Dictamen : 292 - del 12/12/2024
12 de diciembre de 2024
PGR-C-292-2024
Señor
Mauricio Batalla
Otárola
Ministro
Ministerio de Obras
Públicas y Transportes
Estimado
señor:
Con la aprobación del Procurador General
de la República, doy respuesta a su oficio no. DM-2024-2901 de 2 de diciembre
de 2024, mediante el cual solicita “emitir criterio de Legalidad en torno a la
naturaleza jurídica de los fondos provenientes del pago del canon anual que el
concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín
efectúa al día de hoy.”
Para ello, adjunta “para su debida valoración, la posición del Ministerio
de Hacienda, la de la Contraloría General de la República y la del Consejo
Nacional de Concesiones, para los efectos de estudio, comparación y análisis,
sin dejar de mencionar, que nuestro criterio Ministerial y del Consejo Nacional
de Concesiones (CNC), es que el Contrato de Concesión de la TCM, establece con
entera claridad que los recursos del canon son para cubrir los gastos de
Fiscalización, Control, Supervisión e Inspección, y en razón de ello, deben ser
dirigidos al CNC, sin necesidad de ser trasladados al Presupuesto de la
República, tal y como al día de hoy, lo establece explícitamente la Ley General
de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, todo con el propósito, de
constituir la Unidad Ejecutora y asegurar una adecuada fiscalización del
proyecto.”
Conforme con nuestra Ley
Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría es el órgano consultivo,
técnico-jurídico de la Administración Pública, y en múltiples
ocasiones, hemos analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso
b) y 4° y 5° de esa Ley en el desempeño de la función consultiva.
En virtud de ese análisis, se han desarrollado
tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que el
objeto de la consulta sea planteado de forma clara y precisa y verse sobre
temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es posible incluir
cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que deban ser
resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos o
decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios legales,
asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo
conocimiento sea competencia de otro órgano ni asuntos de interés particular o
personal del funcionario que plantea la consulta. b) Que se acompañe el
criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas
cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca
administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos nos.
C-158-2008 de 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013,
C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019
de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4
de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 de 24 de mayo de 2023, entre muchos otros).
Sobre el primer requisito expuesto, debe apuntarse que nuestra
jurisprudencia administrativa ha señalado que la precisión y claridad en el
cuestionamiento sobre el cual se requiere nuestro criterio, es un requisito
esencial de admisibilidad, pues, la imprecisión en el objeto de la consulta,
impide conocer la duda jurídica del consultante y rendir de manera adecuada y
precisa, nuestro criterio. (Véanse al respecto los pronunciamientos nos.
C-136-2006 de 3 de abril de 2006, C-077-2018 de 19 de abril de 2018, C-247-2018
de 21 de setiembre de 2018, C-146-2019 de 29 de mayo de 2019, C-089-2020 de 17
de marzo de 2020, entre otros).
En este caso, no se plantea una duda jurídica que requiera ser
solventada, sino que se indica que han existido diferencias de criterios en
cuanto a la distribución del canon del Contrato de Concesión de Obra Pública
con Servicios Públicos de la Terminal de Contenedores de Moín
y se pretende que la Procuraduría revise y analice esos criterios y emita un
criterio al respecto, sin indicarse, puntualmente, cuál es la duda jurídica que
se requiere solventar.
Dentro de las competencias de la Procuraduría no está revisar informes,
oficios ni criterios de las dependencias institucionales, sino que la función
consultiva se ejerce con respecto a una duda jurídica específica. En ese
sentido, hemos señalado que:
“Para el adecuado ejercicio de nuestra
función, es necesario que el jerarca
institucional plantee el cuestionamiento concreto sobre el cual se solicita
nuestro criterio...
