Dictamen : 196 - del 05/09/2024
05 de
setiembre de 2024
PGR-C-196-2024
Señora
Superintendente
General
Superintendencia
General de Entidades Financieras
Señora
Hazel Valverde Richmond
Gerente
Banco Central de Costa Rica
Estimadas señoras:
Con
la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al
oficio n.° GER-0038-2023/SGF-0361-2023, del 13 de febrero de 2023, que
suscriben de forma conjunta, en cuya virtud se le plantean a la Procuraduría
General de la República una serie de preguntas relacionadas con los Proveedores
de Servicios de Pago (PSP) afiliados al Sistema Nacional de Pagos Electrónicos
(SINPE) y las competencias legales en la materia del Banco Central de Costa
Rica (en lo sucesivo, BCCR o el Banco Central) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (en adelante, SUGEF o
la Superintendencia).
Concretamente,
se formulan las siguientes interrogantes:
“- ¿Cuál es el alcance de actuación lícita de los proveedores de
servicios de pago, de frente a las actividades que las leyes reservan a cierto
tipo de entidades financieras supervisadas (bancos comerciales, cooperativas de
ahorro y crédito, mutuales)?
- ¿Podría considerarse que la operación actual de los proveedores de
servicios de pago invade actividades comerciales reservadas por ley a entidades
financieras supervisadas?
- ¿Pueden los proveedores de servicios de pago utilizar cuentas de fondos
o cuentas de expediente simplificado (CES) para la realización de sus
actividades?
- ¿Es deber del Banco Central ejercer la debida diligencia (Ley 7786) a
las empresas del artículo 15 y 15 bis a las que ha autorizado cuentas de fondos
en el SINPE, para operar como proveedor de servicios de pago, dado que, al no
pasar esos fondos por el sistema financiero, quedan fuera de toda supervisión
en esa materia?
- Puede el Banco Central ampliar el espectro para realizar operaciones en
el Sistema de Pagos a otro tipo de empresas no supervisadas por ninguna
superintendencia?
- ¿Cuál es el alcance de las competencias de la Sugef con respecto a la
captación de recursos del público con fines de administración y no de
intermediación financiera? ¿Hasta qué punto pueden ser limitadas las
actividades de los proveedores de pago por parte de la Sugef y el Conassif?
- ¿Es la captación de recursos de terceros con fines de administración
para la realización pagos, una actividad limitada únicamente para las entidades
que están sujetas a la supervisión financiera de la Sugef en atención a la Ley
Orgánica del Banco Central?
- ¿Se limitan las competencias de Sugef, para todas aquellas entidades
que no captan fondos con fines de intermediación sino con fines de
administración o de proveer servicios de pago, a la materia de prevención de la
legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en
riesgos? ¿Qué alcance tiene esta competencia?
- ¿Puede la Sugef, para fines de artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786
imponer requisitos para acceder al Sinpe?
- ¿Puede la Sugef, para fines de artículo 15 y 15
bis de la Ley 7786, exigirle al Banco Central que supervise en las cuentas del
Sinpe la materia de prevención de la legitimación de capitales, el
financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva?”.
I.
ANTECEDENTES
Para un mejor abordaje de los temas que se someten a nuestra
consideración, de forma que se facilite la comprensión de lo que se expondrá,
habida cuenta de la complejidad y novedad que revisten, es oportuno hacer a
continuación una breve reseña a modo de antecedentes, de ciertas variables a
tomar en cuenta que contribuyan a contextualizar en sus justos términos las
inquietudes anteriores.
A.
LAS DISCREPANCIAS DE CRITERIO ENTRE EL BCCR
Y LA SUGEF EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO REGULATORIO A LOS PSP VINCULADOS AL
SINPE
En
el aludido oficio n.°GER-0038-2023/SGF-0361-2023 se deja constancia de una
discrepancia de criterio por el fondo, entre el Banco Central y la
Superintendencia, que se busca dilucidar con las preguntas recién transcritas,
sobre cómo debería abordarse jurídicamente el fenómeno de las PSP de base
tecnológica –que forman parte del sector denominado Fintech, cuestión que se
analizará más adelante– desde la perspectiva de las competencias que el
ordenamiento jurídico le confiere a cada una de las instituciones consultantes,
con la particularidad adicional, que una es un órgano de desconcentración
máxima de la otra. Lo anterior a partir, según se explica en el mismo oficio,
de modificaciones recientes efectuadas al Reglamento del Sistema de Pagos
–emitido por la Junta Directiva del Banco Central conforme al artículo 6-I del
acta de la sesión n.°5702-2015 del 30 de setiembre del 2015 y reformado
integralmente por el artículo 9 de la sesión n.°6016-2021 del 4 de agosto del
2021– que ha hecho posible para los PSP, que no son entidades financieras
supervisadas por superintendencia alguna, el utilizar la plataforma tecnológica
provista por el SINPE, para operar mediante lo que dicho reglamento denomina “cuentas
de fondos” e incluso, permite la asignación de un número internacional de
cuenta bancaria (IBAN, por sus siglas en inglés[1]).
Para
la SUGEF, esta circunstancia ha permitido a esas empresas brindar servicios
reservados por ley a entidades financieras supervisadas, como recibir dinero en
depósito en cuenta de ahorro o cuentas corrientes, bajo el argumento de que se
está en presencia de administración de fondos de terceros, con lo que no se
infringiría el ordenamiento jurídico. Empero, a su parecer, los PSP no se
limitan a usar la plataforma del SINPE como medio de pago de sus clientes (por
ejemplo, para realizar una remesa), sino que reciben los recursos por períodos
ilimitados de forma similar a las figuras contractuales de la cuenta corriente
o cuenta de ahorros a la vista bajo el mecanismo de aportes y débitos, “manteniendo
los fondos y las cuentas de los clientes, fuera del ámbito de regulación para
que sea el mismo cliente, quien
“administre” sus recursos, realice transferencias, pagos, etc., cuando
lo desee o, bien que reciba fondos de cualquier otra cuenta que tenga la
denominación de IBAN, sea esta cuenta nacional o extranjera”.
Mientras
que el Banco Central considera la actividad de los PSP como captación de
recursos de terceros para su administración y para la realización de pagos
electrónicos, pero no como captación de recursos con fines de intermediación
financiera; razón por la cual no requieren autorización de la SUGEF para operar
y solo quedan sujetos a su supervisión en materia de prevención de legitimación
de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de
destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos, conforme a los artículos
15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo (n.°7786 del 30 de
abril de 1998) y el artículo 6 de la Reglamentación a los artículos 15 bis
y 15 ter de dicha ley (Decreto Ejecutivo n.°41016-MP-MH-MSP-MJP del 10
de abril de 2018).
La
Superintendencia afirma tener claro que, de hallarse en presencia de
intermediación financiera, lo procedente sería interponer la denuncia ante el
Ministerio Público; de ahí que su cuestionamiento vaya dirigido a “la
realidad económica” de esa captación de recursos para administración o para
proveer servicios de pagos que estima es la misma que llevan a cabo los bancos
y demás entidades financieras autorizadas por ella, de acuerdo con las competencias que le fueron
asignadas por los artículos 116 y 156 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (n.°7558 del 3 de noviembre de 1995) – en adelante,
LOBCCR o Ley n.°7558– bajo un esquema de supervisión técnica y prudencial muy
intenso.
Por
su parte, el BCCR considera que el ámbito de supervisión al que se refiere las
normas indicadas y limita la acción de la Superintendencia, está circunscrito a
aquella captación de recursos financieros del público cuya finalidad es la
intermediación financiera “y esa limitación genera seguridad jurídica”.
La
SUGEF añade que los clientes que utilizan estas cuentas al amparo de una
plataforma provista por el Banco Central y bajo la exclusiva supervisión de ese
órgano en materia de prevención de
legitimación de capitales, asumen todos
los riesgos (financieros, liquidez, solvencia, protección del consumidor
financiero, incluyendo protección de datos), pues las empresas que les prestan
los servicios carecen de licencias o autorizaciones especiales para proteger el
ahorro de esos clientes y para evitar riesgos propios del sistema financiero
nacional; motivando una serie de advertencias y requerimientos de la Superintendencia al BCCR, con el fin de
coordinar la regularización de actividades que, a su entender, exceden el
ámbito de acción de la simple provisión de pagos y también el control idóneo
que impida a los PSP realizar operaciones al margen del ordenamiento jurídico
aplicable, si bien reconoce que la provisión de servicios de pago aún no es
objeto de regulación mediante un marco legal especial en nuestro país.
El
Banco Central rebate que es el único competente para emitir la regulación de
todo lo referente al sistema nacional de pagos y, en especial, del SINPE, según
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley n.°7558, por lo que la SUGEF no puede
imponer regulaciones que implícitamente limiten el acceso y uso de dicha
plataforma. Y si bien este último órgano no pone en duda esa competencia del
BCCR, sí afirma tener la obligación legal de velar por que en el territorio
nacional no operen personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de
intermediación financiera, intermediación cambiaria y captación de recursos;
con lo que le surge la inquietud de las personas jurídicas que usando el
SINPE, están realizando operaciones en “cuentas
de fondos” reservadas para ser prestadas por los bancos y por otro tipo de
intermediario financiero, quienes pueden realizar esas operaciones dado que
cuentan con la supervisión, fiscalización y control de la Superintendencia,
deben cumplir con toda la normativa prudencial, suministro de información,
requerimientos mínimos de capital, manejo de riesgos y demás requerimientos
impuestos a todo intermediario financiero, pero que en el caso de los PSP, “se
carece de todo tipo de control, poniendo incluso en riesgo los recursos de
todos aquellos clientes de esas empresas”.
Una
vez expuestas las posiciones discrepantes de las instituciones consultantes,
conviene aclarar desde ahora que, tanto estas posturas, como las que se
reseñarán en las páginas siguientes para su debida valoración en este
pronunciamiento, lo son sin perjuicio de su tenor literal.
B.
LOS DICTÁMENES JURÍDICOS INSTITUCIONALES
En
atención a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República (n.°6815 del 27 de setiembre de 1982), tanto la SUGEF,
como el BCCR aportan sendas opiniones legales que sirven de fundamento a sus
respectivas posiciones, si bien, ninguna de las dos procede a responder de
forma individualizada las preguntas planteadas al inicio.
1.
OFICIO N.°SGF-DAJ-0010-2023 DEL 31 DE ENERO
DE 2023 DE LA DIVISIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SUGEF
El
criterio inicia con una revisión de la normativa pertinente, citando en primer
lugar, la Ley n.°7786, cuyo alcance es regular y sancionar cierto tipo de
actividades de índole financiera, con el fin de evitar la legitimación de
capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades
terroristas, en los términos de los artículos 14, 15 y 15 bis; de forma
que el legislador consideró que las personas físicas o jurídicas que llevan a
cabo tales actividades deben inscribirse ante la SUGEF “para ser
supervisadas exclusivamente en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo”. Luego hace referencia a la reforma que el Decreto Ejecutivo
n.°39000-MP-SP-JP-H-S del 22 de abril de 2015 hizo al Reglamento general
sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada (Decreto
Ejecutivo n.°36948-MP-SP-JP-H-S del 8 de diciembre de 2011), fruto de una labor
de coordinación del Banco Central con el Instituto Costarricense sobre Drogas
(ICD), mediante la adición de un artículo 16 bis, en que se establecen
las Cuentas de Expediente Simplificado (CES) y se crea un padrón de cuentas,
para simplificar la documentación solicitada con la apertura de cuentas de
entidades financieras supervisadas por la SUGEF, con el fin de lograr una mayor
inclusión financiera, pues se simplifica la diligencia debida que debe
realizarse previamente a su apertura para aquellas personas físicas que tengan
un perfil de riesgo bajo. El artículo 16 bis también faculta al BCCR a
reglamentar y definir en su normativa interna la estructura, características y
demás condiciones de apertura y funcionamiento de las CES y llevar el padrón de
estas cuentas. Para el criterio reseñado, las entidades financieras a las que
alude dicho precepto deben operar dentro del ámbito de actividades permitido
por el ordenamiento jurídico, sin que una norma reglamentaria pueda habilitar o
autorizar a una determinada empresa, financiera o no financiera, a desarrollar
actividades que requieren una autorización legal y administrativa de la cual
carece o que escapan del ámbito dentro del cual puede lícitamente actuar en sus
actividades mercantiles o civiles. Después hace referencia al Reglamento del Sistema de Pagos (n.°5702-2015), cuyo
Libro XXXVI –aprobado por la Junta Directiva del Banco Central en la sesión
5825-2018, artículo 6, del 2 de mayo de 2018– regula lo relativo al Padrón
Único de Cuentas (PUC), consistente en el registro centralizado de la totalidad
de cuentas de fondos abiertas a sus clientes por parte de los afiliados al
SINPE y en su capítulo IV las CES, que define como las cuentas de fondos que
pueden abrirse a las personas físicas mediante un trámite simplificado
(artículo 476). Refiere que, según el artículo 477 del mismo reglamento, la
emisión de cuentas de este tipo corresponde únicamente a las entidades
financieras supervisadas (bancos, mutuales, entidades financieras no
bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones solidaristas, entre
otras), conforme al artículo 14 de la Ley n.°7786, es decir, entidades
financieras que son supervisadas por alguna de las superintendencias adscritas
al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Con mención adicional a los artículos 478 y
479 del mismo reglamento, señala que la creación de las CES con el decreto n.°39000-MP-SP-JP-H-S no constituyó
una modificación innovadora o modificadora de los tipos contractuales e
instrumentos negociales que las entidades financieras tradicionalmente utilizan
en su giro comercial, tan solo que la apertura de cuentas tradicionales sería,
en adelante, más sencillo, pues les permite abrir cuentas con menor cantidad de
requisitos, que según su régimen jurídico pueden mantener fondos a la vista,
exigiendo una cantidad menor de documentos y requisitos al cliente titular de
la cuenta.
Luego se refiere al tratamiento que el Reglamento del
Sistema de Pagos da a la “cuenta de fondos”, cuyo común denominador refiere a cualquier cuenta en la cual los fondos
(recursos pecuniarios) se mantienen a la vista y operan bajo un sistema de
débitos y créditos; resaltando que solamente ciertas entidades autorizadas por
ley pueden lícitamente mantener fondos a la vista en una cuenta. Otras
observaciones que hace a la aludida regulación es que menciona a las cuentas
virtuales y cuentas electrónicas, pero no las define, ni precisa;
que se indica que las cuentas de fondos son administradas por los afiliados
al SINPE, definidos en el artículo 3 (asociados), al igual que los conceptos de
organizadores de mercados (artículo 5) y PSP (artículo 6). Refiere,
respecto a esta última figura, que la norma los obliga a inscribirse ante la
SUGEF a efectos de cumplir con los artículos 15 y 15 bis de la Ley
n.°7786 y que el artículo 25 del Reglamento del Sistema de Pagos permite
asignar el identificador IBAN –emitido por la Society for World Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) para facilitar, según explica, la
automatización del procesamiento de transacciones de pagos transfronterizos– a
productos o servicios financieros, “pero también a servicios que puedan
ser provistos por asociados o proveedores de pagos en los términos permitidos
por las cuentas de fondos reguladas por este reglamento, lo cual incluye
tanto servicios o productos bancarios, y en general, aquellos que pueden
brindar entidades financieras supervisadas, como otros que no son provistos por
estas entidades, sino por empresas comerciales no sujetas a una regulación
especial, y que además sus actividades no están sujetas a una autorización
previa, ni a regulación, ni a supervisión financiera ni a ningún tipo de
encaje, reserva, requerimiento de capital, rendición de cuentas ni suministro
de información financiera, por ningún órgano estatal”. Adicionalmente,
menciona otros aspectos del Reglamento del Sistema de Pagos relacionados con el
SINPE, como el Servicio de Cuentas de fondos (artículo 60), la Prestación de
servicios (artículo 8), cumplimiento del marco regulatorio (artículo 10),
comunicación por el BCCR de incumplimientos de un afiliado al respectivo
organismo supervisor para que realice la investigación pertinente (artículo 47)
y la responsabilidad del Banco Central en la vigilancia de los sistemas de pago
de importancia sistémica que operen en el país (artículo 56).
A
partir del recuento normativo anterior, la División de Asesoría Jurídica
sostiene que las modificaciones efectuadas al Reglamento general sobre
legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada y al
Reglamento del Sistema de Pagos, “posibilitó que empresas dedicas
(sic) a la actividad remesera y de servicios de pagos, vincularan sus
servicios a la plataforma tecnológica del SINPE” y si bien, considera
que ello no roza con el ordenamiento jurídico, la ausencia de normas idóneas, a
su entender, da lugar para que realicen actividades que la ley reserva
exclusivamente a entidades financieras supervisadas por alguna de las
Superintendencias, situación de la cual emergen una serie de riesgos legales,
económicos, operativos y reputacionales (entre otros) no solo para dichas
empresas, sino también para el mismo Banco Central y los órganos de supervisión
financiera, aparte de que la omisión en esa labor de control y fiscalización
podría generar, en su opinión, responsabilidad administrativa en caso de
materializarse los riesgos enunciados, con daño o perjuicio para los intereses
o derechos de particulares o bien al interés público. Y en ese sentido advierte
de que “han sido detectadas irregularidades” de algunos PSP afiliados al
SINPE, cuya operación no se limita a ejecutar una orden de pago o de envío de
dinero según la instrucción de su cliente, pues aprovechan que se les asigna a
sus clientes cuentas de fondos identificadas con un número IBAN
(específicamente CES) y las utilizan mediante la plataforma provista por el
SINPE para recibir recursos y mantener fondos a la vista de manera indefinida
en esas cuentas, como si se tratara de una cuenta de ahorro a la vista o una
cuenta corriente; facilitando al cliente tener siempre un reporte del saldo en
su cuenta de fondos y que “administre” sus recursos, realice pagos
cuando lo desee o reciba fondos de cualquier otra cuenta IBAN a esa misma
cuenta. Con lo cual, estima que operan como si tuvieran autorización legal para
captar recursos mediante depósito en cuenta corriente o cuenta de ahorros a la
vista, negocio jurídico que solo pueden ofrecer los bancos comerciales o
algunas entidades supervisadas habilitadas por ley (como las cooperativas de
ahorro y crédito), lo que califica como una violación flagrante y una “actuación
ilícita”, que no debe ser tolerada por las instituciones u órganos públicos
con competencias legales para supervisar esas materias. Indica igualmente que
ninguna de las disposiciones reglamentarias mencionadas puede modificar la
competencia legal de la Superintendencia dada por la Ley n.°7786 o la operación
del Sistema Nacional de Pagos; ni su función supervisora; como tampoco abrir la
posibilidad de que empresas que desarrollan labores no financieras realicen
apertura de cuentas con fondos a la vista, sin ningún tipo de control
financiero ni de otro tipo. De ahí que afirme que solo las entidades
financieras supervisadas pueden abrir CES y que el BCCR no debería permitir que
los PSP las utilicen sin estar autorizados previamente por una ley, ya que la
captación de recursos en cuentas de ahorro a la vista, cuentas corrientes o
comisiones de confianza –y a tales efectos, explica los rasgos principales de
estos contratos, su regulación con mención a nuestro pronunciamiento
OJ-042-2003, del 10 de marzo, la intermediación financiera y la naturaleza del
depósito bancario– están reservadas a cierto tipo de entidades financieras que
en razón “de los riesgos implícitos en su actividad, tanto frente los
derechos e intereses de los ahorrantes e inversionistas, como respecto de la
seguridad, solidez y estabilidad del sistema financiero, están sujetas un régimen
jurídico especial e intenso que permea en toda su actividad comercial, régimen
que ha sido dispuesto por leyes de orden público, habida cuenta del interés
público en que su actividad concreta, como el Sistema Financiero en general,
mantengan estabilidad, solidez y seguridad. En su mayoría, estas entidades
financieras son objeto de la supervisión de órganos técnicos y especializados”.
Por
fin, la División de Asesoría Jurídica es del criterio que las actividades de
los PSP deben ser regularizadas por el BCCR conforme a ciertos lineamientos
generales que enlistan, entre otros: que los servicios de pago vinculados al
SINPE sean a través de una cuenta que sólo les permita efectuar pagos, sin
exceder de aquellos montos estrictamente necesarios para ejecutar los pagos
requeridos por el cliente bajo sanción de ser suspendidos de la plataforma
tecnológica; la recepción de fondos puede darse para ejecutar pagos o remesas
de inmediato o en un tiempo razonablemente corto, por lo que no pueden permitir
a sus clientes mantener fondos a la vista; ni reconocer intereses, ni brindar servicios distintos al pago o remesas
y los clientes no pueden recibir fondos de parte de terceros a estas cuentas.
Con
base en todo lo anterior, la referida opinión legal emite las siguientes
conclusiones:
“-
Los proveedores de servicios de pago vinculados al SINPE, no están habilitados
por el ordenamiento jurídico para que sus clientes tengan cuentas de fondos a
la vista, como si fueran cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Ni tampoco
esos proveedores pueden realizar actividades reservadas por leyes especiales a
entidades bancarias y financieras, cada una según su especial régimen jurídico.
- Ni
el reglamento ejecutivo de la Ley 7786, ni la normativa reglamentaria emitida
por el Banco Central de Costa Rica constituyen una habilitación jurídica para
que los proveedores de servicios de pago vinculados al SINPE, puedan incurrir
en actividades reservadas por ley de orden público a las entidades financieras
supervisadas, según lo expuesto.
- El
Banco Central de Costa Rica, en ejercicio de sus competencias legales en
materia de sistema de pagos, debe procurar y garantizar que los proveedores de
servicios de pago vinculados al SINPE realicen sus actividades dentro del
ámbito permitido por el ordenamiento jurídico, lo cual implica efectuar los
cambios y ajustes pertinentes, legales, normativos y tecnológicos, para evitar
que realicen actividades reservadas a empresas financieras supervisadas”.
2.
OFICIO N.° CJAJ-002-2023
DEL 8 DE FEBRERO DE 2022 DE LA DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA DEL BCCR
Por
su parte, la División de Asesoría Jurídica
del Banco Central inicia su análisis diferenciando los conceptos de “captación
de recursos de terceros” frente al de “administración de recursos del
público”, a efectos de determinar los alcances de las competencias de la
SUGEF y de CONASSIF respecto a la regulación de los PSP o Fintech y si el BCCR
debería limitar el que se puedan conectar al SINPE en los términos definidos
por dicho ente. A este respecto sostiene que, para la Superintendencia, el
único tipo de captación legal que permite nuestra legislación, en particular,
el artículo 156 de la LOBCCR, es la que se realiza con fines de intermediación
financiera, la cual es autorizada y supervisada por ella. Por ende, para la
SUGEF –sigue indicando– la captación pura y simple de recursos del público con
fines de administración no está autorizada, pues dicho órgano entiende que esa
actividad no puede ser separada de la intermediación financiera definida en el
artículo 116 de la citada ley. Empero, el criterio legal bajo estudio afirma
que nuestro ordenamiento jurídico no contempla una definición de “captación
de recursos del público” como tal; para lo que acude al sentido literal del
término “captación” del diccionario de la Real Academia Española y
brinda así una noción en materia financiera que la entiende como la obtención o
percepción de recursos financieros, en particular, dinero, que a la luz de lo
dispuesto en el artículo 156 de la Ley n.°7558 y lo
señalado por la SUGEF, se refiere a todo tipo de recurso financiero, abarcando
actividades muy variadas, desde la percepción de honorarios profesionales,
pagos por servicios brindados, pagos por bienes vendidos, donaciones dinerarias
para causas benéficas, encomiendas, diezmos, colaboraciones, cuotas para
actividades públicas y privadas, hasta la captación con fines de intermediación
financiera. Con cita de los artículos 115, 116, 118 y 119 de la LOBCCR señala que la actividad de “captación de recursos del público” que le compete
supervisar y fiscalizar a la SUGEF es únicamente la relacionada con
intermediación financiera y es solo respecto a las entidades públicas y
privadas que la realizan sobre las que cuenta con la potestad para autorizar su
operación. Por lo que sostiene que el legislador no se está refiriendo a
cualquier captación de recursos del público, sino a la captación de recursos
financieros del público realizada de forma habitual y con el fin de
destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario (como si fueran sus propios
recursos), a cualquier forma de crédito o inversión en valores,
independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del
tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen
las transacciones. A su parecer, la “finalidad de la captación (para
intermediación financiera) es la que limita expresamente el ámbito de acción de
la Superintendencia y esa limitación genera seguridad jurídica”. Por ello
cuestiona que el artículo 156 de la Ley n.°7558 se utilice para ampliar
ilimitadamente las competencias autorizadora, supervisora y fiscalizadora de la
SUGEF a cualquier tipo de captación de recursos del público, independientemente
de su finalidad, más allá de la intermediación financiera que es autorizada por
dicho órgano o de las operaciones cambiarias a que alude el artículo 86 de la
misma LOBCCR;
mientras que sobre la referencia que el mismo artículo 156 hace a la captación de recursos de terceros
como un tipo aparte de captación, no dice nada en relación a quien las
autoriza. Menciona el dictamen
C-013-2001, de 19 de enero, en el que la Procuraduría determinó que el
precepto dicho resulta inaplicable para amparar la competencia de la
Superintendencia y añade con fundamento en otros dos pronunciamientos nuestros
(los dictámenes C-209-2000, de 4 de setiembre y C-236-2005 de 27 de junio), lo
siguiente: “La captación de recursos de terceros, a cualquier título
(personal o de terceros) sin autorización, no se puede entender que siempre se
realiza con fines de intermediación financiera, pues los demás fines son no
solo excesivamente amplios, sino que escapan a la naturaleza misma de un
supervisor financiero. La norma no puede interpretarse de forma aislada, sino
en conjunto con el resto de la (sic) competencias y respetando las libertades
constitucionalmente establecidas. No toda captación de dinero requiere ser
autorizada por la SUGEF, solo la que tiene como finalidad la intermediación
financiera”. Asimismo, advierte que la interpretación de la
Superintendencia puede generar una gran inseguridad jurídica, con repercusiones
financieras y económicas sumamente relevantes, no solo para el sector de
servicios de pago y la administración de recursos de terceros, sino también
para la actividad comercial y privada, sea Fintech o no, al implicar que toda
actividad de recepción de recursos del público, independientemente de su
finalidad (financiera o no), tendría que estar bajo la supervisión de dicho
órgano para ser considerada una actividad legal, lo que podría considerarse
como una omisión de sus competencias legales, al no haberlas ejercido oportunamente,
con el consiguiente riesgo legal y reputacional para la misma SUGEF, al igual
que para el CONASSIF y el Banco
Central. En su lugar, entiende la administración de recursos de terceros, sin
que medie intermediación financiera, como una manifestación del ejercicio del
contrato de mandato (artículos 1251 y siguientes del Código Civil); en el que
el administrador no utiliza los recursos confiados como si fueran propios (como
sí sucede en la intermediación financiera), sino conforme el contrato pactado y
explica que en el caso de un PSP, la captación que realiza de
los fondos de sus clientes es para realizar pagos en nombre y por cuenta del
dueño del dinero y no en nombre y por cuenta propio, concluyendo que el
servicio prestado no es de intermediación financiera, sino de pago.
