Opinión Jurídica : 139 - del 01/09/2025

01 de setiembre del 2025

PGR-OJ-139-2025

 

Señora

Guiselle Hernández Aguilar

Área Comisiones Legislativas VIII

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta al oficio AL-CPEMUN-0460-2025, del 14 de agosto del 2025, en cuya virtud se solicita nuestro criterio en relación con el texto dictaminado denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL IFAM, LEY 4716 DEL 9 DE FEBRERO DE 1971 Y SUS REFORMAS”, y que se tramita bajo el expediente n.° 24.780.

A.    CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DE LOS ALCANCES DE ESTE PRONUNCIAMIENTO

Como solemos advertir en estos casos, el criterio que a continuación se expone es una opinión jurídica de la Procuraduría que, como tal, carece de los efectos vinculantes propios de los dictámenes strictu sensu, al no haber sido formulada por la Administración Pública en ejercicio de sus competencias en los términos de los artículos 2, 3.b) y 4 de nuestra Ley Orgánica (n.° 6815 del 27 de setiembre de 1982), pero que se emite movidos por un afán de colaboración con la Asamblea Legislativa, en razón de las funciones tan importantes que constitucionalmente desempeña.

En ese entendido, nos limitaremos a señalar los aspectos más relevantes del proyecto de ley en cuestión desde una perspectiva estrictamente jurídica y, principalmente, su conformidad o no con el bloque de constitucionalidad. Por ende, no nos referiremos ni a la conveniencia o a la oportunidad de su aprobación, como tampoco a juicios económicos o de otra índole que no se circunscriban al ámbito dicho.

Finalmente, debemos advertir que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a este tipo de asuntos, por no tratarse de la audiencia a la que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política (ver, entre otros, los pronunciamientos OJ-053-98 del 18 de junio 1998, OJ-055-2013 del 9 de setiembre de 2013, OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, OJ-164-2019 del 18 de diciembre del 2019, OJ-108-2020, del 20 de julio de 2020, OJ-159-2020 del 16 de octubre del 2020, OJ-173-2020 del 23 de noviembre del 2020, OJ-007-2021 del 8 de enero del 2021, PGR-OJ-145-2021 del 31 de agosto del 2021 y PGR-OJ-119-2022 del 8 de setiembre de 2022).

De cualquier forma, la presente opinión jurídica se emite dentro del menor tiempo que lo permite la atención de nuestras competencias ordinarias asignadas legalmente.

B.     ACERCA DEL TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO.

En términos generales, el texto bajo estudio plantea reformar los artículos 5 y 7 de la Ley 4716 del 9 de febrero de 1971, Ley de Organización del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM y sus reformas, con la finalidad de ampliar la cobertura de las funciones del IFAM así como ampliar la forma de elegir a los representantes de la Junta Directiva, en el sentido de incluir a representantes de los Concejos Municipales de Distrito.

Mediante Informe jurídico AL-DEST-IJU-090-2025 de fecha 11 de marzo de 2025, la Asesoría Jurídica concluye que las reformas dictaminadas resultan procedentes, ello tomando en consideración que los Concejos Municipales de Distrito son órganos adscritos a las Municipalidades del cantón donde existan, confiriéndoseles, por Ley, personalidad jurídica instrumental, con capacidad para actuar y gestionar los intereses y servicios de sus distritos. 

 A criterio de la Asesoría Jurídica de la Asamblea Legislativa, las reformas dictaminadas buscan fortalecer la representación y la continuidad de los miembros de la Junta Directiva del IFAM, además de aclarar y asegurar un proceso electoral más transparente, incluyendo representación de los Concejos Municipales de Distrito.

Ahora bien, en cuanto a la reforma propuesta para el artículo 5, se adiciona a los Concejos Municipales de Distrito en los incisos a, b, ch, d, e, i, j, y k, como parte de los beneficiarios de las funciones del IFAM, quedando facultado este último para otorgar a los Concejos Municipales de Distrito - siempre y cuando cuenten con el aval de la Municipalidad a la cual se encuentra inscrito- préstamos, asesorías técnicas y financieras, entre otros servicios, de forma directa.