Concretamente,
sobre la inadmisibilidad de las consultas que pretenden la revisión de los
informes de las asesorías legales, hemos indicado que:
«…esta
Procuraduría General se encuentra imposibilitada para acceder a lo requerido,
toda vez que revisar la opinión que un profesional en Derecho emita en su
condición de asesor legal del órgano consultante supone exceder el ámbito de
competencia que en materia consultiva nos ha sido conferido legalmente. Ello se desprende del siguiente
razonamiento. La intención de acompañar,
a la consulta que formula el jerarca, el respectivo criterio legal tiene la
finalidad de acreditar que aquel ha tenido a la vista la opinión de su asesoría
jurídica, aspecto que es un motivo adicional para formular el requerimiento de
criterio a nuestra Institución, pues precisamente el aspecto jurídico de fondo
amerita, en opinión del consultante, ser dilucidado de manera vinculante.
Por
ello, si entráramos a pronunciarnos sobre los estudios de la asesoría legal,
estaríamos, indirectamente, suplantando aquella decisión que se requiere del
jerarca de precisar el aspecto jurídico que motiva la gestión ante la
Procuraduría General.» (Dictamen No.
C-036-2007 de 9 de febrero de 2007. En sentido similar véanse los dictámenes
Nos. C-038-2007 de 13 de febrero de 2007 y C-172-2016 de 22 de agosto de
2016).” (Dictamen no. C-258-2018 de 9 de octubre de 2018).
Tampoco es tarea de la
Procuraduría revisar si los informes vertidos por dependencias administrativas
son correctos o no:
“…este Órgano Asesor no es un órgano revisor de los criterios vertidos
en casos específicos por las diferentes dependencias internas o asesorías de
las Administraciones Públicas. En este sentido, en dictamen C-147-2007
indicamos: «…no corresponde a la Procuraduría General, como órgano superior
consultivo de la Administración Pública, valorar si una determinada decisión
administrativa, o incluso la opinión externada por asesorías o dependencias
internas, son conformes o no al ordenamiento jurídico. La función consultiva
debe ser ejercida respecto de competencias u organización de la Administración
consultante, de la interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos,
pero no sobre actuaciones o criterios concretos vertidos por la Administración,
sus dependencias o asesorías (Dictámenes C-277-2002 de 16 de octubre de
2002, C-196-2003 de 25 de junio de 2003, C-241-2003 de 8 de agosto de 2003 y
C-120-2004 de 20 de abril de 2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005,
C-328-2005 de 16 de setiembre de 2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y
C-392-2006 de 6 de octubre de 2006, entre otros muchos). (Dictamen no. C-172-2016 de 22 de agosto de
2016).» Mucho menos podría la Procuraduría entrar a valorar una recomendación o
un informe hecho por una auditoría interna.” (Dictamen no. PGR-C-270-2021
de 20 de setiembre de 2021).
Aparte de lo anterior, para futuras gestiones, tómese en cuenta que el
artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, exige que se adjunte el criterio de la
asesoría legal sobre el tema consultado, que debe ser un análisis jurídico
detallado sobre todos los puntos que se someten a nuestra consideración, y que
tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y
discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro
pronunciamiento vinculante.
También, hemos considerado que dicho
criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en
cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un
elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría
está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los
dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de
2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de julio de 2017).
Por lo dicho, el criterio legal que
exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad debe emitirse
específicamente para aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos
consulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca
correspondiente debe requerir el criterio de su asesoría legal sobre los
cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que dicho informe legal
responda únicamente a los cuestionamientos generales que se nos plantean. No
podría entonces tratarse de cualquier informe legal que, aunque relacionado con
el tema consultado, no haya sido emitido específicamente para responder los
cuestionamientos generales que luego van a ser consultados a la
Procuraduría. (Véanse los dictámenes
Nos. C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-145-2018 de 19 de junio de 2018,
C-205-2018 de 23 de agosto de 2018 y C-074-2019 de 21 de marzo de 2019).
A modo de resumen, para obtener un
criterio jurídico vinculante de la Procuraduría, el jerarca legitimado para
consultar, debe plantear uno o varios cuestionamientos jurídicos específicos,
adjuntando el criterio de la asesoría legal que responda esos cuestionamientos,
pero, la consulta no puede ser requerir, de manera general, que se revise si
los criterios y oficios adjuntos, sin plantear una duda jurídica puntual.