Después, el aludido criterio
legal analiza las competencias de la Superintendencia de acuerdo a los ya
mencionados artículos 15 y 15 bis de la n.°7786,
a la que le compete, por medio del CONASSIF,
las siguientes tareas: “1) Levantar el registro de las personas
físicas o jurídicas que realicen las actividades citadas en los artículos 15 y
15 bis de la Ley 7786. 2) Dictar las normas prudenciales por medio de las
cuales las personas referidas en los artículos 15 y 15 bis trascritos realizarán
los controles relacionados con la Ley 7786 respecto de la materia de prevención
de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un
enfoque basado en riesgos. 3) Velar
porque las disposiciones prudenciales indicadas, además de las legales,
apliquen de manera obligatoria a los sujetos obligados por los artículos 15 y
15 bis de la Ley 7786; y conforme al alcance que sea compatible a estos
sujetos, de acuerdo con su respectiva naturaleza. 4) Velar porque no operen, en
el territorio costarricense, personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea
su domicilio legal o lugar de operación que, de manera habitual y por cualquier
título, realicen sin autorización actividades como las indicadas
en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786. Cabe aclarar que esta autorización
no la emite ese órgano desconcentrado sino que más bien parece estar cubierta
por el principio de Autonomía de la Voluntad, debido a que no se trata de
actividades prohibidas por el ordenamiento jurídico. 5) Respecto de los
presuntos infractores, tiene facultades de inspección que le corresponden según
la ley 7786, exclusivamente en cuanto a la materia de prevención y control de
la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva. 6) También velará porque los emisores y
operadores de tarjetas (art. 15, literal f) y los sujetos obligados que
otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando realicen esta actividad
bajo los parámetros y las definiciones que determine reglamentariamente el
Conassif, ante propuesta de la Sugef (art.15bis, literal g), no realicen
intermediación financiera en los términos dispuestos en el artículo 116 de la Ley
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 7) Enviar en consulta la
normativa prudencial correspondiente de previo a su emisión. 8) Emitir
resolución administrativa (entendida como acto debidamente fundado) para
separarse de la opinión de los sectores regulados sobre la normativa
consultada. 9) Según el artículo 25 de la Ley 7786, la Sugef tiene competencia
disciplinaria sobre los sujetos registrados”. Agrega que, si la
Superintendencia halla elementos probatorios suficientes en su proceso de registro
de los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 y
en su posterior supervisión, de que ellos realizan intermediación financiera no
autorizada, debe proceder conforme a lo dispuesto en la LOBCCR
y cita nuestro pronunciamiento OJ-073-2019, del 30 de julio. Señala también que
los artículos 6 y 7 de la Reglamentación
a los artículos 15 bis y 15 ter de la referida Ley (Decreto Ejecutivo
n.°41016-MP-MH-MSP-MJP) no dicen nada sobre la autorización de otras
actividades de captación de recursos distintas a las destinadas a la
intermediación financiera y más bien, reafirma que la SUGEF se encuentra
obligada a realizar labores de supervisión y control respecto de la materia de
prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un
enfoque basado en riesgos y sobre intermediación financiera ilegal en los casos
taxativamente dispuestos por la Ley n.°7786.
Por otro lado, afirma que la
SUGEF en conjunto con el CONASSIF son mutuamente responsables por la
razonabilidad de los requisitos que pidan a los PSP sujetos a la regulación de
los artículos 15 y 15 bis de la Ley n.°7786 y a las demás Fintech en
general; mientras que con arreglo al artículo 69 de la LOBCCR, solo la Junta
Directiva del Banco Central tiene potestad legal para decidir quién y cómo
participa en el SINPE, lo que hace por medio de su competencia regulatoria
específica y especial sobre el sistema de pagos costarricense, recalcando de que
no se trata de una competencia desconcentrada por la Ley n.°7786. Aclara que,
con respeto a la legalidad y el derecho fundamental de libertad de comercio, el
BCCR ha permitido que los PSP y las empresas Fintech participen en el SINPE,
siguiendo al efecto las recomendaciones de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe económico titulado “Estudios
Económicos de la OCDE: Costa Rica”, de julio de 2020, según se establece en
el artículo 6 del Reglamento del Sistema de Pagos. Esta norma se sustenta en
que los PSP y los administradores de recursos de terceros captan recursos para
fines distintos a los de intermediación financiera, por lo que no requieren
autorización de la SUGEF para operar como intermediarios financieros y respeta
las competencias propias de la SUGEF y del CONASSIF conferidas por los citados
artículos 15 y 15 bis de la Ley n.° 7786; puntualizando que ambos
órganos no pueden pretender que el BCCR realice las funciones que esta ley le
encomienda a la Superintendencia con los sujetos obligados, ni exigirle las
tareas que normalmente llevan a cabo en la materia los bancos comerciales, pues
el Banco Central administra el sistema nacional de pagos, no las cuentas
corrientes de los clientes de las entidades adscritas al SINPE. A partir de lo
expuesto, la División de Asesoría Jurídica concluye:
“1) El concepto de captación de recursos que la
Sugef considera aplicable para la
supervisión de las Fintech. (sic) específicamente por su mención en el artículo
156 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, genera confusión e
inseguridad jurídica, pues es considerado en su máxima extensión, separado de
la finalidad de intermediación financiera y como una función distinta y nueva
de la Sugef, lo que entraña importantes riesgos institucionales tanto legales
como reputacionales, en virtud de:
a.
La amplitud del alcance, pues podría interpretarse
como incumplimiento de deberes al no haberlo aplicado antes y en toda su
extensión.
b.
Imponer una limitación a las libertades
fundamentales de empresa e intimidad muy amplia y, por ende, potencialmente
cuestionable.
c.
La regulación y los actos administrativos de alcance
general y particular están sujetos al control jurisdiccional, tanto contencioso
administrativo como constitucional.
d.
La razonabilidad y la proporcionalidad en la
interpretación, regulación y aplicación normativas son principios
constitucionalmente vigentes e imperativos para todo el sector público, incluso
para el ejercicio de las competencias legalmente establecidas para la Sugef y
el Conassif en materia de aplicación de la Ley 7786.
2)
La administración de recursos de terceros es un contrato o negocio distinto en
su mecánica y operativa al contrato o negocio de intermediación financiera y no
requiere de autorización previa de ninguna autoridad pública salvo norma
expresa en contrario (con determinación expresa del órgano o institución
competente), por lo tanto, salvo que la Sugef tenga elementos probatorios de
que un sujeto obligado por artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 está realizando
intermediación financiera sin autorización (lo que sería intermediación
financiera ilegal), la aplicación de una supervisión financiera de autorización
para captar recursos del público de forma general y con fines ajenos a la
intermediación financiera, podría considerarse contrario al ordenamiento
jurídico.
3)
Ni la Sugef ni el Conassif pueden regular o imponer requisitos a los sujetos
obligados por artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 para conectarse al Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)
4)
La Sugef no tiene competencias para supervisar al Sinpe”.
C.
ORGANIZACIONES PARTICULARES QUE PRESENTARON
OPINIONES A LA CONSULTA SOMETIDA A CONOCIMIENTO DE LA PROCURADURÍA
La
consulta planteada conjuntamente por el Banco
Central y la SUGEF
motivó que distintas organizaciones privadas enviaran a la Procuraduría sus
posiciones sobre los temas planteados. Nuestra Ley Orgánica no contempla la
participación de ningún particular durante el ejercicio de la función consultiva,
en tanto está destinada exclusivamente a la Administración Pública (central y
descentralizada), como única legitimada para requerir el criterio técnico
jurídico de la Procuraduría y, eventualmente, solicitar la reconsideración del
dictamen emitido (artículos 1, 3, letra b), 4 y 6). Con lo cual se descarta que
se les pueda tener como partes, coadyuvantes o terceros interesados en los
términos de los artículos 275, 278 y 280, respectivamente, de la Ley General de
la Administración Pública, n.°6227 del 2 de mayo de 1978 (LGAP); sobre todo,
porque no nos hallamos ante un procedimiento administrativo que desemboque en
un acto final cuya decisión afecte, lesione o satisfaga el interés legítimo o
el derecho subjetivo de uno o varios administrados en concreto[2];
sino tan solo actuando, como se acaba de indicar, la competencia consultiva que
nos es propia por ley.
De cualquier forma, la
Procuraduría observa que las organizaciones aludidas no piden nada para sí
mismas o sus afiliados, ni formulan pretensión alguna más allá de que se tomen
en cuentan sus argumentos en el estudio de los asuntos consultados en una
suerte de colaboración o amicus curiae con este órgano superior
consultivo; de los que nos permitimos resumir sus posiciones sin perjuicio del
tenor literal de sus intervenciones.
En primer lugar, la Oficina
del Consumidor Financiero (OCF o la Oficina), mediante oficio
n.°OCF-43-2023, del 10 de abril de 2023, solicita tomar en consideración los
intereses del consumidor financiero en el presente pronunciamiento, para lo que
advierte de los riesgos que podrían llegar a materializarse en el futuro, en
perjuicio del consumidor financiero y del sistema financiero nacional, con los
PSP y los administradores de recursos de terceros, que pudieran estar captando
a la vista dinero del público sin estar sometidos a la supervisión
correspondiente, ni con las protecciones con que cuentan las entidades
reguladas por la SUGEF, sin que el consumidor esté adecuadamente informado de
esta actividad. Atribuye a los avances tecnológicos y los cambios regulatorios
aprobados por el BCCR que los PSP puedan recibir captaciones del público,
realizar transacciones mediante la plataforma del SINPE y contar con cuentas
IBAN para sus clientes. Al efecto describe tres posibles escenarios que
enfrenta un consumidor ante un PSP: i) que los dineros sean
entregados para su traslado a un destinatario, lo que califica de “un mero
tránsito”, y el proveedor lo que genera es una comisión; ii) que los
dineros sean entregados pero sin una instrucción concreta de traslado, en tanto
el depositante decide qué hacer con esos recursos, lo que podría asimilarse a
la figura de la custodia, por la que el proveedor podría también derivar una
comisión; y iii) que los dineros sean entregados por un plazo indefinido, sin
instrucción concreta, pero que además, el PSP los gestiona por su cuenta, con
la condición de devolverlos a su sola solicitud, en cuyo caso señala que se
podría estar ante una captación a la vista. Llama la atención acerca de lo
fácil que resulta para un PSP pasar de uno a otro de esos
escenarios, pese a que los riesgos en cada uno son muy diferentes, y de que el
consumidor financiero no haya sido advertido de bajo cuál escenario se rige la
relación comercial creada con el proveedor, ni que esté en capacidad de
dimensionar los riesgos que en realidad ha asumido; o bien, que se le induzca a
confusión, al suponer que está en presencia de una entidad supervisada que sí
está autorizada para realizar captación de ahorro del público a la vista y cuenta
con las mismas garantías para resguardar sus ahorros. Añade que la confusión
puede ser mayor si la captación de fondos se acompaña de un pago de intereses,
en vez del mero movimiento o traslado de dinero que se podría esperar de un PSP. La
Oficina considera que los PSP están obligados a
informar en los
términos de los artículos 32 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor (n.°7472 del 20 de diciembre de 1994), sobre
los alcances de sus servicios, sus diferencias con los intermediarios
financieros, los posibles riesgos de su utilización y el respaldo (si lo
hubiese) de sus depósitos, para que el consumidor pueda tomar la decisión de
consumo de manera informada. Luego de referirse a la red de seguridad
financiera con la que se busca proteger a los ahorrantes y la regulación
prudencial con la que se busca medir la solvencia y estabilidad de las
entidades financieras, para que mediante una operación responsable, los ahorros
del público estén siempre disponibles, recuerda que ni los PSP, ni los administradores de recursos de terceros
cuentan con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos establecido con la
Ley de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución
de los intermediarios financieros (n.°9816 del 11 de febrero de 2020) respecto
a los dineros que les son entregados; es decir, no los cubriría, lo que no es
informado al consumidor. Destaca que el centro de la regulación debiera ser el
consumidor financiero y del riesgo de contagio que se podría provocar en caso
de existir un problema de liquidez del PSP que hubiese captado fondos a la
vista, si en algún momento se ve impedido para retornar los recursos a los
depositantes, pues aún antes de caer en quiebra, podría conducir a una
afectación general de la confianza del público hacia los demás intermediarios
financieros e iniciar lo que se denomina “una corrida de fondos” que
atentaría contra la estabilidad de las entidades financieras reguladas.
Concluye que desde la perspectiva del consumidor, aplauden la aparición de los
proveedores tecnológicos de servicios de contenido financiero, al favorecer la
inclusión financiera y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos
escasos de la sociedad; pero recalcan que los avances de la tecnología no
pueden ser a costa de la calidad y cantidad de la información con que debe
disponer el consumidor para justipreciar los riesgos que toma; siendo lo
deseable, en opinión de la OCF, que él cuente con la información adecuada en
caso de que se materializara el riesgo de pérdida del dinero.
En segundo lugar, la Asociación
Fintech Centroamérica y Caribe (ASOFINTECH),
por escrito del 2 de junio de 2023, indica que las empresas Fintech asociadas a
ella y afiliadas al SINPE como PSP no realizan intermediación financiera, según
se define esta actividad por el artículo 116 de la Ley n.°7558, ni pretenden
realizarla. Añade que la “captación de recursos financieros del público" como actividad individual o separada de la intermediación financiera no
está definida en nuestra legislación, ni tampoco existe un régimen o
procedimiento de autorización para realizarla, por lo que ni la SUGEF, ni el
BCCR, están legalmente facultados para autorizar a ninguna empresa o persona a
realizarla; mientras que la "administración de recursos de
terceros" sí está definida y regulada por el artículo 15.d) de la Ley
n.°7786 y el artículo 3.a) del Reglamento para la inscripción y
desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o
algunas de las actividades en los artículos 15 y 15 bis de ley estupefacientes
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado (SUGEF 11-18),
aprobado por el CONASSIF, según el artículo 9 de la sesión n.°1450-2018, del 8
de octubre de 2018 (en adelante, Reglamento CONASSIF n.°1450-2018), destacando
que esos recursos no se incorporan al patrimonio del administrador, quien los
recibe, custodia, gira o traspasa conforme a las instrucciones del "dueño
de los fondos"; a diferencia del depósito bancario, donde los recursos
sí se incorporan en el patrimonio de la entidad financiera, al implicar un
traspaso de dominio, y el depositante se convierte en acreedor de esa
institución. Siendo este el fundamento legal de las actividades realizadas por
las Fintech afiliadas al SINPE, que le establece los requisitos para llevarlas
a cabo, como su inscripción ante la SUGEF o su constitución como persona
jurídica de objeto único, y entienden que la administración de recursos de terceros se
realiza de forma complementaria con otras de las actividades del artículo 15 de
la Ley n.°7786, verbigracia, las transferencias sistemáticas y sustanciales de
fondos, las operaciones sistemáticas y sustanciales de canje de dinero y
transferencias mediante diferentes instrumentos, que son instrumentalizadas por
medio de canales digitales y al utilizarse en complemento con el SINPE permiten
a dichas empresas la prestación de sus servicios. Adicionalmente, sostiene que
las empresas FINTECH para ser admitidas y operar en el SINPE, según lo han venido
haciendo, deben cumplir debidamente con los requisitos normativos y técnicos
establecidos por el BCCR, particularmente en el citado Reglamento del Sistema de Pagos, y resume la operación
de sus afiliadas en los siguientes términos: “Las empresas Fintech que
participan en el SINPE normalmente operan los denominados "monederos electrónicos" mediante los cuales reciben
recursos de terceros para su administración y para realizar pagos. Dichos
fondos son custodiados, girados o traspasados por el usuario a través de las
aplicaciones tecnológicas que caracterizan a las Fintech; es decir, el cliente
de las Fintech, dueño de los fondos, lo que hace es simplemente girarle
instrucciones a la empresa en cuanto a dónde trasladar los recursos del usuario
que tienen en su respectivo monedero, todo esto de manera automatizada. Dicho
traslado se realiza a través del SINPE, todo de conformidad con la normativa
vigente. Mientras ese usuario no brinde instrucciones, la Fintech que opera el
monedero custodia dichos recursos hasta que su dueño le instruya cómo
utilizarlos, cumpliendo fielmente con la definición normativa de la
"administración de recursos"”. Termina haciendo alusión a distintos criterios, como el citado estudio económico de Costa Rica del
año 2020, en el que la OCDE recomienda al país fomentar la participación de las
Fintech en el SINPE o el del Banco Internacional de Pagos, que sin desconocer
que la misión principal de los reguladores de proteger la estabilidad del
sistema financiero y al consumidor financiero no ha cambiado con el auge de las
Fintech, afirma que deben encontrar un balance entre fomentar la innovación y
la mitigación de riesgos; con lo cual, imponer requisitos muy rigurosos o
exigir determinados comportamientos como medida de protección podría conllevar
más bien a una pérdida de competitividad y de innovación de forma más general;
y en el mismo sentido, mencionan a la Comisión para Promover la Competencia
(COPROCOM) en su opinión COPROCOM n.°028-2022, contenida en el acuerdo quinto
del acta de la Sesión Ordinaria n.°46-2022 del Órgano Superior, celebrada a las
12:30 horas del 25 de noviembre de 2022.
Finalmente, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
(CAMTIC) también hizo llegar a la Procuraduría su posición sobre los temas
consultados mediante oficio del 24 de octubre de 2023, para lo que destaca
primero la importancia de las Fintech –describiéndolas como “empresas de
base tecnológica y financiera, con servicios 100% electrónicos, seguros,
fáciles de utilizar, innovadores y, con costos muy competitivos para los
usuarios, entre otros aspectos”– en promover activamente la inclusión
financiera –cita también a la posición de la OCDE sobre el particular– y
contribuir a los procesos de formalidad de la economía, como medio para reducir
la pobreza y lograr un crecimiento económico más inclusivo, al prestar
servicios electrónicos a segmentos de la población marginados, que por su costo
algunos bancos nos los atienden; y brinda el dato que para el año 2021 la
inversión global en Fintech ascendió a USD $210 billones; lo que a su entender,
representa una gran oportunidad de atracción de Inversión Extranjera Directa
(IED) para Costa Rica y su economía. Resalta que las Fintech son una realidad
global y una tendencia irreversible (menciona ejemplos de plataformas
tecnológicas que incorporan servicios financieros y alianzas en el país con
entidades financieras), aun cuando muchos bancos y entidades financieras las
perciben como competencia, en vez buscar oportunidades de colaboración, si
bien, algunas de ellas se identifican como “Fintech friendly”. Luego se
refiere a la naturaleza de la Cámara y el interés directo que tiene en esta
temática, al contar con más de 10 Fintech asociadas y más de 30 emprendimientos
tecnológicos-financieros en proceso que, en su criterio, podrían verse
impactados negativamente por la interpretación errónea que hace la SUGEF del
concepto de administración de recursos que estas realizan para prestar algunos
servicios y explica que por la constante evolución, crecimiento y modernización
de los medios y sistemas de pago a nivel mundial, incluido Costa Rica, las
regulaciones en esta área quedan obsoletas con regularidad; por lo que, subraya
la necesidad imperativa de establecer políticas que permitan una adaptación
constante de la regulación, con el objetivo de mantenerla adecuada, eficiente y
justa, en la que se considere los desarrollos tecnológicos y se promueva la
innovación en beneficio de los usuarios. Señala que la inclusión de los PSP o Fintech
al SINPE responde a una visión progresista del BCCR mantenida desde la
modificación a su Ley Orgánica en 1995, expresada en el objetivo de la
modernización y supervisión del Sistema de pagos costarricense, y con la Ley
n.°7786 se asignaron nuevas responsabilidades al Banco Central y a la SUGEF, en
relación con el control y supervisión de entidades financieras y sujetos
obligados, entre los que se encuentran los PSP, aparte de establecer las
actividades legales que estas entidades pueden realizar. Para lo cual,
diferencia, igualmente, entre la “captación de recursos financieros del
público” y la “administración de recursos de terceros”, advirtiendo
que la primera no está definida en nuestra legislación como actividad
individual o separada, ni existe un régimen o procedimiento de autorización
para realizarla, aparte del correspondiente a la intermediación financiera. Por
ello, afirma que ni la SUGEF, ni el BCCR están legalmente facultados para
autorizar o prohibir a ninguna empresa o persona llevar a cabo dicha actividad.
