Dictamen : 018 - del 27/01/2026

27 de enero de 2026

PGR-C-018-2026

 

Señor

Emmanuel Ceciliano Alfaro

Alcalde Municipal

Municipalidad de Pérez Zeledón

 

Estimado señor:

 

            Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio N° OFI-1788-24-DAM, recibido en esta oficina el día 16 de agosto del año 2024, mediante el cual solicita nuestro criterio técnico-jurídico en orden a las siguientes interrogantes:

 

"1. En caso de existir un acuerdo municipal, tomado en una administración anterior, el cual no fue vetado por el alcalde Municipal de turno, pero ante la advertencia de que el mismo es contrario a derecho, por violentar una ley de la República ¿debe el alcalde Municipal desaplicarlo?

 

2. ¿En caso de que el alcalde Municipal continúe aplicando un acuerdo municipal contrario a derecho, así advertido por otra institución del estado, existe algún grado de responsabilidad penal, civil y/administrativo, para éste o para los titulares subordinados que lo apliquen?

 

3. ¿Puede el alcalde Municipal, ante la advertencia de otra institución pública, acogerse al deber de obediencia y desaplicar un acuerdo municipal en firme?

 

4. ¿En caso de que los señores regidores municipales ignoren de manera injustificada, una orden girada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en el ámbito de su competencia debe el alcalde Municipal interponer la denuncia judicial correspondiente contra los ediles?”

 

A la consulta de mérito se adjuntó el respectivo criterio legal, rendido mediante oficio CRI-002-24-PAJ de fecha 1 de agosto de 2024, el cual concluye que:

 

“Una vez abarcadas las cuestiones de hecho y derecho de importancia en este tema, me refiero a sus preguntas en el mismo orden en que fueron planteadas. 1. En caso de existir un acuerdo municipal, tomado en una administración anterior, el cual no fue vetado por el alcalde Municipal de turno, pero ante la advertencia de que el mismo es contrario a derecho, ¿debe el alcalde Municipal desaplicarlo? No puede ordenar el alcalde Municipal el cumplimiento de un acuerdo ilícito. 2. ¿En caso de que el alcalde Municipal lo siga aplicando, existe algún grado de responsabilidad penal, civil y/administrativo, para este o para los funcionarios municipales que lo apliquen? La obediencia de un acto arbitrario producirá responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber. 3. ¿Puede el Alcalde Municipal, ante la advertencia de otra institución pública acogerse al deber de obediencia y desaplicar un acuerdo municipal en firme? Más que un poder es un deber del Alcalde Municipal realizar las acciones que crea convenientes para determinar si un acuerdo municipal es ilegal, y en caso de serlo es su obligación legal desobedecer. 4. ¿En caso de que los señores regidores municipales no acojan la orden planteada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, debe el alcalde Municipal interponer la denuncia judicial correspondiente? El Código Procesal Penal, en su artículo 281 inciso a), establece que los funcionarios públicos o empleados públicos, tienen la obligación de denunciar los delitos de acción pública sobre los que conozcan en el ejercicio de sus funciones, entre los cuales se tendría que entender, se encuentra el incumplimiento de deberes.”

 

 

I.-        OBSERVACIÓN PRELIMINAR SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA

 

            Vistos los términos de la gestión planteada, es imprescindible recordar que, tal como hemos señalado reiteradamente, de conformidad con nuestra Ley Orgánica (N° 6815 de 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría es el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública. No obstante, hemos analizado ampliamente las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° para el desempeño de esa función consultiva.

 

En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que el objeto de la consulta sea planteado de forma clara y precisa y verse sobre temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es posible incluir cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que deban ser resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos o decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios legales, asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo conocimiento sea competencia de otro órgano ni asuntos de interés particular o personal del funcionario que plantea la consulta. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos nos. C-158-2008 de 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4 de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 de 24 de mayo de 2023, entre muchos otros).

 

            En cuanto al primer requisito de admisibilidad expuesto –es decir, que la consulta debe plantearse en términos generales y abstractos, sin referirse a un caso concreto–, hemos explicado que esta Procuraduría, al ser un órgano asesor consultivo, únicamente puede atender interrogantes que versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se planteen situaciones fácticas específicas ni se pretenda la revisión de la legalidad u oportunidad de actos administrativos concretos, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la toma de decisiones y ejercer una función de control de legalidad que no nos corresponde, desconociendo así nuestra competencia consultiva. (véanse los pronunciamientos nos. OJ-005-1998 de 27 de enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-085-2016 de 25 de abril de 2016, C-038-2018 de 23 de febrero de 2018, C-037-2019 de 14 de febrero de 2019, entre muchos otros).

            Bajo ese entendido, si para resolver un asunto concreto la administración activa tiene dudas acerca de las normas o institutos jurídicos que regulan el tema, puede requerir nuestra asesoría sobre esas dudas jurídicas generales, para luego utilizar nuestro criterio como insumo para resolver el caso correspondiente.

 

En esta ocasión, nótese que en el criterio legal aportado, así como en la última de las preguntas planteadas, se hace referencia a actuaciones u órdenes emanadas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), concretamente en relación con el

 

Plan Regulador de esa municipalidad, el cual aparentemente fue aprobado sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana.

