Dictamen : 190 - del 04/09/2024
4 de setiembre de 2024
PGR-C-190-2024
Señora
Kattya Montero Arce
Secretaria
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto
Estimada
señora:
Con la aprobación del Procurador
General de la República, doy respuesta a su oficio no. SM-519-08-2024 de 19 de agosto
de 2024, mediante el cual se nos comunica que el Concejo, en sesión no.
19-2024, celebrada el 13 de agosto de 2024 acordó “elevar a la Procuraduría
General de la República el oficio CLE-007-2024, acuerdo y consulta de la
Presidenta Municipal.”
Se adjunta el oficio no.
CM-02-08-2024 en el cual, la presidenta del Concejo indica que conoce el
acuerdo del Concejo, tomado en la sesión no. 19-2024 de 13 de agosto, en la que
se conoció “ la situación de la liquidación económica de sumas de dinero a cancelar
al Intendente y Viceintendenta municipal por el no
goce de sus vacaciones, especialmente por periodos anteriores, cuando las
vacaciones en principio resultan ser incompensables, esto en el caso de
intendente municipal, por los periodos del 2016-2020 y 2020-2024, mientras que
en el caso de la Viceintendenta Municipal, pago por
las vacaciones que los años comprendidos en el periodo 2020-2024.”
Por esa razón, plantea la
siguiente consulta: “¿Se le deben de cancelar todas las vacaciones no
disfrutadas por parte de los funcionarios públicos de elección popular en
nuestro caso, Intendencia y Vice Intendencia? esto con la vigencia de la nueva
ley marco de empleo público Nº 10159.”
Y, finalmente, señala que
“De esta manera, se deja expuesta la solicitud de evacuar las consultas antes
planteadas, esto a la luz de lo que se ha planteado de forma amplia en el
criterio legal adjunto, mediante oficio CLE-007-2024, criterio que se adjunta
para que, de su lectura, sirva para ahondar en las consideraciones analizadas, para
que este órgano consultor nos brinde la claridad necesaria para proceder a la
aprobación del citado reglamento.”
Conforme con nuestra Ley
Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría es el órgano
consultivo, técnico-jurídico de la Administración Pública, y en múltiples
ocasiones, hemos analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso
b) y 4° y 5° de esa Ley en el desempeño de la función consultiva.
En virtud de ese
análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las
consultas: a) Que el objeto de la consulta sea planteado de forma clara
y precisa y verse sobre temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es
posible incluir cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que
deban ser resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos
o decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios
legales, asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo
conocimiento sea competencia de otro órgano ni asuntos de interés particular o
personal del funcionario que plantea la consulta. b) Que se acompañe el
criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas
cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca
administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos nos.
C-158-2008 de 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013,
C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019
de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4
de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 de 24 de mayo de 2023, entre muchos otros).
Sobre el primer requisito expuesto, hemos indicado que la consulta que se dirige a la Procuraduría
debe plantearse en términos generales y abstractos, sin referirse a un caso
concreto ni a una decisión administrativa ya adoptada. Considerando que
nuestros dictámenes son vinculantes, rendir un criterio sobre ese tipo de
consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la función propia de la
Administración activa de tomar decisiones concretas sobre asuntos específicos y
situaciones concretas, y, por tanto, estaríamos desconociendo nuestra función
meramente consultiva e invadiendo competencias que no nos corresponden. (Al
respecto, véanse los pronunciamientos nos. C-194-1994 de 15 de diciembre de
1994, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006,
C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016,
C-143-2017 de 23 de junio de 2017, OJ-155-2018 de 23 de noviembre de 2018,
C-023-2019 de 29 de enero de 2019, entre muchos otros).
Luego, en virtud del tercer
requisito expuesto, el Concejo Municipal de Distrito es el órgano legitimado
para requerir nuestro criterio, y, en el acuerdo que se nos comunica no se
plantea una duda jurídica puntual sobre la cual se requiere nuestro criterio.
Aunque en ese acuerdo se hace
referencia a la consulta de la presidenta del Concejo, lo cierto es que el
oficio que ésta suscribe, plantea la consulta haciendo referencia al caso
concreto del intendente,
por los periodos del 2016-2020 y 2020-2024, y al de la viceintendente,
por el periodo 2020-2024. Y, además, se refiere a la aprobación de un
reglamento.
Al respecto, tómese en cuenta que,
la Procuraduría, al ser un órgano asesor, meramente consultivo, únicamente puede atender consultas que versen sobre
temas jurídicos en genérico, sin que se cuestionen casos específicos, pues
pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la
toma de decisiones y ejercer una función de control de legalidad que no nos
corresponde, desconociendo así nuestra competencia consultiva. (véanse los
pronunciamientos nos. OJ-005-1998 de 27 de enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de
marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero
de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-085-2016 de 25 de abril de
2016, C-038-2018 de 23 de febrero de 2018, C-037-2019 de 14 de febrero de 2019,
entre muchos otros).
De tal forma, dado que lo que se
pretende es que la Procuraduría rinda un criterio sobre dos casos concretos, no
es posible atender la gestión planteada. Las consultas deben versar sobre un
cuestionamiento jurídico abstracto y general, sin someter a nuestro conocimiento
una situación específica.
Por todo lo anterior, se declara
inadmisible la consulta planteada.
De usted, atentamente,
Elizabeth León Rodríguez
Procuradora
ELR/ysb
Cód. 8198-2024
PGR-C-190-2024.
INADMISIBILIDAD DE LA
CONSULTA. NO SE PLANTEA PREGUNTA CLARA. CASO CONCRETO.
La señora Kattya
Montero Arce, secretaria del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, mediante
oficio no. SM-519-08-2024 de 19 de agosto de 2024, nos comunica que el Concejo, en sesión no. 19-2024,
celebrada el 13 de agosto de 2024 acordó “elevar a la Procuraduría General de
la República el oficio CLE-007-2024”, y se plantea la siguiente consulta:
“¿Se le deben de cancelar todas las vacaciones no
disfrutadas por parte de los funcionarios públicos de elección popular en
nuestro caso, Intendencia y Vice Intendencia? esto con la vigencia de la nueva
ley marco de empleo público Nº 10159.”
La Procuraduría, en Dictamen
PGR-C-190-2024 de 4 de setiembre de 2024, declaró inadmisible la consulta,
porque:
El Concejo Municipal de Distrito es el órgano legitimado para requerir
nuestro criterio, y, en el acuerdo que se nos comunica no se plantea una duda
jurídica puntual sobre la cual se requiere nuestro criterio.
Además, se pretende que la Procuraduría rinda un criterio sobre dos casos
concretos.