Dictamen : 294 - del 16/12/2024
16
de diciembre de 2024
PGR-C-294-2024
Señor
Danny
Vargas Serrano
Diputado
Asamblea
Legislativa
Estimado
señor:
Con la aprobación del Procurador
General de la República, doy respuesta a su oficio no.
AL-FPLN-DVS-OFI-0149-2024 de 3 de diciembre de 2024, mediante el cual plantea
una “solicitud de criterio sobre la aprobación del «Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),
el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para garantizar el derecho de vía
de la línea férrea del Proyecto de ‘Intermodalidad de Transporte de Carga’ y la
ampliación de la zona portuaria en los terrenos denominados ‘La Purruja’», aprobado por el Consejo Directivo del Instituto
Costarricense de Ferrocarriles mediante Acuerdo 0117-2024 del acta 24 de la
sesión ordinaria #24-2024 del 1 de julio del 2024.”
Para ello, plantea algunos
temas específicos sobre los cuales expone algunos comentarios y sobre los que
requiere nuestra valoración.
I. Sobre
las consultas formuladas por la Asamblea Legislativa y sus Diputados.
De conformidad con los
artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de
1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de
la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los
criterios legales que le solicite la Administración Pública.
Para esos efectos, la
Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando
nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así
cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio
de la función legislativa.
Pese a lo anterior y a
que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado
atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus Diputados, con
el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la
Constitución Política les atribuye. De
ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados
proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse
cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan
estimarse de interés general.
Tal y como hemos
dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboración no dispuesta
en la Ley tiene como objeto colaborar en la satisfacción de las funciones
parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente
jurídico. Dicho asesoramiento no puede desnaturalizar la función consultiva de
la Procuraduría ni mediatizar su función, al punto de impedirle
suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la
Administración Pública. Así, el asesoramiento a los señores diputados
tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su eficiente
ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de
la consulta que se formule. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-030-2017
de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de
agosto de 2018, C-101-2019 de 5 de abril de 2019, C-071-2020 de 2 de marzo de
2020, C-145-2020 de 20 de abril de 2020, entre otros).
De ahí que, la colaboración que se brinda a través de
nuestros criterios a la Asamblea Legislativa y sus Diputados, no nos
permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas,
puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora.
(Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005,
OJ-53-2010 de 9 de agosto de 2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017,
OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de agosto de 2018,
C-101-2019 de 5 de abril de 2019, PGR-C-318-2021 de 23 de noviembre de 2021).
Por último, interesa señalar que la emisión de nuestros
pronunciamientos no se rige por lo dispuesto en los artículos 27 y 30 de la
Constitución Política, ni 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
(no. 7135 del 11 de octubre de 1989), puesto que el ejercicio de esa
competencia no involucra una petición pura y simple de información en poder de
la Procuraduría, sino el estudio y emisión de un criterio técnico jurídico que,
por su naturaleza, no queda sujeto al plazo de diez días hábiles establecido en
el último precepto citado. Al respecto, la Sala Constitucional en la sentencia
no. 23112-2019 de las 8:50 horas de 22 de noviembre de 2019,
dispuso:
“En
este nuevo amparo es claro que la recurrente pretende que la Procuraduría
General de la República emita un criterio jurídico. De conformidad con las
razones expuestas de manera reiterada por este Tribunal una
consulta así planteada no constituye parte del ejercicio de los derechos
consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Por
consiguiente, no hay razón para estimar el recurso.” (El subrayado
no es del original).
II.
Inadmisibilidad de la consulta.
Tal y como se dispuso en el
apartado anterior, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios
a la Asamblea Legislativa y sus Diputados, no nos permite obviar los
requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas, puesto que lo
contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora.
Uno
de los requisitos de admisibilidad de las consultas que se extraen de los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica es
que las interrogantes planteadas versen sobre temas jurídicos generales, sin
que se cuestionen casos concretos o actos administrativos específicos, pues
pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la
toma de decisiones y ejercer una función de control de legalidad que no nos
corresponde, desconociendo así nuestra competencia consultiva.
Al
respecto, hemos dispuesto que:
“Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables
ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus
dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que
integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de
los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente
considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos
sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la
administración activa. El asunto que
ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción:
aunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la
legalidad de una decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo verter este tipo
de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual
pronunciamiento de nuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración
activa en la adopción de una decisión que sólo a ella corresponde, en atención
al carácter vinculante de nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente
público.” (C-194-1994 de 15 de diciembre
de 1994, reiterado en OJ-005-1998 de 27 de enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de
marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero
de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-085-2016 de 25 de abril de
2016, OJ-084-2020 de 16 de junio de 2020, entre muchos otros).