 

Por lo anterior, es preciso advertir que nos limitaremos a evacuar los cuestionamientos generales que se han planteado, desde el punto de vista jurídico, mas no podemos hacer referencia alguna a la situación relacionada con los criterios o actuaciones del INVU y el Plan Regulador municipal, pues de lo contrario esta Procuraduría se estaría refiriendo a un caso concreto y juzgando la legalidad de conductas administrativas, lo cual está fuera del ámbito de nuestras competencias, según quedó explicado.

 

 

II.        COMPETENCIAS DEL CONCEJO Y DEL ALCALDE CONFORME AL CÓDIGO MUNICIPAL.

 

Para efectos de abordar las inquietudes planteadas, debemos, en primer término, referirnos brevemente a la distribución de competencias que rige en los gobiernos locales. Así, tenemos que el Código Municipal (Ley Nº 7794) establece una clara diferenciación entre las funciones deliberativas del Concejo Municipal y las funciones ejecutivas y administrativas del Alcalde Municipal.

 

El artículo 13 de dicho cuerpo normativo dispone que corresponde al Concejo Municipal, entre otras atribuciones, dictar las políticas, reglamentaciones y demás actos necesarios para la administración del cantón. Claro está, dichas atribuciones deben ejercerse con estricto apego al ordenamiento jurídico, de ahí que tales acuerdos no pueden contrariar la Ley, a la luz de lo preceptuado por el Principio de Legalidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

 

En cuanto al Alcalde Municipal, el artículo 17 del citado Código le atribuye la condición de jerarca administrativo de la municipalidad, responsable de la correcta marcha administrativa, la ejecución de los acuerdos municipales y la defensa de los intereses locales. Dicha ejecución desde luego presume que los acuerdos sean jurídicamente válidos, toda vez que el Alcalde está obligado a velar porque la actuación administrativa se ajuste a la Constitución y a las leyes.

Bajo ese entendido, y en orden a sus inquietudes, debe partirse de que el Alcalde, en su condición de jerarca ejecutivo, no puede desconocer o desacatar un acuerdo válidamente adoptado por el Concejo Municipal.  Únicamente, y bajo condiciones calificadas –como más adelante pasaremos a explicar– podría abstenerse de llevar adelante tal ejecución en caso de configurarse las condiciones que el propio ordenamiento jurídico establece de manera expresa.

En este punto, nos permitimos traer a colación las consideraciones vertidas en nuestro dictamen N° PGR-C-249-2021 del 30 de agosto del 2021, cuando explica lo siguiente:

“La Constitución Política en los artículos 168, 169 y 170 instituye que la administración de los intereses cantonales recae en la Municipalidad, la cual estructuralmente se organiza en dos órganos jerárquicos, el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal (funcionario ejecutivo), que interactúan de forma coordinada entre sí para atender las necesidades locales que requiera su comunidad.

 

            Por mandato constitucional y legal, sobre el Alcalde y el Concejo Municipal pesa un régimen de obligaciones y responsabilidad complejo, amplio e indeclinable, como parte de la Administración Pública. Así, tenemos que el Concejo Municipal, órgano colegiado (deliberante) integrado por regidores electos popularmente, ejerce el “Gobierno Local”, cuyas principales atribuciones son de orden normativo, político, de gobierno y presupuestario, decisiones que toma mediante acuerdos (acto administrativo escrito), como prescribe el artículo 13 del Código Municipal, Ley N° 7795 del 30 de abril de 1998. Además, compete a la Secretaría del Concejo comunicar los acuerdos (Art. 53.b ibíd.).

Por su parte, el Alcalde –también electo por el munícipe- funge como administrador general y superior jerárquico de las dependencias administrativas de la Corporación Municipal, con atribuciones de orden político, ejecutivo y administrativo, según el artículo 17 del Código Municipal (Dictamen C-143-2020 del 20 de abril de 2020).

 

            Una de las funciones esenciales del Alcalde es la de ejecutar, fiscalizar e informar sobre el cumplimiento de los acuerdos firmes adoptados por el Concejo Municipal. El artículo 17 incisos a), d), l) y ñ) de la Ley N° 7794 dispone:

 

 

“Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:

 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.

(…)

 

d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código.

(…)

 

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales;

(…)

 

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes. 

 

(…)” (El resaltado no corresponde al original).

 

De conformidad con el artículo 17 citado anteriormente, el Alcalde es el principal “ejecutor” de los acuerdos del Concejo Municipal. A este servidor público le compete “[...] la ejecución de los acuerdos municipales y la vigilancia del desarrollo de la política municipal y la correcta ejecución de los presupuestos municipales, entre otras cosas”, es decir, vela por el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales (Dictámenes C-117-2011 del 31 de mayo de 2011, C-235-2010 del 22 de noviembre de 2010 y C-041-2007 del 14 de febrero de 2007).

 

Asimismo, el Alcalde puede planificar y asignar la materialización del acuerdo municipal a lo interno de la organización administrativa, según la distribución interna de competencias, sin que se enerve su obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. En este sentido, se expresa el artículo 12 incisos a) y b) de la Ley General de Control Interno, Ley 8292 indica:

 

“Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.

