Dictamen : 029 - del 10/02/2025
PGR-C-029-2025
Señor
Rafael
Alberto Herrera García
Director
Ejecutivo a.i.
Consejo de
Transporte Público
Estimado
señor:
Con
la aprobación del Sr. Procurador General de la República, nos referimos al
oficio número CTP-DE-OF-1106-2024 de fecha 09 de julio de 2024, recibido
electrónicamente en esta Procuraduría en la misma fecha.
En el oficio indicado, el entonces Director Ejecutivo
a. i. del Consejo de Transporte Público (en adelante CTP), Sr. Fredy Carvajal Abarca, nos informó que la Junta Directiva de ese órgano,
mediante Acuerdo número 7.17 adoptado en la Sesión Ordinaria número 16-2024 del
09 de mayo de 2024, acordó formular consulta a esta Procuraduría, sobre el
siguiente aspecto:
“(…) plantear
consulta a la Procuraduría General de la República en relación con la aplicación del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la
Caja Costarricense del Seguro
Social a los permisos especiales y a cada uno de los conductores de los buses
con que se presta dicho servicio”
I.
CONSIDERACIÓN
PRELIMINAR
Como se indicó, la
Dirección Ejecutiva del CTP remitió a este Órgano Asesor, el acuerdo adoptado por
su Junta, número 7.17 de la Sesión Ordinaria número 16-2024, en la cual dispuso
lo siguiente:
“(…) Solicitar
al Departamento de Asuntos Jurídicos que prepare el análisis correspondiente
para poder plantear consulta a la Procuraduría General de la República en relación la aplicación
del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social a los permisos especiales y
a cada uno de los conductores de los buses con que se presta dicho servicio”. (Lo resaltado no es del
original).
El acuerdo adoptado por la Junta Directiva no establece, con claridad,
cuál es la duda jurídica que pretende le sea evacuada a través de este
criterio.
En efecto, si bien se hace alusión al artículo 74 de la Ley Constitutiva
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no especifica cuál es el
aspecto de dicho numeral que le genera inquietud, ni tampoco concretiza a qué
servicio especial refiere en su interrogante.
Esta falta de claridad también incide en el criterio legal aportado, pues
el mismo aborda una serie de temas relacionados con el servicio de transporte y
responsabilidad de los concesionarios, que no son mencionados en la formulación
de la consulta por parte de la Junta Directiva del CTP.
Adicionalmente, la remisión que realiza la Junta Directiva consultante a
su departamento de Asesoría Jurídica para “que prepare el análisis
correspondiente” no lo releva de realizar una adecuada delimitación de su
consulta, siendo que, en todo caso, la Asesoría Jurídica no puede formular, por
sí, los términos de la consulta que se plantee a esta Procuraduría, toda vez
que se trata de una competencia propia del Jerarca institucional (artículo 4 de
la Ley Orgánica de la PGR).
Sobre la necesidad de una adecuada formulación de las consultas a este
Órgano Asesor, en el dictamen número PGR-C-195-2024 de 5 de setiembre de 2024,
se indicó lo siguiente:
“(…) Por otra parte, se consulta si debe prevalecer
lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Movilidad Peatonal, dada su
especificidad, y siendo que es posterior a la Ley de Tránsito y está por encima
de los decretos del MOPT.
Nótese que la consulta planteada no aclara ni
especifica respecto de cuáles normas legales o reglamentarias surge la duda de
una eventual contradicción con lo dispuesto por el mencionado artículo 10 de la
Ley 9976. Así las cosas, no le corresponde a esta
Procuraduría especular o sustituir la voluntad del propio consultante, aunado a
que eso nos impide desarrollar cualquier análisis puntual, dado que ni siquiera
se nos han indicado las normas que generan inquietud. En efecto, ya en
anteriores ocasiones hemos advertido lo siguiente:
“En todo caso, nótese que de esta interrogante no se desprende con claridad ni
exactitud cuál es el punto que genera alguna duda, o específicamente a cuál
tipo de participación se refiere el colegio, por lo que no tenemos posibilidad
de extendernos en explicaciones o consideración alguna, dado que en el ejercicio de nuestra función consultiva no nos
corresponde inferir o suponer qué tipo de duda es la que se pretende evacuar.
Al igual que para el caso de la pregunta anterior,
debemos aquí retomar lo señalado recientemente en nuestro dictamen PGR-C-184-2022
de fecha 31 de agosto del 2022, respecto de situaciones similares donde existe
falta de claridad y especificidad de las consultas:
“Ahora bien, antes que nada, debemos advertir que el asunto consultado no fue claramente planteado, básicamente, porque no se
precisa en su oficio qué aspecto o cuáles puntos de las leyes 8114 y 9829 le
generan duda a la luz de lo establecido por el artículo 17 de la Ley n.°9292.
Aún menos, se explica la relevancia de tener que referirnos a una norma legal
(la Ley n.°6849) que desde antes de que ingresara esta consulta a la
Procuraduría ya había sido derogada. Con lo cual, se nos traslada a nosotros la carga de tener que inferir o
interpretar los temas que le interesan a la Administración sean dilucidados con
el consiguiente riesgo de divagar o no acertar en la respuesta pretendida, lo que en principio
obligaría a inadmitir la presente gestión.” (énfasis
agregado)” (Dictamen PGR-C-188-2022 del 7 de setiembre de 2022)” (Lo resaltado no es del
original).
Así las cosas, es claro que la falta de claridad apuntada incide en el
ejercicio de nuestra competencia consultiva, en tanto, no se establece,
puntualmente, cuál es el aspecto específico de duda a cuyo objeto concreto deba
referirse este Órgano Asesor.
Bajo esas consideraciones, el análisis que se procede a realizar se
centrará, únicamente, respecto al contenido del numeral 74 de la Ley Orgánica
de la CCSS y su alcance respecto a los servicios especiales, entendiendo por
estos últimos los regulados en los numerales 3 y 25 de la Ley número 3503.
En tal sentido, aunque el criterio legal hace referencia a varios temas,
no es posible abordarlos, en tanto el planteamiento de lo consultado se circunscribe
a “la aplicación del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense del Seguro Social a los
permisos especiales y a cada uno de los conductores de los buses con que se
presta dicho servicio”. Reiteramos, no le
corresponde a esta Procuraduría especular o sustituir la voluntad del propio
consultante, de suerte que, el análisis que se realice se circunscribe a lo
planteado en la interrogante formulada por la Junta Directiva del CTP.
A continuación, procedemos a referirnos a lo consultado, en términos
generales, dada la imprecisión apuntada respecto al objeto de consulta.
II.
SOBRE LO CONSULTADO
a)
Sobre los servicios especiales de transporte
regulados en la Ley número 3503
Como punto de partida, debe señalarse que el
transporte remunerado de personas en vehículos automotores, en todas sus
modalidades, constituye un servicio público.
