Dictamen : 151 - del 14/07/2025

14 de julio de 2025

PGR-C-151-2025

 

Señor

Alejandro Arias Angulo

Fiscal Titular

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación y por encargo del Procurador General de la República, se atiende la consulta que fue planteada en el oficio n.° CPC-F-0355-2025 del 30 de mayo de 2025, y que fuera puesta en conocimiento del Despacho el 06 de junio de 2025.

 

En el oficio de cita, se solicita la interposición de nuestros oficios con el fin de que se le instruya ante una situación que se presenta en el Colegio Profesional en Criminología. Se resume la situación planteada, según el siguiente detalle:

 

El 02 de noviembre de 2024, el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, celebró la Asamblea General Ordinaria n.° 001-2024 conforme lo señala el artículo 18 de la Ley Orgánica de dicho colegio, n.° 8831. Uno de los puntos en la agenda era las elecciones internas de las vacantes de vicepresidencia, secretaría, vocalía II y vocalía III, según el artículo 30 del Reglamento Interno del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, n.° 42675-MJP. La celebración de las elecciones internas se vio viciada por diferentes factores, por lo que el Tribunal Electoral, en pleno, declaró infructuosas las votaciones, situación que ocasionó una pérdida del quorum estructural de los miembros de la Junta Directiva para el año 2025.

 

Continúa indicando que, la fiscalía ha intentado restablecer el orden del colegio conversando con los miembros del Tribunal Electoral y Asesoría Legal en cuanto a qué normativa pueden utilizar para realizar un proceso de elecciones para lograr nombrar a los miembros faltantes de la Junta Directiva, ya que es de suma importancia para el funcionamiento de administrativo del colegio conforme a la ley orgánica y su reglamento.

 

Apunta que, no logran llegar a un acuerdo unánime sobre la interpretación de los artículos: 19 y 23 del Reglamento de Elecciones Internas del Colegio de Profesionales en Criminología y el artículo 41 de la Ley Orgánica del colegio. Por lo que concluye planteando las siguientes consultas:

 

1-      ¿Tiene la fiscalía del Colegio potestad legal para hacer un llamado a las convocatorias de elecciones internas?

2-      ¿Puede el Tribunal Electoral, en virtud de la situación del colegio y conociendo las vacantes de puestos de Junta Directiva, hacer un llamado a convocatoria de elecciones?

3-      ¿Debe el Tribunal Electoral, hacer un proceso de elecciones ordinario o por la situación hacer un proceso especial?

4-      ¿Cuáles serían las recomendaciones de la Procuraduría General de la República, para no violentar los derechos de los agremiados?

 

Acompañando la consulta se adjunta el documento el criterio legal externo del 05 de mayo de 2025, cuyo asunto señala: “Criterio legal sobre convocatoria de Asamblea por Fiscalía para Plazas Vacantes”. El criterio de cita arriba la siguiente recomendación o conclusión:

 

“En virtud de lo expuesto anteriormente, y con base en la consulta realizada, desde nuestro criterio, se recomienda a la Fiscalía convocar una Asamblea General Extraordinaria. En dicha Asamblea, podrá llevarse a cabo el procedimiento especial de electoral, plasmado en el numeral 23 del Reglamento de Elecciones Internas del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, para llenar las plazas vacantes de la Junta Directiva y los demás órganos, de conformidad con lo indicado anteriormente”

 

Una vez analizado el oficio n.° SC-278-2025, se concluye que la consulta presenta problemas de admisibilidad por las siguientes razones:

 

 

I.                   SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

La función consultiva atribuida a la Procuraduría General de la República, conforme lo establece en el artículo 1 de su Ley Orgánica, n.°6815 del 27 de setiembre de 1982, está sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3 inciso b), 4 y 5 del citado cuerpo normativo.

 

De conformidad con esos artículos, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas, a saber: a) que el objeto de la consulta sea planteado de forma clara y precisa y verse sobre temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es posible incluir cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que deban ser resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos o decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios legales, asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo conocimiento sea competencia de otro órgano, ni asuntos de interés particular o personal del funcionario que plantea la consulta;

 

b) que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y; c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto pueden verse los pronunciamientos n.°C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-277-2020 del 10 de julio del 2020 y C-191-2021 del 30 de junio del 2021, C-065-2021 de 4 de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 de 24 de mayo de 2023, PGR-C-055-2025 del 17 de marzo de 2025 entre muchos otros).