 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

(…)”

 

Luego, nuestro Derecho ha previsto un instrumento jurídico para que el Alcalde pueda en principio “librarse” del cumplimiento de los acuerdos definitivos emitidos por el Concejo Municipal: el Veto Municipal. Previsto en el canon 173 de la Constitución Política y desarrollado en los literales 17 inciso d) y 162, 167 y 168 del Código Municipal, en forma general, el veto es un acto administrativo especial y exclusivo que ejerce el Alcalde, mediante el cual, por motivos de legalidad u oportunidad, se opone a un acuerdo municipal (Recomendamos consultar la opinión jurídica OJ-44-2017 del 17 de abril de 2017 y el dictamen C-383-2005 del 10 de noviembre de 2005 sobre la figura del veto municipal).

 

Con la interposición del Veto, se suspende la ejecución del acuerdo municipal y se ordena su reenvío ante el Concejo Municipal para su conocimiento y discusión, con el fin de dicho órgano colegiado determine si revoca, modifica o confirma, en forma parcial o total, el acuerdo vetado. En caso de que el Concejo Municipal acuerde mantener el acuerdo vetado (rechaza el veto), corresponderá su resolución al Tribunal Contencioso Administrativo (Sección III) como contralor no jerárquico.

 

Lo anterior es sumamente importante, porque en caso de que el Alcalde no interponga el veto -en tiempo y forma-, incuestionablemente está obligado de hacer cumplir el acuerdo municipal sin mayor dilación, como lo prescribe el artículo 168 del Código Municipal:

 

“Artículo 168. - La falta de interposición del veto en el tiempo estipulado, implicará la obligatoriedad absoluta del alcalde municipal de ejecutar el acuerdo.”

(El resaltado no corresponde al original)

Ahora bien, realizadas las precisiones de rigor, de seguido procedemos a referirnos sobre la responsabilidad en que incurriría el Alcalde por no ejecutar los acuerdos definitivos del Concejo Municipal.

 

El Alcalde, como funcionario público, debe ajustar su actuación a los preceptos legales y el interés público que le corresponde satisfacer, por estar sometido al Principio de Legalidad, Rendición de Cuentas y Responsabilidad (art. 11 de la Constitución Política). El incumplimiento en la ejecución de los acuerdos municipales puede significar responsabilidad administrativa, civil y penal.

Así, tenemos que el artículo 18 del Código Municipal establece las causales por las cuales el Alcalde Municipal puede perder su credencial. Específicamente, el inciso e) del Artículo 18 prescribe una norma general, la pérdida de credencial por “cualquier acción sancionada por la ley”. En este sentido, en nuestro dictamen C-261-2005 del 19 de julio del 2005 explicamos que, uno de los supuestos que se enmarcan en esta causal es la violación al Deber de Probidad, instituido en los artículos 3 y 4 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.° 8422 del 6 de octubre del 2004:

 

“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.”

De la lectura del artículo 3 de la Ley N° 8422, cualquier acción u omisión injustificada tendiente a la no ejecución de acuerdos municipales definitivos -no vetados-, se entiende como una conducta contraria al correcto ejercicio de las funciones públicas o al interés público, arbitrariedad que justifica la separación del cargo. Valga señalar que el Tribunal Supremo de Elecciones, ha reconocido que la violación al deber de probidad es una causal para cancelar las credenciales de los funcionarios de elección popular, sanción cuya aplicación es competencia de ese tribunal electoral, según el artículo 253 del Código Electoral, Ley N° 8756 (Resolución N.° 1938-M-SE-2017 de las diez horas del veinte de marzo de dos mil diecisiete del Tribunal Supremo de Elecciones).

Por otra parte, la negatoria, retardo o irregularidad en la materialización de los acuerdos del Concejo Municipal por parte del Alcalde, puede calificar también como una violación al sistema de control interno, al afectar la eficiencia, eficacia, el orden jurídico y técnico en la gestión institucional, como lo concibe el artículo 8 de la Ley General de Control Interno, lo que daría pie a la imposición de una sanción, tal y como expresan los artículos 39 y 41 de la misma Ley:

 

“Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.

(…)

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.

(…)

 

Artículo 41.-Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta Ley serán sancionadas así:

 

a) Amonestación escrita.

 

b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando corresponda.

 

c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de dietas y estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones y el funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos.

 

d) Separación del cargo sin responsabilidad patronal.” (El resaltado es nuestro).

 

En ambos casos, tanto por violación al Deber de Probidad como por el debilitamiento al Control Interno, la imposición de la sanción es una competencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Es oportuno recordar que entre el Alcalde y el Concejo Municipal no existe relación de jerarquía, y de la lectura del Código Municipal, la Ley N° 8292 o la Ley N° 8422, entre otras, no se desprende que por ley formal se le haya otorgada al Concejo Municipal una potestad sancionatoria sobre el Alcalde Municipal.”

 

De las anteriores consideraciones se desprende que en caso de que el Alcalde aprecie o considere que un acuerdo adoptado por el Concejo resulta contrario al ordenamiento, el cauce legal que debe seguir es la interposición del veto, lo que permite detener su ejecución, a fin de seguir el trámite ya explicado en el dictamen recién transcrito.

 

Asimismo, como quedó visto, en caso de que el veto no se interponga de manera oportuna, el acuerdo de que se trate se consolida y por ende resulta de obligada ejecución.