Así se desprende del artículo 1 y 2 de la Ley
reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores,
número 3503 del 10 de mayo de 1965, con relación al numeral 2 de la Ley
reguladora del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos
en la modalidad de taxi, número 7969 del 22 de diciembre de 1999.
Ese carácter público del servicio remunerado de personas
ha sido desarrollado por este órgano consultivo, en los dictámenes números
C-114-2000 del 18 de mayo del 2000; C-293-2000 del 4 de noviembre del 2000;
C-254-2001 del 21 de setiembre del 2001; C-274-2002 del 15 de octubre del 2002;
C-019-2004 del 20 de enero del 2004; C-231-2005 del 30 de julio del 2005;
C-440-2007 del 11 de diciembre del 2007; C-175-2010 del 17 de agosto del 2010;
C-416-2014 del 24 de noviembre del 2014; C-165-2014 del 27 de mayo del 2014;
C-092-2016 del 28 de abril del 2016; C-023-2017 del 1 de febrero del 2017,
C-034-2018 del 19 de febrero del 2018, C-483-2020 del 17 de diciembre del 2020,
entre otros. Además, esa naturaleza de servicio público ha sido reafirmada por
la Sala
Constitucional en la resolución número 846-2005 de las 16 horas 11 minutos del
31 de enero de 2005.
Bajo ese entendido, al tratarse de un servicio
público, el particular requiere, para ejercer la actividad y, por ende, prestar
el servicio, de una concesión o permiso del Estado, cuyo otorgamiento le
corresponde al Consejo de Transporte Público, según lo dispuesto en el numeral
7 de la Ley número 7969.
De lo anterior se deduce que ningún particular puede
prestar el servicio de transporte remunerado de personas, en sus distintas
modalidades, si no cuenta con una concesión o permiso, según corresponda,
emitido por parte del órgano competente del Estado.
Propiamente sobre los servicios especiales de
transporte, debemos remitirnos a los artículos 3 y 25 de la citada Ley número
3503, que regulan las condiciones bajo los cuales se otorgan los permisos de operación para esa modalidad de transporte:
“Artículo 3.- Para la prestación del
servicio público a que esta ley se refiere, se requerirá la autorización previa
del Ministerio de Transportes, sea cual fuere el tipo de vehículo a emplear y
su sistema de propulsión.
La referida autorización podrá consistir en
una concesión o en un permiso, el otorgamiento de los cuales estará sujeto a
las necesidades de planeamiento del tránsito y de los transportes en el
territorio de la República, de acuerdo con los estudios que al efecto lleven a
cabo los departamentos de Planificación y de Transporte Automotor(*) del
Ministerio de Transportes.
Será necesaria concesión:
a) Para explotar las líneas que se
establezcan en nuevas rutas de tránsito en el territorio de la República;
b) Para explotar nuevas líneas en las rutas
existentes; y
c) Para continuar explotando las líneas de
transporte en operación.
Se requerirá permiso:
d) Para explotar el servicio
de transporte automotor remunerado con vehículos de transporte colectivo que no
tengan itinerario fijo y cuyos servicios se contraten por viaje, por tiempo o
en ambas formas; y
e) Para operar automóviles de servicio
público.” (Tácitamente derogado este inciso por el artículo 22 -actual 23- de
la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Taxis, Nº 5406 del 26 de noviembre de 1976: actualmente se
requiere concesión).”
(*) Hoy Dirección General de Transporte Público
conforme al artículo 249 de la Ley Nº 7331, del 13 de
abril de 1993. Lo subrayado no es del original. Lo subrayado no es del
original.
“Artículo 25.-Los permisos para
explotar el servicio terrestre de transporte remunerado de personas en
vehículos automotores, modalidad autobús, buseta o microbús serán otorgados y
regulados por el Consejo de Transporte Público. Cada permiso podrá amparar uno
o varios vehículos, de acuerdo con la naturaleza del servicio que se pretenda
prestar y lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. Los permisos
serán revocables por incumplir las condiciones incluidas en ellos o por
disposición justificada del Consejo de Transporte Público, previo debido
proceso y derecho de la defensa. Por su carácter precario, se entenderá que los
permisos no conceden derecho subjetivo al titular, ni pueden perpetuarse en el
tiempo. Los permisos se prolongarán por un plazo de tres años y podrán
ser prorrogables, si la necesidad del servicio público así lo exige, todo
mediante acuerdo razonado del Consejo de Transporte Público, debidamente
fundamentado en el reglamento de esta disposición.
Para
los efectos de la presente Ley, los permisos se clasifican en dos modalidades:
a) Los permisos para servicios
especiales de estudiantes, trabajadores y turismo.
b) Los servicios de
operación de líneas regulares, nuevas o existentes. Los que se concederán excepcionalmente y por un plazo de tres años,
mientras se preparan los procesos licitatorios tendientes a otorgar las
concesiones, con arreglo a esta Ley y las disposiciones conexas, se resuelven
las impugnaciones, se adjudican en firme los concursos y entran en plena
operación los concesionarios adjudicatarios. (Así reformado por el artículo
único de la ley Nº 8826 de 5 de mayo de 2010)” (Lo resaltado no es del original).
Valga
mencionar que, el
numeral 49 de la Ley número 9078, derogó -tácitamente y de forma parcial- el
numeral 25 de la Ley número 3503, en lo concernirte al plazo y prórrogas de los
permisos de servicios especiales de transporte remunerado de personas. De
suerte que, el plazo aplicable para los permisos de transporte, en modalidad de
servicios especiales, es de dos años, pudiendo ser prorrogables bajo el
cumplimento de los parámetros legales exigidos por el ordenamiento (al respecto ver dictamen número C-483-2020 de fecha 17 de diciembre de
2020).
A nivel reglamentario, los numerales 3 y 25 supra
transcritos son desarrolladas en el Reglamento para la Explotación de Servicios
Especiales de Transporte Automotor Remunerado de Personas, Decreto Ejecutivo
número 15203-MOPT del 31 de enero de 1984, que en los artículos 2 y 3 disponen
lo siguiente:
“Artículo 2º.—Son servicios especiales, los que se prestan dentro de la explotación
del transporte automotor remunerado, con vehículos de transporte colectivo, sin
tener itinerario fijo y los cuales se contratan por viaje, por tiempo o en
ambas formas.
“Artículo 3º.—Para los efectos de este Reglamento, los servicios especiales se
clasifican en ocasionales y estables:
a) Ocasionales: son servicios
especiales ocasionales, los que se prestan para solo un servicio dentro del
territorio nacional.
b) Estables: son servicios
especiales estables, aquellos que se prestan para varios servicios, como las
excursiones de cualquier índole, dentro del territorio nacional. Igualmente lo
será el transporte de estudiantes (en cualquier nivel de enseñanza), hacia y/o
desde los centros educativos; así como el de obreros, peones agrícolas y
trabajadores en general. Para la prestación de tales servicios, el
transportista deberá suscribir un contrato con las instituciones educativas o
las empresas en su caso, cuyas estipulaciones no podrán pactarse en
contravención a este Reglamento.” (Lo resaltado no es del original).
