Opinión Jurídica : 096 - del 10/07/2026

10 de julio de 2026

PGR-OJ-096-2026

 

Licenciada

Daniella Agüero Bermúdez

Jefa Área Legislativa VII

Departamento de Comisiones Legislativas

 

Con la aprobación del Procurador General de la República, nos referimos a su oficio AL-CPETUR-1319-2026 del 21 de abril del 2026, mediante el cual se nos solicita emitir criterio en relación con el proyecto de ley Nº 25.031 “REFORMA A LA LEY N° 10.008 LEY PARA ATRAER TRABAJADORES Y PRESTADORES REMOTOS DE SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL (NÓMADAS DIGITALES), DEL 11 DE AGOSTO DE 2021 PARA EL FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y DEL RÉGIMEN DE NÓMADAS DIGITALES.”.

 

I.                   ASPECTOS PRELIMINARES

 

Antes de brindar respuesta a la petición que nos fue remitida, debemos indicar el alcance que tiene este pronunciamiento, ya que, según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no es posible emitir dictámenes con carácter vinculante cuando lo que se nos solicita es externar un criterio jurídico en relación con proyectos de ley.

 

La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor reconoce la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor administrativa que desempeña de manera excepcional a su actividad principal, en cuyo caso los dictámenes emitidos serán vinculantes. Sin embargo, tratándose de consultas relacionadas con la tarea promulgadora de leyes que desarrolla dicho Poder de la República, nos encontramos imposibilitados de emitir criterios vinculantes, en el tanto dicha competencia escapa a lo señalado en la normativa que nos rige. Sin embargo, con el fin de colaborar con esa Honorable Comisión, se emitirá criterio sobre el proyecto de ley bajo análisis, no sin antes advertir que, por lo anteriormente señalado, este pronunciamiento es una opinión jurídica sin efectos vinculantes.

 

Asimismo y de previo debemos señalar que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a este tipo de asuntos, por no tratarse de la audiencia a la que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política (ver, entre otros, los pronunciamientos OJ-053-98 del 18 de junio 1998, OJ-055- 2013 del 9 de setiembre de 2013, OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, OJ-159- 2020 del 16 de octubre del 2020 y PGR-OJ-050-2022 del 18 de marzo de 2022 y PGR-0J-030-2024 de 4 de marzo de 2024).

 

Aclarado lo anterior, procederemos a analizar el proyecto de ley consultado.

II.                PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY

 

La propuesta legislativa persigue un doble propósito:

 

 i. fortalecer la Ley N.° 10.008 “Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (nómadas digitales)”, mediante la corrección de omisiones normativas y el ajuste de determinados aspectos operativos; ii. la promoción del turismo local y sostenible.

 

III.             CRITERIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

La propuesta en análisis plantea reformar dos cuerpos legales:

 

·         Ley N° 10.008 Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (nómadas digitales)

 

·         Ley N° 8724. Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario

 

Ley N° 10.008

 

El proyecto de ley propone reformar los artículos 7, 10, 11, 11 bis y 13 de la referida ley, con el propósito de modificar determinados aspectos del régimen aplicable a la categoría migratoria de trabajador o prestador remoto de servicios. En particular, la iniciativa pretende ampliar el plazo otorgado a la Dirección General de Migración y Extranjería para resolver las solicitudes correspondientes, así como incorporar mecanismos orientados al fortalecimiento de la seguridad pública, mediante el establecimiento de restricciones para el otorgamiento y pérdida del beneficio migratorio.

 

Texto actual

Texto propuesto

ARTÍCULO 7- Procedimiento   Los extranjeros que deseen optar por una visa de no residente, en la subcategoría de estancia, Trabajador o Prestador Remoto de Servicios, deberán presentar un formulario donde se solicite la visa y aportar la información necesaria para cumplir con los requisitos sustantivos y formales que el trámite exige, de acuerdo con el artículo 11 de esta ley y su respectiva reglamentación. La Dirección tendrá un plazo de quince días naturales para resolver. (…)

ARTÍCULO 7- Procedimiento   Los extranjeros que deseen optar por una visa de no residente, en la subcategoría de estancia, Trabajador o Prestador Remoto de Servicios, deberán presentar un formulario donde se solicite la visa y aportar la información necesaria para cumplir con los requisitos de acuerdo con el artículo 10 de esta ley y su respectiva reglamentación. La Dirección tendrá un plazo para resolver conforme el artículo 200 de la Ley General de Migración y Extranjería, N° 8764, del 19 de agosto de 2009.

