Dictamen : 149 - del 12/09/1991

(Reconsiderado parcialmente)

C-149-1991

San José, 12 de setiembre de 1991

Señora

Emilia Solís Rojas

Secretaria Municipal a.i.

Municipalidad de Alfaro Ruiz

S. O.

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio Nº SG-348-91 de fecha 15 de julio de este año, por el que nos transcribe el acuerdo firme Nº 15 de la sesión ordinaria Nº 26 del Consejo Municipal de Alfaro Ruiz, celebrada el 10 de julio último, que en lo que interesa indica:

"Al entrar la Ley Nº 7165 denominada "Ley de Impuesto de Patentes del Cantón de Alfaro Ruiz", tenemos tres problemas de los cuales necesitamos su pronunciamiento. Los cuales son:

1.- Deben o no pagar las cooperativas el impuesto de patente.

2.- En el artículo 14 inciso c) se dice que la Ganadería debe pagar cuando se requiera licencia Municipal, entonces las lecherías que son varias en nuestro Cantón deberían o no pagar el respectivo impuesto.

3.- Se debe pagar la prohibición, establecida en el artículo 113 y la Ley 6999, a los empleados que tienen a su cargo el manejo de la respectiva ley."

Sobre el particular me permito dar respuesta a sus interrogantes de la siguiente forma:

I.- " ¿DEBEN O NO PAGAR LAS COOPERATIVAS EL IMPUESTO DE PATENTE?"

La Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Alfaro Ruiz Nº 7165 de 5 de junio de 1990, establece claramente en su artículo primero que "las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas en el cantón de Alfaro Ruiz, estarán obligadas a pagarle a la Municipalidad un impuesto de patentes que las faculte para ejercer esas actividades, de conformidad con los artículos 3º, 4º y 15 de esta ley".

Más aún, advierte el numeral segundo de la citada Ley que "para el trámite de toda solicitud de licencia o de traslado de ésta, será requisito indispensable que los interesados estén al día en el pago de los tributos municipales" (lo subrayado no es del original).

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 98 del Código Municipal al indicar que "nadie podrá abrir establecimientos dedicados a actividades lucrativas o realizar el comercio en forma ambulante, sin contar con la respectiva licencia municipal", la cual, según advierte el numeral 100 del mismo Código "sólo podrá suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres, o por incumplimiento de los requisitos que exigen las leyes para el desarrollo de la respectiva actividad".

Así las cosas, resulta evidente que para el ejercicio de actividades lucrativas, entendiendo como tales aquellas que se realizan a título oneroso, sea, no gratuito y que por lo tanto producen lucro o ganancia, es requisito necesario e indispensable el contar con la correspondiente licencia municipal.

Es menester entonces determinar si las cooperativas están o no sujetas al pago del impuesto de patente que nos ocupa.

Señala en este sentido el artículo 2º de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Nº 6756 de 5 de mayo de 1982 y sus reformas, lo siguiente:

" Artículo 2º.- Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro". (el subrayado no es del original).

Si bien es cierto que la finalidad u objeto de este tipo de asociaciones es el servicio y no el lucro, tal y como expresamente lo establece el numeral antes transcrito, igual es de cierto afirmar que las cooperativas llevan a cabo "actividades lucrativas" en beneficio de sus asociados, sin que ello esté en contradicción con su finalidad de servicio.

Sobre este particular resulta conveniente recordar lo expuesto por la Licda. Mercedes Solórzano Sáenz, Procuradora Administrativa, mediante pronunciamiento Nº C-239-85 de 4 de octubre de 1985, que en lo que interesa dice:

"El artículo 2º de la Ley de Asociaciones Cooperativas, define la naturaleza de las Cooperativas indicando expresamente que el motivo del trabajo, de la producción, de la distribución y del consumo es el servicio y no el lucro. Bajo esa tónica se exonera a las cooperativas del pago del impuesto sobre la renta (artículo 78 de la ley citada), pero no por ello se desconoce el hecho real de que las cooperativas en el desarrollo de sus actividades puedan lograr utilidades. Así por ejemplo el artículo 74 dispone el pago de intereses sobre las sumas cubiertas por los asociados en concepto de certificados de aportación, y deberán de cubrirse "...con cargo a los excedentes obtenidos por la cooperativa...".

