Opinión Jurídica : 050 - del 13/04/2026

13 de abril de 2026

PGR-OJ-050-2026

 

Señora

Daniella Agüero Bermúdez

Jefa de Área

Área de Comisiones Legislativas VII

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio N° AL-CPEDIS-0347-2026 de fecha 11 de febrero de 2026, mediante el cual se requiere nuestra opinión sobre el proyecto denominado “LEY PARA EL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MÍNIMO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, que actualmente se tramita bajo el expediente N.º 25.319.

 

En orden a dicho oficio, valga acotar que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Procuraduría General, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

 

 

I.-         MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

 

            Esta iniciativa se fundamenta en una serie de aspectos, siendo el primero de ellos el hecho de que el Estado costarricense, desde 1996, ha reconocido sus obligaciones en orden al desarrollo integral de las personas con discapacidad como asunto de interés público (art. 1, Ley n.º 7600). La motivación hace énfasis en cuanto a las funciones de las municipalidades del país.

 

            Por otra parte, se hace una explicación acerca de la naturaleza, rol y situación de los

Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD), los cuales atienden a personas mayores de 21 años que requieren apoyos prolongados o permanentes, con programas de educación especial, terapias, habilidades para la vida, inclusión ocupacional y social.

 

Estos centros son de naturaleza privada sin fines de lucro, pero cuentan con apoyos estatales del MEP, particularmente en cuanto al subsidio de personal. La oferta de estos organismos se ha expandido mediante alianzas público-comunitarias (MEP–CONAPDIS–IMAS–asociaciones), con evidencia de impacto en autonomía personal y participación social.

 

No obstante, se aduce que la financiación operativa no cubierta por el MEP (infraestructura, alimentos, transporte, terapias complementarias, materiales, servicios básicos, apoyos personales) depende de donaciones, bingos, convenios y subvenciones locales ad hoc, generando brechas y discontinuidad en la prestación.

 

Así, este proyecto propone justificar un destino municipal específico (1%), que provea un apoyo continuo, atendiendo costos operativos y de inclusión local (transporte accesible, adaptaciones, alimentación, redes de apoyo). De esa forma, se argumenta que un mandato municipal estable y porcentual evita la competencia anual por recursos discrecionales y mejora la predictibilidad.

 

En cuanto al tema de la regla fiscal, se afirma que el propio ordenamiento reconoce destinos específicos protegidos en materia social (p. ej. FODESAF) y que la Sala Constitucional ha defendido el cumplimiento íntegro de esos destinos, incluso frente a restricciones coyunturales, por su relación con derechos fundamentales.

 

Así, este proyecto pretende que, por analogía y técnica legislativa, el 1% municipal a los CAIPAD se configura como “destino específico social prioritario” dentro del régimen municipal, con su propio artículo de excepción/ajuste para que no sea comprimido por la regla fiscal.

 

 

II.-       SOBRE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SUS DIPUTADOS.

 

De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (N° 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.

 

Para esos efectos, la Asamblea Legislativa es considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.

 

Pese a lo anterior –y a que no existe previsión legal al efecto–, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formulan la Asamblea Legislativa y sus Diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye.  De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.

 

Tal y como hemos indicado en múltiples ocasiones, esta forma de colaboración no prevista en la Ley tiene como objeto contribuir al mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias. Ello, mediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico.

 

No obstante, dicho asesoramiento no puede desnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría ni mediatizar su función, al punto de impedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración Pública. Así, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de la consulta que se formule. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de agosto de 2018, C-1012019 de 5 de abril de 2019, C-071-2020 de 2 de marzo de 2020, C-145-2020 de 20 de abril de 2020, PGR-C-262-2023 de 12 de diciembre de 2023, entre otros). 

 

Bajo ese entendido, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios a la Asamblea Legislativa y sus Diputados no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas, puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005, OJ-53-2010 de 9 de agosto de 2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de agosto de 2018, C-101-2019 de 5 de abril de 2019, PGR-C318-2021 de 23 de noviembre de 2021, PGR-C-262-2023 de 12 de diciembre de 2023, entre otros).

