Opinión Jurídica : 026 - del 16/02/2026
16
de febrero de 2026
PGR-OJ-026-2026
Señora
Nancy
Vílchez Obando
Jefa
de Área
Área
de Comisiones Legislativas V
Asamblea
Legislativa
Estimada
señora:
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio N° AL-CE23120-0389-2025 fechado 10
de marzo de 2025, mediante el cual se requiere nuestra opinión sobre el
proyecto denominado “ADICIÓN DE UN
TRANSITORIO XII A LA LEY 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA
DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE MAYO DE 2016”, que actualmente
se tramita bajo el expediente N°
24.698.
Valga acotar
que hemos tenido
a la vista el texto sustitutivo del proyecto incorporado al expediente, aprobado en
sesión 41 celebrada el 15 de octubre de 2025.
Debemos
señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor únicamente está
facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los criterios legales
que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente, la Asamblea
Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en ejercicio de
potestades administrativas, pero no cuando se trata del ejercicio de su función
legislativa.
A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración hemos acostumbrado evacuar
las consultas que formulan
la Asamblea Legislativa y sus diputados, atendiendo a la importante
labor que desempeñan, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no
vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con la función de
control político.
Asimismo, es relevante indicar
que el plazo de ocho días concedido
no vincula a esta
Procuraduría General, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los
supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta
al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder
Judicial o una institución autónoma).
I.- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
Relata la exposición de
motivos que la situación de emergencia en Costa Rica, particularmente en la
Zona Sur, ha alcanzado niveles críticos debido a la intensificación de las
lluvias y las inundaciones, que han afectado gravemente a diversas comunidades,
dejando una estela de destrucción en su paso.
Se señala que, según la
Comisión Nacional de Emergencias (CNE), hasta el 13 de noviembre de 2024, un
total de 1440 personas se encontraban en albergues, con un enfoque especial en
los cantones más golpeados, que han experimentado inundaciones severas.
Se agrega
que la Zona Sur, que incluye los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto
Brus, Buenos Aires y Puerto Jiménez, ha sido la región más afectada por las
lluvias intensas, que han generado desbordamientos de ríos, anegamiento de
viviendas y carreteras y desplazamientos de familias hacia albergues. Se relata que, en solo un día, se
registraron 36 incidentes relacionados con inundaciones en estos cantones, lo
que resalta la magnitud del desastre y la urgencia de una respuesta
institucional. Se menciona que la CNE ha establecido 7 albergues en la Zona
Sur, donde más de 250 personas se han refugiado para salvaguardar su integridad
ante la creciente amenaza de las lluvias.
A partir de
lo anterior, se apela a que los recursos generados por la gestión del Depósito Libre Comercial de Golfito pueden ser destinados de manera urgente a proyectos de infraestructura, asistencia humanitaria y apoyo
directo a las comunidades afectadas.
De ese modo,
el fin de la iniciativa es que se traslade el superávit específico a las
municipalidades que pertenecen a JUDESUR, con el fin de que obtengan los fondos
necesarios para su atención. Se aduce que esos recursos servirán no solo para
atender la emergencia inmediata, sino también
para impulsar la rehabilitación y
reconstrucción de las zonas afectadas, permitiendo que las comunidades recuperen
sus medios de vida y sus condiciones de bienestar.
Bajo ese entendido, se propone el siguiente texto1:
ADICCIÓN DE UN
TRANSITORIO XII A LA LEY 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA
DE PUNTARENAS (JUDESUR), DEL 30 DE ABRIL DEL 2020
ARTÍCULO
ÚNICO- Se adiciona un transitorio XII a la Ley 9356, Ley Orgánica
de la Junta de Desarrollo Regional de La Zona Sur de la Provincia
de Puntarenas (JUDESUR), de 30 de abril del 2020. El texto será el siguiente:
TRANSITORIO XII - Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se
autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para que
traslade un total de tres mil millones de colones provenientes del superávit
específico y que sea distribuido de manera equitativa a las municipalidades de
influencia de JUDESUR (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires, Coto Brus y
Puerto Jiménez), con el fin de destinarlos a la atención de la emergencia
nacional contemplada en el Decreto Ejecutivo N. 44754-MP.
Lo
anterior sin perjuicio de otras ayudas, subsidios e inversiones que destinen el
Gobierno de la República y cualquier otra institución para la atención
de la población afectada a consecuencia de la emergencia nacional
contemplada en el Decreto Ejecutivo N. 44754-MP, en estos cantones.
JUDESUR deberá formular
un presupuesto extraordinario que incluya los recursos a transferir en el presente
transitorio y remitirlo, en un plazo no
mayor a diez días hábiles
después de la entrada en vigor de esta ley, para
la aprobación de la Contraloría General de la República.