 

De la lectura comparativa de ambas disposiciones, se desprende que la reforma introduce 2 modificaciones puntuales. La primera consiste en corregir la remisión normativa al artículo 10 de la ley, relativo a los requisitos sustantivos aplicables al solicitante principal, en sustitución de la referencia actual al artículo 11, el cual regula aspectos concernientes al grupo familiar. Dicha modificación constituye un ajuste de técnica legislativa en aras de corregir un error material en el cuerpo legal.

 

La segunda modificación remplaza el plazo especial de 15 días naturales para resolver las solicitudes, por el plazo establecido en el artículo 200 de la Ley General de Migración y Extranjería, el cual corresponde a 3 meses. De acuerdo con los antecedentes del caso, la propuesta responde a la capacidad del Ministerio de Migración y Extranjería de hacer frente a la alta cantidad de solicitudes, por lo que se encuentra dentro de las potestades del legislador y no se identifica ningún roce de índole constitucional que impida su aprobación.

 

Texto actual

Texto propuesto

ARTÍCULO 10- Condición de Trabajador o Prestador Remoto de Servicios   Las personas extranjeras que pretendan ingresar y permanecer en el país bajo la categoría migratoria de no residente, subcategoría de estancia, Trabajador o Prestador Remoto de Servicios deberán cumplir con los siguientes requisitos:   (…) d) Cualquier otro requisito que se derive de la Ley 8764, Ley General de Migración y Extranjería, de 19 de agosto de 2009.

ARTÍCULO 10- Condición de Trabajador o Prestador Remoto de Servicios   Las personas extranjeras que pretendan ingresar y permanecer en el país bajo la categoría migratoria de no residente, subcategoría de estancia, Trabajador o Prestador Remoto de Servicios deberán cumplir con los siguientes requisitos:   (...) d) Certificación de antecedentes penales del país de origen de la persona extranjera, o de aquel en el que haya residido de forma regular los últimos tres años, debidamente legalizada, autenticada o apostillada y traducida, cuando corresponda.

 

La iniciativa indica expresamente que se “adiciona un nuevo inciso d) al artículo 10”, corriéndose la numeración respectiva; sin embargo, el artículo 10 de la Ley N.° 10008, ya contiene un inciso d), relativo a “cualquier otro requisito que se derive de la Ley General de Migración y Extranjería”. En el texto propuesto del artículo 10 no se aprecia el corrimiento de numeración anunciado, sino que el nuevo contenido relativo a la certificación de antecedentes penales aparece ocupando directamente el inciso d) actualmente vigente.

 En consecuencia, no resulta plenamente claro si la intención del legislador consiste en sustituir el inciso d) actual, eliminando la cláusula abierta de remisión a otros requisitos derivados de la Ley General de Migración y Extranjería; lo cual podría limitar la capacidad de la Administración para adaptar los requisitos ante cambios normativos futuros, generando una regresión de flexibilidad administrativa no prevista. Y si la intención del legislador es adicionar un nuevo inciso autónomo, manteniendo simultáneamente el contenido vigente y efectuando el corrimiento de numeración anunciado en el encabezado del proyecto, esto debe corregirse.

Texto actual

Texto propuesto

ARTÍCULO 11- Grupo familiar   La persona trabajadora o prestadora remota de servicios que pretenda ingresar y permanecer en el país bajo la categoría migratoria de no residente, subcategoría de estancia, podrá hacer la solicitud para cubrir a su cónyuge o pareja de hecho, hijos o hijas menores de veinticinco años, hijos o hijas de cualquier edad con alguna discapacidad o adultos mayores que convivan con ellos según corresponda, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:   (...) e) Cualquier otro requisito que se derive de la Ley 8764, Ley General de Migración y Extranjería, de 19 de agosto de 2009.

