Opinión Jurídica : 108 - del 07/07/2025

7 de julio de 2025

PGR-OJ-108-2025

 

Señora

Ericka Ugalde Camacho

Jefa de Área

Comisiones Legislativas III

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio ALCPGOB-1349-2024 de fecha 24 de octubre de 2024, mediante el cual se requiere nuestra opinión sobre el proyecto denominado “LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO Y CUALESQUIERA INSTITUCIONES PÚBLICAS A COLABORAR Y REALIZAR DONACIONES A LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO”, que se tramita bajo el expediente N° 24.582.

 

Debemos señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor únicamente está facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en ejercicio de potestades administrativas, pero no cuando se trata del ejercicio de su función legislativa.

 

A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración hemos acostumbrado evacuar las consultas que formulan la Asamblea Legislativa y sus diputados, atendiendo a la importante labor que desempeñan, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con la función de control político.

 

Asimismo, es relevante indicar que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Procuraduría General, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

 

I.-        MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

 

Señala la exposición de motivos del proyecto que la Asociación Obras del Espíritu Santo (AOES) es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, fundada en el año 2000 por el Pbro. Sergio Valverde Espinoza, en barrio Cristo Rey, San José.

 

Se refiere que dicha organización está constituida al amparo de la Ley de Asociaciones (Ley N.° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas) e inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el expediente 15233, tomo 561, asiento 13069, consecutivo uno.

 

Además, posee el carácter de Organización de Bienestar Social (OBS), otorgado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, según Certificación DDS-DASAI-CERT-00109-2024, cuenta con Declaratoria de Utilidad Pública, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N.° 35108-J del 02 de marzo de 2009, artículo 1; y está autorizada por el Ministerio de Hacienda para recibir donaciones del sector público y del sector privado deducibles del impuesto de renta y de zonas francas. Asimismo, rinde cuentas ante diversas instituciones como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otros.

 

Tomando en cuenta la gran cantidad de proyectos sociales de diversa naturaleza que ha logrado desarrollar esta asociación –y que se detallan en la exposición de motivos–, dirigidos a diferentes sectores vulnerables, se propone dotarla de una autorización legal para recibir colaboración y donaciones del Estado costarricense y todas las demás instituciones públicas.

 

Es por lo anterior que el proyecto de ley persigue que el sostenimiento y desarrollo de la Asociación Obras del Espíritu Santo sean apoyados por la institucionalidad pública, la cual quedaría autorizada para realizar cualquier clase de donación que se estime útil para los fines que desarrolla esta entidad privada en la sociedad costarricense. Se agrega que, en el caso de bienes demaniales, de previo se tendría que realizar, evidentemente, la respectiva desafectación legal.

 

 

II.-       OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO

 

            Vistos los términos del proyecto que se nos consulta, tenemos que su finalidad es otorgar una habilitación genérica para que toda la Administración Pública pueda disponer de sus bienes, fondos y servicios por vía de donación, a favor de la Asociación Obras del Espíritu Santo. 

 

El texto actualizado de este proyecto[1], dispone a la letra lo siguiente:

 

ARTÍCULO 1- El Estado y sus instituciones podrán apoyar al sostenimiento y desarrollo de la Asociación Obras del Espíritu Santo. 

 

ARTÍCULO 2- Se autoriza al Estado, los ministerios y sus órganos adscritos, las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas, municipalidades, entes públicos no estatales y cualquier otra entidad pública, sin importar su forma de organización y naturaleza, para que donen, a la Asociación Obras del Espíritu Santo, toda clase de bienes muebles e inmuebles (con o sin edificaciones), servicios, recursos económicos, derechos y cualquier otro objeto que estimen útil para colaborar con los fines que desarrolla dicha Asociación en la sociedad costarricense. En el caso de bienes inmuebles afectados por una ley a un fin específico, se deberá realizar la respectiva desafectación legal previo a acordar la donación.

 

ARTÍCULO 3- La Asociación Obras del Espíritu Santo, enviará, anualmente, los estados financieros auditados, sobre estas labores, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, para lo que corresponda.

 

ARTÍCULO 4- La Contraloría General de la República fiscalizará las donaciones recibidas por parte de las organizaciones, al amparo de esta ley.