Las Municipalidades
ejecutoras de los recursos deberán incluir las partidas correspondientes
en un presupuesto extraordinario para ulterior aprobación de la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor a diez días hábiles luego de la aprobación del presupuesto extraordinario de JUDESUR, elaborado para estos
efectos.
La ejecución de los recursos señalados en este transitorio deberá responder a una adecuada planificación y programación conforme a la atención de las emergencias provocadas y no podrán
ser utilizados al pago de planillas ni contrataciones de personal de ninguna índole, salvo a personal por servicio
especial para la edificación, construcción o reparaciones ligadas a la
emergencia contemplada en el Decreto Ejecutivo N. 44754-MP, esto en concordancia al artículo 46 de la ley 10149 “Ley Marco de Empleo Público”.
II.
OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO
DE LEY CONSULTADO
Si bien es entendible el
buen propósito que persigue esta iniciativa, como puede observarse, se propone
otorgar una autorización legal para disponer de altas sumas de dinero, razón por
la cual estimamos que la discusión
y aprobación de una habilitación
legal de esta naturaleza debe ser abordada cuidadosamente y debe responder
–como hemos expresado ante propuestas similares– a estudios
técnicos y financieros que sustenten en la
debida forma una disposición de fondos como la pretendida con esta iniciativa
de ley.
No obstante,
en este caso no se citan o brindan datos económicos que sustenten y respalden
la viabilidad y razonabilidad de una disposición patrimonial de esta naturaleza.
Incluso, no se analiza ni se aborda el tema de la ejecución de fondos prevista en el transitorio
IV de esa misma ley, lo cual constituye un elemento fundamental para
saber si existe una verdadera disponibilidad de fondos en el superávit
específico para ser destinados a esta nueva iniciativa, e incluso, debe
sopesarse si con la adición de un nuevo transitorio en los términos propuestos
eventualmente se estarían dejando sin cubrir otros fines ya previamente fijados
por el legislador que deben atenderse con esos mismos recursos.
Igualmente,
estimamos que debe valorarse la oportunidad y razonabilidad de este tipo de
iniciativas, así como su viabilidad, dado que se hace referencia a la
emergencia climática ocurrida a finales del año 2024, pero por razones del trámite que supone este tipo
de iniciativas legales, la futura
ejecución de esos fondos puede
no resultar necesariamente en una ayuda oportuna y
adecuada para tales fines. Esto último, cuando menos en la atención inmediata
de las personas afectadas por las inundaciones, aunque sí puede entenderse su
propósito en orden a la rehabilitación de infraestructura. En todo caso, la iniciativa no puntualiza ni refiere a cuál período
corresponderían esos recursos
del superávit a ser utilizado,
elemento que también resultaría conveniente valorar y determinar.
Llama
la atención que se propone un traslado equitativo de los fondos, pero no se
hace referencia concreta a las afectaciones que han sufrido cada uno de los
cantones que se verían beneficiados con esta inyección de recursos, de ahí que no pareciera
existir algún tipo de
certeza, con sustento técnico, acerca de si lo correcto sería hacer una
distribución igualitaria de los fondos para cada uno de los seis cantones
perjudicados. Si el concepto de distribución equitativa que contiene
la propuesta necesariamente debe estar relacionada con el mayor o menor grado
de afectación sufrido, lo correcto sería que la norma así lo especifique, para evitar cualquier
tipo de discusión o dificultad interpretativa al momento
de su futura aplicación.
Otro aspecto que estimamos
debe necesariamente formar parte de la discusión y análisis que se haga de este proyecto, es la capacidad de gestión de las municipalidades de la Zona Sur, quienes serían las beneficiarias de la
transferencia de fondos. En este punto, adquieren suma relevancia las
observaciones que ya ha expresado la Contraloría General de la República, en el sentido
de que el índice de Gestión
de Servicios Municipales de 2023 revela que las municipalidades de Osa y Coto Brus se encuentran en un nivel
inicial, mientras que las
municipalidades de Corredores, Buenos Aires y Golfito tienen un nivel básico.
Asimismo, la existencia de superávits específicos acumulados en algunas de esas
municipalidades podría reflejar deficiencias en su gestión2. Por ello,
compartimos la sugerencia de que se valore
la posibilidad de realizar transferencias parciales, condicionadas
a la
rendición de cuentas por parte de las municipalidades ante JUDESUR, con el propósito
de que esa Junta establezca criterios claros y transparentes para la
continuidad de las transferencias, garantizando así la responsabilidad y el
buen manejo de los recursos públicos.
