Dictamen : 236 - del 21/10/2024
(Aclara)
PGR-C-236-2024
Señora
Maricela Hernández Ruíz
Directora Ejecutiva a.i.
Instituto Fomento y Asesoría Municipal
Estimada señora:
Con la aprobación
del Sr. Procurador General de la República, me refiero al oficio número
DE-0067-2024 de 11 de marzo de 2024, recibido electrónicamente en esta
Procuraduría en la misma fecha.
I.
OBJETO DE LA CONSULTA
De la
documentación remitida se desprende que la Junta Directiva del Instituto
Fomento y Asesoría Municipal (en adelante IFAM), en la sesión ordinaria No.
36-2023 del 20 de setiembre de 2023, acuerdo décimo, capitulo catorce, dispuso
formular consulta a esta Procuraduría sobre “la forma de cobro de los
impuestos municipales, específicamente el de limpieza de vías” (ver oficio
número JD-AC-178-23 de 26 de setiembre de 2023, que transcribe el acuerdo
mencionado).
No obstante,
es con el oficio DE-0067-2024 de 11 de marzo de 2024, que la Sra. Directora Ejecutiva a.i., nos
informa de dicho acuerdo y puntualiza la interrogante de interés, en los
siguientes términos:
“¿Cuál es la
forma legal de calcular la tarifa de la tasa del servicio de limpieza de vías?”
Se adjunta a
esta gestión el criterio legal emitido por la Asesoría Jurídica del IFAM,
mediante oficio PE-AJ-0018-2024 de 30 de enero de 2024.
Además,
debe señalarse que mediante oficio número F-2578-04-2024 de 29 de abril de
2024, la Federación
Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM) remitió su
opinión sobre el tema consultado.
II.
GENERALIDADES
SOBRE EL COBRO DE TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
Conforme a los artículos 169 y 170 de nuestra
Constitución Política, las Municipalidades, en tanto entes autónomos, se les
otorga la competencia para administrar los intereses y servicios locales.
Además, ostentan potestad tributaria que deriva de la relación de los artículos
121 inciso 13) y 170 de la Constitución Política, misma que se desarrolla en el
artículo 83 del Código Municipal.
Precisamente, en el ejercicio de
esta potestad tributaria, las entidades municipales pueden crear sus propios
tributos, así como ejercer las competencias tributarias de control,
verificación, fiscalización y recaudación de los mismos, y, dentro de tales
tributos, se encuentran las tasas municipales por la prestación efectiva o
potencial de servicios.
El numeral 83 del Código Municipal
(anteriormente artículo 74), regula la fijación de tasas municipales,
estableciendo en su párrafo primero que, por
los servicios que preste, “la municipalidad cobrará tasas y precios que se
fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de
utilidad para desarrollarlos”.
Sobre
las tasas municipales, en el dictamen número PGR-C-334-2021 del 7 de diciembre del 2021 se realizó un recuento sobre el tema, en los
siguientes términos:
“(…) El tema de las tasas municipales, su
naturaleza y la fijación para su cobro, ha sido abordado en diversas ocasiones
por esta Procuraduría General en la vía consultiva, desde que la norma del
Código Municipal que regula esta materia y que se menciona en su consulta -sea
el artículo 83 del Código Municipal-, se encontraba ubicada en dicho cuerpo
normativo en el artículo 74, antes de la reforma ocurrida en fecha 23 de abril
del 2018, por virtud de la Ley N° 9542 (Ley de
Fortalecimiento de la Policía Municipal).
Así, empezaremos retomando lo que ya desde el año
2007 indicamos mediante nuestro dictamen N°
C-361-2007 fechado 5 de octubre de ese año, en los siguientes términos:
“Sobre
la específica naturaleza de la “tasa” que se cancela por la prestación de los
servicios municipales, ha indicado esta Procuraduría General, acudiendo a los
criterios desarrollados por la Sala Constitucional, lo siguiente:
“…
debe interpretarse que la intención del legislador es que los impuestos
municipales sean aprobados por la Asamblea Legislativa a propuesta de la
Municipalidad, mientras que las tasas y precios públicos sean fijados por la
Municipalidad.
La
Sala Constitucional ha sostenido tales criterios en sus resoluciones. Así, se
ha señalado lo siguiente:
"Desde
la perspectiva de nuestro Derecho positivo, la tasa se enmarca como un tributo
(art. 4 Código Tributario), sin embargo, es de relevancia el trato que la
jurisprudencia nacional le ha dado a este tributo y que
como síntesis, fue desarrollado en el considerando XXXV de la sentencia
05445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, al expresar:
"XXXV.
- DE LA APROBACIÓN DE LAS TASAS MUNICIPALES. Debe hacerse la distinción de
lo que son las licencias o patentes municipales, definidas por la
jurisprudencia constitucional como el impuesto municipal en concepto de
autorización para ejercer una actividad lucrativa, que se paga por la
"[...] imperiosa necesidad de sufragar el costo de los servicios
públicos que el particular recibe de la Municipalidad; es decir, que los
negocios comerciales o las actividades lucrativas, según la nomenclatura que
utiliza nuestro Código Municipal, se ven altamente beneficiados con la
seguridad, el orden, el aseo y la actividad municipal en general, por lo que
deben contribuir con el Gobierno local" (sentencia número 2197-92, supra
citada); tributos que pueden tener distinto hecho generador, dependiendo de la
corporación local de que se trate, cuya aprobación corresponde a la Asamblea
Legislativa, según se anotó en el Considerando XXIX de esta sentencia, de
las tasas municipales, que son la contribuciones que se pagan a los gobiernos
locales por los servicios urbanos que éstos prestan a la comunidad (agua,
recolección de basura, limpieza de cunetas, mantenimiento de parques), cuya
tarifa está en relación directa con el costo efectivo invertido por estas
autoridades y cuyo pago no puede ser excepcional aunque el usuario no esté
interesado en la prestación efectiva y particular de estos servicios, en los
términos establecidos en el artículo 74 del vigente Código Municipal: (…)
Con
fundamento en lo anterior la Sala concluye, de conformidad con su propia
jurisprudencia, que el régimen jurídico de las tasas, exige de una norma legal
habilitante para autorizar la prestación del servicio y para crear la tasa como
categoría tributaria, de tal forma que la determinación del monto de la
obligación (la tarifa), sea elaborada por la propia Administración, que la debe
someter a la respectiva aprobación del ente regulador, en este caso, ante la
Contraloría General de la República, en tanto no exista una autoridad
reguladora específica, según lo dispone el artículo Transitorio VIII del Código
de Normas y Procedimientos Tributarios. (Resolución Nº
10134-99 de 23 de diciembre de 1999) (…)
Igualmente,
hemos hecho hincapié sobre la importancia que tiene la efectiva prestación del
servicio para que se configure el hecho generador, así como el supuesto para
que opere una exención subjetiva sobre el pago de la tasa correspondiente:
“II.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA TASA PREVISTA EN EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
El
Artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios define la tasa
como aquel tributo “cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el
contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que
constituye la razón de ser de la obligación (…).”
