Dictamen : 301 - del 19/12/2024
19 de diciembre de 2024
PGR-C-301-2024
MSc.
Laura Ávila Bolaños
Presidenta
Ejecutiva
Caja Costarricense
de Seguro Social
Estimada
señora:
Con la aprobación del señor Procurador
General de la República, me refiero a su atento oficio N°
PE-5249-2024 de fecha 16 de diciembre de
2024, en el cual nos señala que su gestión responde al oficio SJD-1551-2024 de
la Sesión N.º 9431 de la Junta Directiva, celebrada el día 05 de abril de 2024,
donde se indica:
“(…) la Secretaría de
Junta Directiva mediante oficio SJD-1470-2024 solicitó a la Dirección Jurídica
Institucional criterio legal general para plantear eventual consulta ante la
Procuraduría General de la República sobre:
¿Puede la Junta
Directiva de la CCSS sesionar con 4 miembros ordinarios, bajo la figura de
Funcionario de Hecho, para conocer temas urgentes o de necesidad apremiante,
ante la ausencia de la figura de Presidente(a) Ejecutivo(a); ausencia que se da
como consecuencia de medida cautelar de suspensión del cargo, dictada por
Juzgado Penal?
Esta solicitud se
efectuó previo al nombramiento de su estimable persona como presidenta
ejecutiva.
La Dirección Jurídica
ha emitido su respuesta mediante criterio GA-DJ-09508-2024 el cual se adjunta.
Lo anterior como requisito para la Presidencia Ejecutiva ante la decisión de
una eventual solicitud de criterio al ente Procurador.”
Indica usted que, en
razón de lo expuesto, se permite plantear la siguiente consulta:
1.
¿Puede
la Junta Directiva de la CCSS sesionar con 4 miembros ordinarios, bajo la
figura de Funcionario de Hecho, para conocer temas urgentes o de necesidad
apremiante, ante la ausencia de la figura de Presidente(a) Ejecutivo(a);
ausencia que se da como consecuencia de medida cautelar de suspensión del
cargo, dictada por Juzgado Penal?
A efectos de cumplir
con los requisitos de admisibilidad, se adjuntó el oficio correspondiente al
criterio jurídico N° GA-DJ-09508-2024.
En orden a la consulta
planteada, debe recordarse que, de conformidad con nuestra Ley Orgánica (no.
6815 de 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría es el órgano consultivo,
técnico-jurídico de la Administración Pública, y en múltiples
ocasiones, hemos analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso
b) y 4° y 5° de esa Ley en el desempeño de la función consultiva.
En virtud de ese análisis, se han
desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a)
Que el objeto de la consulta sea planteado de forma clara y precisa y verse
sobre temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es posible incluir
cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que deban ser
resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos o
decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios legales,
asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo
conocimiento sea competencia de otro órgano ni asuntos de interés particular o
personal del funcionario que plantea la consulta. b) Que se acompañe el
criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas
cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca
administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos nos.
C-158-2008 de 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013,
C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019
de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4
de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 de 24 de mayo de 2023, entre muchos otros).
El segundo requisito de
admisibilidad expuesto, de aportar el criterio de la asesoría legal sobre el
tema consultado, es exigido expresamente por el artículo 4° de nuestra Ley
Orgánica. Sobre ese requisito, hemos indicado que el
criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre
todos los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene
como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el
asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro
pronunciamiento vinculante.
Y, además, hemos considerado que
dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado
tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y
constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la
Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto,
véanse los dictámenes nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1°
de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de
julio de 2017, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, entre muchos otros).
En esta ocasión, pese a que se
aporta el oficio de la asesoría legal, en éste no se
desarrolla una correcta ni puntual respuesta a la interrogante que finalmente
se nos plantea y no se adopta ninguna posición clara en dicho oficio.
En efecto, nótese que dicho oficio se limita a señalar que en una
anterior ocasión ya se había requerido un criterio legal sobre varios aspectos,
haciendo una simple transcripción parcial y limitada de otro oficio, que luego
no se acompaña de ningún análisis o consideración adicional, y tampoco se
construye a partir de ello una respuesta concluyente sobre el tema planteado.
Es preciso advertir que en múltiples ocasiones esta Procuraduría General
ha definido la importancia y características de esa opinión de la asesoría
legal que debe acompañar necesariamente la consulta que se nos formule, por lo
que conviene traer a colación, en lo conducente, los siguientes
pronunciamientos:
“este requisito encuentra su razón de ser en el hecho de que es dable suponer
que la decisión de formular la consulta a este Órgano Asesor ha sido sopesada
por el jerarca teniendo a la vista las conclusiones del criterio legal, con lo
cual se forma una idea clara de los alcances de lo consultado y de la
importancia que tiene tomar la decisión de formular la gestión -ello por la
naturaleza vinculante del dictamen que se llegue a emitir, artículo 2 de la Ley
Orgánica.” (dictamen N°
C-074-2004 del 2 de marzo del 2004).