Asimismo, estimamos de particular relevancia el criterio técnico
y financiero expuesto por la propia JUDESUR, en el
sentido de que los saldos del superávit se encuentran comprometidos en temas
fundamentales como lo es el mantenimiento de las instalaciones del Depósito
Libre de Golfito (incluyendo atención de órdenes sanitarias), aspecto
directamente relacionado con la posibilidad de mantener la empleabilidad que
generan las concesiones de los
locales comerciales en la región,
que es una de las mayores fuentes de empleo en la Zona Sur.
Otro aspecto que se rescata es el compromiso que existe con las comunidades de la región para
invertir en el Portafolio de Inversión en Obra Pública para proyectos de
desarrollo en los seis cantones de influencia de JUDESUR, que se realizó en
conjunto con las organizaciones de base social en mesas de trabajo
participativas donde se priorizó la inversión para cada cantón.
Por lo anterior, ha indicado JUDESUR
que privarla del superávit es a su vez dejar sin
recursos a la única institución que ha venido solventado necesidades de empleo, educación e inversión en obra pública en la región
de menor índice
de desarrollo, y poner en riesgo la continuidad del giro comercial del
negocio y la función social de la institución que le ha asignado el propio
legislador.
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2 Señala la
CGR que “En particular, según la
información digitada por esas
entidades a febrero de 2025 en el Sistema de Información
sobre Planes y Presupuestos el saldo de superávit específico acumulado en las
municipalidades de Osa, Coto Brus, Corredores, Buenos
Aires y Golfito fue de ₡1.783.280.385,89;
₡190.231.930,72; ₡1.303.443.751,67: ₡245.336.633,43 y ₡1.625.283.767,43, respectivamente.”
En tal sentido, como ya
hemos señalado en otras oportunidades3, es claro que una decisión legislativa relativa
a la disposición de fondos o el otorgamiento de beneficios económicos a favor de un sector
o hacia una determinada finalidad constituye una decisión
que fundamentalmente obedece
a criterios de oportunidad, conveniencia, justicia, así como al manejo de políticas públicas, en
este caso en el área socioeconómica.
Esas consideraciones no son
estrictamente de tipo técnico-jurídico, sino de carácter político-social, de ahí que se trata de una decisión discrecional del legislador sobre la cual a
esta Procuraduría no le corresponde rendir una opinión que estaría desbordando
nuestra competencia técnico-jurídica.
No obstante, lo que sí
atañe a un aspecto jurídico es el alcance y aplicación de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, que –como parámetros constitucionales–,
cobran importancia ante una disposición patrimonial (al respecto, puede verse
nuestra opinión jurídica N° PGR-OJ-135-2022 del 12 de octubre de 2022). Sobre
el particular, permítasenos traer a colación la siguiente cita jurisprudencial:
“Fue en la sentencia número 01739-92, de las once
horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos
noventa y dos, donde por primera
vez se intentó definir este principio, de la siguiente manera:
"La razonabilidad como parámetro de
interpretación constitucional. Pero
aún se dio un paso más en la tradición jurisprudencial anglo–norteamericana, al extenderse el concepto del debido
proceso a lo que en esa tradición se conoce como debido sustantivo o sustancial
–substantive due process of law–, que, en realidad, aunque no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó
un ingenioso mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados
Unidos para afirmar su jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal, pero que entre nosotros,
sobre todo a falta de esa necesidad, equivaldría sencillamente al
principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos,
o incluso privados, como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse,
no sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución,
sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual
implica,
a su vez, el cumplimiento de exigencias
3 Véase nuestra
opinión jurídica N° PGR-OJ-136-2023 de fecha 11 de diciembre
del 2023.
fundamentales de
equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas
éstas como idoneidad para realizar los fines propuestos, los principios
supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la Constitución.
De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran
para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes
y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por
su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la
Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad,
justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es
decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de
su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado
y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se
procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino
además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con
su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es,
como se dijo, la
proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos
o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre
los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos
otras limitaciones o cargas que las
razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables
para que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad."
La doctrina
alemana hizo un aporte importante al tema de la "razonabilidad" al
lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: legitimidad,
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla afirmando que ya
han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia constitucional:
"... La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no
debe estar, al menos, legalmente prohibido;
la idoneidad indica que la medida estatal
cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para
alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la
esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido
estricto dispone que aparte
del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella
no
debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido,
o sea, no le sea "exigible" al individuo ... (Sentencia de esta Sala número 03933-98,
de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho).”