En igual sentido el propio artículo 78 en cuanto dispone "... Los saldos a favor que arroja la liquidación del ejercicio económico correspondiente, son ahorro o excedentes que pertenecen a sus miembros producidos por la gestión económica de la asociación...", y el 79 en cuanto dispone:

"El producto de la liquidación, constatado por el inventario anual correspondiente, deducidos por el inventario anual correspondiente, deducidos los gastos generales... constituyen el excedente o saldo del período respectivo" (el subrayado no es del original).

Más aún, tómese en consideración igualmente que dentro de la lista de exenciones y privilegios que disfrutan este tipo de asociaciones, a la luz del artículo 6º de la Ley de Asociaciones Cooperativas aquí citada, no se establece como exención dicho impuesto municipal.

Recordemos que es materia privativa de ley el otorgar exenciones (entendiendo como tal "la dispensa legal de la obligación tributaria"), reducciones o beneficios, y que de establecerse los mismo, la ley "debe especificar las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial y, en su caso, el plazo de su duración" (artículos 5º, inciso b), 61 y 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios).

De lo anterior se concluye que aquellas cooperativas que ejerzan actividades lucrativas en procura de obtener beneficios económicos a sus asociados, deben pagar el correspondiente impuesto de patente municipal, toda vez que no existe norma legal alguna que de manera clara y expresa las exonere de tal tributo.

II.- " EN EL ARTICULO 14 INCISO C) SE DICE QUE LA GANADERIA DEBE PAGAR CUANDO SE REQUIERA LICENCIA MUNICIPAL, ENTONCES LAS LECHERIAS QUE SON VARIAS EN NUESTRO CANTON DEBERIAN O NO PAGAR EL RESPECTIVO IMPUESTO?"

El artículo 14 inciso a) de la Ley Nº 7165 objeto de comentario señala:

"Artículo 14.- Por todas las actividades lucrativas que seguidamente se señalan, comprendidas en la clasificación internacional de actividades económicas, los patentados pagarán conforme con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de esta ley, con excepción de las señaladas en su artículo 15.

a) Agricultura, ganadería silvicultura y pesca.

Solo en los casos en que estén sujetas a la obtención de licencia municipal".

El numeral antes transcrito debe ser visto en concordancia con la obligación dada en el artículo 98 del Código Municipal supra citado, en el sentido de que nadie podrá abrir un establecimiento dedicado a actividades lucrativas o realizar el comercio en forma ambulante, sin contar para ello con la correspondiente licencia municipal.

Ahora bien, la Ley Nº 6061 de 20 de julio de 1977, en su artículo 1º, establece expresamente que "se exonera de toda clase de contribuciones e impuestos de índole municipal la producción y transporte de granos básicos y de la leche y sus derivados" (el subrayado no es del original).

Debe tenerse presente para el caso que nos ocupa, que si bien la Ley Nº 7165 de repetida cita es posterior a la Nº 6061 antes referida, igual es válido sostener que aquella no creó un nuevo impuesto sino que modificó un impuesto ya existente, del que, conforme a la Ley Nº 6061 se encuentra exenta la actividad de producción y transporte de leche y sus derivados (ver en este sentido los impuestos autorizados a la Municipalidad de Alfaro Ruiz para las lecherías y sus derivados -primera, segunda y tercera categorías-, mediante Ley Nº 4702 de 18 de diciembre de 1970, así como las Leyes Nº 6351 y 6851 de 30 de agosto de 1979 y 4 de marzo de 1983, en las que se autorizan los impuestos a la corporación municipal aquí indicada y en las que incluso no se establece impuesto alguno a la actividad lechera).

Más aún, sobre este punto la Procuraduría sostuvo en pronunciamiento Nº C-260-85 (41) de 17 de octubre de 1985, suscrito por el Lic. Fernando Albertazzi Herrera, Procurador Asesor (Contencioso Administrativo, que "la simple modificación del monto o la tarifa de un impuesto no es norma capaz, jurídicamente hablando, de suprimir una exención claramente establecida en una ley especial, la cual es de fecha posterior a la creación del impuesto" (el subrayado es del original).

