Dictamen : 096 - del 22/06/2026

22 de junio de 2026

PGR-C-096-2026

Señora

Gabriela Chacón Fernández

Presidenta Ejecutiva

Instituto Nacional de Seguros

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta al oficio n.° PE-00691-2024 del 02 de julio de 2024, en el que se nos planteó la consulta sobre la viabilidad legal de que el trabajador presente el aviso de accidente sin la venia del patrono; no sin antes ofrecer las disculpas por el tiempo transcurrido desde la solicitud presentada, lo cual se debe al alto volumen de trabajo que esta Procuraduría mantiene.

I. ALCANCES DE LA CONSULTA

A través del oficio n.° PE-00691-2024 del 02 de julio de 2024 expresamente se le solicitó a esta Procuraduría el criterio jurídico sobre la viabilidad legal para que los trabajadores lesionados puedan presentar el aviso de accidente sin la intervención del patrono, lo anterior en relación con el seguro contra riesgos del trabajo.

La consulta es acompañada por el oficio DJUR-00531-2024 del 30 de enero de 2024 que corresponde al criterio legal expuesto por la Dirección Jurídica, en el cual se emitieron las siguientes conclusiones:

“1. El SRT se rige por su normativa especial, a saber, el Código de Trabajo, el Reglamento General de Riesgo del Trabajo, su norma técnica, nota técnica y condiciones generales, y solo de manera supletoria, en caso de vacío legal, se aplican las normas de la LRCS.

2. La obligación del patrono de dar aviso de accidente es una disposición legal que establece la normativa especial que rige el SRT, por lo que no es de aplicación supletoria las disposiciones del LRCS, pues existe disposición legal clara y abundante que establece que el aviso de accidente es un deber del patrono y no un derecho del trabajador.

3. El deber de dar el aviso de accidente por parte del patrono tiene sustento legal y técnico, pues constituye un filtro que permiten que sean solo aquellos accidentes que verdaderamente son calificados por el patrono como laborales los que sean atendidos bajo el Régimen de Riesgo del Trabajo, esto con el fin de mantener el equilibrio financiero del régimen y que no se utilicen sus recursos para eventos que no califiquen como riesgos del trabajo, los cuales deben ser atendidos por otro régimen de la seguridad social.

4. Le corresponde al INS por disposición legal la potestad de administrar el SRT, sobre las bases técnicas que este establezca para ello, con el propósito de garantizar el otorgamiento de las prestaciones en dinero, médico-sanitarias y de rehabilitación, así como la solidez financiera del régimen. Por su parte corresponde a la Superintendencia General de Seguros como ente regulador de la actividad aseguradora, velar por el equilibrio financiero del seguro.”

Las conclusiones antes detalladas fueron ampliadas mediante el oficio DJURC-00172-2024 del 18 de junio de 2024, en el que se expuso lo siguiente:

“En adición a las conclusiones emitidas mediante oficio DJUR-0531-2024 es criterio de esta Dirección Jurídica que, desde el punto de vista legal, técnico, financiero y operativo, no es viable que sea el trabajador quien realice el aviso de accidente ante e INS, una interpretación en sentido contrario pone en riesgo la sostenibilidad el régimen.

Adicionalmente, en el uso de la facultad que otorga el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual faculta a los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, para consultar el criterio técnico-jurídico de esa entidad, de forma tal que, se recomienda realizar la consulta respectiva, para ello se adjunta el criterio jurídico DJUR-0531-2024 y el presente criterio como ampliación del oficio DJUR-00531-2024.”

Seguidamente, nos referiremos a los aspectos de admisibilidad de la consulta.

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN

La función asesora de la Procuraduría General de la República está sujeta a ciertos requisitos determinados en los artículos 3 inciso b), 4 y 5 de su Ley Orgánica, n.° 6815 del 27 de setiembre de 1982.

A la luz de esas disposiciones normativas, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad, a saber: a) que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución o por el auditor interno, b) que la consulta se acompañe con el criterio de la asesoría legal sobre el tema específico cuestionado y c) que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se consulte un caso concreto, ni que se trate de un asunto cuyo conocimiento corresponda a otra institución con una competencia exclusiva y prevalente. Sobre el tema pueden verse, entre muchos otros, los dictámenes C-099-2016 del 29 de abril de 2016, C-215-2018 del 4 de setiembre de 2018, C-220-2019 del 8 de agosto de 2019, C-277-2020 del 10 de julio de 2020 y C-191-2021 del 30 de junio de 2021.

De la revisión de la consulta que nos ocupa, se verifica que cumple con los presupuestos de admisibilidad, ya que la gestión fue planteada por el jerarca institucional, además fue acompañada por criterio legal de la Dirección Jurídica plasmado en el oficio DJUR-0531-2024 y su ampliación.

En cuanto al objeto, el tema planteado versa sobre una inquietud jurídica genérica; es decir, no se trata de un asunto particular que comprometa la competencia de este órgano asesor. Asimismo, se estima que la materia no es de conocimiento exclusivo ni excluyente de otra institución; por ende, la consulta puede ser atendida por esta Procuraduría.

III. CONSULTA FACULTATIVA A LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS

Tomando en consideración el objeto de consulta versa sobre materia de seguros, con base en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se le confirió audiencia facultativa por el término de 8 días hábiles a la Superintendencia General de Seguros (en adelante SUGESE).

La audiencia anterior fue comunicada por medio del oficio DFP-OFI-1407-2026, del cual se recibió acuse de recibido por parte de SUGESE el 26 de marzo de 2026.

Sin embargo, se deja constancia que, a la fecha de emisión del presente dictamen, no se ha recibido la respuesta por parte de la Superintendencia a la audiencia otorgada.

IV. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

Según se observa en la sección de antecedentes del oficio PE-00691-2024 del 02 de julio de 2024, la consulta remitida a este órgano asesor se originó de una exhortación realizada por la Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional -que a su vez tiene como precedente una solicitud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos-, a través de la cual se le pidió al Instituto Nacional de Seguro (en adelante “INS” o “Instituto”) que revisara las condiciones del seguro contra riesgos del trabajo (en adelante “SRT”) y su norma técnica para que los trabadores puedan realizar directamente el aviso de accidente.

