Dictamen : 066 - del 24/03/2025

24 de marzo de 2025

PGR-C-066-2025

 

Ingeniero

Efraím Zeledón Leiva

Ministro de Obras Públicas y Transportes

 

Estimado señor:

 

            Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al oficio N° DM-2024-2423 fechado 02 de Setiembre de 2024 y suscrito por el señor Mauricio Batalla Otárola, en su doble condición –para ese momento– de Ministro de Obras Públicas y Trasportes y Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. En dicho oficio se nos plantearon las siguientes interrogantes:

 

1. ¿Cuál es la interpretación y alcance de la aplicación del Transitorio I de la Ley 10387?

 

2. Con base en ese texto ¿Existe la posibilidad de autorizar prórrogas o acuerdos de pago para los beneficiarios se pongan al día?

 

 

En dicho oficio se indicó que, con base en la interpretación de la Asesoría Jurídica del Consejo de Transporte Público, ello no es posible pues el legislador no tomó esa previsión. Se agrega que la Junta Directiva no está de acuerdo con el criterio rendido, por cuanto parece partir de una interpretación literal de la norma, cuando, con base en una interpretación sistemática, se podría tener un resultado distinto que a su criterio sí cumple el telos de la norma.

 

A modo de ejemplo, se indica que son improcedentes aquellos casos en que no cuentan con una unidad para dar el servicio dentro del plazo de vida útil autorizado, pero dado el transcurso del tiempo entre la salida de operación de muchos operadores y la aprobación de la ley, es posible que haya vencido ese plazo, por lo cual, los miembros del Consejo consideran que sería factible otorgar un plazo para que los potenciales beneficiarios puedan contar con una unidad con la cual brindar el servicio o que se pongan al día con sus obligaciones con la seguridad social o el Consejo de Transporte Público, sea mediante la cancelación total de los montos adeudados o un arreglo de pago.

 

Además, se indica que se hace mención en el criterio legal a los concesionarios, lo cual entienden los miembros de la Junta que se trata de ex concesionarios, por cuanto la norma transitoria no tendría sentido con una interpretación literal, si fuera aplicada a personas que no tienen problema con su derecho de explotación del servicio público modalidad taxi.

 

A la gestión de consulta se adjuntó el oficio N° CTP-DE-AJ-OF-1025-2024 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de Transporte Público, mediante el cual esa dependencia asesora realiza el análisis jurídico de la situación expuesta.

 

 

I.-        ORIGEN Y CONTENIDO DE LA LEY 10387 (LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL TAXISTA ANTE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL)

 

            Dado que lo solicitado es una interpretación de la norma transitoria contenida en la referida Ley 10387, conviene, en primer término, ubicarnos en el contexto de la motivación[1] y promulgación de esa normativa.

 

Así, tenemos que la exposición de motivos de ese proyecto invocó la situación generada por el coronavirus (COVID-19), declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020 y por el cual nuestro país se vio seriamente afectado.

 

Por otra parte, se señalaba que tanto los taxis tradicionales (los conocidos como rojos) y los taxis de la base especial de operación del Aeropuerto Juan Santamaría, se habían visto afectados en los últimos años por distintas variables, como por ejemplo la entrada en operación de transporte de personas mediante plataformas digitales.

 

Se argumentó, entonces, que con la llegada de la emergencia nacional causada por el COVID-19 el impacto fue aún mayor, indicándose que situaciones de esa magnitud causan impactos sociales y económicos a miles de familias que dependen de manera directa o indirecta de los recursos que se generen a través de los servicios que se brindan por medio de esta modalidad de transporte. 

 

Se mencionó que, a pesar de que los taxis no están sujetos a la restricción vehicular sanitaria, son pocos los ingresos que podían generar, “ya que las medidas preventivas de salud tomadas por el Gobierno al no existir ningún tipo de vacunación y para controlar su propagación, han generado que nuestro país se encuentre prácticamente paralizado, no hay comercio, las personas se encuentran en sus casas y por lo tanto la demanda de transporte es prácticamente nula, según los taxistas la emergencia nacional por COVID-19 redujo en hasta 90% la cantidad de clientes”.

 

Entre otras cosas, se señalaba en dicha motivación que el proyecto busca autorizar que los taxis puedan transportar cosas, alimentos, medicamentos, animales de compañía o noticias, de un lugar a otro, aprovechando que no están incluidos en la restricción vehicular.

 

También se pretendía autorizar a la CCSS a condonar los cobros por multas, sanciones e intereses, a los taxistas trabajadores independientes y a realizar arreglos de pago sin la necesidad de presentar un fiador.

 

            Así, se propuso agregar un nuevo artículo a la Ley N° 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi, de 22 de diciembre de 1999, y sus reformas, para autorizar al concesionario o permisionario del servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, a colocar publicidad en el respectivo vehículo.

           

También, se planteó agregar la autorización para transportar cosas pequeñas o mascotas, el uso de una aplicación tecnológica para facilitar la comunicabilidad, una readecuación temporal de las bases de operación durante el estado de emergencia, y la condonación de cobros por parte de la CCSS, así como el eximente de un 50% del canon.

 

            Finalmente, se propuso –entre otras que no llegaron a aprobarse– una norma transitoria, en los siguientes términos:

 

TRANSITORIO III-     Los concesionarios que adquirieron una concesión administrativa con la promulgación de la Ley N.° 7969 y que a la fecha de renovación no pudieron formalizar su concesión por errores de notificación, podrán presentar ante el CTP la solicitud de renovación de la concesión dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la presente ley.

 

            Tal como lo relata el criterio legal aportado, esta norma transitoria fue sufriendo algunas modificaciones durante la tramitación del proyecto, para finalmente dar lugar al texto aprobado mediante la Ley N° 10387, en los siguientes términos:

 

TRANSITORIO l- Los concesionarios que adquirieron una concesión administrativa con la promulgación de la Ley 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, de 22 de diciembre de 1999, y que a la fecha de renovación no pudieron cambiar su unidad o formalizar su concesión por errores de notificación, prevenciones u otras faltas u errores conexos, podrán presentar ante el Consejo de Transporte Público (CTP) la solicitud de renovación de la concesión y la solicitud de cambio de su unidad, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la presente ley. El CTP deberá atender cada caso y, bajo criterio técnico y justificación razonada, podrá proceder a la renovación de las concesiones en cuestión, que cumplan con los requisitos técnicos, operativos y jurídicos necesarios para la prestación del servicio, para lo cual se otorgará un plazo no mayor de treinta días para la formalización.

 

Como se desprende de una comparación entre ambos textos, la idea original se mantuvo en términos generales, agregándose algunos otros supuestos para acceder al beneficio de la renovación de la concesión, y agregándose la obligación del CTP de basarse en criterios técnicos para otorgar dicha renovación, exigiendo el cumplimiento de los requisitos necesarios para la prestación del servicio.

 

En suma, teniendo en cuenta la motivación que tuvo la aprobación de esta ley, la finalidad de esa norma transitoria fue abrir un plazo para que aquellas personas que habían obtenido anteriormente una concesión para prestar el servicio de taxi y no pudieron tramitar su renovación oportunamente, tuvieran la posibilidad de presentar su solicitud de renovación ante el CTP. Ello, bajo ciertas condiciones que estableció la norma, según quedó visto.

 

Importante tener presente que la voluntad subyacente en este proyecto siempre fue la de brindar un apoyo real y efectivo al sector de los taxistas, ante la situación de desmejora y crisis que en los últimos años han venido enfrentando a nivel económico, dado que muchas familias dependen directa o indirectamente de esta actividad.

 

Bajo ese entendido, procede ahora determinar con mayor detalle cuál debe ser la aplicación e interpretación de dicha norma transitoria, según los términos de la consulta planteada.

 

 

II.-       NATURALEZA Y ALCANCE DE LA NORMA TRANSITORIA       

 

Para efectos de evacuar la consulta planteada, resulta necesario tener claridad sobre la naturaleza del derecho transitorio. Al respecto, debe recordarse que las normas transitorias están destinadas a regular una situación meramente temporal.

 

Este tema ha sido abordado en múltiples ocasiones en nuestra jurisprudencia administrativa, de la cual valga traer a colación nuestro dictamen PGR-C-170-2023 de fecha 4 de setiembre del 2023, cuando explica:

“Como se observa, las normas transitorias resultan útiles para definir, ante un cambio legislativo, cuáles disposiciones −las antiguas o las nuevas− se van a aplicar a las personas o a las situaciones afectadas por ese cambio; es decir, tienden a solucionar conflictos de leyes y a regular, de manera temporal, determinadas situaciones.  La función de las llamadas disposiciones transitorias es la de ajustar o acomodar la normativa nueva a la existente, para lo cual le otorga un tratamiento jurídico distinto, temporal y excepcional a ciertas situaciones.  Por ello, en la base de la norma transitoria se encuentra la necesidad de responder a problemas planteados por la derogación de una norma y la entrada en vigencia de otra.

Al respecto este órgano asesor, en el dictamen C-023-2014 del 24 de enero de 2014, se refirió de la siguiente manera:

 

“(…) El tema del Derecho transitorio tiene que ver con aquella normativa de carácter temporal, es decir, con disposiciones cuya vigencia depende de determinadas circunstancias o del acontecimiento de ciertos hechos, de manera tal que una vez que éstos se produzcan, cesan sus efectos.

El término transitorio es definido por el tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual así: “Transitorio: Temporal. De duración limitada o corta. ( …).” (Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires. Editorial Heliastra. 28 edición. T. VIII. 2003).

 

Por su parte, propiamente lo que se denomina Derecho Transitorio, lo define ese mismo autor así:

“Derecho Transitorio. El establecido por un código o ley para amoldar la situación jurídica precedente a las nuevas normas, para respetar derechos adquiridos, no declarar la retroactividad absoluta de los preceptos innovadores y causar los menores trastornos en la vida jurídica y en la general. ( … ). El Derecho transitorio, en suma, configura la condicionada supervivencia del Derecho derogado; la transigencia temporal con las situaciones más respetables por él creadas. ( … ). … por Derecho transitorio cabe entender el de duración breve y establecida por él mismo; como ciertas leyes que declaran su vigencia para tantos meses o años; y mientras duren éstas o aquellas circunstancias. ( … ).” (Ver: Cabanellas Guillermo. Op. Cit. T. III)”.

 

De ahí que la finalidad de los transitorios, sea amoldar una situación jurídica precedente a las nuevas normas, para respetar derechos adquiridos, y causar los menores trastornos en las relaciones jurídicas. (…)”. (énfasis agregado)

            Como vemos, se trata de una norma que no está destinada a permanecer dentro del ordenamiento surtiendo sus efectos a futuro hasta tanto no sea reformada o derogada –como ocurre con las normas ordinarias–, sino que su vocación es meramente temporal, temporalidad que viene fijada y determinada por los mismos términos de la norma, cuando sujeta sus efectos a cierto plazo y/o condiciones. 

 

            En consecuencia, una vez desplegados sus efectos temporales, la norma transitoria pierde aplicabilidad, y el operador no podría pretender seguir recurriendo a su texto para resolver nuevas situaciones futuras, ocurridas luego de acaecido ese plazo o condición.

 

            Bajo ese entendido, procede analizar entonces cuál era el alcance de la disposición transitoria aquí consultada, cuyo texto transcribimos supra. Visto su texto, tenemos que se establece lo siguiente:

 

1.      Resultaba aplicable para antiguos concesionarios. Es decir, el transitorio se previó para aquellas personas que en el pasado ya habían obtenido una concesión para prestar el servicio de transporte en modalidad taxi, al amparo de la Ley 7969.

 

2.      Se benefició a aquellos que, para el momento de emisión de esa ley, se les había vencido su concesión y, por los motivos expresamente previstos en la norma, no habían podido renovarla o cambiar su unidad.[2] Esos motivos son:

-por errores de notificación

-por prevenciones (entiéndase no cumplidas)

-otras faltas o errores conexos

 

3.      Bajo esas condiciones, se otorgó la posibilidad de presentar la solicitud de renovación de la concesión o la solicitud de cambio de su unidad, dentro del plazo de tres meses a partir de la promulgación de esa ley.

 

4.      Posteriormente, el CTP debe analizar cada caso individualmente, y verificar que el solicitante cumpla con los requisitos necesarios para la prestación del servicio.

 

Bajo esas condiciones, lo primero que debe tenerse en cuenta es el plazo de aplicación de la norma. Tenemos que esa Ley 10387 entró en vigencia, por su fecha de publicación[3], el día 13 de diciembre de 2023. Así las cosas, ese plazo de tres meses que la norma otorgó para para presentar la solicitud de renovación expiró el día 13 de marzo de 2024. Ergo, luego de esa fecha la norma ya había cumplido su función transitoria para esos efectos, toda vez que el legislador otorgó de manera expresa únicamente esos tres meses de vigencia para que los antiguos concesionarios presentaran su gestión.

 

Atendiendo a la literalidad de las preguntas formuladas por esa Administración, quedarían evacuadas con base en lo hasta aquí indicado, en el sentido de que no cabe conceder prórrogas a ese plazo de tres meses.

 

Ahora bien, de las consideraciones contenidas en el oficio que aquí nos ocupa, así como de los términos del criterio de la asesoría jurídica, pareciera que las interrogantes estaban más bien referidas a la etapa posterior a ese plazo de presentación de solicitudes, es decir, al análisis y aprobación por parte del CTP de las gestiones presentadas. Al respecto, valga señalar que si tal era la voluntad del consultante, entonces las preguntas formuladas no estuvieron planteadas con la suficiente claridad.

 

No obstante, en tanto se infiere que la intención última era también consultar si se puede brindar algún tipo de prórroga, pero propiamente durante el estudio y análisis de la solicitud de renovación presentada, nos permitiremos agregar algunas consideraciones que puedan ser de utilidad en ese aspecto.

 

 

III.-     LA ETAPA DE VALORACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN POR PARTE DEL CTP

 

Si una solicitud de renovación de una anterior concesión para la prestación del servicio de taxi fue presentada ante el CTP dentro del plazo de vigencia del transitorio en cuestión (3 meses a partir de la promulgación de la Ley 10387), dicha gestión estaba en plazo y era admisible, siempre y cuando se cumpliera con los demás requisitos que exige la norma.

 

Como vimos supra, el Transitorio I de la citada Ley 10387 otorgó el beneficio a aquellos titulares de una anterior concesión que se hubiere vencido o no hubieran podido cambiar su unidad de servicio, y expresamente estableció cuáles podían ser esos motivos que se invoquen en la gestión, a saber:  a) por errores de notificación, b) por prevenciones (no cumplidas) o c) por otras faltas o errores conexos.

 

Así las cosas, si el peticionario pudo acreditar que en su caso concurría uno o varios de esos motivos previstos por la norma, la solicitud resultaba admisible. Véase que se trata de causales muy amplias o abiertas, donde pueden caber múltiples supuestos. Por ello, se trata de hipótesis que en cada caso deberá analizar, determinar y verificar el CTP al momento de estudiar las solicitudes presentadas, de ahí que solo la Administración podrá definir, en cada caso, si la gestión se ajusta o no a dichas causales. Es decir, se trata de una responsabilidad que debe ejercer Administración bajo su propio criterio, máxime que ello solo puede hacerse a la luz del caso concreto, es decir, sobre cada expediente de las solicitudes presentadas.

 

            Ahora bien, una vez determinado que la gestión resultó admisible porque fue presentada en plazo y se acreditó que mediaba alguna de esas situaciones previstas que impidieron gestionar la renovación oportunamente, existe una segunda etapa para la aplicación de esa norma, cual es que “El CTP deberá atender cada caso y, bajo criterio técnico y justificación razonada, podrá proceder a la renovación de las concesiones en cuestión, que cumplan con los requisitos técnicos, operativos y jurídicos necesarios para la prestación del servicio, para lo cual se otorgará un plazo no mayor de treinta días para la formalización.”

 

Véase que nuevamente esa norma dejó un amplio margen de valoración para el CTP, claro está, bajo criterios técnicos y justificación razonada. Pero ciertamente en el análisis de cada solicitud el CTP habrá de sopesar ese tipo de criterios, y es lógico que un trámite como el previsto por la norma, que contiene un margen de discrecionalidad para el ejercicio de esa potestad administrativa, pueda estimarse procedente que se haga algún tipo de prevención al interesado para lo cual puede concederse un plazo razonable, a fin de que la Administración se asegure de que el titular cumpla con todos los requisitos técnicos, operativos y jurídicos necesarios para la prestación del servicio. Esto, de previo a proceder propiamente con la formalización de la renovación.

 

Para comprender mejor el margen de discrecionalidad que puede existir en el ejercicio de una potestad administrativa, permítasenos la siguiente cita de nuestro reciente dictamen N° PGR-C-030-2025 de fecha 12 de febrero de 2025, que señala lo siguiente:

 

“Sobre dicho numeral y con relación a la potestad discrecional de la Administración, este órgano asesor se pronunció en el dictamen número PGR-C-014-2024 de 5 de febrero de 2024, en el cual señaló lo siguiente:

(…)

Finalmente, recalcamos que el ejercicio de la potestad discrecional está sujeto a los límites dispuestos en los numerales 15, 16 y 160 de la LGAP y al control jurisdiccional. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 000567-F-S1-2022 de las 9 horas 33 minutos del 10 de marzo de 2022, señaló lo siguiente:

 

“(…) Sobre la discrecionalidad administrativa, esta Sala ha manifestado: “VI. - Todo acto administrativo es el resultado del ejercicio de una potestad. En el caso de actos producto del ejercicio de una potestad discrecional, éstos se componen de elementos legalmente determinados y de otros configurados por la apreciación subjetiva de la Administración ejecutora. La discrecionalidad es esencialmente la libertad de elección que tiene la Administración, de escoger entre una pluralidad de alternativas, todas igualmente justas, según su propia iniciativa, por no estar la solución concreta dentro de la norma. Esta libertad de la Administración no es arbitraria, su existencia tiene su fundamento en la Ley y su ejercicio está delimitado en ésta. Nuestro ordenamiento jurídico, podemos decir, siguiendo la línea de la Doctrina imperante, establece la posibilidad de un control jurisdiccional por la vía contencioso-administrativa, sobre el ejercicio de las potestades discrecionales. En este sentido encontramos que los artículos 15, 16, 17, 160 y 216, inciso 1), de la Ley General de la Administración Pública disponen, que la discrecionalidad está sometida a los límites que el mismo ordenamiento le impone, así como las reglas de la lógica, la ciencia o de la técnica, y a los principios generales del Derecho, entre los cuales destacan los principios elementales de justicia, de conveniencia y de razonabilidad. El control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se da pues básicamente por dos vías, por el control que el Juez puede llevar a cabo en cuanto a los elementos reglados del acto discrecional, y por el control que puede ejercer por los principios generales del Derecho” (no. 19, de las 14 horas 40 minutos del 2 de abril de 1997)”.  (Lo resaltado no es del original).

Bajo ese entendido, el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe ajustarse a los límites que impone el ordenamiento jurídico (…)”

(…)

Sobre lo consultado, todo acto administrativo debe contener los elementos que establece la Ley General de Administración Pública en sus artículos 128 y siguientes, esto es, motivo, contenido, fin y motivación.

 

Dichos elementos deben estar presentes en todo acto administrativo, tanto cuando se trate de actos reglados o cuando sean dictados en ejercicio de la potestad discrecional.

 

Precisamente, tratándose de éstos últimos, los elementos que pueden dar margen a un ejercicio discrecional por parte de la Administración son el motivo o el contenido del acto, en tanto, se trata de los elementos que permiten la adaptación a la realidad, para lograr el fin público perseguido que debe estar en consonancia con el interés público.

 

Por ello, “se ha definido el acto discrecional como aquel cuyo motivo o contenido, o ambos al mismo tiempo, han sido imprecisamente regulados por ley, sea porque ésta no ha determinado del todo uno de ellos, sea porque los ha definido empleando conceptos indeterminados de valor, de apreciación subjetiva para el funcionario. La discrecionalidad consiste precisamente en la elección que ese margen de apreciación subjetiva conlleva. (Ortiz Ortiz, Eduardo. "Derecho Administrativo". San José, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1976. Tomo II, tesis 21, página 8)” (Citado en opinión jurídica número OJ-033-1999 de 19 de marzo de 1999).” (énfasis suplido)

 

Así, la norma debe interpretarse a la luz de esos postulados, dado que, como hemos explicado, una parte de ella está concebida y redactada en términos amplios y utilizando conceptos indeterminados.

 

Ahora bien, su aplicación necesariamente debe conectarse con la voluntad del legislador presente en la motivación que dio origen a la norma (Ley 10387), cual fue, como quedó visto líneas atrás, brindar ayuda al sector de los taxistas, ante las diferentes circunstancias que han afectado negativamente y de manera drástica su actividad económica, de la cual dependen muchas familias.

 

La lectura que estamos haciendo de la norma permite cumplir tanto con la voluntad del legislador (que era beneficiar de forma efectiva al sector de los concesionarios de taxis) como con el fin público involucrado, cual es la mejor prestación del servicio público de transporte remunerado de personas en modalidad taxi, que se logra a partir del cumplimiento pleno de todos los requisitos idóneos (técnicos, operativos y legales).

En este punto, se impone retomar lo que ya hemos señalado en múltiples ocasiones acerca de los métodos para interpretar el alcance de las normas, recordando que la lectura y aplicación de las disposiciones legales siempre debe resultar razonable, lógica y dirigida a alcanzar el fin previsto por el ordenamiento (inteligencia de los artículos 10 y 16 de la Ley General de la Administración Pública). Sobre el particular, nos permitimos citar nuestro dictamen N° C-048-2021 del 19 de febrero del 2021:

“En primer lugar, es menester recordar que el Derecho Administrativo, por su naturaleza, es un derecho autónomo, cuyos principios y reglas son prevalentes sobre otros ordenamientos por estar destinado a normar el funcionamiento, actividad o prestación de servicios públicos de la Administración Pública, así lo expresa el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. En virtud de ello, cuando el operador jurídico requiera interpretar la norma, la formula a aplicar esta cardinalmente establecida en el canon 10 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: 

 

“Artículo 10.-

 

La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.” (El resaltado no corresponde al original)

 

Sobre el alcance del artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, en nuestro dictamen C-281-2019 del 01 de octubre de 2019 explicamos lo siguiente:

 

“Durante el trámite legislativo de la Ley General de la Administración Pública, don Eduardo Ortiz se refirió a los alcances de la disposición recién transcrita en los siguientes términos:

 

“... fíjense que de acuerdo con el párrafo 2) la interpretación se hace tomando en cuenta las otras normas conexas y además la naturaleza de los hechos, el valor de las conductas que están tratando de regularse o armonizarse dentro del caso.  Es decir, tomando en cuenta todos esos elementos, naturalmente obligan al administrador y al juez a tener un conocimiento completo de la ley en todo su articulado y de la situación que está tratando de resolver, se llega a la conclusión de que un artículo de la ley y esto ocurre a menudo, contradice al resto o no se compagina con la finalidad que los otros persiguen, porque más bien hace imposible que se realice lo que la ley persigue o dificulta su realización y además desconoce la realidad a que se tiene que aplicar la ley, entonces en ese caso nosotros optamos por decir que el administrador, o el juez, puedan desaplicar ese artículo ateniéndose al resto del articulado y a la naturaleza de la situación social que está contemplando”. (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo A 23 E5452.  Transcrito por QUIRÓS CORONADO (Roberto), Ley General de la Administración Pública Concordada y Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Editorial ASELEX S.A., primera edición, 1996, página 93 y 94).

 

También esta Procuraduría ha indicado, con base en el artículo 10 transcrito, que no es admisible la interpretación que conduzca a consecuencias distintas a las pretendidas por el legislador:

 

“De conformidad con los criterios que rigen la interpretación de las normas jurídicas administrativas, el intérprete jurídico debe dar prioridad a la interpretación teleológica.  Dispone el artículo 10.-1. de la Ley General de la Administración Pública: (…) Conforme lo cual resulta inválida la interpretación que tienda a desvirtuar la finalidad de la ley o bien, que produzca un efecto contrario al querido por el legislador. Criterio interpretativo que reafirma el artículo 10 del Código Civil, al disponer que se debe atender ‘fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas’”. (OJ-100-2004 del 19 de agosto del 2004, reiterado en el dictamen C-349-2006 del 30 de agosto del 2006).”          

 

Esta misma línea de interpretación conforme la finalidad de la norma lo ha explicado la doctrina nacional al indicar que “La norma es un medio creado por el legislador para lograr un fin, que se supone valioso. Detrás de toda norma hay una valoración, que es la que le da sentido a los diversos términos de la misma. Estos deben interpretarse en función de esa valoración y del fin perseguido, para lograr que se realice. El significado de los términos empleados por una norma no está dado por su correspondencia con la realidad, sino por su utilidad para lograr el resultado que la norma persigue, de acuerdo con aquella valoración […]” (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I, pág. 220).” (énfasis agregado)

 

Así, para efectos de desentrañar el sentido y alcance de la disposición transitoria que aquí nos ocupa, en cuanto a la forma en que el CTP debe tramitar, analizar y resolver las solicitudes de renovación de las concesiones, es claro que debe atenderse a su espíritu dado por la voluntad del legislador al momento de dictar la norma[4] –cuyos objetivos ya los mencionamos–, así como a los mandatos que fluyen, a título de normas principistas, del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, cuyo texto señala:

“Artículo 16.-

 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.”

Bajo ese entendido, las potestades que la norma transitoria le confiere al CTP al momento de tramitar, revisar, valorar y resolver las solicitudes de renovación, no podrían interpretarse en una forma que conduzca a dejar a la norma vaciada de contenido, en cuanto a su intención o espíritu, pero tampoco a desbordar los límites que impone su literalidad.

 

Así, debe tenerse en cuenta la voluntad del legislador, así como los principios de justicia, lógica y conveniencia. Todo ello, en un ejercicio responsable y probo de la discrecionalidad que la norma confiere, pues claro está que debe verificarse el cumplimiento por parte del solicitante de todas las exigencias (requisitos) que la norma impone, para efectos de que el CTP pueda resolver favorablemente la solicitud de renovación de este tipo de concesiones.

 

IV.-     CONCLUSIONES

 

            Con sustento en las consideraciones expuestas, arribamos a las siguientes conclusiones:

 

1.-        La norma consultada, sea el Transitorio I de la Ley 10387, regula dos etapas: a) la presentación de la solicitud de renovación de la concesión para la prestación del servicio de taxi y b) la etapa de análisis y eventual aprobación por parte del CTP.

