Dictamen : 147 - del 07/07/2025

07 de julio del 2025

PGR-C-147-2025

 

Señora

Gerardina Iriabel Madriz Mora

Auditora Interna

Municipalidad de Osa

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación del Procurador General de la República, nos referimos a su oficio n°AI-218-2024 del 28 de agosto del 2024, código interno 8514-2024, por medio del cual solicita el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General, sobre las siguientes interrogantes:

 

“1- ¿Pueden los alcaldes municipales realizar traslados horizontales a sus cónyuges o parientes de concejales que tengan nombramiento en propiedad y una carrera administrativa comprobada, según artículo 124 y 125 del Código Municipal?

 

2- ¿Es posible que los alcaldes municipales, cumpliendo con sus atribuciones, conforme al Código Municipal, artículo 17 inciso k), realicen traslados horizontales de cónyuges o parientes de concejales o de los mismos alcaldes o vicealcaldes, manteniendo mismas categorías y escala salarial de puestos, variando únicamente cambios en las tareas típicas?

 

3- ¿Se puede incurrir en nepotismo o faltas al deber de probidad?”

 

En atención a lo anterior, y antes de entrar al análisis de las preguntas planteadas, resulta necesario hacer la siguiente aclaración sobre las consultas que realizan los auditores internos y particularmente sobre la admisibilidad de esta gestión.

 

 

I.              Sobre las consultas planteadas por los auditores internos

 

Si bien con la reforma introducida al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mediante el artículo 45, inciso c) de la Ley n°8292 del 31 de julio del 2002, publicada en la Gaceta n°169 del 4 de setiembre del 2002, se dispensa a los auditores internos de adjuntar el criterio jurídico; pudiendo estos consultar directamente en lo que atañe a la materia de su competencia, lo cierto es que esta norma debe interpretarse en sus justas dimensiones, pues esa potestad consultiva no es irrestricta. Y por ello, nuestra jurisprudencia administrativa ha señalado las condiciones bajo las cuales debe ejercerse dicha facultad.

 

En ese sentido, hemos reiterado en nuestros dictámenes, que la materia consultable por parte de los auditores se circunscribe a aquella que pertenezca, de modo directo, a su competencia funcional; es decir, que la facultad de consultar está referida a la competencia del auditor y al ámbito de las competencias del organismo que controla y del cual forma parte (ver los dictámenes n°C-197-2019 del 08 de julio del 2019, C-181-2019 del 25 de junio del 2019, C-096-2020 del 17 de marzo del 2020, C-102-2020 del 31 de marzo del 2020, PGR-C-222-2024 del 04 de octubre del 2024, PGR-C-233-2024 del 16 de octubre del 2024 y PGR-C-250-2024 del 28 de octubre del 2024, entre muchos otros).

 

Ello, implica que los auditores no se encuentran autorizados para consultar sobre materias que no se refieran o no estén contenidas en la esfera de su competencia institucional o dentro de la competencia de los órganos administrativos de los cuales forman parte. Por esa razón, hemos estimado que las consultas realizadas por la auditoría interna, deben estar ligadas al contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año en la respectiva Administración, ya que es esto lo que nos permite determinar los alcances del ámbito de competencia de esa auditoría. (Dictámenes n°C-042-2008 del 11 de febrero del 2008, C-153-2009 del 1 de junio del 2009, C-314-2017 del 15 de diciembre del 2017, C-043-2019 del 20 de febrero del 2019, C-133-2019 del 14 de mayo del 2019, C-283-2019 del 04 de octubre del 2019, PGR-C-222-2024 del 04 de octubre del 2024, PGR-C-233-2024 del 16 de octubre del 2024 y PGR-C-250-2024 del 28 de octubre del 2024).

 

Dado que la facultad de consultar que tienen los auditores se encuentra limitada al ámbito de sus competencias y, por tanto, a la ejecución del plan de trabajo correspondiente, es lógico entender que esa facultad debe ejercerse con respecto a una duda jurídica puntual y específica, y no ser utilizada para requerir nuestro criterio sobre una gran cantidad de cuestionamientos, en relación con materias distintas. La amplitud y diversidad de cuestionamientos en una consulta planteada por un auditor, podría poner en tela de duda la relación de la consulta formulada, con el ejercicio de sus competencias y con el plan de trabajo correspondiente.

 

A su vez, se reitera lo dispuesto en los pronunciamientos n°C-48-2018 del 9 de marzo del 2018 y C-004-2021 del 7 de enero del 2021, en cuanto a que los dictámenes que la Procuraduría General emita por consulta directa de los auditores internos, producen el efecto jurídico de vincular a estos en el cumplimiento de sus funciones de control y validación, pero, de ninguna forma, puede entenderse que vinculen al jerarca del cual dependa orgánicamente la respectiva auditoría. Dicho de otro modo, la facultad de los auditores no tiene por finalidad, vincular al jerarca de la administración activa del cual dependen orgánicamente, y, por esa misma razón, los auditores carecen de la potestad para realizar la gestión de reconsideración del dictamen que se les emita. (Ver en el mismo sentido los criterios PGR-C-222-2024 del 04 de octubre del 2024, PGR-C-233-2024 del 16 de octubre del 2024 y PGR-C-250-2024 del 28 de octubre del 2024)

 

Tampoco pueden pretender consultar los auditores internos, expresa o implícitamente, acerca de la validez o no de conductas administrativas concretas ya adoptadas por la administración activa, pues nuestra función asesora, por su naturaleza, es previa a la toma de decisiones concretas; sin que podamos –salvo los casos excepcionales expresamente previstos en los ordinales 173 y 183 de la Ley General de la Administración Pública- revisar en la vía consultiva la legalidad de actuaciones singulares de la Administración (entre otros, los dictámenes n°C-025-2018 del 30 de enero del 2018, C-064-2018 del 4 de abril del 2018, C-222-2018 del 7 de setiembre del 2018, C-271-2018 del 30 de octubre del 2018, C-007-2019 del 10 de enero del 2019, C-38-2019 del 14 de febrero del 2019, C-149-2019 del 30 de mayo del 2019, C-102-2020 del 31 de marzo del 2020, PGR-C-172-2024 del 6 de agosto del 2024, PGR-C-222-2024 del 04 de octubre del 2024, PGR-C-233-2024 del 16 de octubre del 2024 y PGR-C-250-2024 del 28 de octubre del 2024).

