Dictamen : 273 - del 26/11/2024
26 de noviembre de 2024
PGR-C-273-2024
Licenciado
José Luis Araya Alpízar
Director General de
Presupuesto Nacional
Ministerio de Hacienda
Estimado señor:
Con la aprobación del
señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio N°
MH-DGPN-OF-0205-2023, mediante el cual nos fue planteada la siguiente consulta:
¿A
los recursos provenientes de créditos externos, que fueron aprobados de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 15 del artículo 121 de la
Constitución Política, al ser incorporados al Presupuesto Nacional, ya sea
mediante un presupuesto extraordinario o vía decreto ejecutivo (en este último
caso, cuando así lo dispuso la ley de aprobación del crédito) les son
aplicables las Normas de Ejecución Presupuestaria dispuestas en el artículo 7
de la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República?
A la consulta
planteada se adjuntó el oficio MH-STAP-DE-AJ-0207-2023 emitido por la Unidad de
Asuntos Jurídicos, en el que se rinde criterio legal sobre lo consultado.
I.- LA APROBACIÓN DE LOS CRÉDITOS EXTERNOS (ARTÍCULO 121 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA) Y SU RÉGIMEN PRESUPUESTARIO
Como se observa, la consulta planteada se refiere a los
recursos que provienen de créditos externos que han sido negociados por el
Poder Ejecutivo, y aprobados mediante Ley por parte de la Asamblea Legislativa.
Ello, de conformidad con lo previsto en el inciso 15) del artículo 121 de la
Constitución Política. Sobre el tema, esta Procuraduría ha señalado lo
siguiente:
“Los efectos del endeudamiento público en las
finanzas del país han determinado el interés de conferir a la Asamblea
potestades para controlar dicho endeudamiento. Dispone la Constitución
Política:
“Artículo 121.- Además de las otras
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la
Asamblea Legislativa:
(...)
15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares
que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.
Para efectuar la contratación de empréstitos en el
exterior o de aquellos que, aunque convenidos en el país, hayan de ser
financiados con capital extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea
aprobado por las dos terceras partes del total de votos de los miembros de la
Asamblea Legislativa;(...)”.
Al conocer del convenio suscrito, la Asamblea
Legislativa ejerce su potestad de contralor político, dirigida al respeto de la
soberanía nacional, la integridad del régimen democrático, la estabilidad
político-social y el respeto de los valores fundamentales del ordenamiento
jurídico. Esa función de control la faculta para aprobar o improbar el contrato
respectivo, sin posibilidad alguna para modificar los términos del compromiso
contraído por el Ejecutivo. A pesar de la aprobación legislativa, el contrato
mantiene su naturaleza administrativa, según lo ha establecido la Sala
Constitucional; el contrato es, entonces, un acto distinto de la ley
aprobatoria. La relación entre las partes contratantes se establece, así, en
virtud del contrato y no de la ley:
“...las reformas introducidas a los artículos
10, 105, 124, y 140, inciso 19 de la Constitución (ley cit. 5702 de 5 de junio
de 1975), establecieron claramente su carácter y régimen jurídicos, meramente
administrativos, así como la naturaleza y efectos de la intervención de la
Asamblea en la aprobación de los mismos, no como ejercicio de su función
legislativa plena -formal y material-, sino en una de carácter tutelar y, por
ende, legislativa formal, pero administrativa material...
De la misma manera, mutatis mutandi, la
aprobación que la Asamblea Legislativa dé a los empréstitos y otros convenios
que se relacionen con el crédito público de conformidad con el artículo 121
inciso 15° de la Constitución, no les altera su naturaleza
administrativo-contractual, ni les exime de su régimen jurídico-administrativo,
ni, por ende, les confiere el carácter de las leyes, aunque sí lo tenga la que
los aprueba en sí. Es evidente que tal aprobación legislativa corresponde más a
bien a una función tutelar, en ejercicio de un control político sobre el
endeudamiento del Estado, que fue una de las preocupaciones del constituyente
de 1949; de allí también la exigencia de una votación calificada para
el endeudamiento externo...”. Sala
Constitucional N. 1027-90 antes citada. (Dictamen C-164-2009 de fecha 9 de junio de 2009)
Ahora bien, una vez que esos créditos externos han sido
debidamente aprobados por el Congreso, los fondos correspondientes entrarán a
las arcas del Estado, y por ende cabe recordar el régimen que establece la Ley
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N° 8131 del 18 de
setiembre de 2001), en lo que aquí nos interesa:
ARTÍCULO 5.- Principios
presupuestarios
Para los
efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios
presupuestarios:
a) Principio de
universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener,
de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad
financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse
obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar.