Así las cosas, se puede concluir que el ámbito de aplicación de la Ley 6061 se circunscribe para efectos de esta consulta, a exonerar de toda clase de contribuciones e impuestos municipales la actividad de producción y transporte de la leche y sus derivados, debiendo solicitarse en tales casos únicamente la correspondiente licencia municipal, tal y como lo exige el artículo 98 del Código Municipal, en relación con el 21 de la Ley 7165 objeto de estudio al advertir que "cuando existieran disposiciones legales proteccionistas que afecten el pago del impuesto de patente, le corresponderá al interesado solicitar la exención correspondiente. No obstante, en tales casos se mantiene la obligación referente a licencia municipal".

Cualquier otra actividad lucrativa que desplieguen las lecherías y que no se enmarquen dentro de los presupuestos exoneración enunciados por la ley aquí citada, está sujeto al pago del impuesto municipal respectivo (Ver en este mismo sentido dictamen N° C-048-84 de 31 de enero de 1984, suscrito por el Lic Fernando Chinchilla Cooper, Procurador Civil, en el que se advierte que “ de conformidad con el texto de la ley en cuestión lo exonerado es la “producción y transporte”, no así la comercialización- o distribución- de los productos (leche y sus derivados)”

III.- "¿SE DEBE PAGAR LA PROHIBICION, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 113 Y LA LEY 6999, A LOS EMPLEADOS QUE TIENEN A SU CARGO EL MANEJO DE LA RESPECTIVA LEY?"

A) Concepto de Administración Tributaria.

Como preliminar necesario es dable tener claro el concepto de "Administración Tributaria" que dicta el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para de esta forma determinar si la municipalidad califica dentro del mismo y consecuentemente si los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de la Ley de Impuestos Municipales citada los cubre la prohibición contenida en el numeral 113 del Código citado.

Señala el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios sobre este particular lo siguiente:

"Artículo 105.- Concepto y facultades. Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos, ya se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos.

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y reglamentarias" (el subrayado no es del original).

Por otra parte, indica el numeral 14 del mismo cuerpo normativo que "es sujeto activo de la relación jurídica el ente acreedor del tributo".

De lo transcrito y siendo concordantes con lo expresado por la Procuraduría mediante dictámenes Nº C-076-91 y C-077-91, ambos de fecha 9 de mayo de este año y suscritos por la Licda. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora Administrativa, se tiene que el concepto de "Administración Tributaria" utilizado en nuestro país "se define a partir de elementos materiales: el ejercicio de determinadas funciones tributarias junto con la presencia de una condición objetiva determinada por la ley. Este criterio material determina que un órgano solo podrá conceptuarse como "administración tributaria" si presenta: a) la condición de sujeto activo de un tributo y b) la realización de funciones administrativo-tributarias específicas: el poder recaudador y fiscalizador de ese mismo tributo, lo que implica necesariamente el ser parte en el procedimiento tributario que tienda a determinar, liquidar y revisar un tributo determinado" (el subrayado es nuestro).

Más aún, advierte la Licda. Rojas Chaves en su pronunciamiento Nº C-077-91 que dichos elementos materiales pueden encontrarse en órganos distintos al Poder Ejecutivo y agrega:

"Ello implica que dicho concepto no se identifica con un determinado órgano administrativo, por lo que existe la posibilidad de que varios entes públicos constituyan "administración tributaria", ejerciendo las funciones correspondientes y estando sujetos a los deberes y límites que regulan el accionar de la "administración tributaria".

Por su parte, el tratadista Antonio Berliri, en su obra Principios de Derecho Tributario (Volumen I, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1964, página 214), señala en relación a la potestad tributaria, que "además del Estado, también son titulares de la potestad tributaria las Regiones, las Provincias, los Municipios y algunos otros entes territoriales de menor importancia, ... Sin embargo, entre la potestad tributaria del Estado y la de todos los demás sujetos activos, existe una profunda diferencia: el poder de imposición del Estado, al no ser sino una manifestación de su soberanía, es, al menos en teoría, ilimitado; en cambio, el de los entes menores, por derivar del Estado, queda necesariamente circunscrito por la propia ley que lo reconoce...".