 

Y mucho menos, pueden consultarse temas en los que el ordenamiento jurídico expresamente atribuya una potestad específica a otro órgano o ente (artículo 5 de nuestra Ley Orgánica n°6815 del 27 de setiembre de 1982) (dictámenes n°C-227-2019 del 12 de agosto del 2019, PGR-C-172-2024 del 6 de agosto del 2024 y PGR-C-250-2024 del 28 de octubre del 2024, entre otros).

 

Como aspecto final, las consultas que planteen los auditores internos en el ejercicio de sus competencias deben cumplir los requisitos de admisibilidad que señala nuestra Ley Orgánica, salvo, claro está, la necesidad de aportar un criterio legal sobre el tema consultado y que la consulta provenga del jerarca de la institución.

 

Dicho esto, en esta ocasión la consultante justifica la presentación de su gestión en lo definido en el punto 6 de su plan anual de trabajo, respecto a la posibilidad de realizar consultas en relación con las atribuciones, obligaciones y prohibiciones de los alcaldes y vicealcaldes municipales y los derechos adquiridos por funcionarios que han sido nombrados en administraciones anteriores.

 

Específicamente, se explica que:

 

“Las interrogantes, se plantean en relación con las atribuciones y obligaciones que tienen los Alcaldes Municipales, según el Artículo 17, inciso k) del Código Municipal, Ley No. 7794, así como, los derechos de los funcionarios municipales, según los artículos 124 y 125, en relación con las prohibiciones establecidas en el artículo 136 de dicho Código.

 

En el caso de quienes son conyugues de Alcaldes o Vicealcaldes municipales o parientes de alguno de los concejales con nombramientos en administraciones anteriores, tratándose de funcionarios que ya han cumplido con periodos superiores a 10 años de estar laborando para un ente municipal”. (El subrayado es nuestro)

 

En ese sentido, se logra acreditar que las dudas formuladas guardan relación con la competencia funcional de esa auditoría interna, en temas de fiscalización y control interno y se presentó con el propósito de cumplir con uno de los objetivos trasados en el plan anual de trabajo.

 

Ergo, es nuestro criterio que la consulta cumple con los requisitos de admisibilidad pertinentes, por lo que procederemos con el análisis de fondo.

 

 

II.        Sobre lo consultado

 

En primer lugar, se requiere que esta Procuraduría emita un pronunciamiento sobre la siguiente interrogante: “¿Pueden los alcaldes municipales realizar traslados horizontales a sus cónyuges o parientes de concejales que tengan nombramiento en propiedad y una carrera administrativa comprobada, según artículo 124 y 125 del Código Municipal? (El destacado es nuestro)

 

Antes de brindar respuesta a dicha consulta, consideramos importante referirnos a la figura del alcalde municipal, como administrador general y superior jerárquico de las dependencias administrativas de la corporación municipal.

 

Como punto de partida, merece destacarse el artículo 169 de la Constitución Política, que dispone:

 

“Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.” (Subrayado agregado)

 

También, conviene transcribir el ordinal 12 del Código Municipal, el cual señala lo siguiente:

 

“Artículo 12.- El gobierno municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular”. (Subrayado agregado)

 

Sumado a lo anterior, encontramos que el numeral 14 del citado Código establece, entre otras cosas, que el alcalde es el “funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política”.

 

Asimismo, las funciones del alcalde municipal se encuentran señaladas en el artículo 17 del referido cuerpo normativo, que estipula, en lo de interés para esta consulta:

 

“Artículo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:

(Así reformado el párrafo anterior por el aparte d) del artículo único de la Ley N° 8679 del 12 de noviembre del 2008)

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.

(…)

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo.

(…)

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes. (La negrita y el subrayado no pertenece al original)

 

De la norma anteriormente transcrita, se desprende que, el alcalde no solo gobierna junto con el concejo municipal, sino que también es el administrador principal y el jefe de las dependencias municipales. Esto significa que es su trabajo planificar, organizar, hacer funcionar y coordinar todo lo relacionado con la municipalidad de manera adecuada.

           

En este contexto, para atender la duda formulada es necesario transcribir los ordinales 124, 125, 136 y 141 del Código en estudio, que textualmente regulan:

 

“Artículo 124. – Establécese la Carrera administrativa municipal, como medio de desarrollo y promoción humanos. Se entenderá como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los servidores y la administración municipal. Este sistema propiciará la correspondencia entre la responsabilidad y las remuneraciones, de acuerdo con mecanismos para establecer escalafones y definir niveles de autoridad”.

 

“Artículo 125. - Cada municipalidad deberá regirse conforme a los parámetros generales establecidos para la Carrera Administrativa y definidos en este capítulo.

 

Los alcances y las finalidades se fundamentarán en la dignificación del servicio público y el mejor aprovechamiento del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y competencias de las municipalidades”.

 

“Artículo 136 - No podrán ser empleados municipales quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el Alcalde, el Auditor, los Directores o Jefes de Personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal ni, en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales.

 

La designación de alguno de los funcionarios enunciados en el párrafo anterior no afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad”.

 

“Artículo 141. — Previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los servidores con sus jefes inmediatos, el alcalde podrá autorizar estos movimientos, siempre que no les causen evidente perjuicio y cuando satisfaga una necesidad real de la municipalidad”.