ARTÍCULO 8.- Contenido
de los presupuestos
Los presupuestos considerarán como
mínimo:
a) El presupuesto de
ingresos, que comprenderá los generados por la recaudación de
tributos, la prestación y venta de bienes y servicios, las transferencias,
donaciones y otros, así como las fuentes de financiamiento,
internas o externas.
b) El presupuesto
de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos para cumplir los
objetivos y las metas.
c) La programación
de actividades y metas esperadas para el período, según el nivel de detalle
definido en el reglamento.
d) Los
requerimientos de recursos humanos, según el detalle que se establezca en el
reglamento respectivo.
e) Las normas que regulen
exclusivamente la ejecución presupuestaria, las cuales se aplicarán durante el
ejercicio económico para el que dicho presupuesto esté vigente
ARTÍCULO 46.- Compromisos
presupuestarios
Los saldos
disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de
cada año.
Los gastos comprometidos pero no
devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el ejercicio económico
siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio.
Los saldos
disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las
autorizaciones de gasto asociadas, se incorporarán automáticamente al
presupuesto del ejercicio económico siguiente.
El monto no utilizado de la
autorización por endeudamiento interno incluida en el presupuesto nacional,
caducará el 31 de diciembre del año correspondiente; por ende, no podrá ser
utilizado con posterioridad a tal fecha.
Mediante reglamento, se emitirán los
criterios y mecanismos para aplicar este artículo.” (énfasis agregado)
Puntualmente en cuanto al régimen presupuestario de los
fondos que provienen de este tipo de créditos, hemos señalado:
“D-. LA
PRESUPUESTACIÓN DE LOS RECURSOS
Se
consulta si cada uno de los desembolsos del financiamiento deberá reflejarse en
los respectivos presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios de la
República.
Los
principios de unidad y universalidad presupuestaria determinan la obligación de
presupuestar todos los ingresos y egresos del Estado. Y esos ingresos abarcan
los provenientes del crédito externo.
El
artículo 8 de la Ley de la Administración Financiera del Estado y Presupuestos
Públicos reafirma dicha necesidad. En efecto, en lo que se refiere
al presupuesto de ingresos se dispone que este comprenderá los
generados por las fuentes de financiamiento internas o externas. Fuentes
externas que obviamente conciernen el crédito externo. Asimismo, el artículo 46 de dicha Ley preceptúa que
los saldos disponibles “de las fuentes de financiamiento de crédito
público externo y las autorizaciones de gasto asociadas, se incorporarán
automáticamente al presupuesto del ejercicio económico siguiente”.
El
Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, Decreto Ejecutivo N. 30058 de 19 de diciembre de
2001, precisa la obligación de incorporar a la Ley de Presupuesto los
recursos del crédito externo. Disponen los artículos 39 y 40:
“Artículo 39.— Ingresos por endeudamiento. De
conformidad con la política de endeudamiento público y con base en la
programación macroeconómica, el Ministerio de Hacienda también incorporará en
el proyecto de Ley de Presupuesto de cada ejercicio, los ingresos provenientes
del endeudamiento público.
Cuando se trate
de la incorporación de recursos de la deuda pública externa se requerirá que su
ingreso haya sido certificado previamente por la Contabilidad Nacional.
Asimismo, con el propósito de conocer y controlar el volumen total de
endeudamiento del Gobierno de la República, el Ministerio de Hacienda
establecerá el límite máximo de endeudamiento interno propuesto por el Poder
Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto”.
Artículo 40.—Ingresos por endeudamiento. De
conformidad con la política de endeudamiento público y con base en la
programación macroeconómica, el Ministerio de Hacienda también incorporará en
el proyecto de Ley de Presupuesto de cada ejercicio y sus modificaciones, los
ingresos provenientes del endeudamiento público.
