Dictamen : 156 - del 16/07/2025
16 de julio de 2025
PGR-C-156-2025
Señor
William
Rodríguez López
Ministro
de Turismo
Con aprobación del señor Procurador General de la República, contesto
su oficio DM-376-2024, en el que, ante la posibilidad del desarrollo de proyectos y atracaderos turísticos al amparo de la Ley 7744, plantea
la interrogante de “Si en zonas costeras, embalses, lagos, lagunas, canales o ríos, que, por su ubicación o naturaleza, resulta imposible contar con un plan regulador costero, ¿es posible otorgar concesiones para el desarrollo de marinas o atracaderos
turísticos teniendo como instrumento de planificación una herramienta diferente a un plan regulador costero?”.
Acompaña
a la consulta el criterio
de la Asesoría Legal del ICT, oficio
AL-A-0864-2024, que en síntesis
concluye: Los planes reguladores
costeros son el instrumento de planificación de
la zona marítimo terrestre. La zona pública no es concesionable, salvo en las excepciones de los artículos 21 y 22 de la Ley 6043, ni planificable, y tampoco el área
cubierta permanentemente
por el mar. El anteproyecto
aprobado técnicamente por
la Comisión Interinstitucional
de Marinas y Atracaderos Turísticos
(CIMAT), que cuente con aprobación
de la SETENA, “constituye el único
instrumento de planificación
del proyecto y área específica solicitada en concesión al amparo de la Ley
7744”. El Decreto 43751, artículo
6, establece que siempre se
requerirá un instrumento de
planificación; no únicamente
un plan regulador costero en los supuestos en que sea imposible contar con uno. La misma norma reconoce que, por estar dispuesto en las Leyes 6043 y 7744, cuando la concesión abarque todo o parte de la zona marítimo terrestre planificable,
se requerirá de un plan regulador
costero.
Al respecto,
le manifiesto:
I.- LA CONCESIÓN DE DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE
I.1.- La concesión
de bienes del demanio costero como acto
discrecional que confiere
un derecho real administrativo
Para la doctrina
dominante, el otorgamiento de concesión
demanial es un acto facultativo
de la Administración, del que resulta
el contrato. “La doctrina clásica (Hauriou, Duguit y Jéze) considera la concesión, entendida en sentido amplio,
como un acto mixto, pues es un acto unilateral porque su origen está
en la voluntad de la Administración que discrecionalmente
puede concederla o denegarla (…), al mismo tiempo, un acto contractual, ya que una vez otorgada la concesión se constituye entre la Administración y el concesionario una relación
bilateral y onerosa de carácter
contractual administrativo”. (García Gómez de Mercado. Las fuentes
de las obligaciones de la Administración:
especial referencia a la aplicación de las categorías del contrato y el cuasicontrato. Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid Número Nº 17,
septiembre 2003, que cita
un precedente del Tribunal Supremo. Sobre la concesión como acto administrativo de naturaleza contractual, cfr: Decreto 25439-MP-TUR, art. 2°, inc
j) Decreto 7841, artículo
2, incisos j y k. “En
principio, como acertadamente
lo expresa Mayer, la Administración
Pública tiene amplia libertad para otorgar o negar concesiones de uso especial de dependencias dominicales. Para
que exista la obligación de
otorgarla, se requiere la existencia de normas expresas que así lo dispongan. (…) No existiendo dicha regulación, debe entenderse que esa actividad de la Administración es
discrecional”. (Marienhoff,
Miguel. Tratado del dominio
público, tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1960, pág.
349). “No puede hablarse de
un derecho de los particulares a obtener
concesión administrativa”. En nuestra jurisprudencia
“es discrecional de la Administración
la facultad de otorgar o denegar concesiones”. (Garrido Falla, Fernando. Tratado de
Derecho Administrativo. Edit. Tecnos, S. A. Madrid. 1987, Vol II, pág.
400). Acerca del carácter discrecional de la concesión de dominio público: González Pérez,
Jesús: Los derechos reales administrativos. 2° ed.
Edit. Civitas S. A. 1984, pgs. 58 y 59. García Pérez, Marta: “La naturaleza jurídica de la autorización y la concesión, a propósito de la utilización del dominio público”, punto II.4, pág. 342. Anuario da Faculta de Dereito N° 1.
Universidad de la Coruña. 1997).
Esa línea,
adoptan algunas resoluciones de los Tribunales. A
modo de ejemplo, se mencionan:
“…en materia de concesiones públicas, el Estado tiene la facultad y no la obligación de otorgarlas o denegarlas, lo que hace en aras
del interés público que tiene relevancia superior y en este caso
concreto, la relevancia
superior la tuvo el ambiente”. Es deber de la Administración “adoptar las medidas
pertinentes en aras de su protección y preservación”. (Sala Constitucional,
sentencia 996/2001, cons. VI). En
la zona marítimo terrestre “otorgar concesiones es una facultad”; “no
una obligación de la Municipalidad”. (Tribunal Contencioso Administrativo Sección
III, resolución 477-2014). La Administración
“no está obligada a otorgar la concesión en la forma y condiciones pedidas por el gestionante, en tanto, es precisamente en el ejercicio de la función fiscalizadora que debe valorar las solicitudes, para adoptar la que mejor se adapte a las regulaciones, no sólo de la Ley
que rige este bien, sino de las de carácter ambiental y urbano, así como también,
según se indicó, es posible utilizar criterios discrecionales, esto es, de oportunidad y conveniencia”. (Tribunal Contencioso
Administrativo Sección III, resolución
2088-2010. La protección del ambiente es un límite a la discrecionalidad en el otorgamiento
de la concesión para utilizar
el demanio marítimo
terrestre. (Dictamen C-026-2001. Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección VIII, sentencia
10-2008, cons. V).