 

Ahora bien, si un Alcalde llegara a advertir que un acuerdo adoptado antes de que él entrara a ejercer su cargo no fue vetado oportunamente, pero luce apartado del ordenamiento jurídico, no puede negarse a su ejecución a partir de una presunta invalidez, salvo que se configuren de manera rigurosa las condiciones que el ordenamiento jurídico exige para una eventualidad de este tipo. Nos referimos a lo previsto y regulado en los artículos 107 a 110 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), que pasaremos a explicar en el siguiente apartado.

 

 

III.-      LA EJECUCIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A DERECHO Y EL DEBER DE OBEDIENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

 

            Este tema planteado en la consulta resulta complejo y delicado, porque la actuación administrativa está asentada en el Principio de Legalidad, que ya mencionamos, a su vez entramado con la presunción de validez de los actos administrativos.

 

Con ello nos referimos a que el superior ostenta la potestad de ordenar el cumplimiento de determinado acto, de girar órdenes particulares, determinando con ello el modo en el cual el inferior debe ejercer sus funciones, sin otras restricciones que las que se establecen expresamente (artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública).

 

En razón de lo anterior, todo funcionario siempre debe acatar las órdenes emanadas del superior y ejecutar los actos necesarios para dar cumplimiento a tales mandatos o instrucciones. Lo anterior es entendible toda vez que ello es un supuesto necesario para la buena marcha y el cumplimiento oportuno, eficiente, permanente y adecuado de las funciones y competencias institucionales.

 

No obstante, también es cierto que frente a un acto absolutamente nulo cabe responsabilidad administrativa y civil para quien lo dicte y lo ejecute, como lo expresa la LGAP en sus artículos 170.1, 211 y 213:

 

“Artículo 170.-

1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar.

(…)

 

Artículo 211.-

1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes.

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave.

3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia.

Artículo 213.- A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente.”[1]

 

Así las cosas, reviste importancia tener claro que, desde luego, todo funcionario público eventualmente puede enfrentar responsabilidad disciplinaria si ejecuta actos contrarios al ordenamiento jurídico.

 

En la hipótesis específica del Alcalde Municipal, si bien, como quedó mencionado supra, técnicamente no es un subordinado del Concejo Municipal, puesto que entre ambos no corre una relación ordinaria de jerarquía, lo cierto es que sí es un funcionario ejecutivo, y por ende legalmente le corresponde acatar y obedecer los acuerdos adoptados por parte del Concejo. Asimismo, en todo caso el Concejo se erige como órgano superior supremo de la estructura orgánica municipal[2]. Por lo anterior, si bien no estamos ante la típica relación de jerarquía, resulta indudable que el Alcalde se encuentra legalmente compelido a acatar y ejecutar los acuerdos dictados por el Concejo.

 

Precisamente en orden a la hipótesis general de su consulta, sobre la posibilidad de no ejecutar un acto que se presume o acusa de ilegal, el ordenamiento administrativo se ha ocupado de regular cuidadosamente dicha situación, y es precisamente por ello que la misma Ley prevé la forma de salvar responsabilidades, bajo los cánones del deber de obediencia.  El modo de hacerlo es comunicando formalmente las objeciones al jerarca que está conminando al funcionario a ejecutar un acto que él considera contrario a derecho, normas a las cuales debe ceñirse cualquier subordinado –o jerarca ejecutivo, como es precisamente el Alcalde Municipal– frente a una situación de esta naturaleza.

 

 

En efecto, tenemos que la Ley General de la Administración Pública dispone lo siguiente:

 

“Del Deber de Obediencia

Artículo 108.-

1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior; y

 

b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.

 

2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber.

 

Artículo 109.-

1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los dos artículos anteriores el servidor deberá obedecer aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo.

 

2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, pero éste quedará sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado.

 

3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible o difícil reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal si las causas justificantes resultaren inexistentes en definitiva.

 

4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal Contencioso-Administrativo.

(Así reformado el inciso anterior por el inciso 4) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Administrativo,  Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)

 

 

Artículo 110.-

 

1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aun si no ha podido enviar sus objeciones por escrito previamente a la ejecución.

 

2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante el inmediato superior, pero se requerirá la presencia de dos testigos.”

 

Como bien puede observarse, si el funcionario a quien le corresponde ejecutar un acto cuenta con elementos para presumir o apreciar que aquel resulta contrario al ordenamiento jurídico, en principio igualmente está en la obligación de proceder a su ejecución –desde luego sin perjuicio de que eventualmente dicho acto deba ser anulado– salvo que se configure alguna de las circunstancias calificadas que prevé el ordenamiento, es decir, que se trate de actos abiertamente extraños a la competencia del inferior, o que su ejecución apareje un abuso de autoridad o cualquier otro delito.

 

Esta Procuraduría en anteriores oportunidades se ha ocupado de analizar los alcances de este régimen jurídico, por lo que nos permitimos retomar lo señalado en varios de nuestros dictámenes, que desarrollan las siguientes consideraciones:

 

“Deber de obediencia. Si el funcionario es compelido por el superior a resolver en forma favorable la solicitud, de cumplir los requisitos legales, su actuación podría encajar en el deber de obediencia, si no median los supuestos normativos para apartarse del mismo.