Cuando se trate de la incorporación de recursos de
la deuda pública externa se requerirá que su ingreso haya sido certificado
previamente por la Contabilidad Nacional. Asimismo, con el propósito de conocer
y controlar el volumen total de endeudamiento del Gobierno de la República, el
Ministerio de Hacienda establecerá el límite máximo de endeudamiento interno
propuesto por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuesto”.
De
estas disposiciones se deriva que los recursos derivados de los referidos
contratos de préstamo individual tendrán que ser incorporados en su momento en
la Ley de Presupuesto.” (Opinión jurídica N° OJ-014-2009 del 10 de febrero de
2009)
Incluso, cabe recordar que mediante decreto ejecutivo N°
39183 del 22 de julio de 2015 se promulgaron las normas de “Procedimiento para la
incorporación y desincorporación presupuestaria de las fuentes de
financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones de
gasto asociadas al Presupuesto de la República”, lo cual refuerza el
procedimiento y la regla en el sentido de que los recursos provenientes de
crédito externo se deben incorporar al presupuesto nacional.
II.- EL SOMETIMIENTO A LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Según señalamos en el apartado anterior, tenemos que los
fondos provenientes de créditos externos se incorporan al Presupuesto Nacional,
y en esa medida quedan sometidos a las reglas que rigen este instrumento y al
principio de legalidad presupuestaria. En esta materia, y de forma inveterada,
hemos explicado lo siguiente:
“II. PRINCIPIO DE
LEGALIDAD
De
conformidad con los numerales 11 de la Carta Magna y 11 de la Ley General de la
Administración Pública, todo el actuar de la Administración debe estar previsto
en nuestro ordenamiento jurídico.
Esta
Procuraduría, en diversos pronunciamientos, ha sido insistente en la aplicación
de este principio. Por ejemplo, se ha indicado:
"Como
puede observarse, la norma transcrita anteriormente es muy clara en cuanto a la
determinación del sujeto y destino que debe dársele a los fondos provenientes
de la misma. Por lo tanto, existiendo una norma expresa en tal sentido, resulta
de aplicación el principio de legalidad contemplado en los artículos 11 de la
Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública,
de acuerdo con el cual "... la Administración habrá de someterse no sólo a
la ley, sino a todo el bloque de legalidad" (Rafael Entrena Cuesta, Curso
de Derecho Administrativo, Editorial TECNOS, pág. 162)
Por su parte,
el tratadista, Lic. Eduardo Ortíz Ortíz, comenta lo siguiente en
torno a dicho principio. "Puede decirse que hoy el principio de legalidad
prescribe que todo acto o comportamiento administrativo debe estar sometido a
una autorización previa del ordenamiento, salvo que resulte evidente que se
trata de una actividad privada, regulada por el derecho civil o mercantil en
virtud de un voluntario sometimiento de la Administración misma. De este modo,
no sólo los actos de imperio (que crean, modifican o extinguen derechos y
obligaciones del particular frente al Estado) sino también los actos de
organización y trámite del mundo interior de la Administración (que ponen los
medios necesarios para que el acto principal se realice) lo mismo que los
llamados actos de gobierno (de explicación posterior) entran dentro del ámbito
de aplicación de este principio. Todo acto o comportamiento del Estado debe
estar autorizado previamente, salvo que sea de índole privada.
(Eduardo Ortíz Ortíz, Tesis de Derecho Administrativo, pág.
5)
Por las anteriores razones, se debe llegar a la conclusión de que, los fondos
provenientes de la citada Ley únicamente pueden ser utilizados de acuerdo con
las regulaciones que en la misma se disponen". (C-105-93 de 9 de agosto de
1993). El citado principio de legalidad rige el actuar de la Administración y
los Centros Agrícolas Cantonales han sido definidos por esta Procuraduría como
administración descentralizada (Dictamen C-195-92)
Si bien el principio de legalidad es el que rige el actuar de la Administración
(art. 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la
Administración Pública) y la naturaleza jurídica de la Federación de los
Centros Agrícolas Cantonales no es clara, es lo cierto, que si por Ley se
establece un destino específico a los fondos públicos asignados a través de la
misma, en el tanto dure la vigencia de los mismos, existe obligación del
destinatario de cumplir con los fines asignados por Ley.(…)”
La
Sala Constitucional también ha venido precisando dicho principio, sobre el cual
ha indicado:
"...así como el 11 (principio de legalidad), que le señala a la
Administración estatal el límite de sus competencias y la imposibilidad de
transgredirlas." (Resolución Nº 3409-92 de 10 de noviembre de
1992)
"(...) La Constitución Política en el artículo 11 señala: "los
funcionarios públicos son simples depositarios de la igual disposición
normativa establece el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública.