 

(La negrita y el subrayado en las normas anteriores es nuestro)

 

Tal como se puede observar, el numeral 136 contempla una prohibición expresa para quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el alcalde, el auditor, los directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal, y, en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales, para ser nombrados como funcionarios o empleados de la municipalidad.

 

No obstante, esa misma norma contempla una excepción a dicha prohibición, en el sentido de que la designación de alguno de los funcionarios enunciados en su primer párrafo, no afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad.

 

Del mismo modo, el artículo 141 regula todas las condiciones para que el alcalde pueda autorizar -no realizar- previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los servidores con sus jefes inmediatos, en el tanto no se les causen evidente perjuicio y se satisfaga una necesidad real del gobierno local.

 

De acuerdo con lo expuesto, y en atención a la primera interrogante, al ser la carrera administrativa municipal, un medio de desarrollo y promoción humanos; entendida como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los servidores y la administración municipal (parámetros generales sobre los cuales cada municipalidad deberá regirse) -arts. 124 y 125-, sumado a lo regulado en los numerales 17, incisos a) y k), y el párrafo segundo del 136[1], es viable aceptar que el alcalde municipal en el ejercicio de sus funciones le corresponda eventualmente autorizar un traslado horizontal de su cónyuge o parientes de concejales, que ya ostenten un nombramiento en propiedad y sean funcionarios de carrera, de previo a su elección, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con lo regulado en el artículo 141 transcrito.

 

Además, se debe precisar que sí esas personas cuentan con estabilidad en el empleo -propietarios de un puesto- y una carrera administrativa municipal consolidada, se entiende que sus nombramientos se efectuaron con anterioridad a la elección del alcalde que está efectuando el movimiento de personal, pues de lo contrario no sería factible, por una sencilla razón, sus nombramientos como empleados municipales serían improcedentes e ilegales.

 

Ahora bien, el hecho de que se admita que el alcalde pueda autorizar este tipo no movimientos de personal, no impide advertir que sus actuaciones siempre deben estar orientadas al respeto de los principios constitucionales que informan la función pública -imparcialidad y objetividad, transparencia, eficiencia y eficacia-. Dichos principios exigen que los funcionarios públicos actúen en protección del interés público, y esto en preeminencia sobre los intereses privados. (Dictamen C-055-2009 del 20 de febrero del 2009)

 

En todo caso, valga resaltar que de los antecedentes de esta consulta -oficio AI-218-2024-, se desprende que la situación hipotética que genera la duda se circunscribe al “caso de quienes son conyugues de Alcaldes o Vicealcaldes municipales o parientes de alguno de los concejales con nombramientos en administraciones anteriores, tratándose de funcionarios que ya han cumplido con periodos superiores a 10 años de estar laborando para un ente municipal”. (El subrayado es nuestro)

 

En esa inteligencia, el artículo 136 del Código en análisis pretende en alguna medida, suprimir los favoritismos que impidan el establecimiento de buenas prácticas en materia de reclutamiento de personal. Prácticas que deberían conducir, conforme el estándar constitucional del artículo 192 del texto fundamental, a elegir a los candidatos con base en criterios de idoneidad.

 

Adicional a ello, contiene una excepción importante a lo regulado en su primer párrafo, que serían aquellos casos en que alguna de las personas indicadas en la norma ya sean empleados municipales, y posteriormente un familiar suyo es nombrado en uno de los cargos allí enunciados; en ese supuesto no podrían versen afectados. El propósito de este artículo es, precisamente, prevenir el nepotismo y asegurar que el procedimiento de reclutamiento del personal municipal sea justo y transparente, así como apegado a lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Política.

 

En efecto, en nuestro dictamen C-144-2016 del 21 de junio del 2016, explicamos, en lo de interés, lo siguiente:

 

“… Por su parte, el Código Municipal sí dispone restricciones para la designación de algunas personas como servidores municipales en virtud del parentesco que los une con funcionarios que ocupan cargos relevantes dentro de la estructura municipal:

 

“Artículo 127[2]: No podrán ser empleados municipales quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el Alcalde, el Auditor, los Directores o Jefes de Personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal ni, en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales.

 

La designación de alguno de los funcionarios enunciados en el párrafo anterior no afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad.” (la negrita y el subrayado no son del original).

 

La finalidad de este precepto estriba en evitar que en razón de la jerarquía, la influencia, o el poder de decisión que tenga cualesquiera de los funcionarios contemplados en la norma, estos decidan abusar de la condición que detentan para favorecer a algún miembro de su familia. En otros términos, procura evitar la figura del nepotismo (definida como la “Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos[iii][3]”), y por consiguiente, descartar la posibilidad de que el parentesco por consanguinidad o afinidad otorgue una ventaja indebida para acceder a cargos públicos.

 

La regularidad constitucional de restricciones de ingreso al ejercicio de cargos públicos derivadas de las relaciones de parentesco ha sido reafirmada por el Tribunal Constitucional en varias ocasiones:

 

"[...] En el estado actual de la evolución de la sociedad y de los problemas que la angustian, además, entendemos que este tipo de cautelas son compatibles con el Estado Democrático de Derecho, el que en no pocas ocasiones debe acudir al establecimiento de limitaciones -en este caso es una limitación parcial, no abarca una inelegibilidad absoluta- al ejercicio de determinados derechos o libertades, atendiendo al bien jurídico público o social que se protege. En el caso concreto que se analiza, si aceptamos que el nepotismo ha constituido y constituye un lastre para la salud de los negocios públicos, como hoy se proclama «urbi et orbi», o que puede llegar a afectar la eficiencia de la administración en el tanto permitiría no seleccionar el funcionariado en base a la idoneidad, sino a parámetros subjetivos de parientes con poder de nombramiento, que implicarían dar trato ventajoso a determinadas personas en el acceso al empleo público, alterando la exigencia de igualdad, concluimos en que la norma analizada, antes que constituir una infracción, se corresponde con principios hoy pacíficamente aceptados sobre la transparencia en el quehacer de la administración pública como un todo" (Sentencia número 1918-00 de las 15:21 horas del 1 de marzo del 2000).  (lo destacado no es del original)