 

 

Vistos los términos de la iniciativa consultada, estimamos que resulta conveniente aportar algunas consideraciones sobre esta materia (donación de bienes y fondos públicos) que han sido desarrolladas en nuestra jurisprudencia administrativa, a fin de que puedan tenerse en cuenta en el análisis de este proyecto.

             

Así, como hemos sostenido en múltiples ocasiones, “la donación es un acto de liberalidad que conlleva el traspaso de un bien, independientemente de su naturaleza, de una persona a otra, sea esta física o jurídica. En tratándose de la Administración Pública ese acto de liberalidad, encuentra su límite infranqueable en el principio de legalidad y en consecuencia, de no existir una norma que autorice la realización de tal conducta, esta se encontraría irremediablemente vedada. (Dictamen N° C-052-2011 del 3 de marzo de 2011. Sobre las normas habilitantes para una donación, puede verse nuestra opinión jurídica N° PGR-OJ-063-2024 del 27 de mayo de 2024).

            En efecto, sobre el instituto de la donación, hemos explicado:

“A mayor abundamiento, conviene recordar lo dicho también en nuestro dictamen C-094-2019, del 03 de abril, sobre el instituto de la donación tratándose de la Administración Pública:

 

“I.    SOBRE EL INSTITUTO JURÍDICO DE LA DONACIÓN

 

La donación constituye un contrato traslativo de dominio, de carácter gratuito, mediante el cual se cumple la finalidad de traspasar un bien al donatario, conforme los artículos 1393 y siguientes del Código Civil.

 

Sobre esta figura la Procuraduría ha manifestado lo siguiente:

“…La doctrina define la donación “doni datio” como un acto de liberalidad mediante la que una persona (física o jurídica) traspasa a otra, gratuitamente, la propiedad de una cosa mediante un contrato que requiere para su perfección del consentimiento o aceptación de la contraparte (donatario). Según Luis Díez Picazo, la donación es un acto de liberalidad en virtud del “animus donandi” o ánimo liberal, que no es otra cosa que el consentimiento que se exige para todo negocio jurídico; con independencia de cuáles fueron los motivos internos que hubieran podido mover al agente.

 

En nuestro ordenamiento jurídico esa figura contractual se encuentra regulada en el Código Civil, artículos 1393 al 1408, y precisamente el artículo 1395, in fine, prohíbe que en la donación se estipulen cláusulas de reversión en las que, ante el cumplimiento de una condición o de un plazo, los bienes retornen al donante.  Así lo establece expresamente el citado numeral al disponer que: “No puede hacerse donación con cláusulas de reversión o de sustitución” …

No obstante la existencia de esa norma legal que rige primordialmente   las relaciones contractuales privadas, en tratándose de fondos públicos,  definición en la que están comprendidos los bienes públicos, conforme al artículo  9   de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (No. 7428 de 07 de setiembre de 1994),  es totalmente viable que el legislador, mediante norma especial prevaleciente ante la norma general del Código Civil, establezca cláusulas de reversión como la indicada, a fin de que, en caso de disolución del ente privado (donatario), el bien retorne a la entidad pública donante; ello, naturalmente,  con ocasión de la especial tutela que revisten los fondos públicos.

 

Lo anterior asegura por otra parte, que de no cumplirse o continuarse con el fin altruista que motivó la donación del bien, por disolución de la donataria, éste no pase a intereses particulares en detrimento de los de la colectividad…”  (Opinión Jurídica OJ-096-2007 del 26 de septiembre 2007).

 

Conforme lo dicho, a través de la figura de la donación, el donador trasfiere libre y gratuitamente al donatario, la propiedad de un bien, ya sea mueble o inmueble.

 

Cabe señalar que, tratándose de donaciones de la Administración Pública, ese acto de liberalidad se encuentra limitado al principio de legalidad, por lo que, de no existir una norma que lo autorice, esta se encontraría irremediablemente vedada (al respecto dictamen C-294-2011 del 1 de diciembre de 2011).

En ese sentido, conforme al principio de legalidad, para que un ente u órgano de la Administración Pública pueda otorgar donaciones, deberá necesariamente ampararse en una norma legal habilitante, caso contrario, no es posible traspasar la propiedad de un bien a través de la donación.

Por otra parte, resulta importante señalar que, tratándose de donación de bienes afectos a un fin público, se requerirá necesariamente de una norma legal que lo desafecte de forma expresa. Señalan los artículos 261 y 262 del Código Civil:

“ARTÍCULO 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público.