Ambas disposiciones exigen que las actuaciones públicas se fundamenten
en una norma expresa que habilite la actuación del funcionario,
prohibiéndole realizar todos aquellos actos que no estén expresos autorizados,
lo que involucra, desde luego, el principio de interdicción de la
arbitrariedad. En nuestro caso el amparo... " (Voto 3887-94 de 3
de agosto de 1994) (El subrayado no pertenece al original)
Consideramos que con
las citas hechas anteriormente, queda claro los alcances que se le han asignado
al principio de legalidad.
Debemos
ahora entonces, determinar la aplicación de este principio a las Juntas sobre
las cuales se consulta, y si la respuesta fuera positiva, establecer si la
normativa que las regula las faculta para hacerse cargo de plazas que
anteriormente se encontraban en el presupuesto nacional.
III. PRINCIPIO DE
LEGALIDAD PRESUPUESTARIA
Los
alcances del referido principio de legalidad se extienden con especiales
características al campo de la disposición de los fondos públicos, aspecto que
resulta importante abordar para efectos de la consulta planteada.
En
tanto normación del gasto público, a la cual deben sujetarse en forma estricta
los Poderes del Estado en el manejo del gasto público, se señala:
"El
presupuesto es una autorización jurídica del gasto público; es decir, su
ordenamiento jurídico. Carácter normativo que se predica de todo su contenido,
ya que sus disposiciones "no pueden considerarse como simples listados o
cuentas de ingresos y egresos"...Es el acto por el cual se autoriza al
Gobierno para disponer de los fondos públicos dentro de ciertos límites y
constituye el requisito de validez de los actos administrativos y de los
contratos que originen el gasto público. Por tal entendemos con
Rodríguez Bereijo "el empleo efectivo -esto es, en términos
contables, la salida- de dichos créditos aprobados con objeto de hacer frente a
las atenciones especificadas en el estado de gastos del Presupuesto". Es
decir, el presupuesto es una condición de la regularidad o la eficacia jurídica
de las operaciones presupuestarias y, sobre todo, de la ejecución del gasto
público, que no puede realizarse si no existe la correspondiente cobertura
presupuestaria. La necesidad de que la actividad se ajuste a la legalidad
vigente entraña la existencia de mecanismos de control que garantizan la
legalidad de esa actividad. El Ejecutivo es libre de gastar a condición de que
el gasto se realice contra la partida correspondiente." (ROJAS CHAVES,
Magda Inés, Los principios presupuestarios en la jurisprudencia
constitucional, en "La Jurisdicción Constitucional y su influencia en
el Estado de Derecho", 1ra. ed. San José, C.R. EUNED, 1996, p. 253)
Precisamente
en virtud del deber de sujetarse a la legalidad presupuestaria en la
disposición de los fondos públicos, es que, dentro del Presupuesto Nacional, un
eventual cambio de destino de partidas o traslado de fondos de una partida a
otra, está sometido a restricciones.” (Dictamen N° C-034-97 del 28 de
febrero de 1997)
De este modo, si esos fondos quedan debidamente
incorporados al presupuesto nacional, consecuentemente deben ejecutarse de
conformidad con las reglas que establece la correspondiente ley de presupuesto,
dado que la misma impone las pautas que deberán observarse en el manejo y
utilización de los fondos ahí contemplados. Esta posición ya la desarrollamos
en nuestro dictamen N° PGR-C-150-2023 de fecha 01 de agosto de 2023, en los
términos que de seguido se transcriben:
“Básicamente,
para poder dar respuesta a las dos preguntas formuladas por esa Dirección, se
pide que la Procuraduría lleve a cabo una interpretación del citado inciso 1
del artículo 7 de la Ley n.°10331, que es una norma de ejecución del
presupuesto nacional vigente. Dice así el precepto en cuestión: (…)
Como
tal, la disposición transcrita forma parte del contenido propio del presupuesto
nacional, conforme con el inciso e) del artículo 8 de la Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (n.°8131 del
18 de setiembre de 2001), cuyo propósito, precisamente, es regular la ejecución
presupuestaria consistente en el cumplimiento de las políticas, objetivos y
metas institucionales, con base en el presupuesto aprobado, mediante una serie
de actividades administrativas y operaciones económico-financieras que permiten
la percepción de los ingresos y su utilización en los egresos presupuestados en
el ejercicio económico respectivo (ver el artículo 21 de los Criterios y Lineamientos Generales
sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público, Decreto Ejecutivo
n.° 33446-H del 18 de octubre de 2006).