El artículo propuesto se leería de la siguiente manera:

“Artículo 5 - Para el cumplimiento de sus fines, el IFAM tendrá las siguientes funciones:

a)  Conceder préstamos a las municipalidades y concejos municipales de distrito, que dispongan del aval de la municipalidad a la que está adscrito, a corto, mediano y largo plazos, para financiar proyectos de obras y servicios municipales y supervisar su aplicación;

b)  Servir de agente financiero a las municipalidades y concejos municipales de distrito, que dispongan del aval de la municipalidad a la que está adscrito; avalar, cuando sea conveniente y necesario, tanto los préstamos que aquellas contraten con entidades financieras nacionales, internacionales o extranjeras, como las operaciones de compras y las contrataciones por obras y servicios locales o regionales;

(…)

ch) Promover la formación de empresas patrimoniales de interés público entre las municipalidades, concejos municipales de distrito y otras entidades públicas y privadas;

d)  Prestar asistencia técnica a las municipalidades y concejos municipales de distrito, para elaborar y ejecutar proyectos de obras y servicios públicos, locales y regionales;

e)  Brindar asistencia técnica a las municipalidades y concejos municipales de distrito, con el objeto de promover el perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la administración;

(…)

i)   Administrar aquellas obras o servicios públicos municipales o intermunicipales, cuando una o varias municipalidades y concejos municipales de distrito así lo soliciten y el IFAM lo estime conveniente;

j)   Estimular la cooperación intermunicipal y promover un intercambio activo de informaciones y experiencias entre las municipalidades y concejos municipales de distrito;

k)  Coordinarse con otros organismos, nacionales o internacionales, para fortalecer su propia eficiencia y buscar soluciones para los problemas específicos de las municipalidades y concejos municipales de distrito”

Por su parte, la reforma propuesta al artículo 7 incorpora la designación de tres suplentes de los representantes de las municipalidades, en orden de prelación respecto del proceso de selección interna, para cubrir casos de renuncia, fallecimiento o cese de funciones de los miembros propietarios. Asimismo, dispone la realización de una nueva elección de suplentes, en un plazo de 60 días naturales, en caso de agotarse la lista de previa selección.

Asimismo, añade al inciso 7.2) línea final, que, dentro de los procesos de selección municipal de sus representantes, debe incluirse al menos a un representante del Concejo Municipal de Distrito, en aquéllos casos donde se cuente con esta figura.  

El artículo propuesto se leería de la siguiente manera

“Artículo 7º.- La Junta Directiva estará constituida por siete (7) miembros en la siguiente forma:

 (…)

b) Por seis (6) personas con amplios conocimientos, experiencia y preparación técnica en materia municipal, así como de reconocida probidad, que serán escogidas así: tres (3), como representantes del Poder Ejecutivo, de libre nombramiento del Consejo de Gobierno, quienes no podrán ser ministros de Gobierno, y tres (3), elegidas por las municipalidades.

Se designarán tres personas suplentes de los miembros elegidos por las municipalidades, conforme al orden de prelación establecido durante el proceso de elección, garantizando la continuidad y representación de los intereses municipales, en caso de renuncia, muerte, o cese de funciones de los miembros propietarios, el suplente asumirá su función con el pleno goce de sus derechos y previa juramentación.

En caso de agotarse los tres miembros suplentes, deberá realizarse una nueva elección en un plazo máximo de sesenta (60) días naturales.

Los miembros elegidos por las municipalidades citados en este inciso se escogerán y designarán conforme a las siguientes reglas:

1.      Serán representantes nombrados por el Consejo de Gobierno, previa selección efectuada por las asambleas de representantes de las municipalidades del país, respetando los principios democráticos de libertad, orden, pureza e imparcialidad y sin que el Poder Ejecutivo pueda desconocer ni impugnar tales designaciones o tener injerencia sobre ellas.

2.      La Junta Directiva del IFAM convocará, durante el trimestre siguiente a la toma de posesión del cargo del presidente de la República, a las corporaciones municipales, para que efectúen el proceso de elección. El Poder Ejecutivo dispondrá, reglamentariamente, los procedimientos por aplicar a los procesos de elección, mediante el sistema de elección por medio de las asambleas de representantes; para tales efectos, cada una de las municipalidades del país contará con dos (2) representantes electos por el concejo municipal, en aquellos municipios en los que existan concejos municipales de distrito, al menos uno de los dos representantes cantonales deberá ser escogido entre los mismos.

(…)”

 

 

C.    SOBRE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO

Mediante Ley General de Concejos Municipales de Distrito, Ley 8173 del 7 de diciembre de 2001, se regula lo relativo a los Concejos Municipales de Distrito, describiéndolos como “órganos con autonomía funcional propia, adscritos a la municipalidad del cantón respectivo”

Sin embargo es necesario, antes de continuar, resaltar lo que ha establecido Sala Constitucional sobre este tema, dentro de su jurisprudencia.

