Opinión Jurídica : 056 - del 02/05/2024

02 de mayo de 2024

PGR-OJ-056-2024

Señora

Ericka Ugalde Camacho

Jefa de Área

Comisiones Legislativas III

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos referimos a su oficio N° AL-CPEMUN-0158-2024 del 22 de febrero del 2024, recibido el mismo día por correo electrónico en esta Procuraduría, mediante el cual se solicita nuestro criterio sobre el proyecto de Ley denominado: “AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ – JARDÍN DE NIÑOS ARTURO URIEN GALLOSO PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LOS ACTUALES POSEEDORES DE LA URBANIZACIÓN BARRIO CORAZÓN DE JESÚS”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo N° 23459.

I.- CONSIDERACIÓN PRELIMINAR.

De previo a dar respuesta al criterio solicitado, se estima conveniente recordar que de conformidad, con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sólo “Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría…”, siendo claro que la Asamblea Legislativa no ostenta propiamente esa condición de Administración Pública (sólo excepcionalmente realiza función administrativa).

Por lo anterior, se procede a evacuar la consulta formulada, mediante la emisión de una opinión jurídica no vinculante, con el afán de colaborar con la importante labor que desarrolla ese Parlamento.

Asimismo, conviene aclarar que este caso no se encuentra, en los supuestos establecidos por el artículo 157, del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que, este pronunciamiento no está sujeto al plazo de ocho días, establecido en dicho numeral.

En todo caso, con gusto se atiende su solicitud, dentro de la mayor brevedad que nuestras labores ordinarias lo permiten.

II.- OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto de Ley, se motiva en la necesidad de segregar y donar terrenos, a favor de los vecinos de la Urbanización Barrio Corazón de Jesús, para formalizar el derecho

de propiedad de los poseedores de este complejo habitacional, que se desarrolló desde el año 1973, por el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS; y reservar el resto de finca para la Municipalidad de San José, con el objetivo de que se pueda garantizar áreas públicas, para el disfrute y esparcimiento de los vecinos de dicha Urbanización.

Para ello, el proyecto de Ley pretende autorizar a la Junta de Educación de San José, Jardín de Niños Arturo Urien Galloso, a segregar y donar del inmueble de su propiedad SJ-75949-000, lotes de terreno para formalizar la situación de los vecinos, de la urbanización Barrio Corazón de Jesús.

III.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS.

Sobre la naturaleza jurídica de las Juntas, el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo N° 38249 del 10 de febrero de 2014, en su artículo 5, les concede la categoría de organismos auxiliares de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio; señala esta norma:

“Artículo 5º-Como organismos auxiliares de la Administración Pública, las Juntas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Les corresponde la administración de los recursos públicos transferidos para el funcionamiento del centro educativo. Los bienes propiedad de las Juntas son inembargables.”

Del mismo modo, sobre la capacidad para contratar, el artículo 68 de dicho Reglamento indica:

“Artículo 68.-Las Juntas, como personas de derecho público, podrán realizar toda clase de contrataciones administrativas para la consecución de sus fines con sujeción a lo preceptuado por la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como las disposiciones especiales contenidas en este Reglamento y en la normativa que rige la materia.”

Al respecto, este órgano técnico jurídico, en el Dictamen C-086-2010 del 27 de abril de 2010, en lo que interesa señala:

“…tanto a las Juntas de Educación, como a las Juntas Administrativas, las leyes Nos. 181 de 18 de agosto de 1944 (Código de Educación) y 2160 de 25 de setiembre de 1957 y sus reformas (La Ley Fundamental de Educación), les otorgan “plena personalidad jurídica” y patrimonios propios, es decir, han sido creadas en virtud de un acto de imperio del Estado y se les ha conferido personalidad jurídica aparte para atender una serie de fines especiales que le correspondían a éste. Sin embargo, respecto de las Juntas, como es lógico suponer respecto de la Administración Pública descentralizada, el Estado, como ente público mayor, ejerce sobre ellas una tutela administrativa al orientar, de forma general, su actuación, para lograr así una mayor coherencia y unidad en la satisfacción de los intereses públicos relacionados con la política educativa oficial.“ (Véase el dictamen No. C-386-2003 de 09 de diciembre del 2003).