Tal y como lo ha señalado este órgano
superior consultivo desde vieja data, el presupuesto nacional expresa el
sometimiento de la actividad financiera del Estado a la ley (ver el dictamen
C-184-89, del 26 de octubre de 1989). Con lo cual, el presupuesto es algo más
que un balance de ingresos y egresos, en tanto ley formal y
material (voto n.°1266-95 de las 15:39 horas del 7 de marzo de 1995 de la
Sala Constitucional), constituye en los términos del artículo 180 de la Constitución Política, el límite
de acción de los poderes públicos en materia de gasto público. Como límite que
es, se considera parte del contenido presupuestario la inclusión de normas
para regular el ejercicio económico correspondiente, las que, según se
acaba de indicar, pueden ser incluidas en la ley de presupuesto siempre que se
refieran a la materia presupuestaria o conexa (ver el dictamen C-262-2016,
del 5 de diciembre). Se deriva de lo expuesto que una norma de ejecución
presupuestaria es un "límite de acción", por el que se
regula el modo en que los Poderes Públicos podrán hacer uso de los recursos
públicos durante el año financiero correspondiente.” (énfasis
suplido)
De lo anterior
se sigue que los fondos provenientes de créditos externos que están
incorporados en la Ley de Presupuesto Nacional deben ceñirse a las normas de
ejecución presupuestaria contempladas en esa misma ley. Ergo, si dichas normas
de ejecución no prevén algún tipo de regla especial o excepción para los
recursos originados en créditos externos, para su uso habrá que observar las
mismas reglas generales ahí establecidas.
La consulta planteada
hizo referencia a las normas de ejecución presupuestaria contempladas en el
artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico 2023 (Ley N° 10331 del 29 de noviembre de 2022)[1]. De la revisión de dichas normas, se advierte
que no se contemplan excepciones relacionadas con los recursos provenientes de
créditos externos, de tal suerte que el manejo de esos fondos tendría que
regirse por tales reglas generales.
Valga acotar que para el caso de la
vigente Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico 2024 (Ley 10427 del 4 de noviembre de 2023), en su artículo 7 se replican las mismas
normas que contenía la citada Ley 10331, y se le agregan algunas más[2].
No obstante, de su contenido se advierte que tampoco se establece ahí algún
régimen diferenciado o de excepción para los fondos de créditos externos. El
único inciso de dicho artículo 7 que atañe a esta materia, señala lo siguiente:
“25.
El Ministerio de Hacienda deberá incorporar los recursos de los créditos
externos que sean aprobados por la Asamblea Legislativa, a más tardar dos meses
después de la entrada en vigencia de sus respectivas leyes, con el propósito de
dar cumplimiento al principio de universalidad e integridad. Para acreditar el
cumplimiento se deberá remitir a la Asamblea Legislativa, en la exposición de
motivos de los presupuestos extraordinarios que se presenten, un análisis de
los recursos de los créditos externos aprobados, incorporados y los pendientes
de serlo, correspondientes a ejercicios anteriores junto con su respectiva
justificación.”
Como
puede observarse, esta norma más bien tiende a exigir la pronta incorporación
de este tipo de recursos al presupuesto nacional, y además a garantizar el
cumplimiento de los principios aplicables en esta materia, como lo son el de
universalidad e integridad.
