Opinión Jurídica : 191 - del 18/11/2025

18 de noviembre de 2025

PGR-OJ-191-2025

Señora

Daniella Agüero Bermúdez

Jefa del Área Comisiones Legislativas VII

Departamento de Comisiones Legislativas

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me permito dar respuesta al oficio número AL-CPAJUR-0473-2025 del 20 de agosto del 2025, mediante el cual se solicita criterio técnico jurídico sobre el proyecto de ley denominado: “Ley para la rendición de cuentas de los magistrados y magistradas del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones”, expediente legislativo No. 24.943.

I. CONSIDERACIÓN PREVIA

Antes de proceder con el análisis del proyecto de ley que se nos plantea, debemos recordar que la función consultiva de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR) está reservada para los órganos de la Administración activa y, específicamente, a los jerarcas de la institución (artículo 4 de la Ley Orgánica). En consecuencia, el presente pronunciamiento constituye una mera opinión jurídica, sin efecto vinculante, que emitimos en respuesta a la consulta formulada por la Asamblea Legislativa, con la intención de colaborar en la importante labor a su cargo y dejar asentada nuestra posición respecto de la propuesta legislativa.

II. PRETENSIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

La iniciativa sometida a consideración de este Despacho busca incrementar la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante el estableciendo para los magistrados judiciales y electorales de la obligación de presentar informes anuales sobre su gestión, bajo la consideración de que la medida promueve una mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones del cargo y facilita la evaluación continua de su desempeño. Asimismo, que se constituye en una herramienta base para la toma de decisiones informadas respecto al desempeño de estos cargos y ante la posibilidad de una reelección.

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA

La Procuraduría General de la República se ha referido, en reiteradas ocasiones, a la trascendencia de la rendición de cuentas como pilar de nuestro Estado de Derecho y del sistema de integridad pública del país, de la importancia de su reconocimiento expreso a nivel constitucional a través del artículo 11 y de un desarrollo amplio y comprensivo en la legislación secundaria que le permita alcanzar una vigencia real y efectiva.

En línea con lo anterior, esta Procuraduría ha mostrado siempre su apoyo a las iniciativas dirigidas a promover la rendición de cuentas de las administraciones públicas y sus funcionarios e incrementar la transparencia de la gestión pública, que es, precisamente, el objetivo perseguido por el proyecto de ley en consulta.

La presente iniciativa de ley pretende incluir, como se ha visto, regulación para la rendición de cuentas, específicamente, de los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la introducción de la obligación de rendir informes anuales sobre su gestión.

Este Órgano consultivo no encuentra motivo para objetar desde lo técnico jurídico la introducción del mecanismo de rendición de cuentas propuesto para los magistrados por el proyecto de ley sometido a consulta y, en su lugar, puede identificar una serie de bondades en la iniciativa que se presenta.

Tal y como lo expresa la exposición de motivos, todos los servidores públicos tienen el deber de rendir cuentas sobre el desempeño de sus cargos, como un deber inherente al ejercicio de la función pública. El cumplimiento efectivo de este mandato es importante respecto a todo funcionario, pero, especialmente, en el caso de los altos cargos de la Administración Pública, tal y como lo hace ver el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública que, en lo que interesa dice: “Los cargos de mayores responsabilidades y más políticamente expuestos conllevan a un mayor escrutinio y rendición de cuentas”. [1]

Los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, actualmente, a diferencia de otros altos cargos públicos, no están obligados por ley a presentar informes anuales de gestión ni está previsto, en forma expresa, en el ordenamiento jurídico otro mecanismo similar de entrega de información oficiosa que ordene y facilite el conocimiento y comprensión sobre el ejercicio de sus funciones.

A nivel constitucional, como es sabido, para el caso del Presidente de la República, los Ministros de Gobierno y el Contralor General de la República se estipulan mecanismos de rendición de cuentas de entrega anual. Los rectores sectoriales, jerarcas ministeriales, de entes descentralizados institucionales y de órganos de desconcentración máxima, por su parte, deben elaborar, publicar y divulgar un informe anual sobre la labor desarrollada por la institución o las instituciones a su cargo, conforme a lo dispuesto en la Ley para perfeccionar la rendición de cuentas, Ley No. 9398.

En este contexto, la propuesta del proyecto de ley encuentra un espacio propicio para asimilar las obligaciones legales en materia de rendición de cuentas de los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones a otros altos cargos, mediante un instrumento de probada utilidad como lo es la exigencia de elaborar y publicitar, periódicamente, informes de gestión de las labores públicas a cargo.

Por otra parte, este Despacho encuentra conveniente el hecho de que, la regulación propuesta detalle el grupo de contenidos obligatorios del informe anual de gestión previsto, a efecto de garantizar así, no sólo un mínimo de información sino uniformidad en la entrega de los contenidos más necesarios para conocer la labor desempeñada por los señores magistrados en sus diferentes actividades.

Asimismo, que la propuesta deje establecido que el Poder Judicial deberá definir vía reglamento un formato estandarizado para el informe dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la ley, lo que sin duda es de suma relevancia para asegurar el verdadero acceso a la información que se entrega, al facilitar su consulta y la comprensión de sus contenidos, potenciando su utilidad como medio de evaluación de resultados.

Finalmente, en cuanto a la previsión sancionatoria por incumplimiento de la obligación de presentar el informe, incorporada mediante la adición de un artículo 71 y de un inciso 10. al numeral 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, encuentra este Despacho que, respeta la condición de reserva de ley derivada del artículo 165 constitucional, quedando su aplicación conforme al procedimiento ya previsto por el ordenamiento jurídico a los efectos.

Así las cosas, a través del análisis efectuado del articulado contenido en el presente proyecto de ley, la Procuraduría General de la República no identifica objeciones, desde una perspectiva jurídica, quedando su aprobación a criterio del legislador.

IV. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, debe concluirse que, el presente proyecto de ley refuerza la rendición de cuentas de los señores magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones. Desde una perspectiva jurídica, no se identifican objeciones, quedando su aprobación a criterio del legislador.

De Usted con toda consideración, suscribe atentamente,

Tatiana Gutiérrez Delgado

Procuradora

[1] Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2020, p. 23.