De las normas citadas, se desprende que son
servicios especiales aquéllos que no tienen itinerario fijo, en los que se
contrata el servicio por viaje, por tiempo o en ambas formas, y conciernen el
transporte de turistas, de estudiantes o de trabajadores (al respecto, ver
dictamen número C-023-2017 del 1 de febrero
del 2017).
Aunado
a lo dicho, el numeral 4 del reglamento mencionado, determina que, para la prestación
de servicios especiales en cualquiera de sus modalidades, el administrado debe
contar con un permiso autorizado por el Consejo de Transporte Público. Señala
el numeral 4 referido lo siguiente:
“Artículo 4º.—Para la explotación de servicios
especiales, se requerirá de permiso autorizado por el Consejo de Transporte
Público*.
Dicho permiso podrá amparar a uno o varios
vehículos, de acuerdo con las necesidades del transporte y, en todo caso, previo estudio y recomendación del Departamento de
Administración de Concesiones* y Permisos del Consejo de Transporte Público*.
En el caso de servicios
ocasionales, el permiso deberá extenderse para un servicio determinado,
indicándose de modo expreso los días de su vigencia, y que en ningún caso podrá
ser superior a treinta días. En estos casos el Consejo de Transporte Público*
podrá prescindir del informe técnico cuando lo juzgue conveniente. Para los
servicios denominados estables, los permisos deberán otorgarse por un máximo de
dos años, pudiendo prorrogarse previo cumplimiento de los requisitos que al
efecto se indiquen. En todo caso estos permisos no se autorizarán sin el
informe a que se refiere el párrafo segundo del presente artículo. Las personas
físicas o jurídicas permisionarias en servicios estables y concesionarios en el
transporte remunerado del país, tendrán derecho a operar servicios ocasionales
siempre y cuando ello no afecte sus obligaciones con los usuarios. En el caso
de las empresas concesionarias tendrán permiso para realizar el servicio ocasional,
los días sábados, domingos y feriados y las unidades que se dediquen a esa
actividad no podrá ser mayo del quince por ciento (15%) de la flota autorizada
en la ruta, la cual deberá ser registrada para esta actividad ante el Consejo
de Transporte* y el Departamento de Administración de Concesiones y Permisos*
del Consejo de Transporte Público. (* Así modificada su denominación por el
artículo 3° del decreto ejecutivo N° 29584 del 22 de
marzo de 2001)” (Lo resaltado no es del original).
Sobre el tema de comentario, en el dictamen número C-034-2018 de 19 de febrero del 2018, se precisó que los
servicios especiales de transportes son aquellos que contempla el numeral 25 de
la Ley número 3503, al señalar lo siguiente:
“(…) De la normativa en
comentario se desprende que en tratándose del servicio público regular de
transporte remunerado de personas la concesión es la regla, en tanto que el permiso lo es para los servicios que no tengan
itinerario fijo y cuyos servicios se contraten por viaje, por tiempo o en ambas
formas.
Ahora bien, los permisos constituyen actos unilaterales, temporales y precarios,
pues no conceden derecho subjetivo al titular y pueden ser revocados en
cualquier momento por la Administración, siempre que ello no se realice de manera
arbitraria o intempestiva. Además, pueden amparar uno o varios vehículos, de
acuerdo con la naturaleza del servicio que se pretenda brindar.
Y respecto de cuáles
servicios de transporte remunerado de personas pueden ser considerados como
especiales, el artículo 25 de la Ley n.° 3503 expresamente establece como tales el transporte de
estudiantes, trabajadores y turistas.
Y ante una consulta
formulada por el CTP en torno a la competencia
para autorizar permisos especiales de diversas modalidades, la Procuraduría
indicó que, por disposición de ley, debían limitarse a los indicados, a saber,
transporte de estudiantes, trabajadores y turistas. En lo que
interesa, la Procuraduría indicó:
“De la conjunción de los artículos 3 y 25 de la Ley,
se deriva que el permiso es un mecanismo que habilita la gestión del servicio
público cuando se trata de transporte colectivo con itinerario no fijo y para
los cuales el servicio se contrata, sea por viaje, por tiempo o por ambas
formas. Se trata, entonces, de
servicios que no tienen itinerario fijo, que se prestan utilizando buses,
microbuses o busetas, que el servicio se contrata por viaje, por tiempo o por
ambos y están referidos al transporte de estudiantes, trabajadores o para el
turismo. La norma legal permite así los “servicios especiales”, desarrollados
reglamentariamente.
Ahora bien, de los citados numerales se deriva una
caracterización y categorización de los servicios públicos especiales. El
Consejo de Transporte Público considera que esa clasificación no es un número
clausus; por el contrario, afirma que a partir de lo dispuesto en esos
numerales puede establecer nuevas categorías o modalidades de servicios
especiales, otorgando el permiso correspondiente.
Si nos limitamos a la literalidad del artículo 3,
haciendo abstracción del artículo 25, podría intentarse sostener que en tanto
un servicio de transporte remunerado no tenga itinerario fijo y se contrate el
servicio por viaje, por tiempo o en ambas formas, se puede otorgar un permiso.
Bajo esa línea de pensamiento, el Consejo podría otorgar permisos para
distintos servicios en tanto presenten esas condiciones: inexistencia de
itinerario fijo y contratación por viaje, por tiempo o ambas formas. No
obstante, el artículo 25 en su texto
vigente es claro en cuanto establece dos modalidades de servicio:
• Los permisos otorgados para
servicios especiales de estudiantes, trabajadores y turismo.
•
Los permisos para servicios de operación de líneas regulares, nuevas o existentes,
otorgados con carácter temporal y condicional: mientras se resuelven
procedimientos administrativos relativos a una concesión.
Por lo que para autorizar un servicio especial
no basta que este carezca de un itinerario fijo, o que se haya contratado por
viaje o por tiempo, o ambos. El servicio debe estar referido a alguna de
esas modalidades del servicio: (…).
El legislador no ha previsto una modalidad de
servicios especiales diferente de las que enlista. Tampoco ha autorizado al
Consejo para crear nuevas modalidades o sub-modalidades
de servicios especiales. De manera tal que para
otorgar un permiso es imperativo que tenga como objeto amparar la prestación de
un servicio que esté comprendido dentro de las modalidades precisadas en el
artículo 25. Y si no se está ante un servicio que se ubique en el punto b) será
necesario que esté comprendido en la modalidad a). Por ende, si es un servicio
especial estable que se trate de un servicio de turismo, de estudiantes o bien,
de trabajadores.
Sostiene el Consejo de Transporte Público que su
competencia para otorgar otro tipo de permisos para servicios especiales deriva
del Decreto Ejecutivo N. 15.203-MOPT de 31 de enero de 1984 y sus reformas,
Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales de Transporte Automotor
Remunerado de Personas.