Ahora
bien, si en el marco de la negociación de un determinado crédito externo se
pactó por parte del Poder Ejecutivo alguna cláusula o condición especial para
la ejecución de esos fondos, y luego dicho acuerdo es así aprobado por la
Asamblea Legislativa, estaríamos ante normas de naturaleza especial, por estar
acordadas entre partes para un crédito específico. Lo anterior cobra particular
importancia frente al acreedor, pues tales condiciones especiales para esa
línea de crédito no podrían luego ser desconocidas por el Estado como deudor.
Ello, en razón de que esas condiciones así fueron aprobadas por el
Legislador.
En
consecuencia, en la eventualidad de que en las condiciones o cláusulas de un
crédito externo se haya establecido alguna norma concerniente a la ejecución de
esos fondos, así deberá respetarse y ejecutarse, aun cuando resultara diferente
o contraria a las normas generales de ejecución contemplas en la ley de
presupuesto.
Lo anterior,
porque dichas condiciones contractuales (pactadas por el Poder Ejecutivo pero
aprobadas por Ley por parte de la Asamblea Legislativa, para una fuente de
crédito externo específica) tendrían carácter de norma especial frente a la
general –ley de presupuesto–, siendo que esta última rige para todos los
fondos, independientemente de su fuente. Si bien la ley de aprobación del
crédito externo debería ser congruente con las normas de ejecución de la Ley de
Presupuesto de la República, en el eventual caso de que exista alguna
inconsistencia, deben respetarse las condiciones del crédito, pues esa
constituye la forma específica en que se aprobaron esos recursos por parte del
acreedor.
En
este punto, nos remitimos a la explicación contenida en nuestro dictamen N°
C-038-2003 de fecha 14 de febrero de 2003 (reiterado mediante dictamen
PGR-C-054-2024 del 01 de abril de 2024), en los siguientes términos:
“La tercera, se
expresa en el principio de que la norma especial prevalece sobre la general.
Aquí estamos ante el supuesto de normas de igual jerarquía y que pueden tener o
no la misma fecha de vigencia, debiendo optar el operador jurídico por la
especial frente a la general. Sobre el particular, en el dictamen C-061-2002 de
25 de febrero del 2002, expresamos lo siguiente:
"Como ha
indicado en reiteradas ocasiones este Órgano Consultivo, las antinomias
normativas pueden ser resueltas a través de tres criterios hermenéuticos
diferentes: el jerárquico, el de especialidad y el cronológico. Se afirma la
procedencia de este último, por cuanto la Ley de la Contraloría, N. 7428, fue
sancionada el 7 de septiembre de 1994, en tanto la Ley del Banco Central, N.
7558, es de 3 de noviembre de 1995. Empero, es sabido que la aplicación de los
criterios de la hermenéutica jurídica no es absoluta, que estos criterios no
constituyen una norma del ordenamiento ni tampoco un principio; son criterios
que orientan al operador jurídico con el fin de determinar la aplicación de las
normas. Se exceptúa el caso del criterio jerárquico en virtud de que la
Constitución y las leyes sí establecen la jerarquía de las normas. Ahora bien,
el criterio cronológico no implica que toda ley posterior deroga la anterior.
Esto es válido si ambas normas son generales pero no cuando está de por medio
un criterio de especialidad."
Por su parte, en el
dictamen C-007-2003 de 16 de enero del 2003, manifestamos también lo siguiente:
"Como ha
sido puesto en evidencia por la doctrina y jurisprudencia, el criterio de
especialidad es un criterio relacional, en el sentido en que ninguna norma es
por sí misma especial, sino que lo es en comparación con otra. La norma
"especial" constituye una excepción respecto de lo dispuesto por otra
de alcance más general. Lo que impide que el supuesto de hecho regulado por la
norma quede comprendido en el más amplio de la ley de alcance general:
‘De su propia
definición se desprende la relatividad del concepto de ley especial. Este es
relativo, ante todo, por su naturaleza relacional: una norma no puede ser
intrínsecamente especial, sino que lo ha de ser por comparación con otra norma.