 

Por regla general, todo servidor público está obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior jerárquico (Ley 6227, art. 107). Sin embargo, ese deber de obediencia no es irrestricto.  El servidor ha de desobedecer la orden que tenga por objeto la realización de actos extraños a su competencia y cuando el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito. Tampoco está obligado a obedecer cuando el acto no provenga del superior jerárquico, sea inmediato o no. (Ley 6227, arts. 107 y 108. Sobre el delito de abuso de autoridad, vid. Código Penal, art. 338). Salvo esas excepciones, el servidor debe acatar lo dispuesto por el superior, aunque sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en este último caso ha de consignar y enviar por escrito sus objeciones al jerarca, quien tiene la obligación de acusar recibo. El envío de las objeciones escritas salva la responsabilidad del inferior, mas queda sujeto a la inmediata ejecución de lo ordenado (art. 109 ibid). “El objeto de estas normas es asegurar que todos los funcionarios públicos, y no sólo los superiores, resguarden el interés público y aseguren que los actos de la Administración encuentren estricto apego al Ordenamiento Jurídico tal y como lo ordena el artículo 113 de la Ley General de la Administración pública”. El deber de obediencia no elimina la responsabilidad acreditada del servidor, “pues existiendo motivos para estar en desacuerdo, el inferior debe expresarlos”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE, sentencia 290/2005). Desde esta perspectiva, hay “una suerte de control cruzado que convierte al funcionario en vigilante del quehacer institucional y busca prevenir errores y, eventualmente, prácticas de corrupción que luego pretenden justificarse en desconocimiento o ignorancia”. (SALA SEGUNDA DE LA CORTE, sentencias 93/2008 y 644/2009).

 

A diferencia del artículo 109 de la Ley General de la Administración Pública, que establece el deber de obediencia del servidor público “aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento…” por una circunstancia distinta de las enunciadas en el que le antecede, hay legislaciones que sientan el principio contrario, como ocurre con la Ley española del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015): Los empleados públicos “Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes” (artículo 54, inciso 3).

 

En resumen, si el funcionario municipal competente para resolver las solicitudes en cuestión es conminado por su superior jerárquico, sea o no inmediato, a hacerlo en forma favorable, las que cumplen los requisitos legales, y el acto no constituye delito de abuso de autoridad o cualquier otro, su actuación podría enmarcarse dentro del deber de obediencia. Si el funcionario a quien corresponde pronunciarse sobre esas solicitudes estima que la orden dada por el superior es contraria al ordenamiento por otros motivos, deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al jerarca, con lo que salva su responsabilidad, pero queda sujeto a la inmediata ejecución de lo ordenado.” (Dictamen N° C-269-2018 de fecha 24 de octubre del 2018)

 

En ese mismo sentido y de forma más reciente, hemos expresado las siguientes consideraciones: 

 

“Finalmente, debemos señalar que el deber de obediencia es un elemento esencial del contrato de trabajo y por regla general, toda persona al servicio de un órgano o ente público está obligada a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares de su superior jerárquico, sea o no inmediato (artículo 107 de la Ley General de la Administración Pública). Las excepciones a esa regla se encuentran reguladas en los artículos 108 y 109 de la Ley General de la Administración Pública que establecen: (…)

 

De lo anterior deriva que el deber de obediencia debe regir, salvo cuando se trate de la realización de actos evidentemente extraños a la competencia o que sean manifiestamente arbitrarios por constituir abuso de autoridad o delito (artículo 108 LGAP) (Véase al respecto, entre otras, la sentencias N.° 2005-01060 de las 10:15 hrs. del 21 de diciembre de 2005 y 2008-000093 de las 10:20 hrs. del 8 de febrero de 2008, ambas de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Además, de encontrarse motivos fundados para oponerse a una orden por estimar que es contraria al ordenamiento jurídico, al tenor de lo ordenado por el canon 109 de la LGAP, el funcionario deberá obedecer pero consignando sus objeciones por escrito al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo; esto a fin de salvar responsabilidad personal del inferior (Entre otras, resolución N.° 000290-F-2005 de las 13:30 hrs. del 12 de mayo de 2005, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En esos términos, el personal de enfermería podría negarse a realizar procedimientos técnicos únicamente bajo las circunstancias arriba apuntadas regidas por ley.” (Dictamen N° PGR-C-007-2025 de fecha 20 de enero del 2025)

            Así las cosas, reviste importancia tener claro que, desde luego, todo funcionario público eventualmente puede enfrentar responsabilidad disciplinaria si ejecuta actos contrarios al ordenamiento jurídico, y es precisamente por ello que la misma Ley prevé la forma en que puede salvar esa responsabilidad, bajo los cánones del deber de obediencia –como quedó explicado–, comunicando formalmente sus objeciones al jerarca que le está obligando a ejecutar un acto que él considera contrario a derecho.

           

 

IV.-     OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LA EJECUCIÓN DE UN ACTO ILEGAL

 

En cuanto a la última de las interrogantes planteadas, tratándose de una eventual responsabilidad penal, debemos indicar que ciertamente el ordenamiento jurídico impone a todos los funcionarios públicos la obligación de plantear la respectiva denuncia en caso de conocer de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. En efecto, el Código Procesal Penal establece:

 

“ARTICULO 281.- Obligación de denunciar

 

Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:

 

a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.

b) (...)

c) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.

En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligada a él por lazos especiales de afecto.”

 

            Por su parte, el numeral 9° del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, dispone expresamente que “Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan conocimiento.”