 

2.-        La solicitud de renovación debió presentarse durante el plazo previsto por la norma, sea dentro de los tres meses posteriores a su promulgación. Con posterioridad a esa fecha la gestión resultaría inadmisible, porque el plazo legalmente previsto ya estaría fenecido.

 

3.-        Si presentada en tiempo, la solicitud cumplía con los demás requisitos previstos para su admisibilidad, el CTP podía pasar a su análisis para la eventual aprobación.

 

4.-        La norma en cuestión contiene elementos que otorgan un margen de discrecionalidad para el ejercicio de la potestad revisora y aprobatoria por parte del CTP, porque se utilizan conceptos amplios y que deben ser determinados –en forma razonada– al momento de aplicarla.

 

5.-        En el ejercicio de la facultad otorgada al CTP para resolver esas solicitudes de renovación, la Administración debe analizar cuidadosamente cada caso concreto, y definir si satisface los requisitos necesarios. En esa etapa, puede pedir aclaraciones o girar algún tipo de prevención sujeta a plazo razonable, a fin de asegurarse que el beneficiario esté en capacidad de prestar el servicio con pleno cumplimiento de los requerimientos técnicos, operativos y legales, de previo a proceder propiamente con la formalización de la renovación. Esa interpretación resulta la más apegada al espíritu de la norma, la voluntad del legislador y la mejor satisfacción del fin público.

 

            De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Calderón Gassmann

Procuradora

 

 

ACG/nmm

cc.  Diputada María Marta Carballo Arce

      Partido Unidad Social Cristiana

PGR-C-066-2025

 

CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI. ORIGEN Y CONTENIDO DE LA LEY 10387 (LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL TAXISTA ANTE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL). NATURALEZA Y ALCANCE DE LA NORMA TRANSITORIA. LA ETAPA DE VALORACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN POR PARTE DEL CTP.

 

El MOPT nos planteó las siguientes interrogantes:

 

1. ¿Cuál es la interpretación y alcance de la aplicación del Transitorio I de la Ley 10387?

 

2. Con base en ese texto ¿Existe la posibilidad de autorizar prórrogas o acuerdos de pago para los beneficiarios se pongan al día?

 

Mediante dictamen PGR-C-066-2025 de fecha 24 de marzo de 2025 suscrito por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, evacuamos la consulta, arribando a las siguientes conclusiones:

 

1.- La norma consultada, sea el Transitorio I de la Ley 10387, regula dos etapas: a) la presentación de la solicitud de renovación de la concesión para la prestación del servicio de taxi y b) la etapa de análisis y eventual aprobación por parte del CTP.

 

2.- La solicitud de renovación debió presentarse durante el plazo previsto por la norma, sea dentro de los tres meses posteriores a su promulgación. Con posterioridad a esa fecha la gestión resultaría inadmisible, porque el plazo legalmente previsto ya estaría fenecido.

 

3.- Si presentada en tiempo, la solicitud cumplía con los demás requisitos previstos para su admisibilidad, el CTP podía pasar a su análisis para la eventual aprobación.

 

4.- La norma en cuestión contiene elementos que otorgan un margen de discrecionalidad para el ejercicio de la potestad revisora y aprobatoria por parte del CTP, porque se utilizan conceptos amplios y que deben ser determinados –en forma razonada– al momento de aplicarla.

 

5.- En el ejercicio de la facultad otorgada al CTP para resolver esas solicitudes de renovación, la Administración debe analizar cuidadosamente cada caso concreto, y definir si satisface los requisitos necesarios. En esa etapa, puede pedir aclaraciones o girar algún tipo de prevención sujeta a plazo razonable, a fin de asegurarse que el beneficiario esté en capacidad de prestar el servicio con pleno cumplimiento de los requerimientos técnicos, operativos y legales, de previo a proceder propiamente con la formalización de la renovación. Esa interpretación resulta la más apegada al espíritu de la norma, la voluntad del legislador y la mejor satisfacción del fin público.