ARTÍCULO 11- Grupo familiar   La persona trabajadora o prestadora remota de servicios que pretenda ingresar y permanecer en el país bajo la categoría migratoria de no residente, subcategoría de estancia, podrá hacer la solicitud para cubrir a su cónyuge o pareja de hecho, hijos o hijas menores de veinticinco años, hijos o hijas de cualquier edad con alguna discapacidad o adultos mayores que convivan con ellos según corresponda, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:   (...)   e) En el caso de las personas mayores de edad del grupo familiar: Certificación de antecedentes penales del país de origen de la persona extranjera, o de aquel en el que haya residido de forma regular los últimos tres años, debidamente legalizada y autenticada o apostillada y traducida, cuando corresponda.

 

Mismo error en la técnica legislativa se identifica en la reforma del referido articulado, dado que su texto actual ya contiene un inciso e) y no se aprecia el corrimiento de numeración anunciado, sino una sustitución del inciso. Por lo que resulta necesario que la intensión del legislador se aclare, ya sea, sustituir el actual inciso e) o correr la numeración para mantener la opción de cualquier otro requisito que estime necesario la Dirección de Extranjería y Migración.

Texto actual

Texto propuesto

ARTÍCULO 11 BIS-   Los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería aplicables a los solicitantes o beneficiarios y su grupo familiar serán únicamente aquellos que se les aplica o exige a los turistas, con excepción de los requisitos específicos contenidos en los incisos a), b) y c) del artículo 10, e incisos a), b), c) y d) del artículo 11, respectivamente, de la presente ley, con respecto a los cuales la administración podrá aplicar la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.

ARTÍCULO 11 BIS-   Los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería aplicables a los solicitantes o beneficiarios y su grupo familiar serán únicamente aquellos que se les aplica o exige a los turistas, con excepción de los requisitos específicos contenidos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 10, e incisos a), b), c), d) y e) del artículo 11, respectivamente, de la presente ley, con respecto a los cuales la administración podrá aplicar la Ley 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.

 

La adición del inciso d) del artículo 10 y el inciso e) del artículo 11, tiene como finalidad incorporar dentro de este régimen especial, las nuevas exigencias introducidas a través del presente proyecto de ley, particularmente, la acreditación de antecedentes penales.

 

Ahora bien, referente al establecimiento de controles vinculados a antecedentes penales, este no resulta incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense, en tanto responde a finalidades legítimas de seguridad pública y control migratorio. La Sala Constitucional ha reconocido la competencia de la Dirección General de Migración y Extranjería para decidir los requisitos y condiciones de ingreso al país por parte de extranjeros (sentencia número 00111-89), y también ha reconocido el principio universal del Derecho Internacional sobre la facultad de los Estados para limitar o restringir el ingreso de extranjeros en su territorio (sentencia 00206-92),[1] con el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana, razón por la cual el planteamiento no resulta jurídicamente incompatible o inviable.

 

Asimismo, debe considerarse que la categoría migratoria regulada por la Ley N.° 10008, no constituye un régimen migratorio ordinario, sino una categoría especial que otorga beneficios migratorios, tributarios y aduaneros específicos a sus beneficiarios, tales como la exención del impuesto y la posibilidad de permanecer en el país por períodos prolongados bajo condiciones particularmente favorables. En esta misma línea, debe indicarse que la actual Nº 8764 Ley General de Migración y Extranjería ya contempla restricciones relacionadas con antecedentes penales para determinadas categorías migratorias, por lo que la propuesta legislativa no introduce una lógica ajena al sistema migratorio costarricense.

 

No obstante lo anterior, conviene advertir que la propuesta legislativa se limita a incorporar la exigencia de una certificación de antecedentes penales como requisito, sin precisar expresamente el alcance jurídico que deberá otorgarse a la información contenida en dicho documento. En particular, la iniciativa no establece si cualquier antecedente penal constituirá motivo suficiente para denegar el beneficio, ni determina criterios relacionados con la naturaleza del delito, su gravedad, su carácter doloso o culposo, o la antigüedad de la condena.