            

Además, tal como indica el artículo 160 del Código Municipal, el funcionario que incumpla o contravenga sus obligaciones o las disposiciones de la ley o sus reglamentos, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que el mismo hecho pueda originar.

 

            En relación con este aspecto, conviene retomar algunas consideraciones relativas a los diferentes regímenes de responsabilidad que pueden ser aplicables a una determinada conducta en la que haya incurrido el funcionario, a fin de dejar claro que un mismo hecho puede ser sancionado en sede administrativa y también en la vía penal, en tanto se trata de responsabilidades de distinta naturaleza. El tema ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, de tal suerte que resulta provechoso traer a colación algunas de las resoluciones que han abordado el punto en los siguientes términos:

 

“IV.- Finalmente, la Sala ha desarrollado en su jurisprudencia la tesis de que, el procedimiento sancionatorio y el proceso penal son diversos, señalando que ambos procesos se tratan de responsabilidades distintas, pues una cosa es la falta laboral que puede constituir los hechos ocurridos y otra la responsabilidad penal que puede derivar de esos mismos hechos. De ahí que, este Tribunal ha considerado que lo que se decida en una vía, en principio, no es vinculante para la otra, de modo que podría bien el amparado, ser absuelto en vía penal y a pesar de ello, sancionado en vía administrativa, o viceversa, lo que no violenta lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política (en sentido similar, ver las resoluciones número 2001-10198 de las quince horas veintinueve minutos del diez de octubre del dos mil uno, y número 2003-3903 de las quince horas treinta y tres minutos del trece de mayo de este año). (Sentencia N° 2004-12734 de las 10:09 horas del 12 de noviembre del 2004)[3]

 

            En este tema, conviene agregar una observación en el sentido de que son los tribunales de justicia quienes tienen la potestad para establecer si un comportamiento determinado constituye delito o no, de ahí que esta Procuraduría, en carácter de órgano asesor, tiene la competencia para interpretar la normativa aplicable en el campo del derecho público, pero ello no puede considerarse como la calificación de una conducta frente al tipo penal.

 

            Sobre el particular, en la opinión jurídica N° OJ-151-2004 del 11 de noviembre del 2004 señalamos lo siguiente:

 

“En primer lugar, como bien saben los señores diputados, los órganos competentes para determinar si una conducta de una persona constituye o no un delito, son los tribunales de justicia, quienes tienen una competencia exclusiva y universal: "(…) exclusiva, en cuanto que sólo puede ser ejercida por tribunales dependientes del Poder Judicial, y universal, en cuanto que no puede haber materias ni actos inmunes o no justiciables…" (véase el voto n.° 1148-90 del Tribunal Constitucional). Además, como también es bien sabido, los jueces, en el ejercicio de la judicatura, están protegidos por el principio de independencia. Por otra parte, el Ministerio Público, que es una dependencia del Poder Judicial, tiene como función primordial el monopolio del ejercicio de la acción penal; es decir, requerir la acción de los órganos jurisdiccionales -cuando sea procedente- para que se establezca la verdad real de los hechos objeto del proceso mediante una resolución justa (véase el voto n.° 4456-96 del Tribunal Constitucional). Desde esta perspectiva, la aplicabilidad o no del delito que se encuentra en el numeral 48 de la Ley n.° 8422 a la conducta de los diputados, es asunto que, a ciencia cierta, solo puede ser establecido por los tribunales penales si así se lo pide el Ministerio Público. Ergo, cualquier respuesta del Órgano Asesor, en esta materia, no tiene ningún efecto práctico, ni muchos menos, constituiría una causa de exculpación o atenuante para quienes incurran en la conducta que prevé el tipo penal. Este es un aspecto que debe quedar muy claro en este estudio

 

            En cuanto a este tipo de denuncias penales, conviene tener presente sus alcances, y para ello resulta ilustrativa la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 896-F-S1-2024 de las 12:16 horas del 4 de julio de 2024, que –en lo que aquí nos interesa–, dispone lo siguiente:

 