Sobre del otorgamiento
de concesiones de bienes públicos a particulares como actividad potestativa y contractual: Ley 6043, doctrina
del artículo 51 y 54. Ley 7744, artículos 1°: “podrán otorgarse concesiones”, y 12. Sala Constitucional
sentencias 3091-2013, cons. V, y 3850-2018, cons IV.
Sala Primera de la Corte, sentencia 2655-2022;
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima sentencia 7-2020-VII, cons IV. (La aprobación
o improbación de concesiones
en islas e islotes marítimos por la Asamblea Legislativa asimismo conlleva el ejercicio de una facultad discrecional. Sala Primera de la Corte, sentencias
771-2008, cons. IV y V; 495-2010, cons IV. Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección III, voto
250-2008, cons X).
La concesión
demanial “otorga al concesionario
el uso privativo
de un bien de dominio público”,
con sujeción al Derecho Administrativo. Le confiere un “derecho de ocupación privativa
en cuanto excluye la utilización de ese
bien o espacio por los demás
(…). Tal derecho del concesionario ha sido considerado como derecho real administrativo, oponible
a terceros y a la propia Administración bajo ciertos supuestos. Esta posición, que determina la concesión de uso como derecho real administrativo, ha sido
además recogida por la jurisprudencia constitucional”.
(Sala Primera de la Corte, sentencia 1318-2010. Sala Constitucional, sentencias
5231-1994, 2500-1996, 5210-1997, 18483-2007, 15595-2008, 15596-2008 y
811-2016). Para el Proyecto Turístico
Golfo de Papagayo, por ejemplo,
el carácter de derecho real
administrativo de la concesión se recoge
en el Decreto
25439-MP-TUR/1996, artículo 2°, incisos
g, j y k).
I.2.- El requisito de plan regulador costero para la concesión en la zona marítimo
terrestre
El ICT tiene
la potestad de formular el
Plan Nacional de Desarrollo Turístico, dentro del que
se ha de elaborar el Plan
General de Uso de la Tierra para la zona marítimo
terrestre, cuyos lineamientos y recomendaciones
deben observar los Planes Reguladores que la comprendan.
(Artículos 26 LZMT y 17 de su Reglamento.
Dictamen C-170-2013). El Plan Regulador Costero constituye el tercer nivel
de planeamiento, derivado
del Plan General de Usos del Suelo
(nivel 2) para la Zona Marítimo Terrestre, resultante del Plan Nacional de Desarrollo Turístico. (Nivel 1). (Manual de Elaboración
de Planes Reguladores Costeros,
pto 1.11).
En concordancia
con ese Manual, el Plan Regulador
Costero es el instrumento legal y técnico de ordenamiento territorial para el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la zona marítimo terrestre y áreas
adyacentes. (Manual de Elaboración
de Planes Reguladores Costeros
en la Zona Marítimo Terrestre. Alcance
N° 139. A La Gaceta 135 del 14 de julio
de 2021, pto 3.1. Dictamen C-100-1995). Los dueños de propiedades colindantes con la zona marítimo terrestre pueden solicitar que sus inmuebles sean incorporados en la planificación de ésta, cubriendo la parte proporcional del costo respectivo y cediendo gratuitamente al Estado las áreas
necesarias para usos públicos. (Artículos 15 de la Ley 6043 y 18 de su Reglamento).
El Plan Regulador
Costero “es la figura propia
de planificación de la zona marítimo terrestre administrada por las Municipalidades,
y requisito esencial para que éstas
puedan otorgar concesiones con fines turísticos”.
(Sala Constitucional, sentencia
16975-2008).
La concesión
de uso y aprovechamiento de
una porción de la zona marítimo terrestre y, en particular, la zona restringida,
bajo administración municipal está
condicionada al plan regulador
costero, entre otros
requisitos. Ley 6043, artículo 38; su Reglamento, Decreto 7841, artículos 15, 17 párrafo
3°, 18 a 20, 46, párrafo 4°, inciso
c, 49, 65 y 66, párrafo 2°. (Tribunal Contencioso Administrativo Sección
IX, sentencia 398-2013; Tribunal Contencioso
Administrativo Sección III, resoluciones
137-2008, 3522-2010, 8-2011, 476-2012, 19-2013, 171-2013, 237-2013, 401-2013,
226-2013, 187-2014, 277-2014 y 486-2014). Sea que la existencia
del plan regulador costero en el sector donde
se pretende obtener concesión en la zona marítimo
terrestre es requisito sine qua non para que la municipalidad
pueda otorgarla. (Sala Constitucional, resoluciones
1475-2004, 2828-2007, 9083-2007, 13073-2009 y 4692-2024. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección
VI, sentencia 63-2009; Tribunal Contencioso
Administrativo Sección III, resoluciones
74-2009, 3190-2010, 3522-2010, 3523-2010, 4520-2010, 518-2012, 237-2013,
205-2015, 304-2015, 305-2015, 390-2015 y 424-2015).
La Ley 6043 (artículo 38) y su Reglamento (artículo 19) prohíben a las municipalidades otorgar concesiones en zonas turísticas sin que el ICT y el INVU hayan aprobado o elaborado los planes de desarrollo
de esas zonas.
