Opinión Jurídica : 053 - del 23/04/2024

 23 de abril del 2024

 PGR-OJ-053-2024

 

Nancy Vílchez Obando

Jefa de Área

Comisiones Legislativas V

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio AL-CPOECO-0746-2024 del 6 de febrero de 2024, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley 23.980, denominado “REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, LEY N.° 7558, PARA PROTEGER EL USO DE LOS DATOS SENSIBLES DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES DEL SECTOR FINANCIERO”.

Previamente debemos señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor únicamente está facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en ejercicio de potestades administrativas, pero no cuando se trata del ejercicio de su función legislativa.

A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración con la importante labor que desempeñan las señoras y señores diputados, hemos acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con la función de control político.

Advirtiendo lo anterior con relación al presente proyecto de ley, debemos señalar, además, que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

I.            OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

El objeto del proyecto de ley es adicionar un nuevo artículo 40 bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para que cuando se haga una solicitud de información al amparo de los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras únicamente pueda facilitarla en forma anonimizada, sin excepción, salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos.

 

Asimismo, la propuesta prohíbe al Banco Central de Costa Rica, así como a sus jerarcas y funcionarios, solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional, de forma tal que sea posible asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta.

 

Dentro de las motivaciones existentes para el proyecto de ley, se establece el conflicto suscitado entre las autoridades de la SUGEF y del Banco Central sobre el requerimiento de este último de información no anonimizada para fines estadísticos, lo cual, ha desencadenado la existencia de varios procesos judiciales.

 

II.         SOBRE LOS PRONUNCIAMIENTOS PREVIOS DE LA PROCURADURÍA EN CUANTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PRIVADA PARA FINES ESTADÍSTICOS Y LA JUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO

 

Tal como ha quedado establecido en la exposición de motivos del proyecto de ley, la presente iniciativa surgió a raíz de un conflicto existente entre el Banco Central y la SUGEF, por el requerimiento que el primero realizó a la segunda sobre información masiva y sin anonimizar de los deudores bancarios para efectos estadísticos. Por ello, la presente iniciativa pretende impedir la posibilidad del Banco Central de Costa Rica de acceder a los datos personales que puedan ligarse a la información a una persona o cuenta específica.

 

Dicho requerimiento desencadenó la presentación del recurso de amparo 23-20309-007-CO, dos acciones de inconstitucionalidad (una de ellas tramitada bajo expediente 23-020910-0007-CO), así como una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) tramitada bajo expediente 180-08-2023-DEN. Asimismo, el conflicto ha sido tema de investigación en el Ministerio Público y en una Comisión de Control Político de la Asamblea Legislativa, que recientemente rindió su informe al respecto.

 

Es evidente que el tema en cuestión ha generado muchísima discusión desde el punto de vista de la privacidad de los datos, el secreto bancario y el derecho a la intimidad y dado que el asunto ha sido judicializado ante la Sala Constitucional, como intérprete suprema de las normas jurídicas infra constitucionales, es evidente que cualquier criterio que haya emitido este órgano asesor en el pasado y el que ahora es requerido, queda sujeto a lo que, en definitiva, disponga dicho tribunal constitucional sobre la normas vigentes en el tema de acceso a la información  privada para fines estadísticos.

 

No obstante ello, esta Procuraduría es un órgano de legalidad, sujeto a las normas jurídicas vigentes y, por tal motivo, en diferentes oportunidades nos hemos visto requeridos a interpretar la normas de rango legal que el propio legislador ha emitido en materia estadística y, específicamente, el acceso que el Banco Central, como órgano integrante del Sistema Nacional de Estadística, puede tener de la información de carácter privado para esos fines.