De
conformidad con lo indicado en la norma citada y en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 5 del Código Tributario -en el cual se establece el
Principio de Reserva de Ley en materia tributaria-, se colige que la tasa, en
tanto categoría tributaria, es una obligación pecuniaria impuesta legalmente
por el Estado, de carácter compulsivo, y que se caracteriza por tener una
naturaleza eminentemente contraprestacional, en el
entendido de que la obligación tributaria prevista en la ley se genera siempre
y cuando esté de por medio la prestación efectiva o potencial de un servicio
público vinculado con los intereses de una determinada comunidad; es decir en
el tanto se produzca el hecho generador previsto en la norma como requisito
sine qua non para que pueda exigirse la tasa. Sobre el particular, Juan Martín
Queralt y Carmelo Lozano Serrano en su obra “Curso de Derecho Financiero y
Tributario”, Editorial Tecnos S.A, 1990, manifiestan:
“…, el
hecho imponible de las tasas se configura con la prestación de un servicio o la
realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie de modo
particular al sujeto pasivo. Pero exigiéndose en todo caso, que su
solicitud o recepción sea obligatoria para éste y que no sean susceptibles de
desarrollarse por el sector privado, bien por implicar el ejercicio de
autoridad, bien porque se encuentren reservadas a favor de las Entidades
Locales por el ordenamiento vigente”. (…)
(…)
De
la lectura de las normas citadas no queda duda que el hecho impositivo que
genera la
obligación de pagar la tasa prevista en el párrafo segundo del referido
artículo 74, surge en la medida en que se dé la prestación efectiva del
servicio municipal en una determinada localidad, independientemente de si el
usuario quiere o no que se le dé ese servicio. A contrario sensu, si ese
servicio no se presta, debemos entender que no se da el presupuesto fáctico que
está previsto en la norma como hecho generador de la obligación tributaria, y
consecuentemente la Municipalidad no estaría facultada para realizar el cobro
de la tasa correspondiente.
Aunado
a lo apuntado, nótese que el cálculo del tributo debe realizarse determinando
el costo efectivo del servicio más un 10% de utilidad, de suerte tal que si no se prestó el servicio, por una razón de índole
práctico, la Municipalidad estaría imposibilitada para cobrarlo, ya que el
costo del mismo sería cero.”
Sobre
la figura de la tasa que se cobra por la prestación de servicios públicos, la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 158-F-1991 del 11 de setiembre de 1991, expresó las
siguientes consideraciones:
“…
El concepto de tasa como ingreso público, es uno de los más
debatidos. La concepción tradicional de este tributo lo vincula con el elemento
"contra-prestación", es decir
la tasa como ingreso que se paga al Estado -lato sensu-, como
retribución de un servicio público que de él se recibe. Ese criterio ha servido
para delimitarla del "impuesto", en el cual no existe
contraprestación. Se liga así a la tasa con el pago de un servicio, y
éste a su vez como algo útil al sujeto que lo recibe y lo paga. Definir
la tasa en estos términos equivale a dar una conceptualización
subjetivista de ella, en el entendido de que lo que se recibe del "Estado"
es un beneficio individual. La tasa, entendida así, sirve como categoría
económica, pero no necesariamente como categoría jurídica pública, conforme a
la perspectiva en que debe ser ubicada, puede llevar a la configuración de
la tasa como un "precio", y a la relación jurídica que se
establece entre el Estado y el obligado a pagar, como una relación de
"Derecho Privado", basada en la voluntad del sujeto de demandar y
pagar el servicio, lo que no es posible admitir, pues la tasa es
indudablemente un ingreso de "Derecho Público". Posteriormente es
considerada la tasa no como pago de un servicio, que es prestado
individualmente a un sujeto, sino como un tributo que se exige "con
ocasión" de la prestación de un servicio que se define en la ley como presupuesto
de hecho para cobrarlo. El tributo se cobra porque existe una ley que define el
deber de pagarlo, y se aplica a todo sujeto que se encuentre en el presupuesto
de hecho tipificado, y es que este elemento de la tipificación legal que es
fundamental en la teoría de la relación jurídica tributaria, también lo es para
la definición de la tasa. En la evolución conceptual de
la tasa todavía algunos sostienen que la tasa consiste en
la retribución de una ventaja o beneficio especial obtenido por el particular,
señalando que en tanto la medida del impuesto es la riqueza, esto es, la
capacidad contributiva, la medida de la tasa consistiría en el valor
de esa ventaja, aunque en ciertos casos podía graduarse por el costo del
servicio, pero hoy la doctrina y la jurisprudencia se orientan hacia una
conceptualización más allá de las expuestas, pues cada vez se tiende a
considerar la tasa no con respecto al servicio y al beneficio
obtenido, sino con respecto a la capacidad contributiva del contribuyente,
sobre la productividad económica de la explotación que determina y soporta el
servicio o la entidad económica de la actividad o del bien a propósito de los
cuales se presta el servicio, con ello se ha querido elevar
la tasa en igualdad de condiciones que el impuesto. Se atiende entonces
a la existencia de un servicio organizado o creado por el ente administrativo y
a que no resulten vulnerados los principios de igualdad y de respeto a la
propiedad privada -confiscación- en armonía con el principio de razonabilidad
del tributo. (…)”
Más
recientemente, hemos seguido esa misma línea de criterio, señalando:
“Debemos
tener presente que tanto antes como después de la reforma, los elementos
esenciales del tributo (tasa) se encuentran bien definidos en la norma de
mérito, a saber: hecho generador, constituido por la prestación de los
servicios municipales, la base imponible constituida por el costo del servicio
más un diez por ciento de utilidad, y los sujetos pasivos de hecho.
En
cuanto a la tarifa, pese a que se trata de un elemento esencial del tributo, el
legislador delega en la entidad municipal la fijación de la misma, dejando como
parámetro para hacer dicha fijación, el costo efectivo del servicio más un diez
por ciento de utilidad para desarrollar los servicios prestados por la entidad
municipal. En este sentido, la Sala Constitucional, ha reconocido la atribución
de las Municipalidades para fijar las tasas y precios que cobren por los
servicios municipales del que trata el artículo 83 de cita. (…)
En
relación con las tasas por concepto de servicios municipales es importante
responder las interrogantes planteadas, dos elementos esenciales, a saber:
el hecho generador que definitivamente no se puede ver en función del
servicio propiamente, sino en la obligación tributaria que deriva del mismo, lo
cual está en los párrafos segundo y tercero, por lo que deben analizarse
armónicamente. De la lectura de ambos párrafos se puede afirmar que el hecho
generador del tributo (tasa) establecido en el artículo 83 resulta ser la
prestación potencial o efectiva del servicio; y el sujeto pasivo, que a la
luz del párrafo segundo del artículo 83 del Código Municipal podría afirmarse
erróneamente que es el usuario del servicio, debemos derivarlo de la
integración armónica de los artículos 79 y 83 del Código Municipal, ello por
cuanto el artículo 70 expresamente dispone que “Las deudas por tributos
municipales constituirán hipoteca legal preferente sobre los respectivos
inmuebles” lo que permite llegar a la conclusión de que el
sujeto pasivo (contribuyentes de derecho) de las tasas por la prestación de
servicios municipales son los propietarios, ya que de no ser así, no tendría
sentido la hipoteca legal preferente establecida sobre los bienes inmuebles.
Tal error técnico, no implica imprecisión en el sujeto pasivo, toda vez
que el hecho de que sean los propietarios quienes revistan el
carácter de sujeto pasivo de derecho y no quienes disfrutan directamente los
servicios (sujeto pasivo de hecho), se enmarca dentro del concepto
de gestión del tributo, gestión que comprende el ejercicio de las
competencias de control y fiscalización, que no serían posible ejecutarlas si
no fueran los propietarios registrados, quienes respondan por las deudas
derivadas de la prestación de servicios municipales.” (Dictamen N° C-189-2018 de fecha 8 de agosto del 2018).