Mientras que la “administración de recursos de terceros” sí es una
actividad comercial permitida para las empresas que realicen la inscripción
correspondiente ante la SUGEF para efectos de ser supervisadas para los
propósitos de la Ley n.°7786, conforme a su artículo 15.d) y definida en el
artículo 3.a) del citado Reglamento CONASSIF n.°1450-2018. Reitera la
diferencia mencionada por la ASOFINTECH respecto a la naturaleza del depósito
bancario y que la administración de recursos no es un negocio bancario o
intermediación financiera, en que la entidad toma los fondos del público y los
administra, dispone y presta por cuenta y riesgo propio. Añade que, a tenor del
artículo 1.1 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (n.°1644, del 26
de setiembre de 1953) –en adelante, LOSBN o Ley n.°1644– el BCCR forma parte
integral del Sistema Bancario Nacional y que el CONASSIF ha presentado
propuestas de reforma al Reglamento CONASSIF n.°1450-2018 que buscan restringir
la capacidad de los PSP a que reciban y administren los fondos de sus clientes
únicamente en cuentas corrientes o de ahorros de los bancos comerciales;
excluyendo la posibilidad de que puedan afiliarse al SINPE y puedan recibir los
fondos de sus clientes en cuentas corrientes mantenidas directamente en el
Banco Central, a pesar de que el CONASSIF carece de competencia para ello, pues
señala que al BCCR le corresponde la atribución exclusiva para determinar qué
tipos de entidades pueden unirse y operar dentro del SINPE, así como para regularlo,
al tener el mandato y responsabilidad de desarrollar, modernizar, reglamentar y
organizar el Sistema de Pagos Costarricense conforme a la Ley n.°7558
(artículos 2, 3, incisos g, i, y j; 60, 62, 69, 116, 156), para lo que emitió
el Reglamento del Sistema de Pagos, del que extrae las amplias y exclusivas
potestades de control y supervisión con las que cuenta dicha entidad como
encargada de establecer las regulaciones relativas al SINPE, no solo en cuanto
a los “afiliados” (que pueden ser PSP) sino también en cuanto a los
clientes de esos afiliados al SINPE (con mención de los artículos 2, 6, 8, 10,
24, 38, 68). Agrega que, para la SUGEF,
la única forma legítima de captación de recursos es la efectuada con el propósito
de intermediación financiera, sujeta a su autorización y supervisión; de lo que
deduce que la captación de recursos del público con fines de administración
carecería de respaldo legal y estaría prohibida por el artículo 156 de la
LOBCCR. A lo que CAMTIC considera una interpretación incorrecta, pues los
artículos 14, 15 y 15 bis de la Ley n.°7786 (posterior a la Ley
n.°7558), reconocen y regulan la actividad de administración de recursos, que
implica la recepción de fondos de terceros con el fin de gestionarlos, por
cuenta de ese tercero; es decir, según las instrucciones del cliente, siempre y
cuando no se realice intermediación financiera, si bien las personas físicas y
jurídicas que realizan esta actividad están obligadas a inscribirse ante la
SUGEF para cumplir con todas las disposiciones de control y prevención de
lavado de dinero; e indica que le llama la atención que el órgano regulador
haya asumido que la captación general de recursos del público no puede
separarse de la intermediación financiera, en la definición dada por el artículo
116 de la LOBCCR. En ese sentido, sostiene que los preceptos anteriores
demuestran que la "captación de recursos de terceros" es un
proceso legal que permite a los sujetos obligados ofrecer servicios a sus
clientes manteniendo la coherencia con el artículo 116 de la Ley n.°7558, que prohíbe a los PSP realizar intermediación financiera con los
fondos recibidos de los clientes; si bien para llevar a cabo la administración
de recursos y utilizarlos según las instrucciones de los clientes, “es
inherente, indispensable, la recepción de fondos de estos”, enfatizando que
ello no supone incumplimiento legal alguno. Aclara que como garantía de la
seguridad de los fondos de los clientes de los PSP, las cuentas corrientes del
BCCR son inembargables, lo que elimina el riesgo de que, en caso de un embargo
de las cuentas propias del PSP, como sí sería el caso de cuando las tienen en
los bancos comerciales, los recursos de los clientes se vean afectados y queden
inaccesibles; y que, además, esas cuentas no generan intereses, en consonancia
con la prohibición de realizar intermediación financiera, en donde ambos
supuestos se verían comprometidas si los PSP se ven restringidos a operar
exclusivamente con cuentas corrientes o de ahorros en bancos comerciales como
entidades financieras supervisadas. Cita también el artículo 164 de la Ley
n.°7786 que deroga cualquier normativa que se le oponga, lo que para la CAMTIC
deja sin sustento el cuestionamiento al principio de la legalidad de “captación
de fondos”, pues los artículos 15 y 15 bis establecen los
requisitos, condiciones, actividades y sujetos que pueden realizar ese tipo de
actividades. Indica que para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley n.°7786 y sus reformas, el Banco Central, a través del
SINPE, ha desarrollado e implementado dos servicios muy relevantes: el Padrón
Único de Cuentas y el Control y Seguimiento de Operaciones. Por su medio, la
Superintendencia tiene la capacidad de extender su labor de supervisión a los
PSP afiliados al SINPE, siempre que se les instruya a proporcionar la
información de sus clientes en el referido padrón. Apunta también que las
tareas de control, seguimiento y trazabilidad de las transacciones de los PSP y
de sus clientes se facilita al estar afiliados al SINPE y provee mayor seguridad
y transparencia por los servicios que el BCCR ha desarrollado, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley n.°7786, facilitando a la SUGEF su labor de
supervisión en esta materia. Concluye que las empresas Fintech afiliadas al
SINPE no realizan intermediación financiera, ni pretenden realizarla y que
cumplen con todos los requisitos exigidos por el Banco Central, y se encuentran
inscritas ante la SUGEF bajo el artículo 15 de la referida Ley n.°7786, siendo
esta ley el fundamento de la legalidad de sus actividades, que crea la figura
de administración de recursos de terceros, y no de la captación de recursos;
finaliza señalando “que la administración de recursos de terceros se realiza
de forma complementaria con otras de las actividades del artículo 15 de la Ley
7786, como las transferencias sistemáticas y sustanciales de fondos, así como
operaciones sistemáticas y sustanciales de canje de dinero y transferencias
mediante diferentes instrumentos, entre otros, estas son instrumentalizadas por
medio de canales digitales, los cuales, al utilizarse en complemento con el
SINPE, permiten a dichas empresas la prestación de sus servicios”.
II.
CONSIDERACIONES DE
FONDO SOBRE LAS PREGUNTAS OBJETO DE CONSULTA
Un examen preliminar de las interrogantes planteadas por el BCCR y la SUGEF arroja la necesidad de esclarecer previamente una serie
de cuestiones básicas para poder darles respuesta. En primer lugar, qué debemos
entender por empresas Fintech y los PSP, pero sobre todo, en qué consiste su
operación a efectos de comprender si les resulta o no aplicable y en qué medida
la legislación financiera vigente en el país (A); en segundo lugar, si es jurídicamente viable hablar de una captación de
recursos dinerarios de terceros cuya finalidad no se limite a la intermediación
financiera, sino que persiga otros fines como la administración de esos
recursos para ofrecer servicios de pago, en lo que resulta uno de los temas
medulares de la discrepancia de criterios entre ambas instituciones
consultantes, sobre todo al determinar y actuar sus competencias legales (B); para después analizar la conformidad de la regulación existente
respecto a la actividad de esa clase de actores de perfil tecnológico que
hicieron su aparición en el mundo financiero a los que se les da acceso y pueden
hacer uso de la plataforma del SINPE (C). Tal será el orden que se seguirá en las
páginas siguientes a efectos de atender las preguntas que se sometieron a
nuestro conocimiento (III).
A.
ASPECTOS CONCEPTUALES Y REGULATORIOS DEL
FENÓMENO FINTECH O DE LAS TECNOFINANZAS
A.1. La
prestación de los servicios de pagos electrónicos como una de las realidades
del sector Fintech
De
entrada es importante aclarar que el fenómeno Fintech no se agota con la prestación
de los servicios de pago objeto de consulta, pues bajo este concepto se
engloban una serie de realidades y categorías que por mor de la intensa
innovación tecnológica que le es propia, con el consiguiente impacto disruptivo
en el sector financiero, resulta complejo elaborar una definición compresiva de
todos esos supuestos y más aún, darle un tratamiento jurídico unitario ante la
dificultad para el legislador y el propio regulador, de poder anticiparse a la
aparición de nuevos servicios y modelos de negocio que ese factor de innovación
digital propicia en los mercados bancario, de valores y de los seguros[3].
Con
todo, el componente tecnológico o digital es el que permite aun así formular
una conceptualización general del término Fintech para hacer referencia a la
actividad financiera que es posible realizar mediante el uso de la tecnología.
De hecho, terminológicamente la expresión es el resultado de la combinación o
contracción de las palabras “finance” y “technology” (traducido
como "tecnofinanzas” o de forma más aproximada "finanzas
digitales") y con ella se alude tanto a entidades –los mismos PSP, pero también las plataformas de financiación
participativa, entre otros actores nuevos– como a toda una gama de servicios (por ejemplo, el “crowfunding”,
el “crowdlending”, el asesoramiento automatizado o robo-asesores, los créditos P2P, por citar unos cuantos) y productos financieros ( siendo significativo a este respecto, la
incorporación de los activos digitales: las criptodivisas, criptomonedas y los
tokens); en definitiva, múltiples realidades que, según se acaba de indicar,
dificultan su calificación jurídica, al igual que su regulación[4].
En
ese sentido, el término Fintech comprende a las empresas tecnológicas que
ofrecen productos y servicios financieros[5] y, en general, todas las
actividades que aplicando la innovación y los desarrollos tecnológicos en el
sector financiero suponen una redefinición de los servicios financieros
tradicionales, afectando a la esencia del servicio prestado al transformarlo,
generando nuevos modelos de negocio y provocando –según se acaba de indicar– un
efecto disruptivo o de desestructuración de un mercado tradicionalmente
homogéneo en sus actores (elemento subjetivo) y productos (elemento objetivo)[6].
Desde
el punto de vista del mencionado elemento subjetivo, concurren con
intensidad al menos tres tipos de actores[7]: i) las nuevas empresas
puramente Fintech, creadas con el formato denominado start-ups –al ser
empresas constituidas, generalmente con poco capital y un número reducido de
socios con una idea concreta[8]– y definidas como aquellas “empresas
innovadoras que ofrecen soluciones financieras con base en las nuevas
tecnologías”[9],
las que en el área específica de los servicios de pago, cabe ya destacar, tratan
de mejorar en ciertos casos, algún aspecto concreto del ciclo del proceso de
pago o pretenden satisfacer alguna demanda no cubierta por los proveedores de
pago tradicionales (verbigracia, los micropagos)[10]; ii) las entidades financieras
convencionales en proceso de transformación digital, toda vez que el fenómeno
Fintech no describe únicamente el ecosistema de empresas innovadoras (las
citadas startups) que irrumpen en el mercado para revolucionar la
actividad bancaria y la prestación de servicios de inversión con soluciones
tecnológicas altamente disruptivas, sino que además comprende todo el proceso
de adaptación, transformación y profunda metamorfosis de los bancos comerciales
tradicionales para incorporar esas mismas tecnologías digitales con las cuales
competir e innovar en un entorno crecientemente competitivo como estrategia
para ganar eficiencia y competir eficazmente con los nuevos entrantes Fintech,
reconsiderando sus prácticas, modelos y estrategias de venta, comercialización
e interacción con los clientes[11], y iii) las grandes compañías
tecnológicas o BigTech que incursionan en el sector financiero y
trasladan sus enormes ventajas competitivas, como su amplísima base de
usuarios, junto con los grandes volúmenes de datos que obtienen de estos para análisis
predictivos y hábitos de consumo –difícilmente alcanzables para las entidades
financieras convencionales– a la prestación de servicios y la distribución de
productos financieros; con lo cual, las BigTech se internan en el
terreno de las actividades reguladas con una posición competitiva
extraordinariamente ventajosa, gracias al acceso y uso de datos y esa base de
clientes a los que pueden fidelizar prestándoles los servicios de pago, que
integran a sus actividades de comercio electrónico[12].
Por
otro lado, en el ámbito objetivo el fenómeno Fintech abrió el mercado
financiero a nuevos productos, servicios y actividades y supuso la redefinición
en la prestación de muchos de ellos, fruto de la implantación intensiva de la
tecnología digital en el sector financiero con el empleo de soluciones
innovadoras y disruptivas como las cadenas de bloques (blockchain),
programación en la nube, la inteligencia artificial, la analítica de datos y
técnicas de aprendizaje (machine-learning, deep-learning), sobre
todo, ante el ingente volumen de datos generados por los múltiples dispositivos
(teléfonos y relojes inteligentes, pulseras de actividad, etcétera) que
integran el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés)[13].
De
ahí la afirmación de que el sector Fintech “aglutina todas las formas de
innovación digital en y para la prestación de servicios financieros basadas en
la aplicación de tecnologías digitales emergentes en el diseño de modelos de
negocio, procesos, operaciones, productos y servicios en el sector”[14]; cuyo carácter convergente
y transversal hace posible, a través de una alta conectividad y un teléfono
celular inteligente (smartphone), la gestión de cuentas bancarias con el
uso de aplicaciones para llevar a cabo operaciones financieras desde cualquier
lugar y en cualquier momento, en la llamada banca móvil[15].
Tal
circunstancia permite afirmar que las soluciones basadas en las tecnofinanzas,
de un lado, facilitan un mejor acceso a la financiación y promueve la inclusión
financiera para los ciudadanos conectados digitalmente[16]; y de otro, se
caracterizan por impulsar la desintermediación financiera, al establecer una
relación directa entre prestador del servicio final y el consumidor,
desapareciendo la figura del intermediario, particularmente relevante en el
ámbito de los medios de pago digitales, pues el pago ya no solo se realiza
mediante una entidad bancaria intermediaria, sino directamente a través de una
plataforma o aplicación instalada en el teléfono celular, brindando la
posibilidad al consumidor de hacer compras en línea (online) aun cuando
no posea una tarjeta de crédito o débito[17].
A
pesar de que el fenómeno Fintech resulta aplicable, según se indicó antes, a
muchas realidades y sus contornos son muy amplios, se reconoce su incidencia en
cuatro grandes sectores financieros a saber: i) mercado del crédito, ii) el
mercado de valores, iii) el mercado de seguros –que da lugar a la noción
diferenciada y en cierta medida con rasgos propios de los tecnoseguros (Insurtech)[18] – y el que resulta de
interés a la presente consulta, iv) el mercado de los servicios de pago[19].
A.2. Los PSP de base tecnológica en clave regulatoria
En
el mundo financiero, el mercado de los servicios de pago es uno de los que más
ha sentido el impacto de la transformación digital con la aparición de las
empresas tecnológicas y la consiguiente aplicación intensiva de la tecnología
en la prestación de esta actividad. Basta recordar el mencionado efecto
disruptivo y la desintermediación producida en el sector bancario, donde las
entidades de crédito han sido las que tradicionalmente han intermediado en los
pagos, llegando a ser las protagonistas absolutas del mercado de medios de pago
minoristas. Sin embargo, las nuevas tecnologías posibilitaron que nuevos
proveedores de servicios se interpusieran entre el usuario final y la entidad
de crédito que le administra su cuenta de pago[20].
Dentro
de este modelo de negocio se incluyen una amplia variedad de entidades cuyo
común denominador es la provisión de servicios de pago (bien directamente o por
medio de otras entidades) a través de dispositivos celulares o electrónicos de
forma que se facilita el pago tanto en línea como en comercios sin necesidad de
contar, como se apuntó antes, con una tarjeta bancaria[21]. Algunas de ellas son las
típicas entidades de crédito (como los bancos), las entidades de dinero
electrónico y las entidades de pago propiamente dichas, en las que se incluyen
los nuevos operadores (startups) y grandes compañías tecnológicas, según
se indicó también en el epígrafe anterior. Los PSP de base tecnológica
pertenecerían entonces a esta categoría de entidades de pago.
Una primera
clave regulatoria que se desprende de lo
anterior es la concurrencia en estos servicios de entidades que realizan actividades
reservadas, objeto de un régimen prudencial de autorización y supervisión por
las autoridades públicas –caso de los bancos–,
a la par de esas otras entidades cuya actividad afecta directa o
indirectamente a los servicios financieros tradicionales y que por su novedad
no se encuentran incluidos en el ámbito estricto de la reserva de actividad
financiera[22].
Es decir, actúan en algún punto de la cadena de valor del servicio financiero
aportando un nivel diferencial de innovación[23].
Una segunda
clave regulatoria es la prohibición a las entidades de pago para captar depósitos
u otros fondos reembolsables del público o emitir dinero electrónico. De forma
que, únicamente pueden recibir fondos de los clientes o usuarios para ser
utilizados exclusivamente en la prestación de servicios de pago[24].
Tal
es justamente la forma cómo se contempla en sistemas jurídicos próximos al
nuestro, en concreto en el Derecho de la Unión Europea, con la vigente
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la
que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el
Reglamento (UE) n o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE[25](considerando 34 y artículo
18.5), y que en España fue transpuesta por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23
de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia
financiera, cuyo artículo 10.2 dispone sobre el particular: “Las
entidades de pago no podrán llevar a cabo la captación de depósitos u otros
fondos reembolsables del público en la forma prevista en el artículo 3.1 de
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito, ni emitir dinero electrónico[26].
Los fondos recibidos por dichas entidades de los usuarios de servicios de pago
para la prestación de servicios de pago no constituirán depósitos, dinero
electrónico u otros fondos reembolsables” (el subrayado no es del
original).
Resulta
de interés destacar que con la legislación recién citada se regula por primera
vez, dentro de las entidades de pago, la categoría denominada Proveedores de
servicios de pagos terceros, porque son terceras empresas respecto a la
tradicional relación bilateral existente entre la entidad de crédito que
gestiona la cuenta y su cliente, cuya línea de negocio se suele clasificar en
las siguientes actividades específicas: los servicios de iniciación del pago
y los servicios de información sobre cuentas[27].
Los
primeros ofrecen al cliente la realización de un pago a través de las
plataformas del proveedor, conectando estas a la cuenta bancaria de aquél con
lo que se produce una transferencia del dinero desde la cuenta del consumidor a
la del comerciante[28]; mientras que los segundos
consisten en un servicio en línea complementario a los servicios de pago
tradicionales, dirigido a facilitar información agregada sobre una o varias
cuentas de pago de las que el usuario del servicio de pago es titular y que
mantiene con otro u otros proveedores de servicios de pagos, lo que permite a
él tener en todo momento una visión global e inmediata de su situación
financiera y controlar de manera sencilla sus gastos, ingresos, facturas,
comisiones, entre otra información[29].
En
ambos supuestos resulta esencial que tanto el iniciador de pagos, como el
agregador o informador de cuentas tengan acceso directo o indirecto a la cuenta
del usuario ordenante sin lo cual la operación no podría llevarse a cabo,
contando siempre, eso sí, con su consentimiento[30]. Empero, ninguno de
ellos tiene en su poder o manejan fondos del cliente en ninguna etapa de la
cadena de pago[31].
Por
último, es posible identificar a los efectos de la presente consulta una tercera
clave regulatoria que se desprende del mismo
Derecho comparado consistente en la importancia de regular a los PSP de base
tecnológica con motivo de los bienes jurídicos e intereses públicos en juego.
Por lo que, a la necesidad de adoptar medidas normativas para la prevención del
blanqueo de dinero, legitimación de capitales y financiación del terrorismo, se
añade la protección de los clientes y usuarios de estos servicios de pago
electrónicos, en especial, contra fraudes, junto con la ciberseguridad e
integridad del sistema financiero.
Incluso,
tratándose de los iniciadores de pago o de los agregadores, aun cuando no
tienen en su poder fondos del usuario, se considera una operación no está
exenta de riesgo que amerita la protección de los datos de aquél[32]. En palabras de la
literatura especializada, ante la oferta de servicios de pago digital “resulta
esencial garantizar la seguridad y confianza de los consumidores” [33].
En
ese sentido, en aras de propiciar la seguridad en el uso de sistemas de pago a
través de internet, se sujeta también a los PSP de base tecnológica a todo un
régimen prudencial de requisitos para el ejercicio de la actividad (de
autorización previa, registro, estatuto jurídico, capital social mínimo,
gobierno corporativo, responsabilidad civil, entre otros), que han de ser
proporcionados con respecto a los riesgos operativos y financieros que afrontan
al brindar esta clase de servicios, así
como a la supervisión de la autoridad bancaria correspondiente. Asimismo, se
contemplan obligaciones de transparencia y exigencias de información aplicables
a los servicios de pago en beneficio del usuario y como salvaguardia de sus
fondos. Por fin, para reducir la incertidumbre regulatoria en el funcionamiento
y prestación de los servicios de pago se prevén normas especiales relacionadas
con la autorización y ejecución de las operaciones de pago[34].
Naturalmente,
como también lo subraya la doctrina[35], el diseño de una
respuesta regulatoria adecuada a la innovación tecnológica de los mercados
financieros es un proceso complejo que requiere considerar diversas variables y
ponderar varios factores, particularmente, la tensión
presente entre los riesgos y los beneficios consustanciales de la
transformación digital de los servicios de pago.
En
razón del objeto de esta consulta, no es procedente entrar en el detalle de
cómo resolver ese dilema regulatorio, basta señalar de momento que las
iniciativas normativas sobre el particular buscan establecer un equilibrio
regulatorio entre la necesidad de proteger al usuario de los servicios
–particularmente, en los ámbitos del consentimiento informado y los datos
personales–, garantizando la estabilidad financiera y la ciberseguridad, y al
mismo tiempo, fomentar el desarrollo de las soluciones Fintech y la innovación tecnológica
en el sector, sobre la base de una serie de principios regulatorios, a saber: i) neutralidad tecnológica,
para garantizar que una misma actividad financiera esté sujeta a una misma
regulación, independientemente de la forma en que se presta el servicio, de
modo que se promueva la innovación y se mantenga la igualdad de condiciones; ii) proporcionalidad, de
tal manera que la regulación se adapte al modelo de negocio, el tamaño, la
importancia sistémica, así como a la complejidad y la actividad transfronteriza
de las entidades reguladas; e iii) integridad del mercado, porque la aplicación de tecnologías a los
servicios financieros debería promover una mayor transparencia del mercado en
beneficio de los consumidores y las empresas, sin crear riesgos injustificados,
por ejemplo, abuso de mercado, seguridad cibernética y riesgos sistémicos[36].
A
este respecto, la reciente Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la
transformación digital del sistema financiero, promulgada en España, es
reflejo de este modelo de regulación avanzado, al contemplar como medida o
instrumento principal el espacio controlado
de pruebas (mejor conocido internacionalmente como “regulatory
sandbox”) a efectos de “llevar a la práctica proyectos tecnológicos de
innovación en el sistema financiero” (artículo 1), bajo el conocimiento y
supervisión de las autoridades públicas responsables y regido por un esquema
ley-protocolo, protocolo que contiene el régimen concreto en que se llevará a
cabo cada prueba y que suscribirán las autoridades encargadas del seguimiento
de las pruebas y los promotores del proyecto piloto.
De
esta ley interesa transcribir el siguiente extracto de la primera parte de su
Preámbulo que, en nuestro criterio, condensa la filosofía regulatoria con la
que se busca responder a los retos y desafíos jurídicos que plantea el fenómeno
Fintech:
“La transformación
digital de la economía y del sector financiero en particular representa un
fenómeno de cambio estructural, impulsado tanto por factores tecnológicos como
por variaciones en la demanda de los servicios solicitados por el ciudadano y
la empresa. Los incrementos en la capacidad de computación, la digitalización
de información, la conectividad global facilitada por internet, el reducido
coste marginal del almacenamiento de datos y los avances en la capacidad de
tratamiento de estos, están posibilitando una transformación profunda de los
procesos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios
en la economía…
Desde
la óptica de las autoridades públicas el
cambio acelerado, impulsado por las nuevas tecnologías y por los modelos de
negocio basados en las mismas, supone, en primer lugar, un reto de adaptación
tecnológica, pero también otro más fundamental: la política financiera tiene
que garantizar que la innovación aplicada al ámbito financiero es segura y
beneficia al conjunto de la sociedad. Se trata de facilitar el acceso a
la financiación como motor de la economía, asegurando que la
transformación digital no afecte en modo alguno al nivel de protección al
consumidor de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la
integridad en los mercados, ni permita la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Adicionalmente, es preciso asegurar que la transformación digital fortalezca la
capacidad del conjunto del sistema financiero para impulsar la economía
productiva y la cohesión social y territorial garantizando la igualdad de
oportunidades de todas las personas independientemente de su situación
económica y de su lugar de residencia. Por último, resulta de especial
relevancia tener en cuenta las implicaciones que la transformación digital
pueda tener en relación con los objetivos de inclusión financiera y con los
retos demográficos, así como con el uso de los propios datos por parte de
los usuarios.
En
definitiva, con el conjunto de medidas incluidas en la presente Ley se trata de
acompañar la transformación digital del sistema financiero enfocándola hacia dos
objetivos principales. El primero es el de garantizar que las autoridades
financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo
óptimamente con sus funciones en el nuevo contexto digital. El segundo es el de
facilitar el proceso innovador a fin de lograr un desarrollo más
equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de los distintos sectores
productivos y la captación de talento en un entorno tecnológico internacional
altamente competitivo” (el subrayado no es del
original).
El
panorama anterior del entorno Fintech y, en particular, de los PSP de base
tecnológica revela, de un lado, su capacidad –gracias al uso intensivo y
sistemático de las nuevas tecnologías digitales[37]– para desarrollar servicios financieros
similares a los que actualmente se despliegan dentro del perímetro de las
actividades reguladas o reservadas a través de la típica autorización
administrativa; de otro, la necesidad de un marco normativo que regule y
supervise estos servicios innovadores huérfanos de regulación, en donde las
obligaciones relativas al acceso y ejercicio de la actividad, la seguridad,
protección del usuario, responsabilidad, control y sanción deben contemplarse
en una norma con rango legal.
