Dictamen : 240 - del 08/12/2025

8 de diciembre de 2025

PGR-C-240-2025

 

Mario González Matamoros

Director

Colegio de San Luis Gonzaga

 

M.Sc. Adriana Solano Pérez

Gestión de Talento Humano

Colegio de San Luis Gonzaga

 

Estimados señores:

 

Con la aprobación y por encargo del Procurador General de la República, se atiende el oficio n.° CSLG-GTH-DIR-026-2025 del 29 de julio de 2025, el cual fue adicionado por medio del oficio n.° GTH-195-2025 el 13 de agosto del mismo año y mediante el cual se solicita nuestro criterio jurídico sobre lo siguiente:

 

 

I.                   SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA Y EL CRITERIO LEGAL.

 

El Colegio de San Luis Gonzaga solicita que la Procuraduría General de la República determine si dicha institución, en su calidad de ente autónomo, debe aplicar el mes de preaviso establecido en las circulares del Ministerio de Educación Pública (VM-A-DRH-08-031-2021, VM-A-DRH-09-034-2021 y VM-A-DRH-07-025-2021) a los funcionarios nombrados mediante ascenso interino por la Junta Administrativa de dicho colegio, cuando no existe ruptura de la relación laboral y el colaborador continúa laborando bajo las órdenes del mismo patrono.

 

Asimismo, el Colegio pretende que se confirme si tales circulares son vinculantes para la institución o si, por el contrario, debe aplicarse exclusivamente lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Trabajo respecto del preaviso, únicamente en los casos en que exista término de la relación laboral.

 

Finalmente, la institución analiza que, a partir de la fecha establecida por su Junta Administrativa, se permita la inclusión en planilla de los funcionarios ascendidos sin exigirles el mes de preaviso, considerando que el ascenso interno no configura una terminación del vínculo contractual y, por ende, no activa la obligación legal de otorgarlo.

 

La consulta no se acompaña del criterio jurídico exigido por el artículo 4 de nuestra Ley Orgánica como requisito indispensable para la admisibilidad de las gestiones consultivas. En su lugar, simplemente se dice no contar con asesoría jurídica, por renuncia del asesor legal.

 

Una vez analizado el contenido de la gestión, se concluye que la consulta deviene inadmisible por las razones que se detallan a continuación:

 

 

II.                SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

La función consultiva atribuida a la Procuraduría General de la República, conforme lo dispone el artículo 1 de su Ley Orgánica n.° 6815 del 27 de setiembre de 1982, se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3 inciso b), 4 y 5 del citado cuerpo normativo.

 

A partir de dichas disposiciones, la jurisprudencia administrativa ha identificado tres requisitos mínimos de admisibilidad que deben cumplirse para que una consulta pueda ser conocida por este órgano asesor, a saber:

 

a) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución.

 

b) Que el objeto de la consulta se plantee de manera clara y precisa y verse sobre temas jurídicos de carácter general. Este requisito excluye cuestionamientos relativos a casos concretos; asuntos pendientes de resolución por parte de la Administración activa; revisiones de actos administrativos o decisiones ya adoptadas; análisis de informes o criterios legales previamente emitidos; asuntos judiciales en trámite; materias cuya competencia corresponda a otro órgano; así como cuestiones de interés particular o personal del funcionario que presenta la consulta.

 

c) Que la consulta se acompañe del criterio jurídico emitido por la asesoría legal de la institución respecto de todos los temas sometidos a análisis. Este requisito ha sido reiterado en numerosos pronunciamientos, entre ellos los dictámenes n.° C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 del 29 de abril de 2016, C-377-2019 del 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 del 4 de marzo de 2020, C-277-2020 del 10 de julio de 2020, C-191-2021 del 30 de junio de 2021, C-065-2021 del 4 de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 del 24 de mayo de 2023 y PGR-C-055-2025 del 17 de marzo de 2025, entre muchos otros.