 

II.                INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA:

 

Como consecuencia de la situación que expone el señor fiscal sobre la falta de nombramiento de cuatro miembros de la Junta Directiva del Colegio y falta de consenso para resolver dicha situación, es comprensible que la consulta presentada no incluya un acuerdo de Junta Directiva. Sin embargo, en acatamiento al principio de legalidad, es fundamental destacar que únicamente las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República.

 

Al no existir una norma expresa que faculte a este órgano asesor a rendir su criterio jurídico antes las consultas de un funcionario de la administración distinto al jerarca o de un particular, se carece de atribuciones legales para atender la gestión formulada. (Entre muchos otros pueden verse los dictámenes PGR-C-329-2021 del 26 de noviembre de 2021, PGR-C-211-2024 del 20 de setiembre de 2024 y PGR-C-057-2024 del 01 de abril de 2024).

 

Como parte de nuestra jurisprudencia administrativa encontramos el dictamen C-013-2019 del 21 de enero de 2019 donde se indicó expresamente:

 

“En cuanto al primer requisito, debe señalarse que dado el carácter vinculante que el artículo 2° de nuestra Ley Orgánica le otorga a los dictámenes, es lógico que la misma Ley haya limitado la posibilidad de solicitarlos disponiendo que la consulta debe ser formulada por el jerarca correspondiente, salvo el caso particular de los auditores internos. Y es que en virtud de la trascendencia que para una institución puede tener un dictamen vinculante, la facultad de consultar corresponde al Jerarca, ya que éste se encuentra en una mejor posición de valorar la posibilidad y necesidad de solicitar un criterio jurídico vinculante a este órgano asesor.

 

En el supuesto de que el jerarca administrativo sea un órgano colegiado, es ese órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para presentar la consulta. Entonces "/os miembros del órgano, individua/mente, al no representar la voluntad de éste, carecen de la posibilidad de legitimación." (Dictamen No. C-406-2014 de 18 de noviembre de 2014. En igual sentido Dictamen No. C-311-2001 de 9 de noviembre de 2001).

 

Según lo dicho, en el caso concreto de los Colegios Profesionales, las consultas deben ser requeridas por su Junta Directiva. De ahí que, en esta ocasión, al tratarse de una consulta formulada por uno solo de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, sin mediar un acuerdo al respecto, la consulta es inadmisible. (Véase al respecto el dictamen No. C-021-2018 de 29 de enero de 2018)”.

 

   

III.             COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN:

 

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, sin que ello signifique un análisis del fondo del asunto, en aras de colaboración con el colegio debido a la situación que se expuso y en virtud de la existencia de jurisprudencia administrativa que puede ser de utilidad para la toma de decisiones del colegio, se procede a citar lo siguiente:

 

De previo a que se analice sobre la posible pérdida del quorum estructural de un órgano colegiado, es necesario diferenciar entre la existencia del órgano y el quorum necesario para que los órganos colegiados puedan ejercer sus competencias. En el dictamen C-311-2011 del 13 de diciembre de 2011, se indicó puntualmente:

 

“l. EXISTENCIA Y QUÓRUM EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos es un órgano colegiado, de ahí que resulte indispensable analizar los elementos que determinan la existencia y el quórum requerido para que los órganos colegiados puedan ejercer sus competencias.

 

En reiterados pronunciamientos, este Órgano Superior Técnico Consultivo, ha advertido que de previo a analizar el quórum necesario para que un órgano colegiado pueda sesionar y adoptar acuerdos, resulta indispensable que el colegio exista. Dicha existencia hace referencia a la necesidad de que la totalidad de los miembros que lo integran hayan sido designados, a efectos de que el órgano se considere como existente, y por ende, en capacidad para ejercer las funciones para las cuales ha sido creado. Al respecto, este Órgano Asesor ha señalado que:

 

"A- EN PRINCIPIO, LA EXISTENCIA DEL ÓRGANO DERIVA DE SU INTEGRACIÓN PLENA

 

En diversos pronunciamientos, la Procuraduría ha debido pronunciarse respecto de los problemas que se enfrentan cuando existe falta de nombramiento de los directores de órganos colegiados. La jurisprudencia actual sobre dicho tema parte de nuestro dictamen N. C-195-90 de 20 de noviembre de 1990, desarrollado luego en los Nus (sic). C-015-97 de 27 de enero de 1997 y C-025-97 de 7 de febrero del mismo año. Desde ellos ha sido constante el criterio de la Procuraduría en cuanto que la integración del órgano es fundamental para considerar que éste existe jurídicamente y por ende, esa integración es presupuesto indispensable para que pueda funcionar. En consecuencia, en caso de que uno de los puestos de director esté vacante, y la ley no haya previsto el supuesto de suplencia, el órgano no está integrado, y por consiguiente, no puede sesionar.