“…, ha de tenerse presente que las Juntas de Educación tienen plena capacidad para contratar y los contratos que celebre su Presidente a nombre de la Junta - quien funge para el caso como Representante - son válidos (artículo 36 del Código de Educación). Pero, en el ejercicio de dicha potestad dichas Juntas están sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de autoridad competente del Ministerio de Educación Pública, en cuanto al uso y destino de los bienes sometidos a su administración (artículo 3 del Decreto 17763-E de cita) y están obligadas a ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa (Ley No.7494 de 2 de mayo de 1995, artículos 1 y 3) y su Reglamento Decreto No.25038-H del 6 de marzo de 1996, artículos 1 y 2. En el mismo sentido, véase el numeral 56 del Reglamento General de Juntas de Educación antes citado).

(…)

No cabe duda pues que al emitirse dicho reglamento se consideró que las Juntas de Educación y Administrativas son organismos auxiliares de la Administración Pública (Ministerio de Educación Pública) y que, como entidades de derecho público que son, su regulación primigenia está contemplada en el Código de Educación y en la Ley Fundamental de Educación de 1957. Es así como en el artículo 56 del citado reglamento se les faculta a dichas Juntas como personas de derecho público, para que puedan realizar toda clase de contrataciones administrativas para la consecución de sus fines, con sujeción a lo preceptuado por la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, La Ley General de Contratación Administrativa y sus Reglamentos así como las disposiciones especiales contenidas en este Reglamento. Por lo demás, en el citado voto número 787-F-01 de las 14:10 horas del 5 de octubre del 2001, de la

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se ventiló la naturaleza jurídica de esas Juntas y se les consideró entes descentralizados sin relación jerárquica con el Poder Ejecutivo (Ministerio de Educación), indicándose:

“En ese progresivo desprendimiento de atribuciones de un ente matriz y el correlativo aumento de poderes de un centro inferior, se transita por una desconcentración mínima, media, máxima, hasta que finalmente aflora un ente descentralizado (…) Las juntas, aparte de tener personería jurídica propia y capacidad para contratar y comparecer ante los Tribunales, por disposición del artículo 36 del Código de Trabajo, tienen también patrimonio propio y capacidad de disposición de éste, ciertamente bajo determinados controles, cuya existencia, como se indicó, no excluye necesariamente un fenómeno de descentralización. Tampoco, por lo anteriormente expuesto, lo excluye que su política deba armonizar con la del Ministerio de Educación, porque la armonía es un desideratum en la acción de todos los entes públicos, máxime en aquellos con objetivos afines, empece a lo cual las Juntas tienen los propios no necesariamente coincidentes y sí tal vez complementarios de los generales, en la medida que velan por las necesidades de un sector de la educación con problemas y soluciones particulares. Es importante agregar que las Juntas no responden de su política tan solo ante el Ministerio de Educación, también lo hacen ante la Municipalidad respectiva, que es quien, además, designa a sus miembros. Y definitivamente entre las Juntas y el Ministerio no hay relación jerárquica. Frente a lo arriba expuesto, no es posible negar la condición de ente descentralizado a las Juntas de Educación...”

Puede decirse entonces que si bien en el Reglamento se señala, que dichas Juntas son delegaciones de las municipalidades y organismos auxiliares de la Administración Pública, que sirven a la vez como agencias para asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo, eso no significa que no sean parte de aquella Administración, entendida en su sentido más amplio (artículo 1º, Ley General de la Administración Pública); y mucho menos (con mayor razón todavía), que no sean parte del Sector Público, pues no obstante que están integradas por particulares, normalmente padres o madres de alumnos quienes se desempeñan como miembros honoríficos, se trata de organismos a quienes se encargan cometidos públicos en materia de educación, y como tales constituyen entes públicos con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de derecho público y privado sólo que descentralizados, por lo que, si bien entre esas juntas y el Ministerio de Educación Pública no hay relación jerárquica, sí están sometidas a

tutela administrativa del Poder Ejecutivo, lo que se conoce como una relación de dirección por lo que sí pueden ser objeto de órdenes, solo que referidas a la actividad mediante directrices, conforme a los numerales 26, b), 27,1, 98 a 100 de la Ley General de la Administración Pública. Estando sometidas, sobre todo, a las disposiciones del Ministerio de Educación en materia de distribución e inversión de los dineros que reciben, provenientes entre otras fuentes del Presupuesto Nacional…” (Lo destacado en negrita es del original).