Con ocasión de dicha exhortación, el INS celebró reuniones con diferentes dependencias, y a lo interno de la institución se generó el criterio de la Dirección Jurídica plasmado en el oficio DJUR-00531-2024 del 30 de enero de 2024, que fue ampliado mediante el oficio DJURC-00172-2024 del 18 de junio de 2024.

En términos generales, la Dirección Jurídica señala que el SRT se rige por su normativa especial que consiste en el Código de Trabajo, el Reglamento General de Riesgo del Trabajo, sus normas técnicas y las condiciones generales; en caso de vacío legal, supletoriamente aplican las disposiciones de la Ley n.° 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguro (en adelante “LRCS”).

Con base en ello, señalan que en el Código de Trabajo (artículo 214) se establece que el aviso de accidente es un deber del patrono, y no un derecho del trabajador, lo que, según la Dirección Jurídica, tiene un sustento técnico, ya que el patrono es una especie de primer filtro para determinar si la situación acaecida es o no un riesgo de trabajo. Asimismo, manifiestan que, por disposición legal, al INS le corresponde la administración del SRT sobre normas técnicas. En la ampliación de su criterio, advierten que una interpretación en sentido contrario, pone en riesgo la sostenibilidad del régimen.

Aunado a esta posición, por su relevancia y vinculación con el tema objeto de consulta, se estima oportuno traer a colación cuatro resoluciones de la Sala Constitucional, los cuales se exponen de seguido:

i) Resolución n.° 3940-96 de las 16:15 horas del 31 de julio de 1996

En esta primera resolución, los magistrados de la Sala Constitucional exponen perspectiva antes descrita.

Los magistrados inician su razonamiento con la siguiente valoración, en la que reconocen al SRT como parte de los beneficios de la seguridad social:

“III.- El artículo 73 de la Constitución establece los seguros sociales en beneficio de los trabajadores, protegiéndolos contra riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte (véase sentencia No.126-90...). En el párrafo final de ese artículo se dispone: "Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales". Por consiguiente, en nuestra Constitución se garantiza a los trabajadores el derecho a los beneficios de los seguros sociales, dentro de los que se incluye el beneficio que se deduce de la protección que se confiere al trabajador contra riesgos del trabajo. Con la Ley No.(sic) 6727 de 9 de marzo de 1982, denominada Ley Sobre Riesgos del Trabajo, que modificó el Título IV del Código de Trabajo, se establece la obligación a cargo de todo patrono de asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo -artículo 193 del Código de Trabajo-. En ese sentido, el artículo 201 del Código de Trabajo establece que "En beneficio de los trabajadores, declarase obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riegos del trabajo en todas las actividades laborales".” El resaltado no es del original.

El análisis de los magistrados sigue con una breve referencia a la obligación de los patronos de comunicar los riesgos de trabajo al Instituto Nacional de Seguros, así como el reconocimiento de la regulación de este beneficio por medio de la ley, tal y como lo dispone el artículo 73 de la Constitución Política:

“Asimismo, esa normativa establece que en caso de que ocurra un riesgo de trabajo que se define como "...los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades" -artículo 195 ibídem-, el patrono está obligado a comunicarlo al Instituto Nacional de Seguros en los ocho días hábiles contados a partir del momento en que ocurrió el riesgo -artículos 214 inciso b y 221 ibídem-. Esa notificación debe efectuarse de acuerdo con los requisitos enumerados en el artículo 222 ibídem. Considera la Sala que las disposiciones legales citadas vinieron a regular, de acuerdo con la reserva que estableció la misma Constitución en el párrafo final del artículo 73, el derecho al beneficio que perciben los trabajadores en caso del acaecimiento de un riesgo del trabajo.” El resaltado no es del original.

Después de abordados los aspectos generales antes referidos, los magistrados exponen la siguiente consideración respecto al derecho que ostenta el trabajador en caso de producirse un riesgo del trabajo:

“Ese derecho forma parte del derecho fundamental a la protección del trabajador por medio de los seguros sociales, cosa distinta a la condición de acreedor del beneficio que otorga el seguro en cuestión, para lo que resulta necesario estar en la situación de hecho que establecen las normas que lo regulan. En ese sentido, no resulta aceptable imponer obstáculos de imposible cumplimiento al derechohabiente que impidan injustificadamente el efectivo ejercicio del derecho y la eventual percepción del beneficio. Ahora bien, en este caso, a pesar de que con la omisión del patrono de comunicar el riesgo al ente asegurador se obstaculiza la eventual percepción del beneficio, este no es un obstáculo insalvable para el accionante, de los que alcanzaría a configurar una infracción al derecho fundamental, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código de Trabajo, que declara universal el seguro contra riesgos del trabajo en beneficio de los trabajadores y el artículo 41 de la Constitución que garantiza a todo administrado una justicia administrativa pronta, cumplida y sin denegación, el Instituto debe atender al trabajador en caso de que este recurra a esa institución y comunique que ha sufrido un riesgo del trabajo que no ha sido notificado por su patrono. En consecuencia, en virtud de que no se observa que exista impedimento alguno para que el accionante pueda, por su propio medio y no a través del patrono, solicitar directamente al Instituto una investigación de su caso, comunicar el acaecimiento del riesgo y la negativa del patrono a notificarlo, procede declarar sin lugar el recurso porque la negativa del Consejo Superior del Poder Judicial a comunicar al Instituto la enfermedad del accionante, en caso de que el ente asegurador determinara que se trata de un riesgo del trabajo, acarrearía a lo sumo una sanción de las prescritas en la Ley Sobre Riesgos del Trabajo por infracción a una obligación legal, pero no configuraría una limitación o exclusión del ejercicio del derecho fundamental. En consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso.” El resaltado no es del original.

Como se desprende de la cita anterior, una vez analizada la normativa especial en materia de SRT y de las disposiciones constitucionales, los magistrados concluyeron que el trabajador tiene la posibilidad de informar directamente al INS que ha sufrido un riesgo de trabajo, y el Instituto debe proceder con la atención e investigación respectiva.

De la posición sostenida por los magistrados se destaca que se basó en la legislación especial en materia de SRT y de las disposiciones constitucionales que se encontraban vigentes al momento de dictado del fallo, las cuales no han sufrido variaciones en la actualidad, por consiguiente, es posible indicar que es una postura que resulta conforme al principio de juridicidad.

ii) Resolución n.° 2017019104 de las 09:30 horas del 29 de noviembre de 2017

El segundo caso es una acción de inconstitucionalidad por omisión contra el artículo 214 del Código de Trabajo. El recurrente cuestionó que en esta norma se omitió establecer que debía permitírsele al trabajador presentar las denuncias por riesgos de trabajo.

En esa ocasión, los magistrados resolvieron rechazar el recurso al estimar que el contenido de la regulación sobre SRT es un aspecto que quedó reservado al legislador, con base en ello dispusieron el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, sin entrar a conocer si era factible o no, según la legislación vigente, que el trabajador realizara directamente el aviso de accidente. En ese sentido, se expuso lo siguiente:

“En el caso concreto, la actora reclama que el artículo 214 del Código de Trabajo, solamente habilita al patrono, no así al trabajador, para presentar la denuncia por riego de trabajo. La omisión impugnada por la parte actora en esta norma no encuentra referente en un mandato expreso del constituyente. Se trata más bien de una omisión que esta dice encontrar en el texto del artículo, sin que el deber de legislar en el sentido reclamado por la accionante provenga de la Constitución Política. El artículo 73 de la Constitución Política establece el seguro contra riesgos del trabajo y dispone que será de exclusiva cuenta de los patronos y se regirá por disposiciones especiales. Sin embargo, no indica cual es el contenido de esta regulación, la cual deja a la libre configuración del legislador. Así, en la sentencia No. 6450-98 de las 11:24 horas del 4 de setiembre, la Sala resolvió:

‹‹Lógicamente es a la legislación específica a la que toca determinar las condiciones en que tal beneficio se va a otorgar, ya que el sistema que se vaya a adoptar es una cuestión que atañe propiamente al legislador y no a la Constitución. No encuentra esta Sala infracción alguna con las normas impugnadas, ya que éstas cumplen con el mandato constitucional mismo, de desarrollar legislativa y reglamentariamente la garantía social del derecho al subsidio››.

Es importante indicar que la Sala ha procurado que no se desvirtúe la figura técnica de la inconstitucionalidad por omisión, a través de alegatos por medio de los cuales lo que en algunas ocasiones pretenden los promoventes, es la modificación de ciertos textos legislativos a favor de sus intereses. Evidentemente que un texto tenga un contenido específico y omita otro, es una simple generalidad hermenéutica, que solo en los casos específicos que ha definido este Tribunal en su jurisprudencia sobre la materia, llegan a configurar el supuesto de la inconstitucionalidad por omisión. Es decir, solamente cuando el vacío implique la infracción de un mandato expreso constitucional es posible ejercer el control en cuestión. En virtud de lo expuesto, la acción contra la presunta omisión del artículo 214 del Código de Trabajo, debe ser rechazada.” El resaltado no es del original.

iii) Resolución n.° 2023007554 de las 09:20 horas del 31 de marzo de 2023

El tercer caso es un recurso de amparo en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social y el INS, donde la recurrente reclamaba una violación a sus derechos fundamentales por falta de atención médica.

En esa resolución, la Sala Constitucional inicia con una referencia a la relevancia de la seguridad social en los siguientes términos:

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el régimen de seguridad social es un pilar fundamental del sistema democrático nacional, al encontrar su sustento en el artículo 73 de la Constitución Política. La entidad rectora de los servicios de salud es la Caja Costarricense de Seguro Social, a lo que debe sumarse la atención y tratamiento médico que, en casos determinados, brinda también el Instituto Nacional de Seguros. Así, mediante sentencias número 08-266 de las 11 horas 58 minutos del 11 de enero de 2008, y la sentencia número 2012-008367 de las 9 horas 05 minutos del 22 de junio del 2012 (…)”

Luego, se hizo referencia a la línea que se ha seguido a nivel jurisprudencial respecto a cuando existe controversia sobre la naturaleza del accidente y la atención de la persona afectada:

“Asimismo, como se indicó supra, excede de la competencia de la Sala la determinación de la institución a la cual corresponde dar atención médica al paciente, de modo que, en caso de controversia, deberá ser asistido por la Caja Costarricense de Seguro Social y, posteriormente, si se verifica que se está en presencia de un riesgo laboral, el Instituto Nacional de Seguros deberá pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social los rubros correspondientes a la atención médica del paciente (véase sentencia número 2009-001421 de las 15 horas 26 minutos del 04 de febrero del 2009 y sentencia número 2012-008367 de las 9 horas 05 minutos del 22 de junio del 2012).”

De especial interés para este asunto, se tienen los siguientes extractos de la misma sentencia, donde se analizó si había o no responsabilidad del INS en el asunto objeto del recurso de amparo:

“Ahora bien, para el sub examine, debe señalarse que, en efecto, la parte recurrente pretende demostrar que hay una especie de controversia entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros para brindar la atención médica, sin embargo, se difiere con lo planteado por la actora. Nótese que en el informe rendido por el Instituto recurrido se indicó que “revisados los registros electrónicos en los sistemas de Información Médico Administrativo (SIMA) y AS400 de Riesgos del Trabajo que mantiene el INS, NO se registra presentación o recepción de Aviso de Accidente o Enfermedad del Trabajo con fecha 4 de agosto de 2022 a nombre de la señora [[Nombre2] ], cédula de identidad [CED3 ], por lo que no me constan los hechos alegados por la recurrente en el presente recurso de amparo”. Es decir, que no se logra concluir que el Instituto accionado haya rechazado brindar la atención médica, sino que simplemente debe cumplir con los requisitos establecidos para recibir la prestación del servicio. La parte accionante -quien no recurre contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sea el patrono- sostiene que es el patrono quien supuestamente no le quiere brindar la boleta, empero, de la prueba que se aporta no consta que así sea. Mucho menos consta un elemento de especial relevancia y es que la accionante haya gestionado -de previo- ante el Instituto Nacional de Seguros por escrito, la supuesta denegatoria del patrono en entregar la boleta o que exista una imposibilidad.

Por otro lado, tampoco se desprende que haya una negativa de la Caja Costarricense de Seguro Social en brindar la atención, simplemente se le ha indicado que se está frente a un caso de riesgo de trabajo y debe acudir ante el Instituto Nacional de Seguros. Así las cosas, tampoco se logra concluir que la paciente haya gestionado ante la autoridad accionada y haya demostrado fehacientemente que el Instituto recurrido le negara la atención (habiendo cumplido con todos los requisitos) o que razonablemente demostrara (por escrito) que el Ministerio de Trabajo y Seguridad no iba a emitir la boleta de aviso al patrono, porque tal como señaló como la entidad aseguradora “la remisión o no del colaborador al INS es una facultad discrecional del patrono”. Es decir, que haría imposible -según lo dicho por el Instituto accionado- de poder brindarle la atención médica conforme a la póliza. De haber sido así, a criterio de la Sala habría aplicado su jurisprudencia, respecto a que la amparada debería ser asistida por la Caja Costarricense de Seguro Social y, posteriormente, si se verifica que se está en presencia de un riesgo laboral, el Instituto Nacional de Seguros deberá pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social los rubros correspondientes a la atención médica del paciente.” El resaltado no es del original.

En primer lugar, la Sala Constitucional considera que el INS no rechazó la atención médica, sino que el acceso al servicio está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos. Hasta aquí el criterio de los magistrados tiene similitudes con la tesis del INS.

Continúan los magistrados señalando que no se tuvo un “elemento de especial relevancia”, que consiste en que, previamente, la recurrente hubiese acudido al INS para gestionar la supuesta denegatoria del patrono en entregar la boleta o que exista una imposibilidad.

De lo anterior, se identifica cierta cercanía con el criterio de la resolución n.° 3940-96, el cual como se transcribió anteriormente, los magistrados consideraron que no había impedimento para el trabajador acuda al INS para notificar el acaecimiento del riesgo y la negativa del patrono.

En el segundo párrafo se entremezclan ambas tesis, ya que se menciona el cumplimiento de requisitos, así como la posibilidad de demostrar que el patrono se negó a emitir el aviso.

Valga advertir que, en su razonamiento, los magistrados no citan una norma legal, sino que refieren a “lo dicho por el Instituto accionado”.

Finalmente, los magistrados concluyen su razonamiento con una reiteración de su criterio respecto a que la persona no puede dejar de ser atendida, ante una controversia, en primera instancia la atención le corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social, y en caso de verificarse que se trata de un riesgo de trabajo, el INS debe pagar a la Caja por la atención médica brindada al trabajador.

iv) Resolución n.° 2012016628 de las 16:30 horas del 28 de noviembre de 2012

En esa resolución la Sala Constitucional se refirió a la apertura del mercado de seguros y su incidencia en el SRT.

Pese a que no tiene una vinculación directa con el objeto de la consulta, se incluye dentro del presente análisis, ya que reconoce la facultad del legislador para regular el SRT, asimismo establece la reinterpretación de los roles que surgió ante el advenimiento de la apertura del mercado de seguros y la creación de la Superintendencia General de Seguros. Al respecto, se dispuso lo siguiente:

“El accionante menciona el quebrantamiento de diversos principios de la seguridad social, como el servicio al costo, universalidad, suficiencia de la protección, automaticidad de la protección, beneficios extraordinarios e irrenunciabilidad. En realidad, en algunos, lo que señala el accionante son algunas de las disposiciones legales que rigen el riesgo de trabajo establecido en el Código de Trabajo, de manera que, no opera el principio alegado por el accionante y de los coadyuvantes, de que el párrafo 4° del artículo 73 de la Constitución Política establece un campo de atracción para los derechos contemplados en el Código de Trabajo, y por ende, no pueden ser modificados ni siquiera por ley. Sin embargo, visto prudencialmente, el legislador tiene la competencia de asegurar la eficacia de muchos de estos principios mientras sean compatibles con las obligaciones internacionales, aún bajo la liberalización del mercado de los seguros. En este sentido, una verdad de Perogrullo es que el Código de Trabajo debe ser interpretado conforme a la apertura del mercado, de manera que si en el artículo 205 del Código de Trabajo establece al Instituto Nacional de Seguros como el ente administrador del seguro, ello claramente fue modificado por el Tratado y la Leyes de implementación, para dar lugar a la SUGESE y sus competencias. Por ejemplo, el principio de servicio al costo que se reclama sería un contrasentido con la operación de una actividad comercial, la cual estaría dentro de las competencias de SUGESE para establecer los mecanismos que permita obtener un lucro razonable. Pero, el fundamento constitucional del Seguro de Riesgos de Trabajo es compatible con el principio de universalidad, suficiencia de la protección o piso social del seguro, de la automaticidad del Convenio 102 de la OIT, e irrenunciabilidad del artículo 74 de la Constitución Política, lo que tampoco puede decir la Sala que son infringidos.” El resaltado no es del original.

Adicionalmente, en dicha resolución, se estipuló lo siguiente respecto a las potestades de la SUGESE:

“No es un problema estrictamente de naturaleza constitucional el supuesto impacto económico de aquella garantía del Estado, sino que es de resorte exclusivo del legislador establecer las medidas económicas necesarias para compensar un presunto impacto negativo que pudiera tener la Institución, de manera que ello actúa a favor de la población de trabajadores no cubierto por el Patrono contra los riesgos de trabajo, sea este privado o público. En el criterio de la Sala, el artículo refuerza la posición del trabajador, en vez de debilitarlo, toda vez que el seguro de riesgos de trabajo no ha perdido su carácter obligatorio, universal y forzoso como se pretende señalar en el escrito de interposición de la acción. Adicionalmente, la potestad reglamentaria de la SUGESE emana directamente del Tratado de Libre Comercio, de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, entre otras normas, de donde surge la obligación de tratar en forma no discriminatoria a los diferentes actores del mercado, pero además, con la posibilidad de regular las materias que detecte sean necesarias de carácter técnico y operativo para un mejor servicio para los trabajadores que sufren un riesgo laboral, lo que incluye interpretar las disposiciones del Código de Trabajo.” El resaltado no es del original.

V. SOBRE LO CONSULTADO POR EL INS

V.a-) EL SEGURO CONTRA RIESGOS DEL TRABAJO COMO PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La categorización del SRT como parte de la seguridad social también ha sido establecida dentro de la jurisprudencia administrativa de este órgano asesor, coincidiendo con la posición de la Sala Constitucional en las resoluciones previamente citadas.

Por ejemplo, en el dictamen PGR-C-016-2023 del 03 de febrero de 2023 se dispuso lo siguiente respecto a la relación entre el SRT y la seguridad social:

“Así, la propia Constitución Política, en su artículo 73, dispone que los seguros sociales se establecen en beneficio de los “trabajadores” manuales e intelectuales y que la administración y el gobierno de esos seguros estará a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social; sin embargo, posteriormente, ese mismo artículo establece que los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales. Lo anterior evidencia que el seguro contra riesgos del trabajo pertenece al sistema de seguridad social del país, lo que implica que se creó en beneficio de los “trabajadores manuales e intelectuales”, con la diferencia, en relación con los otros seguros, de que no se rige por el esquema de contribución tripartita (Estado, patronos y trabajadores), sino que su financiamiento está a cargo exclusivamente de los “patronos”.” El resaltado no es del original.

En el mismo sentido, ver el dictamen C-145-2017 del 23 de junio de 2017, en el que, después de transcribir los artículos 73 y 74 de la Constitución Política, se indicó:

“De las normas constitucionales transcritas se desprende el interés del constituyente por brindar protección a todos los trabajadores, sin discriminaciones de ninguna clase y en apego al principio de justicia social, razón por la cual se estableció, de manera expresa, que estos derechos y beneficios son irrenunciables.”

La categorización del SRT como componente de la seguridad social es fundamental, pues introduce una dimensión social que debe prevalecer en la interpretación de su marco legal.

V.b-) ANÁLISIS NORMATIVO

i) MARCO LEGAL

De previo a efectuar el análisis de las normas, resulta menester dejar sentando el marco legal que rige la materia del SRT.

Como se ha mencionado, el SRT posee raigambre constitucional, según se constata en los artículos 73 y 74 de la Constitución Política, que establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”.

“ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.” El resaltado no es del original

Por su parte, a nivel legislativo, el Código de Trabajo en su Título IV, artículos 193 al 331, establece el esquema normativo del SRT, regulación que valga mencionar fue modificada sustancialmente por la Ley n.° 6727, Ley sobre Riesgos de Trabajo del 09 de marzo de 1982.

De interés para este asunto, se destaca la obligación del patrono de asegurar a sus trabajadores (artículo 193), la calificación del SRT como obligatorio, universal y forzoso en todas las actividades laborales (artículo 201), el establecimiento de la responsabilidad del asegurador, una vez emitido el seguro (artículo 206), la cobertura del seguro (artículo 213 y 216), las obligaciones del patrono (artículos 214, 220, 221), los derechos del trabajador (artículos 218, 219, 221 segundo párrafo, 230, 232), entre otras disposiciones de significativa relevancia que forman parte del estudio de la presente consulta.

El Código establece, además, el dictado de reglas especializadas bajo la premisa de que el régimen se gestione sobre bases técnicas (artículos 195 Bis -seguro especial para mordeduras de serpientes-, 205 y 208).

El Título IV fue reglamentado por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo n.° 13466, “Reglamento General de los Riesgos del Trabajo”, vigente desde el 04 de abril de 1982.

En adición a las disposiciones del Título IV del Código de Trabajo, se tienen otras normas legales que contienen normas relevantes en materia del SRT como, por ejemplo: la Ley n.° 7983, “Ley de Protección al Trabajo”, que en su artículo 80 determinó un fortalecimiento financiero al régimen de riesgos del trabajo; la Ley n.° 9078, “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, que en sus artículo 55 y 65 establecen la posibilidad de una indemnización a la víctima de un accidente de tránsito por medio del SRT, cuando el accidente se considere un riesgo laboral; así como la Ley n.° 9738, “Ley para regular el teletrabajo” que en su numeral 10 extiende los alcances de las disposiciones del Código de Trabajo para las personas que laboren remotamente por medio de teletrabajo.

Por su parte, en esta materia especial de seguros, se tiene la Ley n.° 12, Ley del Instituto Nacional de Seguros, entidad que, hasta la apertura del mercado de seguros, constituía la única empresa administradora del régimen del SRT, con la acotación de que el INS continúa siendo la única empresa con la garantía del Estado.

La ley anterior fue reformada integralmente por medio de la LRMS que decretó la apertura del mercado de seguros, incluidos los seguros obligatorios como el SRT, asimismo, con esta legislación se creó la Superintendencia General de Seguros, quien entre sus funciones tiene la de autorizar la tarifa de las pólizas del seguro contra riesgos del trabajo y también le corresponde dictar normas y directrices vinculantes para los oferentes de seguros en el país.

Adicionalmente, se tiene la LRCS que regula los contratos de seguros por medio de normas imperativas, salvo que la ley expresamente faculte la posibilidad de acuerdo de las partes.

Para interés del presente dictamen, es relevante señalar que esta ley, en su artículo 1, expresamente estipula que el SRT se regirá por su legislación específica, aplicando de forma supletoria las disposiciones de la LRCS, el Código de Comercio y el Código Civil.

Aunado a los instrumentos de carácter legal, la Superintendencia General de Seguros dictó el reglamento titulado “Reglamento de Requisitos de Funcionamiento de los Seguros Obligatorios” (Acuerdo SUGESE 04-10) cuyo objeto es definir los requisitos mínimos del SRT y el seguro obligatorio de automóviles. En relación con el SRT, se tienen las normas generales del Reglamento, así como los artículos del 10 al 21, que se refieren específicamente a este tipo de seguros.

Finalmente, cada oferente posee una norma técnica referida al SRT –en línea con el numeral 205 del Código de Trabajo- y tienen las condiciones generales y particulares bajos las cuáles ofrecen este tipo de seguro.

Actualmente en el país el SRT es ofrecido por el Instituto Nacional de Seguros y la empresa privada MNK Seguros.

ii) ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

De la anterior sección, se extrae que la regulación del SRT tiene un papel fundamental las disposiciones del Código de Trabajo y las bases técnicas establecidas en la administración del régimen.

Como parte del estudio, se estima oportuno traer a colación las normas de la regulación del STR que tienen una mayor incidencia en la consulta que nos ocupa.

Iniciaremos con las normas del Código de Trabajo. El artículo 201 del Código de Trabajo establece:

“Artículo 201. En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado.” El resaltado no es del original.

En la primera parte del artículo se establece que el SRT tiene un carácter universal y forzoso. En la segunda parte, se estipula que el patrono que no asegure a sus trabajadores, responderá ante éstos y el ente aseguradora por las prestaciones que se hayan otorgado. Es decir, aún y en el supuesto de que no se haya contratado un seguro, el legislador no limitó el derecho del trabajador a acceder a las prestaciones médicas-sanitarias que se derivan del SRT, recayendo en el patrono la obligación de responder por estas prestaciones ante el asegurador.

Asimismo, de este cuerpo normativo destaca el inciso b) del artículo 214 del Código de Trabajo, en el cual se impone la obligación al patrono de notificar los riesgos de trabajo, bajo pena de responder económicamente por su atraso. La obligación de denunciar los riesgos de trabajo también está presente en el orden 221. Al respecto las normas estipulan:

“Artículo 214. Sin perjuicio de otras obligaciones que este Código impone, en relación con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda también obligado a:

(…)

b) Denunciar al Instituto Nacional de Seguros todo riesgo del trabajo que ocurra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su acaecimiento. La denuncia extemporánea originará responsabilidad del patrono ante el Instituto -la cual será exigible por la vía ejecutiva-, por las agravaciones o complicaciones sobrevenidas como consecuencia de la falla de atención oportuna.

(…)”. El resaltado no es del original.

“ARTICULO 221.- Todo patrono está obligado a notificar, al Instituto Nacional de Seguros, los riesgos del trabajo que ocurran a los trabajadores bajo su dirección y dependencia. La notificación deberá realizarla en un plazo no mayor de ocho días hábiles, contados a partir del momento en que ocurra el riesgo.

Si el trabajador no estuviera asegurado contra los riesgos del trabajo, el Instituto le otorgará todas las prestaciones que le hubiesen correspondido de haber estado asegurado. El Instituto conservará el derecho de accionar contra el patrono, por el cobro de los gastos en que haya incurrido ante esa eventualidad.” El resaltado no es del original.

Como se observa, el legislador previó una responsabilidad económica para el patrono que omita el aviso oportuno de los riesgos de trabajo. Empero, la normativa no establece que dicha omisión impida el derecho del trabajador a acceder a las prestaciones del SRT.

Por el contrario, a criterio de este órgano asesor, de las disposiciones del Código de Trabajo se desprende que el legislador fue tajante al determinar los derechos que tiene el trabajador que sufre un accidente laboral, por el solo hecho de haber acaecido el riesgo, sin sujetar o condicionar el disfrute de las prestaciones a un aviso o notificación por parte del patrono.

Sobre el particular, véase que una vez contratado el SRT, el legislador decretó que al asegurador le corresponde responder ante el trabajador, así lo establece el artículo 206 del Código de Trabajo:

“Artículo 206. Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, en ente asegurador responderá ante el trabajador por el suministro y pago de todas las prestaciones médico- sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que se establezcan en este Código, subrogando al patrono en los derechos y obligaciones que le corresponden. La responsabilidad de la institución aseguradora, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinará sobre la base del monto de los salarios informados por el patrono, como devengados por el trabajador, con anterioridad a que ocurra el riesgo. Para este efecto, servirán de prueba las planillas presentadas por el patrono a la institución o cualesquiera otros documentos, que permitan establecer el monto verdaderamente percibido por el trabajador.

Si los salarios declarados en planillas fueren menores de los que el trabajador realmente devengó, la institución aseguradora pagará, al trabajador o a sus causahabientes, las sumas correctas que en derecho correspondan y conservará la acción contra el patrono, por las sumas pagadas en exceso, más los intereses del caso.

El trabajador podrá plantear administrativamente, cualquier disconformidad, en relación con el suministro que la institución aseguradora haga de las prestaciones señaladas en este artículo, y ésta deberá pronunciarse al respecto, en el término máximo de quince días hábiles, contados a partir de la interposición de la manifestación por escrito del trabajador. En cuanto al cálculo y fijación de las prestaciones en dinero, el trabajador o sus causahabientes podrán aportar o señalar cualesquiera medios de pruebas que lo favorezcan.” El resaltado no es del original.

En el mismo sentido, el artículo 218 señala las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador que sufre de un accidente o riesgo del trabajo, siendo la ocurrencia del infortunio el supuesto de hecho que da acceso a los beneficios del seguro:

“Artículo 218.- El trabajador al que le ocurra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones:

a. Asistencia médico- quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación.

b. Prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales.

c. Prestaciones en dinero que, como indemnización por incapacidad temporal, permanente o por la muerte, se fijan en este Código.

ch) Gastos de traslado, en los términos y condiciones que establezca el reglamento de este Código.

d. Gastos de hospedaje y alimentación, cuando el trabajador, con motivo del suministro de las prestaciones médico-sanitarias o de rehabilitación, deba trasladarse a un lugar distinto de la residencia habitual o lugar de trabajo. Por vía de reglamento, se fijará la suma diaria que por estos conceptos debe entregarse al trabajador, la que será revisada cada año.

Cuando la institución aseguradora disponga de centros propios, destinados a ese efecto, o contrate dichos servicios en lugares adecuados para ello, podrá sustituir esta prestación en dinero, ubicando a los trabajadores en ellos. En ambos casos, el trabajador deberá someterse a los requisitos de conducta que su estado exige. Si no lo hiciere, justificadamente, la institución no tendrá responsabilidad por las agravaciones que puedan surgir como consecuencia directa de la conducta del trabajador.

e. Readaptación, reubicación y rehabilitación laboral que sea factible otorgar, por medio de las instituciones públicas nacionales especializadas en esta materia, o extranjeras, cuando así lo determine el ente asegurador o, en su caso, lo ordene una sentencia de los tribunales.” El resaltado no es del original.

En ninguna de las dos normas transcritas se observa que el legislador hubiese definido requisitos o procedimientos para la utilización del régimen de SRT más allá de la contratación del seguro y del acaecimiento del riesgo.

Como se indicó, tampoco se verifica la sujeción de la aplicación del SRT a la notificación del riesgo del trabajo por parte patrono, ya que no se definió una consecuencia de esa magnitud en el numeral 214, ni en los ordinales 221 y 222 todos ellos del Código de Trabajo, que imponen en el patrono la obligación de denunciar los riesgos de trabajo y el contenido de esta notificación.

Llama la atención que el legislador, en línea con la naturaleza social de este tipo de seguro, previó que el trabajador no asegurado tiene derecho a ser atendido, tal como se observa en los artículos 221, 231 y 232 del Código de Trabajo. En consecuencia, si aún el trabajador no asegurado tiene derecho a ser atendido, el trabajador que sí fue asegurado no tiene impedimento legal para que se le brinden los beneficios propios del SRT.

Finalmente, en lo que respecta a las disposiciones del Código de Trabajo, se hace mención del ordinal 304, en concordancia con el artículo 413 inciso c). Si bien estas normas regulan el tema de la prescripción y los actos interruptores, de ellas se desprende que el legislador consideró que las prestaciones del régimen del SRT constituyen derechos a favor del trabajador, quien tiene la posibilidad de interponer el reclamo en vía administrativa, considerándose este reclamo administrativo como un acto interruptor de la prescripción.

A partir de lo expuesto en las líneas anteriores, a criterio de este órgano asesor, la legislación no impone como exigencia ineludible que tenga que existir un aviso del patrono, para que el trabajador que ha sufrido un riesgo laboral, pueda acceder a las prestaciones del SRT.

Ahora bien, como se indicó, la voluntad del legislador fue que la administración del SRT se sustente en bases técnicas. En consecuencia, resulta imperativo repasar las disposiciones emanadas de las entidades que administran y ofrecen este tipo de seguro.

En cuanto a regulación técnica, tenemos el Acuerdo SUGESE 04-10 “Reglamento de Requisitos de Funcionamiento de los Seguros Obligatorios”. En esta norma, la SUGESE establece un mínimo a cumplir por parte de las aseguradoras que ofrecen el SRT y el seguro obligatorio de automóviles.

De relevancia para el presente asunto, se destaca el artículo 6, en el que se impone la obligación de las aseguradoras de brindar una respuesta motivada donde explique los motivos de la denegatoria de una indemnización. Así como, los ordinales 10 al 21 que son de aplicación específica al SRT.

En el artículo 17 de dicho Reglamento, se hace referencia al aviso de siniestro. En esta disposición se traslada al asegurador la determinación de los medios y plazos para recibir la notificación del siniestro, sin perjuicio de las obligaciones del patrono del Código de Trabajo. Dicho artículo indica:

“Artículo 17. Aviso de siniestro y procedimiento de indemnización

La entidad aseguradora deberá definir los medios y plazos para recibir la notificación del siniestro, así como los procedimientos para proceder a la entrega de las prestaciones convenidas.

Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones definidas para el patrono en el Código de Trabajo, que disponen la obligación de notificar en un plazo no mayor de ocho días hábiles.” El resaltado no es del original.

En esta norma no se establece como requisito que el aviso tenga que ser realizado de forma exclusiva por parte del patrono.

El aviso de accidente también se menciona en la parte final del artículo 18 de dicho Reglamento, sobre los servicios auxiliares:

“Artículo 18. Servicios auxiliares

Las prestaciones definidas se brindarán ya sea por la red de proveedores de servicios auxiliares, contratada por la entidad aseguradora y debidamente registrada ante la Superintendencia General de Seguros de conformidad con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Nº 8653, o por los que el patrono contrate en su condición de tomador de la póliza. Para tener derecho a dichas prestaciones, el trabajador o el patrono deben informar a la entidad aseguradora, mediante el aviso del accidente conforme la póliza respectiva.” El resaltado no es del original.

Del extracto anterior, se observa que, para el acceso a los servicios auxiliares, se brinda la posibilidad de que la aseguradora sea informada del siniestro por parte del trabajador o el patrono.

Por consiguiente, contrario a lo indicado por la asesoría legal de la entidad consultante, el ordenamiento jurídico a nivel reglamentario sí prevé una norma que habilita al trabajador para efectuar el aviso de accidente.

Ahora bien, es preciso señalar que la norma de referencia dispone que tal aviso se efectuará en estricto apego a la póliza respectiva.

En el caso del INS, el aviso del accidente y/o del riesgo se encuentra regulado en la norma técnica (artículos 41 y 42) y en las condiciones generales del seguro (cláusulas 38 y 39). El contenido de ambos documentos es bastante similar, sin embargo, debido a la relevancia de estas disposiciones para el objeto de la consulta, se procede con su transcripción literal:

Norma técnica:

“Artículo 41. Procedimiento en caso de siniestro

De conformidad con lo estipulado en el artículo 214 del Código de Trabajo, ante la ocurrencia de un accidente o enfermedad de trabajo, el Tomador del seguro deberá completar y presentar el formulario denominado “Aviso de accidente o enfermedad de trabajo y orden de atención médica”, vía electrónica por medio del sistema RT-Virtual o mediante el formulario físico dispuesto por el INS para este fin en cualquiera de los centros médicos de la Red de Servicios de Salud del INS, detallada en la página www.grupoins.com en la información concerniente al Grupo INS.

Para los casos de estudiantes del programa de educación y formación técnica profesional (EFTP) en la modalidad dual, el INS se reserva el derecho de verificar que el lesionado, efectivamente es un participante del programa, a cargo del tomador del contrato de seguro al momento de ocurrencia del siniestro.

Una vez presentado dicho formulario, el trabajador puede presentarse en el Centro de Salud del INS más cercano a su trabajo o lugar de residencia, para recibir las prestaciones médicas que le otorga el seguro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del citado código”.

“Artículo 42. Plazo para denunciar el siniestro

En apego a lo establecido en el artículo 221 de Código de Trabajo, el Tomador del seguro está obligado a denunciar al INS todos los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores, dentro del plazo máximo de los 8 días hábiles siguientes a su acaecimiento.

Sin embargo, si el siniestro se reporta transcurrido este plazo la aceptación del mismo quedará a criterio administrativo, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción contenido en el artículo 304 del Código de Trabajo, en cuyo caso el siniestro no será aceptado.”

Condiciones generales:

“Cláusula 38. Procedimiento en caso de siniestro

De conformidad con lo estipulado en el artículo 214 del Código de Trabajo, ante la ocurrencia de un accidente o enfermedad de trabajo, el Tomador del seguro deberá completar y presentar el formulario denominado “Aviso de accidente o enfermedad de trabajo y orden de atención médica”, vía electrónica por medio del sistema RT-Virtual o mediante el formulario físico dispuesto por el INS en la Red de Servicios de Salud del INS, detallada en la página www.grupoins.com en la información concerniente al Grupo INS.

Una vez presentado dicho formulario, el trabajador puede presentarse en el centro de salud del INS más cercano a su trabajo o lugar de residencia, para recibir las prestaciones médicas que le otorga el seguro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del citado código.

“Cláusula 39. Plazo para denunciar el siniestro

Sin embargo, si el siniestro se reporta posterior a ese plazo, se aplicará lo indicado en el artículo 304 del Código de Trabajo.”

Como se aprecia en las disposiciones antes transcritas, el Instituto determina que el aviso de accidente debe ser gestionado por el tomador del seguro, quien es definido de la siguiente manera:

“Persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, contrata el seguro y traslada los riesgos al asegurador, de conformidad con las condiciones establecidas para cada modalidad de seguro habilitada en esta Norma.

Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por la persona asegurada. Puede concurrir en el tomador la figura de persona asegurada y beneficiaria del seguro.”

En vista de que en materia del SRT, el obligado a contratar el seguro es el patrono, se puede establecer que el tomador es el empleador. Por consiguiente, ni la norma técnica ni las condiciones generales disponen que el trabajador pueda realizar el aviso de accidente.

Esta postura es el reflejo de una interpretación del artículo 214 del Código de Trabajo, según se identifica en la simple lectura de las disposiciones transcritas, y en el mismo sentido se tiene el criterio jurídico remitido con la consulta objeto de estudio.

Sin embargo, tal y como se indicó anteriormente, a criterio de este órgano asesor, el Código de Trabajo determina que el trabajador que ha sufrido un accidente laboral tiene el derecho de recibir las prestaciones del SRT, sin que ello se encuentre expresamente sujeto en la ley a la existencia previa de un aviso por parte del patrono.

Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no se verifica que el aviso de accidente tenga que ser realizado de forma exclusiva por parte del patrono, debido a que no hay previsión expresa que imponga este requisito.

Aunado a ello, nótese que a nivel reglamentario se prevé que la aseguradora pueda ser informada del accidente por medio del aviso del trabajador o del patrono.

De manera que, la determinación del aviso de accidente por parte del patrono es un requisito presente únicamente en las disposiciones del INS.

Ahora bien, no se debe desconocer que el legislador determinó la posibilidad de que el SRT sea administrado con base en criterios técnicos. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que dicho requisito responda a fundamentos técnicos; sin embargo, emitir un juicio y/o valoración al respecto resulta ajeno a las atribuciones de este órgano.

Finalmente, respecto a la aplicación supletoria de las disposiciones de la LRCS, específicamente el artículo 42, se estima que no resulta necesaria la integración normativa vía supletoriedad, ya que, como se indicó, a nivel reglamentario (Acuerdo SUGESE 04-10) se prevé que el aviso de accidente pueda ser realizado por el trabajador o el patrono, de manera que dentro del mismo esquema normativo del SRT es factible encontrar una solución al asunto, sin tener que recurrir a otras disposiciones.

VI. CONCLUSIONES

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría concluye:

1) El SRT es un derecho que constitucionalmente forma parte de la seguridad social.

2) El Título IV del Código de Trabajo es la norma que regula el SRT, en conjunto con el Reglamento General de Riesgo del Trabajo y las disposiciones que se hubiesen dictado en la administración del SRT conforme a bases técnicas.

3) Desde el punto de vista legal, no se verifica que el aviso de accidente tenga que ser realizado de forma exclusiva por parte del patrono, debido a que no hay previsión expresa que imponga este requisito.

4) Este requisito se encuentra determinado en la norma técnica y condiciones generales del INS. Cabe la posibilidad de que dicho requisito responda a fundamentos técnicos; sin embargo, emitir un juicio y/o valoración al respecto resulta ajeno a las atribuciones de este órgano.

Cordialmente,

Msc. Irene Bolaños Salas Licdo. Jeffry Josué Barahona Vargas

Procuradora Adjunta Abogado de la Procuraduría

IBS/jjbv/pes

PGR-C-096-2026