Y agrega seguidamente el autor italiano que "precisamente para poner de manifiesto que la potestad tributaria de los entes locales depende de la Ley del Estado, se habla por algunos autores de una potestad derivada y por otros de una potestad delegada... lo que reviste importancia es el hecho de que, derivada o delegada, la potestad tributaria de los entes menores encuentra siempre su origen -por lo que se refiere a los impuestos- en una norma legal, por lo que no puede ejercerse sino dentro de los límites determinados por tal norma" (Antonio Berliri, op. cit., página 214).

Es menester ahora analizar si la municipalidad es titular de tales elementos materiales, para de esta forma clarificar si es o no "administración tributaria".

B) La Municipalidad como sujeto activo tributario.

Sobre este elemento material, es oportuno recordar que "el impuesto es uno de los medios jurídicos con los cuales el Estado y los demás entes públicos se procuran los bienes instrumentales - y en particular, el dinero- que les son indispensables para alcanzar sus fines... el impuesto... tiene como finalidad y función propias la de enriquecer al sujeto activo a costa del sujeto pasivo..." (Antonio Berlini, op. cit. página 331).

En este sentido, tenemos que la Municipalidad es sujeto activo de la relación tributaria, entendiéndose como tal al ente acreedor de los tributos, en virtud de los siguientes artículos del Código Municipal, que en lo que interesan disponen:

“Artículo 21-Son atribuciones del Concejo: …b) … proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales a la Asamblea Legislativa, por medio del Ministerio de Gobernación, los cuales también podrán ser acogidos para su trámite por dos diputados…”

Artículo 85- Los impuestos, contribuciones y las tasas municipales entrarán en vigencia una vez que hayan sido aprobados conforme a la ley y publicados en el Diario Oficial

El artículo antes transcrito es a su vez detallado para el caso que nos ocupa, por el numeral 1° de la Ley No 7165 objeto de comentario, en el que se indica que el impuesto de patente ahí establecido deberán pagarlo las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades lucrativas en el cantón. (Ver en igual sentido los numerales 2° y 14 de la misma ley) Otros artículos del Código Municipal que interesan son:

"Artículo 96.- Por medio del impuesto de patentes, las municipalidades gravarán las actividades sujetas a licencia municipal..."

"Artículo 97.- El impuesto de patente se pagará durante todo el tiempo que se haya tenido establecimiento abierto, o ejercido el comercio en forma ambulante y durante el tiempo en que se haya poseído licencia, aunque la actividad no se hubiere realizado" (en relación con el numeral 98 antes citado).

"Artículo 102.- El impuesto de patente y la licencia para venta de licores al menudeo se regularán por una ley especial".

De lo anterior y retomando lo dicho por Amilcar de Araujo Falcao, en su obra El Hecho Generador de la Obligación Tributaria (Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1963, páginas 1 y 2), tenemos que en la especie se da la "obligación ex lege de derecho público" entendiendo como tal "la relación jurídica en virtud de la cual el Estado u otra persona de derecho público exige la prestación de tributos", en donde la fuente de dicha obligación tributaria lo constituye sin lugar a dudas la ley.

El numeral 11 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que por mandato expreso de su mismo artículo primero párrafo segundo resulta de aplicación supletoria en el presente caso, nos advierte que "la obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales".

El hecho generador de tal obligación tributaria, entiéndase el "hecho o conjunto de hechos o el estado de hecho, al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo" (tomado del autor Amilcar de Araujo Falcao, op. cit., página 2), lo sería precisamente el ejercer actividades lucrativas sujetas a licencia en la Municipalidad de Alfaro Ruiz por parte de personas físicas o jurídicas (ver este mismo sentido dictamen Nº C-234-82 de 26 de noviembre de 1982).

Sobre el particular dispone asimismo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en su artículo 31, que "el hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación".

Recordemos que la patente contemplada en el Código Municipal es precisamente el "impuesto municipal que grava las actividades sujetas a licencia" (Código Municipal Comentado. Editorial Costa Rica. San José, 1978, página 98).

C) La Municipalidad ejerciendo funciones administrativo- tributarias: percibir y recaudar tributos.

En este sentido tenemos los siguientes artículos del Código Municipal:

"Artículo 86.- El cobro de impuestos municipales prescribirá en cinco años. Los funcionarios que dejaren prescribir estos cobros responderán personalmente por su pago".

"Artículo 81.- Las municipalidades no podrán exonerar, total o parcialmente, del pago de cualquier impuesto, contribución o tasa que deban recaudar, excepto con autorización legislativa..."

"Artículo 82.- Las patentes se cancelarán por adelantado. A juicio del Consejo, los anteriores cobros serán hechos en forma mensual, bimestral o trimestral..."

"Artículo 133.- Todos los ingresos municipales entrarán directamente al banco recaudador de la municipalidad. Cuando no hubiere banco o agencia bancaria estatales en la localidad. Las municipalidades podrán recibir sus ingresos directamente en la Tesorería Municipal, o en las auxiliares que constituyan en los distritos. Aunque exista banco o agencia bancaria, cuando resultare necesario y conveniente podrán abrir cajas auxiliares y nombrar entes recaudadores para recibir el pago de tributos y otros ingresos, con la previa autorización de la Contraloría General de la República y de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 15 de esta ley. Dichos entes deberán rendir garantía de fiel cumplimiento y reintegrar los fondos a la Tesorería Municipal en la forma y término que determine el concejo.

El Tesorero Municipal, cuando sea recaudador, no podrá tener en su poder fondos y valores por una suma mayor al cincuenta por ciento del monto a que asciende la garantía de fidelidad que hayan rendido..."

CH) La Municipalidad ejerciendo funciones administrativo- tributarias: liquidar, determinar y revisar tributos.

Sobre este particular conviene transcribir los siguientes artículos del Código Municipal:

"Artículo 82.- El atraso en el pago de cualquier tributo municipal tendrá un recargo, con carácter de multa, del dos por ciento por cada mes o fracción de mes, el cual no podrá exceder en ningún caso del cincuenta por ciento del monto adeudado. El pago que se efectúe fuera del término indicado obliga al usuario a pagar, conjuntamente con el tributo y la multa que corresponda, intereses calculados al dos por ciento mensual sobre la suma adeudada".

"Artículo 83.- Las deudas por concepto de impuestos municipales constituirán hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles".

"Artículo 84.- Las certificaciones de los Contadores Municipales relativas a deudas por impuestos... municipales serán título ejecutivo y en el juicio correspondiente solo podrá oponerse excepción de pago o de prescripción".

"Artículo 100.- La licencia a que se refiere el artículo 98 solo podrá suspenderse por falta de pago de dos o más trimestres, o por incumplimiento de los requisitos que exigen las leyes para el desarrollo de

la respectiva actividad..."

"Artículo 101.- Ningún traspaso de licencias municipales, incluso las de venta de licores al menudeo, afectará los intereses municipales, hasta tanto no sea aceptado por la municipalidad, aceptación que se dará si el adquirente es persona hábil para explotar el establecimiento y si ambas partes están al día en el pago de tasas, contribuciones e impuestos municipales".

Igualmente es dable tener presente, en relación a estos artículos, que la misma Ley Nº 7165 de repetida cita señala con precisión en sus artículos 8º y 9º, que "la información, suministrada por los contribuyentes a la Municipalidad tiene el carácter confidencial a que se refiere el artículo 112 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios", autorizando asimismo a la corporación municipal "para que verifique ante la Dirección General de la Tributación la exactitud de los datos suministrados por los patentados. Si se comprobare que existe alteración de ellos, circunstancia que determine que el monto asignado es incorrecto, la Municipalidad hará la recalificación correspondiente".

D) La Municipalidad ejerciendo funciones administrativo- tributarias: fiscalizar los tributos.