 

En el dictamen N. 015-97 distinguimos entre los diversos tipos de quórum (estructural y funcional) y señalamos que:

 

'En el dictamen de la Asesoría Legal se hace referencia, en el punto 3, a una posible suspensión del funcionamiento de la 'junta médica', 'hasta tanto se complete su integración tripartita'. Es decir, se deja entrever que la necesidad de definir los aspectos en orden al quórum estructural y al funcional se motiva en un problema de integración del órgano.

 

Si se estuviere ante esa hipótesis, habría que recordar que el órgano colegiado sólo existe como tal si están investidos todos sus miembros conforme la ley. De previo a plantearse el problema de funcionamiento, la

Administración activa debe plantearse el problema de constitución del órgano. No podría considerarse que existe una correcta integración de la ''junta" en condiciones de vacancia, o bien si el nombramiento de uno de los miembros es inválido. Resulta aplicable lo señalado por la Procuraduría en dictamen N. C-195-90 de 30 de noviembre de 1990:

 

' ...considera la Procuraduría General que la posibilidad de sesionar debe examinarse, en primer término, respecto de la integración del órgano. Ello en la medida en que si el órgano no se encuentra debidamente integrado, no puede funcionar en forma válida. En efecto, si el órgano no está integrado no puede ejercer su competencia y, por ende, los actos que se emitan no serán válidos. Así que sólo en el tanto en que el órgano esté constituido, puede plantearse este segundo aspecto del quórum. Problema que se refiere al funcionamiento concreto del órgano colegiado ya constituido. (…)

 

El hecho de que el órgano no integrado por los miembros que la Ley prevé deba considerarse como inexistente, determina la responsabilidad de los órganos llamados a nombrar a los miembros del colegio. Todo acto u omisión contrario a esa obligación, constituye una violación al ordenamiento. Luego la ausencia de integración completa del colegio entraña un vicio de constitución del órgano, y trae aparejada la nulidad de sus actos, aún si el quórum estructural está asegurado por los miembros presentes. Es decir, el problema de integración del órgano tiene incidencia en la legalidad del acto, pudiendo provocar su nulidad absoluta. Pero además, cabría afirmar que existe incumplimiento de deberes de parte de quien se ha visto investido de la competencia para nombrar. Máxime que la inexistencia del órgano -por falta de nombramiento de uno de sus miembros-, la ausencia de investidura del miembro respectivo, constituyen una infracción sustancial del ordenamiento, un vicio que afecta la competencia para actuar y que determinan la nulidad de pleno derecho de lo actuado." (Dictamen C-362-2003 del 17 de noviembre del 2003, en el mismo sentido, es posible ver los dictámenes C-298-2007 del 28 de agosto del 2007 y C-27-2010 del 17 de febrero del 2010, así como la opinión jurídica OJ-100-2009 del 19 de octubre del 2009, entre otros)

 

Como se desprende de lo expuesto, la existencia debida del órgano, entendida como la investidura regular de las personas que lo integran, constituye un presupuesto para el ejercicio de la competencia, y no puede confundirse con el quórum estructural y el quórum funcional, necesarios para que el órgano pueda sesionar válidamente y adoptar sus acuerdos”.  (El resaltado y subrayado de forma simultánea corresponden a este documento).

 

Así las cosas, es evidente que para que un órgano colegiado ejerza válidamente su competencia todos los miembros que lo componen deben contar con un nombramiento válido y eficaz; en los casos en los que se presente una vacante o un nombramiento irregular, debe considerarse que el órgano está mal integrado.

 

Ante la vacancia de uno o algunos de los miembros de la Junta Directiva, incluso por falta de nombramiento y con la finalidad de evitar que servicio público se paralice, resulta urgente y necesario analizar las opciones que el ordenamiento jurídico ofrece para solucionar tal situación.