Bajo
ese entendido, pasamos al análisis de esas actividades financieras reservadas
por el legislador en nuestro ordenamiento jurídico sobre las que las
autoridades consultantes irradian sus competencias y, como se indicó al inicio,
generan la discrepancia de criterio entre ambas.
B.
ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DEL BANCO
CENTRAL Y DE LA SUGEF RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PAGOS QUE LLEVAN A CABO LOS
PSP Y DE LAS RESERVAS DE ACTIVIDAD DEFINIDAS LEGALMENTE EN EL SECTOR
FINANCIERO
B.1. La regulación del
sistema de pagos como una actividad esencial y no desconcentrada del
BCCR
El
marco legal relativo al sistema nacional de pagos lo sitúa dentro del ámbito
competencial del Banco Central, en tanto elemento consustancial para mantener
la estabilidad monetaria y financiera a que está llamada dicha institución
autónoma. A este respecto, en nuestro dictamen C-058-2001, del 6 de marzo,
señalamos:
“La estabilidad del sistema financiero, el buen funcionamiento de este
sistema determinan un papel predominante de los bancos centrales. Entes a quien
se les ha confiado tradicionalmente el vigilar ese funcionamiento y el servir
de garantía automática respecto de los clientes de las bancas comerciales. Como
contrapartida de esta última función, se reconoce a la banca central la
posibilidad de imponer reglas de comportamiento a los intermediarios
financieros, tendientes a prevenir que incurran en riesgos excesivos y a
garantizar la solvencia y la liquidez de los establecimientos. La regulación
económica financiera dirigida al mantenimiento de la estabilidad del sistema
debe comprender la supervisión de las instituciones financieras, la
vigilancia de los mercados financieros (desarrollo del mercado y cumplimiento
de la disciplina del sector) y la vigilancia de los sistemas de pago que
sirven al mercado. Así, resulta imperativo para la banca central la
dirección y vigilancia del sistema primero bancario y luego del conjunto de
intermediarios financieros” (el subrayado no es del
original).
En
ese sentido, la letra c) del artículo 2 de su Ley orgánica establece entre los
objetivos del Banco Central, la promoción de la eficiencia del sistema de pagos
internos y externos y mantener su normal funcionamiento. Incluso, la coronación
de ese fin en la ley, en concordancia con lo dispuesto por su artículo 3.i),
que le confiere la función al mismo banco emisor de establecer, operar y
vigilar los sistemas de compensación, nos llevó a afirmar que el
establecimiento, operación y regulación del sistema de pagos constituye una
atribución esencial del BCCR (ver los dictámenes C-058-2001, recién citado, y PGR-C-085-2022,
del 25 de abril).
Cabe
agregar que así también lo consideró la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia en la conocida sentencia n.°1247-F-S1-2011 de las 13:55 horas del 26
de setiembre de 2011, al indicar:
“V.- (…)
De esta forma se puede establecer, que el BCCR tiene asignados por su Ley
Orgánica, varios cometidos. Conviene resaltar la obligación de promover la
eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal
funcionamiento; labor que en la actualidad resulta fundamental, por
cuanto la existencia de un sistema de pagos seguro, eficaz y eficiente, resulta
de vital importancia para el normal desempeño de la economía, tanto para las
operaciones internas como externas. Un sistema de pagos está constituido
por un conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y sistemas de
transferencia de fondos y valores que aseguran su circulación en los mercados
financieros y bursátiles respectivamente. Son mecanismos utilizados para el
movimiento de fondos, dinero y valores; asimismo coadyuvan en el desarrollo de
pagos entre entidades financieras, interna y externamente. Como se observa de
los artículos citados, el legislador optó por encomendar al Banco Central,
la promoción y el buen funcionamiento del sistema de pagos, ya que a través
de este, podría regular los mercados de dinero…
VI.- (…) Sin embargo, el BCCR
sigue manteniendo su condición de ente director y, por ende, regulador último
del sistema financiero, monetario y crediticio; puesto que le corresponde
dirigir la política monetaria, crediticia, financiera y garantizar el
funcionamiento fluido del sistema financiero (según el artículo 3 de su Ley
Orgánica). En este tanto, el deber de promover la eficiencia del sistema de
pagos internos y externos, y mantener su normal funcionamiento (canon 2 inciso
c) ibídem), no es una función que haya sido desconcentrada en la
Sugeval; por el contrario, este es uno de los objetivos que el Banco Central
debe procurar constantemente, inclusive debe ser calificado como “esencial”…
el legislador consideró que la participación del Banco Central en la materia
de sistema de pagos le era inherente por resultar esencial con su
cometido prioritario, y que la Ley Orgánica del Banco Central así se lo manda…
IX.- (…) El correcto
funcionamiento de los sistemas de compensación y de pago, así como la
estabilidad del sistema financiero es fundamental para la adecuada ejecución de
la política monetaria; sin perjuicio de reconocer además, la necesidad de
mantener la confianza en la seguridad y fiabilidad de los sistemas, con el fin
de preservar la eficiencia de los mercados y la seguridad de la inversión. El
rol del Banco, se restringe al deber de dirección y de supervisión propia y
necesaria para lograr la estabilidad del sistema y la concreción de su política
monetaria” (el subrayado y la negrita no son del original).
A
pesar de que la estructura interna del Banco Central adopta la desconcentración
máxima (artículo 83.3 LGAP) como modalidad común de distribución de los poderes
de supervisión y vigilancia sobres los sectores económico y financiero en
distintos órganos adscritos denominados superintendencias, el legislador no
desconcentró la organización, ni la reglamentación del funcionamiento del
sistema nacional de pagos (ver también, la recién citada sentencia
n.°1247-F-S1-2011 de la Sala Primera), que de forma categórica el primer
párrafo del artículo 69 las define como una competencia de la Junta Directiva
del ente emisor, al señalar:
“Artículo 69.- Organización del sistema de pagos
La Junta
Directiva del Banco Central de Costa Rica organizará y reglamentará el
funcionamiento del sistema de pagos, de tal forma que se garantice a los
usuarios de los servicios financieros y bancarios que las entidades,
autorizadas para operar en la Cámara de Compensación y en los sistemas
electrónicos que el Banco Central establezca, acreditarán el valor de las
transferencias recibidas y de los instrumentos compensables pertenecientes a
otros participantes, en un plazo específico después de confirmada la respectiva
liquidación en firme en la cuenta corriente, mantenida por el participante en
el Banco Central. La Junta Directiva del Banco Central determinará, en el
Reglamento del Sistema de Pagos, ese plazo y las condiciones requeridas
para que una entidad pueda participar en los sistemas que el Banco Central
establezca. En todo caso, el plazo máximo de acreditación serán las diecisiete
horas del día hábil siguiente a la fecha cuando se haya recibido el instrumento
compensable o la transferencia” (el subrayado no es
del original).
Adicionalmente,
el artículo 11 del Tratado sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores
de Centroamérica y República Dominicana (aprobado por Ley n.°8876 del 1 de
noviembre de 2010), reafirma las potestades anteriores a favor del BCCR, al
estipular:
“Artículo 11. Competencias de
los bancos centrales.
1. Los bancos centrales de los Estados Parte velarán por el
buen funcionamiento, seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos,
ejerciendo labores de vigilancia sobre estos, sus administradores y
participantes, definiendo principios, normas y estándares, y verificando
su cumplimiento, independientemente de que los sistemas sean operados por el
propio banco central o por administradores privados.
2. Cada banco central dará seguimiento al desarrollo de los sistemas de
pagos en su país con el fin de asegurar la transparencia de las normas que
regulan los instrumentos y servicios de pago, e identificar y evaluar la
naturaleza y magnitud de sus riesgos, sus sistemas de control y los mecanismos
adoptados para los casos de incumplimiento.
3. Cada banco central podrá emitir regulaciones de cumplimiento
obligatorio, requerir coactivamente información a los administradores y
participantes de los sistemas, aprobar programas de ajuste de estricta
ejecución, suspender o dejar sin efecto cuando sea imprescindible las decisiones
de un administrador, y formular requerimientos coactivos a dichos
administradores y participantes.
4. Los Estados Parte establecerán en su propio ordenamiento jurídico las
infracciones administrativas y correspondientes sanciones a los incumplimientos
de las obligaciones de administradores y participantes de los sistemas
reconocidos.
5. Con el fin de promover el buen funcionamiento de los sistemas de
pagos, los bancos centrales de los Estados Parte podrán establecer y
administrar sistemas de pago, y emitir sus correspondientes normas de
funcionamiento. En este caso, adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la separación de las funciones de administración de aquellas
funciones derivadas de su deber de vigilancia” (el
subrayado no es del original).
Con
fundamento en lo expuesto hasta ahora, es claro que la competencia para regular
el funcionamiento del sistema nacional de pagos corresponde a la Junta
Directiva del BCCR y en ejercicio de dicha potestad reglamentaria reconocida en
el precepto recién transcrito (ver también sobre este punto, el considerando V
de la referida resolución n.°1247-F-S1-2011), emitió el aludido Reglamento del
Sistema de Pagos, sobre cuyo contenido respecto a los PSP de base tecnológica
afiliados al SINPE volveremos más adelante.
B.2.
La intermediación financiera y el mantenimiento de cuentas corrientes y de
ahorros a la vista como actividades reservadas legalmente bajo la supervisión
de las SUGEF
Por
otra parte, la potestad de supervisión sobre las entidades que realizan intermediación
financiera sí fue trasladada a un órgano en grado de desconcentración máxima
del Banco Central consistente en la SUGEF (artículo 115 LOBCCR y ver el considerando IX
de la sentencia de la Sala Primera de Casación, n.°1008-F-2006 de las 9:30 horas
del 21 de diciembre de 2006). Si bien la competencia de fiscalización de la
Superintendencia parece centrarse en el aspecto subjetivo con la referencia
inicial a “las entidades financieras del país” y luego, en el artículo
117, con la relación que hace de organismos fiscalizados –“los bancos
públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de
ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones
solidaristas”– lo cierto del caso es que, como ya tuvimos ocasión de
aclarar en el dictamen C-033-2019, del 12 de
febrero, no toda entidad financiera se encuentra sujeta a la competencia de la
Superintendencia, tan solo aquellas que realizan intermediación financiera en
los términos del artículo 116 de la misma Ley n.°7558, esto es, que captan
“recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de
destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de
crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o
jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro
análogo en el que se formalicen las transacciones”.
Así
lo confirma, en primer lugar, el artículo 117 ejusdem cuando remata que
también quedarán sujetos a la fiscalización de la SUGEF “toda otra entidad
autorizada por ley para realizar intermediación financiera”; y en segundo
término, el artículo 119 que en su párrafo primero dispone: “Con el
propósito de velar por la estabilidad, la solidez y el eficiente funcionamiento
del Sistema Financiero Nacional, la Superintendencia General de Entidades
Financieras (Sugef) ejercerá sus actividades de supervisión y fiscalización
sobre todas las entidades que llevan a cabo intermediación financiera”
(el subrayado no es del original).
Por
lo demás, la misma ley estableció una reserva
de actividad de forma que solo las entidades autorizadas
por la SUGEF quedan habilitadas para prestar los servicios de intermediación
financiera. Así lo dispone con toda claridad el primer párrafo del mencionado
artículo 116 de la Ley n.°7558 al indicar: “Únicamente pueden realizar
intermediación financiera en el país las entidades públicas o privadas, expresamente
autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los requisitos que la
respectiva ley establezca y previa autorización de la
Superintendencia. La autorización de la Superintendencia deberá ser
otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales” (el
subrayado y la negrita no son del original).
Acerca
del fundamento de ese acto administrativo previo a cargo de la SUGEF, en el
dictamen C-013-2001, del 19 de enero, indicamos: “las actividades de
intermediación financiera no se pueden ejercer sin la autorización previa del
órgano competente, toda vez que existen razones de interés público que el
Estado, a través de sus entes y órganos instrumentales, debe proteger y
garantizar, concretamente: la solidez del sistema financiero, las
inversiones de los usuarios de los servicios financieros y, en general, la
estabilidad económica del país. De ahí que solo se puede ejercer actividad
si previamente se han cumplido todos los requisitos que exige el ordenamiento
jurídico” (el subrayado no es del original).
Complementando
lo dispuesto por el artículo 116 de la LOBCCR, el artículo 120 advierte que, respecto
a las personas, físicas o jurídicas, que realicen actividades de intermediación
financiera sin la correspondiente autorización legal y de la SUGEF, se
procederá conforme a los numerales 156 y 157 de la misma ley que, en ese orden,
señalan:
“Artículo
156.- Deber de la Superintendencia
La
Superintendencia deberá velar porque en el territorio costarricense no
operen personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea su domicilio
legal o lugar de operación, que de manera habitual y a cualquier título realicen
actividades de intermediación financiera, de captación de recursos de
terceros u operaciones cambiarias sin autorización. Como medida
precautoria, la Superintendencia, cuando así lo autorice una autoridad
judicial, dispondrá la clausura de las oficinas en donde se estuviese
realizando esa clase de actividades, para lo cual podrá requerir el auxilio de
la Fuerza Pública.
Lo
dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también al funcionamiento de
grupos financieros de hecho o de entidades que, debiendo formar parte de un
grupo financiero, operen sin registrarse como integrantes del grupo.
Cuando
a juicio del Superintendente, existan indicios fundados de que una
persona, física o jurídica, está realizando ilegalmente actividades de las
mencionadas en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto
de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que de
acuerdo con esta ley, le corresponden respecto de las entidades fiscalizadas” (el subrayado no es del original).
“Artículo 157.- Penas de prisión
Será sancionado, con pena de prisión de tres a seis años, el que:
a) Realice
intermediación financiera sin estar autorizado.
b)
Permita o autorice que, en sus oficinas, se realicen tales actividades no
autorizadas.
La
entidad autorizada que permita o autorice los hechos a que se refiere el inciso
b) será solidariamente responsable de los daños y perjuicios causados” (el subrayado no es del original).
La
primera disposición transcrita remarca la potestad de la SUGEF, como parte de
su competencia desconcentrada, para vigilar que ningún sujeto en el territorio
nacional lleve a cabo operaciones de intermediación financiera de manera
habitual y por cualquier motivo sin autorización previa; evidenciando, de
nuevo, que nos hallamos en presencia de una actividad reservada y, por ende,
vedada al libre ejercicio por lo particulares si no cuentan con habilitación
legal, ni con el respectivo título habilitante.
A tal extremo, que la consecuencia jurídica para la persona que desconozca
dicha prohibición consiste en una sanción penal de 3 a 6 años (artículo 157.a).
La
cuestión es que el artículo 156 recién transcrito no solo limita las
actividades de intermediación financiera a quienes cuenten con la autorización
preceptiva, sino que, en principio, restringe también las operaciones
cambiarias y la “captación de recursos de terceros”. La primera
actividad está regulada expresamente en el artículo 86 de la propia Ley n.°7558, en la que concurren
tanto las
entidades financieras supervisadas por la Superintendencia, como aquellas otras
empresas autorizadas por la Junta Directiva del Banco Central; sujetos en ambos
casos a sendos requisitos de obligado cumplimiento para poder participar en el
mercado de divisas.
Sin embargo, de la captación
de recursos de terceros la LOBCCR no hace mayor precisión más allá de la que se
infiere del referido artículo 116, en el sentido de que esa captación de fondos
del público no puede tener como destino la intermediación financiera, a saber,
colocarlos o emplearlos para préstamos o inversión en otras personas. Conviene
recordar el desmenuzado desarrollo que, a partir del segundo y tercer párrafo
de dicho precepto, hizo el dictamen C-236-2005, citado por la División de Asesoría Jurídica del Banco Central, del concepto legal de
intermediación financiera:
“Para efectos de caracterizar la intermediación financiera interesan el
segundo y tercer párrafo. El primero en cuanto define positivamente la
intermediación y el segundo en cuanto lo hace en forma negativa. De conformidad
con la definición legal positiva, la intermediación se caracteriza por la
reunión de determinados elementos: captación de recursos financieros en forma
pública, la habitualidad, el destino de los recursos, la ausencia de
importancia de la forma contractual que adquiera la operación de crédito, el
riesgo.
La captación de recursos
financieros del público implica que el
intermediario financiero opera y actúa dentro del mercado financiero, recibiendo
recursos de terceros, del público en general. Se adquieren tales
recursos para luego trasmitir el derecho a un tercero:
“...El intermediario necesita hacerse de ellos (los fondos), los busca y
los capta del público, se los apropia y usa como propios, para luego
transferirlos a quien los precise o solicite, contratando directamente”. J.
RECIO - J, VILLER: El Banco Central y la intermediación financiera, Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 10.
Esas operaciones deben ser realizadas en forma habitual, lo que indica
que dichas operaciones se dan como parte del giro propio del intermediario y,
por ende, son operaciones que se repiten. El intermediario es un profesional en
su ámbito porque realiza esas operaciones en forma reiterada, sistemática y
normalmente prolongada. Además de profesionalidad, el requisito alude a la
especialidad de la actividad. El intermediario es normalmente una entidad
financiera.
El destino de los recursos: la captación tiene una finalidad propia, que va más allá de la
satisfacción de las propias necesidades de financiamiento del intermediario;
por el contrario, la captación de recursos está dirigida a cualquier
inversión en crédito. Es por eso que en el párrafo tercero se indica que no
se entiende como intermediación la captación de recursos para capital de
trabajo propio o para financiar los proyectos de inversión no financieros. Para efectos del destino de los recursos
captados, debe estarse a la definición de crédito emitida por la Junta Directiva del Banco
Central. Es crédito la operación por la cual el intermediario financiero
provee fondos o facilidades crediticias en forma directa a otra persona.
Puesto que el crédito es definido en forma amplia, se sigue que el destino
de los recursos captados es también amplio: estos fondos pueden destinarse a
cualesquiera de las operaciones que caracterizan el crédito. Como el
intermediario actúa en el mercado financiero, se sigue de ello que cualesquiera
de las operaciones de crédito pueden ser suscritas dentro del mercado. Por
ende, pueden concretarse con cualquier persona física o jurídica que pueda ser
destinataria de crédito, en la acepción dicha.
Elemento formal de la intermediación es el hecho de que se trata de
una actividad que sólo puede ser realizada por las personas autorizadas
expresamente por la ley y que cumplan con los requisitos establecidos por ésta
y precisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Ello
implica que para la intermediación no basta con que la ley señale en forma
genérica qué entidades pueden ejercerla, sino
que en definitiva el derecho de operar como intermediario deriva de la
autorización de la SUGEF.
La definición negativa de intermediación reafirma los elementos de la
intermediación financiera. En particular, la captación tiene una finalidad
financiera: la captación y el crédito son actividad financiera. No se capta
para una finalidad del propio ente financiero ni se capta para tener recursos
propios: se capta como intermediario y
para actuar como intermediario.
De la conjunción de los elementos antes señalados, se desprende que el
concepto legal de intermediación alude a la intermediación abierta. Por
consiguiente, para que se configure la intermediación es necesario que el
intermediario realice en forma habitual la captación de fondos para luego
transmitirlos, por su cuenta y riesgo, a un tercero, transfiriendo fondos de quien no los necesita a quien los solicita.
Supuesto en el cual poco importa para qué esa transmisión, más precisamente
cuál es el destino que se darán a los recursos y quién es el tercero que los
recibe.
En contraposición con esa intermediación abierta, la intermediación
cerrada presupone que la captación no se realiza ante el público
inversionista. En igual forma, la entidad no está
autorizada para ofrecer al público el dinero captado o bien, encuentra limitaciones
en el destino del dinero. Sólo determinado
tipo de operaciones pueden ser realizadas y el destinatario de esas
disposiciones no es el público en general. Es este el caso del Sistema de
Ahorro y Crédito del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (cf. Dictámenes
Ns.C-209-2000 de 4 de setiembre de 2000, C-346-2003 de 4 de noviembre de 2003 y
C-186-2005 de 16 de Mayo del 2005)” (el
subrayado y la negrita no son del original).
Tenemos, entonces, que
conforme a la LOBCCR la intermediación financiera es una forma de captación de
recursos de terceros con el fin de ofrecerlos al público en operaciones de
crédito y constituye una actividad reservada a las entidades que cumplan los
requisitos legales y cuenten con la autorización previa de la Superintendencia.
Con lo cual, la explicación para que el legislador diferencie en el citado
artículo 156 la intermediación financiera de otros tipos de captación de
recursos podría hallarse en el otro pilar legal sobre el que se edifica el
marco jurídico del mercado financiero y que justamente se vio afectado por las
reformas que le hizo dicha ley dirigidas a abrir los depósitos en cuenta
corriente o de ahorros a la banca privada: la LOSBN.
Vemos así, que el artículo
3.3 de la LOSBN, al establecer como función esencial de los bancos la custodia y
administración de los depósitos bancarios de la colectividad, precisa que los
bancos privados que “capten recursos en cuenta corriente o de ahorro a la
vista” deben cumplir los requisitos del artículo 59 de la misma ley, reiterando
que solo los bancos podrán recibir depósitos y captaciones en cuenta corriente.
Del mismo modo a como el artículo 76 siguiente, dispone que únicamente los
bancos y las entidades autorizadas por leyes especiales podrán tener cuentas de
ahorros. A tales efectos, el artículo 60 permite la captación de dinero del
público de todo tipo, incluidos depósitos de ahorro (artículo 77), sujetos a
los requerimientos de encaje mínimo legal, a las demás condiciones impuestas
por la LOBCCR y a la reglamentación de los propios bancos. Interesa recordar,
además, que el artículo 80 autoriza a los bancos invertir los recursos
financieros provenientes de los depósitos de las cuentas de ahorros en la
financiación de operaciones de crédito de largo plazo y préstamos personales.
La facultad de disposición
de los depósitos bancarios es lo que permite a los bancos obtener un margen de
intermediación, entendido como la diferencia entre los intereses percibidos
procedentes de los créditos otorgados y los réditos abonados a los clientes por
sus depósitos[38],
como una de sus fuentes principales de financiamiento, según lo contempla el
artículo 58, inciso 2), de la LOSBN:
“Artículo
58.-
Los bancos financiarán sus operaciones con los siguientes recursos
financieros:
(…)
2) Con la recepción de
todo tipo de depósitos y otras captaciones en moneda nacional o extranjera.
Cuando se trate de bancos privados que capten recursos en cuenta corriente o de
ahorro a la vista, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el
artículo 59 de esta ley” (el subrayado no es del original).
Se
desprende de lo expuesto, que la captación de
recursos dinerarios de terceros en cuenta corriente o de ahorro a la vista
constituye en sí misma una actividad reservada también a los bancos y entidades
autorizadas por ley, más allá que se destinen o no a operaciones de
préstamos de sus clientes. Lo que se explica en la
especial naturaleza jurídica del depósito bancario, según fue analizado en el
pronunciamiento OJ-042-2003, citado a su vez por la División de Asesoría
Jurídica de la SUGEF:
“El depósito es
una de las operaciones que pueden ser realizadas por los bancos comerciales.
Esta operación es una de las formas principales del financiamiento bancario,
tal como se desprende del artículo 58 de la Ley del Sistema Bancario Nacional…
Tratándose de depósitos a la
vista, cabe recordar que éstos son depósitos irregulares de dinero. El dinero
se traslada a la entidad financiera que puede disponer de él, obligándose a
igual cantidad que la recibida. El depositando no tiene el derecho de propiedad
de lo depositado, sino un derecho de crédito. El dinero no se deposita para
fines de custodia
".... El que las entidades
financieras deban conservar reservas en garantía de los depositantes es lo que
permite hablar de custodia, y ésta caracteriza al depósito como negocio
jurídico financiero...La custodia es, por consiguiente, el cálculo de
probabilidades del retiro de depósitos". L, MUÑOZ: Contratos y
negocios jurídicos financieros, II, Parte Especial, Editorial Universidad,
1981, pp. 890-891.
"El depósito bancario no es un
negocio de crédito. Luego no es un depósito. Ni siquiera puede calificarse
de depósito irregular en el que se puede usar la cosa depositada. Su causa no
es la custodia. Su causa es financiera. Es un contrato financiero en el
que el derecho del depositante se convierte en un derecho de crédito. El
depositante ostenta a su favor un derecho de crédito frente a la entidad de
crédito, el cual le faculta a exigir la restitución de los fondos dinerarios
que entregó, en las condiciones que se pactaron en la relación obligacional.
Los fondos en depósito pasan a formar parte del patrimonio de la entidad
depositaria". F, ZUNZUNEGUI, op. cit. p. 462.