El citado Reglamento tiene como objeto regular la
explotación de servicios especiales de transporte remunerado de personas, en
vehículos colectivos a partir de lo dispuesto en los artículos 3º y 25 de la Ley
3503. Dicha norma reglamentaria caracteriza, artículo 2, los servicios
especiales como los que se prestan sin tener itinerario fijo y se contratan por
viaje, por tiempo o en ambas formas. En su artículo 3 los clasifica en
ocasionales, aquéllos que se prestan para un solo servicio y estables, sea los
que se prestan para varios servicios. E incluye dentro de estos los de turismo,
de transporte de enseñanza y de transporte de obreros, peones agrícolas y
trabajadores en general. De dicho numeral no es posible derivar que se ha
autorizado establecer nuevas modalidades de servicios especiales. El artículo 4
se refiere al permiso autorizado por el Consejo de Transporte Público, que
puede amparar a uno o a varios vehículos y requiere de previo estudio y recomendación
del Departamento de Administración de Concesiones y Permisos del Consejo de
Transporte Público. Se especifica que para los servicios ocasionales el permiso
debe extenderse para un servicio determinado, indicándose de modo expreso los
días de vigencia. Para los servicios estables se dispone que deben otorgarse
para un máximo de dos años, prorrogables y que requieren estudio y
recomendación del Departamento antes citado. Por otra parte, se autoriza a los
permisionarios de servicios estables a operar servicios ocasionales siempre que
no se afecte el cumplimiento de sus obligaciones con los usuarios. Los
numerales 6 y 7 establecen requisitos que debe llenar el solicitante de un
permiso. El resto del artículo refiere a la prestación del servicio. Por lo que
no se logra determinar cuál norma del Reglamento autorizaría otra submodalidad de servicios especiales y, en particular, los
llamados por el Consejo como complementarios. En consecuencia, cuál de los
numerales del Reglamento autoriza al Consejo para otorgar permisos fuera de lo
establecido en el artículo 25.
Por el contrario, de la integración de las leyes
3503 y 7593, así como del mencionado Reglamento, se sigue que la demanda
residual y particular que puede ser satisfecha con un permiso debe concernir el
turismo, los estudiantes o los trabajadores. El servicio que tiende a
satisfacer esas demandas residuales y particulares se sujeta a las normas sobre
regulación del servicio.” Dictamen C-023-2017 del 1 de febrero del 2017. Lo
subrayado no es del original.
Conforme se puede apreciar,
el criterio externado por la Procuraduría es que los servicios especiales deben
limitarse a los indicados en el artículo 25 de la Ley n.°
3503 (a saber, para el transporte de turistas, estudiantes y trabajadores), dado que no le está
autorizado al CTP crear nuevas modalidades o sub-modalidades
de servicios especiales, pues no basta para ello que el servicio carezca de un
itinerario fijo, o que se haya contratado por viaje o por tiempo, o ambos, sino
que debe estar contemplado en una norma legal.” (Lo resaltado no es del
original).
De lo expuesto y, para
efectos de la presente consulta, partimos de los servicios especiales regulados
en la normativa citada, entendiendo por ellos, los servicios especiales,
ocasionales o estables, que no tienen itinerario fijo, que se prestan
utilizando buses, microbuses o busetas, cuyo servicio se contrata por viaje,
por tiempo o por ambos y están referidos al transporte de estudiantes,
trabajadores o para el turismo y los servicios de operación de líneas
regulares, nuevas o existentes, otorgados con carácter temporal y condicional,
ello, conforme al numeral 25 de la Ley número 3503.
Para la explotación del
servicio dicho, el administrado requiere de permiso emitido por el CTP, que se
constituye en un acto unilateral, temporal y precario que no genera derechos
subjetivos.
b) Sobre el artículo 74 de la Ley Constitutiva
de la CCSS
El
numeral 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley número 17 de
fecha 22 de octubre de 1943, dispone lo siguiente:
“Artículo
74.-La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto,
ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las
instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no
presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro
Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas
patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el
correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado. Esta certificación la
extenderá la Caja dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud, en papel común y libre de cargas fiscales,
timbres e impuestos de cualquier clase.
Corresponderá
al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas
suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y
ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones
adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento
de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de
ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el
artículo 330 del Código Penal.
Los patronos y las personas
que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas,
deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude
esta Institución conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites
administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador
independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de
las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 8909 del 8 de febrero de 2011)
1.- La admisibilidad de cualquier solicitud
administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y
esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y
tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones
o licencias. Para
efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los
términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la
Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
2.- En
relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los
registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el
Registro de organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.
3.-Participar
en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o
descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales,
fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier
título, de fondos públicos.
Durante
la etapa de ejecución del contrato, si un contratista adquiere la condición de
morosidad con la Caja, y el contratante tiene pendiente pagos a su favor, este
deberá retener su pago y girarle dichos recursos directamente a la Caja. Si una
vez honrado el pago de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores
independientes quedara algún remanente a favor del contratista, el contratante
le hará entrega de este.
(Así
adicionado el párrafo anterior mediante el artículo único de la ley N° 9686 del 21 de mayo del 2019)
En
todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios
profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador
independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en
el pago de las obligaciones con la seguridad social, constituirá causal de
incumplimiento contractual. Esta obligación se extenderá también a los terceros
cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, quien será
solidariamente responsable por su inobservancia.
(Así reformado el inciso 3) anterior por el artículo único de la ley N° 8909 del 8 de febrero de 2011)
4.- El
otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
5.- El
disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa
de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el
incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será
determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.
La verificación del cumplimiento de la obligación
fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias
administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la
Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento de esta obligación
por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual
forma, mediante convenios con cada una de esas instancias administrativas, la
Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos conjuntas y
sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento
del pago de las obligaciones con la seguridad social."
(NOTA:
Este artículo fue adicionado a la presente ley por el numeral 5 de la Nº 6914 del 28 de noviembre de 1983 y reformado por el
artículo 85 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del
2000)
(Este
artículo se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo N°
28770- MP-MTSS, del 6 de julio del 2000) (Lo resaltado no es del
original).
El
artículo 74 supra transcrito tiene como finalidad asegurar la sostenibilidad
del sistema de seguridad social por medio de la debida inscripción y cotización
de los particulares e instituciones públicas al régimen administrado por la
Caja, de suerte que, como menciona el párrafo tercero de la norma dicha, los
patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades
independientes o no asalariadas deberán estar inscritos y encontrarse al día
con el pago al día de sus obligaciones para realizar cualquiera de los trámites
indicados en el artículo 74 de cita.
En
ese sentido, en el dictamen número C-207-2014, esta Procuraduría se refirió a la
finalidad de esta norma, la cual se centra en asegurar la sostenibilidad del
sistema:
“(…) De la
disposición anterior se desprende que el objetivo de la norma es asegurar la
sostenibilidad del sistema de seguridad social a través de la debida
inscripción y cotización de los particulares e instituciones públicas,
incluidas las municipalidades, al régimen administrado por la
CCSS. Asimismo, con la finalidad de alcanzar ese objetivo, obliga a
la Administración Pública a constatar que los patronos y las personas
que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas
gestionen ante ella los trámites administrativos indicados en ese artículo,
estén debidamente inscritos (en la modalidad que les corresponda) y se
encuentren al día con el pago de sus obligaciones.