“Tal y como lo indicó el a quo, la denuncia tiene la función de poner en aviso a las autoridades penales de posibles delitos, de modo tal que, a no ser que se trate de delitos de acción privada, el aparato judicial tiene el deber de realizar la investigación necesaria –a cargo del Ministerio Público, bajo la supervisión del juez penal de garantías, conforme a la lógica de los artículos 278, 289, 290 y concordantes del Código Procesal Penal-, para establecer si un delito ha sido cometido o no. Se trata de la notitia criminis, misma que la Sala Tercera ha definido de la siguiente manera: “La notitia criminis es básicamente la alerta mediante la cual el Estado pone en marcha su aparato represivo por medio del ejercicio del ius puniendi, ello con el doble propósito de hacer cesar la conducta delictiva y de someter a los eventuales responsables de ella a un proceso penal reglado. Este aviso o alarma, puede llegar por denuncia formal o informes confidenciales directamente al órgano acusador (Ministerio Público) o bien a instancias policiales administrativas o judiciales” (sentencia no. 2006-00151 de las 09 horas 30 minutos del 24 de febrero de 2006). Asimismo, ha dicho, esa misma Sala de Casación que la función principal de la denuncia es la de “servir como dispositivo inicial en la investigación de un proceso penal” (sentencia no. 2009-01153 de las 09 horas 17 minutos del 16 de septiembre de 2009). Particularmente relevante resulta lo reseñado en el voto no. 2011-00091 de las 13 horas 30 minutos del 09 de febrero de 2011, en el que se precisó que la notitia criminis no tiene como función “…agotar todos los pormenores que rodearon el suceso, sino que su objetivo es dar cuenta del hecho acaecido para instar una investigación judicial como tal, que permita recopilar la suficiente información a fin de determinar si existen elementos probatorios suficientes que ameriten proseguir con el proceso hasta la etapa de juicio, o bien, archivar el asunto por las distintas vías previstas en la normativa procesal”. Es claro entonces que la denuncia no amerita de una certeza absoluta de la comisión del delito. Por el contrario, su finalidad es la de incitar una investigación, de parte de las autoridades penales, a fin de establecer si existe o no una conducta punible. Suponer que las personas funcionarias públicas denuncien de posibles delitos de acción pública, únicamente, cuando tengan total certeza de que se cometió un delito, trasladaría, desproporcionada e injustificadamente, a estas, la responsabilidad de investigar y concluir sobre la comisión de una acción típica, antijurídica y culpable, conforme a la legislación penal, tarea que, evidentemente amerita de un proceso penal previo en el que se determine si concurren o no los presupuestos de un delito. En sus argumentos, el recurrente se limita a señalar que el demandante fue absuelto, para justificar una imposición de responsabilidad al INDER, por haber sido denunciado. Esto conllevaría un peligroso antecedente para el resguardo de la vigencia del Estado de Derecho y de la probidad en la función pública – valores constitucionales tutelados en los preceptos 11 y 194 del texto fundamental -, pues las personas servidoras se verían desmotivadas a denunciar la posible comisión de un delito. Tal desmotivación se debería, naturalmente, a las inminentes repercusiones que deberían acarrear ante el hecho de que no se emita una sentencia condenatoria, en la sede punitiva, por plausibles que fueran las razones que motivaron la activación de la justicia penal. Ciertamente, es posible e incluso lo esperable que no en todos los casos en los que se plantee una denuncia, se verifique la comisión de un delito. Empero, la denuncia obligatoria, a cargo de las personas funcionarias, constituye, precisamente una causal que justifica su actuar, en el tanto es la ley misma la que les obliga a denunciar de la posible comisión de delitos. El artículo 281, inciso a, así lo establece expresa y claramente. Diverso es el caso, evidentemente, si se demuestra que la denuncia ha sido realizada con la intención de perjudicar a la persona denunciada, a sabiendas de que no había cometido acción ilícita alguna. En tal escenario, es cierto, podría materializarse el delito de denuncia calumniosa, previsto en el ordinal 326 del Código Procesal Penal, o bien, una conducta ilegítima, con consecuencias civiles o administrativas, según corresponda.”

 

Así las cosas, en caso de que se cuente con elementos suficientes para advertir su eventual configuración, todo funcionario puede y debe interponer una denuncia por la comisión de un ilícito penal, entre ellos, el delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado en el artículo 339 del Código Penal.[4]

 

 

V. CONCLUSIONES

 

            Con sustento en todas las consideraciones expuestas, y en relación con las interrogantes planteadas en su consulta, arribamos a las siguientes conclusiones:

 

1.- El Alcalde, en su condición de jerarca ejecutivo, no puede desconocer o desacatar un acuerdo válidamente adoptado por el Concejo Municipal, sino que le corresponde ejecutarlo como parte de sus funciones esenciales.

 

2.- El veto municipal es un acto administrativo especial y exclusivo que ejerce el Alcalde, mediante el cual, por motivos de legalidad u oportunidad, se opone a un acuerdo municipal. Con la interposición del veto, se suspende la ejecución del acuerdo municipal y se ordena su reenvío ante el Concejo Municipal.

 

3.- En caso de que el Alcalde no interponga el veto de manera oportuna, el acuerdo de que se trate se consolida y por ende resulta de obligada ejecución.

 

4.- Si un Alcalde llegara a advertir que un acuerdo adoptado antes de que él entrara a ejercer su cargo no fue vetado oportunamente, pero luce apartado del ordenamiento jurídico, no puede negarse a su ejecución a partir de una presunta invalidez, salvo que resulten aplicables las disposiciones relativas al deber de obediencia.

 

5.- Si bien el Alcalde técnicamente no es un subordinado del Concejo Municipal, puesto que entre ambos no corre una relación ordinaria de jerarquía, lo cierto es que sí es un funcionario ejecutivo, y por ende legalmente le corresponde acatar y obedecer los acuerdos adoptados por parte del Concejo. Por eso cabe aplicar el régimen del deber de obediencia previsto en la LGAP.

 

6.- A la luz de dicho régimen, si el funcionario a quien le corresponde ejecutar un acto cuenta con elementos para presumir o apreciar que aquel resulta contrario al ordenamiento jurídico, en principio igualmente está en la obligación de proceder a su ejecución, salvo que se configure alguna de las circunstancias calificadas que prevé el ordenamiento, es decir, que se trate de actos abiertamente extraños a su competencia, o que su ejecución apareje un abuso de autoridad o cualquier otro delito.

 

7.- Si no se configuran tales circunstancias especiales, el acto debe ejecutarse bajo los cánones del deber de obediencia, sea comunicando formalmente sus objeciones al jerarca que le está conminando a ejecutar un acto que él considera contrario a derecho, normas a las cuales debe ceñirse cualquier subordinado –o jerarca ejecutivo, como es precisamente el Alcalde Municipal– frente a una situación de esta naturaleza.