 

De la mano con lo señalado anteriormente, es de suma importancia tener presente que cualquier decisión que se adopte debe tener en cuenta la existencia de principios constitucionales que rigen de los servicios públicos, ello en aras de garantizar el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos; mismos que deben ser tomados en cuenta por la Administración para resolver casos concretos y excepcionales. Sobre estos principios la Sala Constitucional ha indicado:

 

 

V-PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas -incluidos los asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen funcionamiento de los servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que "La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios". La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación - por acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. (…) (Sentencia 2004-07532 de las 17:03 horas del 13 de julio de 2004). (El resaltado es propio).

 

En el Dictamen C-311-2011 del 13 de diciembre de 2011, en lo que podría resultar de interés para el Colegio de Profesionales en Criminología, se continuó señalando:

 

“El principio de continuidad y eficiencia de los servicios públicos, así como la obligatoriedad de la prestación de los mismos, llevan a concluir que si bien la regla general es que el órgano colegiado siempre debe anticipar cualquier salida de uno de sus miembros para que todos se encuentren debidamente investidos, lo cierto es que ante situaciones imprevisibles también debe aplicar reglas de excepcionalidad para cumplir el fin público que le fue encomendado. Es por lo anterior, que, en aquellos casos de urgencia, y siempre respetando un quórum conformado por la tercera parte de sus miembros (artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública), el órgano colegiado incompleto podrá adoptar aquellas decisiones que resulten indispensables para la buena marcha y continuidad del servicio público que le fue encomendado por ley, siempre de manera excepcional y transitoria. Lo anterior, salvo claro está que la ley especial imponga un número mayor de votos para adoptar los acuerdos, tal como en el caso del Consejo Directivo del Colegio Universitario de Cartago que requiere de al menos cuatro miembros (artículo 9 del Decreto Ejecutivo 30431-MEP) (Dictámenes C-444-2008 del 16 de diciembre del 2008).

 

(…)

 

De acuerdo con los artículos transcritos, la Ley 1038 asigna a la Junta General del Colegio la competencia para nombrar a los miembros de las Juntas Directivas, así como para conocer y sancionar a dichos miembros, por lo que corresponderá a ese mismo órgano la competencia para efectuar el nombramiento de los miembros suplentes en caso de considerar que deben ser sustituidos mientras se encuentren suspendidos por la investigación administrativa que ese mismo órgano ordenó contra los directivos.

 

Ello, por cuanto es claro que la ley otorga a la Junta General una competencia de principio, para decidir y determinar cuáles son los miembros que forman parte de su órgano directivo, competencia que se justifica pues precisamente la ley considera a la Junta General como el órgano máximo del Colegio de Contadores Públicos, confiriéndole además una competencia residual, al indicar que deberá ejercer todas aquellas competencias que no fueron asignadas o no pueden ser ejecutadas por la Junta Directiva. A partir de lo expuesto, es claro que la posibilidad que se otorga a la Junta Directiva para conocer de la renuncia de sus miembros y nombrar al sustituto por el periodo restante, es una competencia excepcional, que no puede ser oponible a la competencia general asignada a la Asamblea General.

 

Cabe advertir que la posición que sostenemos, ha sido reiterada en la jurisprudencia de este Órgano Asesor, que ha considerado que ante ausencia de norma que determine la forma en que debe ser sustituidos los titulares de un órgano colegiado, debe seguirse el procedimiento de nombramiento utilizado para designar a dichos los titulares:

 

"A falta de un procedimiento específico en el ordenamiento jurídico para nombrar a los suplentes de los titulares de órganos colegiados, para que el acto de designación sea válido y eficaz, hemos afirmado que se debe observar el mismo procedimiento que se sigue para nombrar a sus titulares; esto con base en una elemental norma de aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, que señala que lo accesorio sigue a lo principal; en este caso, si para lo principal (entiéndase nombramiento de los titulares) existe un procedimiento puntual y bien definido en la ley, para lo accesorio (entiéndase el nombramiento de sus suplentes), debe seguirse el mismo procedimiento (dictámenes C-013- 2002 de 14 de enero de 2002 y C-116-2006 de 20 de marzo de 2006)." (Dictamen C-041-2008 del 8 de febrero del 2008) Al tenor de lo expuesto, en caso de que la Junta General considere que debe procederse al nombramiento de sustitutos de los miembros suspendidos, la competencia para dicho nombramiento recaerá en esa Junta General, y no en la Junta Directiva”. (El resaltado no es del documento original)

 

Dicho lo anterior, es posible concluir que la situación de fondo que fue planteada obedece a que el órgano colegiado no está debidamente integrado para ejercer válidamente sus competencias. Por lo que, con el fin de brindar una luz sobre las consultas formuladas, respetuosamente se sugiere revisar con detalle las posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico para solucionar la situación a la mayor brevedad.