En orden a la obligación
constitucional y legal de las personas físicas y jurídicas de contribuir al
régimen de seguridad social, este Órgano Asesor ya se ha referido en
múltiples ocasiones. Así, en el Dictamen N°
C-330-2009 del 30 de noviembre del 2009, se señaló:
“A partir de lo dispuesto
en el artículo 73 de la Constitución Política, se reconocen los seguros
sociales en beneficio de todos trabajadores, para protegerlos contra los
riesgos de enfermedad, invalidez,
maternidad, vejez y muerte, y a la Caja Costarricense del Seguro Social como
entidad encargada de la administración y gobierno de esos seguros.
Es así como la seguridad social se establece en su doble dimensión de
servicio público y derecho fundamental, obligando a la Caja a tomar todas las
medidas necesarias para llevarlo a cabo en forma eficiente, a través de la
creación de planes de salud, centros de asistencia, suministro de medicamentos,
atención a pacientes, entre otros, para lo cual puede contar con el aporte
económico que realiza una gran parte de la población con las cotizaciones para
el sistema.
Se trata de un sistema
solidario y financiado en forma tripartita mediante la contribución forzosa de
patronos, trabajadores y del Estado, motivo por el cual dicha contribución es
esencial para la existencia misma del modelo.
Dentro de los esfuerzos del
Estado por mejorar la cobertura y la oferta de servicios de la seguridad
social, se han adoptado medidas para disminuir la alta morosidad patronal y la
evasión en el pago de las obligaciones con la Caja, pues ello tiene un impacto
inversamente proporcional en la eficiencia del servicio público.
Como parte de esas medidas
para asegurar la sostenibilidad financiera del modelo de seguridad social, se
introdujo con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador una reforma
al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social. Con ella se pretendió disminuir los niveles de evasión y morosidad en
el pago de las cuotas obrero patronales, para respaldar la función
encomendada a la Caja. En la exposición de motivos se señalaron los
inconvenientes que el pago tardío o incompleto de las cuotas de la seguridad
social implican para el sistema. Así se dejó consignado al indicar:
"La evasión y la
morosidad son dos problemas que han contribuido a debilitar los regímenes de
pensiones contributivas. A ello se ha sumado el rendimiento negativo en
términos reales de las inversiones experimentado especialmente a inicios de los
80, que discutiremos en el apartado siguiente.
La evasión ha asumido dos formas: el
no aseguramiento de muchos trabajadores y la subdeclaración
de los ingresos de los que sí están asegurados.
En cuanto al primer
problema, cerca del 40% de los trabajadores asalariados del sector privado no
están asegurados, a pesar de que por ley deberían estarlo el 100%.
En cuanto al segundo problema
lo que sucede es que como las pensiones se calculan con base en los 48 mejores
sueldos recibidos en los cinco años previos a la pensión, algunos trabajadores
y patrones declaran ingresos bajos por muchos años, y los elevan en el período
final de empleo. Así la CCSS se ve obligada a pagar pensiones altas, sin que en
realidad haya recibido contribuciones adecuadas para financiarlas.
La morosidad consiste en el pago atrasado
de las cuotas a la Caja, y han incurrido en ella tanto el Gobierno como las
Instituciones Autónomas y la empresa privada. Los montos adeudados son
de gran magnitud y el costo financiero para el Régimen de IVM es muy grande."
(Asamblea Legislativa, expediente legislativo n.°
13.691, citado en nuestro dictamen C- 217-2000 del 13 de setiembre del 2000).
Consecuentemente, se
introduce la redacción actual del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, para garantizar que tanto las instituciones del
Estado como los patronos y las personas que realicen total o parcialmente
actividades independientes o no asalariadas, se encuentren al día en el pago de
sus obligaciones con la seguridad social. Señala dicho artículo: (…)
De la lectura de esa
norma, se desprende que dentro de los fines del legislador, se encuentra evitar que los particulares que
gestionen ante el Estado cualquier solicitud de autorización, licencia,
permiso, concesión o exoneración obtengan dicho beneficio si no han cumplido
previamente con las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social.
Para ello, la institución que deba realizar el trámite respectivo, se encuentra
en la obligación de constatar el cumplimiento de lo indicado.
Consecuentemente, a pesar de que el compromiso de
estar al día con la seguridad social es exigible a los particulares, es el
Estado quien tiene la obligación principal de velar por su cumplimiento, no
sólo aportando las cuotas que le corresponden en su calidad de Estado y de
patrono, sino además evitando que particulares se beneficien de licencias,
permisos, autorizaciones, concesiones o exoneraciones, sino se encuentran al
día con sus cargas sociales. Sólo de
esta forma puede satisfacerse en forma efectiva el derecho fundamental a la
seguridad social y realizarse una eficiente prestación del servicio público.” (Lo resaltado no es del
original).
Adicionalmente,
no está demás indicar que la Sala Constitucional se ha
pronunciado sobre la constitucionalidad del numeral 74 de cita. Así, en la
resolución número 643-2000 de 14 horas 30 minutos del 20 de enero de 2000,
señaló lo siguiente:
“En este artículo se reforma el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social, en el que se obliga a los todos los
patronos y personas que realicen total o parcialmente actividades
independientes o asalariadas, su deber de estar al día con el pago de sus
obligaciones ya que ello constituye requisito, entre otros, para el trámite
de admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorización, y
para la inscripción de todo documento en el Registro Público Mercantil. El
contenido del artículo consultado, no puede ser inconstitucional, pues el
legislador está plenamente facultado para regular las circunstancias de
conveniencia y oportunidad, como lo es el establecimiento de requisitos para la
tramitación administrativa y registral”. (criterio reiterado en la sentencia 2002-04888 de las 15 horas 03
minutos del 22 de mayo de 2002).
De la anterior transcripción se desprende que la
regulación contenida en el numeral 74 es constitucional y legalmente
procedente, en tanto es posible que el legislador imponga, a través de normas
legales, el cumplimiento de requisitos para la realización de trámites
administrativos.
Así las cosas, en lo que es de interés, se parte de
que la aplicación del numeral 74 que interesa a la Junta consultante se centra,
precisamente, en la aplicación del párrafo tercero inciso 1) del artículo de
comentario, respecto a la obligación de los
patronos y las personas que realicen total o
parcialmente actividades independientes o no asalariadas, de estar al día en el pago de sus obligaciones
con la CCSS, a efecto de realizar alguno de los trámites referidos en el
numeral 74 citado, entre ellos, la solicitud de permisos ante la
administración.
