Dictamen : 251 - del 31/10/2024
31 de octubre
de 2024
PGR-C-251-2024
Señor
Rafael Soto
Quirós
Gerente General
Instituto
Costarricense de Turismo
Estimado señor:
Con aprobación del señor
Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio AL-A-0215-2024,
en el que, a solicitud del Consejo Director del Polo Turístico Golfo de
Papagayo, en acuerdo tomado en sesión ordinaria número 04-2024 (oficio
CDP-043-2024), consulta respecto de las áreas expropiadas por el Instituto
Costarricense de Turismo conforme a la Ley 6370/1979 y que se encuentran fuera
de sus coordenadas: a.- ¿Les aplica o no la normativa especial que rige
Proyecto Turístico Golfo Papagayo? b.- En caso de no aplicarle la normativa
especial que rige Proyecto Turístico Golfo Papagayo y se concluya que son áreas
propiedad privada del ICT, ¿qué normativa le sería aplicable a estas áreas que
le permita al ICT su disposición?
A su gestión,
adjunta el criterio de la Asesoría Legal del ICT, oficio AL-A-0215-2024, la que
sostiene que las áreas fuera de las coordenadas de la Ley 6370 expropiadas por
el ICT para el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, son de
dominio público y la concesión es medio por el que se puede autorizar su uso a
particulares.
I.- CRITERIO DE LA
ASESORÍA LEGAL DEL ICT
La Asesoría Legal
del ICT (oficio AL-A-0215-2024), en respuesta al acuerdo del Consejo Director
del Polo Turístico Papagayo, sesión ordinaria presencial 01-2024, sobre el lote
denominado “Pueblo Turístico” y posibles acciones a realizar a efecto de
definir el mecanismo legal que permita al ICT hacer uso de dicho lote, estimó:
Para su emisión, se
contó con dos criterios técnicos de la Dirección Ejecutiva del Polo Turístico
Golfo Papagayo (oficios PGP-007-2024 y PGP-0122-2024) y la resolución 242-2024,
de apertura del expediente 2023-339-RIM, procedimiento administrativo del
Registro Inmobiliario en virtud de inconsistencias, por posible traslape total
de fincas privadas sobre la 14243, provincia de Guanacaste, inscrita a nombre
del ICT, correspondiente a una parte del “Pueblo Turístico”, documentos de los
que no se acompañan copias.
Transcribe los
artículos 1°, 2°, 3°, 9° y 10° de la Ley 6370, 8° de la Ley 6758 y 4°, inciso
g, del Plan de Maestro, estos dos últimos acerca del “Pueblo Turístico”, y
extractos de la resolución 242-2024 del Registro Inmobiliario, en el sentido de
que la inscripción de la finca de matrícula 5-14243 no tiene plano asociado, y
en su asiento primero alude a la existencia del plano G-45719-1957, que no
generó efectos legales, ni se llevó al asiento registral.
El ICT determinó que las fincas
contiguas 14243 y 27759 conforman el sector conocido como “Pueblo Turístico”,
ambas expropiadas para incorporarlas al desarrollo del Proyecto Turístico Golfo
Papagayo, que ese Instituto adquirió y pretendió reunir en el plano
G-1645263-2013. Está fuera de las coordenadas de la Ley 6370 la totalidad de la finca de
matrícula 27759 y un área aproximada de 1,327,805.08 metros cuadrados
(criterios técnicos PGP-0122-2024 y PGP-007-2024). En 1980, en que se
diligenció su expropiación, no se verificó su ubicación dentro de las
coordenadas de la Ley 6370, la que en su declaratoria de utilidad menciona las
“fincas completas”.
Para la Asesoría
Legal, la naturaleza jurídica de las áreas expropiadas por el ICT fuera de las
coordenadas de la Ley 6073, con el fin de desarrollo del Proyecto Turístico
Golfo de Papagayo, es la de bienes de dominio público, y el único acto por el que
se puede autorizar su desarrollo a particulares es la concesión prevista en la
normativa especial que lo rige. Transcribe la definición de bien demanial del
Reglamento a la Ley 6758, Decreto 25439, artículo 2 inciso i).
Las fincas 14243 y
27759 del ICT, agrega, fueron expropiadas siguiendo las diligencias
administrativas que en su momento establecía la normativa. La expropiación se
llevó a cabo por el ICT, contando con la participación de las instancias
pertinentes: Contraloría General de la República, Dirección General de
Tributación Directa, Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, y Registro Nacional. La inscripción de las fincas
se gestionó mediante escritura pública otorgada por la Notaría del Estado. No
se evidenció por ninguna institución que las fincas expropiadas estuvieran
fuera de los límites de la Ley 6370, sobre todo porque se adquirió la finca
completa.
Por el trasfondo jurídico
del tema, recomendó al Concejo Director solicitar a la Gerencia General del ICT
consultar a la Procuraduría General de la República en los términos formulados.