“El informe de la asesoría legal que se requiere adjuntar a los términos
de la consulta, debe ser un estudio jurídico que comprenda la interpretación
que brinda esa instancia administrativa sobre el tema que interesa al jerarca. Estudio
que debe reunir un mínimo de profundidad, haciendo referencia a la legislación
y jurisprudencia, tanto administrativa como jurisdiccional -si es que existe
sobre el punto a dictaminar-, y en que se arribe a una determinada posición.” (dictámenes números C-138-2005 del 20 de abril y C-166-2005 del 5 de
mayo, ambos del año 2005) (Dictamen C-231-2008 de fecha 3 de julio de 2008, entre
muchos otros)
En este caso, el criterio legal no desarrolla
ningún análisis orientado a abordar los diferentes aspectos jurídicos que
involucra la interrogante de interés, como las regulaciones atinentes a la
Junta Directiva de la CCSS, el funcionamiento de los órganos colegiados, las
situaciones de urgencia o excepción, el quórum y la figura del funcionario de
hecho. Tampoco se hace cita de ninguna norma, principios, doctrina,
jurisprudencia, etc., de tal suerte que el oficio deviene incompleto y no
satisface las exigencias mínimas que debe mostrar un criterio a cargo de una
robusta asesoría jurídica institucional.
Lo anterior, sumado a que la asesoría legal no establece en dicho oficio
una postura clara y concluyente con respecto a la pregunta formulada, nos
impide tenerlo como el criterio legal que exige el artículo 4° de nuestra Ley
Orgánica como requisito de admisibilidad.
A lo anterior debe agregarse que en su consulta se refiere que la
gestión planteada responde a una iniciativa de la Junta Directiva de esa
institución que data del 5 abril del 2024, momento para el cual surgía el
cuestionamiento ante la ausencia de la
figura de Presidente(a) Ejecutivo(a) con motivo de una suspensión cautelar
recaída sobre su titular. Incluso por ello se menciona expresamente que la
gestión había sido promovida de previo al nombramiento de su persona como
presidenta ejecutiva.
En esa medida, la consulta planteada a esta fecha carece de interés
actual para la institución, por lo que deviene improcedente y no justifica la
emisión del dictamen solicitado. Ello,
salvo que existiera una razón o motivo que justifique mantener el interés en la
evacuación de la interrogante, aspecto que no se aborda ni se explica en la
gestión presentada.
Por todo lo anterior, la consulta
planteada resulta inadmisible, por lo que nos vemos obligados a denegar su
trámite y por ello se dispone su archivo.
De usted con toda consideración, suscribe
atentamente,
Andrea Calderón Gassmann
Procuradora
ACG/nmm
PGR-C-301-2024
CONSULTAS. ADMISIBILIDAD.
CRITERIO LEGAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA
CONSULTA.
La Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social planteó
la siguiente consulta:
¿Puede la Junta Directiva de la CCSS sesionar con 4
miembros ordinarios, bajo la figura de Funcionario de Hecho, para conocer temas
urgentes o de necesidad apremiante, ante la ausencia de la figura de
Presidente(a) Ejecutivo(a); ausencia que se da como consecuencia de medida
cautelar de suspensión del cargo, dictada por Juzgado Penal?
Mediante nuestro dictamen PGR-C-301-2024 de fecha 19 de
diciembre de 2024 suscrito por Andrea Calderón Gassmann,
Procuradora, se rechazó la consulta por resultar inadmisible, indicando que, pese a que se aporta el oficio de la asesoría legal,
en éste no se desarrolla una correcta ni puntual
respuesta a la interrogante que finalmente se nos plantea y no se adopta
ninguna posición clara en dicho oficio.
En este caso, el criterio legal no desarrolla ningún
análisis orientado a abordar los diferentes aspectos jurídicos que involucra la
interrogante de interés, de tal suerte que el oficio deviene incompleto y no
satisface las exigencias mínimas que debe mostrar un criterio a cargo de una
robusta asesoría jurídica institucional.
Lo anterior, sumado a que la
asesoría legal no establece en dicho oficio una postura clara y concluyente con
respecto a la pregunta formulada, nos impide tenerlo como el criterio legal que
exige el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad.
Debe
agregarse que en la consulta se refiere que la gestión planteada responde a una
iniciativa de la Junta Directiva de esa institución que data del 5 abril del
2024, momento para el cual surgía el cuestionamiento ante la ausencia de
la figura de Presidente(a) Ejecutivo(a) con motivo de una suspensión cautelar
recaída sobre su titular. Incluso por ello se menciona expresamente que la
gestión había sido promovida de previo al nombramiento de su persona como
presidenta ejecutiva.
En esa
medida, la consulta planteada a esta fecha carece de interés actual para la
institución, por lo que deviene improcedente y no justifica la emisión del
dictamen solicitado. Ello, salvo que
existiera una razón o motivo que justifique mantener el interés en la
evacuación de la interrogante, aspecto que no se aborda ni se explica en la
gestión presentada.