº 6995 de 22 de
julio de 1985 se les otorgará un aumento del 15% sobre el porcentaje que
reciben, calculado sobre el salario base, según lo indican las normas legales
precitadas."
La Ley Nº 7040 de 25 de abril de 1986, mediante sus artículos 40 inciso 25 y 59 dispuso lo siguiente:
"Interprétese auténticamente el artículo 46 de la Ley Nº 7015 de
22 de noviembre de 1985, en el sentido de que el incremento en la compensación
ahí establecido es aplicable a todos los funcionarios cubiertos por el inciso
a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975".
"Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa
para girar los recursos que se incluyeron en el presupuesto para 986, con el
propósito de que a las clases de Director Ejecutivo, de Jefe Profesional y de
Subjefe Profesional se les aplique la ley número 5867 y sus reformas.
Se incrementa el salario de todos los funcionarios del Poder
Legislativo en dos mil colones por concepto de alza en el costo de la vida. Se
autoriza a la Dirección Ejecutiva para que tome las medidas correspondientes,
que permitan materializar esta disposición.
La Oficina Técnica Mecanizada dará curso a las planillas sin más
trámite que la notificación, a fin de hacer efectivo el pago."
Antes de dar inicio al estudio de los textos supra transcritos, es necesario expresar que el primer deber de todo intérprete es analizar las disposiciones legales a fin de captar plenamente lo que en ella se quiere decir. La ley es una expresión de la voluntad del legislador y por consiguiente, debe ser analizada con exactitud y fidelidad. Para lograr esto, muchas veces se hace necesario indagar acerca del exacto sentido de una palabra y del valor de las proposiciones desde el punto de vista sintáctico.
La ley es también una realidad morfológica que ha de ser estudiada desde el punto de vista gramatical y terminológico. El primer paso que el intérprete debe dar para presentar el sentido riguroso y correcto de una norma legal, es el de la gramática y precisión de los términos contenidos en ella entendidos éstos en un sentido amplio. Toda ley debe tener, obviamente, una significación y un alcance que no puede obedecer a la imaginación arbitraria de quien la interpreta, sino que es el producto del examen imparcial del texto.
Después de la investigación referida, se impone un trabajo lógico, porque ninguna disposición legal está aislada de las demás. Cada artículo de una ley está en íntima relación con un todo normativo o sistema. Es preciso, pues, interpretar la ley según sus propios valores lingüísticos, pero siempre situándola dentro del conjunto del sistema al cual está inmersa.
Una vez hecha la anterior acotación, pasaremos de inmediato al análisis de las normas transcritas en el mismo orden en que fueron reproducidas:
El artículo 33 de la Ley Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985, reformó el artículo 1 de la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, para elevar los montos a conceder por concepto de prohibición en el Ejercicio Profesional que la segunda contiene, además de que incluyó una serie de funcionarios más dentro de las estipulaciones de la inicial normativa, los cuales se favorecerían por sus presupuestos, siempre de acuerdo con los porcentajes establecidos en el artículo 1, y dependiendo del nivel académico que tuvieren.
En lo que concierne al último párrafo de la norma primeramente transcrita, es necesario aclarar que éste se refiere exclusivamente a los "técnicos" y "técnicos profesionales" y no a las clases que enumera el artículo 59 de la Ley Nº 7040. Asimismo, la acepción "preparación equivalente" que dicha disposición contiene, se refiere a funcionarios "técnicos" de acuerdo con su propia dicción.
Por otra parte, el numeral 46 de la Ley Nº 7015 de 22 de noviembre de 1985, vino a establecer un aumento de un 15% aplicable, por disposición expresa de su interpretación auténtica (artículo 40 inciso 25 de la Ley Nº 7040 de 25 de abril de 1986), a todos los funcionarios cubiertos por el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867, que como claramente lo expresa, deben ostentar el nivel académico de Licenciatura en el área específica de la actividad.
Ahora bien, la última de las disposiciones normativas que literalmente fueron reproducidas, sea, el artículo 59 de la Ley Nº 7040, en lo que interesa dispuso autorizar, sea, facultar, a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa para girar de fondos y presupuestos, sumas, con el objeto de que a las clases del Director Ejecutivo, Jefe Profesional y Subjefe Profesional se les aplicara la prohibición contenida en la Ley Nº 5867 y sus reformas.
Luego, para una correcta inteligencia de la última disposición aludida, es necesario poner énfasis en el término "clases", y así descifrar el verdadero sentido de la norma, en armonía con el sistema del cual forma parte.