II.-
INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA
Con arreglo a
nuestra Ley Orgánica, 6815/1982, artículos 3°, inciso b), y 4° y 5°, la
Procuraduría, órgano consultivo, técnico jurídico, de la Administración
Pública, ha reiterado la exigencia de tres requisitos mínimos de admisibilidad
de las consultas: a) Que se planteé en forma clara y precisa, y verse sobre
puntos jurídicos en genérico. No pueden ser objeto de consulta casos concretos, asuntos pendientes que
deban ser resueltos por la Administración, decisiones
concretas ya adoptadas, la
revisión de actos administrativos, asuntos judiciales en trámite o
cuestionamientos sobre materias que sean de competencia de otro órgano, b) Que se acompañe el criterio de la
asesoría legal de institución sobre los temas cuestionados, y c) Que la formule
el jerarca administrativo de la institución, por ser quien está en mejor
posición de valorar la necesidad de requerir un criterio vinculante a este
órgano asesor. (Dictámenes C-158-2008, C-157-2013, PGR-C-048-2024, C-121-2014,
C-99-2016, 377-2019, C-80-2020, C-065-2021, C-110-2023, PGR-C-180-2024,
PGR-C-183-2024, PGR-C-187-2024, PGR-C-190-2024, PGR-C-191-2024, PGR-C-192-2024,
PGR-C-193-2024, PGR-C-194-2024, PGR-C-197-2024, PGR-C-200-2024 PGR-C-206-2024,
PGR-C-209-2024, entre muchos).
Acerca del primer requisito, hemos señalado que la consulta a la
Procuraduría debe plantearse en términos generales, sin referirse a casos
concretos, ni a decisiones administrativas ya adoptadas, o sus consecuencias.
Considerando que nuestros dictámenes son vinculantes, rendir un criterio sobre
ese tipo de consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la función propia
de la Administración activa de tomar decisiones sobre situaciones y asuntos
específicos, ejercer un control de legalidad que no nos corresponde, desconocer
nuestra función meramente consultiva e invadir competencias ajenas. (Dictámenes
C-194-1994, C-21-2006, C-26-2015, C-42-2016, C-143-2017, C-23-2019,
PGR-C-180-2024, PGR-C-190-2024, PGR-C-191-2024, PGR-C-193-2024,
PGR-C-194-2024, PGR-C-206-2024, Opiniones Jurídicas OJ-17-2022, OJ-155-2018,
entre muchos). La función consultiva de la Procuraduría se circunscribe al
análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas
jurídicas, abstractamente considerados; sin valorar casos concretos, o si una
determinada decisión administrativa o criterios externados por asesorías o
dependencias internas de la Administración Pública, son conformes o no con el
ordenamiento jurídico. (Dictámenes C-1994-1994, C-277-2002, C-193-2003,
C-241-2003, C-120-2004, C-315-2005, C-21-2006, C-47-2007, C-392-2006,
C-42-2016, C-85-2016, C-172-2016, C-38-2018, PGR-C-174-2023, PGR-C-002-2024,
PGR-C-051-2024, PGR-C-180-2024, PGR-C-191-2024, PGR-C-192-2024, etc.).
El asunto que nos ocupa se
enmarca en las situaciones de excepción, pues aunque la solicitud de criterio
se trató de plantear en términos generales, versa sobre la naturaleza jurídica
de los terrenos adquiridos por el ICT fuera de las coordenadas de Ley, para
desarrollo del Proyecto Turístico Golfo Papagayo, que son consecuencia directa
de decisiones administrativas que adoptó ese Instituto (actos expropiatorios),
bienes claramente individualizables e identificados, casos concretos, que no pueden ser objeto de consulta. Así, la
opinión de la Asesoría Legal, oficio AL-A-0215-2024, que se apoya en dos
informes técnicos de la Dirección Ejecutiva, lo es sobre el lote denominado
Pueblo Turístico y las posibles acciones para hacer uso de ese lote, el cual
conforman las fincas contiguas 14243 y 27759, ambas de la provincia de
Guanacaste, que el ICT expropió, destinó a ese fin y pretendió reunir con el
plano catastrado G-1645263-2013. Definir si los terrenos expropiados fuera de
las coordenadas del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, propiedad del ICT,
son de dominio público, a efecto de otorgarlos en concesión, es labor de la Administración
activa, a la que no puede sustituir la Procuraduría, con carácter vinculante y
eventual incidencia en el procedimiento registral por posibles sobreposiciones
de fincas privadas. Para este órgano asesor conllevaría, también, en forma
implícita, validar los procedimientos de expropiación o adquisición de dichos
inmuebles y, como se indicó, no es contralor de legalidad a tal fin. De manera
similar, en dictamen PGR-C-180-2024, expresamos: “No corresponde a la
Procuraduría, en el ejercicio de su función consultiva, decidir si un inmueble
concreto reúne las características necesarias para poder ser traspasado a
terceros. Esa es una tarea que debe ejercer la administración activa. / Además,
debe advertirse que no es parte de nuestra función consultiva ratificar o dar
visto bueno a las interpretaciones que la administración hace de las normas que
deben aplicar en el ejercicio de sus competencias”.