De
los pronunciamientos recién transcritos, podemos arribar a los siguientes
corolarios:
ü
La tasa posee naturaleza
tributaria.
ü Es una contribución que se paga a las
municipalidades por los servicios urbanos que brindan a la comunidad, servicios
públicos cuya prestación les ha encargado el ordenamiento jurídico.
ü La
tarifa que se cobra por dichos servicios está en función de su costo.
ü El
contribuyente está obligado a su pago aunque no tenga
interés en que se le preste el servicio.
ü El
hecho generador constituye la prestación efectiva o potencial del servicio
público individualizado en el contribuyente. Es decir, posee naturaleza contra-prestacional.
ü Lo
recaudado por este concepto no puede tener un destino ajeno al servicio que
originó el pago de la tasa.
ü El cálculo de las tasas debe realizarse
determinando el costo efectivo del servicio más un 10% de utilidad.
ü La fijación de esas tasas debe
ajustarse a los principios de justicia tributaria material.
ü El
legislador delegó en las propias municipalidades la potestad para fijar la tarifa
de los servicios (autonomía tributaria), lo cual es un elemento esencial del
tributo.
ü Los sujetos pasivos de este tributo son los
propietarios de los inmuebles, o bien los titulares de un usufructo debidamente
constituido.
En
orden a las diferentes aristas que apareja el cobro de tasas municipales por la
prestación de los diferentes servicios públicos que están a cargo de los
gobiernos locales, pueden también consultarse nuestros dictámenes números
C-193-2016 del 16 de setiembre del 2016, C-180-2016 del 31 de agosto del 2016 y
C-179-2016 del 29 de agosto del 2016, entre otros. (…)” (Lo resaltado no es del original)
Como corolario de lo expuesto, se tienen varios elementos de
importancia, a saber: el carácter tributario de la tasa, el hecho generador que
está íntimamente relacionado con la prestación efectiva o potencial del
servicio público al contribuyente y la base imponible que debe considerar el
costo efectivo del servicio más un diez por ciento de utilidad para desarrollar
el servicio prestado por la corporación municipal.
En cuanto a la tarifa, pese
a que se trata de un elemento esencial del tributo, el legislador delegó en la
entidad municipal la fijación de la misma, dejando como parámetro la referencia
indicada sobre el costo del servicio y el porcentaje de utilidad.
Al respecto, como se
mencionó en el dictamen supra transcrito, la Sala Constitucional, ha reconocido
la atribución de las Municipalidades para fijar las tasas y precios que cobren
por los servicios municipales. Dispuso la Sala indicada, lo siguiente:
“IV.-LA FIJACIÓN DE LAS
TASAS MUNICIPALES. La legislación, doctrina y jurisprudencia coinciden en que las
tasas municipales son "las contribuciones que se pagan a los gobiernos
locales por los servicios urbanos que éstos prestan a la comunidad (agua,
recolección de basura, limpieza de cunetas, mantenimiento de parques), cuya
tarifa está en relación directa con el costo efectivo invertido por estas
autoridades y cuyo pago no puede ser excepcionado aunque el usuario no esté
interesado en la prestación efectiva y particular de estos servicios"
(sentencia número 5445-99), concepto que está recogido en el artículo 74 del
Código Municipal. La fijación de estas tarifas corresponde a los propios
gobiernos locales –en atención a su reconocida autonomía tributaria–, en
coordinación con las respectivas instituciones del Estado. Sin embargo,
ello no quiere decir que están exentas de control, precisamente por estar
librada a la discrecionalidad de las autoridades municipales, el riesgo por
abuso en perjuicio de los usuarios aumenta, por lo que se requiere de un órgano
contralor para hacer efectivo el principio constitucional de protección de las
grandes mayorías. Este órgano es la Contraloría General de la República toda
vez que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos modificó
parcialmente el Transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, de manera tal que, respecto de los servicios
municipales, a esa entidad le corresponde la fijación de los precios y tarifas
de la recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales, únicamente,
tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley 7593. Consecuentemente, el
control de los precios y tarifas de los otros servicios que presten
directamente las municipales le corresponde en este momento en exclusiva a la
Contraloría General de la República, salvo disposición expresa de ley especial
al efecto." (Lo resaltado no es del original.
Resolución N°7728-2000 de 30 de agosto del 2000)”
Cabe agregar, que la tasa
por servicios municipales que dispone el artículo 83 del Código Municipal
(anteriormente artículo 74), es un tributo diseñado para mantener el costo de
las obras y servicios municipales, tal y como se indicó en el dictamen número C-094-2012 de 26 de abril de 2012, que al efecto
indicó:
“(…) debemos tener claro que la tasa por servicios
municipales que dispone el artículo 74 del Código Municipal, es un tributo diseñado
para mantener el costo de las obras y servicios municipales. Así, el legislador
decidió que, mediante el producto de esta tasa, la municipalidad financiara
ciertas actividades de bienestar común, como lo son los servicios
de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada (sic),
transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los
residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de
policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se
establezcan por ley.”
Bajo este marco general, procedemos
a realizar el análisis del tema consultado.
III. SOBRE LO CONSULTADO
La
consultante formula la siguiente interrogante:
¿Cuál
es la forma legal de calcular la tarifa de la tasa del servicio de limpieza de
vías?
En el
planteamiento de la consulta, la gestionante hace
referencia al numeral 74 del Código Municipal, actual artículo 83, y sus
reformas, para afirmar que, cuando se aprobó el Código Municipal vigente, la
voluntad expresa del legislador fue que el servicio de limpieza de vías, junto
a otros servicios, se cobrara proporcionalmente entre los contribuyentes del
distrito, según la medida lineal de frente de propiedad.
Sin embargo, manifiesta que, con la
emisión de Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley número 8839, se
reformó el numeral 74 referido, estableciendo que “Los montos se fijarán
tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad
para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en
un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la
propiedad.”
Bajo ese entendido, indica que el
criterio de la Junta Directiva del IFAM reside en que hubo una intención
expresa del legislador de cambiar la manera de cobrar el servicio de limpieza
de vías pasando de un cobro proporcional entre los contribuyentes del distrito
según la medida lineal de frente de propiedad a un cobro proporcional entre los
contribuyentes del distrito según el valor de la propiedad.
Como se desprende del planteamiento de
la consulta, la interrogante que se plantea está referida a la forma de
calcular la tarifa de la tasa municipal prevista en el numeral 83 del Código
Municipal, así como la forma en que se aplica el cobro al usuario, siendo el
criterio de la gestionante que debe aplicarse un
cobro proporcional con base en el valor de la propiedad, esto, según los
elementos expuestos en su consulta y el criterio legal aportado.
Hecha la anterior precisión, resulta necesario analizar
el numeral 83 de repetida cita y sus reformas en punto a la fijación y cobro de
la tasa municipal por limpieza o aseo de vías.
Para iniciar, debe
señalarse que, en el dictamen número C-202-2014 de 24 de junio de 2014, se
indicó que el “servicio de
limpieza de vías se vería concretizado con la eliminación de los desechos,
desperdicios, vegetación menor y cualquier otro material ajeno de las vías
públicas”, lo que comprende
actividades de barrido y limpieza del cordón y caño, las zanjas, cunetas y las
calles públicas en el derecho de vía.
Respecto
a la regulación de la tasa por servicios municipales, que incluye el servicio
de limpieza de vías, el artículo 74 (actual 83) del Código Municipal, Ley
número 7794 de 30 de abril de 1998, en su versión original, disponía:
“ARTÍCULO
74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios,
que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por
ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados,
entrarán en vigencia
treinta días después de su publicación en La Gaceta.