La Procuraduría
ha sostenido que, en los supuestos excepcionales de aprovechamiento privativo, la
zona pública es susceptible de planificación
en el plan regulador costero. Si éste es requisito indispensable a efecto
de obtener concesiones y realizar obras en la zona restringida, también lo es para el otorgamiento excepcional de concesiones a particulares a fin
de desarrollar actividades
y construcciones permitidas
por ley en la zona pública.
(Dictámenes C-268-2020, PGR-C-193-2023,
PGR-C-241-2023, PGR-C-255-2023 y PGR-C-053-2024).
“Es claro que, por estar
destinada al uso común, la zona pública no podría ser zonificada en áreas destinadas
a distintos tipos de usos o actividades. Pero, en el proceso
de planificación costera sí podría determinarse,
técnicamente, cuáles porciones de la zona pública, por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, podrían ser objeto de las excepciones
previstas en la ley para su ocupación y desarrollo, e incluso, debe ser tomada en cuenta para poder determinar el tipo de desarrollo
que se permitirá en la zona
restringida”. (Dictamen C-268-2020). En el dictamen C-307-2020 se anotó que “aunque el terreno aledaño
sea una propiedad privada inscrita con anterioridad a la
entrada en vigencia de la
Ley 6043, lo cierto es que la marina o atracadero debe utilizar parte de la zona pública y área adyacente cubierta permanentemente por el mar, y, por tanto, el otorgamiento de la correspondiente
concesión depende de lo dispuesto en el
instrumento de planificación
aplicable en ese sector”.
La Ley 6043, en el artículo
23, se refiere al planeamiento
del desarrollo de la zona pública
como objeto del proceso de planificación de la zona marítimo terrestre. El 18 de su Reglamento dispone que los
planes reguladores costeros
abarcarán la zona marítimo terrestre, no solo una de
las porciones que la conforman (dictamen C-268-2020),
y los terrenos próximos a ella que puedan estimarse como parte de su área
de influencia. El artículo
9° del Reglamento a la Ley de Marinas parte de la premisa de que la
zona pública es planificable
cuando utiliza la expresión “atendiendo a la planificación aprobada para el
sector”. El Plan Regulador Costero
“es el instrumento de ordenamiento territorial, que define y ubica
todas las zonas a concesionar
dentro de la ZMT” (Decreto 36786/2011, pto III).
I.3.- Ambigüedad
de la expresión planos de desarrollo en la LZMT
La planificación
del territorio en la zona
marítimo-terrestre forma parte de la potestad de planificación
territorial de las municipalidades, regulada en la Ley 4240, artículo 17, con competencia para aprobar
planes reguladores costeros.
“El artículo 38 de la LZMT supedita
el otorgamiento de concesiones a la elaboración y aprobación del respectivo plan de
desarrollo (plan regulador)”
en las costas donde la zona marítimo terrestre ha sido
declarada de interés turístico. Esto debe entenderse así “aunque el artículo
38 citado no haga
referencia a planes sino a planos,
lo cual puede deberse a un error conceptual del legislador.
Debemos suponer que el legislador se refería a los planes de desarrollo
y no a los planos (como está redactado), que son a los
que se refieren los artículos 31 y 33 ibídem en relación
con la construcción de proyectos
habitacionales o turísticos,
y que corresponde elaborarlos
a los interesados para que la administración
los apruebe”. La Ley 6043 emplea
la expresión plan de desarrollo,
en singular, en el artículo 57 inciso a y Transitorio VII. El reglamento a la LZMT, Decreto
7841-P, sí hace referencia explícita a los planes reguladores
como instrumentos de planificación territorial de ámbito
local, al señalar que deben
ajustarse a los lineamientos y recomendaciones
contempladas en el plan general de uso de la
tierra (artículo 26 LZMT). (Opinión
Jurídica 096-2005 y OJ-040-2015; dictámenes
C-461-2007, C-421-2008, C-442-2008, C-065-2012 y C-082-2012).
La acepción
utilizada de “planos” en el artículo
31 LZMT queda aún más clara
al relacionarla con el artículo 33 ibid. “Como
puede verse, los planos a
que se refiere el artículo 31 de la Ley No. 6043 hacen
alusión a eventuales explotaciones
turísticas en la zona
marítimo terrestre, cuyos proyectos,
incluso, deben ser garantizados ante la municipalidad
correspondiente, previa aprobación
del Instituto Costarricense de Turismo. Evidentemente,
tal redacción no podría aplicársele a los planes reguladores que no son de resorte
de los particulares, sino
de las municipalidades, y sobre
los cuales, no tiene sentido hablar del otorgamiento de una garantía. / Además, la utilización en el artículo
31 del plural en ‘planos de
desarrollos’ (…) confirmaría
que se trata de proyectos constructivos urbanos o turísticos a levantar dentro de
las áreas concesionadas”. Distinto es el concepto de ‘planos de desarrollo’, utilizado en el artículo
38 LZMT, que corresponde al término
técnico de ‘planes reguladores’,
destinados a regular el desarrollo de las zonas turísticas
del demanio costero. (Dictámenes C-421-2008, C-442-2008 y C-82-2012).
II.- REQUISITO
DEL PLAN REGULADOR COSTERO EN CONCESIONES PARA MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS
EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT)
La Procuraduría,
siguiendo la posición de
los Tribunales, ha reiterado
que el plan regulador costero es el instrumento
de planificación de la zona marítimo terrestre administrada por las Municipalidades,
y un requisito esencial para que puedan
otorgarse concesiones en la misma, las que deben ceñirse a lo dispuesto en aquél.