El Manual Descriptivo de Clases de la Asamblea Legislativa define el término "clase" como:
"Puesto o conjunto de puestos lo
suficientemente similares en cuanto a deberes, responsabilidades y autoridad,
para que se les pueda aplicar el mismo título a cada uno de ellos, exigir a
quienes hayan de ocuparlos los mismos requisitos de preparación académica,
experiencia, conocimientos, etc., usar el mismo tipo de exámenes o pruebas de
aptitud, para seleccionar a los candidatos a empleo, y asignarles la misma
remuneración de condiciones de trabajo similares".
La anterior definición, es congruente con las técnicas y vocabulario utilizado por la ciencia de la Administración de Personal, ya que todo manual de clasificaciones de puestos está constituido por las especificaciones de las clases, dentro de las cuales se resumen las principales características que conforman cada puesto, dando así base para una mejor agrupación de actividades y una mejor fijación de los salarios de cada servidor. Pero es obvio, que toda clasificación se refiere, exclusivamente, a los puestos y no a las personas.
En efecto, en nuestro país, tanto dentro del Régimen de Servicio Civil, como en las instituciones públicas que cuentan con un sistema organizado de administración de personal, lo usual es clasificar y valorar los cargos independientemente de las personas que los ocupan. Este procedimiento es bastante objetivo por corresponder estrictamente a un análisis impersonal, el cual se circunscribe al estudio de los diversos componentes de cada puesto, sin mirar a las personas que los desempeñan.
A tenor de lo expuesto, es preciso indicar que si bien el artículo 59 de la Ley Nº 7040 toma en cuenta el puesto para efectos del pago de prohibición, ello en manera alguna debe conducirnos a pensar que dicho reconocimiento salarial (debe hacerse en abstracto, en este caso particular, sin tomar en cuenta la escala gradual de porcentajes que por tal concepto contiene la Ley Nº 5867, los cuales dependen directamente del nivel académico que tenga cada funcionario, pues no podemos obviar la circunstancia de que la norma 59 remite y está fundamentada en la Ley Nº 5867, que es por excelencia una ley que concede rubros remunerativos de acuerdo con el nivel de estudios de cada servidor.
Cabe señalar que la anterior circunstancia, en nada le enerva el hecho de que en el Manual Descriptivo de Clases vigente en ese Poder, se exija, actualmente, el requisito de licenciatura para efectos de ocupar los puestos de Director Ejecutivo, Jefe Profesional y Subjefe Profesional, toda vez que dicho requisito debe tenerse en cuenta y exigirse a quienes, en el futuro, lleguen a ocupar las plazas de referencia en esa Asamblea, si los que en la actualidad los ocupan no cuentan con éste.
Lo anterior debe entenderse de esa manera, ya que si se pretendiera aplicar el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867 a los actuales funcionarios que ocupan esos cargos, sin que cumplan con sus requisitos (en este caso el de Licenciatura), estaríamos en presencia de una clara desnaturalización del instituto de la prohibición, que como es sabido, pretende que los servidores no ejerzan sus profesiones en menoscabo del servicio que prestan en la Administración Pública, y más aún, estaríamos también en presencia de una evidente violación a la Ley Nº 5867.
En virtud de lo expuesto es necesario agregar, que si los servidores a los que se refiere su consulta no reunieran las condiciones y requisitos a que se refiere el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867, pero si los que indican los otros incisos, tendrán derecho al beneficio en el porcentaje que esos incisos indiquen en relación con las condiciones o requisitos del servidor.
En síntesis, esta Procuraduría es del criterio de que el artículo 59 de la Ley Nº 7040 de 25 de abril de 1986, debe aplicarse tomando en cuenta los presupuestos y requisitos contenidos en la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, pues ambas normativas forman un todo armónico.
Lic. Roberto Montero Poltronieri
Procurador Adjunto
C-212-86
NORMA JURÍDICA. INTEGRACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA. ASAMBLEA LEGISLATIVA.
BENEFICIO SALARIAL POR PROHIBICIÓN. RECONOCIMIENTO DE PLUS SALARIAL.
Se solicita a este Despacho se pronuncie en el sentido de determinar si la prohibición indicada se pagará a aquellas personas que desempeñan el cargo de Jefe y Subjefe técnico profesional, aunque no reúnan los requisitos académicos, es decir que la prohibición se pagará el cargo y no a la persona, de conformidad con la legislación que se cita.
Es necesario agregar, que si los servidores a los que se refiere su consulta no reunieran las condiciones y requisitos a que se refiere el inciso a) del artículo 1 de la Ley Nº 5867, pero si los que indican los otros incisos, tendrán derecho al beneficio en el porcentaje que esos incisos indiquen en relación con las condiciones o requisitos del servidor.
En síntesis, esta Procuraduría es del criterio de que el artículo 59 de la Ley Nº 7040 de 25 de abril de 1986, debe aplicarse tomando en cuenta los presupuestos y requisitos contenidos en la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, pues ambas normativas forman un todo armónico.