“IV.- DEL ARTÍCULO 127[4] DEL VIGENTE CÓDIGO MUNICIPAL. En relación con la norma impugnada, remitimos a los accionantes a lo considerado por esta Sala en sentencia número 01918-00, de las 15:21 horas del primero de marzo del dos mil. En esa ocasión se señaló que la limitación impuesta a la libertad de trabajo en razón del parentesco resulta no sólo es pertinente, sino necesaria, a fin de evitar el abuso en que puedan incurrir quienes tengan poder de decisión en un determinado ente, para favorecer a algún miembro de su familia por lo que bien puede concluirse que la limitación cumple a cabalidad los elementos de evaluación del principio constitucional de razonabilidad: se trata de una medida necesaria, es idónea en relación al fin propuesto, y por último, resulta proporcionada, en tanto no es excesiva ni desmedida. Ya con anterioridad (sentencia número 3348-95, de las 8:30 horas del 28 de junio de 1995; 2883-96, de las 17:00 horas del 13 de junio de 1996; 3869-96, del 30 de julio de 1996) la Sala se había manifestado acerca de este tema, confirmando la necesidad de establecer mediante ley medidas cautelares para proteger el interés público del Estado y sus instituciones, a fin de evitar el nepotismo, lo que unánimente se considera como una afrenta al Estado de Derecho y una violación al trato igual que merecen todas las personas para acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones, ya que de lo contrario el parentezco se constituiría –indebidamente- en una ventaja para acceder a cargos públicos“. (Voto N. 1920-2000 de las 15:27 horas del 1 de marzo del 2000). (Lo resaltado no es del original).

 

A pesar de lo indicado, la prohibición no es absoluta. Tal y como se expresa en el segundo párrafo del artículo en mención, el nombramiento de alguno de los funcionarios ahí señalados no supone afectación al empleado municipal cónyuge o pariente que haya sido nombrado con anterioridad.

 

El fundamento de la excepción es claro. Si el funcionario obtuvo la plaza de previo a que su consorte o pariente acceda a uno de los puestos referidos (en los cuales tendría la potestad de nombrar o incidir en el nombramiento), debe presumirse que lo hizo por méritos propios, luego de demostrar su idoneidad, y sin la injerencia de su cónyuge o familiar. Ergo, técnicamente no habría nepotismo.

 

En el caso específico de lo que aquí se consulta, debe realizarse un razonamiento similar al anterior. Si los cónyuges ocupan jefaturas descritas en el numeral 127[5] del Código en mención (ya sea solo uno de ellos, o ambos), pero fueron nombrados en estas plazas de previo a contraer matrimonio, se configuraría la excepción a la norma, y no estarían sujetos a la prohibición de marras, debido a que no habrían incido en su elección. (…)”. (La negrita y el subrayado no pertenece al original)

 

Por otra parte, se debe tener claridad que todo movimiento de personal incluye actos que implican cambio en la condición laboral de la persona servidora, como: nombramientos, ascensos, descensos, traslados, reubicaciones, permutas[6]. Concretamente, por “traslado” se debe entender: “… el paso de un servidor regular de un puesto a otro del mismo nivel salarial”. (Artículo 3, inciso u) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil)

 

Y, en este sentido, es necesario reseñar también que, según lo define el “Glosario de términos y expresiones de la gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil de Costa Rica”, emitido en junio del 2013, el “Desarrollo de personal” debe ser concebido como aquel: “Proceso que se sigue para aumentar el valor de los empleados una vez que han ingresado en la organización, que, secuencialmente, consta de diferentes etapas: contratación “admisión al puesto de trabajo”, formación, reorientación profesional y perfeccionamiento de los trabajadores, traslados, promoción, etc... Acciones todas orientadas a lograr aumento de productividad y mayor implicación en la acción profesional del trabajador”. (El resaltado es suplido)

 

Aclarado ello, corresponde analizar la segunda pregunta sometida a nuestro estudio, la cual, de su lectura, observa este órgano consultivo que la duda que se plantea está estrictamente relacionada con la respuesta proporcionada a la primera consulta.

 

Tal y como puede observarse, la situación que se formula es en orden a la posibilidad que tienen los alcaldes municipales, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, inciso k) del Código Municipal, de realizar traslados horizontales de cónyuges o parientes de concejales o de los mismos alcaldes o vicealcaldes, manteniendo mismas categorías y escala salarial de puestos, variando únicamente las tareas típicas.

 

Dicho esto, en primer lugar, es menester remitir a la auditoría interna a todo el razonamiento que se efectúo para atender el primer cuestionamiento, pues resulta aplicable al contexto que ahora se presenta.

 

En segundo lugar, como antes apuntamos, el artículo 141 del Código Municipal dispone que el alcalde podrá autorizar traslados horizontales, siempre que no les causen evidente perjuicio a los funcionarios y cuando satisfaga una necesidad real de la municipalidad, previo informe y consulta de dichos traslados de los servidores con sus jefes inmediatos.

 

Sobre lo estipulado en el artículo anterior, esta Procuraduría en la opinión jurídica OJ-044-2019 del 03 de junio del 2019, destacó que “si bien hemos admitido que el Alcalde como administrador general y jefe de las dependencias municipales, tiene atribuida una esfera específica y excluyente de competencia en materia de personal de la corporación territorial, incluida en ella el autorizar permutas o traslados horizontales (artículo 141 actual –antes 132- del Código Municipal), pudiendo en consecuencia, dirigir, organizar y graduar el uso de los recursos humanos y materiales de que dispone, a efectos de maximizar el rendimiento o efectividad de los funcionarios bajo su responsabilidad, en torno a los cuales le fue conferida la necesaria competencia material para ello (Dictamen C-100-2005 y resolución Nº 1582-2010 de las 11:40 hrs. del 29 de abril de 2010, Tribunal Contencioso Administrativo). También hemos sido enfáticos en advertir que dichas funciones administrativas deben ejercerse, inexorablemente, en estricto apego al principio de juridicidad administrativa (arts. 11 de la constitución y de la LGAP) y de acuerdo con el Código Municipal y los reglamentos respectivos…” (Énfasis agregado). Consideraciones que en esta ocasión reafirmamos.