(Artículos 38 de la Ley 6043, 17 y 18 de su Reglamento). Conforme a esa Ley y la 7744 (artículos 1°, 2° y 33), la construcción y operación de una
marina y atracadero turístico
en la zona marítimo terrestre presupone
el otorgamiento de una concesión, previa existencia del
plan regulador costero,
salvo en sectores donde por Ley especial se utilice
otro instrumento de planificación, como el Plan Maestro elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo en
el Proyecto Turístico
(artículos 2° de la Ley 6758 y 74 de la Ley 6043), o el
plan regulador urbano en el marco
de la zona urbana litoral
de la Ley 9221 (artículo 8). La Ley 7744, en el artículo
2°, establece que la CIMAT, al determinar
la cesión al Estado de las áreas
requeridas para usos públicos, “deberá considerar lo dispuesto por el plan regulador costero de la zona que se trate”,
y en el 33 remite a la aplicación supletoria de la Ley 6043 y su Reglamento en los aspectos no regulados. (Dictámenes C-307-2020 y PGR-C-053-2024).
II.2.- Reforma
al artículo 6° del reglamento
a la Ley de Marinas
La Ley 8969, sin modificar el instrumento
de planificación, reformó
la 7744 y amplió su ámbito de otorgamiento de concesiones para marinas y atracaderos
turísticos en las áreas adyacentes a las ciudades costeras, a excepción de los terrenos que presenten espacios abiertos de uso común y otras áreas
(de manglar, parques nacionales, reservas biológicas o donde hayan ecosistemas coralinos), y para la construcción
y explotación de atracaderos
turísticos en lagos, ríos, embalses
y canales navegables (artículo 1°). Lo que
reproduce la reforma a su Reglamento mediante Decreto 38171, y precisa por los espacios abiertos de uso común los “ubicados en las ciudades costeras, que han sido así
definidos por la Municipalidad en
el respectivo instrumento de planificación,
tales como paseos turísticos
peatonales o parques, y que
no están sujetos a concesión” (artículo 2 inciso h y 3). En el dictamen C-002-99, reiterado en la Opinión Jurídica
OJ-172-2004, se explicó que "toda
ciudad es área urbana, pero a la inversa no siempre es así".
En armonía
con la Ley 6043 (art. 38) y la 7744 (art 2°, pfo 2°),
el Reglamento de ésta, en su
texto inicial (Decreto 27030/1998), previó que
la zona donde se pretendía el desarrollo de una marina o atracadero turístico debía “contar con Plan Regulador debidamente aprobado para los sectores de
zona marítimo terrestre, o Plan Maestro para el caso de propiedades privadas y el Polo Turístico Golfo de Papagayo” (art
3°, inciso a); la función
de la CIMAT, de determinar las áreas
que cada zona portuaria debía ceder al Estado como públicos, “de conformidad con lo dispuesto por el Plan Regulador Costero de la zona que se trate”
(art. 10 inciso e);
y que “la realización de la marina en el sitio propuesto”
debía hacerse “de conformidad con el respectivo Plan Regulador o Plan
Maestro” (artículo 21).
El Decreto
Ejecutivo 43751/2022, al reformar
el Reglamento a la Ley
7744, en el considerando VI señala: “Que, a diferencia de la Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, donde las concesiones deben otorgarse conforme al uso y regulaciones establecidas en el respectivo
plan regulador costero, las
concesiones al amparo de la Ley 7744 Concesión y Operación de Marinas
y Atracaderos Turísticos, deben otorgarse conforme a los usos y regulaciones establecidas en el anteproyecto
aprobado por la CIMAT en la
viabilidad técnica solicitada por el interesado, según los artículos 5
y 8 de la citada Ley”.
Con la modificación
que hace el Decreto 43751 al artículo 6 de
ese Reglamento, el instrumento de planificación que
debe tener el sector, según se localice la propuesta de marina o atracadero turístico, es: Plan Regulador Costero vigente si se ubica en
la zona marítimo terrestre; Plan Regulador Urbano vigente en zona costera urbana, Plan Maestro si está dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo, y en otros casos el
anteproyecto de la marina o atracadero,
aprobado ambientalmente por
la SETENA y técnicamente por la CIMAT(Comisión de Marinas y Atracaderos
Turísticos). Para atracaderos
localizados en lagos, ríos, embalses
y canales navegables, la
zona debe reunir solo las condiciones
de los incisos a, b y c de ese artículo
(habilitación y estado del acceso, contar con servicio de agua potable, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos, y certificación del Patrimonio Natural del Estado emitida
por el SINAC, cuando aplique).
En el
dictamen PGR-C-053-2024 se dijo que las funciones que tiene la CIMAT de valorar y aprobar los aspectos técnicos de la propuesta de marinas y atracaderos
turísticos, por su naturaleza “no pueden sustituir las competencias en materia de planificación
del territorio que corresponden
a las Municipalidades y otros
entes públicos”, ni elimina el
requisito previo de contar
con el instrumento de planificación territorial dispuesto
en las Leyes 7744 y 6043,
(artículos 2° y 38, en su orden). En virtud
del principio de jerarquía normativa,
agregó, el desarrollo reglamentario de la
Ley 7744 no puede variar, ni condicionar, la obligación legal de que haya un
plan regulador costero o el instrumento que dispongan otras leyes especiales a fin de otorgar concesiones para el desarrollo de marinas o atracaderos turísticos, por lo
que resultan aplicables las
disposiciones de rango
superior, y no las reglamentarias que exceptúan la exigencia de esos instrumentos de planificación. La norma superior prevalece sobre la inferior y no puede ser modificada por ésta. Artículos 140, inciso 3 de
la Constitución; 6 de la Ley 6227; 1° y 2° del Código
Civil. Según este numeral
2°: “Carecerán de validez
las disposiciones que contradigan
a otra de rango superior”.