Los usuarios deberán
pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basuras, mantenimiento de parques y zonas verdes,
servicio de policía municipal
y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por
ley, en el tanto se presten, aunque
ellos no demuestren interés en tales servicios.
Se cobrarán
tasas por los servicios de policía municipal, y mantenimiento de parques, zonas
verdes y sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en
consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para
mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un
diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del
distrito, según la medida lineal de frente de propiedad. La municipalidad
calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre
saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento
correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar de
cada tasa.” (Lo
resaltado no es del original).
Como se aprecia de la norma supra transcrita, el
párrafo primero del artículo establece la competencia municipal para la
fijación de tasas por los servicios que preste, disponiendo que éstos se “fijarán tomando en consideración el costo
efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos”.
El párrafo segundo de la norma
enlista una serie de servicios, dentro de los cuales se enumera el servicio de
limpieza de vías públicas, respecto de los cuales el usuario deberá pagar “en tanto se presten”.
Luego, el párrafo tercero de la norma original, mencionaba expresamente los
servicios de “policía municipal, y mantenimiento
de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios”, respecto de los
cuales también se establece el pago de una tasa siguiendo, para su fijación, el
mismo método del párrafo primero, esto es, considerando el costo efectivo más
un diez por ciento de utilidad para su desarrollo pero, además, establecía que
cobro se realizaría “proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito
según la medida lineal de frente de propiedad”.
Esta versión original de la norma fue objeto de
control constitucional, estableciéndose mediante sentencia de la Sala
Constitucional, número 10134-1999 del 23 de diciembre de 1999, la anulación de
la frase "de policía municipal", contenida en el párrafo
tercero supra mencionado. En consecuencia, el texto del artículo respecto del
párrafo tercero indicado, quedó establecido de la siguiente forma:
“ARTÍCULO
74.- (…) Se cobrarán tasas por los servicios, y mantenimiento de parques, zonas
verdes y sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en
consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para
mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un
diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según la
medida lineal de frente de propiedad. La municipalidad calculará
cada tasa en forma
anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La
municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que
norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar de cada tasa”.
Posteriormente, en el año 2010, el entonces numeral 74
es reformado por el numeral 58 inciso
a) de la Ley para la Gestión Integral
de Residuos, Ley número 8839 del 24 de junio de 2010,
estableciendo el siguiente texto:
“Artículo 74.
— Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se
fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de
utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta
días después de su publicación en La Gaceta.
Los usuarios
deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte,
valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos
ordinarios, mantenimiento de parques
y zonas verdes,
servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano
o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos
no demuestren interés en tales servicios.
En el caso
específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a
establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad
de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las
inversiones futuras necesarias para lograr una
gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones
establecidas en la Ley para la gestión integral
de residuos, más un diez por ciento
(10%) de utilidad
para su desarrollo. Se
faculta a las municipalidades para establecer sistemas de tarifas
diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el
fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen
adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley para la gestión integral de residuos
.
Además, se cobrarán tasas
por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes
y sus respectivos servicios. Los montos
se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la
municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se
incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal
suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según
el valor de la propiedad. La municipalidad calculará cada tasa en forma anual
y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad
queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué
forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.” (Lo resaltado no es del
original).
Como se aprecia, la Ley número 8839, agrega un párrafo
tercero que autoriza a las municipalidades a establecer un modelo tarifario que
mejor se ajuste a la realidad del cantón y a establecer tarifas diferenciadas,
respecto al servicio de gestión de residuos ordinarios. Asimismo, se modificó
el párrafo cuarto -antes párrafo tercero según la redacción original de la
norma-, agregando al inicio del párrafo la palabra “Además” y variando la forma
de cobro, pasando de un cobro proporcional según la “medida lineal de frente de
propiedad” a un parámetro de “valor de propiedad”. Hasta acá, como se aprecia,
el legislador varió en el párrafo indicado, el parámetro de cobro al usuario
respecto a los servicios mencionados en él, en los términos indicados.
Sin embargo, esta no fue la última reforma que tuvo el
numeral 74, actual 83, de comentario, como pasamos a señalar.
Al respecto, en el año 2018, mediante Ley número 9542
del 23 de abril del 2018, denominada "Ley de Fortalecimiento de la Policía
Municipal", se reformó, nuevamente, el artículo 74 de referencia, modificando el párrafo cuarto y
agregando un párrafo quinto, cuyo texto fue el siguiente:
“(…) ARTÍCULO 2- Se
modifican el inciso c) del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 49 y el
artículo 74 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998. Los
textos son los siguientes: (…)
Artículo 74-
[...]
Además, se cobrarán tasas por
servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios.
El cálculo anual deberá considerar el costo efectivo
invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha
área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez
por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la
propiedad. La municipalidad calculará cada tasa de forma anual y las cobrará en
tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada
para emanar el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá
para organizar y cobrar cada tasa.
La municipalidad podrá ejercer la
modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el cual podrá
organizar según los requerimientos del cantón. Para ello, debe procurarse el
uso de tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos
policiales, la mayor coordinación en la prevención, investigación y el combate
de la criminalidad. Serán de interés público los videos, las señales, los
audios y cualquiera otra información captada por los sistemas de vigilancia
electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las autoridades
competentes, para los efectos investigativos y probatorios pertinentes, en caso
de requerirse.” (Lo resaltado no es del original)
Como se aprecia, el párrafo cuarto del artículo de
estudio fue modificando respecto a la base imponible de la tasa, eliminado la
frase “Los montos se fijarán tomando en
consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para
mantener cada uno de los servicios urbanos” e introduciendo la frase “El
cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la
seguridad que desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita el
disfrute efectivo”.
La modificación introducida por el legislador, hace
posible interpretar de la literalidad del artículo, que la disposición se
refiere únicamente a los “servicios
y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios” puesto que refiere a la seguridad que se
desarrolle en esa área y que permita su disfrute, siendo que, para el cobro de
la tarifa dispone que éste sea proporcional entre los contribuyentes del
distrito según el valor de la propiedad.
Valga indicar que, con la introducción de esta
reforma, la numeración del
articulado del Código Municipal fue corrida, de suerte que el artículo 74 pasó
a ser el actual artículo 83, numeración que
se mantiene a la fecha.
Finalmente, mediante el artículo 13 de la Ley
Movilidad peatonal, Ley número 9976 del 9 de abril del 2021, se reformó el
artículo 83, introduciendo regulación en punto a los servicios de
mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras.
Así, el texto vigente de la norma de comentario, con
las reformas indicadas, dispone lo siguiente:
“Artículo 83- Por
los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que
se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de
utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta
días después de su publicación en La Gaceta.
Los usuarios deberán pagar
por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías
públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y
disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques
y zonas verdes, servicio de policía municipal, mantenimiento, rehabilitación y
construcción de aceras y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano
que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos
no demuestren interés en tales servicios.
En el caso
específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades
para que establezcan el modelo tarifario que mejor se ajuste a la
realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como
las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos
en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 8839, Ley
para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010, más un diez por
ciento (10%) de utilidad para su desarrollo. Se faculta a las municipalidades
para que establezcan sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos
de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias
separen, clasifiquen y entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para la Gestión
Integral de Residuos.
Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de
parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual
deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que
desarrolle la municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo.
Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su
desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad.
La municipalidad calculará
cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo
vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento
correspondiente, que norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar
cada tasa.