 

De este modo, en la misma línea que se atendió la primera interrogante, es nuestro criterio que es factible que el alcalde autorice los traslados horizontales de cónyuges o parientes de concejales o del propio alcalde o vicealcalde, siempre y cuando se cumpla con lo normado en los ordinales 136 -párrafo segundo- y 141, así como en atención a las atribuciones conferidas por el artículo 17 incisos a) y k) estudiados. Dichas funciones se deben ejercer en estricto apego al principio de juridicidad administrativa y en procura de satisfacer el interés público, en todo momento.

 

Y, en ese contexto, debe existir a nivel interno la debida coordinación, ya sea con el Departamento de Recursos Humanos o la unidad competente designado al efecto, con el fin de garantizar que dicho movimiento (traslado horizontal) no cause un evidente perjuicio a la persona servidora y al mismo tiempo, satisfaga una necesidad real de la municipalidad.

 

Por lo que viene dicho, se reitera que por traslado se entiende “… el paso de un servidor regular de un puesto a otro del mismo nivel salarial”. Por lo tanto, un traslado en esos términos es factible, máxime que la propia Auditora indica que en el supuesto consultado se mantiene la misma categoría y escala salarial. Por su parte, la variación de las tareas típicas va a depender en gran medida de las funciones asignadas al puesto que se traslade a la persona servidora, de acuerdo con los Manuales vigentes que deben tener las municipalidades y los perfiles ocupacionales correspondientes.

 

Valga finalmente acotar que, según el dicho de la señora Auditora “Las interrogantes, se plantean en relación con las atribuciones y obligaciones que tienen los Alcaldes Municipales, según el Artículo 17, inciso k) del Código Municipal, Ley No. 7794, así como, los derechos de los funcionarios municipales, según los artículos 124 y 125, en relación con las prohibiciones establecidas en el artículo 136 de dicho Código”.

 

Al respecto, es menester insistir en que la prohibición prevista en el numeral 136 del Código Municipal, opera en relación con quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el alcalde, el auditor, los directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal, y, en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales. Ergo, la norma busca apartar el peligro de que aquellos funcionarios locales, con poder de decisión o de injerencia sobre los nombramientos del personal municipal, desvíen dicho poder y lo utilicen para favorecer a su parentela más cercana.

 

Dicha prohibición admite, en su segundo párrafo una excepción que es, puntualmente: “la designación de alguno de los funcionarios enunciados en el párrafo anterior no afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad”.

 

Note la consultante, que en ningún momento el artículo 136 regula los supuestos indicados en las dos primeras preguntas, toda vez que el tema de las permutas y traslados horizontales de los servidores municipales se encuentra contemplado en el ordinal 141 estudiado, norma de alcance general que no contempla excepciones a lo allí estipulado. De ahí la interpretación normativa y el análisis efectuado en este dictamen para brindar respuesta a sus inquietudes.

 

Como último aspecto, se nos consulta de manera un tanto genérica y ambigua si ¿se puede incurrir en nepotismo o faltas al deber de probidad?, sin que se concretice adecuadamente la pregunta, ni los supuestos para poder analizarla.

 

Así entonces, la precisión y claridad en el cuestionamiento sobre el cual se requiere nuestro criterio, es un requisito esencial de admisibilidad, pues, la imprecisión en el objeto de la consulta, impide conocer la duda jurídica del consultante y rendir de manera adecuada y precisa, nuestro criterio. (Al respecto se pueden consultar los dictámenes C-139-2017 del 20 de junio del 2017, C-247-2018 del 21 de setiembre del 2018, C-170-2019 del 18 de junio del 2019, C-342-2019 del 21 de noviembre del 2019, C-377-2019 del 19 de diciembre del 2019, C-205-2020 del 02 de junio del 2020, C-047-2020 del 13 de febrero del 2020, C-265-2020 del 09 de julio del 2020, entre otros muchos)

 

En consecuencia, al incumplirse con un requisito de admisibilidad se omite pronunciamiento expreso sobre esta tercera interrogante; toda vez que el planteamiento no es claro ni específico. No obstante, se realizarán algunas consideraciones generales sobre el tema de interés.

 

La primera, y quizás la más importante, es que el nepotismo es la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o conceder otro tipo de favores, al margen del principio de mérito y capacidad[7].

 

Específicamente, en la opinión jurídica OJ-052-2020 del 16 de marzo del 2020, nos referimos al vocablo “nepotismo”. En lo conducente, explicamos:

 

“IV. SOBRE EL NEPOTISMO:

 

Como punto de partida es importante referirnos al vocablo nepotismo, el cual se entiende como aquella: “Corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar; por la dispensa de honores, dignidad, cargos y prebendas a los parientes y amigos. (…) El nepotismo es típico de las dictaduras modernas, con la variedad de los monopolios y las exclusivas de distribución, para facilitar así escandalosos negocios y fabulosas fortunas en corto plazo.”[1][8]

(…)

Sobre este tema, la resolución N° 1918-00 de las 15:21 horas del 01 de marzo del 2000, emitida por la Sala Constitucional, dispuso que resulta necesario “evitar que a través del nepotismo, en las entidades se enquisten parientes, o círculos de parientes que puedan afectar los fines públicos de la entidad en cuestión. En el estado actual de la evolución de la sociedad y de los problemas que la angustian, además, entendemos que este tipo de cautelas son compatibles con el Estado Democrático de Derecho, el que en no pocas ocasiones debe acudir al establecimiento de limitaciones -en este caso es una limitación parcial, no abarca una inelegibilidad absoluta- al ejercicio de determinados derechos o libertades, atendiendo al bien jurídico público o social que se protege".

 

Así las cosas, dicha Sala en la resolución N° 08858-98, de las 16:33 horas del 15 de diciembre de 1998, señaló:

 

“Así, un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición es necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. (…)". (La negrita y el subrayado no pertenece al original)

 

La segunda, es que reiteradamente este órgano consultivo, entre otros muchos, en el dictamen C-112-2016 del 12 de mayo del 2016, ha manifestado que la desatención a lo dispuesto, en el artículo 136 actual –antes 127- del Código Municipal, conllevaría un quebranto directo al principio de legalidad, con la eventual violación al deber de probidad y, por ende, la conducta desplegada sería ilegal. En esa ocasión afirmamos, en lo de interés:

 

“Véase que tocante al principio de transparencia y conflicto de intereses esta Procuraduría ha sostenido:

 

“…el conflicto de intereses -bien entendido dentro del campo preventivo- no apareja el señalamiento de un acto indebido de favorecimiento (lo cual puede ameritar incluso la imposición de una sanción) sino que se refiere a una situación potencial, pues es justamente el riesgo para la imparcial y correcta toma de decisiones y actuaciones lo que amerita, como una medida netamente preventiva, eliminar toda posibilidad de que el conflicto llegue a producir una efectiva colisión de intereses en cabeza del funcionario, que le reste libertad u objetividad al momento de intervenir en un determinado asunto público.

 

En este punto cobra suma importancia recalcar que el fomento sostenido de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública no puede apostar simplemente por mecanismos sancionatorios o coercitivos, cuando ya se ha detectado un acto indebido, sino que debe seguir el camino de la prevención, que exige limpiar el ejercicio de la función pública justamente de todo riesgo o situación que pueda generar algún tipo de duda sobre el íntegro, transparente e imparcial manejo de los asuntos del Estado.

 

Por eso el señalamiento de un conflicto de intereses no conlleva la constatación de un acto concreto indebido de favorecimiento, sino la advertencia acerca del riesgo que objetivamente se vislumbra sobre la eventual colisión entre los intereses de naturaleza personal del funcionario con el interés público que media en los asuntos que le corresponde conocer en ejercicio de su cargo, lo cual debe motivar indudablemente, como un compromiso de carácter moral y una obligación ética de raigambre constitucional en el campo de la función pública, su separación, a fin de no intervenir directa ni activamente en el asunto de que se trate...” ^[5][9]

 

De lo dicho se sigue, sin mayor dificultad que, el conflicto de intereses conlleva el eventual riesgo de sesgar la imparcialidad, que debe tener todo funcionario público, al momento de tomar decisiones, pudiendo este resultar inclinado por un interés personal que privaría sobre el público, perdiendo de vista que es este último el que debe ser el norte de su conducta. Aún más, la prohibición en estudio nace con la finalidad de erradicar el nepotismo en las instituciones públicas

 

Téngase presente que el Nepotismo se define de la siguiente manera:

 

 “…vicio que incide negativamente la salud de los negocios públicos, y puede llegar a afectar la eficiencia de la administración, en el tanto permitiría seleccionar al funcionario no con base en parámetros de estricta idoneidad, sino a raíz de criterios subjetivos de parientes con poder de nombramiento, que implicarían dar indebidamente un trato ventajoso a determinadas personas en el acceso al empleo público, alterando así las exigencias de igualdad, transparencia, objetividad, eficiencia y probidad que deben permear en todo momento la función pública…” ^[6][10] (…)”.

 

A mayor abundamiento, sobre el deber de probidad y las obligaciones de carácter ético y legal, resulta más que oportuno traer a colación lo señalado por esta Procuraduría en el dictamen PGR-C-213-2024 del 30 de setiembre del 2024:

 

“… Lo anterior cobra especial relevancia en tanto, este órgano consultivo en su jurisprudencia administrativa, ha desarrollado de manera amplia el tema del deber de probidad y la obligación de evitar conflictos de interés en el ejercicio de la función pública. A modo de ejemplo, en el dictamen PGR-C-306-2021 del 08 de noviembre del 2021, realizamos las siguientes consideraciones, de importancia para la presente gestión:

 

“Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, debemos indicar que todo funcionario público, independientemente de que ostente la condición de abogado o no, está afecto al deber de probidad y a la obligación de evitar conflictos de interés.

(…)

Sobre los alcances del deber de probidad, esta Procuraduría General ha hecho las siguientes observaciones:

“… el deber de probidad tiene un vasto contenido, toda vez que implica que la conducta del funcionario debe apegarse en todo momento a postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio, buena fe, etc. (…) Y este aspecto necesariamente se engarza, a su vez, con el deber de probidad, que constituye un deber ya no sólo de carácter ético, sino también legal, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que se encuentra consagrado expresamente en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (…) Por otra parte, la acreditación efectiva de un incumplimiento al deber de probidad puede traer además de la imposición de una sanción administrativa, la imposición de una sanción penal.” (C-008-2008 del 14 de enero de 2008, reiterado en el dictamen C-143-2019 del 24 de mayo de 2019).

 

Asimismo, la Contraloría General de la República ha señalado que “…el deber de probidad exige que el funcionario público se apegue a los altos principios y exigentes valores, debiendo demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, como medio también eficaz para asegurar que las decisiones que adopte en el cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente (…)” . (Oficio n.° 874 (DAGJ-083-2007) del 31 de enero de 2007).

 

En síntesis, podemos señalar que el deber de probidad exige al funcionario público actuar con buena fe, objetividad, imparcialidad y rectitud en todo lo relacionado con el ejercicio de las potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. Es por ese motivo que, aun cuando un funcionario no se encuentre sujeto a un régimen de prohibición, o no esté ligado a un contrato de dedicación exclusiva, debe cumplir con el deber de probidad; es decir, tiene la obligación de garantizar que el interés público prive sobre cualquier tipo de interés privado, y así evitar un eventual conflicto de interés.

 

Por otra parte, debemos indicar que los conflictos de interés surgen cuando un funcionario posee un interés personal o privado que supone un riesgo a su independencia de criterio con respecto al interés público.

 

La Contraloría General ha sostenido que existe un conflicto de interés cuando en el ejercicio de las labores públicas se presenta una pugna entre el interés propio y el público. Además, advirtió sobre la importancia de que el principio de imparcialidad rija toda actuación administrativa y, puntualmente, definió el conflicto de interés como “…toda situación o evento en que los intereses personales, directos o indirectos, de los asociados, administradores, funcionarios de una organización o institución, se encuentran en oposición con los de la entidad; interfieran con los deberes que le competen a ella, o los lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y real cumplimiento de sus responsabilidades”. (Oficio N° 7728, DJ-0346-2009, del 22 de julio del 2009).

(…)

La imparcialidad debe estar presente en cada una de las actuaciones del funcionario público. Esa obligación está regulada, entre otras normas, en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual, “El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfaga primordialmente el interés público, el cual será considerado la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados”.

Al respecto, este órgano asesor ha indicado que la imparcialidad constituye un principio constitucional de la función pública:

“…cobra importancia recordar que la imparcialidad que debe regir la actuación de todo funcionario público constituye un principio constitucional de la función pública, que es fundamental para lograr la satisfacción de las necesidades públicas a través de conductas objetivas que permitan la prestación del servicio de manera eficaz y continua para la colectividad, e igualmente garantice la transparencia de la función pública, de tal modo que la voluntad del servidor no se vea indebidamente desviada por la interferencia de un interés de carácter personal en el asunto que le corresponda conocer y resolver. (…)”. (La negrita es suplida)

 

En atención a lo expuesto, la Auditoría está en posibilidad de evaluar, por sus propios medios, las implicaciones materiales y jurídicas de las consideraciones jurídicas vertidas de manera general sobre el nepotismo y el deber de probidad, a fin de proceder de conformidad y realizar su labor de fiscalización y control en el municipio; todo bajo su entera y exclusiva responsabilidad.

 

 

III.- CONCLUSIONES

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría llega a las siguientes conclusiones:

 

1.- El numeral 136 del Código Municipal contempla una prohibición expresa para quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el alcalde, el auditor, los directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal, y, en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales, para ser nombrados como funcionarios o empleados de la municipalidad.

 

2.- No obstante, esa misma norma contempla una excepción a dicha prohibición, en el sentido de que la designación de alguno de los funcionarios enunciados en su primer párrafo, no afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad.

 

3.- El artículo 141 del mismo cuerpo normativo regula todas las condiciones para que el alcalde pueda autorizar -no realizar- previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los servidores con sus jefes inmediatos, en el tanto no se les causen evidente perjuicio y se satisfaga una necesidad real del gobierno local.

 

4.- En atención a la primera interrogante, al ser la carrera administrativa municipal, un medio de desarrollo y promoción humanos; entendida como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los servidores y la administración municipal (parámetros generales sobre los cuales cada municipalidad deberá regirse) -arts. 124 y 125-, sumado a lo regulado en los numerales 17, incisos a) y k), y el párrafo segundo del 136[11], es viable aceptar que el alcalde municipal en el ejercicio de sus funciones le corresponda eventualmente autorizar un traslado horizontal de su cónyuge o parientes de concejales, que ya ostenten un nombramiento en propiedad y sean funcionarios de carrera, de previo a su elección, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con lo regulado en el artículo 141 mencionado.

 

5.- Además, se debe precisar que sí esas personas cuentan con estabilidad en el empleo -propietarios de un puesto- y una carrera administrativa municipal consolidada, se entiende que sus nombramientos se efectuaron con anterioridad a la elección del alcalde que está efectuando el movimiento de personal, pues de lo contrario no sería factible, por una sencilla razón, sus nombramientos como empleados municipales serían improcedentes e ilegales.

 

6.- El hecho de que se admita que el alcalde pueda autorizar este tipo no movimientos de personal, no impide advertir que sus actuaciones siempre deben estar orientadas al respeto de los principios constitucionales que informan la función pública -imparcialidad y objetividad, transparencia, eficiencia y eficacia-. Dichos principios exigen que los funcionarios públicos actúen en protección del interés público, y esto en preeminencia sobre los intereses privados. (Dictamen C-055-2009 del 20 de febrero del 2009)

 

7.- En atención a la segunda interrogante, es factible que el alcalde autorice los traslados horizontales de cónyuges o parientes de concejales o del propio alcalde o vicealcalde, siempre y cuando se cumpla con lo normado en los ordinales 136 -párrafo segundo- y 141, así como en atención a las atribuciones conferidas por el artículo 17 incisos a) y k) estudiados. Dichas funciones se deben ejercer en estricto apego al principio de juridicidad administrativa y en procura de satisfacer el interés público, en todo momento.

 

8.- Y, en ese contexto, debe existir a nivel interno la debida coordinación, ya sea con el Departamento de Recursos Humanos o la unidad competente designado al efecto, con el fin de garantizar que dicho movimiento (traslado horizontal) no cause un evidente perjuicio a la persona servidora y al mismo tiempo, satisfaga una necesidad real de la municipalidad.

 

9.- Al incumplirse con un requisito de admisibilidad se omite pronunciamiento expreso sobre la tercera interrogante; toda vez que el planteamiento no es claro ni específico.