La Procuraduría,
en el dictamen
PGR-C-053-2024, en lo relativo
a la zona marítimo terrestre, concluyó que “según lo dispuesto en las leyes nos. 6043 y 7744 y en aplicación del principio de jerarquía normativa, la concesión para la instalación y operación de una marina o atracadero
turístico requiere la existencia previa de un plan regulador
costero o de los instrumentos
de planificación territorial que dispongan
leyes especiales para determinados sectores, y esos instrumentos de planificación no pueden ser sustituidos por el anteproyecto aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la CIMAT para cada marina o atracadero”./ Las disposiciones del Reglamento a la
Ley 7744 que resulten contrarias
a lo anterior, no deben aplicarse,
“porque las normas legales de mayor rango establecen una exigencia que no puede ser desatendida”.
II.2.1.-
Prevalencia
de la norma de rango
superior
Con
relación a lo antes anotado,
se ha resuelto: El reglamento es normativa
secundaria y está sometido a la ley. Su sumisión a la ley es absoluta y
“no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, y no puede suplir a la ley allí donde ésta es necesaria para producir un determinado efecto o regular un cierto contenido, en lo que doctrinariamente se denomina el "orden jerárquico de las normas"
(Sala Constitucional, sentencias
5227-1994, 9236-1999, 2422-2000, 15409-2006, 17559-2006, 2063-2007, 6615-2007,
11154-2007, 10930-2011, 4265-2014, 27918-2024 y 36864-2024). “Ejecutar una ley no es dictar otra
ley, sino desarrollarla,
sin alterar su espíritu por medio de excepciones,
pues si así
no fuere, el Ejecutivo se convierte en legislador." (Sala Constitucional, sentencias
4908-2000, 10997-2000; 5162, 5163, 5164, 5165, 5166 y 5167, las seis de 2002,
6400-2011 11454-2013). “(…) el decreto
debió dejarse de aplicar por contrariar una norma de rango superior”. (Sala Constitucional, resoluciones
1250-1999 y 5663-1999). El principio de legalidad
"(...) se proyecta como
límite y restricción del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de grado superior, so pena de invalidez.” (Sala Primera
de la Corte, sentencias 63-2000, 172-2000 y 55-2001).
“Uno de los límites fundamentales
de la potestad reglamentaria
es el principio de jerarquía
normativa; (…) se trata de
saber cuando una fuente es
superior a otra y, en caso de conflicto, desaplicar la de inferior rango.
Lo anterior supone, una relación
de subordinación, según la cual “Las normas de la fuente inferior no pueden modificar ni sustituir
a las de la superior. Es el caso
de la Constitución frente a
la ley y al resto de las normas del orden, y es también el caso de la ley frente al reglamento (...) en caso de contradicción
prevalece siempre y necesariamente la ley”. (Tribunal de Casación
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución 85-2020). (Cuando se presente antinomia normativa, uno de los criterios
para determinar la norma aplicable es “norma superior
prima sobre la de rango
inferior”. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, sentencias 62-2022,
74-2022 y 8545-2024; Tribunal Contencioso
Administrativo, resoluciones 3356-2023 y 7081-2024).
Igual
se ha pronunciado la Procuraduría:
ante una incompatibilidad de normas,
el precepto de grado superior predomina sobre la de rango inferior y el operador jurídico
debe optar por su aplicación. (Dictámenes
C-210-2001, C-198-2001, C-008-2002, C-210-2002, C-349-2002, C-146-2005,
C-256-2005, C-436-2005, C-13-2008, C-289-2012, C-40-2013, C-11-2015,
PGR-C-14-2023 y PGR-C-102-2023; Opiniones Jurídicas OJ-65-2001, OJ-135-2003,
OJ-53-2005 y OJ-116-2005)
III.- IMPROCEDENCIA DE
REVISAR EN VÍA CONSULTIVA LA VALIDEZ DE UN ACTO ADMINISTRATIVO O DECISIÓN
ADOPTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
En opinión
de la Asesoría Legal del ICT, a fin de otorgar concesiones para marinas
y atracaderos turísticos,
ante lo que califica como imposibilidad de contar con un
plan regulador costero, es correcta la solución que da la reforma al artículo 6° del Reglamento a la Ley 7744, hecha
por Decreto 43751: el anteproyecto aprobado por la
CIMAT, con viabilidad ambiental.
En nuestro criterio, tal valoración
significaría de nuestra parte entrar en
el análisis de la conformidad con el ordenamiento jurídico de lo decidido por la Administración (Poder Ejecutivo) al emitir dicho Decreto
y reformar esa norma, lo que es improcedente. Con la revisión de actos administrativos o decisiones
adoptadas estaríamos inmiscuyéndonos y sustituyendo indebidamente a la Administración
en sus competencias.