 

 

        III.       SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA

 

De conformidad con lo explicado en el apartado anterior, valga recordar que el artículo 5° de nuestra Ley Orgánica dispone que no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley. Y, por ello, uno de los requisitos de admisibilidad de las consultas es que éstas no versen sobre materias cuyo conocimiento sea competencia de otro órgano. 

 

Por esa razón, en múltiples ocasiones hemos dispuesto que la Procuraduría no puede rendir su criterio sobre materias reservadas, legal y constitucionalmente, a la Contraloría General de la República. Al respecto, hemos señalado:

 

“En relación con el asunto consultado, el Órgano Asesor es incompetente para emitir un dictamen, en vista de que estamos frente a un asunto en el cual la Contraloría General de la República ejerce una competencia prevalente, exclusiva y excluyente. Como es bien sabido, de conformidad con el artículo 184 constitucional y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es a este Órgano que le corresponde pronunciarse sobre aquellos asuntos donde está de por medio el uso correcto de los fondos públicos y la materia presupuestaria, así como sobre la materia de contratación administrativa. En este sentido, este Órgano Asesor, en varios dictámenes, ha seguido esta línea de pensamiento. En efecto,  en las opiniones jurídicas OJ-016-98 del 6 de marzo de 1998 y OJ-083-98 del 2 de octubre de ese mismo año, expresamos que la Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la Hacienda Pública y legislativamente, de conformidad con su Ley Orgánica, artículos  4 y 12,  por lo que los criterios que emite son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública, lo cual se ve claramente plasmado en el citado artículo 12 que establece: La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplados en esta ley. Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquier otra disposición de los sujetos pasivos que se le opongan.” (Dictamen no. C-339-2005 de 30 de setiembre de 2005. La negrita no corresponde al original. En igual sentido dictámenes nos. C-071-2009 de 13 de marzo del 2009, C-219-2014 de 18 de julio de 2014, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016, C-045-2020 de 10 de febrero de 2020, PGR-C-146-2023 de 31 de julio de 2023, entre muchos otros).

 

En consecuencia, teniendo en cuenta la materia sobre la cual versa el proyecto consultado –y a la luz de una mejor ponderación que ya dejamos establecida desde la emisión de nuestros pronunciamientos números PGR-C-067-2024 y PGR-C-068-2024, ambos de fecha 22 de abril de 2024, en congruencia con la posición que hemos sostenido desde larga data, por vía de dictámenes–,[1] lo apegado al marco de nuestras competencias es que no rindamos un criterio, aún y cuando sea mediante una opinión jurídica no vinculante, sobre materias que están reservadas por ley a otros órganos del Estado.

 

En otras palabras, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Ley Orgánica, no es posible emitir el criterio solicitado sobre textos normativos o proyectos de ley relacionados con materias –como la materia presupuestaria–, para las cuales la ley ha previsto otras instancias consultivas. 

 

En esta ocasión, se advierte que el objeto fundamental del proyecto es obligar a las municipalidades a destinar un 1% de su presupuesto a estos centros de atención[2], como un destino específico. En ese sentido, indudablemente estamos ante una decisión con directo impacto en el presupuesto de las municipalidades, cuya formulación y ejecución es fiscalizada por la Contraloría General de la República, de ahí que el criterio técnico más adecuado lo habrá de rendir dicho órgano contralor.

 

Igualmente, resulta de suyo relevante el criterio de la Contraloría desde el punto de vista técnico, en cuanto a la terminología que utiliza el proyecto, pues en una parte habla de presupuesto total inicial (ingresos corrientes como los de capital definidos al inicio del ejercicio) y en otra de presupuesto ordinario (estimación de ingresos para el año siguiente, presentado antes del 30 de setiembre), de tal suerte que se requiere unificar la terminología técnica con el fin de armonizar la base de cálculo y evitar ambigüedades en la fase de ejecución y fiscalización.

 

Lo anterior, sin perjuicio de que podamos rendir una opinión jurídica sobre temas que, aunque relacionadas con un proyecto atinente a ese tipo de materia, versen a su vez sobre otros tópicos en los cuales sí ejercemos nuestra competencia consultiva. En esa medida, cabe en este caso hacer algunas observaciones sobre el contenido de las normas propuestas, tal como pasamos a exponer en el siguiente apartado.

