Dictamen : 078 - del 28/05/2026
28 de mayo de
2026
PGR-C-078-2026
Señora
Yamilet Quesada
Zúñiga
Alcaldesa
Municipalidad
Vásquez de Coronado
Estimada
señora:
Con aprobación
del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio AL-200-01507-2025 del 20 de noviembre del 2025,
mediante el cual solicita que nos refiramos a la siguiente interrogante:
¿Está la Municipalidad facultada para
entregar videos de las cámaras de seguridad del edificio municipal al personal
y a terceras personas sin que estas justifiquen un interés público legítimo y
calificado para acceder a dicha información?
En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, se acompaña la presente consulta del
criterio emitido por la Asesoría Legal de la Municipalidad de Vásquez de
Coronado.
I. NATURALEZA DE LAS
GRABACIONES DE VIDEOVIGILANCIA
Este órgano asesor ha
tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tratamiento de datos biométricos y
de imágenes en diversos dictámenes. En la opinión jurídica OJ-004-2021 del 8 de
enero de 2021, se señaló que la captación y utilización de datos biométricos o
imágenes faciales por parte de autoridades públicas implica una injerencia en
el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y se encuentra sujeta
al principio de reserva de ley y al test de proporcionalidad.
En igual sentido, en la
opinión jurídica OJ-027-2021 del 28 de enero de 2021, esta Procuraduría destacó
que cualquier sistema de almacenamiento o tratamiento masivo de datos
biométricos debe analizarse a la luz del artículo 24 constitucional y de la Ley
N.° 8968 del 7 de julio de 2011, Ley de Protección de
la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, exigiendo la
existencia de una finalidad legítima y garantías adecuadas.
Asimismo, en el dictamen
C-251-2021 del 2 de setiembre de 2021, se reiteró que los datos biométricos y
las imágenes que permiten identificar personas constituyen datos personales
protegidos y que su tratamiento debe ajustarse estrictamente a los principios
de legalidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad.
En consecuencia, las grabaciones provenientes de
cámaras de seguridad municipales constituyen datos personales en los términos
del artículo 3 inciso b) de la Ley N.° 8968, en tanto
permiten identificar o hacer identificable a una persona física. Asimismo, por
su naturaleza y finalidad, deben considerarse datos personales de acceso
restringido conforme al inciso d) del mismo artículo, dado que no forman parte
de bases de datos públicas de acceso general ni están destinadas a publicidad
irrestricta, sino que su utilización responde primordialmente a fines
institucionales vinculados a la seguridad y a la gestión administrativa.
Tampoco podemos decir que constituyen, por regla general, datos sensibles en
los términos del artículo 3 inciso e) de la citada ley, salvo que su contenido
revele información relativa al fuero íntimo de la persona o sean sometidas a un
tratamiento técnico específico orientado a la identificación automatizada
mediante mecanismos de reconocimiento facial u otras técnicas de análisis
biométrico.
Partiendo de la naturaleza jurídica de estas imágenes
captadas por cámaras de seguridad municipales, procederemos a analizar
jurídicamente la interrogante que se plantea.
II. MARCO CONSTITUCIONAL Y
LEGAL: PONDERACIÓN ENTRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
El artículo 24 de la
Constitución Política garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al
secreto de las comunicaciones. A partir de esta disposición, la Sala
Constitucional ha desarrollado el derecho fundamental a la autodeterminación
informativa, entendido como la facultad de toda persona de decidir quién,
cuándo, cómo y bajo qué circunstancias puede tener acceso a sus datos
personales. En la sentencia N.° 910-2009 de las 13:36
horas del 23 de enero de 2009, el Tribunal Constitucional indicó que este
derecho surge como respuesta al ambiente global de fluidez informativa y
constituye una ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad.
La Ley N.°
8968 del 7 de julio de 2011, Ley de Protección de la Persona frente al
Tratamiento de sus Datos Personales, establece como objetivo en su artículo 1,
garantizar el respeto a la autodeterminación informativa. El artículo 3 inciso
b) define los datos personales como cualquier dato relativo a una persona
física identificada o identificable, lo que comprende indudablemente las
imágenes captadas por sistemas de videovigilancia cuando permiten reconocer a
un individuo.
El artículo 4 de dicha ley
reconoce expresamente la autodeterminación informativa como derecho fundamental,
mientras que el artículo 5 consagra el principio de consentimiento informado
como regla general para el tratamiento y cesión de datos personales, salvo las
excepciones previstas en el artículo 8.