(Pronunciamientos PGR-C-265-2022, PGR-OJ-037-2023, PGR-C-072-2023,
PGR-C-120-2023, PGR-C-128-2023, PGR-C-131-2023, PGR-C-143-2023, PGR-C-148-2023,
PGR-C-163-2023, PGR-C-164-2023, PGR-C-171-2023, PGR-C-178-2023, PGR-C-212-2023,
PGR-C-241-2023, PGR-C-249-2023, PGR-C-260-2023, PGR-C-131-2023, PGR-C-002-2024,
PGR-C-015-2024, PGR-C-104-2024,PGR-C-153-2024, PGR-C-162-2024 y
PGR-OJ-087-2024). Se exceptúa la actuación
de la PGR con motivo del trámite
previsto en los ordinales 173 y 183 de la Ley 6227.
El asesoramiento
técnico jurídico de la Procuraduría no puede versar sobre casos
concretos o situaciones jurídico administrativas singulares. Este Órgano Asesor no está facultado para revisar en ejercicio de su función consultiva
la legalidad de las actuaciones
de la Administración y pronunciarnos
sobre la validez de un acto administrativo o decisión ya adoptada por la Administración Pública. La revisión de un acto
administrativo ya emitido nos convertiría, por esa vía, en
un juzgador de la legalidad
de la actuación administrativa,
lo cual resulta ajeno a la función consultiva y además implicaría invadir una
competencia que está reservada
exclusivamente a los Tribunales
de Justicia, pues la jurisdicción
contenciosa administrativa
es en la especie la llamada a hacer tal juzgamiento y determinar -mediante sentencia- la validez o invalidez de un determinado acto administrativo, concreto o
de alcance general. (Ley 6227, artículos 120 y
121. Dictámenes
C-107-2011, C-146-2017, C-264-2017,
C-294-2017, C-025-2018, C-125-2018, C-42-2019, C-481-2020, PGR-C-070-2022,
PGR-C-144-2024, PGR-C-227-2023, PGR-C-144-2024, PGR-C-085-2025, PGR-C-038-2025
y PGR-C-081-2025 y Opiniones
Jurídicas OJ-123-2021 y PGR-OJ-120-2024).
Cabe notar
que la Ley 7744, artículo 5, inciso
c, prevé que el interesado en construir
y explotar una marina o atracadero
turístico ha de obtener viabilidad técnica favorable de
la CIMAT, y presentar ante ésta
una solicitud con información
varia, comprensiva de la Viabilidad
Ambiental Potencial (VAP) y, para el
trámite de solicitud de concesión, entre los requisitos a cumplir está la copia de la Viabilidad (Licencia) Ambiental
(VLA), otorgada por la Setena (artículo
8 inciso d). Sobre este punto, la Sala Constitucional,
en la sentencia 3855-2016, resolvió que la Viabilidad
Ambiental Potencial (VAP) de SETENA es “solamente un requisito previo
para la Viabilidad Técnica”, pero
no un requisito suficiente para la concesión municipal. En razón de ello, estimó que el ordinal 5, inciso c, de la Ley 7744 no es disconforme
con el 50 de la Constitución,
“por cuanto del artículo 8,
inciso d) de esa misma Ley se entiende que, de previo a dar la concesión, debe contarse con la obtención de una viabilidad (licencia) ambiental (VAL)
definitiva, y no la inicial”. Viabilidad
Ambiental Potencial (VAP) en
el Decreto 43898/2022,
Anexo A, punto 47, antes Decreto 31849, artículo 3, inciso 66, “Es el visto bueno ambiental, de tipo provisional,
que otorga la SETENA a aquellas
actividades, obras o proyectos que realizan la Evaluación Ambiental Inicial y todavía requieren de la
presentación de otros documentos
de EIA para la obtención de la VLA definitiva”.
IV.- CONSIDERACIONES
ADICIONALES
Se agregan
las siguientes consideraciones:
1.- El plan regulador es el instrumento de planificación
local, establecido por el legislador para el desarrollo racional y ordenado del cantón desde el punto de vista urbanístico. (Sala Constitucional,
votos 14136-2018, 6227-2021, 12905-2022. Dictámenes C-156-2017 y C-341-2020). Corresponde
a las municipalidades la titularidad
primaria en materia de planificación, lo que
no obsta que “el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo, como
institución rectora de la planificación urbana a nivel nacional, pueda promulgar reglamentos que sirvan de apoyo a las municipalidades en áreas que no estén reguladas en sus planes o que regulen los temas de planificación en forma primaria en aquellos
cantones cuyas municipalidades no tienen tales
planes, mientras tal situación se mantenga”.
(Artículos 169 de la Constitución; 1°, 15, 17 y Transitorio II de la Ley 4240. Sala Constitucional,
sentencias 3249- 2021 y 13227-2024).
2.- En
las áreas con declaratoria
de zona urbana
litoral, según la Ley
9221, las concesiones a otorgar
por las municipalidades deben
ser acordes con el plan regulador urbano de la respectiva localidad (artículos 8
y 9). Esa Ley, en su artículo 25, reformó el 6 de la Ley 6043 y excluyó la aplicación de las disposiciones de ésta a las zonas
urbanas litorales.