En efecto, la norma de comentario
impone, como requisito para realizar los trámites administrativos descritos en
los incisos 1 al 5 del párrafo dicho, estar inscrito como patrono, trabajador
independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de
las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esa Ley; aspectos
que deberán ser verificados por cada instancia
administrativa en las que deban efectuarse los trámites, para lo cual, la CCSS
debe suministrar mensualmente la información necesaria a las entidades
públicas, sin que la omisión del suministro de esa información por parte de la
indicada entidad autónoma impida
o entorpezca el trámite respectivo.
A nivel
reglamentario, el Decreto Ejecutivo número 28770-MP-MTSS del 14 de julio de
2000, establece lineamientos relacionados con la
aplicación del numeral 74 citado, fundamentalmente, respecto al suministro de
información de adeudos en obligaciones de seguridad social a las distintas
instancias públicas, para la respectiva verificación del cumplimiento en el pago de las obligaciones de
seguridad social. En caso de que la CCSS omitiera proveer la información, la
Administración deberá dar el trámite correspondiente a las solicitudes,
permisos, licencias, autorizaciones, contrataciones, inscripciones y gestiones,
y solo podrá oponerse a la realización de éste, por no estar al día el
solicitante en el pago de obligaciones de seguridad social, cuando ese hecho
conste así en los reportes mensuales de la CCSS (artículos 3 y 5 del reglamento
indicado).
De lo
expuesto se desprende que el objetivo del numeral 74 de comentario es asegurar
la sostenibilidad del sistema de seguridad social a través de la debida
inscripción y cotización de los particulares e instituciones públicas al
régimen administrado por la CCSS.
Asimismo,
con la finalidad de alcanzar ese objetivo, se impone a la Administración
Pública la obligación de verificar y constatar que los administrados que realicen alguno de los
trámites mencionados en el numeral 74, estén debidamente inscritos (en la
modalidad que les corresponda) y se encuentren al día con el pago de sus
obligaciones con la CCSS.
c)
Sobre el fondo
La Junta Directiva consultante solicita criterio sobre “la aplicación
del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social a los permisos especiales
y a cada uno de los conductores de los buses con que se presta dicho servicio”.
Al efecto,
como se indicó, el párrafo tercero inciso 1) del artículo 74 de repetida cita
establece la obligación de los administrados que realicen alguno de los
trámites mencionados en ese artículo, de estar debidamente inscritos (en la
modalidad que les corresponda) y al día con el pago de sus obligaciones con la
CCSS. Obligación que es correlativa al deber de la Administración de verificar
y constatar tal circunstancia según el párrafo final de la norma de referencia.
De ese modo, conforme a la norma indicada, para el trámite de cualquier solicitud
administrativa de autorización que se presente a la Administración Pública o
cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o
licencias, deberá cumplirse y verificarse la obligación del administrado de estar
inscrito y al día con sus obligaciones con la CCSS.
Bajo ese
entendido y, siendo que, como hemos señalado, para el ejercicio de la actividad
relacionada con servicios especiales de transporte se requiere la emisión de un
permiso por parte del CTP (numerales 3 y 25 de la Ley número 3503 con relación al
artículo 2,3 y 4 del Decreto Ejecutivo 15203-MOPT), ello implica,
necesariamente, la realización de un trámite administrativo ante ese Consejo.
Precisamente es ahí, en la atención de un trámite de
solicitud de permiso para la explotación de un servicio especial de transporte,
que el Consejo de Transporte Público debe requerir al peticionario, además de
los requisitos que la normativa que rige la materia de transporte exija,
acreditar estar debidamente inscrito, en la modalidad que le corresponda, esto es, como patrono o trabajador independiente o no asalariado, o ambas modalidades, y al día con el pago de
sus obligaciones con la CCSS.
Correlativamente, el CTP está en la obligación de verificar, conforme a
la información que le suministre la CCSS, que el gestionante
cumple con la obligación indicada, dentro del trámite administrativo y previo a
la emisión del permiso que se solicite. Ergo, el requisito previsto en el
numeral 74 de la Ley número 17 es aplicable, de forma obligatoria, al trámite
de obtención de permisos para la explotación de servicios especiales de
transporte en cualquiera de sus modalidades, debiendo el peticionario acreditar
su cumplimiento.
Ahora bien, la Junta consultante refiere a la
aplicación del
artículo 74 referido a los permisos especiales y “a cada uno de los
conductores de los buses con que se presta dicho servicio”.
Sobre el particular, debemos indicar
que conforme a la normativa que regula los permisos para la prestación de
servicios especiales de transporte, a la cual hemos hecho referencia, se
advierte que el permiso podrá
amparar uno o varios vehículos, de acuerdo con el servicio de transporte
especial para el cual se gestiona el permiso respectivo (artículo 25 de la Ley
número 3503 y el artículo 4 del reglamento mencionado).
En esa
línea, el reglamento -Decreto Ejecutivo número 15203-MOPT - señala en su numeral 6, que la
gestión será presentada por el “peticionario” y deberá identificar las
características del vehículo o los vehículos, propietarios registrales, clase
de servicio y calidades generales del chofer o choferes que conducirán el o los
vehículos, entre otros aspectos:
“Artículo 6º.—Para
solicitar un permiso, el peticionario deberá presentar la licencia de
circulación de transporte público vigente, asimismo deberá llenar una fórmula
diseñada al efecto, en la cual deberá constar:
a)
Características del o de los vehículos: número(s) de placas, número(s) de
motor, color, capacidad de pasajeros sentados, tonelaje, modelo(s).
b)
Calidades generales de la persona a cuyo nombre aparece inscrito el o los
vehículos.
c) Calidades
generales del chófer o de los chóferes que conducirán el o los vehículos
durante el servicio.
d) Clase
de servicio especial que se prestará (ocasional o estable).
e) En el
caso de que el permiso solicitado fuera de naturaleza estable, se deberá
indicar el lugar y horas de salida y llegada, paradas intermedias, números de
kilómetros del recorrido y tiempo de duración. Estos datos podrán ser
verificados en cualquier momento sin previo aviso, por la Dirección General de
la Policía de Tránsito, mediante el envío de inspectores.
f) Tanto
en la solicitud de permisos ocasionales como en los estables, se deberá indicar
si el grupo que va a ser transportado, estará integrado por personas mayores o
menores de edad, o bien mixtos. En el caso de que el grupo sea de menores de
edad, el solicitante deberá hacer constar que habrá una persona encargada de
auxiliar al conductor, en mantener el orden y seguridad de los pasajeros”. (Lo
resaltado no es del original).