 

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.

 

ARTÍCULO 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas.”

 

Lo anterior debe ser considerado para abordar la interrogante específica planteada por el consultante.” (El subrayado no es del original). (Dictamen N° C-234-2020 de fecha 22 de junio de 2020)

Bajo ese entendido, ciertamente en el ordenamiento existen algunos ejemplos de este tipo de norma habilitante, dirigido a beneficiar a entidades que desarrollan actividades de interés público y/o con fines sociales. Tal es el caso del artículo 18 de la Ley de Fundaciones[2] y el artículo 19 de la Ley de Desarrollo de la Comunidad. Asimismo, el artículo 75 de la Ley General de Contratación Pública permite a las instituciones públicas donar bienes muebles (en desuso o mal estado) a entidades privadas declaradas de interés público[3], lo mismo que el artículo 71 del Código Municipal[4]. 

 

Sobre el citado artículo 18 de la Ley de Fundaciones (Ley N° 5338 del 28 de agosto de 1973), hemos vertido el siguiente criterio:

 

“Que  se reitera lo dictaminado en el oficio C-138-2009 de 18 de mayo de 2009,  en  el  sentido de que el artículo 18 de la Ley de Fundaciones, en congruencia con el artículo 62 del Código Municipal  constituye una norma que, de forma genérica, autoriza a todas las instituciones públicas a realizar donaciones a favor de las fundaciones, siempre y cuando éstas realicen proyectos de interés público y cumplan los requisitos y obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que les impone dicha norma legal. Asimismo se reitera el criterio del dictamen C-13-2009 de que dicha autorización alcanza a las Municipalidades, por lo que, conforme lo dispuesto en el numeral 62 del Código Municipal, debe comprenderse que éstas están autorizadas para realizar donaciones a favor de fundaciones siempre y cuando se ajusten a lo ordenado por el artículo 18 del Ley de Fundaciones.

 

-              Que  se reitera también lo dictaminado en el oficio C-138-2009 de 18 de mayo de 2009,  en  el  sentido de que, conforme el  numeral 62 del Código Municipal,  en cualquier caso de donación, si dicho acto implica la desafectación del uso o fin público del bien, se requiere una autorización legislativa previa.” (Dictamen N° C-186-2017 del 10 de agosto de 2017)

 

 

Por otra parte, en lo concerniente al artículo 19 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) (Ley N° 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas), hemos apuntado lo siguiente:

 

“En cuanto a la consulta específica que se plantea, debe considerarse que el ordenamiento jurídico faculta a las instituciones autónomas, semiautónomas, municipalidades y entidades públicas, para otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier clase a las asociaciones de desarrollo.

 

Al respecto, el numeral 19 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, N° 3859 del 7 de abril de 1967 dispone:

 

“El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de cualquier clase, a estas Asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y al progreso económico y social del país. (…) (El resaltado no es del original).

Dicho artículo establece una autorización de carácter genérico, a través de la cual el legislador facultó expresamente a las instituciones autónomas como INCOP, a dar en donación bienes y servicios a las asociaciones de desarrollo, con el fin de contribuir con el desarrollo económico y social de las comunidades.

 

Nótese que esta norma no hace diferenciación entre los tipos de bienes (muebles e inmuebles) e incluso autoriza el suministro de cualquier tipo de servicio, por lo que, en principio, existe una autorización legal expresa a favor del INCOP para realizar donaciones de bienes y servicios.

 

No obstante lo anterior, la Procuraduría ha indicado reiteradamente que esta autorización genérica de donación tiene como límite el tipo de bien de que se trata, por lo que se requerirá de un estudio casuístico para determinar el cumpliendo de requisitos legales adicionales previo a la donación.

 

Un ejemplo de lo anterior es la enajenación de un bien afecto a un fin público, pues en este caso, como indicamos, se requiere de una norma legal adicional que lo desafecte de la finalidad para la cual fue destinado (artículo 262 del Código Civil).

 

Al respecto, en la opinión jurídica OJ-175-2001 del 22 de noviembre del 2001, se indicó en lo que interesa:

 

“Ello nos permite advertir lo que sobre este tipo de autorizaciones legales de tipo "genéricas" ha establecido la Procuraduría General de la República en su jurisprudencia administrativa, la cuales, se ha dicho, tendrán siempre como límite el tipo particular de bien de que se trata, toda vez que si se pretende enajenar un bien que está afecto a un fin público, no bastaría con dicha autorización legal genérica, sino que precisaría de una norma legal especial o específica que así lo desafecte expresamente, y autorice, además, su enajenación.