 

10.- La Auditoría está en posibilidad de evaluar, por sus propios medios, las implicaciones materiales y jurídicas de las consideraciones jurídicas vertidas de manera general sobre el nepotismo y el deber de probidad, a fin de proceder de conformidad y realizar su labor de fiscalización y control en el municipio; todo bajo su entera y exclusiva responsabilidad.

 

En la forma expuesta, dejamos rendido el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, respecto a las consultas sometidas a nuestro estudio.

 

 

 

 

Yansi Arias Valverde                                                       Xitlali Espinoza Guzmán

Procuradora adjunta                                                       Abogada de Procuraduría

Dirección de la Función Pública                                     Dirección de la Función Pública

 

 

YAV/XEG/mmg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGR-C-147-2025

 

Municipalidad de osa, auditoría interna. consultas planteadas por los auditores internos-requisitos de admisibilidad. la figura del alcalde municipal. traslados horizontales. análisis de los ordinales 124, 125, 136 y 141 del Código Municipal. SOBRE EL NEPOTISMO y el deber de probidad.

 

Por oficio n° AI-218-2024 del 28 de agosto del 2024, código interno 8514-2024, la señora Gerardina Iriabel Madriz Mora, Auditora Interna de la Municipalidad de Osa, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes consultas:

 

“1- ¿Pueden los alcaldes municipales realizar traslados horizontales a sus cónyuges o parientes de concejales que tengan nombramiento en propiedad y una carrera administrativa comprobada, según artículo 124 y 125 del Código Municipal?

 

2- ¿Es posible que los alcaldes municipales, cumpliendo con sus atribuciones, conforme al Código Municipal, artículo 17 inciso k), realicen traslados horizontales de cónyuges o parientes de concejales o de los mismos alcaldes o vicealcaldes, manteniendo mismas categorías y escala salarial de puestos, variando únicamente cambios en las tareas típicas?

 

3- ¿Se puede incurrir en nepotismo o faltas al deber de probidad?”

 

Con la aprobación del Procurador General de la República, se emitió el dictamen PGR-C-147-2025 del 07 de julio del 2025, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora adjunta, y la Licda. Xitlali Espinoza Guzmán, Abogada de la Dirección de Derecho de la Función Pública, mediante el cual se concluyó:

 

“1.- El numeral 136 del Código Municipal contempla una prohibición expresa para quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el alcalde, el auditor, los directores o jefes de personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal, y, en general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos municipales, para ser nombrados como funcionarios o empleados de la municipalidad.

 

2.- No obstante, esa misma norma contempla una excepción a dicha prohibición, en el sentido de que la designación de alguno de los funcionarios enunciados en su primer párrafo, no afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con anterioridad.

 

3.- El artículo 141 del mismo cuerpo normativo regula todas las condiciones para que el alcalde pueda autorizar -no realizar- previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de los servidores con sus jefes inmediatos, en el tanto no se les causen evidente perjuicio y se satisfaga una necesidad real del gobierno local.

 

4.- En atención a la primera interrogante, al ser la carrera administrativa municipal, un medio de desarrollo y promoción humanos; entendida como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los servidores y la administración municipal (parámetros generales sobre los cuales cada municipalidad deberá regirse) -arts. 124 y 125-, sumado a lo regulado en los numerales 17, incisos a) y k), y el párrafo segundo del 136[1], es viable aceptar que el alcalde municipal en el ejercicio de sus funciones le corresponda eventualmente autorizar un traslado horizontal de su cónyuge o parientes de concejales, que ya ostenten un nombramiento en propiedad y sean funcionarios de carrera, de previo a su elección, siempre y cuando se cumpla a cabalidad con lo regulado en el artículo 141 mencionado.

 

5.- Además, se debe precisar que sí esas personas cuentan con estabilidad en el empleo -propietarios de un puesto- y una carrera administrativa municipal consolidada, se entiende que sus nombramientos se efectuaron con anterioridad a la elección del alcalde que está efectuando el movimiento de personal, pues de lo contrario no sería factible, por una sencilla razón, sus nombramientos como empleados municipales serían improcedentes e ilegales.

 

6.- El hecho de que se admita que el alcalde pueda autorizar este tipo no movimientos de personal, no impide advertir que sus actuaciones siempre deben estar orientadas al respeto de los principios constitucionales que informan la función pública -imparcialidad y objetividad, transparencia, eficiencia y eficacia-. Dichos principios exigen que los funcionarios públicos actúen en protección del interés público, y esto en preeminencia sobre los intereses privados. (Dictamen C-055-2009 del 20 de febrero del 2009)

 

7.- En atención a la segunda interrogante, es factible que el alcalde autorice los traslados horizontales de cónyuges o parientes de concejales o del propio alcalde o vicealcalde, siempre y cuando se cumpla con lo normado en los ordinales 136 -párrafo segundo- y 141, así como en atención a las atribuciones conferidas por el artículo 17 incisos a) y k) estudiados. Dichas funciones se deben ejercer en estricto apego al principio de juridicidad administrativa y en procura de satisfacer el interés público, en todo momento.

 

8.- Y, en ese contexto, debe existir a nivel interno la debida coordinación, ya sea con el Departamento de Recursos Humanos o la unidad competente designado al efecto, con el fin de garantizar que dicho movimiento (traslado horizontal) no cause un evidente perjuicio a la persona servidora y al mismo tiempo, satisfaga una necesidad real de la municipalidad.

 

9.- Al incumplirse con un requisito de admisibilidad se omite pronunciamiento expreso sobre la tercera interrogante; toda vez que el planteamiento no es claro ni específico.

 

10.- La Auditoría está en posibilidad de evaluar, por sus propios medios, las implicaciones materiales y jurídicas de las consideraciones jurídicas vertidas de manera general sobre el nepotismo y el deber de probidad, a fin de proceder de conformidad y realizar su labor de fiscalización y control en el municipio; todo bajo su entera y exclusiva responsabilidad”.