 

 

III.             INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA:

 

En el caso sometido a estudio, la consulta no se acompaña del criterio jurídico exigido por el ordenamiento. El Colegio de San Luis Gonzaga se limita a afirmar que no cuenta con asesoría legal debido a la renuncia del funcionario que ocupaba dicho puesto y aporta únicamente la carta de renuncia respectiva. Esta actuación no acredita esfuerzos institucionales para suplir temporalmente esa ausencia, ni satisface el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

Al analizar detalladamente las razones alegadas, se advierte que la institución no demuestra una imposibilidad real, objetiva y comprobable para obtener el criterio legal. Por el contrario, se evidencia la ausencia de gestiones razonables y proporcionales orientadas a procurar asistencia técnica de fuentes alternativas. Este incumplimiento impide considerar configurada una imposibilidad material que justifique la presentación de la consulta sin criterio jurídico previo.

 

El requisito de acompañar la consulta con un criterio jurídico no constituye una formalidad accesoria. Es una exigencia expresa establecida por el legislador en nuestra Ley Orgánica. El principio de legalidad obliga a esta Procuraduría a observar estrictamente sus propias normas internas y, en consecuencia, a rechazar aquellas consultas que no hayan agotado el análisis jurídico previo correspondiente, salvo en el caso de las auditorías internas, facultadas por ley para consultar sin este requisito.

 

La jurisprudencia administrativa ha precisado que, de manera excepcional, cuando una institución carece temporalmente de abogado interno, esta puede adjuntar un criterio jurídico emitido por un profesional externo o por la asesoría legal de una entidad afín. Para ello, debe demostrar que gestionó de manera seria, documentada y suficiente la obtención de dicho criterio. También debe acreditar que, a pesar de tales esfuerzos, la obtención del análisis jurídico fue materialmente imposible.

 

Si la institución opta por esa vía, debe acudir a alternativas razonables como dependencias con funciones similares dentro del sector correspondiente, direcciones regionales de educación o cualquier órgano que cuente con asesoría jurídica disponible. No consta en los documentos remitidos que el Colegio de San Luis Gonzaga haya realizado gestiones orientadas a obtener apoyo jurídico por estas vías, lo cual evidencia la falta de agotamiento de opciones viables para cumplir con la ley.

 

Debe recordarse que el criterio jurídico previo debe contener un análisis técnico detallado sobre todos los puntos sometidos a consideración de la Procuraduría. Su finalidad es garantizar que el consultante haya discutido internamente el asunto y agotado las posibilidades de resolución administrativa antes de elevarlo a esta autoridad técnica. La jurisprudencia ha reiterado la importancia de este requisito en dictámenes como C-151-2002, C-121-2013, C-220-2016 y C-168-2017.

 

El criterio jurídico previo también aporta información fundamental sobre el funcionamiento práctico de la institución consultante, sus procedimientos y su marco operativo. Esta información resulta indispensable para que la Procuraduría emita un pronunciamiento vinculante adecuado, completo y ajustado al principio de juridicidad.

 

Asimismo, se ha indicado que dicho criterio debe emitirse específicamente sobre los puntos que se pretenden consultar. El jerarca debe requerir este análisis a la asesoría legal institucional o, en su defecto, agotar alternativas externas. Esto ha sido reiterado en los dictámenes C-061-2018, C-145-2018 y C-205-2018.

 

En este caso, no se evidencia que el Colegio de San Luis Gonzaga haya agotado las alternativas mencionadas. No consta la existencia de un análisis jurídico previo ni gestiones para suplir temporalmente la ausencia del asesor legal. Tampoco se aporta ningún elemento que permita inferir una imposibilidad material absoluta para obtener un criterio jurídico externo. La sola presentación de la carta de renuncia no satisface el estándar legal ni doctrinario que regula la función consultiva.

 

Con fundamento en el marco normativo expuesto y en la jurisprudencia reiterada de esta Procuraduría, se concluye que la consulta analizada resulta inadmisible. La ausencia del criterio jurídico previo impide verificar la existencia de una duda jurídica real, así como determinar si la cuestión sometida a estudio fue analizada internamente. Este requisito constituye un presupuesto indispensable para la emisión de un pronunciamiento técnico y vinculante.