La generalidad y la especialidad no son rasgos esenciales y absolutos de las
normas. Son, más bien, graduaciones de su ámbito de regulación, que, en cuanto
tales, sólo adquieren sentido cuando se parangonan con los ámbitos de
regulación de otras normas. Pero es más: si la especialidad radica en concretar
un supuesto de hecho a partir de otro más amplio, resulta evidente que una
norma, especial con respecto a otra, puede a su vez ser general con respecto a
una tercera y así sucesivamente. La especialidad, como característica
relacional de las normas, es susceptible -como si de un sistema de círculos
concéntricos se tratara- de reproducirse indefinidamente, a medida que las
previsiones normativas del ordenamiento van diferenciándose y concretándose’.
L, DIEZ-PICAZO: La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1990,
p. 345."
Así
las cosas, y aplicando ese criterio relacional explicado en el dictamen recién
transcrito, estimamos que, frente a las normas generales de ejecución
presupuestaria contenidas en la respectiva ley para el ejercicio económico de
que se trate, prevalece cualquier norma que, para el caso especial de un
determinado crédito externo, haya sido negociada y aprobada por la Asamblea
Legislativa, en orden a la forma de ejecutar esos recursos obtenidos mediante
ese crédito.
III.- CONCLUSIONES
1.- Los
recursos provenientes de créditos externos deben ser incorporados en la Ley de
Presupuesto de la República. En consecuencia, deben ejecutarse de conformidad con las reglas que establece la
correspondiente ley de presupuesto, dado que la misma impone las pautas que
deberán observarse en el manejo y utilización de los fondos ahí contemplados.
2.- La inclusión de normas para regular el
ejercicio económico correspondiente es parte del contenido presupuestario.
Ergo, las normas de ejecución también constituyen un límite de acción para el
manejo de esos fondos.
3.- De lo anterior se sigue que los fondos
provenientes de créditos externos que están incorporados en la Ley de
Presupuesto Nacional deben ceñirse a las normas de ejecución presupuestaria
contempladas en esa misma ley. Ergo, si dichas normas de ejecución no prevén
algún tipo de regla especial o excepción para los recursos originados en
créditos externos, para su uso habrá que observar las mismas reglas generales
ahí establecidas.
4.- No obstante, si en el marco de la
negociación de un determinado crédito externo se pactó alguna cláusula o condición
especial para la ejecución de esos fondos, estaríamos ante normas de naturaleza
especial, por estar acordadas entre partes para un crédito específico. Así, en
la eventualidad de que en las condiciones o cláusulas de un crédito externo se
haya establecido alguna norma concerniente a la ejecución de esos fondos, así
deberá respetarse y ejecutarse, aun cuando resultara diferente o contraria a
las normas generales de ejecución contempladas en la ley de presupuesto.
5.- Lo anterior, porque dichas condiciones
contractuales (pactadas por el Poder Ejecutivo pero aprobadas por Ley por parte
de la Asamblea Legislativa, para una fuente de crédito externo específica)
tendrían carácter de norma especial frente a la general –ley de presupuesto–,
siendo que esta última rige para todos los fondos, independientemente de su
fuente.
De usted con
toda consideración, suscribe atentamente,
Andrea
Calderón Gassmann
Procuradora
ACG/nmm
[1] Dichas normas
se refieren –grosso modo– a: (1) la no
utilización de los montos que se produzcan en
las subpartidas de las partidas 0, 1, 2 y 6 para incrementar otras
partidas presupuestarias, (2) la autorización para variar los requerimientos
humanos de cada título presupuestario , (3) topes salariales para el
personal pagado por medio de la subpartida de Servicios Especiales,
(4) topes para los sueldos pagados por medio de esa misma subpartida, para en
el caso de la Defensoría, el Poder Judicial, el TSE y la Contraloría General,
(5) reglas para el pago de prestaciones legales, (6) modificaciones en el
número de cédula de persona jurídica de los beneficiarios de transferencias,
(7) revisiones trimestrales de las estimaciones de recaudación anual de los
ingresos corrientes, (8) autorización para subejecución, hasta de un diez por
ciento, (9)reducción de subpartidas, (10) restricciones para la creación de
nuevas plazas y reglas para plazas vacantes, (11) informes de plazas vacantes,
(12) evaluación de costo-beneficio de los alquileres de edificios,
locales y terrenos, (13) rendición de informes sobre la valoración de los
alquileres, (14) no compensación de vacaciones, (15) limitaciones en contratos
de servicios y gestión, (16) obligatoriedad del uso del SICOP, (17) publicación
sobre las colocaciones de títulos valores, (18) informe de los canjes deuda o
reestructuración de deuda interna y externa, (19) listados de las
transferencias corrientes y de capital realizadas durante el 2023, (20)
incorporación a proyectos entregados al MIDEPLAN y (21) el informe trimestral
acumulativo a la Comisión de Asuntos Hacendarios.