En la sentencia 6000-94 del 14 de octubre de 1994, la Sala declaró inconstitucional varias disposiciones y Decretos que regulaban éstos órganos, pues consideró que violaban los principios contenidos en los artículos 168, 169, 170, 188 y 189 de la Constitución Política, ya que “(…)La Constitución Política no prevé absolutamente nada sobre los Concejos de Distrito; carecen de potestades imperativas que les permitan dictar actos con ese carácter y no tienen a su cargo la organización y administración de servicios públicos (…).”

Con motivo de esa sentencia, el legislador ordinario determinó la necesidad de hacer una reforma constitucional que incorporara los concejos municipales de distrito. Así, por Ley N° 8105/01 se reformó el artículo 172 de la Constitución Política y se introdujo la figura del “Concejo municipal de Distrito” para “la administración de los intereses y servicios en los distritos del cantón”.

Mediante sentencia 2006-10395 de las 19:18 horas de 19 de julio de 2006, la Sala Constitucional se pronunció en relación a la naturaleza de los Concejos Municipales de Distrito, analizando el tipo de autonomía que poseen para el cumplimiento de sus funciones. Sobre el particular, se resolvió lo siguiente:

“En primer término, la norma señala que se trata de un “órgano adscrito a la respectiva municipalidad”. Ello significa que el Concejo de Distrito forma parte de la estructura organizativa de la respectiva Municipalidad. En la discusión que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa, la diputada Urpí Pacheco (diputada proponente y dictaminadora del proyecto) señaló que “(…) Los concejos municipales tendrán autonomía administrativa, pero seguirán dependiendo de la municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de líneas orientadoras de gobierno, cómo órganos, no entes que pertenecen a la misma municipalidad.

(…)

Al analizar los límites y el contenido que los legisladores dieron a dicha autonomía, se concluye que se refieren a la autonomía funcional, es decir, aquella capacidad de auto-administrarse que otorga al órgano libertad para organizar su trabajo y disponer de sus recursos con independencia de la Municipalidad “madre”, en pocas palabras, para ‘funcionar’ de forma independiente.

En segundo lugar, la norma señala que la creación del concejo se hará en “casos calificados”. Su creación constituye un acto voluntario de las municipalidades, las que deciden si se resulta oportuno o no establecer una organización de esa naturaleza. El artículo 2° de la Ley N° 8173 dispone que su creación deberá ser dispuesta al menos por dos terceras partes del total de integrantes del concejo municipal del cantón, previa solicitud de un mínimo de doscientos cincuenta vecinos del distrito.

De la lectura de las actas se concluye claramente que la intención del legislador al promulgar la reforma fue solventar algunos de los problemas que se presentan en aquellas comunidades que están localizadas lejos de la cabecera del cantón.

(…)

Es evidente entonces que la intención del constituyente derivado al promulgar la reforma no fue crear mini cantones mediante un procedimiento irregular. Así, no pueden los Concejos, como pretenden los accionantes, fungir como pequeñas “municipalidades de distrito” con autonomía plena, de manera que perciban de manera independiente los impuestos destinados a las localidades. Interpretarlo de esa forma, supondría desmembrar el territorio nacional y dar a la reforma constitucional hecha, un alcance mayor al que tuvo en mente el legislador.

El legislador les otorgó autonomía funcional con el objeto de que puedan utilizar las herramientas administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, con algún grado de independencia organizativa de la municipalidad madre. La idea del legislador fue que tales concejos sirvieran como “punto de apoyo en su gestión municipal”, en aquellos sitios que por su lejanía tuvieran dificultades de comunicación con la cabecera del cantón.

Sin embargo, carecen de cualquier otro tipo de autonomía. No tienen iniciativa en materia presupuestaria y no pueden intervenir en la recaudación e inversión de los ingresos de la Municipalidad “madre”. Su presupuesto es el que les asigne la Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen orgánicamente, pues si bien el Intendente es el órgano ejecutivo, su Jerarca sigue siendo el Consejo Municipal, que se mantiene como superior.

Los concejos no pueden actuar en forma autónoma más allá de los límites que esa autonomía les impone, teniendo claro que son “órganos adscritos a la respectiva municipalidad”, que carecen de personalidad jurídica y están sujetos a la relación de subordinación en materia presupuestaria, de gobierno y normativa. Resaltado no es del original

Criterio que es reiterado a través de las sentencias 2006-13381 de las 09:00 horas del 8 de setiembre de 2006; 2007-4428 de las 16:50 horas del 28 de marzo de 2007 y 2018-20799 de las 12:10 horas del 12 de diciembre de 2018, N° 2019-021271 de las 12:10 horas del 30 de octubre de 2019 y 10848-2024 de las 09:20 del 26 de abril de 2024.