 

A pesar que fue un reciente dictamen de la Procuraduría el que ha sido objeto de opinión sobre este tema y es mencionado en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, lo cierto es que desde el año 2008, la Procuraduría se había referido a la posibilidad del Banco Central de acceder a datos privados sin anonimizar para fines estadísticos. Específicamente, en el dictamen C-145-2008 del 5 de mayo de 2008, se abordó una consulta que el Ministerio de Hacienda le hizo a la Procuraduría sobre si podía suministrarle al Banco Central la información tributaria que obtiene de los contribuyentes con el fin de que dicho ente lo utilice únicamente para propósitos estadísticos.

 

En dicho criterio, se precisó que el acceso reconocido al Banco Central es sobre los datos individuales albergados en esa información, advirtiendo que esos datos son confidenciales, por lo que al recibir el Banco Central la información tributaria requerida, debe actuar con estricta sujeción a los principios de confidencialidad tributaria y confidencialidad estadística, y le está prohibido divulgar la información recibida a terceros.  Pese a su extensión, conviene recordar en lo que aquí interesa, lo señalado en esa oportunidad:

“2.- Las estadísticas del Banco Central

Dada la posición central que le corresponde en el sistema financiero y, por ende, su capacidad de influenciar la economía nacional, distintos ordenamientos reconocen al Banco Central una función de producción de estadísticas. El fundamento de esta competencia, en efecto, reside en el hecho mismo de que a la banca central le corresponde la formulación y aplicación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y, en muchos casos, el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero. En ejercicio de sus competencias, los bancos centrales acumulan información relativa a distintas variables económicas y financieras. Tomando en cuenta esa situación, existe una tendencia a atribuir al banco central la función de elaborar determinadas estadísticas importantes para la formulación de sus políticas y, en general, de las políticas económicas del país. En ese sentido, se substrae del organismo especializado en la elaboración de estadísticas la competencia para realizar estadísticas sobre agregados monetarios, financieros y en general, cuentas nacionales.

Esta distribución de competencias no es extraña a nuestro ordenamiento. De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos produce estadísticas, artículo 13, debiendo producir directamente las estadísticas nacionales. Entre estas se encuentran, precisamente, las fiscales y de comercio exterior y en general, las que provienen de registros administrativos. Interesa el inciso d)

“ARTÍCULO 15.- El INEC deberá elaborar las siguientes estadísticas nacionales:

(…).

d) Las estadísticas básicas requeridas para elaborar las cuentas nacionales y demás cuentas macroeconómicas a cargo del Banco Central de Costa Rica. Para efectos de financiamiento, el Banco y el INEC procederán de conformidad con los artículos 34 y 35 de esta Ley” (…)

La competencia reconocida por la Ley del Sistema de Estadística se suma a la otorgada por la Ley Orgánica del Banco Central.

La Ley Orgánica del Banco Central impone al Banco Central la publicación de diversos documentos. Documentos de diversa naturaleza que no solo dan cuenta del funcionamiento del Ente, sino que conciernen directamente el estado de la economía nacional y que se constituyen en elementos fundamentales para la elaboración de las políticas públicas. De las disposiciones que al efecto se establecen, se deriva en forma clara que el Banco Central está obligado a producir determinadas estadísticas. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que el artículo 14 de la Ley establece el deber del Banco de publicar un balance general de su situación financiera, el programa monetario con sus metas semestrales, así como un resumen estadístico de la situación económica del país…

La estadística de la situación económica del país debe incluir datos sobre los factores de producción y comercialización. Para lo cual requiere, obviamente, la información relativa a esos valores. Parte de esa información es generada por organismos públicos. Pero también puede ser que la información no sea generada por estos organismos, sino que es recabada por ellos. Para ese fin, el Banco Central tendrá que solicitar la cesión de la información. Es decir, el Banco Central debe recabar directa o indirectamente de distintos sectores públicos y privados la información relativa a esos factores.

Por otra parte, el artículo 16 lo obliga a publicar una memoria anual; publicación que le permite dar a conocer su situación financiera y las operaciones que hubiere realizado en el año fiscal anterior. La memoria anual abarca, entre otros aspectos, un análisis explicativo de las políticas monetarias, crediticia y cambiaria que hubiese sido dictada por el Banco Central, así como sus consecuencias. La exposición y evaluación que así debe realizarse, debe ser corroborable. A efecto de fundamentar esa situación, se le obliga a publicar los “cuadros numéricos, gráficos y anexos estadísticos que se consideren convenientes y el texto completo los anexos estadísticos que corresponda”.