 

 

IV.       ALGUNAS OBSERVACIONES PUNTUALES SOBRE EL PROYECTO

 

Como ya hemos señalado en otras ocasiones, las normas legales que, con base en razones de oportunidad y conveniencia –o implementación de políticas públicas– dispongan una determinada distribución de recursos económicos, claramente obedecen a un criterio discrecional del legislador, de tal suerte que ello desborda aspectos estrictamente jurídicos, que es el análisis compete realizar a esta Procuraduría General.

 

No obstante, igual hemos señalado que sí cabe efectuar observaciones en orden a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que se trata de principios jurídicos de rango constitucional, razón por la cual deben ser respetados por toda norma legal.[3]

 

Desde ese punto de vista, en orden a esta iniciativa, estimamos que debe tomarse en cuenta que se estaría imponiendo a todas las municipalidades un gasto obligatorio del 1% de su presupuesto, como destino específico de carácter social a favor de los CAIPAD del cantón. Ante ello, cabe advertir que la Contraloría General de la República ha sostenido la posición de que la creación de destinos específicos debe ser excepcional para no vaciar de contenido la autonomía de gestión de los gobiernos locales. En este caso, con el agravante de que no se indica la fuente de financiamiento, sino que únicamente se impone la obligación económica para todos los gobiernos locales, a pesar de que éstos deben atender un sinnúmero de obligaciones de diversa índole en el cantón.

 

Así, estimamos que debe sopesarse la razonabilidad y proporcionalidad de esta iniciativa, pues además se trataría de una obligación impuesta por igual a todos los cantones, cuando es bien sabido que entre ellos existen realidades y posibilidades económicas muy diferentes. Ello podría implicar que para algunos cantones destinar un 1% del total de sus recursos –que puede resultar una carga muy considerable– únicamente para el destino específico de este este proyecto, sin considerar si realmente habrá disponibilidad de recursos, podría a la postre aparejar una desmejora o impacto negativo en muchos otros servicios que están obligadas a prestar las municipalidades.

 

En efecto, muchas de ellas en la actualidad ya enfrentan serias dificultades y limitaciones de gestión para lograr atender las obligaciones y funciones que ya el ordenamiento jurídico les encarga e impone, de tal suerte que una iniciativa como la consultada –sin perjuicio de los fines loables que persigue–, puede constituirse en una imposición que desborde los límites de los principios mencionados, al no dejar margen discrecional alguno para realizar una asignación de fondos razonable y proporcionada a la realidad presupuestaria de cada año.

 

 Lo anterior, tomando en cuenta que el Código Municipal ya encarga a los gobiernos locales funciones relacionadas con la atención de la población con discapacidad[4], principalmente el inciso t) del artículo 13 (funciones del Concejo Municipal), de reciente adición, y que reza lo siguiente:

 

 

“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: 

(…)

 

t) Acordar, si se estima pertinente, la creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad dentro de su jurisdicción territorial, así como su respectivo reglamento y su partida presupuestaria, para velar, desde el ámbito local, por una efectiva inclusión, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y de las personas en situación de discapacidad.

 

En caso de acordar su creación, esta oficina podrá articular y conjugar los fines y las funciones con la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), para cumplir las políticas que la municipalidad acuerde y para maximizar la ejecución de resultados, del presupuesto y del recurso humano asignado. Igualmente, podrá coordinar acciones cantonales en la materia con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).

 

Las municipalidades que acuerden crear las Oficinas de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad (Opamdis) podrán disponer, para su financiamiento, del total de los recursos que trasladan al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), según el artículo 10 de la Ley 9303, Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 2015, esto al tanto que estos recursos sean asignados a las Oficinas de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad (Opamdis).

 

Aquellas municipalidades que cuenten con oficinas independientes para atender discapacidad y adulto mayor, los recursos de los gobiernos locales que se giran al Conapdis se irán para la oficina de discapacidad o, en su efecto, a la que esté abierta. En todos los demás casos las municipalidades que abran sus oficinas municipales de discapacidad y adulto mayor, conforme a la Ley 10046, dirigirán sus recursos a atender ambas poblaciones.