Dado que se trata de un depósito
irregular, no puede hablarse de un contrato de custodia. Ciertamente,
el depósito a la vista implica una obligación de custodia, pero ésta no se
ejerce en relación con lo depositado por un cliente en particular. Por el
contrario, se trata de una custodia global en garantía de los depositantes,
lo que obliga a hacer reservas de liquidez y en su caso, satisfacer el encaje
legal. El resto de lo depositado financia las operaciones activas del banco.
Ciertamente, el derecho de crédito del depositante le permite reclamar lo
depositado. Pero esa obligación no permite considerar que el depósito
entrañe un contrato de custodia. Consecuentemente, respecto de estos depósitos
no puede hablarse ni de "contratos de custodia" ni de
"reglamentos de custodia" y como no lo son, es claro que las reglas
que los rigen son diferentes de las propias de un contrato de custodia de
dinero o de un depósito regular. Baste recordar que la Ley N. 1644 regula los
contratos de custodia en su artículo 116, en cuanto establece que los bancos comerciales
pueden efectuar comisiones de confianza como la recepción en custodia de
fondos” (la
negrita es añadida).
De
conformidad con las consideraciones anteriores, la captación de recursos del
público en cuentas corrientes o de ahorros a la vista con los cuales cumplir la
función de intermediación financiera constituye una actividad reservada por el
legislador a ciertas entidades financieras –principalmente los bancos– cuya
supervisión está a cargo de la SUGEF (artículo 115 Ley n.°7558).
A
este respecto, nótese que la especial naturaleza de estas cuentas a la vista se
pone de manifiesto en el artículo 14, letra b), de la Ley Reguladora de
empresas financieras no bancarias (n.°5044 de 13 de septiembre de 1972)
–comprensiva también de las reformas efectuadas por la LOBCCR–, pues a pesar de
estar autorizadas este tipo de entidades como intermediarios financieros para
captar depósitos en moneda nacional o extranjera, les está prohibido captar
depósitos en cuenta corriente y de ahorro (ver nuestro dictamen C-234-2008,
del 7 de julio).
Así
las cosas, la consecuencia más relevante de esta reserva legal respecto a las
cuentas corrientes o de ahorro a la vista es que las
operaciones de captación de fondos de terceros efectuadas fuera de ese ámbito
estricto no requerirían autorización previa y podrían ser ejercidas por los
particulares en ejercicio de la libertad de comercio o industria (artículos 28 y 46 constitucionales) en su vertiente de la libre
iniciativa empresarial; pues como lo señaló la Sala Constitucional en la
resolución n.°2001-6675 de las 15:02 horas del 11 de julio de 2001: “la
libertad de comercio que existe como garantía fundamental, es el derecho que
tiene todo ciudadano para escoger, sin restricciones, la actividad comercial
legalmente permitida que más convenga a sus intereses”.
B.3.
La captación de recursos de terceros contemplada en la Ley n.°7786 para fines
de administración o servicios de pago como actividad no reservada sobre
la que la SUGEF ejerce una supervisión en materia de prevención de la legitimación
de capitales y financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de
destrucción masiva
Con
todo, de considerarse que el citado artículo 156 de la Ley n.°7558 contiene
una restricción genérica para toda captación de recursos de terceros, más allá
de los supuestos dichos, la promulgación ulterior de la Ley sobre
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,
en su afán de regular las actividades financieras con el fin de evitar la
legitimación de capitales proveniente de delitos graves y de todos los
procedimientos que puedan servir como medio para blanquear dichos capitales, al
ser el sector financiero uno de los más vulnerables para ser utilizado por las
organizaciones criminales, ya que recibe
y canaliza la mayor parte de los activos financieros (ver nuestro dictamen
C-287-2011, del 21 de noviembre), amplía el catálogo de actividades supervisadas
a otras operaciones que bien pueden implicar la canalización de recursos
dinerarios de terceros en la forma de “transferencias sistemáticas
sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio”; “administración
de recursos por medio de fideicomisos o de cualquier tipo de administración
de recursos, efectuada por personas jurídicas, que no sean
intermediarios financieros”; o las “remesas de dinero de un país a
otro” (artículo 15, letras c, d y e, respectivamente de su primer
parágrafo; el subrayado no es del original).
Nótese, cómo en el supuesto de la gestión de
recursos financieros el inciso d) transcrito aclara que pueden tratarse de
personas jurídicas que no son intermediarios financieros y aun cuando el
principio de que parte el artículo 14 de la misma Ley n.°7786 es que en tanto
una entidad está sujeta a la supervisión y fiscalización de alguna de las
superintendencias del mercado financiero –la misma SUGEF, la Superintendencia
General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) o la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE)– le será aplicable dicha norma,
abarcando también a los grupos financieros; la circunstancia de que una
determinada persona no califique como entidad fiscalizada o supervisada en los
términos del artículo 14, no excluye la posibilidad de que se le aplique la Ley
n.°7786, pues los artículos 15 y 15 bis abarcan a quienes realicen las
operaciones que allí se enumeran, según lo precisamos en el referido dictamen
C-287-2011, llamándolos: “sujetos obligados”.
De
hecho, el inciso f) del aludido artículo 15 sirve para fundamentar la
interpretación dada, pues es solo con los emisores y operadores de tarjetas de
crédito que el legislador advierte que en el desarrollo de estas actividades no
pueden realizar intermediación financiera, “por lo que tienen impedido
captar recursos del público mediante cualquier medio físico, telemático,
digital o de cualquier otra forma que implique el traslado de recursos con
valor económico”. Y de nuevo remite a las disposiciones ya vistas de la LOBCCR en el evento de que se
detecte “la realización de intermediación financiera
sin contar con la debida autorización”.
Luego,
el artículo 15 bis añade otra serie de actividades sujetas a la Ley
sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,
entre las que cabe destacar las de su inciso e), consistente en las personas
físicas y jurídicas que lleven a cabo transacciones para sus clientes derivadas
de la administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros
activos de este (subinciso ii), con lo que comporta un acceso directo o
indirecto a las cuentas bancarias del respectivo cliente. Y aquí de nuevo,
la letra g) del mismo artículo de comentario, refuerza la interpretación de que
la captación de recursos del público se restringe cuando la operación sea de
crédito, al señalar que las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier
tipo de facilidad crediticia bajo los parámetros y las definiciones que determine
reglamentariamente el CONASSIF no pueden realizar intermediación financiera, “por
lo que tienen impedido captar recursos del público mediante cualquier medio
físico, telemático, digital o de cualquier otra forma que implique el traslado
de recursos con valor económico”, con las consecuencias legales mencionadas
antes.
En
desarrollo de los preceptos legales anteriores, el Reglamento general sobre
legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada (Decreto
Ejecutivo n.°36948-MP-SP-JP-H-S), en su artículo 8 –relativo al desempeño de
operaciones sistemáticas o sustanciales– dispone que las personas físicas o
jurídicas que brinden de manera organizada y habitual “servicios a terceros” como actividades de remesas mediante efectivo
(letra a); o administración de cualquier tipo de recursos efectuada por
personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros (letra
d), deberán registrarse ante la SUGEF, siempre y cuando no se encuentren
supervisadas por alguna otra de las Superintendencias. A lo que el penúltimo
párrafo del mismo precepto reafirma en la línea expuesta lo siguiente: “Se
entenderá que las personas que realizan o realizarán alguna de las actividades
antes señaladas, serán consideradas sujetos de inscripción cuando reciban o
declaren que van a recibir recursos de un
tercero como actividad de negocio, en el entendido que dichos recursos son o serán recibidos, custodiados,
girados y/o traspasados de acuerdo con las instrucciones del dueño de los
fondos, o bien, están o estarán sujetos a cláusulas establecidas mediante
acuerdos, contratos o convenios suscritos” (la
negrita y el subrayado no son del original).
Entonces,
para que un administrador de recursos sea sujeto de inscripción debe recibir
recursos de un tercero como actividad de negocio (ver el dictamen C-002-2013,
del 11 de enero).
Por
su parte, el artículo 2 de la Reglamentación a los artículos 15 bis y 15
ter de la Ley n.°7786 (Decreto Ejecutivo n.°41016-MP-MH-MSP-MJP) en la
definición que hace de las APNFD (Actividades y profesiones no financieras),
hace una concreción adicional respecto a que la actividad de administración del
dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente lo es
por el monto inferior a la cuantía significativa que determine la SUGEF (inciso
2.e.ii). En complemento de dicha previsión, el párrafo in fine del
artículo 6 del mismo reglamento, indica: “Las cuentas o servicios
financieros que utilicen todos los sujetos obligados, que desempeñen las
actividades indicadas en los incisos anteriores, deberán ser de uso
exclusivo de la actividad por la que se inscribió en el ente supervisor, y
estar a nombre del sujeto inscrito. Se faculta a la Superintendencia General de
Entidades Financieras para que a través de la Normativa Prudencial emitida por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, tomando como
fundamento la metodología de enfoque basado en riesgos, determine la cuantía
significativa de las operaciones objeto de supervisión y control” (el
subrayado no es del original).
La cuantía significativa está
determinada en el citado Reglamento CONASSIF n.°1450-2018, dentro del concepto
de operación sustancial, que aparece en la letra n) de su artículo 3, como las “operaciones
financieras realizadas o proyectadas por cualquier sujeto obligado, cuyo
importe acumulado en un período de doce meses, sea igual o mayor a
EUA$400.000,00 (cuatrocientos mil dólares en moneda de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en otras monedas, calculado con base al
tipo de cambio indicado en el Reglamento de Información Financiera, vigente a
la fecha de la evaluación, lo cual se considera como cuantía significativa”
(el subrayado no es del original).
Este mismo artículo, en su letra a),
maneja la siguiente definición de “Administración de recursos”,
entendiendo por tal el: “Acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro
negocio jurídico, por el cual una persona física o jurídica, como actividad
de negocio, recibe recursos de
un tercero, en el entendido que dichos
recursos son recibidos, custodiados, girados o traspasados de acuerdo con
las instrucciones del dueño de los fondos” (el
subrayado y la negrita no son del original).
De
lo visto hasta ahora, importa recapitular que existe
un reconocimiento normativo expreso (por ley y reglamento) de la actividad de
captación de recursos del público que no es la intermediación financiera, ni en
cuenta corriente o de ahorros a la vista y, por ende, que no es objeto de reserva
legal, como sucede con la administración de recursos de terceras personas para
prestar servicios de pago por orden del dueño de los fondos. Con lo cual, se permite que otras personas que no son entidades
bancarias o intermediarios financieros autorizados puedan participar de ese
tipo de operación tomando recursos del público para administrarlos, sujetos a
ciertos requisitos y a la supervisión de la SUGEF.
Sin
embargo, la supervisión que la Superintendencia proyecta sobre ellos no es en
el ámbito financiero propiamente dicho, esto es, velando por la situación
económica y financiera de las entidades que realizan intermediación financiera,
en términos de gobierno corporativo, gestión de riesgos, liquidez, solvencia,
seguridad, cumplimiento regulatorio, con el propósito de resguardar la
estabilidad, solidez y el eficiente funcionamiento del Sistema Financiero
Nacional (artículo 119 LOBCCR); sino la encomendada por la Ley n.°7786
en materia de prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo
y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un
enfoque basado en riesgos, para lo que se exige a los sujetos fiscalizados que
realizan las actividades de los artículos 15 y 15 bis, su inscripción
ante la SUGEF y cumplir una serie de obligaciones, como la identificación,
debida diligencia en el conocimiento y verificación de los clientes con los que
establezcan relaciones comerciales (ver letra a) del apartado segundo de dicho
artículo 15 y el numeral 16, así como el artículo 16 del Decreto Ejecutivo
n.°36948-MP-SP-JP-H-S); además de las que se dispongan mediante la normativa
prudencial que emita la CONASSIF.
En
efecto, como así lo ratifica también el artículo 6 del referido Reglamento
general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas,
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia
organizada, las labores de inscripción, supervisión y fiscalización que
ejerce la SUGEF sobre las personas físicas o jurídicas que realizan alguna de las
actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley n.°7786, “es únicamente en la materia de legitimación de capitales y el
financiamiento del terrorismo” (el subrayado no es del
original).
Valga
al respecto, las siguientes consideraciones que hicimos en el mencionado
dictamen C-002-2013:
“La inclusión de este artículo 15 manifiesta el interés del legislador
por prevenir y evitar que actividades económicas que inciden en la actividad
económica del país e indirectamente en la financiera sean penetradas por los
grupos dedicados a la legalización de capitales. Es el reconocimiento,
entonces, de que estos grupos no solo penetran y utilizan a las entidades
financieras para introducir en el país el dinero producto de los delitos a que
se refiere la ley, sino que también esa penetración puede ser realizada a
través de operaciones comerciales de alto contenido financiero, realizadas por
entidades no financieras. Entidades no sujetas normalmente a la supervisión
y fiscalización de las autoridades públicas o al menos, no con el carácter que
sucede en el mercado financiero. Dado ese reconocimiento y la necesidad de
mantener el orden público en la materia, se
impone un deber de inscripción que facultará a la Superintendencia General de
Entidades Financiera realizar labores de supervisión en orden a la prevención,
detección, persecución y represión a los fines de legalización de capitales, ya
no solo en relación con el sistema financiero sino respecto de otras entidades. Una atribución que beneficia
directamente a las personas físicas y jurídicas supervisadas, en el tanto
garantiza a sus posibles clientes que el capital proveniente de ellas se
encuentra legalmente introducido al país, creando así un ambiente de seguridad
negocial alrededor de los sujetos supervisados.
A partir de esta disposición, entidades no financieras que realizan
alguna de las actividades establecidas en el artículo 15 devienen “entidades
supervisadas”. Una supervisión que se ejerce, ciertamente, en orden a la
legalización de capitales, el lavado de dinero y, por ende, en los términos en
que lo establece la ley N. 8204 de cita, por
lo que las facultades legales de que dispone la SUGEF están referidas a los
objetivos de esta Ley. En este sentido, la
supervisión se dirige a verificar el cumplimiento de las obligaciones, a
prevenir situaciones que puedan poner a la entidad en riesgo de ser utilizada
para el lavado de capitales. En los términos del artículo 8 (sic) del
Reglamento general sobre legislación contra narcotráfico, actividades conexas,
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia
organizada, es una supervisión exclusivamente en materia de legitimación de
capitales y financiamiento del terrorismo. Dado
el objeto de la inscripción pero también de la supervisión, resulta evidente que la entidad no financiera está inhabilitada para
ejercer actividad propiamente financiera, en especial la intermediación
financiera a que se refieren los artículos 116 y siguientes de la Ley Orgánica
del Banco Central de Costa Rica. Ergo, la
inscripción no convierte a la entidad inscrita en una entidad financiera ni la
habilita para ejercer esta actividad” (el subrayado y la negrita no son del original).
Correlativamente,
y siempre dentro del mismo ámbito competencial, a la Superintendencia se le
impone el deber legal de velar por que no operen, en el territorio nacional,
personas físicas o jurídicas, de manera habitual y por cualquier título, “realicen
sin autorización” las actividades descritas antes, para lo que se le
reconoce las mismas facultades de inspección en cuanto a materia de prevención
y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva, para lo que deberá interponer la
denuncia ante las instancias correspondientes (artículos 15 y 15 bis de
la Ley n.°7786).
Cabe
agregar que, a pesar de los estrictos requisitos de control que establece el
ordenamiento jurídico, su aplicación está permeada por los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, de forma que debe adecuarse “conforme al
alcance que sea compatible a los sujetos obligados de acuerdo con su respectiva
naturaleza, bajo un enfoque basado en riesgos” (artículo 15 Ley n.°7786,
idea reiterada por el 15 bis). Así también se desprende de los párrafos in
fine de ambos preceptos legales recién citados, cuando aclara que la SUGEF “considerará
las condiciones y las características del sujeto obligado, de acuerdo con su
tamaño, estructura, cantidad de operaciones, número de empleados, volumen de
producción y factores de exposición al riesgo de legitimación de capitales,
financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva,
para exigir que dentro de la estructura organizativa se incorpore un oficial de
cumplimiento o, en su defecto, se autorice una estructura diferenciada”;
trazando así el abordaje regulatorio que debe acometer en este ámbito preciso
relativo a la prevención de la legitimación de capitales y al financiamiento
del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Llegados a este punto, no parece haber duda del
reparto de competencias que hizo el legislador en materia financiera entre el
BCCR y su órgano desconcentrado: la SUGEF. Al primero le corresponde la regulación del funcionamiento en general del sistema
nacional de pagos (incluido el SINPE); mientras que la Superintendencia divide
sus funciones de supervisión y fiscalización entre el ámbito propiamente
financiero respecto de las entidades públicas y privadas que llevan a cabo
intermediación financiera y mantienen cuentas corrientes y de ahorro a la vista
como actividades reservadas, de un lado; y la prevención de la legitimación de
capitales y el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de
destrucción masiva y la delincuencia organizada, bajo un enfoque basado en
riesgos, respecto a los sujetos fiscalizados que realizan las operaciones de
los artículos 15 y 15 bis de la Ley n.°7786.
En
esa tesitura, se plantea la cuestión de la supervisión y regulación de los PSP
afiliados al SINPE cuya operación coincide con las actividades fiscalizadas de
la Ley n.°7786; en cuanto se duda por la SUGEF de la licitud de que capten
recursos del público, al no limitarse estrictamente a los servicios de
provisión de pago, al poder disponer o manejar los fondos de los clientes, lo
que pasamos a analizar de seguido.
C.
LA REGULACIÓN DE LOS PSP AFILIADOS AL SINPE
EN EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LA NECESIDAD DE QUE SU ACTIVIDAD
OBSERVE LA RESERVA DE ACTIVIDAD DISPUESTA POR LA LEGISLACIÓN FINANCIERA
Tal
y como se acaba de indicar, no está en discusión que a la Junta Directiva del
Banco Central le corresponde la organización y reglamentación del
funcionamiento del sistema de pagos, según lo expresa con toda claridad el
artículo 69 de la LOBCCR. Ergo, no se trata de una competencia desconcentrada a
favor de la SUGEF, ni de ninguna de sus superintendencias; más allá de los
deberes de colaboración y cooperación que en dicho ámbito tiene que existir
entre todas ellas, complementando sus funciones para cumplir con el objetivo de
dar estabilidad al sistema financiero y económico que le corresponde a dicha
institución autónoma como un todo. A este respecto, no está de más recordar lo
estipulado por el artículo 12 del citado Tratado sobre sistemas de pagos y de
liquidación de valores de Centroamérica y República Dominicana, acerca del
deber de cooperación entre bancos centrales y autoridades supervisoras de los
Estados Parte, de forma que ambos “deberán cooperar entre sí con el fin de
lograr una eficiente vigilancia de los sistemas de pagos de la Región. A tal
fin, podrán firmar acuerdos de entendimiento y otros instrumentos de
cooperación”.
Sin
embargo, por más que la competencia del Banco Central en la materia sea
incontrovertida, el principio de jerarquía normativa (artículo 6 LGAP), como
corolario del principio de legalidad, al que está sujeto toda la Administración
Pública central y descentralizada, de la que dicho ente público es parte
(artículos 11 constitucional y 11, 12 y 13 LGAP), supone que en el ejercicio de
su potestad reglamentaria al actuar esa competencia que le es propia, el BCCR
debe ajustarse a las normas legales y reglamentarias de rango superior. Es
decir, el Reglamento del Sistema de Pagos no puede contradecir el bloque
normativo al que hicimos referencia en las páginas precedentes.
Particularmente, el aludido reglamento no puede desconocer las reservas de
actividad dispuestas por el legislador para ciertas entidades financieras, pues
de lo contrario sería ilegal, nulo e inaplicable “ipso facto” a futuro
(véanse nuestros pronunciamientos C-311-2019, de 24 de octubre, C-360-2019, del
3 de diciembre y PGR-C-103-2022, del 13 de mayo).
Bajo
ese entendido, tenemos que en esa línea de consolidar la política de Diligencia
debida en el conocimiento del cliente y siguiendo las recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera (GAFI), el Poder Ejecutivo mediante el citado Decreto
Ejecutivo n.°39000-MP-SP-JP-H-S, del 22 de abril del 2015, adicionó el artículo
16 bis al Reglamento general sobre
legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, para
establecer las CES, debido al riesgo real que representa la exclusión
financiera en la prevención de la legitimación de
capitales y el financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas,
al facilitar que más personas debidamente identificadas puedan acceder a los
servicios financieros formales. Dice así el mencionado precepto:
“Artículo
16 bis.—Cuentas de Expediente
Simplificado. Las Cuentas de Expediente
Simplificado (CES) son cuentas de fondos, abiertas por las entidades
financieras a las personas físicas que califiquen con un perfil de riesgo bajo,
a quienes se les aplicará una debida diligencia simplificada.
El Banco
Central de Costa Rica, como ente regulador del sistema de pagos reglamentará la
estructura, características y demás condiciones de apertura y funcionamiento de
las CES.
Se autoriza
a las entidades financieras para abrir CES y trasladar las cuentas de sus
clientes al esquema de CES, siempre y cuando cumplan con las
características y requisitos establecidos para las CES, observando todos los
componentes de prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del
terrorismo.
Para
la apertura de una CES y en sustitución del formulario conozca a su cliente, las
entidades financieras deberán cumplir con los requerimientos de identificación
e información de los clientes que defina reglamentariamente el Banco Central de
Costa Rica. Salvo lo dispuesto reglamentariamente, el formulario conozca su
cliente relacionado con cuentas CES, no requiere la firma del cliente.
Las entidades
financieras que administren CES, deberán validar la información de la
identidad de sus clientes, por medio de los servicios del SINPE que provean
acceso a las fuentes oficiales de información. El caso de los clientes que
únicamente cuenten con pasaporte, se deberá verificar que el mismo se encuentra
con vigencia y autorización de permanencia al día.
La
calificación de riesgo bajo por medio de la cual un cliente es titular de una
CES, deberá ajustarse a la metodología de valoración de riesgo con que cuenta
la entidad financiera.
Ninguna
entidad financiera podrá activar una CES a su cliente sin que antes la haya
registrado en el padrón de CES,
administrado por el Banco Central de Costa Rica” (el
subrayado no es del original).
A
propósito del padrón de CES a que hace referencia el párrafo in fine del
precepto transcrito, el artículo 39 del mismo reglamento –objeto de
modificación también por el Decreto Ejecutivo n.°39000-MP-SP-JP-H-S– dispone:
“Artículo 39.-De la utilización
de la plataforma del SINPE. En su labor de
investigación, análisis o supervisión, las autoridades judiciales y
administrativas competentes y supervisoras definidas en la Ley Nº 8204 citada,
utilizarán la plataforma del SINPE, para obtener información oportuna y
fidedigna de las transacciones que se realizan por medio del Sistema de Pagos,
desarrollado por el Banco Central de Costa Rica. Dicha información deberá
permitir identificar a las personas físicas o jurídicas que intervengan en las
transacciones, tanto en las que se liquiden con fondos como las que se realicen
con valores.
El Banco Central de Costa Rica, deberá garantizar que en las operaciones
que se tramiten por medio del SINPE, se consigne el número de cédula de
identidad para las personas físicas nacionales, el número de documento de
identificación válido y el número de cédula jurídica para las personas
jurídicas, para ello realizará los ajustes tecnológicos en el SINPE y las
reformas necesarias a la normativa aplicable.
La información recabada por medio del SINPE tendrá el carácter de
confidencial y no podrá hacerse pública salvo solicitud expresa de las
autoridades competentes, mediante solicitud fundamentada, esto en cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº8204 citada.
El Banco Central de Costa Rica, deberá desarrollar sobre la plataforma
del SINPE las herramientas tecnológicas que le faciliten a las autoridades
judiciales y administrativas competentes y de supervisión sus labores, debiendo
también, proveerles asesoría y capacitación sobre el funcionamiento de dicha
plataforma.
El Banco Central de Costa Rica deberá desarrollar un padrón de Cuentas de
Expediente Simplificado (CES) sobre la plataforma del SINPE, el cual funcionará como un registro centralizado de todas las CES
abiertas por las entidades financieras a sus clientes y como herramienta de
control para asegurar el buen uso del sistema CES” (el
subrayado no es del original).
Tal
y como se desprende del tenor literal de las disposiciones reglamentarias
recién transcritas, las CES únicamente pueden ser abiertas por entidades
financieras y solo a personas físicas, no jurídicas. También le corresponde a
la entidad financiera registrar en el padrón administrado por el Banco Central
esta clase de cuentas como paso previo a su activación. Además, el artículo 16
bis bajo estudio es claro en establecer que las CES son “cuentas de fondos”.