Las
consideraciones expuestas en dicha sentencia brindan útiles elementos para
llevar a cabo un análisis de la norma propuesta. En efecto, tenemos que la
razonabilidad técnica impone, entre
otras cosas, que los medios seleccionados tengan una relación
real y sustancial con su objeto.
Igualmente, resulta de suyo importante retomar la idea de que la idoneidad indica que la medida estatal que se pretenda imponer deber ser
apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido.
A la luz de tan importantes parámetros, insistimos, como ya señalamos supra, en que una
disposición de fondos como la propuesta debe contar
necesariamente con un
respaldo o fundamento técnico,
que justifique y torne razonable
el monto previsto y el uso que se le
dará a esos recursos, tomando
en cuenta además
la capacidad de ejecución de los gobiernos locales, como mencionamos
líneas atrás.
Por último,
estimamos que debe tomarse en cuenta lo sucedido en la corriente legislativa
con la tramitación del expediente N° 24.759, denominado “ADICIÓN DE UN
TRANSITORIO XII A LA LEY 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA
DE PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE
MAYO DE 2016”, que, al igual que la
iniciativa aquí consultada, pretendía disponer del superávit de JUDESUR, proyecto
que recibió un dictamen negativo
de mayoría, de fecha 15 de octubre de 2025, y que también
recibió un criterio desfavorable por parte de la propia JUDESUR, razón
por la cual en fecha
11 de febrero recién pasado se dispuso el archivo del expediente.
Estimamos que lo ahí
discutido también podría ser tomado en cuenta dentro de la tramitación de esta
iniciativa, dados los criterios rendidos en orden a la disposición de los
fondos del superávit de JUDESUR.
III.
CONCLUSIÓN
En la forma expuesta
se deja rendido el criterio
sobre el proyecto
de ley consultado, cuya aprobación
es de resorte exclusivo de dicho Parlamento, al tratarse de materia que está
sometida a su discrecionalidad.
Lo
anterior, sin perjuicio
de las observaciones que hemos dejado señaladas. De usted con toda
consideración, suscribe atentamente,
Andrea
Calderón Gassmann
Procuradora
ACG/mmg
PGR-OJ-026-2026
JUDESUR. USO
DE SUPERÁVIT. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. PRINCIPIOS DE
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALDIAD.
La Asamblea Legislativa nos consultó el proyecto denominado “ADICIÓN DE UN TRANSITORIO XII A LA LEY 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE MAYO DE 2016”, que actualmente se tramita bajo el expediente N° 24.698.
Mediante opinión jurídica PGR-OJ-026-2026 de fecha 16 de febrero de 2026 suscrita por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, evacuamos la consulta, indicando que se propone otorgar una autorización legal para disponer de altas sumas de dinero, pero no se citan o brindan datos económicos que sustenten y respalden la viabilidad y razonabilidad de una disposición patrimonial de esta naturaleza. Incluso, no se analiza ni se aborda el tema de la ejecución de fondos prevista en el transitorio IV de esa misma ley, lo cual constituye un elemento fundamental para saber si existe una verdadera disponibilidad de fondos en el superávit específico para ser destinados a esta nueva iniciativa, e incluso, debe sopesarse si con la adición de un nuevo transitorio en los términos propuestos eventualmente se estarían dejando sin cubrir otros fines ya previamente fijados por el legislador que deben atenderse con esos mismos recursos.
Igualmente, estimamos que debe valorarse la oportunidad y razonabilidad de este tipo de iniciativas, así como su viabilidad, dado que se hace referencia a la emergencia climática ocurrida a finales del año 2024, pero por razones del trámite que supone este tipo de iniciativas legales, la futura ejecución de esos fondos puede no resultar necesariamente en una ayuda oportuna y adecuada para tales fines.
Llama la atención que se propone un traslado equitativo de los fondos, pero no se hace referencia concreta a las afectaciones que han sufrido cada uno de los cantones que se verían beneficiados con esta inyección de recursos. Tampoco se valora capacidad de gestión de las municipalidades de la Zona Sur, quienes serían las beneficiarias de la transferencia de fondos.
Asimismo, estimamos de particular relevancia el criterio técnico y financiero expuesto por la propia JUDESUR, en el sentido de que los saldos del superávit se encuentran comprometidos en temas fundamentales y varios compromisos para invertir en el Portafolio de Inversión en Obra Pública para proyectos de desarrollo en los seis cantones de influencia de JUDESUR
Si bien una decisión legislativa relativa a la disposición de fondos o el otorgamiento de beneficios económicos a favor de un sector o hacia una determinada finalidad es discrecional, lo que sí atañe a un aspecto jurídico es el alcance y aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que –como parámetros constitucionales–, cobran importancia ante una disposición patrimonial.