 

8.- Todo funcionario público eventualmente puede enfrentar responsabilidad disciplinaria si ejecuta actos contrarios al ordenamiento jurídico, y es precisamente por ello que la misma Ley prevé la forma en que puede salvar esa responsabilidad, bajo los cánones del deber de obediencia.

 

9.- Tratándose de una eventual responsabilidad penal, ciertamente el ordenamiento jurídico impone a todos los funcionarios públicos la obligación de plantear la respectiva denuncia en caso de conocer de la presunta comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones.

 

De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

 

 

 

                                                    

 

                                                        Andrea Calderón Gassmann                                      

                                                                Procuradora

 

ACG/MAA/nmm

Cod.7761-2024

 

 

PGR-C-018-2026

 

CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL. COMPETENCIAS. OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS ACUERDOS DEL CONCEJO. EJECUCIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A DERECHO. INTERPOSICIÓN DEL VETO. DEBER DE OBEDIENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SUPUESTOS. REQUISITOS. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LA EJECUCIÓN DE UN ACTO ILEGAL.

 

El Alcalde de Pérez Zeledón solicita nuestro criterio técnico-jurídico en orden a las siguientes interrogantes:

 

"1. En caso de existir un acuerdo municipal, tomado en una administración anterior, el cual no fue vetado por el alcalde Municipal de turno, pero ante la advertencia de que el mismo es contrario a derecho, por violentar una ley de la República ¿debe el alcalde Municipal desaplicarlo?

 

2. ¿En caso de que el alcalde Municipal continúe aplicando un acuerdo municipal contrario a derecho, así advertido por otra institución del estado, existe algún grado de responsabilidad penal, civil y/administrativo, para éste o para los titulares subordinados que lo apliquen?

 

3. ¿Puede el alcalde Municipal, ante la advertencia de otra institución pública, acogerse al deber de obediencia y desaplicar un acuerdo municipal en firme?

 

4. ¿En caso de que los señores regidores municipales ignoren de manera injustificada, una orden girada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en el ámbito de su competencia debe el alcalde Municipal interponer la denuncia judicial correspondiente contra los ediles?”

 

Mediante dictamen PGR-C-018-2026 del 27 de enero de 2026 suscrito por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora Adjunta, evacuamos la consulta arribando a las siguientes conclusiones:

 

1.-   El Alcalde, en su condición de jerarca ejecutivo, no puede desconocer o desacatar un acuerdo válidamente adoptado por el Concejo Municipal, sino que le corresponde ejecutarlo como parte de sus funciones esenciales.

 

2.-   El veto municipal es un acto administrativo especial y exclusivo que ejerce el Alcalde, mediante el cual, por motivos de legalidad u oportunidad, se opone a un acuerdo municipal. Con la interposición del veto, se suspende la ejecución del acuerdo municipal y se ordena su reenvío ante el Concejo Municipal.

 

3.-   En caso de que el Alcalde no interponga el veto de manera oportuna, el acuerdo de que se trate se consolida y por ende resulta de obligada ejecución.

 

4.-   Si un Alcalde llegara a advertir que un acuerdo adoptado antes de que él entrara a ejercer su cargo no fue vetado oportunamente, pero luce apartado del ordenamiento jurídico, no puede negarse a su ejecución a partir de una presunta invalidez, salvo que resulten aplicables las disposiciones relativas al deber de obediencia.

 

5.-   Si bien el Alcalde técnicamente no es un subordinado del Concejo Municipal, puesto que entre ambos no corre una relación ordinaria de jerarquía, lo cierto es que sí es un funcionario ejecutivo, y por ende legalmente le corresponde acatar y obedecer los acuerdos adoptados por parte del Concejo. Por eso cabe aplicar el régimen del deber de obediencia previsto en la LGAP.

 

6.-   A la luz de dicho régimen, si el funcionario a quien le corresponde ejecutar un acto cuenta con elementos para presumir o apreciar que aquel resulta contrario al ordenamiento jurídico, en principio igualmente está en la obligación de proceder a su ejecución, salvo que se configure alguna de las circunstancias calificadas que prevé el ordenamiento, es decir, que se trate de actos abiertamente extraños a su competencia, o que su ejecución apareje un abuso de autoridad o cualquier otro delito.

 

7.-   Si no se configuran tales circunstancias especiales, el acto debe ejecutarse bajo los cánones del deber de obediencia, sea comunicando formalmente sus objeciones al jerarca que le está conminando a ejecutar un acto que él considera contrario a derecho, normas a las cuales debe ceñirse cualquier subordinado –o jerarca ejecutivo, como es precisamente el Alcalde Municipal– frente a una situación de esta naturaleza.

 

8.-   Todo funcionario público eventualmente puede enfrentar responsabilidad disciplinaria si ejecuta actos contrarios al ordenamiento jurídico, y es precisamente por ello que la misma Ley prevé la forma en que puede salvar esa responsabilidad, bajo los cánones del deber de obediencia.

 

9.-   Tratándose de una eventual responsabilidad penal, ciertamente el ordenamiento jurídico impone a todos los funcionarios públicos la obligación de plantear la respectiva denuncia en caso de conocer de la presunta comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones.