Dictamen : 023 - del 28/01/2026

28 de enero de 2026

PGR-C-023-2026

 

Señoras

Mónica Hernández Segura

Presidenta municipal

 

Mercedes Hernández Méndez

Secretaria municipal

 

Concejo Municipal

Municipalidad de Barva

 

Estimadas (os) señoras (es):

 

            Con la aprobación del Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio No. SM 1433-2025, de 08 de diciembre de 2025 -con recibo de 16 de ese mismo mes y año-, asignado a este despacho el 17 de diciembre pasado, y por medio del cual nos comunica que, por medio del acuerdo municipal No. 755-2025 del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la  Ley General de la Administración Pública (LGAP), se nos solicita formalmente emitir criterio preceptivo y vinculante sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva (CCDR-Barva), en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024; según el cual: "...TRAS LA ASESORÍA RECIBIDA CON RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, EL DÍA 2 DE SETIEMBRE A LAS 9a.M. SE ACUERDA OFRECERLES A LAS OFICINISTAS ADMINISTRATIVA Y DEPORTA RECREATIVA, LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR RECARGO DE FUNCIONES POR EL MONTO DE ¢637.250,00 (SEISCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA COLONES CON 00/100) SALARIO BRUTO ANTERIOR AMPARADO EN PRINCIPIO DE RACIONALIDAD JUSTIFICADO EN AUTONOMÍA QUE NOS OTORGA LA CEDULA JURÍDICA INSTRUMENTAL LIMITADA TOMANDO DE UN ESTUDIO DE PUESTOS DE COMITES DE DEPORTES, PASANDO DE UN SALARIO COMPUESTO A UN SALARIO ÚNICO PARA SER EFECTIVO A PARTIR DEL 15 DE SETIEMBRE DE 2024 (SIC)”; por estimar que, con él, se ha “incurrido en vicios graves en la modificación contractual y salarial de funcionarias, sin cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y presupuestarios exigidos por la normativa vigente”.

 

Se adjunta certificado el expediente administrativo ordinario seguido al efecto, No. ODP-MB-000002-2025 (Certificación No. 1402025 del 9 de diciembre de 2025), que consta de 1101 folios, divididos en seis Tomos (Tomo I: del 001 al 0199 folios; Tomo II: del 200 al 0398 folios; Tomo III: del 0399 al 0599 folios; Tomo IV: del 0600 al 0799 folios; Tomo V: del 0800 al 1009 folios y Tomo VI: del 1010 al 1101 folios), los cuales fueron individualmente digitalizados por nosotros para el registro y atención de este asunto.

 

Luego de un exhaustivo estudio, lamentablemente, debemos indicarle que no podremos acceder a su petición, pues al menos tres situaciones concretas convergen en este asunto y nos lo impiden.

 

En primer lugar, según puede extraerse especialmente del acuerdo municipal No. 755-2025 del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025 (Tomo VI, Folios del 1017 al 1018, imágenes de la 9 a la 10), en abierta contravención a lo dispuesto por el artículo 173. 1 de la LGAP, resulta ostensible que el Concejo municipal de Barva, en su condición de órgano jerárquico superior de esa cartera y órgano decisor en este asunto[1], requiere nuestro dictamen preceptivo vinculante, habiendo externado anticipadamente criterio expreso, a modo de manifestación de voluntad administrativa libre y consciente –art. 130.1 Ibídem.-, con relación al tipo o grado de invalidez que vicia el acto administrativo en examen cuya anulación administrativa se pretende; esto al acoger el informe y recomendaciones del órgano director, y expresamente declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, por contravenir disposiciones legales y reglamentarias relativas al régimen de Empleo Público, en especial lo dispuesto por la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, su Reglamento, el Código Municipal y la LGAP, además de violentar el procedimiento de creación de plazas, estructura administrativa y aplicación del esquema salarial global, sin cumplir los requisitos de legalidad e idoneidad, ausencia de asesoría técnica y legal, ni aprobación presupuestaria correspondiente. Todo ello sin contar de previo con el dictamen favorable de este órgano Procurador, tal cual lo prevé la Ley.

 

En segundo término, con vista de los antecedes que logran extraerse de la documentación remitida al efecto, y en especial del contenido mismo del acuerdo cuya supuesta invalidez se acusa, debemos indicar que, en realidad no se está ante un acto declaratorio de derechos, como obligado e inexorable presupuesto objetivo sustancial para el ejercicio legítimo y oportuno de la potestad anulatoria administrativa pretendida, conforme a lo dispuesto por el ordinal 173.1 de la LGAP.

 

En tercer lugar, dada la naturaleza jurídico-laboral de los contratos “por servicios especiales” que fueran específicamente modificados, de forma colateral, con base en dicho acuerdo, resulta innecesario, y por demás improcedente, tramitar un procedimiento administrativo anulatorio del 173 de la LGAP para eventualmente revertirlos.

 

I.- Antecedentes

 

De los documentos que constan en el expediente administrativo ordinario, se extraen los siguientes hechos de interés para resolución de este asunto:

 

1.      Mediante acuerdo N°585-09-2024 adoptado en la Sesión N°033-2024 y transcrito a través del oficio CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, la Junta Directiva del CCDR-Barva en su conformación 2022-2024, dispuso: "...TRAS LA ASESORÍA RECIBIDA CON RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, EL DÍA 2 DE SETIEMBRE A LAS 9a.M. SE ACUERDA OFRECERLES A LAS OFICINISTAS ADMINISTRATIVA Y DEPORTA RECREATIVA, LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR RECARGO DE FUNCIONES POR EL MONTO DE ¢637.250,00 (SEISCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA COLONES CON 00/100) SALARIO BRUTO ANTERIOR AMPARADO EN PRINCIPIO DE RACIONALIDAD JUSTIFICADO EN AUTONOMÍA QUE NOS OTORGA LA CEDULA JURÍDICA INSTRUMENTAL LIMITADA TOMANDO DE UN ESTUDIO DE PUESTOS DE COMITES DE DEPORTES, PASANDO DE UN SALARIO COMPUESTO A UN SALARIO ÚNICO PARA SER EFECTIVO A PARTIR DEL 15 DE SETIEMBRE DE 2024 (SIC)”. (Tomo I, del Folio 82 y 83, Imágenes 70 y 71. Tomo III, Folios 471 y 472, imágenes 74 y 75).

 

2.      Según se alude, en la trascripción del acuerdo se justifica la decisión adoptada indicándose: “(…) el cambio a Salario Global de las oficinas del CCDR-Barva dadas las recargas de funciones, llegándose así a un mutuo acuerdo por cambio a Salario Global”. (Ibid.).

 

3.      Con base en dicho acuerdo se hizo una modificación del contrato “por servicios especiales” (Tomo I. Folios del 134 al 144, imágenes de la 121 a la 131; Tomo II, Folios del 430 al 441, Imágenes de la 33 a la 44; Tomo IV, Folios del 729 a la 734, del 765 al 768, imágenes de la 131 a la 136, de la 167 a la 171; Tomo V, Folios del 804 al 808, del 877 al 882, imágenes de la 6 a la 10 y de la 79 a la 85) a dos funcionarias: xxx, portadora de cédula de identidad xxx y xxx, portadora de la cédula de identidad xxx, procediendo en ese momento a modificarles el puesto que tenían a uno de Administrativo Municipal 1B, utilizando para ello el Manual de Puestos de otra Municipalidad, en concreto, la de Heredia, no el de la Barva a la cual pertenece orgánica y estructuralmente aquel CCDR (Tomo I, Folios del 94 al 99 y del 125 al 129, imágenes de la 81 a la 86 y de la 112 a la 116; Tomo II, Folios del 431 al 441, Imágenes de la 35 a la 44).

 

4.      La Junta del CCDR-Barva periodo 2022-2024, gestionó la modificación presupuestaria 04-024 tendiente a cubrir los gastos que representaba el aumento de salarios aprobado a favor de las funcionarias de las áreas administrativa y deportiva. Gestión que fue declarada no procedente por los Departamentos de Administración Financiera y Recursos Humanos de la Municipalidad mediante oficios Nos. MB-ADTRIFI-0619-2024 (Tomo I: Folios 000075 al 000076, imágenes 62 y 63) y LVRDRH-117-2024 (Tomo I: Folios del 000077 al 000081, imágenes de la 64 a la 68).

 

5.      A solicitud de la Junta del CCDR-Barva, mediante acuerdo No. 50-2025, adoptado en la sesión No. 07-2025 del 3 de febrero de 2025, el Concejo municipal de Barva, con base en lo dispuesto por el artículo 173 de la LGAP, ordena la apertura de procedimiento ordinario con el fin de evaluar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta, así como las eventuales responsabilidades de las decisiones tomadas al seno de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, concretamente el acuerdo N°585-09-2024 adoptado en la Sesión N°033-2024 y demás actos conexos que presenten nulidades esenciales y suspende cautelarmente la ejecución de dicho acuerdo. El órgano director es conformado por la Secretaria municipal y el asesor legal del Concejo municipal (Tomo I: Folios del 000022 al 000046, imágenes de la 20 a la 33).

 

6.      El citado acuerdo No. 50-2025, fue posteriormente modificado por el Concejo municipal mediante acuerdo No. 254-2025 (Tomo III: Folio 000540, imagen 143).

 

7.      El traslado de cargos a las trabajadoras xxx y xxx, así como a los integrantes de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, en su conformación 2022-2024, se efectuó el 13 de agosto de 2025 (Tomo V: Folios del 000892 al 000927, imágenes de la 94 a la 124).

 

8.      La comparecencia se celebró los días 11 y 13 de setiembre de 2025 (Tomo V: Folios del 000951 al 000978, imágenes de la 141 a la 169).

 

9.      El órgano director rinde su informe final, por el que se recomienda al Concejo municipal, entre otras cosas, declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024 adoptado por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, e instruir a la Secretaría del Concejo que, en coordinación con el órgano director, proceda a la elaboración y remisión de formal solicitud de criterio preceptivo de la Procuraduría General y en caso de no obtener dictamen favorable, proceder con proceso de lesividad (Tomo VI, Folios del 000979 al 001049, imágenes de la 11 a la 42).

 

10.  Conforme al acuerdo No. 753-2025, adoptado por el Concejo Municipal de Barva en su Sesión Ordinaria N°64-2025 del día 10 de noviembre del 2025, se les notifica a los investigados el informe final del órgano director, por el que se recomienda al Concejo municipal, entre otras cosas, declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024 adoptado por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, e instruir a la Secretaría del Concejo que, en coordinación con el órgano director, proceda a la elaboración y remisión de formal solicitud de criterio preceptivo de la Procuraduría General y en caso de no obtener dictamen favorable, proceder con proceso de lesividad (Tomo VI, Folios del 1013 al 1018, imágenes de la 5 a la 10).

 

11.  Por acuerdo No. 755-2025, del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025, el Concejo municipal recibe y aprueba el informe final y declara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, por contravenir disposiciones legales y reglamentarias relativas al régimen de Empleo Público, en especial lo dispuesto por la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, su Reglamento, el Código Municipal y la LGAP, además de violentar el procedimiento de creación de plazas, estructura administrativa y aplicación del esquema salarial global, sin cumplir los requisitos de legalidad e idoneidad, ausencia de asesoría técnica y legal, ni aprobación presupuestaria correspondiente. E instruye a la Secretaría del Concejo coordinar la remisión del asunto a la Procuraduría General (Tomo VI, Folios del 1017 al 1018, imágenes de la 9 a la 10).

 

12.  Mediante oficio No. SM 1433-2025, op. cit., se nos comunica que, por medio del acuerdo municipal No. 755-2025 del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la  Ley General de la Administración Pública (LGAP), se nos requiere formalmente emitir criterio preceptivo y vinculante sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024.

 

II.- Consideraciones generales sobre la intervención previa y obligatoria de la Procuraduría General, como contralor de legalidad, en el ejercicio de la potestad revisora oficiosa y excepcional anulatoria del 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).

Es importante aclarar, en primer lugar, que la intervención que le otorga el citado numeral 173 de la LGAP a la Procuraduría General, constituye una garantía más para el administrado, como contralor de legalidad, cuando la Administración, de forma excepcional, pretenda ir contra sus propios actos en sede administrativa.

Tal y como ha sido conceptualizado por la Sala Constitucional, la participación de la Procuraduría en un trámite de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, cumple un fin garantista del debido proceso, por tratarse de un criterio externo y experto ajeno al órgano que dictaría el acto anulatorio (ver resolución No. 1563-1991 de las quince horas del catorce de agosto de mil novecientos noventa y uno). A tal punto, que, únicamente contando de previo con un criterio favorable de este Órgano, podría la Administración emitir el acto final que declare el vicio del acto. Cabe agregar que también se presenta la particularidad de que es el único supuesto (unido a lo que prescribe el artículo 183 de la LGAP) en el que la Procuraduría General entra al análisis de un caso particular, lo cual deviene en la excepción de la regla contenida en el numeral 5° de nuestra Ley Orgánica. En fin, la propia Sala Constitucional califica este dictamen como un “acto preparatorio” de obligatorio acatamiento para la administración que lo gestiona (Véase al respecto la resolución 2004-01003 de las 14:40 horas del 4 de febrero del 2004. y en sentido similar, las Nºs 2004-01005 de las 14:42 horas del 4 de febrero y 2004-01831 de las 15:09 horas del 24 de febrero, ambas del 2004).

Con base en las consideraciones jurídicas expuestas, y en atención al tenor literal del artículo 173. 1 de la LGAP, resulta claro que el dictamen de la Procuraduría General o de la Contraloría General -según el ámbito de sus competencias- debe ser anterior a la eventual declaratoria de nulidad, pero posterior a la instrucción de un procedimiento ordinario en los términos del numeral 308 y siguientes de la citada Ley General (Entre otros, el dictamen C-158-2005 de 28 de mayo de 2005). En otras palabras, luego de que el órgano director ha terminado la instrucción del procedimiento, puede rendir el informe respectivo y comunicarlo así al órgano decisor con competencia para dictar el acto final (órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, según dispone expresamente el art. 173.2 LGAP); esto con la finalidad exclusiva de que sea éste el que previo a dictar el acto final correspondiente, tome el acuerdo correspondiente a la remisión del asunto ante la Procuraduría General, o a la Contraloría General, según corresponda, sin que aún se haya externado y conformado formal y específicamente la voluntad administrativa en relación con la declaratoria de nulidad consultada, pues no será sino con la emisión del dictamen favorable que, posteriormente, el órgano decisor proceda, efectivamente, a tomar la decisión final; misma que deberá ser comunicada al administrado que tuvo la condición de parte durante la tramitación del procedimiento. Ese procedimiento, por lo que indica el inciso 5) del ordinal 173 de la LGAP, deviene de absoluta e imperativa observancia, pues lo contrario, acarrea la nulidad absoluta de lo que se decida (Entre otros muchos, los dictámenes C-432-2007 de 3 de diciembre de 2007, C-165-2008 de 14 de Mayo de 2008, C-176-2008 de 23 de mayo de 2008, C-224-2008 de 26 de Junio de 2008, C-361-2008 de 6 octubre de 2008, C-233-2009 de 26 de agosto de 2009, C-307-2009 de 2 de noviembre de 2009, C-158-2010 de 5 de agosto de 2010, C-041-2013 de 12 de marzo de 2013, C-080-2016 de 18 de abril de 2016, C-376-2020 de 23 de setiembre de 2020, PGR-C-277-2021 de 29 de setiembre de 2021 y PGR-C-101-2022 de 12 de mayo de 2022). Recuérdese que “El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.” -Artículo 129 de la LGAP. Lo destacado es nuestro-

III.- La intervención de la Procuraduría General debe ser formalmente requerida por el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa (órgano decisor), antes de emitir su criterio concreto.

 

Interesa señalar que, del contenido expreso del Tomo VI, Folios del 1017 al 1018, imágenes de la 9 a la 10, resulta ostensible que, de forma prematura, el Concejo municipal de Barva, en su condición de órgano decisor, externó criterio de fondo, a modo de manifestación de voluntad administrativa libre y consciente –art. 130.1 Ibídem.-, acerca de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta que adolece el acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva; esto al afirmar:

 

“ACUERDO NO. 755-2025

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA RECIBIR Y APROBAR DICHO INFORME, CON FUNDAMENTO EN LO EXPUESTO EN LOS CONSIDERANDOS Y HECHOS PROBADOS, Y EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (…)

CON BASE EN LOS HECHOS PROBADOS, EL MARCO NORMATIVO APLICABLE Y EL ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO REALIZADO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ODP-MB-000002-2025 Y APRUEBA LO SIGUIENTE:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL ACUERDO N°585-09-2024 ADOPTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARVA EN LA SESIÓN N°033-2024, POR CONTRAVENIR DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS ESENCIALES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE EMPLEO PÚBLICO, EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN LA LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO N°10159, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO MUNICIPAL Y LA LEY GENERAL  DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADEMÁS POR VIOLENTAR EL PROCEDIMIENTO DE LA CREACIÓN DE PLAZAS, LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA SALARIAL GLOBAL, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD,  IDONEIDAD, AUSENCIA DE ASESORÍA TÉCNICA, LEGAL NI APROBACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE.

SEGUNDO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVA ODP-MB-000002-2025, PROCEDA CON LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN FORMAL DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN POSITIVO ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESPECTO DE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL ACUERDO N°585-09-2024 ADOPTADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BARVA. LA SOLICITUD DEBERÁ INCLUIR COPIA INTEGRA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL ÓRGANO DIRECTOR, LOS INFORMES TÉCNICOS V LEGALES QUE SUSTENTAN LA RECOMENDACIÓN DE NULIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA A LA PROCURADURÍA EMITIR CRITERIO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RAZONABILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

(…)

SETIMO: EN CASO DE NO OBTENER EL DICTAMEN POSITIVO SE RECOMIENDA INICIAR DE INMEDIATO EL PROCESO DE LESIVIDAD.

VOTACIÓN UNÁNIME

(5 VOTOS)

VOTAN POSITIVAMENTE: MÓNICA REBECA HERNÁNDEZ SEGURA, MARVIN MORA RÍOS, LILLIANA HERNÁNDEZ CASTRO, EDUARDO ENRIQUE ZAMORA MONTERO, MARLEN MURILLO SÁNCHEZ

La Presidenta Municipal Licda. Mónica Hernández Segura solicita que el acuerdo sea tomado en firme, lo somete a votación y es aprobado por unanimidad.

EL ACUERDO NO. 755-2025 ES DECLARADO DEFINITIVAMENTE” (Lo destacado es nuestro).

 

Con lo cual se adelanta indebidamente criterio de fondo del asunto -cómo se resolverá-, avalando y haciendo suyas las recomendaciones del órgano director, sin contar de previo con el dictamen favorable de este órgano Procurador, tal cual lo prevé la Ley. Todo lo cual acarrea la nulidad absoluta de la actuación administrativa así efectuada -arts. 129, 158, 165, 166, 169, 223, 171, 172, 173 incisos 1 y 5, y 174.1 de la LGAP-.

 

Al parecer ello ocurre porque en el informe final, el órgano director, recomienda al Concejo municipal declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de aquel acuerdo de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, y posterior a ello, como segundo punto sugiere acudir a la Procuraduría General para solicitar el dictamen preceptivo de ley (Tomo VI, Folios del 1045 al 1046, imágenes 37 y 38).

 

Debe recordarse que, cuando la ley establece trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa; su incumplimiento vicia dicha voluntad, pues aquéllos son parte fundamental de la válida preparación de la voluntad administrativa, como garantía al ciudadano del debido proceso sustantivo.

 

No en vano, por lo que indica el inciso 5) del ordinal 173 de la citada Ley General, aquel “iter procedimental” o la secuencia de trámites procedimentales aludida, es de absoluta e imperativa observancia, pues lo contrario, acarrea la nulidad absoluta de lo que se decida y la Administración estará obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.

 

De modo que la patología sustancial apuntada es suficiente para obligarnos a devolver el expediente sin el dictamen favorable que fuera requerido en aplicación del supra citado artículo 173 (En sentido similar, véanse los dictámenes PGR-C-025-2024 de 19 de febrero de 2024, PGR-C-244-2024 de 24 de octubre de 2024 y PGR-C-254-2025 de 18 de diciembre de 2025).

IV.- El artículo 173 de la LGAP y la potestad excepcional para anular de oficio los “actos declaratorios de derechos”.

Sin perjuicio del vicio decretado que, sin lugar a dudas, justifica sin más el retorno de la gestión sin entrar al fondo del asunto, nos permitimos, aun así, realizar las siguientes

consideraciones en relación con la naturaleza del acto que se cuestiona, atendiendo a los principios constitucionales de eficiencia y economía en la gestión pública, que deben imperar incluso en la intervención previa y preceptiva de esta Procuraduría General, como contralor de legalidad, cuando la Administración Pública, de forma excepcional, pretenda ir contra sus propios actos en sede gubernativa (ver al efecto, los dictámenes C-118-2007, del 17 de abril de 2007, PGR-C-037-2023 de 5 de marzo de 2023 y PGR-C-244-2024 de 24 de octubre de 2024); esto por la eventualidad de que esa corporación municipal, luego de sujetarse a este dictamen preceptivo y vinculante, mantenga su voluntad de revertir aquel acto formal.

 

Recordemos que toda actuación administrativa está sujeta al bloque de legalidad, comprensivo de las diferentes normas y principios que integran el ordenamiento jurídico. Por ende, la sujeción y la conformidad con aquel bloque de legalidad determinarán la validez del acto administrativo, pero también el deber de la Administración de velar por la regularidad de su propia actuación; un deber que, según hemos indicado, encuentra límites, especialmente en relación con los “actos declarativos de derechos”, porque si bien se considera que un acto absolutamente nulo no crea derechos y que la Administración está obligada a no aplicar dicho acto, debiendo anularlo, lo cierto es que la declaratoria de nulidad de un acto es excepcional, particularmente, cuando ese acto genera derechos a favor de un administrado; es decir, cuando este tiene un derecho subjetivo derivado de aquel acto, como efecto inmediato y concreto de aquél. Así, en aras del principio de intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas y de los derechos de los administrados, el ordenamiento prohíbe que la Administración pueda retirar libremente los actos declaratorios de derechos. En consecuencia, ese retiro resulta excepcional y debe fundarse además en la existencia de una nulidad absoluta, en los términos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (Dictamen C-336-2005, de 7 de setiembre de 2005).

Por ello hemos reafirmado en nuestra jurisprudencia administrativa que la potestad anulatoria del proceso de lesividad, así como la contemplada excepcionalmente por el numeral 173 de la LGAP, suponen trámites especiales que ha de seguir las Administraciones Públicas para volver sobre un acto propio declaratorio de derechos subjetivos (Dictámenes C-273-2011 de 07 de noviembre de 2011, C-11-2017 de 19 de enero de 2017 y C-321-2020 de 20 de agosto de 2020); entendidos estos últimos como el reconocimiento de un derecho, condición o poder a un sujeto o sujetos titulares específicos, que pueden hacer valer frente a otros en su interés propio, teniendo por esa individualización el derecho a una tutela efectiva cuando se pretenda perturbar o desconocer aquel derecho.

Ahora bien, por razones obvias, hemos determinado que las disposiciones del artículo 173 de la LGAP tienen como objeto regular la nulidad de “actos declaratorios de derechos”; por lo que no resultan aplicables a actos de distinta naturaleza (Dictámenes C-118-2000, de 22 de mayo de 2000; C-249-2005, de 7 de julio de 2005; C-336-2005, op. cit.; C-406-2007, del 12 de noviembre del 2007; C-046-2009, de 18 de febrero de 2009; C-273-2011, de 07 de noviembre de 2011; C-328-2011, de 22 de diciembre de 2011; C-149-2012, de 15 de junio de 2012; C-047-2016, de 29 de febrero de 2016 y C-11-2017, de 19 de enero de 2017). Es por ello que cobra particular importancia el concepto “acto declaratorio de derechos”.

La doctrina autorizada ha definido a esta clase de actos, también llamados favorables o ampliatorios, como aquellos que inciden de forma favorable en la esfera jurídica “de su destinatario” creando un derecho, una facultad, una posición de ventaja o beneficio o bien, suprimiendo una limitación, un deber o una posición de desventaja o negativa (como sucede así, por ejemplo, con las autorizaciones o concesiones)[2]. Y en términos del autor español BOCANEGRA SIERRA, son los actos administrativos que amplían la esfera o el patrimonio jurídico “del destinatario”; es decir, que crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica [3].  

Como es sabido, el acto administrativo es una declaración de voluntad realizada por la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa. En los términos del artículo 130 de la Ley General de la Administración Pública, una declaración de voluntad libre y consciente, dirigida a producir un efecto jurídico determinado por el ordenamiento. Entonces, cuando ese efecto jurídico externo está dirigido en concreto respecto de un sujeto identificado (art. 120 Ibidem.), para crear, reconocer o declarar a su favor la existencia de un derecho subjetivo o de una situación jurídica consolidada, estamos en presencia de un acto declaratorio de derechos para los efectos del artículo 173 de mérito.

Por lo expuesto, podemos afirmar que el acto declaratorio de derechos es un acto administrativo definitivo; es decir, decisorio e imperativo, y además favorable, porque produce un efecto jurídico positivo en la esfera jurídica de un administrado específico así identificado, en el tanto le reconoce u otorga un derecho, una facultad o le libera de una limitación, deber o gravamen. Y es casualmente en función de ese administrado, y en aras de asegurarle el ejercicio legítimo y efectivo del derecho de defensa - que comprende el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión fundada  y el derecho a impugnar la decisión administrativa -, que se establece el carácter garantista del procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, porque sin lugar a dudas, la declaratoria de nulidad absoluta de un acto creador de derechos incide fuertemente en la esfera jurídica del administrado (Véanse al respecto las resoluciones N°s 1563-91 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991 y 4639-2003 de 8:30 hrs. de 23 de mayo de 2003, ambas de la Sala Constitucional, entre otras muchas). (Véase dictamen C-321-2020 de 20 de agosto de 2020).

Resulta irrefutable entonces, que en nuestro medio la doctrina de la irrevocabilidad de los actos declaratorios de derechos subjetivos se fundamenta en la necesidad de respeto a la situación jurídica individual que conforman. De modo que aquel procedimiento agravado tiene una doble finalidad. Por un lado, -como dijimos-: salvaguardar la integridad de los derechos e intereses de los administrados específicos e individualizados, que son beneficiados con aquellos actos concretos. Y por el otro, garantizar que la actuación administrativa, tendente a declarar la nulidad de un acto declaratorio de derechos, responde a criterios objetivos, respeta los derechos de los ciudadanos y se somete por demás al ordenamiento jurídico.

En fin, según hemos concluido: la declaratoria de dicha nulidad debe estar sujeta a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en tanto se trate de un acto declaratorio de derechos, entendido este el sentido antes dicho (Ver Dictamen C-245-2005 de 4 de julio de 2005 y en sentido similar a todo lo expuesto, el Dictamen C-249-2005 de 7 de julio de 2005, así como el C-321-2020, op. cit.).

V.- El acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, en su conformación 2022-2024, no es un acto declaratorio de derecho.

Después de un exhaustivo análisis de los antecedentes que se extraen del expediente administrativo que nos fuera remitido, estimamos necesario, y por demás procedente, concentrarnos sin más preámbulos en la improcedencia de esta gestión para anular de pleno derecho y en sede administrativa, del acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, pues por su contenido no se aprecia que dicho acuerdo constituya un acto declaratorio de derechos subjetivos.

Recapitulemos: mediante acuerdo N°585-09-2024 adoptado en la Sesión N°033-2024 y transcrito a través del oficio CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, la Junta Directiva del CCDRB en su conformación 2022-2024, dispuso literalmente: "...TRAS LA ASESORÍA RECIBIDA CON RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, EL DÍA 2 DE SETIEMBRE A LAS 9a.M. SE ACUERDA OFRECERLES A LAS OFICINISTAS ADMINISTRATIVA Y DEPORTA RECREATIVA, LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR RECARGO DE FUNCIONES POR EL MONTO DE ¢637.250,00 (SEISCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA COLONES CON 00/100) SALARIO BRUTO ANTERIOR AMPARADO EN PRINCIPIO DE RACIONALIDAD JUSTIFICADO EN AUTONOMÍA QUE NOS OTORGA LA CEDULA JURÍDICA INSTRUMENTAL LIMITADA TOMANDO DE UN ESTUDIO DE PUESTOS DE COMITES DE DEPORTES, PASANDO DE UN SALARIO COMPUESTO A UN SALARIO ÚNICO PARA SER EFECTIVO A PARTIR DEL 15 DE SETIEMBRE DE 2024 (SIC)”. (Tomo I, del Folio 82 y 83, Imágenes 70 y 71. Tomo III, Folios 471 y 472, imágenes 74 y 75).

Y con base en dicho acuerdo se hizo una modificación del contrato “por servicios especiales” (Tomo I. Folios del 134 al 144, imágenes de la 121 a la 131; Tomo II, Folios del 430 al 441, Imágenes de la 33 a la 44; Tomo IV, Folios del 729 a la 734, del 765 al 768, imágenes de la 131 a la 136, de la 167 a la 171; Tomo V, Folios del 804 al 808, del 877 al 882, imágenes de la 6 a la 10 y de la 79 a la 85) a dos funcionarias: xxx, portadora de cédula de identidad xxx y xxx, portadora de la cédula de identidad xxx, procediendo en ese momento a modificarles el puesto que tenían a uno de Administrativo Municipal 1B, utilizando para ello el Manual de Puestos de otra Municipalidad, en concreto, la de Heredia, no el de la Barva a la cual pertenece orgánica y estructuralmente aquel CCDR (Tomo I, Folios del 94 al 99 y del 125 al 129, imágenes de la 81 a la 86 y de la 112 a la 116; Tomo II, Folios del 431 al 441, Imágenes de la 35 a la 44).

De ahí que, según se alude, en la trascripción de aquel acuerdo se justifica la decisión adoptada indicándose: “(…) el cambio a Salario Global de las oficinas del CCDR-Barva dadas las recargas de funciones, llegándose así a un mutuo acuerdo por cambio a Salario Global”. (Ibid.).

Como es obvio, por su enunciado y contenido expreso, podemos afirmar que el acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del CCDR de Barva, en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, no constituye un acto concreto, destinado a un sujeto identificado (art. 120 de la LGAP), y por tanto, a falta de una conducta concreta y específica, destinada a uno o varios beneficiarios individualizados, en realidad no confiere un derecho subjetivo exigible directamente al Poder Público de aquella conducta administrativa (Dictamen C-321-2020, op. cit.).

Y aun cuando la LGAP autoriza refundir en un solo documento actos de una misma naturaleza, como podría haber sido el reconocimiento del citado complemento salarial por riesgo, lo cierto es que condiciona dicha conducta formal al hecho inexcusable de que deban especificarse las personas y otras circunstancias que individualicen cada uno de los actos y sus beneficiarios, para así poderlos considerar, para todos los efectos legales, como actos administrativos diferenciados -art. 135.1.2 [4]-. Sin embargo, en el acuerdo de la Junta Directiva del CCDR de Barva de comentario, lamentablemente, esa individualización necesaria no se efectuó. Y por tanto, podemos afirmar que no estamos en presencia de una acto concreto declarativo que otorgue un derecho subjetivo a favor de un administrado debidamente identificado.

Véase incluso que, por su redacción abierta o genérica, y especialmente por no estar destinado concretamente a uno o varios sujetos debidamente individualizados, constituyéndose a lo sumo como un acto de alcance general (art. 120.1 de la LGAP), con una clasificación material u objetiva inespecífica, aquel acuerdo solo pudo concretizarse indirectamente, a través de actos de aplicación individual; en este caso en la novación de los contratos “por servicios especiales” de las trabajadoras: xxx, portadora de cédula de identidad xxx y xxx, portadora de la cédula de identidad xxx,  que no fueron directamente cuestionados en este asunto. Y aunque lo hubieran sido, lo cierto es que dichas contrataciones “laborales”, por demás excepcionales -art. 46 de la Ley Marco de Empleo Público-, están excluidas expresamente del régimen estatutario -art.5 inciso d) del Estatuto de Servicio Civil-, y por tanto, “regidas por el derecho laboral común” (Dictámenes C-099-2008 de 3 de abril de 2008, C-119-2009 de 4 de mayo de 2009, C-331-2009 de 1 de diciembre de 2009, C-047-2011 de 28 de febrero de 2011, C-048-2011 de 2 de marzo de 2011, C-102-2013 de 17 de junio de 2013, C-148-2015 de 12 de junio de 2015, C-207-2018 de 27 de agosto de 2018, C-089-2019 de 03 de abril de 2019 y PGR-C-105-2023 de 15 de mayo de 2023).

Y más que conveniente, es oportuno recordar que, según sea público o privado el régimen jurídico aplicable en materia laboral o de empleo público, traerá como consecuencia, entre otras cosas, “la aplicación en bloque de dicho régimen, que, a su vez, determina la naturaleza de los actos y situaciones jurídicas en que se desarrolla o manifiesta esa relación” (ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo. "Tesis de Derecho Administrativo", Tomo II. Primer Edición. San José, C.R. Editorial Stradmann, 2000. P. 114)” (Dictamen PGR-C-071-2022 de 30 de marzo de 2022).

 

            De ahí que el régimen de nulidades de la LGAP, y en concreto, tanto el proceso de lesividad -arts. 183.3 LGAP, 10.5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508-, como el procedimiento excepcional establecido en el artículo 173 de la LGAP para anular en vía administrativa un acto administrativo declarativo de derechos, aplican para solo los actos surgidos de relaciones regidas por el derecho público, no así para los que emanen de relaciones reguladas por el derecho común (Dictámenes C-185-2009 de 2 de julio de 2009, C-215-2009 de 4 de agosto de 2009. En sentido similar el dictamen C-012-2013 de 30 de enero de 2013). Tal afirmación encuentra fundamento en el hecho de que un acto o contrato, surgido de una relación regida por el derecho común, particularmente, por el derecho laboral, como ocurre en este caso, no puede ser catalogado como un acto administrativo, por lo que no le son aplicables las pautas establecidas en la LGAP para dejar sin efecto ese tipo de actos (Dictamen PGR-C-344-2021 de 09 de diciembre de 2021).

 

Por ello, conforme a una consistente y reiterada posición sostenida en nuestra jurisprudencia administrativa, hemos afirmado que, para anular en vía administrativa actos o contratos regidos por el derecho laboral común, no es necesario, y mucho menos exigible, seguir el procedimiento al que se refiere el artículo 173 de la LGAP, pues a las relaciones jurídicas de ese tipo de obreros, trabajadores o empleados, no les resulta aplicable el Derecho Administrativo en el ámbito de su relación laboral, pues el derecho privado es el que innegablemente regula su actividad.

 

Y según hemos advertido,  dicha exclusión no implica que las Administraciones Públicas  “estén en posibilidad de suprimir, impávidamente, los derechos declarados en favor de sus trabajadores (pues esos derechos podrían estar protegidos por otras normas y principios que aplican a las relaciones de empleo no regidas por el Derecho Público); pero sí que no es posible exigir, para la anulación de ese tipo de actos, el procedimiento a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.” (Dictamen C-215-2009, op. cit.).

 

Por lo hasta aquí expuesto, y siendo que nuestra competencia en estos asuntos se limita a rendir o no dictamen favorable sobre la declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta (Dictámenes PGR-C-280-2024 de 02 de diciembre de 2024  y PGR-C-058-2025 de 20 de marzo de 2025), interesa reafirmar entonces que, sin lugar a dudas, por su contenido expreso y según su parte resolutiva, aquel acuerdo de la Junta Directiva del CCDR de Barva acusado, no constituye un acto administrativo concreto y declaratorio de un derecho subjetivo, pues no está destinado a un sujeto o sujetos específicos, directa, precisa y debidamente identificados como beneficiarios del mismo (art. 120 de la LGAP). A lo sumo aquel acuerdo es un acto de carácter genérico, de orden administrativo, financiero, operativo e incluso de política salarial institucional, pero que no permite decir, por ejemplo, para efectos de su eventual ejecución como acto firme y favorable, que cumpla con el requisito necesario de estar dirigido y destinado a sujetos individualizados específicos, para ser judicialmente exigible por aquellas trabajadoras aludidas en la investigación. No puede entonces derivarse de él directamente un derecho subjetivo individualizable que deba ser anulado.

Empero, sin perjuicio de la posición espontánea asumida por las autoridades administrativas del Concejo municipal en este asunto, lo cierto es que el acuerdo sobre el cual se nos solicita nuestro criterio en punto a su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, no genera, ni ha generado derechos subjetivos directos de él o una situación jurídica consolidada, pues no tiene efectos propios directos que vayan destinados a un sujeto identificado o individualizado específico. Y por tanto, aquel presupuesto elemental para ejercer oficiosamente la potestad anulatoria administrativa excepcional -art. 173 de la LGAP-, no se constata en aquel acto.

En caso de mantener su voluntad de anular el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del CCDR-Barva, corresponderá a la Administración municipal proceder de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 y 180 de la LGAP (Dictámenes C-046-2009, de 18 de febrero de 2009 y C-321-2020 op. cit.), sin necesidad de recurrir incluso al proceso de lesividad, pues éste último, al igual que el previsto en el 173 de la LGAP, está referido exclusivamente a actos declaratorios de derechos (Dictámenes C-273-2011, de 07 de noviembre de 2011, C-11-2017, de 19 de enero de 2017 y PGR-C-212-2025 de 15 de octubre de 2025); condición esta última que no tiene aquel acto.