3.- El área
afectada al Proyecto Turístico
Golfo de Papagayo
constituye un régimen
especial del demanio marítimo terrestre bajo administración directa del ICT,
sin perjuicio del usufructo
y cánones que corresponden
a las municipalidades del lugar,
y de las competencias concurrentes
que tienen otros órganos o entes estatales respecto de ciertas materias o bienes. El ICT es la autoridad facultada para otorgar concesiones para el desarrollo de marinas y atracaderos
turísticos en ese sector, y
han de ser conformes con el Plan Maestro, que es la figura directiva
de planeamiento o herramienta
de ordenación de ese espacio,
con carácter vinculante e indicativo de las obras que podrán realizarse. (Artículos 74
de la Ley 6043; 1° y 32 de Ley 7744; 5 y 77 de su Reglamento; 2° de la 6758, 2 incisos
h y q y 14 inciso c de su Reglamento, Decreto 25439. Opinión Jurídica OJ-74-2003 y
dictamen C-307-2020). El Plan Maestro General del Proyecto Turístico
Golfo de Papagayo fue aprobado por la Junta Directiva
del ICT en sesión ordinaria 4572 de 1995, y la última
modificación mediante acuerdo 5740 de 2012 de esa Junta
Directiva. Gaceta 84 de 2
de mayo de 2012. “Los terrenos otorgados
en concesión –que no comprenden la zona marítimo terrestre- en
el Golfo de Papagayo le pertenecen al ICT”. (Sala Constitucional,
sentencias 18483-2007, 15595-2008, 15596-2008 y
8622-2010).
4.- Con relación
a canales y ríos, ha de tenerse en cuenta
la franja de zona marítimo terrestre, de administración municipal, correspondiente
a ambos lados del sistema
de canales principales
que unen los puertos de Moín y Barra de Colorado, y la contigua a las rías o parte
del río próxima a su entrada en el
mar, y hasta donde llegan
las mareas. Se hace énfasis en que son de administración del SINAC-MINAE los terrenos
del Patrimonio Natural del Estado dentro de la zona
marítimo terrestre. (Artículos 9 y 75 de la Ley 6043 y 2 incisos
f y h 94 de su Reglamento;
13 de la Ley 7575 y 32 de la Ley 7554. Sala Constitucional,
sentencias 454-2006, 2408-2007 y 3113-2009. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección
V, sentencia 32-2013; Tribunal Contencioso
Administrativo Sección III, resolución
72-2010. Dictámenes dictamen C-191-1996, C-348-2006,
C-351-2006, PGR-C-112-2025 y Opinión Jurídica OJ-35-2009).
V.-
CONCLUSIONES
De lo expuesto
se concluye:
1.- El otorgamiento
de concesiones para el desarrollo de marinas o atracaderos
turísticos en la zona
marítimo terrestre de administración municipal, bajo
la Ley 6043, debe contar con plan regulador costero
vigente, al que ha de ajustarse
(arts. 38 de la Ley 6043; 2 y 33 de la Ley 7744); Plan Maestro en el
Polo Turístico Golfo de
Papagayo (arts. 74 de la Ley 6043, 1° y 32 de la Ley 7744 y 2° de la Ley 6758);
plan regulador
urbano en las ciudades litorales, excepto terrenos que presenten espacios abiertos al uso común (arts. 1° de la Ley 7744; 6 de la Ley 6043), en áreas con declaratoria
de zona urbana litoral (Ley
9221, arts. 1°, 2, 7 a 10), o donde se prevea por ley en forma expresa (Ley 6043, art. 79); plan regulador cantonal que rija en el
sitio de interés fuera de
la zona marítimo terrestre demanial (Ley 4240, arts. 1, 7 y 10) y, en su defecto,
las disposiciones vigentes en el lugar
de acuerdo con lo dispuesto
en el Transitorio
II de esta última Ley. Lo
anterior, a más de las normas
urbanísticas o no urbanísticas
aplicables al sitio en cuestión.
2.- Ha de tenerse
en cuenta la franja de zona marítimo terrestre, de administración
municipal, a ambos lados del sistema
de canales principales que unen los puertos de Moín y Barra de Colorado, y la contigua
a las rías o parte del río próxima a su
entrada en el mar, hasta donde llegan las mareas. (Se excluyen los terrenos del Patrimonio Natural
del Estado dentro de la zona marítimo terrestre, que administra
el SINAC-MINAE).
3.- La Procuraduría
ha sostenido que la zona pública
es susceptible planificación en
el plan regulador costero en los supuestos excepcionales de otorgamiento de concesiones a particulares para el desarrollo de actividades y construcciones permitidas por
ley.
4.- Se reitera el criterio de que las funciones que tiene la CIMAT de valorar y aprobar los aspectos técnicos de la propuesta de marinas y atracaderos
turísticos no sustituyen
las competencias en materia de planificación del territorio que corresponden a las
Municipalidades y otros entes públicos, ni el anteproyecto
aprobado por la CIMAT reemplaza
el instrumento de planificación territorial previsto
por ley. En virtud del
principio de jerarquía normativa,
el desarrollo reglamentario de la Ley 7744 no puede
variar ni suprimir la obligación legal de
que haya vigente un plan regulador costero o el instrumento que dispongan otras leyes especiales a fin de otorgar concesiones para el desarrollo de marinas o atracaderos turísticos. La norma superior prevalece sobre la inferior y el operador jurídico debe aplicar el precepto
de mayor rango.
5.- La Procuraduría
no está facultada para revisar, en ejercicio
de su función consultiva, la legalidad o validez de un acto administrativo
o decisión específica adoptada por la Administración Pública, como es la reforma al artículo 6° del Reglamento a la Ley 7744, por Decreto
43751. Asimismo, está inhibida, para pronunciarse sobre casos concretos
o situaciones jurídico administrativas singulares, por cuanto con la emisión de un
dictamen vinculante asumiría
funciones propias de la Administración activa, las que
son ajenas a su
competencia.