En lo concerniente a la fiscalización que se ejerce sobre tales tributos, es oportuno recordar para el caso concreto, la facultad que le otorga la Ley Nº 7165 a la Municipalidad de Alfaro Ruiz en el sentido de que ésta "podrá recabar de los contribuyentes la información necesaria para la determinación y el control del impuesto que corresponda", pudiendo además exigirles a las empresas "sean o no declarantes del impuesto sobre la renta, una certificación sobre el volumen de las ventas y de la renta líquida, extendida por un contador público autorizado". Facultades estas últimas que se correlacionan con la dada en el numeral 20 de la supra citada ley en el sentido se autoriza a la Municipalidad "para que adopte las medidas administrativas necesarias, a fin de ejercer una adecuada fiscalización de los alcances de esta ley".

Asimismo, el Código Municipal contempla algunas disposiciones relacionadas con este tema, a saber:

"Artículo 137.- Cada trimestre los Contadores o Auditores en su caso, rendirán un informe a la Contraloría General de la República, relativo a los ingresos recibidos y egresos realizados por la municipalidad, y a los compromisos adquiridos pendientes de pago.

Conjuntamente con el anterior informe, se remitirá otro relativo al estado de Tesorería de la Municipalidad, el que deberá ser preparado por el Tesorero y aprobado por el Contador o el Auditor...

Será causal de despido la retardación injustificada en el envío de los informes, así como la falta de veracidad de los datos que contengan".

"Artículo 138.- El Auditor o Contador, en su caso, y el Tesorero, deberán rendir al Ejecutivo los informes que les solicite, en relación con las funciones a ellos atinentes".

Sobre estos dos últimos artículos es dable considerar igualmente los numerales 60 y 61 municipales, que en lo que interesan señalan, por su orden, que "en toda municipalidad habrá un Contador, distinto del Tesorero. En las que tengan ingresos ordinarios superiores a diez millones de colones, deberá haber además un Auditor...", y que "el Auditor o el Contador, cuando no hubiere Auditor, será nombrado por el Concejo y sólo podrá ser suspendido o removido con justa causa, por la mayoría de las dos terceras partes de los regidores".

Tomando en consideración las disposiciones antes enunciadas y comentarios dichos, se concluye que la Municipalidad de Alfaro Ruiz constituye "Administración Tributaria".

C) Pago de la prohibición contemplada en la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas a los empleados municipales que tienen a su cargo el manejo de la Ley Nº 7165.

Teniendo claro que la corporación municipal de Alfaro Ruiz es "administración tributaria", es preciso ahora determinar si procede el pago de la prohibición establecida en la Ley Nº 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, a aquellos empleados municipales que tienen a su cargo el manejo de la Ley N.º 7165.

Así las cosas, recordemos que el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios lo que dispone es una serie de restricciones laborales para el personal que ahí se detalla de las dependencias de la Administración Tributaria, en el sentido de que no pueden ejercer, salvo los casos ahí enunciados expresamente, otros puestos publicados con o sin relación de dependencia, así como las prohibiciones de desempeñar actividades tributarias en la empresa privada y llevar a cabo reclamos a favor de los contribuyentes o dar asesoramiento a los mismos en sus alegatos y presentaciones en cualquier instancia, con las excepciones ahí dadas.

Por lo anterior, la Ley Nº 5867 estableció en su artículo primero, en lo que nos interesa, "una compensación económica mínima sobre el salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, para el personal de la Administración Tributaria que se encuentre sujeto, en razón de sus cargos, a la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (a saber, los directores Generales, los Subdirectores, los Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección), con excepción de los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo:

a) De un 65% para los profesionales a nivel de licenciatura en el área específica de la actividad. b) De un 60% para los egresados. c) De un 30% para quienes hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carretera. d) De un 25% para los que tengan aprobado el tercer año o una combinación equivalente de estudios académicos. En todos los casos dentro de la disciplina antes citada..." (el subrayado no es del original).

Así las cosas, esta Procuraduría considera que procede el pago de la prohibición contemplada en la Ley Nº 5867 antes citada, a aquellos empleados municipales de la Municipalidad de Alfaro Ruiz que, reuniendo los requisitos y condiciones académicas exigidas por el numeral primero de la citada norma, tengan a su cargo el manejo de la ley Nº 7165.

De esta forma rindo el dictamen solicitado.

De usted, con toda consideración,

Lic. Geovanny Bonilla Goldoni

Abogado