En resumen, las Juntas son entes públicos descentralizados, que actúan como organismos auxiliares del Ministerio de Educación Pública, con personalidad jurídica, capacidad de derecho público y privado para actuar y patrimonio propio, sobre el que ejercen libre disposición con determinados controles.

IV.-DE LA DONACIÓN DE INMUEBLES DE LAS JUNTAS.

Como se indicó anteriormente, las Juntas cuentan con capacidad para disponer de su patrimonio, por disposición normativa; sin embargo, dicha capacidad se encuentra limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, como se desprende, en lo que es de interés, del Dictamen C-086-2010, antes citado:

“En abono a lo vertido hasta aquí, tenemos que el Código de Educación (Ley N° 181 del 18 de agosto de 1944), en cuanto a la facultad de las Juntas para disponer de bienes inmuebles de su propiedad, dispuso las siguientes normas:

Artículo 38.- Necesitan también aprobación del Poder Ejecutivo los acuerdos de la Junta:

a) Cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender, hipotecar o arrendar bienes inmuebles que, según estimación de un perito nombrado por la Oficina de la Tributación Directa, o en su defecto, por la Inspección General de Hacienda Municipal, valgan más de quinientos colones y no pasen de cinco mil. Tanto a la compra como a la enajenación de tales bienes, el Poder Ejecutivo negará su aprobación si de la operación no se sigue un positivo bien comunal. (…)

Sin embargo, las Juntas - como todos los entes públicos menores - están sometidas en primer término a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, es decir, a una relación de dirección de parte de éste. Así pues, las Juntas sí pueden ser objeto de órdenes referidas a la actividad de la misma, verbigracia directrices (artículos 26, b), 27,1, 98 a 100 de la LGAP). A través de la tutela el Poder Ejecutivo - por medio del Ministerio de Educación - puede conformar a las Juntas

en el cumplimiento de sus fines, imponiendo metas y tipos de medios para realizarlas. Dicho Poder también puede dirigir los programas del ente: los fines específicos y más limitados para los que debe empeñarse cada año o cierto número de años. (Ortiz Ortiz, Eduardo. "La tutela administrativa Costarricense". En: Revista de Ciencias Jurídicas, No.8, páginas 129 y 134, Oficio de este Despacho PGR-196 de 16 de octubre de 1990 y dictamen C-048-93 del 6 de abril de 1993)

En segundo término, las Juntas están sometidas a un control completo y constante, como se verá, que condiciona la actuación de las mismas.

Control que no se limita a la integración de la misma, sino que puede producirse en forma anticipada y posterior, mediante autorizaciones y aprobaciones de sus actos. La idea de crear entes como las Juntas, con carácter instrumental, se haya en desplazar total y definitivamente las responsabilidades patrimoniales del Poder Ejecutivo hacia éstas. Además, permiten el ocultamiento del Estado bajo una entidad independiente, en campos en que opera la pugna libertad - autoridad. En consecuencia, estamos ante un tipo descentralización mínima, pues no hay jerarquía pero sí subordinación del ente al Poder Ejecutivo. Eso sí, el ejercicio de esa específica sujeción requerirá de normas legales expresas que la desarrollen. (Véase Eduardo Ortiz Ortiz, op.cit., páginas 146-148; Eduardo García de Enterría, "Curso de Derecho Administrativo", Tomo I, Madrid, Editorial Civitas, 1989, páginas 409-411; y dictamen de este Despacho C-048-93)

En la línea de pensamiento expuesta, la Junta de Educación tiene escaso poder de decisión propio, por cuanto la mayoría de sus funciones, previstas en el numeral 39 del Código de Educación, son de vigilancia o inspección, coordinación, denuncia o de mera información, así como funciones de realización con aprobación del Ministerio de Educación.