En el caso de los servicios
de mantenimiento, rehabilitación y construcción de las aceras, el
cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido; la municipalidad
cobrará tasas que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por
ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, tal suma se cobrará
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la
propiedad. Se cobrará un cincuenta por ciento (50%) de esta tasa en el
caso de inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas
físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base
establecidos en el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993. En el caso
de esta tasa, lo referente a construcción de aceras corresponderá al
financiamiento de construcción de aceras por parte de las municipalidades, en
los supuestos que establece el artículo 84 de esta ley.
De esta forma, la tasa
deberá contemplar el costo efectivo de la construcción de obra nueva de aceras
por efecto de la excepción de cobro del costo de las obras en el caso de
demostración de carencia de recursos económicos suficientes por parte del
propietario o poseedor, según lo dispuesto en el párrafo final del artículo 84
de esta ley. Además, deberá contemplar las necesidades de recursos por parte de
las municipalidades para realizar la construcción de aceras en el caso de
incumplimiento por parte de los munícipes y sin perjuicio del cobro
correspondiente al propietario del inmueble, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 84 de esta ley.
La municipalidad podrá
ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el cual
podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para ello, debe procurarse
el uso de tecnologías compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos
policiales, la mayor coordinación en la prevención, investigación y el combate
de la criminalidad. Serán de interés público los videos, las señales, los
audios y cualquier otra información captada por los sistemas de vigilancia
electrónica, por lo que deberán ser puestos a disposición de las autoridades
competentes, para los efectos investigativos y probatorios pertinentes, en caso
de requerirse.
La municipalidad dispondrá
como capital de trabajo, para la construcción de obras que faciliten la movilidad
peatonal, el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes de la Ley 7509,
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, el cual se irá
reduciendo de forma escalonada en un uno por ciento (1 %) anual hasta llegar a
un mínimo de un uno por ciento (1 %) de forma permanente; además, podrá
disponer de los fondos indicados en el inciso b) del artículo 5 de la Ley 8114,
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001 y Ley
9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015, e
incorporarlos dentro de la planificación anual y dentro del plan quinquenal.
(Corrida su numeración por
el artículo 1° de la ley N° 9542 "Ley de
Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018, que lo
traspasó del antiguo artículo 74 al 83)
(Así reformado por el
artículo 13 de la ley Movilidad peatonal, N° 9976 del
9 de abril del 2021)” (Lo resaltado no es del
original).
Como se desprende del anterior recuento, la norma de
comentario ha sido objeto de reforma en diversas oportunidades.
Si bien, la redacción y la técnica legislativa
empleada no ha sido la mejor y más clara, lo que genera dudas como la planteada
en esta consulta, lo cierto es que ha sido voluntad del legislador conceder a
las municipalidades la competencia para la fijación y cobro de las tasas y
precios por los servicios que preste.
Bajo ese entendido, se tiene que el hecho generador de
la tasa municipal se encuentra en la prestación efectiva
o potencial del servicio municipal que beneficie o afecte al sujeto pasivo. Corresponde a la municipalidad la determinación de
la tarifa, para lo cual, el legislador dispuso los parámetros que deben ser
considerados para su fijación, en concreto, el costo del servicio más un diez
por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlo (párrafo primero del artículo
83 de comentario).
Respecto al sujeto pasivo de la obligación, conforme
al párrafo segundo de la norma indicada, éste corresponde a los usuarios de los
servicios que se enlistan en ese párrafo, lista no taxativa, toda vez que la
misma norma extiende la obligación de pago a “cualquier otro servicio
municipal urbano o no que se establezca por ley”. Sobre el término “usuario” se remite al criterio
consignado en los dictámenes números C-189-2008 de 03 de
junio del 2008 y C-094-2015 del 22 de abril de 2015, entre otros.
Así las cosas, de la lectura de los
párrafos primero y segundo del numeral 83 de repetida cita, es posible afirmar
que el legislador concede a las municipalidades la competencia para la fijación
de las tarifas para el cobro de las tasas por servicios municipales, según los
parámetros ahí indicados, siendo la regla general, para la mayoría de los
servicios enlistados en el párrafo segundo referido, la fijación de la tarifa
en consideración de los parámetros de costo del servicio más diez por ciento de
utilidad.
Decimos que, esa “regla general”
aplicaría para la mayoría de los servicios, dado que, a partir del párrafo
tercero, el numeral 83 introduce consideraciones específicas para ciertos
servicios como pasamos a indicar.
En efecto, en el párrafo
tercero de la norma de comentario se autoriza a las municipalidades a que establezcan el modelo
tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, respecto al caso
específico de residuos ordinarios, que incluya los costos,
inversiones futuras y un 10% de utilidad para su desarrollo. Adicionalmente, se
autoriza a las municipalidades para que establezcan sistemas de tarifas
diferenciadas, recargos u otros mecanismos de incentivos y sanciones, con el
fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen
adecuadamente sus residuos ordinarios, conforme a las disposiciones de la Ley
No. 8839.
Valga indicar que, por
“residuos ordinarios”, el artículo 6 de la Ley No. 8839 define aquellos “residuos de carácter doméstico generados en viviendas
y en cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las
viviendas. Se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados
en esta ley y en su reglamento.”
En el cuarto párrafo, se indica que “además”
(palabra que muestra un supuesto distinto a las disposiciones anteriores de esa
norma) se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques,
zonas verdes y sus respectivos servicios. La determinación de esta tasa
será anual y debe considerar el costo efectivo invertido más el costo de
seguridad en dicha área, más un 10% de utilidad. En este caso concreto, la
norma establece expresamente que la tasa se “cobrará proporcionalmente entre
los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad”.
La redacción de este
párrafo de la norma, modificado en varias ocasiones según hemos referido, no
permite interpretar que lo dispuesto en él respecto al cobro, se pueda extender
a servicios diferentes a los indicados en ese apartado, es decir, el párrafo de
comentario hace un tratamiento separado del servicio de mantenimiento de
parques, zonas verdes y sus servicios, regulando la base imponible y la forma
de cobro únicamente para esos servicios.
En efecto, la reforma
incorporada al párrafo cuarto del numeral 83, mediante la "Ley de Fortalecimiento de la Policía
Municipal", hace posible
interpretar, de la literalidad del artículo, que la norma se refiere únicamente
a los “servicios y mantenimiento de
parques, zonas verdes y sus respectivos servicios” puesto que incorpora como elemento de la base
imponible el costo de la seguridad que se desarrolle en esa área y que permita
su disfrute. Y agrega, para esos servicios, que la recaudación de la tasa se
realizará mediante el cobro proporcional entre los contribuyentes del distrito
según el valor de la propiedad.
Por ello, contrario al
criterio externado por la Sra. Directora Ejecutiva del IFAM, no es posible
interpretar que la forma de cobro prevista en el párrafo cuarto del artículo 83
sea aplicable al servicio de limpieza de vías, es decir, que para ese servicio
se haya dispuesto un cobro proporcional, entre los contribuyentes del distrito,
según el valor de la propiedad, pues, conforme a la redacción vigente del
párrafo cuarto de la norma referida, esa forma de cobro está dispuesta, únicamente,
para los servicios de mantenimiento de parques y zonas verdes.