Además de todo lo expuesto, pese a
que no se formula una duda jurídica específica, puede notarse que el fondo de la
gestión se refiere al modo en el que deben manejarse y administrarse los fondos
públicos derivados del canon que se paga a raíz del Contrato de Concesión de
Obra Pública con Servicios Públicos de la Terminal de Contenedores de Moín. Y, sobre esa materia, la Contraloría General de la
República ostenta una competencia exclusiva y excluyente, sobre la cual,
conforme con lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Ley Orgánica, la
Procuraduría no puede pronunciarse.
Al respecto, hemos
señalado:
“En relación con el asunto
consultado, el Órgano Asesor es incompetente para emitir un dictamen, en vista
de que estamos frente a un asunto en el cual la Contraloría General
de la República ejerce una competencia prevalente, exclusiva y excluyente.
Como es bien sabido, de conformidad con el artículo 184 constitucional y la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, es a este Órgano que le corresponde
pronunciarse sobre aquellos asuntos donde está de por medio el uso correcto de
los fondos públicos y la materia
presupuestaria, así como sobre la
materia de contratación administrativa. En este sentido, este Órgano
Asesor, en varios dictámenes, ha seguido esta línea de pensamiento. En
efecto, en las opiniones jurídicas
OJ-016-98 del 6 de marzo de 1998 y OJ-083-98 del 2 de octubre de ese mismo año,
expresamos que la Contraloría General de la República es el órgano encargado constitucionalmente de la vigilancia de la
Hacienda Pública y legislativamente, de conformidad con su Ley Orgánica,
artículos 4 y 12, por lo que los criterios que emite son de
acatamiento obligatorio para la Administración Pública, lo cual se ve
claramente plasmado en el citado artículo 12 que establece:
La Contraloría General de
la República es el órgano rector del
ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplados en esta
ley. Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro
del ámbito de su competencia, son de
acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquier otra disposición de los
sujetos pasivos que se le opongan.” (Dictamen no. C-339-2005 de 30 de
setiembre de 2005. La negrita no corresponde al original. En igual sentido
dictámenes nos. C-071-2009 de 13 de marzo del 2009, C-219-2014 de 18 de julio
de 2014, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016, C-045-2020 de 10 de febrero de
2020, PGR-C-146-2023 de 31 de julio de 2023, entre muchos otros).
Por todo lo anterior, se declara
inadmisible la consulta planteada.
De usted, atentamente,
Elizabeth
León Rodríguez
Procuradora
ELR/ysb
Cód. 12634-2024
PGR-C-292-2024.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. LAS CONSULTAS DEBEN
PLANTEARSE EN TÉRMINOS GENERALES. LA FUNCIÓN
CONSULTIVA SE EJERCE CON RESPECTO A UNA DUDA JURÍDICA ESPECÍFICA. LA CONSULTA NO PUEDE FORMULARSE RESPECTO A
MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SEA COMPETENCIA DE OTRO ÓRGANO.
INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS QUE PRETENDEN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE
LAS ASESORÍAS LEGALES.
El señor Mauricio Batalla Otárola, Ministro del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, requirió nuestro criterio respecto a “emitir criterio de Legalidad en torno a la
naturaleza jurídica de los fondos provenientes del pago del canon anual que el
concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín
efectúa al día de hoy.”
Esta Procuraduría, en dictamen
no. PGR-C-292-2024 de 12 de diciembre de 2024, declaró inadmisible la consulta
porque:
En este caso, no se plantea
una duda jurídica que requiera ser solventada, sino que se indica que han
existido diferencias de criterios en cuanto a la distribución del canon del
Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos de la Terminal de
Contenedores de Moín y se pretende que la
Procuraduría revise y analice esos criterios y emita un criterio al respecto,
sin indicarse, puntualmente, cuál es la duda jurídica que se requiere
solventar.
Para obtener un criterio
jurídico vinculante de la Procuraduría, el jerarca legitimado para consultar,
debe plantear uno o varios cuestionamientos jurídicos específicos, adjuntando
el criterio de la asesoría legal que responda esos cuestionamientos, pero, la
consulta no puede ser requerir, de manera general, que se revise si los
criterios y oficios adjuntos, sin plantear una duda jurídica puntual.