Además, la Junta está sometida a las disposiciones del Ministerio de Educación en materia de distribución e inversión de los dineros provenientes, entre otras fuentes del Presupuesto Nacional y que la Junta de Educación recibe, pues el manejo de aquéllos debe efectuarse de conformidad con la política educativa y el planeamiento de la enseñanza indicados por el Consejo Superior de Educación y el Ministerio del ramo, de acuerdo con el Reglamento que se dicte. (Artículo 45 y 47 de la Ley Fundamental de Educación o Ley No.2160 del 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, véase dictamen de este Despacho C-128-92)

Por otra parte, el Código de Educación somete a la aprobación del Poder Ejecutivo (…), los acuerdos de las Juntas cuando dispongan comprar, donar, permutar, vender, hipotecar o arrendar bienes inmuebles, dentro de los límites legalmente previstos. (Artículo (…) 38 ibídem).

Igualmente, el presupuesto de las Juntas debe someterse a la aprobación del Ministerio de Educación, con el objeto de que los gastos e inversiones estén estrechamente vinculados con las prioridades nacionales, regionales e institucionales destinados a la consecución de los objetivos y fines de la educación costarricense. (Véase dictamen de este Despacho C-128-92 y artículos 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49 y 54 del Reglamento General de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto No.17763-E del 3 de setiembre de 1987 y sus reformas, mientras se mantenga vigente, como se dirá infra)

Dicho control específico lo puede ejercer el Ministerio de Educación Pública, en virtud de ser el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la Educación y de la Cultura, a cuyo cargo está la función de administrar todos los elementos que integran aquel ramo. Además, dicho Ministerio es el vínculo entre el Poder Ejecutivo y las demás instituciones que trabajan en el campo educativo y cultural. (Artículos 140 constitucional, 1 y 5 de la Ley 3481 del 13 de enero de 1965 o Ley Orgánica del Ministerio de Educación). Por su parte, el Consejo Superior de Educación es el Órgano Constitucional a quien corresponde la dirección general de la enseñanza oficial. (Artículo 81 constitucional, véase también dictamen de este Despacho C-128-92)

Igualmente, un control genérico sobre las Juntas de Educación lo puede ejercer la Contraloría General de la República, en virtud de la función fiscalizadora de la Hacienda Pública que le viene atribuida. (Artículos 183 y 184 constitucionales, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 20 siguientes y concordantes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley No.7428 de 7 de setiembre de 1994). En este sentido, es menester tener claro que se encuentran de por medio fondos públicos como los provenientes del Fondo creado para las Juntas de Educación por el artículo 1 de la Ley No.6746 del 20 de abril de 1982 ó de las otras fuentes previstas en el Código de Educación (artículo 39).

(…)
Es obvio, que la Juntas de Educación, están sujetas al principio de legalidad establecidos en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, los que establecen que toda la actividad de la Administración Pública está sujeta al ordenamiento jurídico y que sus funcionarios no pueden arrogarse facultades que la Ley no les concede. En fin, que las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar soportadas en norma expresa, prohibiendo realizar actos que no estén autorizados…”.

En torno a este mismo tema, para que las Juntas puedan donar, remodelar, ampliar, construir o demoler bienes inmuebles, deberán tener el consentimiento previo, de la

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (artículo 142 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas N° 38249-MEP).

En conclusión, las Juntas poseen la capacidad de donar bienes inmuebles, sin embargo, para disponer de los bienes deberán cumplir con los requisitos que al efecto establece la norma, sean estos, la autorización por parte del Poder Ejecutivo y el consentimiento previo de la DIEE (artículo 38 del Código de Educación y 142 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas). Sin olvidar por supuesto, el control y fiscalización al que, por imperativo de ley, están sometidos estos actos por parte de la Contraloría General de la República.

V.-DEL DOMINIO PÚBLICO DE LOS BIENES DE LAS JUNTAS.

Los bienes de dominio de público, son aquellos destinados a un uso público, sometidos a un régimen especial, no pertenecen individualmente a los particulares, y están fuera del comercio de los hombres. Estos bienes, tienen un destino especial de servir a la comunidad, al interés público, a la educación pública, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, los particulares no pueden ejercer ningún acto de dominio sobre ellos y el manejo de éstos, está unido al principio de legalidad.