Por su parte, el derecho de
acceso a la información pública encuentra fundamento en los artículos 27 y 30
constitucionales y ha sido desarrollado por la Ley N.°
10554 del 23 de octubre de 2024, Ley Marco de Acceso a la Información Pública.
Su artículo 2 consagra el principio de transparencia y el principio de máxima
publicidad, según el cual toda información en poder de los sujetos obligados se
presume pública, salvo los límites de confidencialidad y privacidad previstos
en la Constitución y en la ley.
Como se observa, la propia
ley, en su artículo 2 inciso a), reconoce que la información puede estar sujeta
a límites derivados de la privacidad, lo que implica que el derecho de acceso
no es absoluto y debe armonizarse con otros derechos fundamentales.
La tensión entre el
principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 2 de la Ley N.° 10554 y el derecho a la autodeterminación informativa
reconocido en el artículo 4 de la Ley N.° 8968 debe
resolverse mediante un juicio de ponderación conforme al principio de
proporcionalidad, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia
constitucional.
Tal como ha indicado la
Sala Constitucional, los derechos fundamentales no son absolutos y pueden ser
objeto de limitaciones siempre que estas sean razonables, necesarias y
proporcionales. En el ámbito específico de datos personales, el artículo 8 de
la Ley N.° 8968 permite limitar los principios y
garantías cuando se persigan fines como la seguridad del Estado, la prevención
e investigación de infracciones, la adecuada prestación de servicios públicos o
la eficaz actividad ordinaria de la Administración. Señala dicho artículo:
“ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación
informativa del ciudadano
Los principios, los derechos y las
garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera justa, razonable y
acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los
siguientes fines:
a) La seguridad del Estado.
b) La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.
c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión
de las infracciones penales, o de las infracciones de la deontología en las
profesiones.
d) El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines
estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo
de que las personas sean identificadas.
e) La adecuada prestación de servicios públicos.
f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las
autoridades oficiales.”
De lo anterior se desprende
que la municipalidad puede acceder internamente a las grabaciones cuando ello
sea estrictamente necesario para el ejercicio de sus potestades públicas, por
ejemplo, en el marco de un procedimiento disciplinario, una investigación
administrativa o la atención de requerimientos judiciales, siempre que exista
correspondencia entre la finalidad de la videovigilancia y el uso posterior de
las imágenes, conforme al principio de adecuación al fin previsto en el
artículo 6 de la Ley N.° 8968. Sin embargo, el acceso por parte de
funcionarios municipales no puede considerarse irrestricto, sino que debe
limitarse a aquellos servidores públicos que, en razón de sus funciones,
requieran conocer las grabaciones para el ejercicio de sus competencias.
En cuanto a terceros, la
simple invocación del derecho de acceso a la información pública no resulta
suficiente para desplazar el derecho fundamental a la autodeterminación
informativa. Solo cuando el solicitante acredite un interés legítimo, directo y
jurídicamente relevante —por ejemplo, el ejercicio del derecho de defensa en un
procedimiento administrativo o judicial— podría considerarse admisible la
entrega, y aun así de manera parcial y limitada, aplicando técnicas de
disociación o anonimización respecto de personas no
involucradas, o bien limitaciones parciales de acceso.
En este sentido, resulta indispensable distinguir la
naturaleza de la solicitud planteada por el tercero. Si el solicitante requiere
acceso a una grabación en la cual él mismo aparece, la Municipalidad está en la
obligación de garantizarle el acceso a sus propios datos personales. No
obstante, en estricta salvaguarda de los derechos a la intimidad y a la propia
imagen de otras personas que también pudiesen aparecer en la grabación, la
entrega debe condicionarse inexcusablemente a la aplicación de técnicas de anonimización o disociación (tales como la difuminación de
rostros) respecto de dichos terceros, salvo que la identificación de dichas
personas resulte necesaria para el ejercicio del derecho de defensa o para la
investigación de un hecho ilícito. Por el contrario, si el solicitante no
figura en el video requerido, resulta imperativo que acredite el interés
legítimo, directo y jurídicamente relevante mencionado supra.
Lo anterior no implica que las grabaciones
provenientes de sistemas de videovigilancia queden excluidas de toda
posibilidad de acceso por parte de terceros. En determinados supuestos
excepcionales podría existir un interés público relevante que justifique la
divulgación total o parcial de una grabación, por ejemplo cuando la información
resulte necesaria para el control democrático de la actuación administrativa o
para la discusión de asuntos de evidente interés público. En tales casos, la
Administración deberá igualmente realizar un juicio de ponderación entre el
principio de máxima publicidad y los derechos fundamentales a la
autodeterminación informativa y a la propia imagen de las personas
involucradas, valorando la posibilidad de aplicar mecanismos de disociación, anonimización o limitación del acceso que permitan
satisfacer el interés público sin generar una afectación desproporcionada a los
derechos de terceros.
Debe agregarse que la eventual entrega de grabaciones
no solo involucra el derecho a la autodeterminación informativa, sino también
el derecho a la propia imagen, reconocido por la jurisprudencia constitucional
como una manifestación autónoma de los derechos de la personalidad derivados
del artículo 24 de la Constitución Política y del principio de dignidad humana.
Asimismo, la Sala Constitucional ha señalado que la imagen constituye un
atributo personalísimo cuya captación, reproducción o difusión requiere
fundamento jurídico suficiente y respeto al principio de proporcionalidad,
incluso cuando la captación ocurra en espacios de acceso público. De ahí que la
comunicación de una grabación a terceros implique un eventual acto de difusión
de la imagen de personas identificables, lo cual intensifica el estándar de
protección constitucional y refuerza la necesidad de una valoración individualizada
y motivada de cada solicitud (ver las
sentencias 2533-93 de las 10:03 del 4 de junio de 1993, 1441-96 de las 16:15
horas del 27 de marzo de 1996, 2007-12959 de las 10:22 horas del 7 de setiembre de 2007, 2014-11715 de las 9:05 horas del 18 de julio
de 2014, 2001-09250 de las 10:22 horas del 14 de setiembre de
2001, entre otras).
En esa línea, el artículo 47 del Código
Civil, dispone:
“ARTÍCULO 47.- La fotografía o la imagen de una persona no puede ser
publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su
consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la
notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de
justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos,
acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.
Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes
discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas,
expuestas ni vendidas en forma alguna.”
Como se observa,
el Código Civil contiene excepciones a la regla de contar con el consentimiento
del titular del derecho para poder captar su imagen, en los supuestos donde se
evidencia una notoriedad de la persona, por la función pública que desempeñe
(resolución No. 2014-11715 de la Sala Constitucional), las necesidades de
justicia o de policía a propósito de una investigación y cuando la grabación se
relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que
tengan lugar en público.
Lo anterior adquiere especial relevancia cuando en las
grabaciones aparecen terceras personas no vinculadas con el interés invocado,
pues la eventual difusión de su imagen podría constituir una afectación
ilegítima de sus derechos fundamentales, lo que obliga a valorar mecanismos de
disociación o limitación parcial del acceso, especialmente porque una vez
entregada la grabación, la Administración pierde control sobre su eventual
reproducción o difusión, lo cual puede agravar la afectación a los derechos de
las personas captadas.
Por tanto, en aplicación
del principio pro persona consagrado en el artículo 2 inciso p) de la Ley N.° 10554, la interpretación de las normas de transparencia
debe realizarse de manera armónica con la dignidad humana y el respeto de los
derechos fundamentales, evitando soluciones que sacrifiquen indebidamente la
esfera informacional de los individuos.
En este orden de ideas,
debe señalarse que la eventual entrega de grabaciones provenientes de sistemas
de videovigilancia no constituye una actuación automática ni reglada en sentido
estricto, sino una decisión administrativa que implica resolver una colisión
concreta entre derechos fundamentales: por un lado, el derecho de acceso a la
información pública, derivado de los artículos 27 y 30 de la Constitución
Política y desarrollado por la Ley N.° 10554 y, por
otro, el derecho a la autodeterminación informativa, reconocido en el artículo
24 constitucional y desarrollado por la Ley N.° 8968.
El artículo 11 de la
Constitución Política consagra el principio de legalidad, conforme al cual los
funcionarios públicos están sujetos a la Constitución y a la ley, y son
responsables por el ejercicio indebido de sus competencias. En concordancia con
ello, los artículos 11 y 190 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública establecen que todo acto administrativo debe estar
debidamente motivado cuando afecte derechos subjetivos o intereses legítimos.
La motivación no es un requisito meramente formal, sino una garantía sustantiva
que permite verificar que la Administración actuó dentro del marco jurídico y
que ponderó adecuadamente los derechos en juego.
Esto
implica que, ante una solicitud de acceso que involucre datos personales, la
Administración no puede limitarse a afirmar la presunción de publicidad ni a
invocar de forma abstracta la protección de datos, sino que debe realizar un
análisis concreto de las circunstancias del caso.
De lo anterior se desprende
que la decisión de entregar o denegar el acceso a una grabación constituye un
acto administrativo individualizado que incide directamente en derechos
fundamentales de terceros identificables, razón por la cual debe ser
formalizado mediante acto motivado, en el que se explicite: a) la naturaleza de
la información solicitada; b) el derecho o interés invocado por el solicitante;
c) la finalidad legítima que podría justificar la cesión; d) el análisis de
idoneidad y necesidad de la medida; y e) la eventual aplicación de mecanismos
de limitación o disociación de datos. Solo a través de esta motivación expresa
puede garantizarse el control jurisdiccional posterior y el respeto efectivo
del principio de legalidad y de responsabilidad administrativa.
En consecuencia, la
exigencia de que toda decisión de entrega se formalice mediante acto
administrativo motivado no constituye una formalidad adicional, sino una
derivación directa del principio de legalidad, del deber de motivación de los
actos que afectan derechos fundamentales y de la obligación de realizar un
juicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información pública y el
derecho a la autodeterminación informativa, conforme a la Ley N.° 8968, la Ley N.° 10554 y la
jurisprudencia constitucional.
III. CONCLUSIONES
De conformidad con el marco
constitucional, legal y jurisprudencial expuesto, esta Procuraduría concluye
que:
a) Las grabaciones
provenientes de cámaras de seguridad municipales constituyen datos personales
protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política y por la Ley N.° 8968.
b) Dichas grabaciones no
son información pública de acceso irrestricto y se encuentran sometidas a los
principios de consentimiento, finalidad, calidad, necesidad y proporcionalidad
establecidos en la Ley N.° 8968.
c) La Municipalidad no está
facultada para entregar videos de sus cámaras de seguridad a funcionarios o
terceros de manera irrestricta. Su eventual entrega únicamente puede
justificarse cuando exista una finalidad legítima y proporcional vinculada al
ejercicio de potestades públicas, cuando el solicitante acredite un interés
jurídico directo y relevante, o cuando
concurran razones de interés público suficientemente calificadas,
debiendo aplicarse, cuando corresponda, mecanismos de limitación, disociación o
anonimización de datos personales de terceros.
d) Toda decisión de entrega
deberá formalizarse mediante acto administrativo motivado, en el cual se
realice un juicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información
pública y el derecho a la autodeterminación informativa, conforme a la Ley N.° 8968, la Ley N.° 10554 y la
jurisprudencia constitucional citada.
Atentamente,
Silvia Patiño Cruz
Procuradora
SPC/jill
Cód. 16405-2025
PGR-C-078-2026
AUTODETERMINACIÓN
INFORMATIVA. PROTECCIÓN DE DATOS. DERECHO A LA IMAGEN. GRABACIONES DE CÁMARAS
DE SEGURIDAD. CONSENTIMIENTO. INTERÉS PÚBLICO. INTERÉS JURÍRICO RELEVANTE.
MOTIVACIÓN DEL ACTO.
La señora Yamilet Quesada Zúñiga, Alcaldesa
de la Municipalidad Vásquez de Coronado solicita que nos refiramos
a la siguiente interrogante:
¿Está la Municipalidad
facultada para entregar videos de las cámaras de seguridad del edificio
municipal al personal y a terceras personas sin que estas justifiquen un
interés público legítimo y calificado para acceder a dicha información?
Mediante
dictamen PGR-C-078-2026 del 28 de
mayo de 2026, suscrito por la procuradora Silvia Patiño
Cruz, se llegó a las siguientes conclusiones:
a) Las grabaciones provenientes de cámaras de seguridad municipales constituyen datos personales protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política y por la Ley N.° 8968.
b) Dichas grabaciones no son información pública de acceso irrestricto y se encuentran sometidas a los principios de consentimiento, finalidad, calidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley N.° 8968.
c) La Municipalidad no está facultada para entregar videos
de sus cámaras de seguridad a funcionarios o terceros de manera irrestricta. Su
eventual entrega únicamente puede justificarse cuando exista una finalidad
legítima y proporcional vinculada al ejercicio de potestades públicas, cuando
el solicitante acredite un interés jurídico directo y relevante, o cuando concurran razones de interés público
suficientemente calificadas, debiendo aplicarse, cuando
corresponda, mecanismos de limitación, disociación o anonimización
de datos personales de terceros.
d) Toda decisión de entrega deberá formalizarse mediante acto administrativo motivado, en el cual se realice un juicio de ponderación entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, conforme a la Ley N.° 8968, la Ley N.° 10554 y la jurisprudencia constitucional citada.