Accesibilidad
Dictamen : 110 - del 03/06/2024
3 de junio de 2024
PGR-C-110-2024
Señora
Dilcya María
Aguilar Obando
Presidenta
Junta Educación Escuela de Liberia
Centro
Estimada señora:
Con la aprobación del Procurador
General de la República, doy respuesta a su oficio número MEP-DRELIB-JELC-020-05-2024
de 22 de mayo de 2024, mediante el cual expone que la Junta tiene varias
propiedades a su nombre y que la Dirección Regional del Ministerio de Educación
los quiere obligar a traspasarlos a nombre de ese Ministerio, y solicita que se
le indique:
“si el MEP tiene la potestad de obligar a la Junta de
Educación a trasladar las propiedades a nombre de Estado MEP y si, de igual
forma puede intervenir en cualquier negociación de expropiación o venta de
alguna de estas propiedades y cuál sería el procedimiento según el marco legal
adecuado para realizar estas ventas.”
En múltiples ocasiones, esta
Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso
b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en
el desempeño de la función consultiva.
En virtud de ese
análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las
consultas: a) Que el objeto de la consulta sea planteado de forma clara
y precisa y verse sobre temas jurídicos en genérico. Dentro de ese objeto no es
posible incluir cuestionamientos sobre casos concretos, asuntos pendientes que
deban ser resueltos por la Administración, la revisión de actos administrativos
o decisiones concretas ya adoptadas, la revisión de informes o criterios
legales, asuntos judiciales en trámite, cuestionamientos sobre materias cuyo
conocimiento sea competencia de otro órgano ni asuntos de interés particular o
personal del funcionario que plantea la consulta. b) Que se acompañe el
criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas
cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca
administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos nos.
C-158-2008 de 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013,
C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019
de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4
de marzo de 2021, PGR-C-110-2023 de 24 de mayo de 2023, entre muchos otros).
En cuanto al primer requisito expuesto, hemos señalado
que la
Procuraduría, al ser un órgano asesor, meramente consultivo, únicamente puede atender consultas que versen sobre
temas jurídicos en genérico, sin que se cuestionen casos concretos ni se
pretenda la revisión de la legalidad u oportunidad de actos administrativos
concretos, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la
administración activa en la toma de decisiones y ejercer una función de control
de legalidad que no nos corresponde, desconociendo así nuestra competencia
consultiva. Más detalladamente, hemos dispuesto que:
“Esta Procuraduría ha
indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que,
a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y
entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y
precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,
abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos
concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la
administración activa. El asunto que
ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción:
aunque se trate de plantear la cuestión
en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de
una decisión administrativa concreta.” (C-194-1994 de 15 de diciembre de 1994.
En igual sentido véanse los pronunciamientos Nos. OJ-005-1998 de 27 de
enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de
2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016,
C-085-2016 de 25 de abril de 2016, C-038-2018 de 23 de febrero de 2018,
C-037-2019 de 14 de febrero de 2019, entre muchos otros).
En relación con lo anterior,
también hemos señalado que:
“No compete a la
Procuraduría General de la República valorar por medio de un dictamen, la
corrección de la solución jurídica o legalidad de criterios ya emitidos por la
Administración:
«la
Procuraduría General de la República no puede entrar a valorar por medio de un
dictamen, como aquí se solicita, la corrección de la interpretación jurídica
contenida en un documento» (Dictámenes números C-119-2011, C-017-2012 y
C-126-2015)
«no
podemos sustituir a la Administración activa en la toma de sus decisiones ni
revisar la legalidad de criterios ya emitidos.» (Dictamen No. C-83-2015)
«no corresponde a la
Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la Administración
Pública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso la
opinión externada por asesorías o dependencias internas, son conformes o no al
ordenamiento jurídico. La función consultiva debe ser ejercida respecto de
competencias u organización de la Administración consultante, de la interpretación
de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre actuaciones o
criterios concretos vertidos por la Administración, sus dependencias o
asesorías (Dictámenes C-277-2002 de 16 de octubre de 2002, C-196-2003 de 25 de
junio de 2003, C-241-2003 de 8 de agosto de 2003 y C-120-2004 de 20 de abril de
2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005, C-328-2005 de 16 de setiembre de
2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y C-392-2006 de 6 de octubre de
2006, entre otros muchos).» (Dictamen No. C-147-2007)
«En
otras palabras, la posibilidad de elevar las consultas a este Despacho no
puede ser utilizada como un mecanismo para obtener un pronunciamiento que venga
a resolver un conflicto de criterios surgido en el seno de la Administración,
pues tal cosa nos estaría colocando en una posición ajena a la naturaleza
propia de la función consultiva que ha sido encargada a esta Procuraduría
General por virtud de nuestra ley orgánica.» (Dictamen No. C-244-2011).”
(Dictamen No. C-099-2016 de 29 de abril de 2016. En
igual sentido véanse los dictámenes nos. C-116-2019 de 30 de abril de 2019,
C-098-2019 de 4 de abril de 2019, C-294-2020 de 24 de julio de 2020 y
C-254-2021 de 7 de setiembre de 2021).