En ese sentido, no ésta de
más recordar que en materia tributaria rige el principio de legalidad
tributaria y de reserva de ley, por lo que los elementos del tributo -en este
caso la tasa- deben estar consignados en la norma, siendo que, no es posible
mediante una interpretación, dar un alcance mayor a la disposición legal, más
allá de lo en ella previsto. En consecuencia, atendiendo al texto vigente de la
norma, se estima que la forma de cobro dispuesta en el párrafo cuarto del
artículo 83 es aplicable a los servicios que menciona ese apartado, es decir,
mantenimiento de parques y zonas verdes.
Asimismo,
siguiendo el contenido del numeral 83 de comentario, en los párrafos sexto y
sétimo se dispuso una regulación concreta para los servicios de
mantenimiento, rehabilitación y construcción de las aceras, cuyo
cálculo se dispone también de forma anual y aplica los mismos parámetros para
determinar la tarifa, sea el costo efectivo más un diez por ciento de utilidad
para desarrollarlos. Además, en esta disposición se estableció, expresamente
por parte del legislador, que “se cobrará proporcionalmente entre los
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad”
De este modo, conforme a lo expuesto, puede afirmarse que el numeral
83 del Código Municipal establece, en sus dos primeros párrafos, los parámetros
generales bajo el cuales las municipalidades pueden establecer la tarifa de los
servicios municipales que presta, esto es, la fijación de la tarifa debe
realizarse en consideración de los parámetros de costo del servicio más diez
por ciento de utilidad. Sin embargo, tratándose de los servicios de disposición
de residuos ordinarios, mantenimiento de parques, zonas verdes y sus servicios,
así como el servicio de mantenimiento, rehabilitación y construcción de las aceras, el
legislador previó reglas específicas para la fijación de la tarifa y su cobro.
Ante este panorama y en lo que es
objeto de consulta, sea la forma de cobro de la tasa por limpieza o aseo de
vías, debemos remitirnos al párrafo
quinto del numeral 83 de comentario, en el cual se establece una
disposición que podríamos considerar como general para todas las tasas y que
indica que la “municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las
cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el
reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá para
organizar y cobrar cada tasa”.
De este modo, es posible
interpretar que la tarifa por limpieza o aseo de vías deberá ser fijada por
cada municipalidad, en ejercicio de sus competencias, siguiendo para ello los
parámetros generales establecidos en el numeral 83 de repetida referencia, sea
considerando el costo del servicio más un diez por ciento de utilidad para su
desarrollo, el cual deberá ser pagado por el usuario.
Respecto a la forma de organizar y
realizar el cobro de la tasa a los usuarios, deberá cada municipalidad
disponer, vía reglamento, la forma de cobro que empleará para trasladar al
usuario la tarifa de la tasa de comentario, estableciendo el parámetro que
estime pertinente, el cual debe ajustarse a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, ampliamente desarrollados en la jurisprudencia administrativa
y constitucional
En esa línea, sobre los
principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben permear la actividad
de la Administración, en el dictamen número PGR-C-334-2021 del 7 de
diciembre del 2021, se indicó lo siguiente:
“(…) Ahora
bien, como vimos, tal fijación –de esa tasa y la correspondiente a todos
los demás servicios urbanos- se hace al amparo de la autonomía tributaria que
ostentan las municipalidades, fijación que debe ajustarse a los principios de
justicia tributaria material.
Para
el ejercicio de tal potestad, debe recordarse que, como toda actuación
administrativa, debe respetar íntegramente los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, en tanto parámetros constitucionales que deben permear todas
las decisiones de la Administración Pública, máxime cuando -como ocurre en esta
materia- se afectará a los usuarios de sus servicios. La fijación de este tipo
de tarifas con apego a dichos principios es un aspecto que ya habíamos apuntado
en nuestro dictamen N° C-331-2011 fechado 22 de
diciembre del 2011.
Por la importancia que revisten al momento de
ejercer este tipo de potestades, conviene en primer término retomar
el alcance de estos principios, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional. Para ello, cobra suma importancia recurrir a la conocida
sentencia N° 2858-2000 de las 15:44 horas del 29 de
marzo del año 2000, que, por sus útiles y valiosas consideraciones, sigue
siendo utilizada al momento de analizar la aplicación de estos principios en
los diferentes casos. Así, se explica lo siguiente:
“VIII.- DEL PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional
ha sido clara y conteste en considerar que el principio de razonabilidad
constituye un parámetro de constitucionalidad. (…) Para realizar el juicio de
razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en primer término,
la llamada "razonabilidad técnica" dentro de
la que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Establecido que
la norma elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que
examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado.
Superado el criterio de "razonabilidad técnica" hay que
analizar la "razonabilidad jurídica". Para lo cual
esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad
ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre
cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige
una determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto
establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la
razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte
de que ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin
excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin :
en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines
previstos en la constitución. Dentro de este mismo análisis, no basta con
afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario,
además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe
soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar
buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos
personales, el medio escogido no es razonable. (…)
De allí que las leyes y, en
general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo
haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos
debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con
las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y
material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que
se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto
público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la
Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología
constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea
irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados
tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue
entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad
entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la
Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos
o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre
los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras
limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y
régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que
funcionen razonablemente en la vida de la sociedad."
Las
consideraciones expuestas en dicha sentencia brindan todos los elementos que
debe tomar en cuenta una decisión administrativa como la que aquí estamos
comentando, pues tal decisión -concerniente a fijar la tarifa de un servicio
municipal- debe encontrarse apegada a esos parámetros.
Tenemos,
en primer término, que la razonabilidad técnica impone que exista una adecuada
proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado.
Particular
relevancia adquiere la consideración de que la disposición que se adopte debe
estar razonablemente fundada y justificada conforme a la ideología
constitucional, de ahí que no puede ser irracional, arbitraria o caprichosa,
además de que los medios seleccionados deben mostrar una relación real y
sustancial con su objeto.
Igualmente,
resulta de suyo importante retomar la idea de que la
idoneidad exige que la fijación hecha debe ser apta para alcanzar
efectivamente el objetivo pretendido y la proporcionalidad en sentido
estricto se traduce en que, aparte del requisito de que la norma sea apta
y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con
respecto al objetivo pretendido.
Asimismo, es importante
tener en cuenta que la fijación de la tarifa necesariamente debe estar
apegada a los postulados que se derivan de una norma legal tan importante como
lo es el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública,
cuyo texto señala:
“Artículo
16.-
1. En ningún caso podrán
dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.
2. El Juez podrá controlar
la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales
del acto, como si ejerciera contralor de legalidad”
Al
respecto, ya la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente:
“V.- Como principio general de Derecho, contenido
en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en ningún
caso pueden dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la
tecnología, o a principios elementales de justicia, lógica o
conveniencia, conceptos que se resumen en la razonabilidad y
proporcionalidad de la norma como parámetros de constitucionalidad. Y
como la categoría económica de lo que son los "ingresos netos", desde
el punto de vista técnico, no acepta ninguna otra concepción o interpretación,
como no sea la de la totalidad de los ingresos o ingresos brutos, menos todos
los gastos y deducciones legítimas, o bien, como lo afirma la Procuraduría
General de la República en su escrito a folios 89 y siguientes, en el sentido
que los ingresos netos son "entendidos como el beneficio líquido que se
obtiene después de efectuar todos los gastos y liquidaciones", entonces
resulta que la norma se excede al definirlos únicamente en forma parcial, lo
que hace que el párrafo transcrito en el Considerando anterior, resulte
violatorio de los principios generales y constitucionales del Derecho Tributario
de la igualdad ante el tributo y ante la ley, de la generalidad, por resultar
afectadas las actividades singularmente y en su perjuicio, al no permitírseles
calcular los ingresos netos aplicando las reglas y los principios universales
del Derecho Financiero, adquiriendo el tributo el carácter de discriminatorio y
por último, el principio de proporcionalidad, puesto que por
la vía del texto que se analiza, se obliga a los sujetos activos del tributo, a
pagar más de los que les corresponde. En consecuencia, estima la Sala que el
párrafo bajo análisis del artículo 8 de la Ley 7088, resulta inconstitucional y
así procede declararse, con las consecuencias que se dirán en la parte
resolutiva de esta Sentencia, pero no así el resto del artículo, en el que no
encuentra la Sala reparo alguno de constitucionalidad.” (Sentencia de la Sala
Constitucional N° 2359-94 de las 15:03 horas del 17 de mayo de
1994)
En
efecto, ya hemos señalado en diversas oportunidades que los actos
administrativos dictados por las municipalidades en el ejercicio de sus
competencias, deben estar fundamentados en criterios técnicos (véanse
nuestros recientes dictámenes números C-196-2021 del 2 de julio del 2021 y
C-231-2021 del 12 de agosto del 2021).