En
coherencia con lo dispuesto por estos artículos del Reglamento general sobre
legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, el
Reglamento del Sistema de Pagos en su artículo 476 define las CES como “las cuentas de fondos que
pueden abrir las personas físicas mediante un trámite simplificado”.
Inmediatamente, el artículo 477 precisa que las entidades financieras “emisores
de CES” en las monedas ahí indicadas, son las supervisadas según lo
indicado por el artículo 14 de la Ley n.°7786, es decir, las que regulan,
supervisan y fiscalizan alguna de las cuatro superintendencias existentes (y
cita como ejemplo, a los bancos, mutuales, entidades financieras no bancarias,
cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones solidaristas, entre otras). Por
fin, le corresponde a la entidad financiera asignar al cliente alguno de los
tres tipos de CES previstos en la normativa según el nivel de ingreso
manifestado y las condiciones que se regulan en los artículos 478 a 485 del
mismo reglamento.
Cabe
aclarar que el propio Reglamento del sistema de pagos define una cuenta de fondos
así: “cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas
virtuales, cuentas electrónicas o cualquier otra denominación de cuenta de
fondos a la vista, administradas por los afiliados al SINPE” (el
subrayado y la negrita no son del original).
Los afiliados a la plataforma
SINPE, de acuerdo al referido artículo 2 de definiciones comprende al “asociado,
asociado regional, organizador de mercados y proveedor de servicios de pago”.
Este último, de acuerdo al mismo precepto, es conceptualizado como “persona
jurídica nacional que realiza actividades de transferencias
de fondos, remesas, procesamiento de pagos y cobros comerciales o cualquier otra actividad que requiera la movilización de fondos
propios o de terceros” (el subrayado y la negrita
en ambas transcripciones no son del original).
Luego,
su artículo 6 precisa que este tipo de empresas “deberán estar inscritas
ante la Sugef para efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 15 y
artículo 15 bis) de la Ley 7786; además, deben de cumplir con los requisitos de
seguridad de la información para la protección de la plataforma del Sinpe, de
conformidad con lo establecido en la Serie de Normas y Procedimientos del
Sinpe. Esto constituye una condición necesaria para que el BCCR otorgue y
mantenga la autorización de proveedor de servicios de pago” (el
subrayado no es del original).
Por
su parte, el asociado es la “entidad que participa en servicios del SINPE y mantiene
cuentas de fondos y/o de valores en el BCCR para la liquidación de
transacciones propias o de terceros”[39]; mientras que el asociado regional
consiste en la “entidad no domiciliada en Costa Rica que participa en
servicios del SINPE y mantiene cuentas de fondos en el BCCR para la
liquidación de transacciones propias o de terceros”[40]. Por fin, el Organizador de mercados[41] es la “entidad que provee a los asociados al SINPE algún mercado
financiero que implique un proceso de compensación y liquidación sobre las cuentas
de fondos y/o de valores mantenidas en el BCCR por los asociados o proveedores
de servicios. En caso de que el Organizador, sea un participante más de ese
mercado, requerirá una cuenta de fondos en el BCCR, para efectos de liquidar su
posición o la de un tercero” (artículo 2, ejusdem; el subrayado y la
negrita en los textos transcritos no son del original).
Podemos
afirmar, entonces, que los PSP como afiliados al SINPE –definido a su vez por
el artículo 2 del Reglamento del sistema de pagos, como el “Portal
financiero que integra y articula el sistema de pagos costarricense”–
pueden llevar a cabo actividades de transferencias de fondos, remesas,
procesamiento de pagos y cobros comerciales o cualquier otra actividad que
requiera la movilización de fondos propios o de terceros, en la medida que ello no suponga abrir y mantener
cuentas corrientes o de ahorros a la vista de
sus clientes; pues como ya se analizó en
el epígrafe anterior, esos servicios financieros forman parte de la reserva
legal de actividad que el legislador estableció a favor de los bancos y
demás entidades financieras autorizadas por ley y bajo la supervisión de la
SUGEF.
La
Procuraduría entiende de una interpretación armónica del conjunto del
ordenamiento jurídico financiero analizado hasta ahora, que las operaciones
anteriores son las que comprenden las actividades de “administración de
recursos” o “administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros,
valores u otros activos del cliente” a que hacen referencia los artículos
15 y 15 bis de la Ley n.°7786. Ello supone que el PSP como gestor de esos
recursos tendría acceso a esas cuentas del cliente para efectos del servicio de
pago –como vimos del Derecho comparado– o bien, podría recibir el dinero de
este para efectuar la transferencia de fondos o el pago respectivo, atendiendo
a la orden que le haya dado al momento en que se lo depositó.
En
ese sentido, el Reglamento del sistema de pagos facilita la operación de los
PSP con su inclusión en la Cuenta de fondos SINPE –como parte de los
servicios obligatorios que los afiliados deben suscribir para participar de
esta plataforma de acuerdo al artículo 7– por cuyo medio se administran las
cuentas mantenidas por los afiliados en el BCCR utilizadas para la liquidación
de las transacciones propias y de terceros que realiza en el Sistema de
Pagos[42]
(artículo 60), para lo que se les autoriza para abrir y mantener solo una
cuenta en moneda nacional y una cuenta por tipo de moneda extranjera, salvo
cuando medie autorización expresa de la Dirección de la División Sistemas de
Pago para abrir cuentas adicionales (artículo 62). Además, se establece la
inembargabilidad de las cuentas de fondos mantenidas por los afiliados en el
BCCR (artículo 63), la irrevocabilidad de las instrucciones de pago tramitadas
por medio del SINPE frente a sus ordenantes o terceros y la firmeza de las
negociaciones y transacciones de fondos realizados a través de dicha
plataforma, haciéndolos exigibles y oponibles frente a terceros e
imposibilitando su anulación o reversión (artículos 64 y 65), en aras de
garantizar la seguridad jurídica de todos los usuarios.
Conviene
recordar que la incorporación de los PSP a la plataforma SINPE ocurre con el
acuerdo del artículo 6 de la sesión n.°5825-2018 del 2 de mayo de 2018, de la
Junta Directiva del BCCR, “[c]on el objetivo de lograr una mayor eficiencia
en la prestación de los servicios electrónicos del SINPE y en línea con las
tendencias internacionales de apertura de los sistemas de pago a nuevos
participantes, se habilita la posibilidad de ingreso al SINPE de empresas
"proveedores de servicios de pagos" (considerando E). El antiguo
artículo 6 aprobado en esa oportunidad, amén de remitir a la legislación
protección de datos, limitaba el campo de acción de estas empresas, al
disponer:
“Artículo
6. Proveedores de servicios de
pago. Se refiere a las empresas jurídicas
nacionales que brindan servicios de pago y cobro producto de transacciones
propias o de terceros, siempre que cumplan con las regulaciones nacionales
vigentes en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento
al terrorismo, protección de datos y cualquier otra legislación
aplicable a los servicios ofrecidos. Participan únicamente en los servicios:
Transferencia de Fondos a Terceros, Compensación de Créditos Directos, Débito
en Tiempo Real, Compensación de Débitos Directos, Sinpe Móvil, Reclamación de
Fondos y Autorización de Débitos Automáticos.
Los
proveedores de servicios de pago deberán suministrar a la División de Sistema
de Pagos información relacionada con el tipo de servicio, canales e
instrumentos de pago que ofrecerá a sus clientes, nicho de mercado al que se
dirige, esquema de operación, controles y medidas de seguridad a implementar,
esquemas de continuidad del negocio, estadísticas transaccionales y otros datos
de interés desde la perspectiva del desarrollo del sistema de pago, según lo
especificado en las normas complementarias” (el
subrayado no es del original).
Vemos
que –a diferencia del texto vigente– el precepto anterior contenía una
regulación más detallada de la operación de esta clase de afiliados al SINPE.
En la penúltima versión de la norma, se amplía más la gama de servicios que
pueden ofrecer, entre los que destaca el registro al Padrón Único de Cuentas
(PUC). Decía así el numeral en cuestión:
“Artículo 6. Proveedores de
servicios de pago. Se refiere a las empresas jurídicas nacionales que
realizan actividades de transferencias de fondos, remesas, pagos y cobros a
comercios o cualquier otra actividad que requiera la movilización de fondos
propios o de terceros, siempre que cumplan con las regulaciones nacionales
vigentes en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento
al terrorismo, protección de datos y cualquier otra legislación
aplicable a los servicios ofrecidos.
Estas empresas deberán estar inscritos ante la SUGEF para efecto de
cumplir con lo establecido en el artículo 15 y artículo 15 bis) de la Ley 7786,
además, esta Superintendencia deberá comunicar al BCCR que dichos sujetos
obligados cuentan con adecuados marcos de gobierno corporativo para
gestionar los riesgos asociados a la prevención de la legitimación de capitales
y que cuentan con plataformas robustas para salvaguardar la información de
los usuarios de los servicios financieros que utilizan los servicios de pago de
esos sujetos obligados. Lo anterior es una condición necesaria para que el
BCCR otorgue la autorización de proveedor de servicios de pago.
Los proveedores de servicios de pago deberán suministrar a la División
Sistemas de Pago información relacionada con el tipo de servicio, canales e
instrumentos de pago que ofrecerá a sus clientes, nicho de mercado al que se
dirige, esquema de operación, controles y medidas de seguridad a implementar,
esquemas de continuidad del negocio, estadísticas transaccionales y otros datos
de interés desde la perspectiva del desarrollo del sistema de pago, según lo
especificado en la Serie de Normas y Procedimientos del SINPE. En caso de que producto de su giro de negocio,
administren cuentas de fondos, deberán asignarles a estas, un número de cuenta
IBAN y registrarlas en el Padrón Único de Cuentas (PUC), cumpliendo con los requerimientos definidos en la Serie de Normas y
Procedimientos del SINPE.
Asimismo, deberán indicar al BCCR los mecanismos y procedimientos para la
publicidad y ofrecimiento de sus productos a los usuarios de sus servicios, lo
anterior para garantizar transparencia y claridad” (el
subrayado y la negrita no son del original).
El texto transcrito contemplaba que, como parte de la administración de
cuentas de fondos, los PSP podían aperturarlas, asignándoles un número de
cuenta IBAN y registrarlas en el PUC, lo que ciertamente podría considerarse
como un exceso de sus atribuciones, dada la condición de estas cuentas en
general como “fondos a la vista”, con lo que estarían invadiendo el
ámbito reservado a las entidades financieras supervisadas por la SUGEF.
El artículo 6 vigente, según vimos antes, eliminó la frase destacada
objeto de comentario. Las consideraciones que en su momento externó la Junta
Directiva del Banco Central en el artículo 4 de la sesión n.°6099-2022, del 21
de diciembre de 2022, para adoptar la redacción actual, en lo que aquí
interesa, fueron las siguientes:
“E. Sobre la relevancia de
empresas como los "proveedores de servicios de pago", en el informe
económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
titulado Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica. Julio 2020, se destacó que
la inclusión, "de las nuevas empresas fintech permitiría incrementar los
resultados de inclusión financiera en Costa Rica."; además, de que, "la
penetración de las empresas fintech también puede aumentar la competencia en el
sistema financiero." y que, "una mejor competencia en los mercados
financieros reduciría los márgenes de Uso Interno intermediación y los costos
de transacción, lo que resultaría en un mayor bienestar de los
consumidores."
F. La Ley 7786, en sus artículos 15 y 15 bis, dispone que empresas como
los "Proveedores de Servicios de Pago" deberán someterse a la
supervisión de la Sugef, respecto de la materia de prevención de la
legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva, de modo que, el
requerimiento de contar con un adecuado marco de gobierno corporativo para
gestionar riesgos asociados a la prevención de dichas actividades es una
competencia propia de la Sugef, razón por la cual resulta redundante y por lo
tanto innecesario incluir esta disposición en el Reglamento del Sistema de
Pagos.
G. El Banco Central de Costa Rica tiene la responsabilidad de promover por
la eficiencia y seguridad del sistema de pagos, razón por la cual se
considera adecuado que sea el propio Banco Central el que asuma la labor de
seguimiento y verificación de que estos nuevos participantes del Sinpe cumplan
con los requisitos de seguridad de la información que se definan para la
protección de la plataforma del Sinpe” (el
subrayado no es del original).
El problema que observa la Procuraduría es que, aun con esa ultima
reforma, diversas disposiciones del Reglamento del
Sistema de Pagos en vigor mantienen la posibilidad para los PSP, en su
calidad de afiliados, de abrir cuentas de fondos –y por añadidura fondos a la
vista–, asignándoles un número IBAN para cada uno de sus clientes; empezando
por la misma definición que del IBAN hace la norma en su artículo 2, al
indicar:
“IBAN
(International Bank Account Number): estructura estandarizada del número de
cuenta utilizado por los afiliados para identificar las distintas líneas
de negocio (cuentas de fondos, tarjetas de crédito, operaciones de
crédito, cuentas virtuales y cualquier otro producto financiero o servicio) de
sus clientes, utilizadas como
ruta de movilización de fondos para realizar transacciones de pago o cobro y que se constituye en el estándar único y exclusivo para
realizar transacciones en los servicios del SINPE. Esta estructura de cuenta
constituye el domicilio financiero del cliente” (el
subrayado y la negrita no son del original).
Después,
el mencionado artículo 7 cita entre los servicios que obligatoriamente deben
suscribir los afiliados para operar en la plataforma del SINPE, a las Cuentas
de Fondos y el PUC, de este último hace la siguiente precisión: “afiliados
nacionales que abren cuentas de fondos a sus clientes”. Con lo que, de
nuevo, se da a entender que los PSP, sin ser entidades financieras supervisadas
pueden abrir cuentas de fondos que, según se vio líneas atrás del concepto que
de estas maneja el Reglamento del sistema de pagos, su común denominador es ser
fondos a la vista (incluidas las cuentas corrientes y de ahorros).
El
artículo siguiente reafirma la facultad de los afiliados –entre ellos, los PSP–
para administrar cuentas de fondos, para lo que deben brindar a sus clientes
los servicios interbancarios del SINPE en los que participen, relacionados con
la posibilidad de movilizar fondos entre su entidad y cualquier otro
participante en el sistema, para lo cual, deben preparar sus plataformas
tecnológicas para que los servicios de pago de dicho portal ofrecidos al
público y los sistemas de información relacionados garanticen a los ciudadanos
sus derechos de accesibilidad. Más
determinante aún, el artículo 9 dispone que “los afiliados dispondrán de un
código de entidad para operar en el SINPE y para asignar cuentas IBAN a los productos financieros o servicios proveídos a sus
clientes” (el subrayado y la
negrita no son del original).
De
tal suerte que, si uno de esos servicios es, como vimos, las cuentas de fondos,
vemos, de nuevo, que los PSP dada su calidad de afiliados, están autorizados
por la normativa bajo estudio para abrir y mantener cuentas IBAN a sus
clientes, con lo que se podría estar vulnerando la reserva legal de actividad
respecto a las cuentas corrientes y de ahorro a la vista.
Nótese,
además, que el artículo 12 del aludido reglamento exige a los afiliados mantener en sus cuentas los fondos y valores
necesarios para atender satisfactoriamente las obligaciones financieras
derivadas de los resultados de la compensación y liquidación de las
transacciones procesadas a su cargo a través del SINPE, haciéndolos
directamente responsables (ver también el artículo 16).
En
desarrollo de las disposiciones anteriores, el artículo 24 señala que tanto los
asociados, como los PSP, deberán relacionar el código IBAN “para identificar
de forma única a todas las cuentas de fondos, tarjetas de crédito y
operaciones crediticias que administren de sus clientes, siendo
obligatorio aceptar las transacciones de pago que se realicen contra éstas. El
IBAN también podrá ser asociado a cualquier otro producto financiero o servicio
que genere transacciones de movilización de fondos de sus clientes. Además,
deberá ser utilizado con las transacciones intrabancarias e interbancarias que
realicen los clientes o en transacciones nacionales o transfronterizas”.
Sin
embargo, en su párrafo in fine, se ajusta lo ya indicado respecto a que
el Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades
conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia
organizada, restringe la apertura de CES a las entidades financieras, al
indicar: “Toda entidad financiera que emita cuentas de fondos a clientes
debe asociar el estándar IBAN a dichas cuentas, para lo cual dispondrá de un
código de entidad en SINPE” (el subrayado y la negrita
no son del original).
Asimismo,
como parte de estos servicios, el artículo 25 del Reglamento del Sistema de
Pagos prevé que se brinden a los clientes de los afiliados estados de cuenta
respecto a los movimientos de las cuentas de fondos que son gestionadas por
estos.
Acerca
de la gestión de cuentas IBAN –que no apertura o administración de fondos de
cuentas– se refiere el libro XIV del Reglamento del Sistema de Pagos dedicado a
un servicio intrínsecamente relacionado con los PSP de base tecnológica, como
lo es el SINPE Móvil, definido así por su artículo 142: “el servicio de
liquidación multilateral neta por medio del cual las entidades asociadas al
SINPE procesan pagos de sus clientes, con acreditación de los fondos en tiempo
real sobre una cuenta IBAN del cliente físico o jurídico asociada a un número
de teléfono móvil”.
En
efecto, el artículo 143 relativo a los participantes de este tipo de servicios,
preceptúa que “podrán operar aquellos asociados y proveedores de
servicios de pago que administren cuentas IBAN, en colones, de clientes
físicos o jurídicos. En el caso de los clientes físicos, los participantes
deben habilitarle la funcionalidad de envío y recepción de transacciones. En el
caso de los clientes jurídicos, los participantes deben proveerle la
funcionalidad de recepción de transacciones y pueden brindarle el servicio de
envío de transacciones” (el subrayado no es del original).
Por
último, tratándose del PUC, el artículo 472 retoma la idea de que los PSP, en
su condición de afiliados, puede abrir cuentas de fondos (a la vista) a sus
clientes, cuando define este servicio así: “registro centralizado de la totalidad de cuentas de fondos abiertas a sus clientes por parte de los afiliados al SINPE” (el subrayado y la negrita no son del original).
Las disposiciones citadas del Reglamento del Sistema
de Pagos generan dudas de su compatibilidad con las normas de rango legal del
orden financiero que restringen la captación de recursos de terceros en cuentas
corrientes y de ahorros a la vista a las entidades bancarias y financieras
autorizadas por la SUGEF; al habilitar a los PSP para abrir y mantener bajo su
administración “cuentas de fondos” –que en última instancia son fondos a
la vista– como parte de su operación o giro empresarial, a los que les pueden
asignar un código IBAN para cada cliente.
Cabe
aclarar que, la Procuraduría no encuentra problema en la posibilidad de los PSP
de conectarse al SINPE, como reflejo natural de la innovación tecnológica que
está experimentando el sector financiero, entre muchos otros sectores
económicos, ni el empleo del IBAN en el trazado del trayecto de los fondos
dinerarios movilizados; tan solo en que mantengan a la vista recursos
percibidos de sus clientes en una suerte de cuenta corriente o de ahorros, en lugar
de proceder al pago inmediato conforme a la orden de pago girada por estos al
PSP.
En
ese sentido, este órgano superior consultivo es consciente de que la actividad
de administración de recursos, dinero y cuentas bancarias de terceros está
reconocida por la Ley n.°7786 y abierta a la libre iniciativa empresarial, si
bien su regulación legal se limita a la materia de prevención de la
legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo; lo que puede
comportar que las personas físicas y jurídicas que se dediquen a esa actividad
tengan acceso a las cuentas corrientes y ahorros de sus clientes con el
consentimiento de ellos, que mantienen abiertas en las entidades financieras
supervisadas por la SUGEF.
Por
tanto, aun cuando la frontera entre esa forma de negocio (actividad no reservada) y la apertura de cuentas corrientes y de ahorros a la vista (actividad reservada y
sujeta a requerimientos legales, como el encaje mínimo legal) puede ser difícil
de identificar en la práctica, lo cierto es que cualquier intento de brincarla
para ofrecer en la realidad los productos o servicios sobre los que existe una
reserva de actividad establecida por ley, valiéndose de las facilidades que
ofrece la plataforma SINPE a sus afiliados, podría considerarse un fraude de
ley en los términos del artículo 22 del Código Civil, determinando su
ilicitud.
Sirva
lo dicho, para el caso de que se afirme que las cuentas a la vista que mantenga
un PSP de sus clientes no tiene la misma naturaleza de un depósito bancario,
bajo el argumento de que los recursos continúan siendo del depositante y no de
la empresa a la que se le transfieren; siendo el elemento determinante en
realidad, si los dineros captados se mantienen o no a disposición inmediata de
aquél para ser usados con el destino y en el momento que él desee.
De
lo anterior se desprende la responsabilidad del BCCR, en el marco de sus
competencias legales e internacionales derivadas del Tratado sobre sistemas de
pagos y de liquidación de valores de Centroamérica y República Dominicana
(artículo 11), de regular el funcionamiento del SINPE de forma acorde con lo
dispuesto en las leyes 7558 y 1644, brindando seguridad jurídica
a todos los participantes de esta plataforma de los servicios financieros que
están sujetos a reserva de actividad y, consecuentemente, que no pueden ser
prestados por las entidades que carecen de la respectiva autorización legal.
Mientras
que a la SUGEF le corresponde actuar las potestades de
supervisión conferidas principalmente por la LOBCCR sobre las actividades
mencionadas reservadas a los bancos y entidades financieras, así como poner en
conocimiento del Banco Central si alguna persona o empresa está empleando la
plataforma SINPE con ese propósito sin contar con la respectiva autorización legal,
ni la autorización previa de la Superintendencia, a efectos de que se le
suspenda de dicho servicio de así constatarlo y sin perjuicio de las demás
responsabilidades legales que acarree tal actuación.
Huelga
decir, la importancia de que entre el BCCR y la SUGEF prevalezca una estrecha cooperación
(artículo 12 del citado Tratado sobre sistemas de pagos) y labor de coordinación
entre ambas; máxime al constituir una sola estructura organizacional, dada la
interconexión existente en las materias de sistemas de pagos, supervisión
financiera y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al
terrorismo, para el adecuado funcionamiento y desarrollo de los sistemas
financieros, brindando solidez y suficiente seguridad jurídica con los cuales promover
la estabilidad financiera del país, pero también protección a los usuarios de
los servicios financieros.
A
propósito de estos últimos, interesa hacer una reflexión final en clave de lege
ferenda, sobre la relevancia de que se regule la actividad de los PSP y
Fintech en general, sobre todo en los aspectos que requieran normas con rango
de ley, como así lo puso de manifiesto la referencia al Derecho comparado
efectuada en el apartado II-A de este pronunciamiento, habida cuenta de los
relevantes intereses en juego presentes, tanto desde la perspectiva de la
estabilidad y desarrollo del sistema financiero, como desde la perspectiva de
las personas que buscan acceder y recibir los beneficios de los servicios de
esta naturaleza, a partir de un enfoque basado en riesgos, que sea
proporcional, proteja los derechos fundamentales de las personas usuarias y
fomente la modernización del sector financiero mediante el empleo de nuevas
tecnologías[43].
De cualquier forma, y según lo advertimos ya también, el hecho de que la
actividad de los PSP esté huérfana de una regulación especial a su medida no
significa que no les sean aplicables o deban cumplir con otras disposiciones
vigentes del ordenamiento jurídico que resulten pertinentes; verbigracia, de la
Ley de Promoción
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o de
la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos
personales (n.°8968 del 7 de julio del 2011), tal y como lo hacía, según
vimos, las versiones anteriores del actual artículo 6 del Reglamento del
Sistema de Pagos; en particular, respecto a las exigencias de información de
los servicios o productos financieros ofrecidos[44] y el ejercicio pleno del
derecho a la autodeterminación informativa, comprensivo del consentimiento
informado.
III.
RESPUESTA PUNTUAL A LAS INTERROGANTES
PLANTEADAS POR LAS CONSULTANTES
Con
fundamento en las consideraciones de fondo analizadas, damos respuesta a las
preguntas formuladas de manera conjunta por el BCCR y la SUGEF en los
siguientes términos:
-
¿Cuál es el alcance de actuación lícita de
los proveedores de servicios de pago, de frente a las actividades que las leyes
reservan a cierto tipo de entidades financieras supervisadas (bancos
comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales)?
La
captación de recursos dinerarios de terceros en cuentas corrientes o de ahorro
a la vista constituye en sí misma una actividad reservada exclusivamente a
favor de los bancos y entidades financieras facultadas legalmente y que hayan
obtenido la preceptiva autorización previa de la SUGEF, al igual que lo es la
intermediación financiera de conformidad con la LOBCCR y la LOSBN.
