Dictamen : 089 - del 22/04/1980
(Aclarado)
LA RECIPROCIDAD EN EL TRATO DE LOS AGENTES
DIPLOMATICOS
C-89-80
San José, 22 de abril de 1980
Señorita
Lic. Tirza Bustamante
Directora Asuntos Jurídicos
Ministerio de Relaciones Exteriores
S. O.
Estimada señorita:
Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador General de
la República, doy contestación a su estimable oficio Nº 29-DJ-80 de fecha
9 de los corrientes mediante el cual somete a nuestra consideración el
caso del señor ... quien importó a nuestro país un vehículo libre del
pago de impuestos al amparo de su condición de Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y ahora debe hacer abandono del
territorio nacional, previa la venta del automotor. Sobre el particular
me permito comunicarle lo siguiente:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida
como Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en nuestra capital por una
gran mayoría de países americanos, incluida Costa Rica, fue aprobada por
Ley de la República Nº 4534 de 23 de febrero de 1970 y publicada en el
Diario Oficial "La Gaceta" el día 14 de marzo del mismo año, de manera
que las disposiciones de ese Tratado adquirieron carácter vinculante para
nuestro país al entrar en vigencia la citada ley el 24 de marzo de 1970,
sea diez días después de su publicación el Diario Oficial, según el
precepto constitucional. En virtud de lo anterior, nuestro país quedaba
desde entonces obligado a cumplir y hacer cumplir las normas contenidas
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a reconocer las
obligaciones derivadas de dicho tratado adquiridos como persona de
Derecho Internacional Público. Entre estas obligaciones se encuentra
indudablemente, la de reconocerle a los jueces de la Corte Internacional
de Derechos Humanos su condición de Diplomáticos, establecida en el
artículo 70 de la Convención, en los siguientes términos:
"...Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan
desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las
inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho
internacional.
Durante el ejercicio de sus cargos gozan además de los
privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus
funciones...".
En consecuencia, la obligación para nuestro país de reconocerle al
secomo Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en nuestra capital por
una vehículo libre del pago de impuestos, nacida de la disposición
supracitada de la Convención de Derechos Humanos, se hizo efectiva desde
el momento del nombramiento del distinguido jurisconsulto para ocupar el
cargo, siendo por ello indiscutible la legalidad del beneficio de
exoneración disfrutada por el diplomático.
Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico de aplicación de los
privilegios provenientes del Derecho Internacional Público, es la ley
nacional del Estado receptor la que viene a establecer las condiciones en
que tales prerrogativas pueden ser disfrutadas; así las cosas en cuanto a
vehículos propiedad de los diplomáticos se trata, es la ley º 2252 de 18
de setiembre de 1958 el instrumento legal aplicable al caso en consulta.
En efecto, la citada ley contiene las condiciones y requisitos para
traspasar a terceros particulares, a otros diplomáticos o para sacar del
país los automotores de comentario, sin incurrir en la obligación del
pago de los impuestos correspondientes, ya sea parcialmente o en su
totalidad. Se fija en dos años el plazo, a partir de la fecha de su
inscripción en la Oficina del Tránsito y su entrada en circulación en el
país, para que tales vehículos queden totalmente exonerados de impuestos
y puedan ser libremente vendidos por sus dueños. Asimismo se establece
que cuando la venta se realizara sin haber transcurrido el término de
veinticuatro meses citados, el monto de los impuestos a pagar se fijará
reduciendo de la totalidad un veinticuatro por cada mes que el vehículo
ha sido propiedad del diplomático.
La excepción a la regla de comentario fue introducida mediante ley
Nº 6294 de 13 de diciembre de 1978 que reforma el artículo 3º de la ley
Nº 2255 supracitada, en el sentido de permitir el traspaso libre del pago
de impuestos arancelarios cuando el agente diplomático finalice funciones
en Costa Rica por traslado, fallecimiento y otro motivo de fuerza mayor,
siendo requisito para la aplicación de este beneficio, al igual que para
los restantes que contiene la ley reformada, el que concurra la
reciprocidad del Estado acreditante, en cuyo caso el Ministerio de
Relaciones Exteriores, encargado por la ley (artículo 7º) de velar por el
cumplimiento de la misma, se encuentra obligado a aplicarla en aquellos
casos en que se demuestre la existencia de una reciprocidad absoluta. Es
legítimo entonces concluir que cuando no se esté en presencia de una
reciprocidad absoluta, sino relativa y concurriendo los demás requisitos
en cuanto a la persona del diplomático y a su vehículo, la facultad de
autorizar el traspaso del vehículo en las condiciones que la ley
establece, es potestativo para el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el caso sub-exámine concurren las circunstancias de ser el
interesado un agente diplomático y de originarse su salida del país en
motivos ajenos a su voluntad lo cual en nuestro criterio constituyen
motivos suficientes para que se le autorice el traspaso de su vehículo en
las condiciones establecidas por el artículo 3º de la ley Nº 2255, aunque
de momento no sea posible establecer la correspondiente reciprocidad que
como ya se dijo no es requisito indispensable y podría perfectamente
cumplirse en la persona de un costarricense que se encontrara en
idénticas condiciones al estar sirviendo en un organismo similar siendo
el país sede el de la nacionalidad del señor juez.
Sin otro particular, me suscribo atentamente,
Lic. Francisco Villalobos González
Procurador Específico de la República