En cuanto al
segundo requisito de admisibilidad de la consulta, la solicitud presentada ha
de acompañarse de un criterio legal que, acorde con la jurisprudencia
administrativa, debe ser exhaustivo y riguroso, con referencia a la normativa,
jurisprudencia y doctrina atinentes a las inquietudes a dictaminar, que se
someten a nuestra consideración y la interpretación proporcionada por la
instancia administrativa consultante. (C-151-2002, C-018-2004, C-074-2004,
C-138-2005, C-166-2005 y C-276-2005, C-061-2018, C-145-2018, C-205-2018,
C-191-2021, PGR-C-002-2024, PGR-C-034-2024 y PGR-C-201-2024).
En el caso, el
criterio legal, a más de los artículos transcritos, prescinde del examen de las
normas concernientes al área afectada al desarrollo del Proyecto, como son:
Ley 6370, Declara
utilidad pública los bienes inmuebles para realizar y ejecutar el proyecto
turístico Bahía Culebra o Papagayo:
“Artículo 1°.-
Declárase de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completa,
porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación
sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía
Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, que se asentará, sobre
la base de la cuadrícula Lambert Costa Rica, del mapa hoja 3047.1 Carrillo
Norte, Costa Rica 1: 50.000 (elaborado por el Instituto Geográfico Nacional), y se ubicará entre las siguientes
coordenadas: 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.94 Norte con 3.62 Este, como
límite Norte; 2.85 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte
con 3.54 Este, y 2.84 Norte con 3.62 Este como límite Sur; 2.94 Norte con 3.62
Este y 2.84 Norte con 3.62 Este, como límite Este; y 2.94 Norte con 3.50 Este y
2.85 Norte con 3.50 Este, y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54
Este, como límite Oeste.
Dicha porción
territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada desde
Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena”.
Decreto Ejecutivo
25439/1996, Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto
Turístico Golfo de Papagayo:
“Artículo
2º-Definiciones y conceptos. Para todos los efectos, cuando este Reglamento
utilice los términos siguientes, debe dárseles las acepciones y contenido que a
continuación se indica: (…)
“f) Proyecto:
Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, declarado de utilidad pública y que
comprende el área terrestre y marítima ubicada
dentro de los límites dispuestos por el artículo 1º de la Ley N º 6370 de 3
de setiembre de 1979.
“i) Bien Demanial:
Cada uno de los bienes inmuebles y sus atributos, declarados de utilidad pública, que componen el área de desarrollo del
Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, afectos
por las Leyes Nos. 6370 y 6758 al uso turístico y sobre cuyo destino legal el
ICT ejerce un poder de administración, vigilancia y control, siendo el fin
turístico el criterio de afectación de tales inmuebles, los cuales pueden ser
dados en concesión a particulares por el ICT. (…)”
“j) Concesión: Acto
administrativo de naturaleza contractual acordado por la Junta Directiva del
ICT a favor de una persona física o jurídica, que le confiere el derecho real
administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo
patrimonial sobre un bien demanial
dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. (…)”
Ley 6758/1982, que
regula el Desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo:
“Artículo 2º.- En el área destinada al desarrollo de este
proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan
Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas
obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta
ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto”.
El criterio legal
igualmente hace la observación de que la Ley 6370 (artículo 1°), en su
declaratoria de utilidad pública menciona “fincas completas”, lo que no explica
en detalle. Asimismo, omite el análisis de los elementos que, según la doctrina
y jurisprudencia, deben concurrir para considerar que un bien es de dominio
público; en particular, su afectación (elemento teleológico) y fundamento
normativo (principio de legalidad). Tampoco desarrolla lo relativo al área que
la Ley 6370 (artículo 1°) fija, mediante coordenadas, para realizar y ejecutar
el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. La Procuraduría ha declarado
inadmisibles las consultas cuando el criterio legal resulta insuficiente, de lo
que es ejemplo el dictamen PGR-C-201-2024.
III.- CONCLUSIÓN:
Por lo expuesto, la consulta
es inadmisible.
De usted, atentamente,
José J. Barahona
Vargas
Procurador
JJBV/jqr
PGR-C-251-2024
CRITERIO DE LA ASESORÍA LEGAL DEL ICT. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CONCLUSIÓN.
El Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, en Oficio AL-A-0215-2024, el Instituto Costarricense de Turismo, a solicitud del Consejo Director del Polo Turístico Golfo de Papagayo, en acuerdo tomado en sesión ordinaria número 04-2024, respecto de las áreas expropiadas por el Instituto Costarricense de Turismo conforme a la Ley 6370/1979 y que se encuentran fuera de sus coordenadas, consultó: a.- ¿Les aplica o no la normativa especial que rige Proyecto Turístico Golfo Papagayo? b.- En caso de no aplicarle la normativa especial que rige Proyecto Turístico Golfo Papagayo y se concluya que son áreas propiedad privada del ICT, ¿qué normativa le sería aplicable a estas áreas que le permita al ICT su disposición?
La Procuraduría, mediante el pronunciamiento PGR-C-251-2024, con base en las razones expuestas, concluyó que la consulta es inadmisible.