Conclusiones

           

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa del acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, toda vez que la presente gestión no ha seguido los cauces procedimentales legalmente previstos al efecto, especialmente porque, sin contar de previo con nuestro dictamen favorable y vinculante, indebidamente, en el acuerdo municipal No. 755-2025 del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025, el Concejo municipal adelantó criterio de fondo, al declarar expresamente su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en franca violación a lo dispuesto en el artículo 173, incisos 1 y 5 de la LGAP.

 

En todo caso, se advierte que lo dispuesto por el citado acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, no constituye un acto declaratorio de derechos, en el tanto no puede derivarse de él derecho subjetivo a favor de uno o varios administrados particularmente individualizados o identificados.

 

En vista de que el citado acto no es declaratorio de derecho y que, con base en él, se hizo una novación de contratos laborales “por servicios especiales” de dos trabajadoras, en el tanto dichas relaciones jurídicas están excluidas expresamente del régimen estatutario -art.5 inciso d) del Estatuto de Servicio Civil-, y por tanto, regidas por el derecho laboral común, resulta innecesario, y por demás improcedente, tramitar un procedimiento administrativo anulatorio establecido en el artículo 173 de la LGAP, ni obtener el dictamen favorable de esta Procuraduría para trastocarlos.

 

En las circunstancias objetivas descritas no procede emitir el dictamen favorable prescrito por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

Devolvemos el asunto junto con la documentación que nos fuera remitida al efecto, concretamente el expediente administrativo No. ODP-MB-000002-2025.

Sin otro particular,

 

 

MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera

Procurador Adjunto

Dirección de la Función Pública

 

 

LGBH/sar

 

 

PGR-C-023-2026

 

NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA -ART. 173 LGAP-, INADMISIBLE POR ADELANTAMIENTO DE CRITERIO SOBRE EL FONDO POR PARTE DEL JERARCA. ADEMÁS, EL ACUERDO CUESTIONADO NO CONSTITUYE ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS SUBJETIVOS Y LOS CONTRATOS POR SERVICIOS ESPECIALES MODIFICADOS POR AQUÉL, SE RIGEN POR EL DERECHO PRIVADO.

 

Por oficio No. SM 1433-2025, de 08 de diciembre de 2025, la Presidente y la Secretaria del Concejo municipal de Barva nos comunica que, por medio del acuerdo municipal No. 755-2025 del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la  Ley General de la Administración Pública (LGAP), se nos solicita formalmente emitir criterio preceptivo y vinculante sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva (CCDR-Barva), en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024; según el cual: "...TRAS LA ASESORÍA RECIBIDA CON RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO, EL DÍA 2 DE SETIEMBRE A LAS 9a.M. SE ACUERDA OFRECERLES A LAS OFICINISTAS ADMINISTRATIVA Y DEPORTA RECREATIVA, LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR RECARGO DE FUNCIONES POR EL MONTO DE ¢637.250,00 (SEISCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA COLONES CON 00/100) SALARIO BRUTO ANTERIOR AMPARADO EN PRINCIPIO DE RACIONALIDAD JUSTIFICADO EN AUTONOMÍA QUE NOS OTORGA LA CEDULA JURÍDICA INSTRUMENTAL LIMITADA TOMANDO DE UN ESTUDIO DE PUESTOS DE COMITES DE DEPORTES, PASANDO DE UN SALARIO COMPUESTO A UN SALARIO ÚNICO PARA SER EFECTIVO A PARTIR DEL 15 DE SETIEMBRE DE 2024 (SIC)”; por estimar que, con él, se ha “incurrido en vicios graves en la modificación contractual y salarial de funcionarias, sin cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y presupuestarios exigidos por la normativa vigente”.

 

Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen PGR-C-023-2026, de 28 de enero de 2026, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, luego de un exhaustivo análisis del expediente administrativo, concluye:

 

“(…) esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa del acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, en su conformación 2022-2024, y que fuera trascrito en el oficio No. CCDR-RS-049-2024 de fecha 22 de noviembre de 2024, toda vez que la presente gestión no ha seguido los cauces procedimentales legalmente previstos al efecto, especialmente porque, sin contar de previo con nuestro dictamen favorable y vinculante, indebidamente, en el acuerdo municipal No. 755-2025 del acta 64-2025 de 10 de noviembre de 2025, el Concejo municipal adelantó criterio de fondo, al declarar expresamente su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en franca violación a lo dispuesto en el artículo 173, incisos 1 y 5 de la LGAP.

 

En todo caso, se advierte que lo dispuesto por el citado acuerdo No. 585-09-2024, adoptado en la sesión No. 033-2024, por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Barva, no constituye un acto declaratorio de derechos, en el tanto no puede derivarse de él derecho subjetivo a favor de uno o varios administrados particularmente individualizados o identificados.

 

En vista de que el citado acto no es declaratorio de derecho y que, con base en él, se hizo una novación de contratos laborales “por servicios especiales” de dos trabajadoras, en el tanto dichas relaciones jurídicas están excluidas expresamente del régimen estatutario -art.5 inciso d) del Estatuto de Servicio Civil-, y por tanto, regidas por el derecho laboral común, resulta innecesario, y por demás improcedente, tramitar un procedimiento administrativo anulatorio establecido en el artículo 173 de la LGAP, ni obtener el dictamen favorable de esta Procuraduría para trastocarlos.

 

En las circunstancias objetivas descritas no procede emitir el dictamen favorable prescrito por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

Devolvemos el asunto junto con la documentación que nos fuera remitida al efecto, concretamente el expediente administrativo No. ODP-MB-000002-2025.”