Por ser bienes públicos destinados a escuelas, colegios y centros de enseñanza, administrados por las Juntas de Educación o de Administración, necesariamente deberán ser utilizados para el cumplimiento de los fines y tareas propios, así como, para los fines establecidos por Ley. En este sentido, gozan de una doble protección, en cuanto a que poseen todos los atributos propios, de los bienes que conforman el dominio público y son el instrumento, para obtener el fin propuesto por el legislador. Los miembros de las Juntas, no podrán disponer de los bienes a su cargo, sin que exista una Ley de por medio que, autorice la desafectación y el cambio de destino del bien.

En resumen, el bien inmueble sólo debe destinarse a los fines establecidos por la Ley, el Jerarca puede por razones de interés público u oportunidad, destinarlo a otros fines siempre que estos se encuentren, dentro de los supuestos establecidos por el legislador, tal y como se indicó en el ya citado Dictamen 086-2010:

“Siguiendo el principio del paralelismo de formas (las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen), si mediante una ley se destina un bien para un fin específico solo a través de otra ley se puede cambiar ese destino.

Los fondos de las Juntas de Educación y Juntas Administradoras necesariamente deben ser utilizados para el cumplimiento de sus fines y tareas propias y fines dados por ley que están lejanos al concepto de lucro que se maneja en sede mercantil.

El bien inmueble solo debe destinarse a los fines previstos por el legislador. El uso que se le da a ese bien en la actualidad, bien puede el jerarca, por razones de interés público u oportunidad, destinarlo a otros fines, siempre y cuando estos se encuentren en los supuestos establecidos por el legislador...”

Así las cosas, para poder disponer del inmueble objeto del proyecto, se requiere de la emisión de una Ley que autorice la desafectación, el cambio de destino del bien y la donación a favor de los particulares. Posteriormente, para materializar la donación se requerirá la autorización por parte del Poder Ejecutivo y el consentimiento previo de la DIEE (artículo 38 del Código de Educación y 142 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas).

VI.- ANÁLISIS DEL PROYECTO CONSULTADO.

El proyecto de Ley consultado consta de cuatro artículos, los cuales fueron analizados, a efectos de emitir las siguientes consideraciones:

Artículo primero: se sugiere ajustar la redacción incluyendo expresamente que se desafecta del dominio público la finca de la Provincia de San José, Matrícula N° 75949-000, propiedad de la Junta de Educación de San José.

Por otra parte, es incorrecto afirmar que a la finca SJ-75949-000, le corresponde el plano “SJ-939693-90”, toda vez que el Registro Inmobiliario publicita para esta finca: “PLANO: NO SE INDICA”.

De igual manera, es importante mencionar que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, mediante el oficio N° DVM-A-DIE-DPS-0329-2023 del 21 de setiembre del 2023, recomienda realizar los estudios correspondientes para lograr determinar el plano que dio origen a la finca SJ-75949-000, y los límites originales de esta. Así también, conocer si los 34 planos catastrados citados en el artículo 1 del presente proyecto de ley, comprenden la totalidad de casas y familias que habitan en este inmueble.

En consecuencia, se sugiere analizar y atender las recomendaciones vertidas por esa Dependencia en el oficio antes citado, a efectos de beneficiar a la totalidad de las familias

que habitan el Barrio Corazón de Jesús y definir con claridad el resto de finca que quedará inscrito a nombre de la Municipalidad de San José.

Con respecto al resto de finca, se sugiere establecer expresamente la autorización para donar el mismo a la Municipalidad de San José, aclarar las proporciones o áreas que se estarían reservando para la Municipalidad, así como establecer claramente la naturaleza de ese resto de finca (parque, zonas verdes, áreas de recreación, etc).

Finalmente, en cuanto a los beneficiarios de los lotes, se podría considerar indicar el área, que se estaría donando a cada uno.

En cuanto al artículo segundo, se propone consignar que las escrituras se formalizarán ante la Notaría del Estado, a efectos de no hacer incurrir a los beneficiarios en gastos de honorarios por la inscripción registral; sin embargo, ello queda a criterio del legislador.

En relación con el artículo tercero, el mismo señala que para gozar del beneficio otorgado en la ley, los aspirantes deberán demostrar ante la Junta de Educación de San José que han ejercido su derecho de posesión por el período mínimo de diez años, de manera continua, pública, pacífica y a título de dueño.

Ello implica que a la citada Junta le corresponderá tramitar los procedimientos de acreditación de la posesión y dictar las resoluciones pertinentes para cada caso. En ese sentido, se sugiere valorar si la asignación de esa competencia es propia de una Junta de Educación, máxime considerando las limitaciones de personal y presupuestarias que enfrentan estos órganos, lo que podría dificultar la ejecución de la Ley.

En esa dirección, se esboza del Considerando del proyecto de Ley, que la Urbanización Barrio Corazón de Jesús, se desarrolló desde el año 1973, por parte del IMAS, por lo que, al igual que ha sucedido con otros proyectos similares al presente, podría replantearse la iniciativa legal, a efectos de realizar la donación del terreno a favor del IMAS y que sea dicha Institución la que desarrolle los procesos administrativos de acreditación de la posesión y disponga las adjudicaciones correspondientes, todo lo cual está dentro de las competencias legales que ostenta esa entidad.

En todo caso, ello queda dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador ordinario; sin embargo, de mantenerse la redacción propuesta, se podría disponer y habilitar una coordinación interinstitucional para apoyar a la Junta en la conformación de cada uno de los expedientes, con los requisitos necesarios para la elaboración de cada una de las

escrituras, sean estos, planos de catastro, avalúos, cédulas de identidad, documentos que acrediten la posesión, así como la transferencia de la posesión, entre otros.

En cuanto al artículo cuatro, no se realiza observación alguna.

Finalmente, es importante indicar que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, mediante el oficio N° DVM-A-DIE-DPS-0329-2023 del 21 de setiembre del 2023, emite criterio técnico sobre el presente proyecto de Ley, señalando en el aparte de “Observaciones y recomendaciones”, en lo que interesa que: “(…) Es interés del MEP lograr normalizar la situación jurídica de esta finca para beneficio de todos sus habitantes. (…)”. Criterio que es ampliado por la misma Dirección, mediante el oficio N° DVM-A-DIE-DPS-0426-2023 del 21 de noviembre del 2023, que dice:

“(…) La finca folio real San José 75949-000, es una de varias propiedades a nombre de la extinta Junta de Educación de San José, que deben ser analizadas a efectos de resolver su traspaso al Estado MEP u otras instituciones pertinentes.

En el caso específico de la finca San José 75949-000, la misma se utilizó para desarrollar un proyecto de vivienda del IMAS, en donde se construyeron desde hace varias décadas casas de interés social. No existe en este inmueble ningún centro educativo o área de terreno destinado a la construcción de ningún centro educativo.

En lo que respecta al MEP, es de interés resolver este tipo de casos en que existen inmuebles que fueron destinados a actividades ajenas al tema educativo y que se encuentran inscritas a nombre de esta junta.

En conclusión, se debe indicar que, si es conveniente para el MEP esta donación, ya que permite ir resolviendo y poniendo en orden la situación registral de los inmuebles inscritos a nombre de la junta de educación precitada. (…)”

Llama la atención que en el anterior oficio se indique que la propiedad se encuentra inscrita “a nombre de la extinta Junta de Educación de San José”, ya que ello supondría un obstáculo para la efectiva ejecución de la ley, debiendo constatarse la situación jurídica de la Junta y si es del caso subsanar la misma.

VII.- CONCLUSIÓN.

Con base en lo expuesto, queda evacuada la consulta del proyecto de Ley N° 23459. Su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; sin embargo, se recomienda, respetuosamente, a las

señoras y señores diputados tomar en consideración las observaciones hechas en este pronunciamiento.

Atentamente,

Alejandro Arce Oses Angélica María Losada Ramírez

Procurador Notaría del Estado Abogada de Procuraduría

AAO/ALR

Código: 1486-2024