“…no corresponde a la
Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la Administración
Pública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso
la opinión externada por asesorías o dependencias internas, son conformes o
no al ordenamiento jurídico. La función consultiva debe ser ejercida
respecto de competencias u organización de la Administración consultante, de la
interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre
actuaciones o criterios concretos vertidos por la Administración, sus
dependencias o asesorías (Dictámenes C-277-2002, C-196-2003, C-241-2003,
C-120-2004, C-315-2005, C-328-2005, C-418-2005, C-392-2006, C-177-2010,
C-205-2010 y C-128-2011, entre otros muchos).” (Dictamen No. C-017-2013 de 11
de febrero de 2013).
En esta ocasión, la consulta está encaminada a valorar el contenido del
Convenio indicado, que ya fue aprobado por el Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, es decir, a determinar la legalidad de esa decisión
administrativa concreta.
Por
tal razón, como lo hemos indicado ante consultas planteadas por señores
Diputados en los que se pretende la revisión de actos administrativos
concretos, no es posible rendir un criterio al respecto, pues, definitivamente,
nuestra competencia consultiva no nos faculta para revisar o analizar la
legalidad de los actos adoptados por otras instituciones en el ejercicio de las
funciones que les corresponden (Véanse los pronunciamientos nos. OJ-074-2017 de
20 de junio de 2017, OJ-078-2017 de 28 de junio de 2017, C-101-2019 de 5 de
abril de 2019, OJ-084-2020 de 16 de
junio de 2020, C-145-2020 de 20 de abril de 2020, C-172-2021 de 27
de junio de 2021, C-208-2021 de 16 de julio de 2021, PGR-C-324-2021 de 25 de
noviembre de 2021, PGR-C-122-2023 de 20 de junio de 2023).
Aunado a lo anterior, sobre
la naturaleza de nuestra función consultiva, en reiteradas ocasiones hemos
dispuesto que se trata de una atribución para “abordar inquietudes acerca de la aplicación o interpretación del
ordenamiento jurídico –que luego la Administración puede utilizar como insumo
para tomar las decisiones que le competen” (Dictamen no. C-162-2012 de
28 de junio de 2012, en similar sentido véanse los pronunciamientos nos.
C-257-2006 de fecha 19 de junio del 2006 y C-123-2019 de 8 de mayo de 2019). Es
decir, debe tratarse de dudas de carácter jurídico, y no, como en este caso,
que se cuestionan aspectos sobre la conveniencia y oportunidad de
algunos puntos del Convenio citado.
Con
base en todo lo expuesto, la consulta es inadmisible y lamentablemente nos encontramos
imposibilitados a emitir el dictamen requerido.
De usted, atentamente,
Elizabeth
León Rodríguez
Procuradora
ELR/ysb
Cód. 12699-2024
PGR-C-294-2024.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CONSULTAS FORMULADAS POR
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y SUS DIPUTADOS. LIMITACIONES EN LA FUNCIÓN CONSULTIVA.
IMPOSIBILIDAD DE REVISAR O ANALIZAR LA
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADOPTADOS POR OTRAS INSTITUCIONES. LAS CONSULTAS
DEBEN PLANTEARSE EN TÉRMINOS GENERALES Y ABSTRACTOS.
El señor Danny Vargas Serrano, Diputado
de la Asamblea Legislativa, requirió nuestro criterio respecto planteando una
“solicitud de criterio sobre la aprobación del «Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),
el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para garantizar el derecho de vía
de la línea férrea del Proyecto de ‘Intermodalidad de Transporte de Carga’ y la
ampliación de la zona portuaria en los terrenos denominados ‘La Purruja’», aprobado por el Consejo Directivo del Instituto
Costarricense de Ferrocarriles mediante Acuerdo 0117-2024 del acta 24 de la
sesión ordinaria #24-2024 del 1 de julio del 2024.”
Esta Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-294-2024 de 16 de diciembre de 2024, declaró inadmisible la consulta
porque:
En
esta ocasión, la consulta está encaminada a valorar el contenido del Convenio
indicado, que ya fue aprobado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles,
es decir, a determinar la legalidad de esa decisión administrativa concreta.
La
Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando
nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así
cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio
de la función legislativa.
Como lo hemos indicado ante
consultas planteadas por señores Diputados en los que se pretende la revisión
de actos administrativos concretos, no es posible rendir un criterio al
respecto, pues, definitivamente, nuestra competencia consultiva no nos faculta
para revisar o analizar la legalidad de los actos adoptados por otras
instituciones en el ejercicio de las funciones que les corresponden.