D.    SOBRE LA CONSULTA EN CONCRETO

En cuanto a la reforma propuesta para el artículo 5 que adiciona la frase “y concejos municipales de distrito, que dispongan del aval de la municipalidad a la que está adscrito” a los incisos a) y b), y adiciona la frase “concejos municipales de distrito” a los  incisos ch, d, e, i, j, y k, y los incluye como parte de los beneficiarios de las funciones del IFAM al ser sujetos de préstamos, asesorías técnicas y financieras, entre otros servicios, de forma directa, considera esta representación que pueden generarse roces de constitucionalidad.

Debe reiterarse que la postura que ha sostenido al Sala Constitucional ha sido clara en señalar que los Concejos Municipales de Distrito son órganos adscritos a la respectiva municipalidad y, por ende, mantienen su dependencia de la municipalidad en materia de presupuesto, de personería jurídica y de líneas orientadoras de gobierno.

Aunado a ello, si bien la Ley 8173 les otorga autonomía para realizar sus labores y competencias, la Sala Constitucional ha señalado que esta se limita a que puedan utilizar las herramientas administrativas básicas para funcionar de manera eficiente, sin que ello implique que pueda actuar más allá de lo permitido quedando claro que “no tienen iniciativa en materia presupuestaria” y, lo más importante, “su presupuesto es el que les asigne la Municipalidad a la cual están adscritos y de la cual dependen orgánicamente.”

En este sentido, los Concejos Municipales de Distrito solo se encuentran facultados para dar a conocer al Concejo Municipal, de las necesidades y proyectos del distrito que representan, para que sea el Concejo Municipal quién determine si el mismo resulta razonable, proporcional y factible en términos presupuestarios y sea la Municipalidad quien gestione lo pertinente a girar los recursos hacia el Concejo Municipal de Distrito para que éste los administre y ejecute en el proyecto autorizado.

Consecuentemente, las reformas del artículo 5, en específico a los incisos a), b) y ch), podrían resultar contrarios a la jurisprudencia de Sala Constitucional al otorgar, a los Concejos Municipales de Distrito, una “autonomía presupuestaria”, por llamarlo de alguna manera, que dista de la autonomía funcional a la que se encuentran limitada por Ley.

En cuanto a los incisos d), e), i), j) y k), esta Procuraduría no encuentra mayores problemas de constitucionalidad, en atención a que corresponden a temas de brindar apoyo técnico e intercambio de información y experiencia, en aras de fortalecer el desarrollo de las competencias de los Concejos Municipales de Distrito.

En cuanto a la reforma propuesta al artículo 7, que incorpora la designación de tres suplentes para los representantes de las municipalidades, en orden de prelación respecto del proceso de selección interna, para cubrir casos de renuncia, fallecimiento o cese de funciones de los miembros propietarios, así como dispone la realización de una nueva elección de suplentes, en caso de agotarse la lista de previa selección, no encontramos posibles roces de constitucionalidad.

En cuanto al inciso b) acápite 2, línea final, del artículo 7, mediante el cual se propone que “… en aquellos municipios en los que existan concejos municipales de distrito, al menos uno de los dos representantes cantonales deberá ser escogido entre los mismos”, debe indicarse que no se observan roces de constitucionalidad.

Para el análisis que nos ocupa, vemos que los Concejos Municipales de Distrito son los órganos a través de los cuales los munícipes de un distrito en específico -por las condiciones especiales que éstos poseen en relación con la Municipalidad del cantón-, se ven representados por un grupo de personas y por el Intendente.

De conformidad con el artículo 14 del Código Municipal, ley 7794 del 30 de abril de 1998, se dispone que:

“Artículo 14.- Denomínase alcalde municipal al funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política.

Existirán dos vicealcaldes municipales:  un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

En los casos en que el o la vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde, en sus ausencias temporales y definitivas, el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

En los concejos municipales de distrito, el funcionario ejecutivo indicado en el artículo 7 de la Ley N.° 8173, es el intendente distrital quien tendrá las mismas facultades que el alcalde municipal. Además, existirá un(a) viceintendente distrital, quien realizará las funciones administrativas y operativas que le asigne el o la intendente titular; también sustituirá, de pleno derecho, al intendente distrital en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la sustitución.

Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el ordenamiento jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones generales que se realizarán el primer domingo de febrero, dos años después de las elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la presidencia y las vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la Asamblea Legislativa. Tomarán posesión de sus cargos el día 1 º de mayo del mismo año de su elección, por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales, N° 10183 del 5 de abril del 2022)”  Resaltado no es del original.

Es decir, en los distritos donde corresponda, existe un cuerpo de personas, dirigidas por el Intendente, encargadas de representar a los munícipes ante la Municipalidad del Cantón, visibilizando los problemas que enfrentan y planteando posibles soluciones a ellos, en pro de mejorar el lugar donde habitan.