Por su
parte, el artículo 7 del mismo reglamento establece una serie de documentos que
deberán ser presentados junto a la solicitud de permiso, dentro de los cuales
se enlista una póliza de riesgos profesionales que cubra a los empleados y
constancia del registro de conductores con licencia tipo C-2:
“Artículo 7º.—La
solicitud debidamente llena de conformidad con los términos exigidos en el
artículo anterior, deberá presentarse en original y tres copias auténticas,
acompañadas de los siguientes documentos:
a) Tarjeta
de circulación al día.
b) Póliza
de Seguro Obligatorio, Póliza de Seguro Voluntario.
c) Póliza
de Riesgos Profesionales que cubra a los empleados (que viajan en el
autobús)
d)
Fotocopia de la cédula de identidad del propietario de los chóferes que vayan a
conducir el vehículo.
e)
Constancia del registro de conductores en que se haga constar que el conductor
o conductores del autobús o microbús está inscrito con licencia de tipo C-2.
f) Para
los permisos estables, el peticionario deberá acompañar a la solicitud,
fotocopia del contrato o los contratos suscritos con la institución o empresa,
documento que deberá ser autenticado por un abogado.
g) Si se
tratara de solicitud de renovación de un permiso estable, será indispensable
presentar el permiso anterior.
h) Si el vehículo
estuviese inscrito a nombre de una persona jurídica, es necesario aportar
certificación de la personería, lo mismo que la cédula de personería jurídica.
i) Recibo
cancelado por la suma de 25,00 colones a 100,00 colones, a favor del Consejo de
Seguridad Vial, según se trate de Servicios ocasionales o permanentes
respectivamente.
j) En el
caso de los permisos estables contratados por instituciones públicas, aparte de
observarse las normas correspondientes en contratación administrativa, las
tarifas a cobrar deberán ser aprobadas por la Comisión Técnica de Transportes”. (Lo
resaltado no es del original).
De
las normas citadas, es posible afirmar que los servicios especiales de
transporte descritos en el numeral 25 de la Ley 3503 pueden ser otorgados a uno
o varios vehículos, según el tipo de servicio para el que ha sido solicitado el
respectivo permiso, ello implica también, que se requiera uno o más conductores
para la prestación del mismo.
Bajo
ese panorama, conforme a las normas reglamentarias que rigen la materia, el gestionante del permiso deberá indicar en su solicitud las “calidades
generales del chófer o de los chóferes que conducirán el o los vehículos
durante el servicio” (artículo 6 inciso c) del reglamento).
Partiendo
del requisito indicado y, en lo que es objeto de consulta, se estima que
resulta necesario que el gestionante no solo cumpla
con el requisito establecido en el numeral 6 inciso c) del reglamento, sino
que, además, señale la condición bajo la cual el conductor o conductores prestarán
sus servicios, esto es, si se trata de trabajadores asalariados, o bien, de
trabajadores que prestaran sus servicios de forma independiente.
Tal
indicación resultaría necesaria, en cada caso, a efectos de establecer la
correcta aplicación del numeral 74 de comentario, esto es, resulta
indispensable determinar el sujeto o sujetos que se encuentran en el supuesto
que regula la norma señalada y que deben acreditar el cumplimiento de las
obligaciones que impone ese numeral.
En
el primer supuesto, esto es, que se trate de conductores asalariados, el
peticionario deberá acreditar su inscripción como patrono ante la CCSS y estar
al día en el pago de sus obligaciones con dicha institución.
En
el segundo supuesto, si se trata de conductores que laboran como trabajadores
independientes, deberá acreditarse que éstos se encuentren debidamente
inscritos en esa modalidad ante la CCSS y que se encuentran al día en el pago
de sus obligaciones con esa entidad.
En consecuencia, para el trámite de un permiso para la
explotación de servicios especiales de transporte, el peticionario debe
acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 74 de
repetida cita. En el supuesto de que el conductor o los conductores de las
unidades ostenten la condición de trabajadores independientes, también debe
acreditarse en la solicitud de permiso que dichos conductores cumplen con la
obligación prevista en el numeral 74 referido.
III.
CONCLUSIONES
De
conformidad con las consideraciones expuestas, este Órgano Asesor arriba a las
siguientes conclusiones:
1.
El servicio de transporte remunerado de personas, en sus distintas
modalidades, incluidos los servicios especiales, es un servicio público
regulado, por ende, para el ejercicio de tal actividad se requiere contar con una
concesión o permiso, según corresponda, expedido por el Consejo de Transporte
Público conforme a la regulación vigente en la materia.
2.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 25 de la Ley
Reguladora del transporte remunerado de personas por vehículos automotores, Ley
número 3503, con relación a los artículos 2 y 3 del Reglamento para la
explotación de servicios especiales de transporte automotor remunerado de
personas, Decreto Ejecutivo número 15203-MOPT, son servicios especiales
aquéllos que no tienen itinerario fijo, en los que se contrata el servicio por
viaje, por tiempo o en ambas formas, y conciernen el transporte de turistas, de
estudiantes o de trabajadores; así como y los servicios de operación de líneas regulares,
nuevas o existentes, otorgados con carácter temporal y condicional, mientras se
realiza el procedimiento de concesión.
3.
El artículo 74 párrafo tercero de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, Ley número 17, establece la obligación de los patronos y las personas que
realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas,
de estar inscritos
ante la Caja Costarricense de Seguro Social y al día en el pago de sus
obligaciones con el régimen de seguro social.
4.
Según la norma referida, en concreto el párrafo tercero inciso 1), los
patronos y las personas que requieran realizar cualquiera de los trámites
indicados en el artículo 74, dentro de los cuales se encuentran la solicitud de
permisos, licencias, autorizaciones, contrataciones, inscripciones, etc, deberán cumplir con la obligación indicada en ese
numeral, esto es, estar inscrito, en la modalidad que corresponda, ante la Caja
Costarricense del Seguro Social y al día en el pago de sus obligaciones con
dicha entidad.
5.
La Administración Pública deberá verificar, sin excepción, que el
peticionario de alguno de los trámites señalados en el numeral 74, cumpla con
la obligación establecida en dicho ordinal. En ese tanto, en el caso del CTP,
éste se encuentra obligado a verificar que el peticionario de un permiso para
la explotación de servicios especiales de transporte se encuentre inscrito, en
cualquiera de sus modalidades, ante la Caja Costarricense de Seguro Social y al día en
el pago de sus obligaciones con dicha entidad.
6.
En esa línea, las normas que regulan el trámite para la obtención de
permisos para la prestación de servicios especiales de transporte, exigen que
el peticionario señale “calidades generales del chófer o de los chóferes que
conducirán el o los vehículos durante el servicio” (artículo 6 inciso c)
del reglamento).
7.
Partiendo del requisito indicado y, en lo que es objeto de consulta, se
estima que resulta necesario que el gestionante no
solo cumpla con el requisito establecido en el numeral 6 inciso c) del
reglamento, sino que, además, señale la modalidad bajo la cual el conductor o
conductores prestarán sus servicios, esto es, si se trata de trabajadores
asalariados, o bien, de trabajadores que prestaran sus servicios de forma
independiente.
8.
La indicación de la modalidad de trabajo bajo la cual laboraran el o los
conductores -trabajador asalariado o independiente- es lo que permitirá
determinar el sujeto o los sujetos que se encuentran obligados a cumplir con lo
establecido en el numeral 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Esto es, sí se
consigna en la solicitud de permiso de transporte para servicios especiales,
que el conductor o conductores han sido contratados como trabajadores
asalariados, el peticionario deberá acreditar su inscripción como patrono ante
la CCSS y estar al día en el pago de sus obligaciones con dicha institución.