 

En consecuencia, esta Procuraduría no puede conocer el fondo de la consulta mientras el Colegio de San Luis Gonzaga no cumpla con el requisito legal que regula la función consultiva.

 

 

IV.             ANTECEDENTES RELACIONADOS CON EL OBJETO DE CONSULTA:

 

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior y con el propósito de colaborar con el Colegio de San Luis Gonzaga, se señalan a continuación varios aspectos vinculados con la materia consultada, derivados de la búsqueda y recopilación de pronunciamientos previos de esta Procuraduría, a fin de que sirvan como orientación en el análisis del asunto de interés, sin que ello signifique el análisis del fondo de la consulta planteada.

 

El Colegio San Luis Gonzaga, conforme a la ley n.° 4471 de 3 de diciembre de 1969, Ley que reconoce autonomía al Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, constituye una institución autónoma del Estado. El artículo 1 de esa ley establece de manera expresa: “Se reconoce de modo terminante y explícito la autonomía plena del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago”. A partir de esa previsión normativa surgió la discusión sobre si la autonomía plena a la que alude dicha disposición equivale al grado de autonomía de las instituciones autónomas previstas en el artículo 188 de la Constitución Política, o si se trata de una categoría superior de autonomía.

 

Esta Procuraduría, en el dictamen C-014-86 del 14 de enero de 1986, precisó que el Colegio San Luis Gonzaga tiene el mismo grado de autonomía que las instituciones autónomas reguladas constitucionalmente. Una ley ordinaria no puede conferir a un ente público una autonomía superior a la prevista en la Constitución Política para esa categoría institucional. Los artículos 188 y 189 de la Constitución definen el régimen de las instituciones autónomas, les reconocen independencia administrativa y las sujetan a la ley en materia de gobierno. Por tanto, el legislador común no puede, mediante ley ordinaria, crear una institución con prerrogativas mayores a las que el constituyente autorizó para esos entes. Cuando el constituyente quiso establecer una “superautonomía” (Universidad de Costa Rica y demás instituciones de educación superior universitaria del Estado), lo hizo expresamente en el artículo 84 de la Constitución y no por vía legal. En consecuencia, aunque el artículo 1 de la ley n.° 4471 declare de modo terminante y explícito la autonomía plena del Colegio San Luis Gonzaga, esa autonomía debe respetar los límites del artículo 188 constitucional sobre instituciones autónomas del Estado.

 

La Sala Constitucional confirmó esta interpretación. En la sentencia n.° 1873-90 de las 15:45 horas del 18 de diciembre de 1990, reiterada en la n.° 8519-98 de las 10:21 horas del 27 de noviembre de 1998, la Sala indicó que, pese al énfasis del artículo 1 de la ley n.° 4471 y de su reforma por la ley n.° 5235, el Colegio San Luis Gonzaga es una institución autónoma del Estado de las reguladas en el Título XIV de la Constitución Política, concretamente en los artículos 188 y siguientes. Descartó que la ley hubiera creado una categoría diferente de ente educativo ajeno a toda fiscalización, inspección o dirección estatal y reafirmó que el Colegio se integra en el régimen general de instituciones autónomas previsto en la Constitución.

 

De ello se desprende que el Colegio San Luis Gonzaga es un ente descentralizado con rango de institución autónoma, dotado de autonomía administrativa y sujeto a la ley en materia de gobierno, según los artículos 188 y 189 de la Constitución Política. La autonomía administrativa es de primer grado, propia de todo ente descentralizado, y permite al Colegio ejercer directamente las competencias que la ley le asigna, sin intervención de otro ente. Esa autonomía lo faculta para organizar y gestionar sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que considere más adecuada para cumplir sus fines. En el dictamen C-002-2011 del 11 de enero de 2011, esta Procuraduría indicó que la autonomía administrativa supone autoadministración dentro del marco legal, obliga al legislador a atribuir al ente los poderes mínimos indispensables para cumplir su finalidad con eficacia y eficiencia y exige garantizar medios materiales, recursos humanos e instrumentos jurídicos adecuados. Señaló, además, que esos poderes de autoadministración son propios de la descentralización y que su supresión desnaturalizaría la autonomía. La autonomía administrativa abarca materias técnicas, administrativas y actos de contratación, sin excluir la posibilidad de regulación legal sobre esos ámbitos.