6.-
Corresponde a las autoridades
competentes valorar si se requieren modificaciones al Plan Regulador respectivo, o el dictado o reforma de normas, respetando el principio de jerarquización, para regular aspectos
no previstos.
De usted,
atentamente,
José
J. Barahona Vargas
Procurador
JJBV/jqr
PGR-C-156-2025
LA CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE. LA CONCESIÓN DE BIENES
DEL DEMANIO COSTERO COMO ACTO DISCRECIONAL QUE CONFIERE UN DERECHO REAL
ADMINISTRATIVO. EL REQUISITO DE PLAN
REGULADOR COSTERO PARA LA CONCESIÓN EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. AMBIGÜEDAD DE LA EXPRESIÓN PLANOS DE
DESARROLLO EN LA LZMT. II.-REQUISITO
DEL PLAN REGULADOR COSTERO EN CONCESIONES PARA MARINAS Y ATRACADEROS TURÍSTICOS
EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE (ZMT). REFORMA
AL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO A LA LEY DE MARINAS. II.2.1.-PREVALENCIA DE LA NORMA DE RANGO SUPERIOR. IMPROCEDENCIA DE REVISAR EN VÍA CONSULTIVA
LA VALIDEZ DE UN ACTO ADMINISTRATIVO O DECISIÓN ADOPTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.
ADICIONALES. CONCLUSIONES.
El Ministro de Turismo, en oficio DM-376-2024, plantea la interrogante de
“Si en zonas costeras, embalses, lagos,
lagunas, canales o ríos, que, por su ubicación o naturaleza, resulta imposible
contar con un plan regulador costero, ¿es posible otorgar concesiones para el
desarrollo de marinas o atracaderos turísticos teniendo como instrumento de
planificación una herramienta diferente a un plan regulador costero?”.
La Procuraduría, mediante el pronunciamiento PGR-C-156-2025, concluyó:
1.- El otorgamiento de concesiones para el desarrollo de marinas o
atracaderos turísticos en la zona marítimo terrestre de administración
municipal, bajo la Ley 6043, debe contar con plan regulador costero vigente, al que ha de ajustarse (arts. 38 de
la Ley 6043; 2 y 33 de la Ley 7744); Plan
Maestro en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (arts. 74 de la Ley 6043, 1°
y 32 de la Ley 7744 y 2° de la Ley 6758); plan
regulador urbano en las ciudades litorales, excepto terrenos que presenten
espacios abiertos al uso común (arts. 1° de la Ley 7744; 6 de la Ley 6043), en
áreas con declaratoria de zona urbana litoral (Ley 9221, arts. 1°, 2, 7 a 10),
o donde se prevea por ley en forma expresa (Ley 6043, art. 79); plan regulador cantonal que rija en el
sitio de interés fuera de la zona marítimo terrestre demanial (Ley 4240, arts.
1, 7 y 10) y, en su defecto, las disposiciones vigentes en el lugar de acuerdo
con lo dispuesto en el Transitorio II de esta última Ley. Lo anterior, a más de
las normas urbanísticas o no urbanísticas aplicables al sitio en cuestión.
2.- Ha de tenerse en cuenta la franja de zona marítimo terrestre, de
administración municipal, a ambos lados del sistema de canales principales que
unen los puertos de Moín y Barra de Colorado, y la
contigua a las rías o parte del río próxima a su entrada en el mar, hasta donde
llegan las mareas. (Se excluyen los
terrenos del Patrimonio Natural del Estado dentro de la zona marítimo
terrestre, que administra el SINAC-MINAE).
3.- La Procuraduría ha sostenido que la zona pública es susceptible
planificación en el plan regulador costero en los supuestos excepcionales de
otorgamiento de concesiones a particulares para el desarrollo de actividades y
construcciones permitidas por ley.
4.- Se reitera el criterio de que las funciones que tiene la CIMAT de
valorar y aprobar los aspectos técnicos de la propuesta de marinas y
atracaderos turísticos no sustituyen las competencias en materia de
planificación del territorio que corresponden a las Municipalidades y otros
entes públicos, ni el anteproyecto aprobado por la CIMAT reemplaza el
instrumento de planificación territorial previsto por ley. En virtud del
principio de jerarquía normativa, el desarrollo reglamentario de la Ley 7744 no
puede variar ni suprimir la obligación legal de que haya vigente un plan
regulador costero o el instrumento que dispongan otras leyes especiales a fin
de otorgar concesiones para el desarrollo de marinas o atracaderos turísticos.
La norma superior prevalece sobre la inferior y el operador jurídico debe
aplicar el precepto de mayor rango.
5.- La Procuraduría no está facultada para revisar, en ejercicio de su
función consultiva, la legalidad o validez de un acto administrativo o decisión
específica adoptada por la Administración Pública, como es la reforma al
artículo 6° del Reglamento a la Ley 7744, por Decreto 43751. Asimismo, está
inhibida, para pronunciarse sobre casos concretos o situaciones jurídico
administrativas singulares, por cuanto con la emisión de un dictamen vinculante
asumiría funciones propias de la Administración activa, las que son ajenas a su
competencia.
6.- Corresponde a las autoridades competentes valorar si se requieren
modificaciones al Plan Regulador respectivo, o el dictado o reforma de normas,
respetando el principio de jerarquización, para regular aspectos no previstos.