 

No obstante, aquellas municipalidades que no cuenten con una Oficina de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad (Opamdis) deberán trasladar el cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de los recursos que aportan al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9303, Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 2015.

 

Esta oficina deberá rendir un informe de gestión anual ante el Concejo Municipal, sobre la ejecución del presupuesto asignado, así como del cumplimiento de las metas establecidas.” (énfasis agregado)

 

(Así adicionado el inciso t) anterior por el artículo único de la ley N° 10046 del 15 de noviembre del 2022, "Crea la oficina de la persona adulta mayor y de personas en situación de discapacidad en las Municipalidades")

 

(Así reformado el inciso t) anterior por el artículo 1° de la Ley para el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la persona adulta mayor y persona con discapacidad, N° 10546 del 16 de octubre de 2024)

 

Lo anterior, en relación con el ordinal 9 de la Ley 9600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad), que establece lo siguiente:

 

“ARTICULO 9.-

Gobiernos locales Los gobiernos locales apoyarán a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad.”

 

 

La necesidad de un obligado análisis desde el punto de vista de la razonabilidad se acentúa aún más tomando en cuenta que el proyecto incluye las siguientes normas, de consecuencias económicas y presupuestarias sumamente gravosas:

 

“ARTÍCULO 9-      No sustitución de obligaciones legales

Este financiamiento no exime a las municipalidades de otras obligaciones en accesibilidad, inclusión y servicios locales derivados de la Ley 7600 y normativa asociada.

 

ARTÍCULO 10-      Sanciones y correctivos

El incumplimiento de la inclusión del 1% en el presupuesto o del giro correspondiente será objeto de apercibimiento por la CGR, en los términos de las normas técnicas sobre presupuesto y podrá dar lugar a improbación parcial del presupuesto, sin perjuicio de responsabilidades.”

 

            Asimismo, y en relación con la sana administración de la Hacienda Pública que siempre debe efectuarse en los presupuestos municipales, y tomando en cuenta las múltiples obligaciones que deben atenderse –frente a lo cual los recursos siempre resultan limitados– debe también valorarse la norma transitoria II contenida en el proyecto, que puede eventualmente propiciar una reserva de gran cantidad de fondos que podrían quedar sin uso, lo cual –nuevamente insistimos–, debe sopesarse cuidadosamente a la luz del principio de razonabilidad. Dicha norma del proyecto señala lo siguiente:

 

“TRANSITORIO II-          Cantones sin Caipad

 

En cantones sin Caipad, el 1% quedará reservado en una cuenta específica y se podrá:

 

a)       Suscribir convenio con el Caipad del cantón colindante, para atención de su población, o

b)       cofinanciar la instalación de un Caipad en el cantón, en coordinación con el MEP y Conapdis.” (el subrayado es nuestro)

 

 

Por otra parte, vemos que mediante el artículo 12 del texto propuesto se pretende adicionar un artículo 30 bis) a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el fin de excluir estos fondos de los límites de crecimiento del gasto, aspecto que resulta muy delicado porque este tipo de exclusiones tienden a debilitar la eficacia de la regla fiscal como instrumento de sostenibilidad financiera.

 

Precisamente sobre el sentido y alcance de esta regla, hemos señalado que “la tensión presupuestaria generada por la regla fiscal debe entenderse como lo que es, la consecuencia de una medida de contención del gasto público y de saneamiento del deteriorado estado de las arcas públicas en aras de garantizar la sostenibilidad y la existencia misma del aparato estatal, sin el que quedarían desatendidos esenciales fines constitucionales (seguridad, administración de justicia, infraestructura y obra pública, etc.), así como la satisfacción de los derechos fundamentales de una gran parte de la población (salud, educación, entre otros).”[5]

 

A la luz de lo anterior, y respecto de iniciativas de ley con esa misma pretensión, en anteriores ocasiones hemos expresado lo siguiente:

 

“Otro aspecto a considerar del proyecto es la exclusión del Fondo para Bienestar Animal de la aplicación de la regla fiscal -art. 9 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635- que, como medida de contención y sostenibilidad del gasto público, abandona la política presupuestaria que decidió el legislador en su momento.