Bajo ese
entendido, la discrecionalidad no puede extenderse sobre aspectos regulados ya
de por sí por la técnica y la ciencia, entendidas como un conjunto de
conocimientos exactos aplicables a determinados procesos o sistemas. Es decir,
no cabría invocar el ejercicio de potestades discrecionales para resolver en
forma contraria a lo que natural o legalmente determinan las reglas técnicas,
científicas, de lógica, de justicia e incluso de conveniencia.
Esa línea
de criterio ha sido acuerpada por los Tribunales, v.gr., mediante la
resolución N° 2167-2010 del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, que explicó:
“…las reglas unívocas de
la ciencia y la técnica, en tanto se constituyen, además, en un parámetro
delimitador de la Discrecionalidad administrativa, conforme al artículo 16
del citado cuerpo legal, en tanto obliga a la Administración a que su
actuación esté debidamente motivada en el conocimiento teórico adquirido de las
distintas metodologías y disciplinas de la ciencia y la técnica, cuando ello lo
amerite –como en el caso de la materia urbanística-, de manera
que la voluntad de las instituciones públicas no depende de su libre arbitrio
(o escogencia), sino de las valoraciones objetivas obtenidas conforme a las
reglas técnicas aplicables al caso. En este sentido, se destaca
la objetividad de los criterios técnicos, por cuanto “... si
una técnica es científica y, por lo tanto, por definición, cierta, objetiva,
universal, sujeta a reglas uniformes que no dependen de la apreciación personal
de un sujeto individual, es obvio que no pueda en este aspecto hablarse de
«completa discrecionalidad, sino que corresponde, por el contrario, hablar poco
menos que de ‘regulación’ (sujeción a normas, en el caso de la
técnica)»” (MARTÍN GONZÁLEZ, M., en su obra El grado de determinación legal de
los conceptos jurídicos. RAP, número 54, 1967, p.239), citado por DESDENTADO
DAROCA, Eva. Los problemas del control judicial de la discrecionalidad técnica.
(Un estudio crítico de la jurisprudencia. Editorial Civitas,
S. A. Madrid. España. 1997. p. 43.)…”
Nótese
entonces que la ciencia y la técnica –tanto como los principios de justicia,
lógica y conveniencia- imponen límites a la
discrecionalidad. Por ende, si bien la municipalidad tiene amplias potestades
para definir y diseñar el plan de gestión integral de desechos, debe
necesariamente cumplir esa función con estricto apego a estas reglas y
principios, lo que necesariamente deberá traducirse en que los costos que
determinen finalmente la fijación de tarifas, deben encontrarse apegados a esos
parámetros.
De esa
manera, si bien la Ley no dispone un sistema tarifario determinado para ser
aplicado por las municipalidades, sino que delega en cada gobierno local la
creación de dicho sistema según las necesidades del cantón, esa fijación
no puede ser antojadiza, desproporcionada, irrazonable o contraria a principios
de lógica, justicia o conveniencia.” (Lo resaltado no es del original).
Así las cosas, como
corolario de lo expuesto, tratándose del servicio de limpieza de vías, las
corporaciones municipales son competentes para fijar la tarifa conforme a los
parámetros dispuestos en el numeral 83 párrafo primero del Código Municipal. La
forma en que procederá para “organizar y cobrar” la tasa respectiva, deberá ser
dispuesta mediante reglamento que emita al efecto, según la autorización legal
contenida en el párrafo quinto del numeral 83 de repetida cita.
La forma que se disponga
para el cobro, lo que incluye el parámetro que determine la Municipalidad para
tal efecto, deberá sujetarse a los principios de razonabilidad técnica,
proporcionalidad y respetar los principios de justicia tributaria.
Finalmente, se aclara el
dictamen
número C-193-2016 de 16 de setiembre del 2016, en el sentido de que,
ciertamente, la municipalidad ostenta potestad para establecer el mecanismo de
cobro de la tasa por servicio de limpieza de vías, pero en los términos
expuestos en este dictamen, sea con base en los párrafos primero, segundo y
quinto del numeral 83, no siendo de aplicación el mecanismo previsto en el
párrafo tercero de esa misma norma que está concebido, específicamente, para la
gestión de residuos ordinarios.
IV.
CONCLUSIONES
De
conformidad con las consideraciones jurídicas realizadas, se arriba a las
siguientes conclusiones:
1.
Conforme
al numeral 83, párrafo primero, del Código Municipal las municipalidades pueden
acordar la aprobación de tasas por la prestación de los servicios urbanos y no
urbanos que preste dentro de su circunscripción territorial.
2.
Respecto a los elementos del tributo de comentario,
debe mencionarse que el hecho generador de la tasa por servicios municipales
está íntimamente relacionado con la prestación efectiva o potencial del
servicio público al contribuyente. Su base imponible debe considerar el costo
efectivo del servicio más un diez por ciento de utilidad para desarrollar el
servicio prestado por la corporación municipal. El usuario,
sujeto pasivo de la obligación, se encuentra compelido al pago en el tanto se
presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.
3.
Le
corresponde a la Corporación Municipal la determinación de la tarifa para cada
servicio municipal, para lo cual, el legislador dispuso los parámetros que
deben ser considerados para su fijación, en concreto, el costo del servicio más
un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos (párrafo primero del
artículo 83 de comentario), siendo esa, la regla general tratándose de la fijación
de las tarifas por tasas municipales.
4.
Pero, además, el numeral 83 contempla regulaciones
específicas para algunos servicios, como es el caso del manejo de residuos
ordinarios, los servicios por el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus
respectivos servicios y los servicios de mantenimiento, rehabilitación y
construcción de las aceras.
5.
En el caso del servicio de manejo de residuos ordinarios,
el párrafo tercero del numeral 83 del Código de rito autoriza a las
municipalidades a que establezcan el modelo tarifario que mejor se ajuste
a la realidad de su cantón y que establezcan sistemas de tarifas diferenciadas,
ello, conforme a las disposiciones de la Ley No. 8839.
6.
En el caso de los servicios por el mantenimiento de parques, zonas
verdes y sus respectivos servicios, la forma de cálculo, contenida en el
párrafo cuarto del numeral 83, debe considerar el costo efectivo invertido más
el costo de seguridad en dicha área, más un 10% de utilidad. En este caso
concreto, la norma establece expresamente que la tasa se “cobrará
proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la
propiedad”, forma de cobro que es aplicable a los servicios contenidos en
el párrafo mencionado y que no es posible aplicar a otros servicios mediante
una interpretación extensiva de la norma.