De esta forma, el Código Municipal contempla su elección popular como mecanismo de representación.

Es importante señalar que la Sala Constitucional, en su jurisprudencia, ha desarrollado el concepto de “derecho de participación política”.

Mediante sentencia 09214–2012 de las 14:30 horas del 17 de julio de 2012, la Sala señaló

“Los derechos de participación política, se refieren al derecho de participación en los asuntos públicos ya sea en forma directa, o por medio de representantes. Por una parte contemplan los derechos de participación electoral (derecho de sufragio activo) en órganos de representación política; por otro el derecho a ser elegido y acceder a cargos y funciones públicas. El Derecho de la Constitución les ha dado rango de derechos y libertades fundamentales y los ha dotado de garantías especiales…

(…)

El derecho al sufragio pasivo, que consiste en el derecho de acceder a las posiciones de autoridad en que se adoptan decisiones de relevancia pública, tiene dos vertientes: la que se refiere a cargos de elección popular, y por otro lado el derecho de acceder a funciones y cargos públicos de índole no representativa (acceso a la función pública).”

En este sentido, vemos que al reformarse el artículo 7 inciso b.2 de la Ley 4716, e incluir una representación de los Concejos Municipales de Distrito dentro de la lista de elegibles como miembros de la Junta Directiva del IFAM, se pretende brindar mayor acceso a la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten a los munícipes, con representación de todos los cargos municipales establecidos en la Ley.

Finalmente, y no menos importante, entendería esta Procuraduría que, los puntos 3 y 4 del artículo 7 inciso b) de la Ley 4716, se mantendrían en su literalidad, ello en atención a que la reforma planteada no realiza modificación ni derogatoria alguna.

E.     CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República:

1.      Que el texto dictaminado que se somete a nuestra consideración, en cuanto al artículo 5 incisos a), b) y ch) pueden presentar posibles vicios de inconstitucionalidad, en atención a lo cual se recomienda valorar la consulta de constitucionalidad respectiva, antes de proceder a su eventual aprobación.

2.      Que en cuanto a los incisos d), e), i), j) y k), no se encuentran mayores problemas de constitucionalidad en atención a que corresponden a temas de brindar apoyo técnico e intercambio de información y experiencia a los Concejos Municipales de Distrito.

3.      Que en cuanto a la reforma propuesta al artículo 7, no encontramos posibles roces de constitucionalidad.

4.      En lo que corresponde a los puntos 3 y 4 del artículo 7 inciso b) de la Ley 4716, entendería esta Procuraduría que se mantendrían en su literalidad y como lo establece la norma original, ello en atención a que la reforma planteada no realiza modificación ni derogatoria alguna.

Dejamos atendida la consulta, siendo su aprobación o no, parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

                                                           Angela María Garro Contreras     

                                                           Abogada Procuraduría 

 

 

 

PGR-OJ-139-2025

PROYECTO DE LEY. PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5 Y 10 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL.

La señora Guiselle Hernández Aguilar, del Área Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa, mediante oficio No. AL-CPEMUN-0460-2025, del 14 de agosto del 2025, somete a consulta el texto Dictaminado denominado: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL IFAM, LEY 4716 DEL 9 DE FEBRERO DE 1971 Y SUS REFORMAS”, y que se tramita bajo el expediente n.° 24.780

 

Esta Procuraduría, en opinión jurídica No. PGR-OJ-139-2025 de 1 de setiembre de 2025, suscrito por la Abogada de Procuraduría Angela M° Garro Contreras, concluye:

 

1.      Que el texto dictaminado que se somete a nuestra consideración, en cuanto al artículo 5 incisos a), b) y ch) pueden presentar posibles vicios de inconstitucionalidad, en atención a lo cual se recomienda valorar la consulta de constitucionalidad respectiva, antes de proceder a su eventual aprobación.

2.      Que en cuanto a los incisos d), e), i), j) y k), no se encuentran mayores problemas de constitucionalidad en atención a que corresponden a temas de brindar apoyo técnico e intercambio de información y experiencia a los Concejos Municipales de Distrito.

3.      Que en cuanto a la reforma propuesta al artículo 7, no encontramos posibles roces de constitucionalidad.

4.      En lo que corresponde a los puntos 3 y 4 del artículo 7 inciso b) de la Ley 4716, entendería esta Procuraduría que se mantendrían en su literalidad y como lo establece la norma original, ello en atención a que la reforma planteada no realiza modificación ni derogatoria alguna.

Dejamos atendida la consulta, siendo su aprobación o no, parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.