   

 El numeral 69 de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 de 2 de mayo de 1995 (el cual es reiterado en el artículo 70.2 del Reglamento General de Contratación Administrativa), resulta claro al advertir sobre este tema lo siguiente:

 

"ARTÍCULO 69. - Límites.

La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin público.

Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para establecer su destino actual.

Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no conste el procedimiento utilizado para la afectación".

 

    Así, téngase presente entonces las siguientes consideraciones en el sentido antes referido, contenidas en el dictamen de Procuraduría General No. C-208-99 de fecha 22 de octubre de 1999, el cual se transcribe en lo conducente:

"(…) Esta Procuraduría ha señalado (2), que en tratándose de bienes estatales, la doctrina ha distinguido lo que denomina: "dominio público necesario", en cuanto deben pertenecer dichos bienes necesariamente al Estado y tienen por sí la inalienabilidad absoluta, de lo que deriva la inexpropiabilidad, la inusucapibilidad e incomerciabilidad (art. 121 de la Constitución Política), a diferencia de aquellos que son de "dominio público accidental", en la medida en que podrían no pertenecer al Estado al salir de su dominio o control y de los que son del "dominio privado".

Tocante a los dos últimos la diferencia radica en que el bien esté o no destinado a un fin público.

NOTA (2): Dictamen C-077-99.

 

Igualmente ha sostenido que para la enajenación (que incluye la compraventa, donación) de los bienes públicos, se requiere autorización legislativa para su desafectación (ver artículo 262 del Código Civil, artículo 69 de la Ley de Contratación Administrativa No 7494 en relación con el artículo 70.2 del Reglamento General de Contratación Administrativa No 25038).”

 

Teniendo en consideración la salvedad anterior, debemos señalar que aun cuando la Ley del INCOP N° 1721 del 28 de diciembre de 1953, no lo autoriza expresamente para realizar donaciones, el ordenamiento jurídico sí contiene una norma habilitante para que las instituciones autónomas, en general, puedan realizar este tipo de contratos traslativos de dominio a favor de las asociaciones de desarrollo, norma que habilita al INCOP dada su naturaleza jurídica.

(…)
En otras palabras, la Ley del INCOP no contiene limitaciones expresas que deban cumplir previo a la donación de bienes a favor de las asociaciones de desarrollo, por lo que, se reitera que la autorización genérica de donación contenida en el artículo 19 de la Ley N° 3859 únicamente tiene como límite el tipo de bien de que se trata.

 

Ergo, con fundamento en el artículo 19 de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, N° 3859 del 7 de abril de 1967, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico puede efectuar donaciones de bienes, sean muebles o inmuebles, a favor de las asociaciones de desarrollo, sin que se requiera de una ley especial que así lo autorice. 

 

Lo mismo debe decirse para lo relativo a la donación de servicios, que es sobre lo que versa la presente consulta. Nótese que el artículo 19 de la Ley N° 3859 también contempla la posibilidad para que las instituciones autónomas puedan “suministrar servicios de cualquier clase” a las asociaciones de desarrollo.

 

No obstante lo anterior, conviene aclarar que no le corresponde a este órgano técnico determinar cuáles actividades dentro de las competencias del INCOP pueden o no ser consideradas como “servicios”. Tal determinación corresponde a la Administración activa, sin perjuicio de las competencias de la Contraloría General de la República en materia de fiscalización de la Hacienda Pública.” (Dictamen N° C-094-2019 del 03 de abril de 2019)

 

Ahora bien, en cuanto al beneficio que pretende otorgarse por medio del texto legal que se promueve, es importante tener en cuenta que los términos de la norma de esta iniciativa son dirigidos no a un tipo de organización (como podrían ser las asociaciones de beneficencia en general), sino únicamente para una persona jurídica en particular. Esta habilitación legal para hacer este tipo de disposición patrimonial –que se estaría confiriendo a la totalidad de la Administración Pública– quedaría incorporada en forma permanente en el ordenamiento, lo que permitiría donarle todo tipo de bienes, servicios y fondos públicos, de ahí en adelante y hasta tanto esa norma no sea modificada o derogada.