Fuera
de ese ámbito, los PSP en ejercicio de su libertad de comercio y libre
iniciativa empresarial pueden ofrecer los servicios reconocidos por los
artículos 15 y 15 bis de la Ley n.°7786, denominados “administración
de recursos” o “administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros,
valores u otros activos”, lo que puede suponer tener acceso a las cuentas
que sus clientes mantienen en el sistema bancario nacional, con el
consentimiento de ellos, así como captar recursos de estos para llevar a cabo
las actividades de transferencias de fondos, remesas, procesamiento de pagos y
cobros comerciales o cualquier otra actividad que requiera la movilización de
fondos propios o de terceros, en los términos del Reglamento del Sistema de
Pagos, acatando lo ordenado por el dueño de esos fondos.
-
¿Podría considerarse que la operación
actual de los proveedores de servicios de pago invade actividades comerciales reservadas
por ley a entidades financieras supervisadas?
La
pregunta es inadmisible, pues supone pronunciarnos sobre una situación
concreta que extralimitaría los alcances de nuestra función consultiva (al
respecto, ver el dictamen PGR-C-044-2024, del 11 de marzo, que resume nuestra
jurisprudencia sobre ese criterio de admisibilidad).
- ¿Pueden
los proveedores de servicios de pago utilizar cuentas de fondos o cuentas de
expediente simplificado (CES) para la realización de sus actividades?
Según
se indicó en las páginas precedentes, la definición que maneja el Reglamento
del Sistema de Pagos de las cuentas de fondos abarca un ámbito reservado
expresamente por el legislador a las entidades bancarias y financieras
autorizadas por ley, consistente en las cuentas corrientes y de ahorros a la
vista.
Por
consiguiente, los PSP no pueden abrir, ni mantener cuentas de fondos de esa
naturaleza a sus clientes –o que en la realidad cumplan esa misma función– para
llevar a cabo su actividad de provisión servicios de pagos o transferencia de
recursos con los alcances explicados en la respuesta a la primera pregunta.
En
lo referente a las CES, vimos también que el Reglamento general sobre
legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, y el
mismo Reglamento del Sistema de Pagos, limitan la facultad para aperturar este
tipo de cuentas a únicamente las entidades financieras que son supervisadas por
alguna de las cuatro superintendencias existentes (SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y
SUPEN). En consecuencia, el uso que un PSP pueda hacer de una CES de un cliente
dependerá del acceso que él expresamente le dé para la gestión de algún
servicio de pago.
-
¿Es deber del Banco Central ejercer la
debida diligencia (Ley 7786) a las empresas del artículo 15 y 15 bis a las que
ha autorizado cuentas de fondos en el SINPE, para operar como proveedor de
servicios de pago, dado que, al no pasar esos fondos por el sistema financiero,
quedan fuera de toda supervisión en esa materia?
A
tenor precisamente de los referidos artículos 15 y 15 bis de la Ley
n.°7786, las empresas que llevan a cabo las actividades contempladas en ambos
preceptos – concretamente, la administración y transferencia de recursos, las
remesas, la gestión de dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros
activos– devienen en sujetos obligados de no solo inscribirse ante la SUGEF y
sujetarse a su supervisión en materia de prevención de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de
destrucción masiva, acatando la normativa prudencial que establezca el CONASSIF
sobre el particular; sino también ejercer ellos la identificación y la debida
diligencia de sus clientes al momento de entablar relaciones comerciales con
estos, como así lo manda la letra a) del segundo parágrafo del aludido artículo
15 y el primer párrafo del artículo 15 bis, al igual que los artículos 6 y 16
del Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades
conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia
organizada, y 7, inciso a), de la Reglamentación a los artículos 15 bis y
15 ter de la Ley n.°7786. Cabe
transcribir lo que al efecto indica dicho artículo 16 del primer reglamento
recién mencionado:
“Articulo 16.- Diligencia debida
en el conocimiento del cliente.- Al
momento de establecerse una relación de negocios con un cliente habitual, sea
persona física o jurídica, las entidades y los sujetos obligados deberán
mantener en sus archivos un perfil de dicho cliente, basado en un enfoque de riesgo de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo.
Los procedimientos que adopten cada entidad o sujeto obligado para
cumplir con este artículo, deberán permitir la recopilación de información
necesaria para completar adecuadamente el perfil de cada cliente, al momento de
iniciar la relación y durante el tiempo que ésta dure y, dar seguimiento a sus
operaciones. Para efectos de la identificación del cliente será necesario
utilizar los documentos válidos, establecidos en el presente reglamento.
El formulario de la política conozca a su cliente únicamente debe ser
firmado al inicio de la relación comercial.
Lo anterior no aplica a los clientes ocasionales, entendidos estos como
aquellas personas físicas que compran o venden divisas, en forma no organizada
ni habitual y cuyo volumen individual o acumulado o la frecuencia con la que se
efectúa no representa un riesgo relevante para la entidad o el sujeto obligado.
Para efectos de lo anterior, las entidades y los sujetos obligados deben
definir las políticas pertinentes, en función del monto transado. En estos
casos se requerirá, como mínimo el documento de identificación” (el subrayado no es del original).
Conviene
recordar que la herramienta de Identificación y
debida diligencia del cliente responde a una forma
especial de supervisión que busca prevenir la presencia de personas físicas o
jurídicas que podrían utilizar las entidades que operan en el sistema
financiero con fines ilícitos, al comprender el “[c]onjunto de
procedimientos y directrices para que los sujetos obligados puedan, de manera
efectiva, identificar a sus clientes, verificar y monitorear las operaciones
y transacciones en las que participen, en relación con los riesgos y
prácticas de prevención de la legitimación de capitales, financiamiento de
terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”
(artículo 2.10 de la Reglamentación a los artículos 15 bis y 15 ter
de la Ley n.°7786, el subrayado es añadido).
En
el mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento del Sistema de Pagos define la Política conozca a su cliente, como el “conjunto
de medidas que aplican los afiliados con el fin de identificar con
debida diligencia, a las personas físicas y jurídicas con las que mantienen una
relación de negocios. Es además un instrumento que permite identificar y
administrar los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el
financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva, para prevenir la presencia de clientes que podrían
utilizar las entidades financieras con fines ilícitos” (el subrayado no
es del original).
Como
se recordará, los afiliados comprenden a los PSP, quienes aun cuando gestionen
o tengan acceso a cuentas de fondos de la plataforma SINPE en los términos
explicados antes para prestar sus servicios, la supervisión sobre ellos se
ejerce por la SUGEF, no por el Banco Central, en materia de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, al
realizar las actividades comprendidas en los artículos 15 y 15 bis de la
Ley n.°7786. De esa forma, los PSP pasan a ser sujetos obligados de aplicar la
debida diligencia a sus clientes.
Por
consiguiente, no es correcto afirmar que los fondos administrados por los PSP “quedan
fuera de toda supervisión en esa materia”, pues como lo señala el párrafo in
fine del ya citado artículo 6 de la Reglamentación a los artículos 15 bis
y 15 ter de la Ley n.°7786: “Las cuentas o servicios
financieros que utilicen todos los sujetos obligados, que desempeñen las
actividades indicadas en los incisos anteriores, deberán ser de uso
exclusivo de la actividad por la que se inscribió en el ente supervisor, y
estar a nombre del sujeto inscrito. Se faculta a la Superintendencia General de
Entidades Financieras para que a través de la Normativa Prudencial emitida por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, tomando como
fundamento la metodología de enfoque basado en riesgos, determine la cuantía
significativa de las operaciones objeto de supervisión y control” (el
subrayado no es del original).
- ¿Puede
el Banco Central ampliar el espectro para realizar operaciones en el Sistema de
Pagos a otro tipo de empresas no supervisadas por ninguna
superintendencia?
Tal
y como se ha explicado a lo largo de este pronunciamiento, en la medida en que
esas operaciones en el Sistema de Pagos o en la plataforma SINPE no invadan el
ámbito reservado por el legislador a las entidades financieras del artículo 14
de la Ley n.°7786, no habría impedimento jurídico al corresponderle al Banco
Central la competencia para organizar y reglamentar su funcionamiento;
operaciones estas que podrían considerarse cobijadas por la libertad
fundamental al comercio y la industria (artículo 46 constitucional); siempre y
cuando las empresas de que se traten cumplan las obligaciones de los artículos
15 y 15 bis de la Ley n.°7786 si su giro de negocios u operación se
enmarca dentro de las actividades contempladas por esos preceptos.
Claro está, lo afirmado no riñe con la
importancia de que esas otras operaciones o servicios sean oportunamente
regulados por el legislador en los aspectos que requieran normas con rango de
ley, debido al interés público existente en promover la eficiencia y normal
funcionamiento del sistema de pagos, en relación con la estabilidad del sistema
financiero en general y la protección de quienes son sus clientes.
-
¿Cuál es el alcance de las competencias de la
Sugef con respecto a la captación de recursos del público con fines de
administración y no de intermediación financiera? ¿Hasta qué punto pueden ser
limitadas las actividades de los proveedores de pago por parte de la Sugef y el
Conassif?
Sin
perjuicio del mayor desarrollo que se hizo en las páginas precedentes acerca de
las competencias de la SUGEF, las facultades de dicho órgano sobre los sujetos
que captan recursos del público con fines de administración a que hace
referencia los artículos 15 y 15 bis de la Ley n.°7786 son las de inscripción, supervisión y
fiscalización en materia de prevención de la
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos
de acuerdo a la normativa prudencial emitida por el CONASSIF.
Asimismo,
a la Superintendencia le corresponde velar porque ninguna empresa o persona
–sea o no, PSP – realice sin la debida autorización legal las actividades
reservadas por ley a las entidades bancarias y financieras supervisadas.
Por
tanto, es respecto a los campos de acción anteriores que la SUGEF puede
intervenir en la operación de los PSP, hasta tanto no se produzca una reforma
legal que amplíe sus poderes de supervisión y control en materia financiera
sobre dichos sujetos.
-
¿Es la captación de recursos de terceros
con fines de administración para la realización pagos, una actividad limitada
únicamente para las entidades que están sujetas a la supervisión financiera de
la Sugef en atención a la Ley Orgánica del Banco Central?
Negativo. Según se analizó igualmente en el presente
dictamen, con la promulgación de la Ley n.°7786 hubo un reconocimiento legal
expreso a las actividades de administración de recursos de terceros
desarrolladas por personas distintas a los intermediarios financieros o bajo la
supervisión financiera de la SUGEF, en el tanto esas personas o empresas no
aperturen y mantengan cuentas corrientes o de ahorro a la vista de quienes
perciben esos recursos, ni los usen con el propósito de colocarlos en cualquier
modalidad de crédito.
-
¿Se limitan las competencias de Sugef, para
todas aquellas entidades que no captan fondos con fines de intermediación sino
con fines de administración o de proveer servicios de pago, a la materia de
prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un
enfoque basado en riesgos? ¿Qué alcance tiene esta competencia?
Efectivamente, en coherencia
con la respuesta dada en la pregunta trasanterior, el ámbito competencial de la
SUGEF respecto a las entidades o empresas que llevan a cabo las actividades
reguladas por los artículos 15 y 15 bis de la Ley
n.°7786, como sería la gestión o captación de recursos con el propósito de
prestar servicios de pagos, es en lo concerniente a la prevención de la
legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo y a la
proliferación de armas de destrucción masiva bajo un enfoque basado en riesgos
de acuerdo a la normativa prudencial emitida por el CONASSIF, con los alcances
ya explicados para proceder a la inscripción, supervisión y fiscalización de
dichos sujetos en esa materia.
- ¿Puede
la Sugef, para fines de artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786 imponer requisitos
para acceder al Sinpe?
La
Ley n.°7786 no faculta a la Superintendencia para imponer requisitos de acceso
al SINPE; siendo, como en efecto es, una competencia retenida por el Banco
Central al estar integrada esa plataforma en el sistema de pagos costarricense.
Sin
perjuicio de que, si la SUGEF detecta alguna irregularidad en sus potestades de
inscripción,
supervisión y fiscalización de los sujetos obligados por
dicha ley, la ponga en conocimiento de dicha institución autónoma a efectos de
que proceda a suspender su participación en cualquiera de los servicios del
SINPE, en caso de que constituya un incumplimiento a las disposiciones del
marco normativo o ponga en riesgo el funcionamiento del sistema (ver el
artículo 10 del Reglamento del Sistema de Pagos).
-
¿Puede la Sugef, para fines de artículo 15
y 15 bis de la Ley 7786, exigirle al Banco Central que supervise en las cuentas
del Sinpe la materia de prevención de la legitimación de capitales, el
financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva?
Negativo. La Ley n.°7786 tampoco contempla una
potestad de esa índole en manos de la Superintendencia, ni le encarga al BCCR
una competencia de supervisión en materia de prevención de legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
La inscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados por los artículos
15 y 15 bis de la Ley n.°7786 precisamente busca cumplir con ese
cometido legal, aunado a la obligación de ellos de implementar la herramienta
de Identificación y debida diligencia del cliente respecto a las transacciones
que gestionen de este a través del SINPE.
IV.
CONCLUSIONES
A modo de conclusiones generales es criterio de la
Procuraduría General de República que:
1. Como cuestión formal previa, nuestra Ley
Orgánica no contempla la participación de ningún particular durante el
ejercicio de la función consultiva, en tanto está destinada exclusivamente a la
Administración Pública (central y descentralizada), como única legitimada para
requerir el criterio técnico jurídico de la Procuraduría y solicitar,
eventualmente, la reconsideración del dictamen emitido.
2. Con lo cual se descarta que se pueda tener
como partes, coadyuvantes o terceros interesados en los términos de la LGAP a
las organizaciones privadas (OCF, ASOFINTECH y CAMTIC), que sometieron a
conocimiento de la Procuraduría sus posiciones sobre los temas consultados; las
que, en todo caso, no piden nada para sí mismas o sus afiliados, en una suerte
de colaboración o amicus curiae de este órgano superior consultivo.
3. Por el fondo, el fenómeno Fintech no se
agota en la prestación de los servicios de pago que realizan los PSP, al
englobar una serie de realidades y categorías que se caracterizan por el uso
intenso de la innovación tecnológica en el sector financiero, con el
consiguiente efecto disruptivo en los mercados bancario, de valores y de los
seguros, al redefinir los servicios financieros tradicionales o dando lugar a
nuevos productos y servicios de esta naturaleza.
4. Siendo el mercado de los servicios de pago
uno de los que más ha sentido el impacto de la transformación digital con la
aparición de las empresas tecnológicas y la consiguiente aplicación intensiva
de la tecnología en su prestación, las que concurren con las entidades
financieras que realizan actividades reservadas –objeto de un régimen
prudencial de autorización y supervisión por las autoridades públicas– pero que
por su novedad no se encuentran incluidos en el ámbito estricto de la reserva
de actividad financiera, pues actúan en algún punto de la cadena de valor del
servicio financiero aportando un nivel diferencial de innovación.
5. Esa reserva de actividad en el Derecho
comparado consiste, básicamente, en la prohibición a las entidades de pago para
captar depósitos u otros fondos reembolsables del público o emitir dinero
electrónico; de forma que, únicamente pueden recibir fondos de los clientes o
usuarios para ser utilizados exclusivamente en la prestación de servicios de
pago.
6. Aun así, se reconoce la importancia de
regular legalmente la actividad de los PSP de base tecnológica y la oferta de
servicios de pago digital con motivo de los riesgos inherentes a la actividad,
al igual que los bienes jurídicos e intereses públicos en juego, más allá de
prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento de actividades
ilícitas, al estar de por medio la protección de los usuarios de estos
servicios sobre sus datos y contra fraudes o la desinformación, así como
resguardar la ciberseguridad e integridad de todo el sistema financiero; pero
siguiendo un enfoque equilibrado que fomente al mismo tiempo el desarrollo de
las soluciones Fintech y la innovación tecnológica en el sector y garantice la
seguridad jurídica de las empresas participantes, mediante el empleo de
instrumentos regulatorios avanzados (caso de los espacios controlados de
prueba o “regulatory sandbox”).
7. Este
panorama del entorno Fintech revela, de un lado, la capacidad de estas empresas
–gracias al uso intensivo y sistemático de las nuevas tecnologías digitales
– para desarrollar servicios financieros
similares a los que actualmente se despliegan dentro del perímetro de las
actividades reguladas o reservadas a través de la típica autorización
administrativa; de otro, la necesidad de un marco normativo que regule y
supervise estos servicios innovadores ayunos de regulación, en donde las
obligaciones relativas al acceso y ejercicio de la actividad, la seguridad,
protección del usuario, responsabilidad, control y sanción deben contemplarse
en una norma con rango legal.
8. En ese contexto, la organización, operación
y regulación del sistema de pagos constituye una atribución esencial y no
desconcentrada del BCCR, que resulta determinante para mantener la estabilidad
monetaria y financiera en el país a que está llamada dicha institución autónoma
como uno de sus cometidos primordiales.
9. Mientras que la
potestad de supervisión en materia de intermediación financiera sí fue
trasladada en grado de desconcentración máxima a la SUGEF.
10. La captación de recursos dinerarios de
terceros que tenga como destino
la intermediación financiera (esto es, colocarlos o emplearlos en operaciones
de inversión o crédito de otras personas) está reservada a las entidades habilitadas por ley y que hayan obtenido
la preceptiva autorización previa de la Superintendencia. Lo que significa que
esta actividad está vedada a su libre ejercicio por lo particulares.
11. Asimismo, la captación de fondos del público en cuentas corrientes
o de ahorros a la vista constituye una actividad reservada legalmente a las
entidades bancarias y aquellas otras autorizadas expresamente por el
legislador, más allá que se destinen o no a operaciones de préstamos de
terceros, cuya supervisión está a cargo también de la SUGEF.
12. Con
la promulgación de la Ley n.°7786 y su
normativa de desarrollo –incluido el Reglamento CONASSIF n.°1450-2018– se
reconoce la captación de recursos de terceros para fines que no son objeto de
reserva legal, como sucede con la administración de esos recursos para prestar
servicios de pago atendiendo la orden del dueño de los fondos, por parte de
otras personas que no sean entidades supervisadas por alguna de las
superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN), cuya actividad estaría
amparada por la libertad fundamental de comercio o industria.
13. En
estos otros supuestos de captación de recursos del público previstos por la Ley
n.°7786, los requisitos para operar y
la supervisión que la Superintendencia proyecta sobre las personas que la
llevan a cabo, no es en el ámbito financiero, sino en materia de
prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y a
la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en
riesgos, y de acuerdo a la normativa prudencial que emita la CONASSIF.
14. Por virtud del principio de jerarquía
normativa (artículo 6 LGAP), como corolario del principio de legalidad, el
Reglamento del Sistema de Pagos no puede desconocer las reservas de actividad
anteriores dispuestas por el legislador para únicamente ciertas entidades
financieras, pues de lo contrario sería ilegal, nulo e inaplicable “ipso
facto” a futuro.
15. En
consecuencia, los PSP en la concepción que de estos maneja el Reglamento del Sistema de Pagos como afiliados
al SINPE, pueden llevar a cabo actividades de transferencias de fondos,
remesas, procesamiento de pagos y cobros comerciales o cualquier otra actividad
que requiera la movilización de fondos propios o de terceros, en la medida que
ello no suponga abrir y mantener cuentas corrientes o de ahorros a la vista de
sus clientes.
16. Una interpretación armónica del conjunto del ordenamiento jurídico
financiero permite entender que las operaciones anteriores son las que
comprenden las actividades de “administración de recursos” o “administración
del dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente”
a que hacen referencia los artículos 15 y 15 bis de la Ley n.°7786; lo
que supone que el PSP como gestor de esos recursos tendría acceso a esas
cuentas del cliente –con su consentimiento expreso– abiertas en alguna entidad
bancaria o financiera autorizada para efectos del servicio de pago o bien,
podría recibir el dinero de aquél para efectuar la transferencia de fondos o el
pago respectivo según la orden que le instruya al momento de serle transferido.
17. De conformidad con el artículo 16 bis del Reglamento general
sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada y el
Reglamento del Sistema de Pagos, las CES son “cuentas de fondos” que
solo pueden ser abiertas por las entidades financieras del artículo 14 de la
Ley n.°7786 a personas físicas, no jurídicas.
18. A la luz de lo
expuesto, resulta cuestionable que diversas disposiciones del Reglamento del
Sistema de Pagos contemplen la posibilidad para los PSP de abrir y mantener
cuentas de fondos –que en su misma concepción son “fondos a la vista”– asignándoles
un número IBAN para cada uno de los servicios brindados a sus clientes como
parte de su operación o giro comercial (ver en especial los artículos 2, 7, 8,
9, 12, 24, 25 y 472).
19. No existe problema en la posibilidad de los
PSP de conectarse al SINPE, como reflejo natural de la innovación tecnológica
que está experimentando el sector financiero, entre muchos otros sectores
económicos, ni el empleo del IBAN en el trazado del trayecto de los fondos
dinerarios movilizados; tan solo en que mantengan a la vista recursos
percibidos de sus clientes en una suerte de cuenta corriente o de ahorros, en
lugar de proceder al pago inmediato conforme a la orden de pago girada por
estos al PSP.
20. El Banco Central en el marco de sus
competencias legales e internacionales (artículo 11 del Tratado sobre sistemas de
pagos) debe regular el funcionamiento del SINPE de forma acorde con lo
dispuesto en las leyes 7558 y 1644, brindando seguridad jurídica a todos los
participantes de esta plataforma de los servicios financieros que están sujetos
a reserva de actividad y, consecuentemente, que no pueden ser prestados por las
entidades que carecen de la respectiva autorización legal.
21. La SUGEF, por su parte, debe actuar las
potestades de supervisión conferidas principalmente por la LOBCCR sobre las
actividades mencionadas reservadas a los bancos y entidades financieras, así
como poner en conocimiento del Banco Central si alguna persona o empresa está
empleando la plataforma SINPE con ese propósito sin contar con la respectiva
autorización legal.
22. Siendo importante que ambos organismos
mantengan una estrecha cooperación (artículo 12 del Tratado sobre sistemas de
pagos) y labor de coordinación; máxime al constituir una sola estructura
organizacional, dada la interconexión existente en las materias de sistemas de
pagos, supervisión financiera y prevención de la legitimación de capitales y el
financiamiento al terrorismo, para el adecuado funcionamiento y desarrollo del
sistema financiero.
23. Finalmente, el hecho de que la actividad de
los PSP esté huérfana de una regulación legal especial no significa que no les
sean aplicables o deban cumplir con otras disposiciones vigentes del
ordenamiento jurídico que resulten pertinentes; verbigracia, de la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o de la Ley de
Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales; en
particular, respecto a las exigencias de información de los servicios o
productos financieros ofrecidos y el ejercicio pleno del derecho a la
autodeterminación informativa, comprensivo del consentimiento informado.
Atentamente,
Dr. Alonso Arnesto Moya
Procurador
AAM/hsc
C: Danilo
Montero Rodríguez, Director General, Oficina del Consumidor Financiero.
Roberto Eduardo Ponce
Romay, Presidente, ASOFINTECH.
Paul Fervoy,
Presidente, CAMTIC.
[1] International Bank Account
Number.
[2] GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo. Madrid: Civitas, 2ª ed., 2002, pp.153-156.
[3] Vid, al respecto, MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea. /En/ Revista Española de Capital Riesgo, n.º 2, pp.27-38; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Luis (2019). CAPÍTULO 22. Una aproximación al fenómeno Fintech: concepto, características y principios de regulación. /En/ MUÑOZ PÉREZ, Ana Felícitas (Dir.), Revolución digital, Derecho mercantil y Token economía (pp.527-544). Tecnos; de la misma obra, ORDEN DE LA CRUZ, Carmen (de la); ARCO GARRIDO, Francisco Javier (del) (2019). CAPÍTULO 19. La reconversión digital del sector bancario (pp.462-482); RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica: una teoría para definir la respuesta regulatoria a Fintech. /En/ Revista de Derecho del Sistema Financiero (mercados, operadores y contratos), n.°0, pp.255-288; y ABEN, Janika; ETTI, Paula (2022). Regulación de las Fintech en la Unión Europea: tendencias y líneas difusas. /En/ Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n. º131, pp. 95-114; así como Asociación Española de FinTech e Insurtech. (2017). Libro Blanco de la Regulación Fintech en España, 85 p. https://asociacionfintech.es/wp-content/uploads/2018/06/AEFI_LibroBlanco_02_10_2017.pdf
[4] Vid., MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… pp.28-29; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… pp.270-273 y el Libro Blanco de la Regulación Fintech en España… pp.12 y 24-27.