 

Se recomienda analizar los artículos:

 

·         Artículo 23 de la Ley n.°8831 y 22 del Decreto Ejecutivo n.°42675 que refieren al órgano competente para nombrar a los miembros de Junta Directiva, y se incluye expresamente la atribución de “llenar las vacantes que se produzcan en esos órganos”.

·         Artículo 19 de la Ley n.°8831 y 24 del Decreto Ejecutivo n.°42675 que regulan quiénes cuentan con la potestad legal para convocar a la Asamblea General Extraordinaria. Entre ellos se encuentra la fiscalía. 

·         Artículos 41 de la Ley n.°8831 y 32 del del Decreto Ejecutivo n.°42675, ya que de estos se desprenden las posibilidades legales para actuar en caso de pérdida de la condición de integrante de Junta Directiva. Complementándose con las opciones reguladas en el Reglamento de Elecciones Internas del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, para la selección y votación de los miembros. 

 

En apego a lo señalado en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, se sugiere realizar una interpretación que mejor garantice el cumplimiento del fin público. En ese sentido conviene interpretar de forma analógica el alcance de los artículos que hacen referencia al término “vacante”.

 

El artículo 23 de la Ley n.° 8831 expresamente otorga a la Asamblea General la atribución de llenar las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva y otros órganos colegiados, sin que la norma realice una lista de supuestos de lo que se debe entender por vacante. Por su parte, el artículo 41 de la misma ley, señalan cuales son las razones por las que un director o un miembro de la Junta Directiva y el Tribunal Electoral, pueden perder la condición de integrante de esos órganos.

 

Según el diccionario usual del Poder Judicial, el significado de la palabra vacante se refiere a: “puesto, cargo o empleo sin titular que lo ejerza”. Atendiendo a la definición implícita que da nuestra propia jurisprudencia administrativa dentro del contexto de órganos colegiados, la vacante se refiere a la situación en la que un puesto en un órgano colegiado carece de un titular debidamente nombrado y en consecuencia esto lleva a que el órgano se considere mal integrado.

 

 No cabe duda que el fin del nombramiento de un miembro de la Junta Directiva, conforme al plazo que regula la misma ley de creación del colegio, y las causales señaladas en el artículo 41 de la ley orgánica y 32 de su reglamento constituye situaciones que materializan un puesto vacante en un órgano colegiado, ya que se carece de titular debidamente nombrado. A partir de ello surge la necesidad de cubrirla a la mayor brevedad para no afectar el buen funcionamiento del órgano colegiado.

 

Finalmente, como es primordial que se garantice la no paralización del servicio público, en nuestra jurisprudencia administrativa se ha aceptado la adopción de medidas excepcionales y temporales. En el dictamen PGR-C-163-2022 del 09 de agosto de 2022, se indicó expresamente:

 

“Ahora bien, mientras se realiza la sustitución del representante respectivo y con la intención de no paralizar el órgano colegiado del cumplimiento de sus fines esenciales, la Procuraduría ha aceptado en su jurisprudencia administrativa la adopción de medidas excepcionales y temporales, que deben además estar debidamente justificadas en el cumplimiento del fin público.

 

En primer lugar, ha aceptado que, para casos excepcionales y graves, sea posible designar un suplente al órgano colegiado, aplicando subsidiariamente el artículo 95 de la Ley General de la Administración Pública. Esto siempre y cuando el nombramiento del suplente sea el único remedio disponible para evitar que la Junta Directiva se paralice por falta de quórum estructural, sea del quórum necesario para sesionar y que se realice el nombramiento del suplente por la misma vía que la del titular (ver dictámenes C-41-2008 de 8 de febrero de 2008, C-311-2011 de 13 de diciembre de 2011 y C-230-2013 del 22 de octubre de 2013).