 

Ciertamente es público y notorio el despliegue de obras y actividades que desde su origen la Asociación Obras del Espíritu Santo ha logrado realizar, con apoyo y grandes aportes tanto del sector privado como de instituciones públicas. Asimismo, es clara la rendición de cuentas que siempre ha brindado acerca del manejo de sus fondos, lo que hasta el día de hoy ha arrojado resultados positivos en cuanto al orden y correcto manejo de los recursos.

 

No obstante, a pesar de que la exposición de motivos brinda robustos datos y elementos sobre su funcionamiento actual, es importante tener en cuenta que esa norma aparejaría una habilitación de carácter permanente dentro del ordenamiento, tema que debe ser valorado por el legislador.

 

Por otra parte, recordemos que, si bien esta asociación ha conseguido grandes logros con su funcionamiento, así como una actividad de dimensiones superiores a algunas otras organizaciones privadas de similar naturaleza, es importante tomar en cuenta que se trata de una norma que vendría a beneficiar únicamente a esta persona jurídica, es decir, se estaría dispensando un trato diferenciado con otras asociaciones de esta naturaleza.

 

Por lo anterior, deviene importante tener en cuenta cuáles son los alcances del principio de igualdad a nivel constitucional, por cuanto toda ley debe ajustarse a ese postulado consagrado en el artículo 33 de la Carta Fundamental. Es decir, las razones que justifiquen la necesidad y razonabilidad de dispensar un trato beneficioso diferente deben ser suficientes y motivadas, a fin de cumplir con los mandatos de este principio. 

 

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional lo siguiente:

             

“De allí que el principio de igualdad no tenga un carácter absoluto, ya que no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias. Por el contrario, lo que realmente prescribe, es que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. En consecuencia, mientras la diferenciación debidamente justificada permanece en armonía con los derechos fundamentales y la dignidad humana, la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características particulares que resultan injustas, arbitrarias o irrazonables. Téngase presente que cuando las distinciones son razonables, están fundamentadas en criterios preestablecidos y su contenido es equitativo, correcto y lógico. Esto es así, porque la justificación del acto que confiere el trato distinto debe ser sopesada con su finalidad y efectos, de forma tal que exista un vínculo razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad a alcanzar.” (sentencia N° 2018-12095 de las doce horas quince minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho).

 

            Esto adquiere mayor importancia dentro del trámite de esta iniciativa, en tanto un grupo de congresistas plantearon una consulta de constitucionalidad, precisamente invocando –entre otros motivos– una eventual infracción al mencionado principio de igualdad, en relación con otras organizaciones privadas, como las incluidas en el Registro Nacional de Instituciones y Servicios de Bienestar Social, administrado por el IMAS.

 

Dicha consulta se tramita actualmente en la Sala Constitucional bajo el expediente N° 25-018303-0007-CO, y a esta fecha se mantiene aún en fase admisibilidad. Así las cosas, en el trámite de este proyecto habrá que estarse a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en caso de que se llegare a dictar una resolución de fondo sobre el contenido y alcance del proyecto.

 

No obstante, con independencia de lo anterior, estimamos que igualmente los argumentos que sustentan dicha consulta deben ser valorados y discutidos a profundidad en el trámite de este proyecto, así como las observaciones sobre estos mismos aspectos que están contenidas en el correspondiente informe técnico.

 

A mayor abundamiento, estimamos que puede hacerse un parangón con las leyes que otorgan otro tipo de beneficios –como la condonación de deudas–, puntualmente en cuanto al tema de que la norma debe tener alcance general, de manera que no beneficie a una sola persona en particular o un reducido número de ellas, salvo que pueda justificarse de modo razonable la necesidad de un trato diferenciado.

 

 Así, señala nuestra opinión jurídica N° PGR-OJ-034-2025 de fecha 25 de marzo de 2025, lo siguiente:

 

“(…) se impone señalar que la condonación de obligaciones públicas procede, solamente, en casos excepcionales, cuando exista un fin público legítimo, un motivo objetivo real y razonable, y siempre a condición de que la remisión tenga un alcance general. En todo caso, el artículo 122 constitucional constituiría un obstáculo insalvable para que la Ley otorgue condonaciones individualizadas. Al respecto, conviene citar lo indicar en el voto de la Sala Constitucional N.° 2581-1999 de las 11:18 horas del 9 de abril de 1999:

 