[5] ORDEN DE LA CRUZ, Carmen (de la); ARCO GARRIDO, Francisco Javier (del) (2019). CAPÍTULO 19. La reconversión digital del sector bancario… p.466.
[6] CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Luis (2019). CAPÍTULO 22. Una aproximación al fenómeno Fintech… pp.530-531. En la misma línea, el citado Libro Blanco… pp.6 y 12, indica que la definición de Fintech engloba “todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros”, aportando un valor diferencial sobre la forma en que estos son concebidos por la industria financiera y por los consumidores.
[7] Vid., al respecto RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… pp.270-272.
[8] ORDEN DE LA CRUZ, Carmen (de la); ARCO GARRIDO, Francisco Javier (del) (2019). CAPÍTULO 19. La reconversión digital del sector bancario… p.466.
[9] Vid., ALCALÁ DÍAZ, María Ángeles (2019). CAPÍTULO
21. Digitalización y medios de pago: hacia un nuevo modelo de integración del
sistema de pago minoristas. En/ MUÑOZ PÉREZ, Ana Felícitas (Dir.), Revolución
digital, Derecho mercantil y Token economía (pp.504-526). Tecnos, p.510.
[10] Vid., ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios de pago. /En/ MUÑOZ PÉREZ, Ana Felícitas (Dir.), Revolución digital, Derecho mercantil y Token economía (pp.483-503). Tecnos, p.484.
[11] Vid., RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… p.256.
[12] Vid., RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… p.272 y ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios de pago… p.484.
[13] Vid., ORDEN DE LA CRUZ, Carmen (de la); ARCO GARRIDO, Francisco Javier (del) (2019). CAPÍTULO 19. La reconversión digital del sector bancario… p.468 y MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… p.29.
[14] Vid., RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… p.257.
[15] Vid., MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… p.29; ORDEN DE LA CRUZ, Carmen (de la); ARCO GARRIDO, Francisco Javier (del) (2019). CAPÍTULO 19. La reconversión digital del sector bancario… p.472 y ALCALÁ DÍAZ, María Ángeles (2019). CAPÍTULO 21. Digitalización y medios de pago… pp.510-511.
[16] Vid., MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… p.29 y CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Luis (2019). CAPÍTULO 22. Una aproximación al fenómeno Fintech… pp.527-528.
[17] Vid., ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios de pago… p.488; ALCALÁ DÍAZ, María Ángeles (2019). CAPÍTULO 21. Digitalización y medios de pago… p.507 y CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Luis (2019). CAPÍTULO 22. Una aproximación al fenómeno Fintech… pp.528, 532 y 533.
[18] Vid., TAPIA HERMIDA, Alberto J. (2019). CAPÍTULO 23. Insurtech. /En/ MUÑOZ PÉREZ, Ana Felícitas (Dir.), Revolución digital, Derecho mercantil y Token economía (pp.545-560). Tecnos.
[19] Vid., MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… p.30.
[20] Vid., ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios de pago… pp.483-485.
[21] Vid., Libro Blanco de la Regulación Fintech en España… p.26.
[22] Vid., CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Luis (2019). CAPÍTULO 22. Una aproximación al fenómeno Fintech… p.534.
[23] Vid., Libro Blanco de la Regulación Fintech en España… p.6.
[24] Vid., MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… p.32.
[25] DOUE, L 337/35, de 23.12.2015.
[26] A su vez, el artículo 3.1 de la Ley 10/2014 al que remite el precepto recién transcrito indica: “Queda reservada a las entidades de crédito que hayan obtenido la preceptiva autorización y se hallen inscritas en el correspondiente registro, la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas” (el subrayado no es del original). A tenor del artículo 1.2 de la misma ley, tiene la consideración de entidades de crédito los bancos, las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial.
[27] Así lo contempla, según se acaba de indicar, la referida Directiva (UE) 2015/2366, artículos 4, incisos 15 y 16, 11 y 33, con la que se abarca “todos los tipos de servicios de pago electrónicos” (considerando 22).
[28] Tal como se explica por el considerando 27 de la aludida Directiva, entre los nuevos tipos de servicios de pago en el ámbito de los pagos por internet, destacan los servicios de iniciación de pagos en el sector del comercio electrónico “al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante, con el fin de iniciar pagos por transferencia a través de internet”. Por su parte, el preámbulo del Real Decreto-ley 19/2018 explica que estos servicios “permiten a su proveedor dar al beneficiario de la orden de pago la seguridad de que el pago se ha iniciado. La finalidad de esta operativa es dar un incentivo al beneficiario para que entregue el bien o preste el servicio sin dilación desde el momento en el que se da la orden de pago. Tales servicios ofrecen una solución tanto a los comerciantes como a los usuarios de servicios de pago y garantizando la posibilidad de hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de pago”.
[29] Sobre el particular, el considerando 28 de la citada Directiva (UE) 2015/2366 indica: “En los últimos años, con los avances tecnológicos ha surgido también una serie de servicios complementarios, tales como los de información sobre cuentas. Estos servicios proporcionan al usuario del servicio de pago información agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en otro u otros proveedores de servicios de pago, a la que se accede mediante interfaces en línea del proveedor del servicio de pago gestor de cuenta, lo que permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una visión global e inmediata de su situación financiera. Tales servicios deben quedar incluidos también en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, con el fin de proporcionar a los consumidores una protección adecuada de sus pagos y de los datos de sus cuentas, así como seguridad jurídica en cuanto a la situación de los proveedores de información sobre cuentas”. Mientras que el preámbulo del mencionado Real Decreto-ley 19/2018 resalta: “Los servicios de información sobre cuentas proporcionan al usuario del servicio de pago información agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en sus proveedores de servicios de pago, lo que permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una información global e inmediata de su situación financiera”.
[30] Vid.,
ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios
de pago… pp.487, 488, 495, 496
y 499; así como los considerandos 32 y 93 y los artículos 52.2.c), 64 y 80 de
la referida Directiva (UE) 2015/2366. Por su parte, el Real Decreto-ley
19/2018 también destaca en su preámbulo que: “Ambos servicios suponen el
acceso de terceros a las cuentas de los usuarios de servicios de pago”.
[31] Vid., ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios de pago… pp.489 y 495; así como los considerandos 31 y 35 de la Directiva (UE) 2015/2366.
[32] Vid., ALONSO LEDESMA, Carmen (2019). CAPÍTULO 20. La desintermediación en los medios de pago… p.489.
[33] Vid., ALCALÁ DÍAZ, María Ángeles (2019). CAPÍTULO
21. Digitalización y medios de pago… p.510.
[34] Sirva de referencia de lo apuntado, la Directiva (UE) 2015/2366 y el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, ya mencionados, al igual que literatura especializada previamente citada.
[35] Vid., RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… pp.278-281.
[36]Vid., MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018). FINTECH: aproximación jurídica a los retos que plantea… p.29 y CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Luis (2019). CAPÍTULO 22. Una aproximación al fenómeno Fintech… pp.542-543.
[37] Vid., RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa (2020). Los estratos de la innovación tecnológica… p.279.
[38] Vid., ORDEN DE LA CRUZ, Carmen (de la); ARCO GARRIDO, Francisco Javier (del) (2019). CAPÍTULO 19. La reconversión digital del sector bancario… p.463.
[39] El artículo 3 del Reglamento del sistema de pagos precisa que los asociados se refieren “a los bancos, empresas financieras no bancarias, mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios públicos, asociaciones solidaristas, cajas y juntas de ahorro, entidades financieras creadas por leyes especiales, puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión (y los fondos que administran), operadoras de pensiones (y los fondos que administran), casas de cambio, sociedades de seguros, organizadores de mercados, las instituciones públicas y operadores de redes de telefonía móvil residentes en Costa Rica, que cumplan con el proceso de suscripción al SINPE y se mantengan conectados directamente a su plataforma de servicios”.
[40] El artículo 4 del Reglamento del sistema de pagos precisa que los asociados regionales aluden “a los bancos centrales, organismos financieros regionales o internacionales, cámaras de compensación, así como entidades financieras o centrales de valores no domiciliadas en Costa Rica, supervisadas por una autoridad competente en su país”.
[41] El artículo 5 del reglamento de cita aclara que los Organizador de Mercados son “las bolsas de valores, centrales de valores, procesadores y compensadores de redes de cajeros automáticos y redes de puntos de venta, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), empresas propietarias de marcas de pago (VISA, MasterCard, American Express, otros) y cualquier otro que opere un mercado en el que participan asociados del SINPE que requieren la liquidación de ese mercado sobre las cuentas de fondos o valores que esos asociados mantienen en el BCCR. El inicio de operación en el SINPE del Organizador de Mercados y los participantes de este mercado estará sujeto a la puesta en marcha de la liquidación en el BCCR del mercado respectivo”.
[42] Definido por el artículo 2 de repetida cita como el: «“conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y sistemas de transferencia de fondos interbancarios que aseguran la circulación del dinero" (Banco de Pagos Internacionales). Para efectos del presente reglamento, está referido al sistema de pagos costarricense».
[43] A este respecto, consta la existencia en la corriente legislativa desde julio del año en curso de un proyecto de Ley Marco Fintech, expediente n.°24.429, cuyo objeto consiste en “la promoción, regulación y desarrollo de las empresas Fintech como actividad productiva y comercial dentro del territorio costarricense, con el fin de dinamizar la economía y diversificar los modelos de trabajo” (artículo 1), regida bajo los siguientes principios rectores: “inclusión e innovación financiera, la adecuada protección de los datos personales, promoción de la competencia, integridad y estabilidad financiera, protección al cliente financiero, prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico” (artículo 2).
[44] La importancia de la información a los usuarios de los servicios financieros fue destacada por la Sala Primera en la citada sentencia n.°1247-F-S1-2011, al señalar: “la actividad financiera implica intermediación y por ende, captación de recursos financieros del público. Un público que muchas veces carece de información o de conocimientos para apreciar y evaluar el desempeño de esas entidades, a fin de determinar si la colocación que hace de sus ahorros es la más beneficiosa y conocer el estado financiero de la empresa”.
PGR-C-196-2024
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR). SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF). ALCANCES DE SUS COMPETENCIAS LEGALES.
SUPERVISIÓN EN MATERIA FINANCIERA. SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y A LA PROLIFERACIÓN
DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO (PSP)
AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS ELECTRÓNICOS (SINPE). EMPRESAS FINTECH.
TECNOFINANZAS. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS E INNOVADORAS EN EL SECTOR FINANCIERO.
ENTIDADES FINANCIERAS. CLAVES REGULATORIAS. ESPACIOS CONTROLADOS DE PRUEBA (REGULATORY SANDBOX). CAPTACIÓN
DE RECURSOS FINANCIEROS DE TERCEROS. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. CUENTAS
CORRIENTES Y DE AHORROS A LA VISTA. ACTIVIDADES FINANCIERAS RESERVADAS
LEGALMENTE. CUENTAS DE FONDOS. CUENTAS
DE EXPEDIENTE SIMPLIFICADO (CES). PADRÓN
ÚNICO DE CUENTAS (PUC). IBAN. FONDOS A LA VISTA. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL
PÚBLICO PARA PRESTAR SERVICIOS DE PAGO. LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA (N.°7558). LEY ORGÁNICA DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL (N.°1644). LEY
SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,
ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
(N.°7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998). REGLAMENTO GENERAL SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA
EL NARCOTRÁFICO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA (DECRETO EJECUTIVO
N.°36948-MP-SP-JP-H-S). REGLAMENTACIÓN A LOS ARTÍCULOS 15 BIS Y 15 TER DE LA
LEY N.°7786 (DECRETO EJECUTIVO N.°41016-MP-MH-MSP-MJP). REGLAMENTO DEL SISTEMA
DE PAGOS (N.°5702-2015). REGLAMENTO
PARA LA INSCRIPCIÓN Y DESINSCRIPCIÓN ANTE LA SUGEF DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE
REALIZAN ALGUNA O ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 15 BIS DE
LEY ESTUPEFACIENTES SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO
(SUGEF 11-18) (REGLAMENTO CONASSIF N.°1450-2018).
La Gerente General del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendente General de
la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) plantearon de
forma conjunta a la Procuraduría General de la República las siguientes interrogantes
relacionadas con los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) afiliados al
Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) –que suelen identificarse con el
fenómeno Fintech– y las competencias legales de ambos organismos en la
materia:
- ¿Cuál es el
alcance de actuación lícita de los proveedores de servicios de pago, de frente
a las actividades que las leyes reservan a cierto tipo de entidades financieras
supervisadas (bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales)?
- ¿Podría
considerarse que la operación actual de los proveedores de servicios de pago
invade actividades comerciales reservadas por ley a entidades financieras
supervisadas?
- ¿Pueden los
proveedores de servicios de pago utilizar cuentas de fondos o cuentas de
expediente simplificado (CES) para la realización de sus actividades?
- ¿Es deber del
Banco Central ejercer la debida diligencia (Ley 7786) a las empresas del
artículo 15 y 15 bis a las que ha autorizado cuentas de fondos en el SINPE,
para operar como proveedor de servicios de pago, dado que, al no pasar esos
fondos por el sistema financiero, quedan fuera de toda supervisión en esa
materia?
- Puede el Banco
Central ampliar el espectro para realizar operaciones en el Sistema de Pagos a
otro tipo de empresas no supervisadas por ninguna superintendencia?
- ¿Cuál es el
alcance de las competencias de la Sugef con respecto a la captación de recursos
del público con fines de administración y no de intermediación financiera? ¿Hasta
qué punto pueden ser limitadas las actividades de los proveedores de pago por
parte de la Sugef y el Conassif?
- ¿Es la captación
de recursos de terceros con fines de administración para la realización pagos,
una actividad limitada únicamente para las entidades que están sujetas a la
supervisión financiera de la Sugef en atención a la Ley Orgánica del Banco
Central?
- ¿Se limitan las
competencias de Sugef, para todas aquellas entidades que no captan fondos con
fines de intermediación sino con fines de administración o de proveer servicios
de pago, a la materia de prevención de la legitimación de capitales, el
financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos? ¿Qué alcance tiene
esta competencia?
- ¿Puede la Sugef,
para fines de artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786 imponer requisitos para
acceder al Sinpe?
- ¿Puede la Sugef,
para fines de artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786, exigirle al Banco Central
que supervise en las cuentas del Sinpe la materia de prevención de la
legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva?
El Procurador Alonso Arnesto
Moya, luego de dar cuenta de distintas organizaciones privadas (Oficina del
Consumidor Financiero, ASOFINTECH y CAMTIC) que remitieron a la Procuraduría
sus posiciones sobre los temas planteados a manera de colaboración o amicus
curiae con este órgano superior consultivo, procedió al análisis por el
fondo y a dar respuesta a cada una de las preguntas anteriores, mediante el
dictamen PGR-C-196-2024, del 05 de setiembre de 2024, en el que además llegó a
las siguientes conclusiones generales:
- Como cuestión formal previa,
nuestra Ley Orgánica no contempla la participación de ningún particular
durante el ejercicio de la función consultiva, en tanto está destinada
exclusivamente a la Administración Pública (central y descentralizada),
como única legitimada para requerir el criterio técnico jurídico de la
Procuraduría y solicitar, eventualmente, la reconsideración del dictamen
emitido.
- Con lo cual se descarta que
se pueda tener como partes, coadyuvantes o terceros interesados en los
términos de la LGAP a las organizaciones privadas (OCF, ASOFINTECH y
CAMTIC), que sometieron a conocimiento de la Procuraduría sus posiciones
sobre los temas consultados; las que, en todo caso, no piden nada para sí
mismas o sus afiliados, en una suerte de colaboración o amicus curiae
de este órgano superior consultivo.
- Por el fondo, el fenómeno
Fintech no se agota en la prestación de los servicios de pago que realizan
los PSP, al englobar una serie de realidades y categorías que se
caracterizan por el uso intenso de la innovación tecnológica en el sector
financiero, con el consiguiente efecto disruptivo en los mercados
bancario, de valores y de los seguros, al redefinir los servicios
financieros tradicionales o dando lugar a nuevos productos y servicios de
esta naturaleza.
- Siendo el mercado de los
servicios de pago uno de los que más ha sentido el impacto de la
transformación digital con la aparición de las empresas tecnológicas y la
consiguiente aplicación intensiva de la tecnología en su prestación, las
que concurren con las entidades financieras que realizan actividades
reservadas –objeto de un régimen prudencial de autorización y supervisión
por las autoridades públicas– pero que por su novedad no se encuentran
incluidos en el ámbito estricto de la reserva de actividad financiera,
pues actúan en algún punto de la cadena de valor del servicio financiero
aportando un nivel diferencial de innovación.
- Esa reserva de actividad en
el Derecho comparado consiste, básicamente, en la prohibición a las
entidades de pago para captar depósitos u otros fondos reembolsables del
público o emitir dinero electrónico; de forma que, únicamente pueden
recibir fondos de los clientes o usuarios para ser utilizados
exclusivamente en la prestación de servicios de pago.
- Aun así, se reconoce la
importancia de regular legalmente la actividad de los PSP de base
tecnológica y la oferta de servicios de pago digital con motivo de los
riesgos inherentes a la actividad, al igual que los bienes jurídicos e
intereses públicos en juego, más allá de prevenir la legitimación de
capitales y el financiamiento de actividades ilícitas, al estar de por
medio la protección de los usuarios de estos servicios sobre sus datos y
contra fraudes o la desinformación, así como resguardar la ciberseguridad
e integridad de todo el sistema financiero; pero siguiendo un enfoque
equilibrado que fomente al mismo tiempo el desarrollo de las soluciones
Fintech y la innovación tecnológica en el sector y garantice la seguridad
jurídica de las empresas participantes, mediante el empleo de instrumentos
regulatorios avanzados (caso de los espacios controlados de prueba
o “regulatory sandbox”).
- Este panorama del entorno Fintech revela,
de un lado, la capacidad de estas empresas –gracias al uso intensivo y
sistemático de las nuevas tecnologías digitales – para desarrollar servicios financieros
similares a los que actualmente se despliegan dentro del perímetro de las
actividades reguladas o reservadas a través de la típica autorización
administrativa; de otro, la necesidad de un marco normativo que regule y
supervise estos servicios innovadores ayunos de regulación, en donde las
obligaciones relativas al acceso y ejercicio de la actividad, la seguridad,
protección del usuario, responsabilidad, control y sanción deben
contemplarse en una norma con rango legal.
- En ese contexto, la
organización, operación y regulación del sistema de pagos constituye una
atribución esencial y no desconcentrada del BCCR, que resulta
determinante para mantener la estabilidad monetaria y financiera en el
país a que está llamada dicha institución autónoma como uno de sus
cometidos primordiales.
- Mientras
que la potestad de supervisión en materia de intermediación financiera sí
fue trasladada en grado de desconcentración máxima a la SUGEF.
- La
captación de recursos dinerarios de terceros que tenga como destino la intermediación financiera (esto
es, colocarlos o emplearlos en operaciones de inversión o crédito de otras
personas) está reservada a las
entidades habilitadas por ley y que hayan obtenido la preceptiva
autorización previa de la Superintendencia. Lo que significa que esta
actividad está vedada a su libre ejercicio por lo particulares.
- Asimismo, la captación de fondos del público en cuentas corrientes o de ahorros a la vista
constituye una actividad reservada legalmente a las entidades bancarias y
aquellas otras autorizadas expresamente por el legislador, más allá que se
destinen o no a operaciones de préstamos de terceros, cuya supervisión
está a cargo también de la SUGEF.
- Con la promulgación de la Ley n.°7786 y su normativa de desarrollo
–incluido el Reglamento CONASSIF n.°1450-2018– se reconoce la captación de
recursos de terceros para fines que no son objeto de reserva legal, como
sucede con la administración de esos recursos para
prestar servicios de pago atendiendo la orden del dueño de los fondos,
por parte de otras personas que no sean entidades supervisadas por alguna
de las superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN), cuya actividad
estaría amparada por la libertad fundamental de comercio o
industria.
- En estos otros supuestos de captación de
recursos del público previstos por la Ley n.°7786, los requisitos para operar y la supervisión que la
Superintendencia proyecta sobre las personas que la llevan a cabo, no es
en el ámbito financiero, sino en materia de prevención de la
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y a la
proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en
riesgos, y de acuerdo a la normativa prudencial que emita la CONASSIF.
- Por virtud del principio de
jerarquía normativa (artículo 6 LGAP), como corolario del principio de
legalidad, el Reglamento del Sistema de Pagos no puede desconocer las
reservas de actividad anteriores dispuestas por el legislador para únicamente
ciertas entidades financieras, pues de lo contrario sería ilegal, nulo e
inaplicable “ipso facto” a futuro.
- En consecuencia, los PSP en la concepción
que de estos maneja el Reglamento
del Sistema de Pagos como afiliados al SINPE, pueden llevar a cabo
actividades de transferencias de fondos, remesas, procesamiento de pagos y
cobros comerciales o cualquier otra actividad que requiera la movilización
de fondos propios o de terceros, en la medida que ello no suponga abrir y
mantener cuentas corrientes o de ahorros a la vista de sus clientes.
- Una interpretación armónica del conjunto del ordenamiento jurídico financiero permite
entender que las operaciones anteriores son las que comprenden las
actividades de “administración de recursos” o “administración
del dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del
cliente” a que hacen referencia los artículos 15 y 15 bis de la
Ley n.°7786; lo que supone que el PSP como gestor de esos recursos tendría
acceso a esas cuentas del cliente –con su consentimiento expreso– abiertas
en alguna entidad bancaria o financiera autorizada para efectos del
servicio de pago o bien, podría recibir el dinero de aquél para efectuar
la transferencia de fondos o el pago respectivo según la orden que le
instruya al momento de serle transferido.
- De conformidad con el
artículo 16 bis del Reglamento
general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas,
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia
organizada y el Reglamento del Sistema de Pagos, las CES son “cuentas
de fondos” que solo pueden ser abiertas por las entidades financieras
del artículo 14 de la Ley n.°7786 a personas físicas, no jurídicas.
- A
la luz de lo expuesto, resulta cuestionable que diversas disposiciones del
Reglamento del Sistema de Pagos contemplen la posibilidad para los PSP de abrir
y mantener cuentas de fondos –que en su misma concepción son “fondos a la vista”– asignándoles un número IBAN para cada uno de los servicios brindados
a sus clientes como parte de su operación o giro comercial (ver en
especial los artículos 2, 7, 8, 9, 12, 24, 25 y 472).
- No existe problema en la posibilidad de
los PSP de conectarse al SINPE, como reflejo natural de la innovación
tecnológica que está experimentando el sector financiero, entre muchos
otros sectores económicos, ni el empleo del IBAN en el trazado del
trayecto de los fondos dinerarios movilizados; tan solo en que mantengan a
la vista recursos percibidos de sus clientes en una suerte de cuenta
corriente o de ahorros, en lugar de proceder al pago inmediato conforme a
la orden de pago girada por estos al PSP.
- El Banco Central en el marco
de sus competencias legales e internacionales (artículo 11 del Tratado
sobre sistemas de pagos) debe regular el funcionamiento del SINPE de forma
acorde con lo dispuesto en las leyes 7558 y 1644, brindando seguridad
jurídica a todos los participantes de esta plataforma de los servicios
financieros que están sujetos a reserva de actividad y, consecuentemente,
que no pueden ser prestados por las entidades que carecen de la respectiva
autorización legal.
- La SUGEF, por su parte, debe
actuar las potestades de supervisión conferidas principalmente por la
LOBCCR sobre las actividades mencionadas reservadas a los bancos y
entidades financieras, así como poner en conocimiento del Banco Central si
alguna persona o empresa está empleando la plataforma SINPE con ese
propósito sin contar con la respectiva autorización legal.
- Siendo importante que ambos
organismos mantengan una estrecha cooperación (artículo 12 del Tratado
sobre sistemas de pagos) y labor de coordinación; máxime al constituir una
sola estructura organizacional, dada la interconexión existente en las
materias de sistemas de pagos, supervisión financiera y prevención de la
legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, para el
adecuado funcionamiento y desarrollo del sistema financiero.
- Finalmente, el hecho de que la actividad
de los PSP esté huérfana de una regulación legal especial no significa que
no les sean aplicables o deban cumplir con otras disposiciones vigentes
del ordenamiento jurídico que resulten pertinentes; verbigracia, de la Ley
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o de la
Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos
personales; en particular, respecto a las exigencias de información de los
servicios o productos financieros ofrecidos y el ejercicio pleno del
derecho a la autodeterminación informativa, comprensivo del consentimiento
informado.