 

A pesar de esa autonomía, el Colegio San Luis Gonzaga se mantiene vinculado al bloque normativo que regula la educación en Costa Rica. Es una institución de enseñanza oficial que, en materia educativa, se sujeta a la ley, a la fiscalización que ésta prevea y a la dirección del Consejo Superior de Educación, según el artículo 81 de la Constitución Política. En el dictamen C-011-91 del 5 de julio de 1991, esta Procuraduría señaló que al Colegio se le aplican las leyes y reglamentos educativos y que se encuentra bajo la inspección estatal. En la sentencia n.° 1873-90, la Sala Constitucional reiteró que el artículo 81 somete la enseñanza oficial a la dirección del Consejo Superior de Educación, que la educación impartida por el Colegio integra esa categoría y que no es posible sostener la existencia de una tercera categoría de centros educativos exentos de fiscalización, dirección o inspección estatal. También afirmó que una ley ordinaria no puede modificar ni desconocer ese mandato constitucional.

 

En síntesis, el Colegio San Luis Gonzaga es una institución autónoma con autonomía administrativa, sujeta a las leyes y reglamentos sobre educación y, en materia educativa, a la dirección del Consejo Superior de Educación, conforme al artículo 81 de la Constitución Política.

 

En cuanto a la relación del colegio con su personal, su carácter de institución autónoma le confiere la potestad de nombrar y remover a sus servidores, en términos análogos a cualquier otra institución autónoma del país. El ejercicio de esta potestad debe armonizarse con el marco normativo y con los principios constitucionales del empleo público, entre ellos la idoneidad comprobada para el nombramiento, la igualdad de acceso a la función pública y la estabilidad en el puesto. Todas las personas que prestan servicios al Colegio bajo una relación de empleo se vinculan a esa institución pública por un vínculo de naturaleza pública, sin que importe si la remuneración proviene del presupuesto del Ministerio de Educación Pública o de recursos propios del Colegio. De acuerdo con la regla general, los empleados de las instituciones públicas, salvo las empresas o servicios económicos del Estado a que se refieren los artículos 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, se rigen por un vínculo de derecho público sometido a los principios constitucionales del empleo público. El Colegio San Luis Gonzaga no se ubica en la categoría de empresa o servicio económico del Estado.

 

La ley n.° 4471 dispone que el nombramiento del personal docente y administrativo del Colegio San Luis Gonzaga debe realizarse “con sujeción absoluta al Estatuto de Servicio Civil”, el cual, en lo demás, rige supletoriamente las relaciones entre la Junta y el personal. Este precepto delimita el alcance del Estatuto de Servicio Civil en el Colegio: la institución se encuentra sujeta a dicho Estatuto en forma plena únicamente en lo relativo al nombramiento y remoción de personal y, en los demás aspectos, puede desarrollar/aplicar un reglamento propio, con el Estatuto como normativa supletoria. En su calidad de institución autónoma con personalidad jurídica propia, el Colegio es un centro último de derechos y obligaciones; por consiguiente, las personas que nombra para cumplir sus fines legales son funcionarios del Colegio, no del Estado central ni de los órganos del Poder Ejecutivo.

 

De conformidad con la ley n.° 4471, el Colegio San Luis Gonzaga se somete al Estatuto de Servicio Civil exclusivamente en materia de nombramientos y remociones. En los otros aspectos de la relación de empleo, el Estatuto tiene carácter supletorio frente al reglamento interno de la institución. A partir de este diseño normativo y de la autonomía administrativa de la que goza el Colegio, esta Procuraduría ha sostenido que el Colegio no se sujeta a las disposiciones y resoluciones de la Dirección General de Servicio Civil, aunque sí se encuentra bajo el control de la Autoridad Presupuestaria y de la Contraloría General de la República en los ámbitos de su competencia.