“Es decir, si bien está obligado a dar a la condonación alcances generales y el principio de igualdad de ninguna forma le impide -pero tampoco lo obliga a- decretarla en forma exageradamente amplia -como sería respecto de toda obligación tributaria en cualquier tiempo anterior al de la vigencia de la ley-, que sería el otro extremo, probablemente por razones de oportunidad y conveniencia inherentes al papel que juegan los tributos en el sostenimiento de las cargas públicas, nunca llegue a estipularse una dispensa tan radical. En todo caso, un juicio político de esta naturaleza es perfectamente compatible con las características de la función legislativa y escapa a la ponderación de este Tribunal. Aún así, es necesario el examen de constitucionalidad, bajo el entendido de que la barrera que el Poder Legislativo escoja interponer entre quienes se verán beneficiados con la condonación y quienes queden fuera de su alcance debe ser objetiva y razonable; y de que la previsión plural en sí misma no garantiza el derecho a la igualdad. La distinción en categorías o grupos puede también aparejar una discriminación, de modo que, como se dijo, cabe agregar aquí el estudio de la razonabilidad de la diferencia que la ley establece entre los destinatarios de la norma y quienes quedaron fuera de su alcance.” (Ver también el voto N.° 6589-2006 de las 12:28 horas del 12 de mayo de 2006)

III.-     CONCLUSIÓN

 

En la forma expuesta se deja rendido el criterio sobre el proyecto de ley consultado, cuya aprobación es de resorte exclusivo de dicho Parlamento, al tratarse de materia que está sometida a su discrecionalidad.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones que hemos dejado señaladas.

 

De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

 

 

 

 

 

Andrea Calderón Gassmann

Procuradora

 

ACG/nmm

Cod.11001-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

PGR-OJ-108-2025

 

NATURALEZA DEL ACTO DE DONACIÓN. DONACIÓN DE BIENES, FONDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS. NORMAS GENERALES HABILITANTES. PRINCIPIO DE IGUALDAD.TRÁMITE DE CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD.

 

La Asamblea Legislativa requirió nuestra opinión sobre el proyecto denominado “LEY PARA AUTORIZAR AL ESTADO Y CUALESQUIERA INSTITUCIONES PÚBLICAS A COLABORAR Y REALIZAR DONACIONES A LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO”, que se tramita bajo el expediente N° 24.582.

 

Mediante opinión jurídica N° PGR-OJ-108-2025 de fecha 7 de julio de 2025 suscrita por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, evacuamos la consulta de mérito, indicando que ciertamente en el ordenamiento existen algunos ejemplos de este tipo de norma habilitante, dirigido a beneficiar a entidades que desarrollan actividades de interés público y/o con fines sociales. (artículo 18 de la Ley de Fundaciones, artículo 19 de la Ley de Desarrollo de la Comunidad, artículo 75 de la Ley General de Contratación Pública y artículo 71 del Código Municipal). 

 

Apuntamos que es importante tener en cuenta que esta iniciativa está dirigida no a un tipo de organización (como podrían ser las asociaciones de beneficencia en general), sino únicamente para una persona jurídica en particular.

 

Señalamos que a pesar de que la exposición de motivos brinda robustos datos y elementos sobre el funcionamiento actual de la AOES, es importante tomar en cuenta que se trata de una norma que vendría a beneficiar únicamente a esta persona jurídica. Por lo anterior, señalamos la importancia del principio de igualdad, en orden a que las razones que justifiquen la necesidad y razonabilidad de dispensar un trato beneficioso diferente deben ser suficientes y motivadas, a fin de cumplir con los mandatos de este principio. 

 

En tanto un grupo de congresistas plantearon una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto, que se tramita actualmente en la Sala Constitucional bajo el expediente N° 25-018303-0007-CO, en el trámite de este proyecto habrá que estarse a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en caso de que se llegare a dictar una resolución de fondo sobre el contenido y alcance del proyecto.

 

A mayor abundamiento, estimamos que puede hacerse un parangón con las leyes que otorgan otro tipo de beneficios –como la condonación de deudas–, puntualmente en cuanto al tema de que la norma debe tener alcance general, de manera que no beneficie a una sola persona en particular o un reducido número de ellas, salvo que pueda justificarse de modo razonable la necesidad de un trato diferenciado, tal como lo hemos señalado en nuestra jurisprudencia administrativa.