En
esta ocasión se narra la diferencia de criterios existente entre la Junta de
Educación y la Dirección Regional del Ministerio de Educación. Así las cosas,
se pretende que ejerzamos un control de legalidad sobre actuaciones concretas
del Ministerio de Educación y que resolvamos el conflicto y la situación
concreta expuesta, lo cual, como ya fue indicado, no es parte de nuestra
función consultiva. Las consultas deben plantearse como interrogantes
generales, sobre dudas meramente jurídicas, sin hacer alusión a un caso o una
situación concreta como la expuesta.
Aparte de lo anterior, se incumple
el segundo requisito de admisibilidad señalado de aportar el criterio de la
asesoría legal sobre el tema consultado, el cual es exigido expresamente por el
artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.
Sobre ese requisito, hemos indicado que
el criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre
todos los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene como
finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el
asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro
pronunciamiento vinculante.
Y, además, hemos considerado que
dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado
tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y
constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la
Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto,
véanse los dictámenes nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1°
de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de
julio de 2017, C-080-2020 de 4 de marzo de 2020, entre muchos otros).
Excepcionalmente, en caso de que no se
cuente con abogado institucional, podría remitirse el criterio sobre el tema
consultado emitido por el asesor legal de otra dependencia o por un asesor
legal externo. Y en caso de que sea materialmente imposible contar con ese tipo
de asesoría, debe justificarse razonadamente la omisión de adjuntar el criterio
legal en el oficio que plantea la consulta. (Dictámenes nos. C-030-2017 de 15
de febrero de 2017, C-238-2017 de 19 de octubre de 2017, C-073-2017 de 5 de
abril de 2017 y C-286-2018 de 12 de noviembre de 2018).
Por último, en cuanto al
tercer requisito apuntado hemos indicado que en el supuesto
de que el jerarca administrativo de la institución consultante sea un órgano
colegiado, es ese órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para presentar
la consulta. Entonces, debe remitirse el acuerdo firme del órgano colegiado,
pues sus miembros, individualmente, no representan la voluntad de éste. (Al
respecto véanse los dictámenes Nos.
C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-406-2014 de 18 de noviembre de 2014,
C-276-2016 de 16 de diciembre de 2016, C-073-2017 de 5 de abril de 2017, C-037-2019
de 14 de febrero de 2019, C-075-2019 de 21 de marzo de 2019).
Así las cosas, dado que
en esta ocasión es la presidente de la Junta Administrativa quien requiere
nuestro criterio, sin mediar un acuerdo de la Junta al respecto, la consulta es
inadmisible.
Con base en todo lo expuesto, la
consulta es inadmisible y lamentablemente nos encontramos imposibilitados para
emitir el dictamen requerido.
De Usted, atentamente,
Elizabeth León Rodríguez
Procuradora
Cód.
4751-2024
ELR/ysb
PGR-C-110-2024.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CASO CONCRETO. CRITERIO
LEGAL. NO SE CONSTATA QUE HAYA MEDIDO ACUERDO DEL ÓRGANO COLEGIADO PARA
CONSULTAR.
La señora Dilcya María Aguilar
Obando, Presidenta de la Junta de Educación Escuela de Liberia centro, requirió
nuestro criterio respecto a “si el MEP tiene la potestad de obligar a la
Junta de Educación a trasladar las propiedades a nombre de Estado MEP y si, de
igual forma puede intervenir en cualquier negociación de expropiación o venta
de alguna de estas propiedades y cuál sería el procedimiento según el marco
legal adecuado para realizar estas ventas”.
Esta Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-110-2024 de 3 de
junio de 2024, declaró
inadmisible la consulta porque:
Se pretende
que ejerzamos un control de legalidad sobre actuaciones concretas del
Ministerio de Educación y que resolvamos el conflicto y la situación concreta
expuesta, lo cual, no es parte de nuestra función consultiva. Las consultas
deben plantearse como interrogantes generales, sobre dudas meramente jurídicas,
sin hacer alusión a un caso o una situación concreta como la expuesta.
Aparte de lo anterior, se
incumple el segundo requisito de admisibilidad señalado de aportar el criterio
de la asesoría legal sobre el tema consultado, el cual es exigido expresamente
por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.
Por último, en cuanto al tercer requisito apuntado hemos indicado que en el supuesto de que el jerarca administrativo de la
institución consultante sea un órgano colegiado, es ese órgano, por medio de un
acuerdo, el legitimado para presentar la consulta. Entonces, debe remitirse el
acuerdo firme del órgano colegiado, pues sus miembros, individualmente, no
representan la voluntad de éste. (Al respecto véanse los dictámenes Nos. C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-406-2014
de 18 de noviembre de 2014, C-276-2016 de 16 de diciembre de 2016, C-073-2017
de 5 de abril de 2017, C-037-2019 de 14 de febrero de 2019, C-075-2019 de 21 de
marzo de 2019).
Dado que en esta ocasión
es la presidente de la Junta Administrativa quien requiere nuestro criterio,
sin mediar un acuerdo de la Junta al respecto, la consulta es inadmisible.