 

En segundo lugar, la Procuraduría ha aceptado que bajo la doctrina de los artículos 115 y 116 de la Ley General de la Administración Pública, que reconocen en nuestro ordenamiento jurídico la figura del funcionario de hecho, se convaliden los actos administrativos que se hayan adoptado en el órgano colegiado con la concurrencia del miembro que perdió representatividad, mientras la invalidez de su investidura no esté administrativamente o judicialmente declarada. (Dictamen C-444-2008 del 16 de diciembre de 2008).

 

En el mismo sentido, entre muchos otros pueden verse los dictámenes C-221-2005 del 17 de junio de 2005 y C-207-2020 del 02 de junio de 2020.

 

Se aclara que, la información extraída de los dictámenes, opiniones jurídicas o resoluciones que se citen, se extrae en forma textual, lo cual pretende sea una ilustración de la jurisprudencia administrative aplicable.

 

Para acceder a los dictámenes citados y cualquier otro que resulte de interés, pueden ingresar a nuestra página oficinal Sistema Costarricense de Información Jurídica, en la pestaña “PGR SINALEVI” al costado izquierdo dirigirse a “Pronunciamientos,” posteriormente seleccionar el punto II “Búsqueda selectiva” y finalmente completar los datos del documento que se requiere. 

 

 

IV.             CONCLUSIONES:

 

Luego del análisis de admisibilidad de las consultas que le corresponde hacer a la Procuraduría, se concluye que la consulta remitida por el fiscal del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica presenta problemas de admisibilidad porque no se cumplen los requisitos exigidos por nuestra Ley Orgánica.

 

 

En aras de colaborar con la Administración consultante, se cita jurisprudencia administrativa que puede servir de base o como una luz para ser tomados en cuenta para adoptar las decisiones que correspondan.

 

                                                            

 

                                                             Cordialmente,

 

 

 

 

 

                                      María Fernanda Barquero Moya

                                                  Abogada, Despacho Procurador General

 

 

MFBM

 

PGR-C-151-2025

INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. NO FUE FORMULADA POR EL JERARCA ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN. INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO. QUORUM DEL ÓRGANO COLEGIADO. NO PARALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

El señor Alejandro Arias Angulo, Fiscal Titular del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, remite el oficio n.° CPC-F-0355-2025 del 30 de mayo de 2025, solicitando el criterio de la Procuraduría ante una situación de pérdida de quórum estructural de la Junta Directiva del Colegio, debido a elecciones infructuosas para vacantes de vicepresidencia, secretaría y vocalías. Se indica que no logran un acuerdo unánime sobre la interpretación de los artículos 19 y 23 del Reglamento de Elecciones Internas y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Colegio.

Las consultas planteadas son:

1. ¿Tiene la fiscalía del Colegio potestad legal para hacer un llamado a las convocatorias de elecciones internas?
2. ¿Puede el Tribunal Electoral, en virtud de la situación del colegio y conociendo las vacantes de puestos de Junta Directiva, hacer un llamado a convocatoria de elecciones?
3. ¿Debe el Tribunal Electoral, hacer un proceso de elecciones ordinario o por la situación hacer un proceso especial?
4. ¿Cuáles serían las recomendaciones de la Procuraduría General de la República, para no violentar los derechos de los agremiados?

Acompañando la consulta, se adjunta un criterio legal externo del 05 de mayo de 2025.

La Procuraduría, en Dictamen PGR-C-151-2025 de 14 de julio de 2025, concluyó que la consulta presenta problemas de admisibilidad.

Se fundamenta la inadmisibilidad en que la función consultiva de la Procuraduría está sujeta a requisitos específicos de su Ley Orgánica, entre ellos, que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. En este caso, la consulta fue formulada por el Fiscal Titular, y no por la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología, que es el órgano jerárquico competente para ello. La Ley Orgánica de la Procuraduría no faculta a este órgano a emitir criterios jurídicos ante consultas de funcionarios distintos al jerarca o de particulares.

Se reitera que, si el jerarca administrativo es un órgano colegiado, es este órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para presentar la consulta. Los miembros del órgano, individualmente, carecen de legitimación para ello.

Sin perjuicio de la inadmisibilidad, y en aras de colaboración con el Colegio debido a la situación expuesta, se citó jurisprudencia administrativa que puede ser de utilidad para la toma de decisiones.