Pero, si se indica en la solicitud de permiso que se trata de trabajadores
independientes, deberá demostrar el peticionario que éstos se encuentran
debidamente inscritos en esa modalidad ante la CCSS y que están al día en el
pago de sus obligaciones con esa entidad.
9.
Conforme a lo expuesto, corresponde al CTP, al dar trámite a los permisos
especiales de transporte, solicitar al peticionario indicar la modalidad de
trabajo bajo la cual laboraran el o los conductores que se enlistan en su
solicitud, de manera que, al identificar si se trata de trabajadores
independientes o asalariados, pueda determinar los sujetos respecto de los
cuales debe constatar que se encuentran inscritos y al día en sus obligaciones
con la CCSS, conforme a lo dispuesto en el numeral 74 de repetida cita.
Atentamente,
Sandra
Sánchez Hernández
María Auxiliadora Agüero Barboza
Procuradora Abogada,
Dirección de Derecho Público
SSH/MAAB/hsc
PGR-C-029-2025
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO. SERVICIOS
ESPECIALES DE TRANSPORTE. SOLICITUD DE PERMISO. ARTÍCULO 74 LEY CONSTITUTIVA DE
LA CCSS. OBLIGACIÓN DE LOS PATRONOS Y LAS PERSONAS
QUE REALICEN TOTAL O PARCIALMENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES O NO ASALARIADAS,
DE ESTAR INSCRITOS ANTE LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y AL DÍA EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON EL
RÉGIMEN DE SEGURO SOCIAL.
Mediante oficio número CTP-DE-OF-1106-2024, el Director Ejecutivo a.i. del Consejo de Transporte Público nos informó que la Junta Directiva de ese órgano, mediante Acuerdo número 7.17 adoptado en la Sesión Ordinaria número 16-2024 del 09 de mayo de 2024, acordó formular consulta a esta Procuraduría, sobre el siguiente aspecto:
“(…)
plantear consulta a la Procuraduría General de la República en relación
con la aplicación del
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social a los permisos
especiales y a cada uno de los conductores de los buses con que se presta dicho
servicio”
Esta Procuraduría, mediante Dictamen N° PGR-C-029-2025
de 10 de febrero de 2025, suscrito por la Procuradora Sandra Sánchez
Hernández y la Abogada de Procuraduría María Auxiliadora Agüero Barboza, concluyó lo siguiente:
“De conformidad con las
consideraciones expuestas, este Órgano Asesor arriba a las siguientes
conclusiones:
1.
El servicio de transporte remunerado de personas, en sus distintas
modalidades, incluidos los servicios especiales, es un servicio público
regulado, por ende, para el ejercicio de tal actividad se requiere contar con
una concesión o permiso, según corresponda, expedido por el Consejo de
Transporte Público conforme a la regulación vigente en la materia.
2.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 25 de la Ley
Reguladora del transporte remunerado de personas por vehículos automotores, Ley
número 3503, con relación a los artículos 2 y 3 del Reglamento para la
explotación de servicios especiales de transporte automotor remunerado de
personas, Decreto Ejecutivo número 15203-MOPT, son servicios especiales
aquéllos que no tienen itinerario fijo, en los que se contrata el servicio por
viaje, por tiempo o en ambas formas, y conciernen el transporte de turistas, de
estudiantes o de trabajadores; así como y los servicios de
operación de líneas regulares, nuevas o existentes, otorgados con carácter
temporal y condicional, mientras se realiza el procedimiento de concesión.
3.
El artículo 74 párrafo tercero de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense
de Seguro Social, Ley número 17, establece la
obligación de los patronos y las personas que
realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas,
de estar inscritos ante la Caja Costarricense de
Seguro Social y al día en el pago de sus obligaciones con el régimen de seguro
social.
4.
Según la norma referida, en concreto el párrafo tercero inciso 1), los patronos
y las personas que requieran realizar cualquiera de los trámites indicados en
el artículo 74, dentro de los cuales se encuentran la solicitud de permisos,
licencias, autorizaciones, contrataciones, inscripciones, etc,
deberán cumplir con la obligación indicada en ese numeral, esto es, estar
inscrito, en la modalidad que corresponda, ante la Caja Costarricense del
Seguro Social y al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad.
5.
La Administración Pública deberá verificar, sin excepción, que el
peticionario de alguno de los trámites señalados en el numeral 74, cumpla con
la obligación establecida en dicho ordinal. En ese tanto, en el caso del CTP,
éste se encuentra obligado a verificar que el peticionario de un permiso para
la explotación de servicios especiales de transporte se encuentre inscrito, en
cualquiera de sus modalidades, ante la
Caja Costarricense de Seguro Social y al día en el pago de sus obligaciones con
dicha entidad.
6.
En esa línea, las normas que regulan el trámite para la obtención de
permisos para la prestación de servicios especiales de transporte, exigen que
el peticionario señale “calidades generales del chófer o de los chóferes que
conducirán el o los vehículos durante el servicio” (artículo 6 inciso c) del
reglamento).
7.
Partiendo del requisito indicado y, en lo que es objeto de consulta, se
estima que resulta necesario que el gestionante no
solo cumpla con el requisito establecido en el numeral 6 inciso c) del
reglamento, sino que, además, señale la modalidad bajo la cual el conductor o
conductores prestarán sus servicios, esto es, si se trata de trabajadores
asalariados, o bien, de trabajadores que prestaran sus servicios de forma
independiente.
8.
La indicación de la modalidad de trabajo bajo la cual laboraran el o los
conductores -trabajador asalariado o independiente- es lo que permitirá
determinar el sujeto o los sujetos que se encuentran obligados a cumplir con lo
establecido en el numeral 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Esto es, sí se
consigna en la solicitud de permiso de transporte para servicios especiales,
que el conductor o conductores han sido contratados como trabajadores
asalariados, el peticionario deberá acreditar su inscripción como patrono ante
la CCSS y estar al día en el pago de sus obligaciones con dicha institución.
Pero, si se indica en la solicitud de permiso que se trata de trabajadores
independientes, deberá demostrar el peticionario que éstos se encuentran
debidamente inscritos en esa modalidad ante la CCSS y que están al día en el
pago de sus obligaciones con esa entidad.
9.
Conforme a lo expuesto, corresponde al CTP, al dar trámite a los permisos
especiales de transporte, solicitar al peticionario indicar la modalidad de
trabajo bajo la cual laboraran el o los conductores que se enlistan en su
solicitud, de manera que, al identificar si se trata de trabajadores
independientes o asalariados, pueda determinar los sujetos respecto de los
cuales debe constatar que se encuentran inscritos y al día en sus obligaciones
con la CCSS, conforme a lo dispuesto en el numeral 74 de repetida cita.”