 

Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que la propia Ley Nº 8764 Ley General de Migración y Extranjería, contiene criterios específicos respecto de la incidencia de los antecedentes penales en materia migratoria. En efecto, el artículo 70 de dicho cuerpo normativo dispone que no se autorizará la permanencia legal a la persona extranjera que haya cumplido condena por delito doloso en los últimos diez años, ya sea en Costa Rica o en el extranjero, siempre que la conducta sea reconocida como delito por el ordenamiento jurídico nacional.

 

En consecuencia, aún cuando la exigencia de antecedentes penales resulta compatible con las finalidades legítimas de control migratorio y seguridad pública perseguidas por el proyecto, se estima conveniente valorar la incorporación de criterios objetivos que delimiten el alcance y valoración de dicha información, a efectos de fortalecer la seguridad jurídica, reducir eventuales márgenes de discrecionalidad administrativa y garantizar una aplicación razonable y proporcional de la norma.

 

Texto actual

Texto propuesto

ARTÍCULO 13- Pérdida de la condición de beneficiario   En caso de que el beneficiario solicitante no compruebe que se mantiene vigente la situación que le permitió acreditarse como tal, o que lleve a cabo labores o preste servicios distintos de los que esta ley le autorizan, se le cancelará dicha condición, así como cualquier tipo de beneficio, debiendo cancelar también los impuestos nacionales con el fin de nacionalizar aquellos bienes que hubiesen sido importados sin el pago de tributos. Asimismo, perderán la condición de beneficiarios los miembros del grupo familiar. (…)

ARTÍCULO 13- Pérdida de la condición de beneficiario   En caso de que el beneficiario solicitante no compruebe que se mantiene vigente la situación que le permitió acreditarse como tal, o que lleve a cabo labores o preste servicios distintos de los que esta ley le autorizan, o sea sancionado por una infracción o falta en sede administrativa por infracciones a la normativa ambiental; u obtenga un beneficio o medida alterna por delitos ambientales; o sea condenado con sentencia firme por delitos graves, de conformidad con la ley N° 8754, Ley Contra la Delincuencia Organizada; se le cancelará dicha condición, así como cualquier tipo de beneficio, debiendo cancelar también los impuestos nacionales con el fin de nacionalizar aquellos bienes que hubiesen sido importados sin el pago de tributos. Asimismo, perderán la condición de beneficiarios los miembros del grupo familiar.

 

 

La reforma propuesta al artículo 13 incorpora nuevas causales de pérdida de la condición de beneficiario vinculadas con infracciones administrativas ambientales, medidas alternas en procesos por delitos ambientales y condenas firmes por delitos graves asociados a delincuencia organizada. El establecimiento de causales de cancelación del beneficio migratorio relacionadas con protección ambiental, orden público y criminalidad organizada, resultan compatibles con las potestades del Estado en materia de control migratorio y con los fines legítimos de protección de la seguridad pública y del interés nacional.

 

Sin perjuicio de lo anterior, la redacción propuesta presenta ciertos aspectos que ameritan observación desde el punto de vista de seguridad jurídica:

 

·         Sanción por infracción o falta en sede administrativa (ambiental)

 

La causal referida a que el beneficiario “sea sancionado por una infracción o falta en sede administrativa por infracciones a la normativa ambiental”, no exige que la sanción administrativa se encuentre en firme, a diferencia de lo que ocurre con la tercera causal incorporada por el proyecto. En consecuencia, la sola imposición de una sanción administrativa susceptible de impugnación, podría eventualmente producir la cancelación inmediata de la condición de beneficiario.

 

Asimismo, debe señalarse que la expresión “normativa ambiental”, posee un alcance particularmente amplio e indeterminado, susceptible de comprender disposiciones contenidas en diversas leyes, reglamentos y normativa técnica de distinta jerarquía. Tal amplitud normativa impide determinar con claridad cuáles infracciones poseen entidad suficiente para justificar una consecuencia tan intensa como la pérdida automática de la condición migratoria. La propuesta tampoco distingue entre infracciones leves, graves o muy graves, ni incorpora criterios de ponderación relacionados con la magnitud de la afectación ambiental producida. Todo esto podría generar problemas de proporcionalidad en la aplicación práctica de la disposición.

 

Aunado a ello, la utilización de la fórmula imperativa de “se le cancelará dicha condición”, configura una consecuencia automática que no parece permitir a la Dirección General de Migración y Extranjería, efectuar una valoración individualizada de las circunstancias concretas de cada caso. De esta manera, una vez verificada formalmente la causal, la cancelación operaría necesariamente, sin que exista un espacio para valorar elementos tales como la gravedad de la conducta, causas de justificación u otros elementos indispensables del debido proceso.

 

·         Beneficio o medida alterna en delitos ambientales

 

El legislador indica que quien “obtenga un beneficio o medida alterna por delitos ambientales” perderá su condición migratoria. Esta redacción da entender que los términos “beneficio” y “medida alterna” son símiles, cuando no lo son. Por lo que es indispensable que se precise qué buscaba el legislador referirse con beneficios.

 

Seguidamente, debe tomarse en consideración que las medidas alternas al proceso penal constituyen mecanismos de resolución alternativa del conflicto reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense, orientados a fines de desjudicialización, reparación del daño y reinserción social. En consecuencia, la imposición de consecuencias migratorias automáticas derivadas del simple otorgamiento de medidas alternas, generaría tensiones con la finalidad político-criminal propia de dichos institutos.

En tales supuestos, el ordenamiento jurídico no declara la culpabilidad penal de la persona imputada mediante sentencia firme. Por el contrario, se trata de mecanismos que permiten la extinción de la acción penal con la terminación anticipada del procedimiento bajo determinadas condiciones legalmente establecidas. En consecuencia, vincular de forma automática la pérdida de la condición migratoria a la mera obtención de una medida alterna supone atribuir efectos jurídicos desfavorables a una situación procesal que, por definición, no equivale a una declaración definitiva de responsabilidad.

Desde esa perspectiva, la propuesta podría generar tensiones con el principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 39 de la Constitución Política, en la medida en que la pérdida de la condición migratoria se produciría sin que exista una sentencia condenatoria firme que determine la responsabilidad penal. En efecto, si la aceptación de una medida alterna conlleva inevitablemente la pérdida de la condición migratoria especial y de los beneficios asociados a esta, el interesado podría verse incentivado a rechazar mecanismos restaurativos o desjudicializadores y optar por la continuación del proceso penal ordinario, aun en aquellos casos donde la solución alterna resulte compatible con los fines de política criminal perseguidos por el legislador.

Finalmente, debe señalarse que la propuesta tampoco delimita con precisión el alcance de la expresión “delitos ambientales”, circunstancia que genera una problemática similar a la observada respecto de la referencia genérica a la “normativa ambiental”. La ausencia de una delimitación normativa específica dificulta determinar cuáles conductas penales quedarían comprendidas dentro de la causal propuesta y cuáles serían los parámetros objetivos para su aplicación.

 

·         Condenatoria por delito grave vinculado a la delincuencia organizada

 

En este supuesto, el legislador sí exige expresamente la existencia de una sentencia firme, circunstancia que reduce de manera significativa las preocupaciones relacionadas con la presunción de inocencia y la determinación definitiva de la responsabilidad de la persona beneficiaria. No obstante, la redacción propuesta presenta un problema de precisión normativa que conviene señalar.

 

Se propone lo siguiente: “o sea condenado con sentencia firme por delitos graves, de conformidad con la ley N° 8754, Ley Contra la Delincuencia Organizada”.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 8754 “Ley Contra la Delincuencia Organizada”, se catalogará como delito grave, todo aquel cuyo rango de pena sea de 4 años o más.

 

 Estima este Órgano Asesor que convendría valorar una mayor precisión legislativa respecto a si la referencia comprende cualquier delito cuya pena supere dicho umbral punitivo de los 4 años o únicamente aquellos vinculados materialmente con fenómenos de delincuencia organizada. Ello con el fin de fortalecer la seguridad jurídica y evitar eventuales problemas de interpretación.

 

Ley N° 8724

La propuesta legislativa plantea adicionar dos incisos al artículo 6 de la Ley N.° 8724, “Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario”, con el propósito de fortalecer la publicidad, visibilidad y acceso a la información sobre servicios de turismo rural comunitario para turistas nacionales y extranjeros. Sobre este extremo, debe indicarse que la materia corresponde primordialmente al ámbito técnico y competencial del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en su condición de ente rector en materia turística. En ese sentido, consta en el expediente legislativo el oficio N.° DM-371-2025, del 27 de agosto de 2025, mediante el cual dicha institución manifestó, en lo conducente, lo siguiente:

“Al realizar un análisis comparativo entre el Proyecto y la ley 8724, establecemos que la propuesta legislativa se encuentra contemplada dentro de las funciones ordinarias establecidas en los incisos transcritos del artículo sexto de la ley 8724, la única diferencia es que los incisos vigentes están redactados de forma general, evitando una posible discriminación infundada para los usuarios del segmento de turismo rural comunitario. Nótese que la razón que justifica el no establecer categorías de usuarios del segmento de turismo rural comunitario radica precisamente, en permitir que cualquier persona, no importando su estatus migratorio, siempre que sea legal, pueda acceder y disfrutar de los destinos turísticos locales gestionados por los habitantes de las comunidades rurales, bajo practicas sostenibles, esta experiencia conlleva no solo un aprendizaje para la persona, sino es una vivencia incorporada a su psique que fomentará la posibilidad de visitas futuras. Los incisos de la reforma pretendida duplican obligaciones existentes, vigentes y que ejecutamos constantemente por parte del Instituto Costarricense de Turismo, no encontrándose en la exposición de motivos fundamento técnico o legal que justifique su incorporación.

 

Por último, es importante señalar que el artículo tercero de la ley 8724 expresamente declara de interés público el turismo rural comunitario, lo que permite incluso la colaboración de las instituciones de la Administración Pública para brindar apoyo e impulsarlo. Con fundamento en lo expuesto no recomendamos el apoyo del Proyecto específicamente en lo dispuesto en el artículo tercero que pretende la adición de dos incisos [m y n] en el artículo sexto de la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario, que es el único tema competencia del Instituto Costarricense de Turismo pues no implica acciones que deriven en un beneficio actual o futuro al turismo rural comunitario.”

Del criterio emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) se desprende que las obligaciones contempladas en la reforma propuesta ya se encuentran comprendidas dentro de las competencias ordinarias actualmente atribuidas a dicha institución por la Ley N.° 8724, razón por la cual se estima que la modificación legislativa resultaría reiterativa y carente de justificación técnica suficiente. En virtud de tratarse de una materia ajena al ámbito que le corresponde a este Órgano Asesor, se estima pertinente obedecer el criterio técnico emitido por el ente rector en la materia.

Disposiciones transitorias

 

Para finalizar, resulta pertinente referirse a uno de los transitorios plasmados en el proyecto de ley:

 

“Transitorio l- Las personas que al momento de entrada en vigencia de esta ley cuenten con la Condición de Trabajador o Prestador Remoto de Servicios continuarán disfrutando de la condición migratoria en los términos y condiciones bajo los cuales fue otorgada hasta el vencimiento de la misma, más no aplica para sus prórrogas.

 

En cuanto al Transitorio I, la iniciativa dispone al momento de entrada en vigencia de la reforma, las personas que ya cuenten con la condición migratoria de Trabajador o Prestador Remoto de Servicios, continuarán sujetas a los términos y condiciones bajo los cuales les fue otorgado el beneficio hasta el vencimiento de la autorización correspondiente, precisando además que dicho régimen no será aplicable a las eventuales solicitudes de prórroga. Ello protege situaciones jurídicas previamente consolidadas bajo el régimen vigente al momento de su otorgamiento.

 

No obstante, surge la interrogante si esto se hace extensivo a las causales de pérdida de la condición migratoria. El proyecto de ley adiciona una serie de causales, por lo que se requeriría tener claridad si les serán aplicables a las personas que actualmente ostenten la condición migratoria de trabajador o prestador remoto de servicios.

 

IV.             CONCLUSIÓN

 

Del análisis efectuado sobre el proyecto de ley Nº 25.031 “REFORMA A LA LEY N° 10.008 LEY PARA ATRAER TRABAJADORES Y PRESTADORES REMOTOS DE SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL (NÓMADAS DIGITALES), DEL 11 DE AGOSTO DE 2021 PARA EL FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y DEL RÉGIMEN DE NÓMADAS DIGITALES, este Órgano Asesor concluye que, la iniciativa legislativa responde a una decisión de política migratoria y seguridad pública cuya valoración corresponde, primordialmente, al legislador en el ejercicio de su potestad legislativa. No obstante, en su formulación actual, se detectan varias áreas de vulnerabilidad jurídica que exigen atención antes de su eventual aprobación.

 

 

 

 

 

 

Licda. Maripaz De la Torre Herrera

Procuradora Dirección de Derecho Penal     MTH/viviana

 

PGR-OJ-096-2026

SE SOLICITÓ EMITIR CRITERIO RESPECTO AL PROYECTO DE LEY N.° 25.031, DENOMINADO "REFORMA A LA LEY N.° 10.008, LEY PARA ATRAER TRABAJADORES Y PRESTADORES REMOTOS DE SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL (NÓMADAS DIGITALES), DEL 11 DE AGOSTO DE 2021, PARA EL FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO Y DEL RÉGIMEN DE NÓMADAS DIGITALES."

La Licda. Maripaz De la Torre Herrera, Abogada de la Dirección de Derecho Penal, mediante la Opinión Jurídica N.° PGR-OJ-096-2026 de fecha 10 de julio de 2026, dio respuesta a la solicitud remitida y concluyó que la iniciativa responde a una decisión de política migratoria y de seguridad pública cuya valoración corresponde al legislador; sin embargo, en su redacción actual presenta diversas observaciones de técnica legislativa y seguridad jurídica que conviene atender antes de su eventual aprobación.

La Procuraduría General señaló que la propuesta legislativa pretende, por una parte, fortalecer el régimen de personas trabajadoras y prestadoras remotas de servicios mediante ajustes a la Ley N.° 10.008 y, por otra, promover el turismo rural comunitario mediante reformas a la Ley N.° 8724. En términos generales, se estimó que las modificaciones vinculadas al control migratorio y a la incorporación de requisitos relacionados con antecedentes penales son compatibles con el ordenamiento jurídico; no obstante, se advirtió la necesidad de precisar el alcance de dichos requisitos, corregir inconsistencias de técnica legislativa y delimitar con mayor claridad las nuevas causales de pérdida de la condición migratoria, a fin de garantizar la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto a principios como la presunción de inocencia. Asimismo, respecto de las reformas a la Ley de Fomento del Turismo Rural Comunitario, se indicó que, conforme al criterio técnico del Instituto Costarricense de Turismo, las obligaciones propuestas ya forman parte de las competencias ordinarias de esa institución, por lo que las adiciones resultarían reiterativas y carentes de justificación técnica suficiente.

En síntesis, la iniciativa legislativa aborda los siguientes temas: procedimiento y requisitos para el otorgamiento de la condición migratoria de trabajador o prestador remoto de servicios, certificación de antecedentes penales para solicitantes principales y miembros mayores de edad del grupo y promoción del turismo rural.

De esta forma, dejamos planteado nuestro criterio respecto al proyecto legislativo N.° 25.031 "Reforma a la Ley N.° 10.008, Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (nómadas digitales), del 11 de agosto de 2021, para el fortalecimiento y coordinación del turismo rural comunitario y del régimen de nómadas digitales."