7.
Respecto a los servicios de mantenimiento, rehabilitación y construcción
de las aceras, los párrafos sexto y sétimo del numeral 83 referido, dispuso una
regulación concreta que aplica los mismos parámetros indicados, sea el costo
efectivo más un diez por ciento de utilidad para desarrollarlos, tarifa que “se
cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor
de la propiedad” por disposición expresa del legislador respecto a ese
servicio en concreto.
8.
Propiamente sobre la forma de cobro de la tasa por servicio de limpieza o
aseo de vías, se estima aplicable la disposición contenida en el párrafo quinto
del numeral 83, en cuanto dispone que la “municipalidad
calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre
saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento
correspondiente, que norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar
cada tasa”. De suerte que, corresponde a la Corporación
municipal fijar la tarifa y determinar la forma que utilizará para realizar el
cobro al usuario.
9.
Conforme a lo expuesto, las Municipalidades, en ejercicio de sus
competencias, están autorizadas para dictar el reglamento que regule la forma
de “organizar y cobrar” la tasa de interés, lo que incluye la
determinación del parámetro que la Municipalidad considere procedente para tal
efecto, lo que deberá sujetarse a los principios de razonabilidad técnica,
proporcionalidad y respetar los principios de justicia tributaria.
10.
Se aclara el dictamen número C-193-2016 de 16 de setiembre
del 2016, en el sentido de que, ciertamente, la municipalidad ostenta potestad
para establecer el mecanismo de cobro de la tasa por servicio de limpieza o
aseo de vías, pero en los términos expuestos en este dictamen, sea con base en
los párrafos primero, segundo y quinto del numeral 83 del Código Municipal, no
siendo de aplicación el mecanismo previsto en el párrafo tercero de esa misma
norma que está concebido, específicamente, para residuos ordinarios.
Atentamente,
Sandra Sánchez Hernández
Procuradora
SSH/hsc
C: Sr. Gilberto Monge Pizarro, Director Ejecutivo, FEMETRON.
PGR-C-236-2024
ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL. SERVICIOS MUNICIPALES. TASA. ELEMENTOS DEL TRIBUTO. COMPETENCIA MUNICIPAL
EN LA DETERMINACIÓN DE LA TARIFA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS. PARÁMETRO PARA
REALIZAR EL COBRO DE LA TARIFA DEBE SER DISPUESTO POR LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE
REGLAMENTO. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
Mediante oficio número DE-0067-2024
de 11 de marzo de 2024, la Sra. Maricela Hernández Ruíz, Directora Ejecutiva a.i. del Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) nos
informa del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de ese Instituto, mediante
el cual solicita criterio a este Órgano Asesor sobre la siguiente interrogante:
“¿Cuál es la forma legal de calcular la
tarifa de la tasa del servicio de limpieza de vías?”
Se adjuntó a esta gestión el criterio legal emitido por la Asesoría Jurídica del IFAM, mediante oficio PE-AJ-0018-2024 de 30 de enero de 2024.
Además, mediante oficio número F-2578-04-2024 de 29 de abril de 2024, la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (FEMETROM) remitió su opinión sobre el tema consultado.
Esta
Procuraduría, mediante dictamen número PGR-C-236-2024 de 21 de octubre de 2024, suscrito por la Procuradora
Sandra Sánchez Hernández, realizó el análisis respectivo, arribando a las
siguientes conclusiones:
“De
conformidad con las consideraciones jurídicas realizadas, se arriba a las
siguientes conclusiones:
1. Conforme al numeral 83, párrafo primero,
del Código Municipal las municipalidades pueden acordar la aprobación de tasas
por la prestación de los servicios urbanos y no urbanos que preste dentro de su
circunscripción territorial.
2. Respecto a los
elementos del tributo de comentario, debe mencionarse que el hecho generador de
la tasa por servicios municipales está íntimamente relacionado con la prestación
efectiva o potencial del servicio público al contribuyente. Su base imponible
debe considerar el costo efectivo del servicio más un diez por ciento de
utilidad para desarrollar el servicio prestado por la corporación municipal. El
usuario, sujeto pasivo de la obligación, se encuentra compelido al pago en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.
3. Le corresponde a la Corporación Municipal
la determinación de la tarifa para cada servicio municipal, para lo cual, el
legislador dispuso los parámetros que deben ser considerados para su fijación,
en concreto, el costo del servicio más un diez por ciento (10%) de utilidad
para desarrollarlos (párrafo primero del artículo 83 de comentario), siendo esa, la regla
general tratándose de la fijación de las tarifas por tasas municipales.
4.
Pero, además, el numeral 83 contempla regulaciones
específicas para algunos servicios, como es el caso del manejo de residuos
ordinarios, los servicios por el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus
respectivos servicios y los servicios de mantenimiento, rehabilitación y
construcción de las aceras.
5.
En el caso del servicio de manejo de residuos ordinarios,
el párrafo tercero del numeral 83 del Código de rito autoriza a las
municipalidades a que establezcan el modelo tarifario que mejor se ajuste
a la realidad de su cantón y que establezcan sistemas de tarifas diferenciadas,
ello, conforme a las disposiciones de la Ley No. 8839.
6. En el caso de los servicios
por el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios, la
forma de cálculo, contenida en el párrafo cuarto del numeral 83, debe
considerar el costo efectivo invertido más el costo de seguridad en dicha área,
más un 10% de utilidad. En este caso concreto, la norma establece expresamente
que la tasa se “cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del
distrito, según el valor de la propiedad”, forma de cobro que es aplicable a
los servicios contenidos en el párrafo mencionado y que no es posible aplicar a
otros servicios mediante una interpretación extensiva de la norma.
7. Respecto a los servicios de
mantenimiento, rehabilitación y construcción de las aceras, los párrafos sexto
y sétimo del numeral 83 referido, dispuso una regulación concreta que aplica
los mismos parámetros indicados, sea el costo efectivo más un diez por ciento
de utilidad para desarrollarlos, tarifa que “se cobrará proporcionalmente entre
los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad” por
disposición expresa del legislador respecto a ese servicio en concreto.
8. Propiamente sobre la forma de
cobro de la tasa por servicio de limpieza o aseo de vías, se estima aplicable
la disposición contenida en el párrafo quinto del numeral 83, en cuanto dispone
que la “municipalidad calculará cada tasa en forma
anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La
municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que
norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa”. De suerte
que, corresponde a la Corporación municipal fijar la tarifa y determinar la
forma que utilizará para realizar el cobro al usuario.
9.
Conforme a lo expuesto, las Municipalidades, en ejercicio de sus
competencias, están autorizadas para dictar el reglamento que regule la forma
de “organizar y cobrar” la tasa de interés, lo que incluye la determinación del
parámetro que la Municipalidad considere procedente para tal efecto, lo que
deberá sujetarse a los principios de razonabilidad técnica, proporcionalidad y
respetar los principios de justicia tributaria.
10.
Se aclara el dictamen número C-193-2016 de 16
de setiembre del 2016, en el sentido de que, ciertamente, la municipalidad ostenta
potestad para establecer el mecanismo de cobro de la tasa por servicio de
limpieza o aseo de vías, pero en los términos expuestos en este dictamen, sea
con base en los párrafos primero, segundo y quinto del numeral 83 del Código
Municipal, no siendo de aplicación el mecanismo previsto en el párrafo tercero
de esa misma norma que está concebido, específicamente, para residuos
ordinarios.”