Se distinguió entre la existencia del órgano colegiado y el quórum necesario para sesionar. La existencia del órgano requiere que todos sus miembros hayan sido debidamente designados. La ausencia de integración completa por vacantes o nombramientos irregulares constituye un vicio que afecta la existencia del órgano y la validez de sus actos.

Para que un órgano colegiado ejerza válidamente su competencia todos los miembros que lo componen deben contar con un nombramiento válido y eficaz; en los casos en los que se presente una vacante o un nombramiento irregular, debe considerarse que el órgano está mal integrado.

Ante la vacancia de miembros de la Junta Directiva, incluso por falta de nombramiento, y para evitar la paralización del servicio público, es urgente analizar las opciones del ordenamiento jurídico. Cualquier decisión debe garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos. El principio de continuidad y eficiencia de los servicios públicos, así como la obligatoriedad de su prestación, implican que, en situaciones imprevisibles, deben aplicarse reglas de excepcionalidad.

Se sugirió revisar los siguientes artículos para la solución del caso:

• Artículo 23 de la Ley n.° 8831 y 22 del Decreto Ejecutivo n.° 42675: Refieren al órgano competente para nombrar a los miembros de Junta Directiva, incluyendo la atribución de "llenar las vacantes que se produzcan en esos órganos".
• Artículo 19 de la Ley n.° 8831 y 24 del Decreto Ejecutivo n.° 42675: Regulan quiénes tienen la potestad legal para convocar a la Asamblea General Extraordinaria, entre ellos, la fiscalía.
• Artículos 41 de la Ley n.° 8831 y 32 del Decreto Ejecutivo n.° 42675: De donde se desprenden las posibilidades legales para actuar en caso de pérdida de la condición de integrante de Junta Directiva.

Se recomienda complementar esto con el Reglamento de Elecciones Internas del Colegio para la selección y votación de los miembros.

Se sugiere una interpretación analógica del término "vacante" conforme al fin público, entendiéndose como la situación en la que un puesto en un órgano colegiado carece de un titular debidamente nombrado, lo que lleva a que el órgano se considere mal integrado.

El artículo 23 de la Ley n.° 8831 expresamente otorga a la Asamblea General la atribución de llenar las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva y otros órganos colegiados, sin que la norma realice una lista de supuestos de lo que se debe entender por vacante. Por su parte, el artículo 41 de la misma ley, señalan cuales son las razones por las que un director o un miembro de la Junta Directiva y el Tribunal Electoral, pueden perder la condición de integrante de esos órganos.

 

Según el diccionario usual del Poder Judicial, el significado de la palabra vacante se refiere a: “puesto, cargo o empleo sin titular que lo ejerza”. Atendiendo a la definición implícita que da nuestra propia jurisprudencia administrativa dentro del contexto de órganos colegiados, la vacante se refiere a la situación en la que un puesto en un órgano colegiado carece de un titular debidamente nombrado y en consecuencia esto lleva a que el órgano se considere mal integrado.

 

No cabe duda que el fin del nombramiento de un miembro de la Junta Directiva, conforme al plazo que regula la misma ley de creación del colegio, y las causales señaladas en el artículo 41 de la ley orgánica y 32 de su reglamento constituye situaciones que materializan un puesto vacante en un órgano colegiado, ya que se carece de titular debidamente nombrado. A partir de ello surge la necesidad de cubrirla a la mayor brevedad para no afectar el buen funcionamiento del órgano colegiado.

Finalmente, se indicó que, para garantizar la no paralización del servicio público, la jurisprudencia administrativa ha aceptado la adopción de medidas excepcionales y temporales, como la designación de un suplente (aplicando supletoriamente el artículo 95 de la Ley General de la Administración Pública) siempre que sea el único remedio para evitar la paralización por falta de quórum, y el nombramiento se realice por la misma vía que la del titular. También se ha aceptado la convalidación de actos administrativos bajo la figura del funcionario de hecho (artículos 115 y 116 de la LGAP) mientras la invalidez de su investidura no esté declarada administrativamente o judicialmente.

CONCLUSIONES: La consulta es inadmisible por no cumplir con el requisito de ser formulada por el jerarca administrativo de la institución. No obstante, se proporciona jurisprudencia administrativa relevante para colaborar con el Colegio en la solución de la situación, destacando la importancia de la integración de los órganos colegiados y la aplicación de los principios de continuidad y eficiencia del servicio público.