[2] En efecto, para el año 2024 se agregan
a dicho artículo 7 los siguientes incisos: (22) remisión a la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios (CPOAH) de una
certificación de los ingresos efectivos de FODESAF, (23) remisión a esa misma
comisión de un informe que identifique la integralidad de los recursos
asignados al FOSESAF, (24) informes del Ministerio de Hacienda a la CPOAH sobre
las obligaciones del Estado con la CCSS, (25) incorporación de créditos
externos, (26) acreditación del cumplimiento de los principios presupuestarios
en cada presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria y (27) informe
a la CPOAH sobre transferencias o los pagos de cuotas a organismos
internacionales programados para el año 2024.
PGR-C-273-2024
APROBACIÓN
DE CRÉDITOS EXTERNOS (ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA) Y SU RÉGIMEN
PRESUPUESTARIO. PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS. PRESUPUESTACIÓN DE LOS
RECURSOS. EL SOMETIMIENTO A LAS NORMAS
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA. NORMA ESPECIAL
PREVALECE SOBRE LA NORMA GENERAL.
El Director General de
Presupuesto Nacional nos planteó la siguiente consulta:
¿A los recursos provenientes de créditos
externos, que fueron aprobados de conformidad con lo dispuesto en el inciso 15
del artículo 121 de la Constitución Política, al ser incorporados al
Presupuesto Nacional, ya sea mediante un presupuesto extraordinario o vía
decreto ejecutivo (en este último caso, cuando así lo dispuso la ley de
aprobación del crédito) les son aplicables las Normas de Ejecución
Presupuestaria dispuestas en el artículo 7 de la Ley del Presupuesto Ordinario
y Extraordinario de la República?
Mediante nuestro dictamen N° PGR-C-273-2024 de fecha 26 de noviembre de 2024,
suscrito por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora,
evacuamos la consulta referida, arribando a las siguientes conclusiones:
1.- Los recursos provenientes de créditos
externos deben ser incorporados en la Ley de Presupuesto de la República. En
consecuencia, deben
ejecutarse de conformidad con las reglas que establece la correspondiente ley
de presupuesto, dado que la misma impone las pautas que deberán observarse en
el manejo y utilización de los fondos ahí contemplados.
2.- La inclusión de
normas para regular el ejercicio económico correspondiente es parte del
contenido presupuestario. Ergo, las normas de ejecución también constituyen un
límite de acción para el manejo de esos fondos.
3.- De lo anterior
se sigue que los fondos provenientes de créditos externos que están
incorporados en la Ley de Presupuesto Nacional deben ceñirse a las normas de
ejecución presupuestaria contempladas en esa misma ley. Ergo, si dichas normas
de ejecución no prevén algún tipo de regla especial o excepción para los
recursos originados en créditos externos, para su uso habrá que observar las
mismas reglas generales ahí establecidas.
4.- No obstante, si
en el marco de la negociación de un determinado crédito externo se pactó alguna
cláusula o condición especial para la ejecución de esos fondos, estaríamos ante
normas de naturaleza especial, por estar acordadas entre partes para un crédito
específico. Así, en la eventualidad de que en las condiciones o cláusulas de un
crédito externo se haya establecido alguna norma concerniente a la ejecución de
esos fondos, así deberá respetarse y ejecutarse, aun cuando resultara diferente
o contraria a las normas generales de ejecución contempladas en la ley de
presupuesto.
5.- Lo anterior,
porque dichas condiciones contractuales (pactadas por el Poder Ejecutivo pero
aprobadas por Ley por parte de la Asamblea Legislativa, para una fuente de
crédito externo específica) tendrían carácter de norma especial frente a la
general –ley de presupuesto–, siendo que esta última rige para todos los
fondos, independientemente de su fuente.