 

En el dictamen C-288-2011, ante una consulta del entonces ministro de Educación, Dr. Leonardo Garnier Rímolo, esta Procuraduría se pronunció sobre el grado de autonomía del Colegio y sobre la naturaleza de la relación de empleo de sus colaboradores. Reiteró que, según la ley n.° 4471 y la jurisprudencia de la Sala Constitucional (sentencias n.° 1873-90 y n.° 8519-98), el Colegio San Luis Gonzaga es una institución autónoma del Estado, y que todas las personas que prestan servicios en él bajo relación de empleo mantienen un vínculo de naturaleza pública, sometido a los principios constitucionales del empleo público. Señaló que, por su carácter de institución autónoma, el Colegio debe reclutar, seleccionar, nombrar y remover directamente a su personal, con sujeción a los principios de idoneidad, igualdad y estabilidad, y observando el Estatuto de Servicio Civil en lo referente a nombramientos y remociones. También reiteró que, por su autonomía administrativa, el Colegio no se subordina a la Dirección General de Servicio Civil, aunque sí a las decisiones de la Autoridad Presupuestaria y de la Contraloría General de la República dentro de sus competencias. Este criterio fue reiterado en el Dictamen PGR-C-168-2023 del 4 de setiembre de 2023.

 

La no incorporación plena al Régimen de Servicio Civil no excluye la aplicación de los principios constitucionales del empleo público a los servidores del Colegio San Luis Gonzaga. A estos les son exigibles, como al resto de servidores públicos, los principios de idoneidad comprobada para el acceso a los cargos, igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y estabilidad en el puesto, de conformidad con el bloque de constitucionalidad y con la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional.

 

En consecuencia, esta Procuraduría concluyó en los dictámenes de cita que el Colegio San Luis Gonzaga es un ente descentralizado con rango de institución autónoma, facultado para nombrar y remover directamente a su personal, en términos similares a otras instituciones autónomas del país. La institución debe ejercer la potestad de nombramiento con apego absoluto al Estatuto de Servicio Civil, según lo establece el artículo 2 de la ley n.° 4471, aplicando ese Estatuto directamente en materia de nombramientos y remociones, utilizándolo supletoriamente para otros aspectos de la relación de empleo y observando, en todo momento, los principios constitucionales que rigen el empleo público en Costa Rica.

 

Considera esta Procuraduría que los dictámenes citados contienen los elementos de juicio esenciales para que el Colegio San Luis Gonzaga, resuelva, por sí mismo, la consulta planteada sobre la obligatoriedad o no de aplicar las circulares del Ministerio de Educación Pública relativas al preaviso. 

 

Para consultar los dictámenes citados en este documento, así como cualquier otro pronunciamiento emitido por la Procuraduría General de la República, se debe ingresar al Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI). En dicho portal, dentro de la sección ubicada al costado izquierdo denominada “PGR SINALEVI”, debe seleccionarse el apartado “Pronunciamientos”. Posteriormente, en el punto II, “Búsqueda selectiva”, corresponde completar los datos identificativos del criterio o dictamen que se requiera localizar.

 

 

V.                CONCLUSIÓN:

 

Por las razones expuestas, la consulta formulada SE DECLARA INADMISIBLE, al no satisfacer los requisitos de admisibilidad previstos en nuestra Ley Orgánica.

 

No obstante, y con el propósito de brindar una colaboración institucional al Colegio San Luis Gonzaga, se incorporaron referencias y paráfrasis de determinados pronunciamientos emitidos por esta Procuraduría en el ejercicio de su función consultiva, los cuales podrían resultar de utilidad para orientar al consultante.

 

Cordialmente,

 

 

María Fernanda Barquero Moya                           Marianela Molina Araya

Procuradora                                                              Abogada

Procuraduría General de la República                  Procuraduría General de la República

 

 

 

MMA/MFBM/bmz

 

 

 

PGR-C-240-2025

 

ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA FORMULADA POR EL COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA, EN RELACIÓN CON LA EVENTUAL OBLIGATORIEDAD DE APLICAR EL MES DE PREAVISO PREVISTO EN DIVERSAS CIRCULARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) A FUNCIONARIOS ASCENDIDOS INTERINAMENTE, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE SI DICHAS CIRCULARES SON VINCULANTES PARA ESA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA Y SI EL ASCENSO INTERNO CONFIGURA O NO LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL QUE ACTIVA LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR PREAVISO. LA GESTIÓN SE ORIGINÓ EN EL OFICIO N.° CSLG-GTH-DIR-026-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025, AMPLIADO MEDIANTE OFICIO N.° GTH-195-2025 DEL 13 DE AGOSTO DE ESE MISMO AÑO.