 

Por regla de principio, la implementación de la regla fiscal no es exclusiva de un subsector o grupo de instituciones determinadas, sino que atañe a todo el Sector Público no financiero, tal y como lo dispone el artículo 5 de la Ley No. 9635.

 

Aun reconociendo un innegable ámbito de discrecionalidad legislativa para considerar, por diversas razones, iniciativas singulares para exceptuar instituciones o programas particulares de la aplicación de la regla fiscal, que ya suman varias leyes aprobadas, debe advertirse que ello puede erosionar el efecto potencial de aquella herramienta, al propiciar un debilitamiento de la disciplina, sostenibilidad y responsabilidad fiscales que permiten estabilizar y reducir progresivamente la deuda pública, así como evitar recortes abruptos en el gasto público que puedan truncar con la continuidad de la prestación de los servicios públicos. (PGR-OJ-036-2023 del 27 de marzo de 2023)

 

            Por tal razón, estimamos que se trata de un aspecto que igualmente debe ser valorado cuidadosamente, en orden al sano manejo de las finanzas públicas.

V.        CONCLUSIÓN

 

En la forma expuesta se deja rendido el criterio sobre el proyecto de ley consultado, cuya aprobación es de resorte exclusivo de dicho Parlamento, al tratarse de materia que está sometida a su discrecionalidad.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones que hemos dejado planteadas sobre el contenido de la propuesta.

 

De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

 

 

 

 

                                                            Andrea Calderón Gassmann             

                                                            Procuradora

 

 

ACG/nmm

Cod.1723-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

PGR-OJ-050-2026

 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD). PRESUPUESTO MUNICIPAL. DESTINOS ESPECÍFICOS. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS. PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

                                                                                  

La Asamblea Legislativa consultó nuestra opinión sobre el proyecto denominado “LEY PARA EL FINANCIAMIENTO MUNICIPAL MÍNIMO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, que actualmente se tramita bajo el expediente N.º 25.319.

 

Mediante opinión jurídica PGR-OJ-050-2026 del 13 de abril de 2026 suscrita por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, evacuamos la consulta indicando que se pretende imponer un destino específico, por lo que estamos ante una decisión con directo impacto en el presupuesto de las municipalidades, de ahí que el criterio técnico más adecuado lo habrá de rendir la Contraloría General.

 

No obstante, realizamos una serie de observaciones. Si bien las normas legales que, con base en razones de oportunidad y conveniencia –o implementación de políticas públicas– dispongan una determinada distribución de recursos económicos, claramente obedecen a un criterio discrecional del legislador, sí cabe efectuar observaciones en orden a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Debe tomarse en cuenta que se estaría imponiendo a todas las municipalidades un gasto obligatorio del 1% de su presupuesto, como destino específico de carácter social a favor de los CAIPAD del cantón, siendo que la creación de destinos específicos debe ser excepcional para no vaciar de contenido la autonomía de gestión de los gobiernos locales. En este caso, con el agravante de que no se indica la fuente de financiamiento. Tampoco se tomó en cuanta que entre los cantones existen realidades y posibilidades económicas muy diferentes, lo que podría a la postre aparejar una desmejora o impacto negativo en muchos otros servicios que están obligadas a prestar las municipalidades.

Tampoco se tomó en cuenta que el Código Municipal ya encarga a los gobiernos locales funciones relacionadas con la atención de la población con discapacidad, principalmente el inciso t) del artículo 13 (funciones del Concejo Municipal), de reciente adición. Lo anterior, en relación con el ordinal 9 de la Ley 9600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad). La necesidad de un obligado análisis desde el punto de vista de la razonabilidad se acentúa aún más tomando en cuenta que el proyecto incluye normas de consecuencias económicas y presupuestarias sumamente gravosas (artículos 9 y 10).

También valorarse la norma transitoria II contenida en el proyecto, que puede eventualmente propiciar una reserva de gran cantidad de fondos que podrían quedar sin uso. Mediante el artículo 12 se pretende excluir estos fondos de los límites de crecimiento del gasto, aspecto que resulta muy delicado porque este tipo de exclusiones tienden a debilitar la eficacia de la regla fiscal como instrumento de sostenibilidad financiera.