 

Conforme al contenido del expediente, el Colegio de San Luis Gonzaga solicita criterio jurídico sobre tres aspectos:

 

Si la institución, en su condición de ente autónomo, está obligada a aplicar el preaviso regulado en las circulares VM-A-DRH-08-031-2021, VM-A-DRH-09-034-2021 y VM-A-DRH-07-025-2021; si tales circulares tienen carácter vinculante para el Colegio o si debe aplicarse únicamente lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Trabajo; y si puede prescindirse del mes de preaviso cuando el funcionario continúa laborando para el mismo patrono mediante ascenso interno, permitiendo su inclusión inmediata en planilla según lo dispuesto por la Junta Administrativa.

 

No obstante, la gestión no incorpora el criterio jurídico previo requerido por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (ley n.° 6815), requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier consulta. La institución únicamente afirma carecer temporalmente de asesoría jurídica debido a la renuncia del funcionario responsable, sin acreditar gestiones razonables para suplir esa ausencia ni demostrar la imposibilidad material absoluta de obtener un análisis legal por medios alternos.

 

Mediante el dictamen PGR-C-240-2025, emitido con aprobación del señor Procurador General y suscrito por la Licda. Marianela Molina Araya y la Procuradora María Fernanda Barquero Moya, se expone que, conforme a la normativa orgánica de esta Procuraduría y a la jurisprudencia reiterada, la consulta presentada incumple los requisitos mínimos de admisibilidad:

a) el deber de aportar criterio jurídico técnico emitido por la asesoría legal institucional o, en su defecto, por un profesional externo o por la asesoría jurídica de un ente público afín;

b) la obligación de demostrar gestiones diligentes para suplir temporalmente la ausencia del asesor legal; y

c) la necesidad de agotar el análisis interno antes de elevar la consulta al órgano superior técnico‐jurídico del Estado.

 

El dictamen recuerda que el criterio jurídico no es una simple formalidad, sino un presupuesto funcional indispensable para garantizar la juridicidad del proceso consultivo. Su ausencia impide verificar si existe una duda jurídica real, si el asunto fue analizado previamente por la institución consultante y si se han agotado las posibilidades de resolverlo dentro del ámbito de su competencia, tal como lo exigen los artículos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica y los numerosos precedentes administrativos citados en el cuerpo del dictamen.

 

Se advierte que la sola presentación de la carta de renuncia del abogado institucional no suple la obligación legal ni exime al Colegio de San Luis Gonzaga de procurar asistencia jurídica externa, regional o sectorial, ni de documentar gestiones orientadas a obtener un criterio legal previo. La carencia de esfuerzos institucionales impide a la Procuraduría considerar configurada una imposibilidad material real, objetiva y comprobable.

 

A pesar de la inadmisibilidad, el dictamen incorpora antecedentes jurídicos relevantes sobre la naturaleza del Colegio de San Luis Gonzaga como institución autónoma sometida al régimen constitucional de las instituciones autónomas del Estado (arts. 188 y ss. Constitución Política), al Estatuto de Servicio Civil en materia de nombramientos y remociones, y a la dirección educativa del Consejo Superior de Educación conforme al artículo 81 constitucional. Tales antecedentes se citan únicamente con carácter orientador y sin emitir criterio sobre el fondo del asunto, en respeto del marco normativo que regula la función consultiva.

 

En virtud de lo expuesto, la Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta planteada, al no satisfacerse el requisito esencial de acompañar el criterio jurídico previo. En consecuencia, se rechaza la gestión sin emitir pronunciamiento sobre el fondo.