            La estadística que se genere sobre la situación financiera y económica del país es de interés público no sólo porque es actividad estadística (artículo 1 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional) sino por la materia que concierne. La Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de analizar la trascendencia de información relativa a la situación económica y financiera del país. Al efecto, ha reconocido que esa información es de interés público. Así, se desprende de la resolución de la Sala Constitucional, en resolución N° 3074-2002 de 15:24 hrs. del 2 de abril de 2002, en la que se analizó el interés para la población del informe del Fondo Monetario Internacional sobre la situación financiera del país:

“IX.- Considera la Sala que no lleva razón el recurrido al manifestar que el informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional no puede ser de conocimiento público en vista de que es un documento confidencial, y en ese sentido, se puede decir que previo estudio del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, la Sala ha observado que ninguno de sus numerales justifica la posición del recurrido. Por el contrario, el Convenio hace alusión a la posibilidad de entregar el informe al Estado interesado, encontrándose establecida la prohibición únicamente respecto de terceros, con lo cual, el Fondo Monetario Internacional, tendría la obligación de mantener la confidencialidad respecto de terceros países pero no así respecto del país interesado en el informe –Costa Rica en este caso-, de manera tal que una vez que se le entrega el estudio al país interesado, el Fondo Monetario Internacional debe mantener la confidencialidad del documento respecto de terceros países pero no así respecto de Costa Rica. Por el contrario, si la información en él contenida se refiere a un estudio que se hizo por un Organismo Internacional, externo a Costa Rica en el que no ha participado ningún órgano del Estado Costarricense, sobre el estado económico del país, y en el mismo se pueden desvelar situaciones de relevancia nacional, pareciera que no existe duda alguna en cuanto a que ese informe debe ser de conocimiento público por cuanto trata aspectos que afectan a la colectividad nacional en general y por ende, los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer la situación real del país, de disfrutar de lo bueno que ahí se resalte pero también el pueblo tiene el correlativo deber de permitir que, con fundamento en el principio democrático, se adopten las medidas que sean necesarias a fin de corregir los puntos que sean negativos. En relación con lo dicho, no lleva razón tampoco el recurrido al interpretar que el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional impide la divulgación del informe que se hizo para Costa Rica pues si ello fuera así, ni siquiera nuestro país tendría acceso al mismo y prueba de ello es la manifestación que hace el Director del Periódico La Nación cuando en su contestación afirma que "al consultar la página de internet del Fondo Monetario Internacional, para obtener datos sobre nuestra economía destinados a un editorial, se había encontrado con una referencia según la cual esa institución no divulgaba el informe de su más reciente evaluación sobre la economía costarricense, debido a que las autoridades nacionales así lo habían pedido"; situación que evidencia que la negativa a suministrar la información no ha venido directamente del Fondo Monetario Internacional sino más bien, de autoridades costarricenses. Por el contrario, considera la Sala que una vez que las instancias públicas correspondientes han sido notificadas del resultado del estudio, precisamente por la materia de que se trata, es obligación del Estado Costarricense, el dar a conocerlas a la ciudadanía en general pues es respecto de ésta que se elabora el estudio y las conclusiones a las que se llega afectarán, en definitiva, a la colectividad nacional”.

            Para poder cumplir con la elaboración de estadísticas, el Banco Central requiere de los datos generados por otros organismos públicos y privados. El interés público presente en la actuación del Banco determina que pueda solicitar la información necesaria, incluso si es de origen privado, a otros organismos públicos.

            Al respecto, tómese en cuenta que el artículo 4 de la Ley de Estadística autoriza a las entidades parte del Sistema Estadístico Nacional a compartir datos con fines estadísticos. El interés público presente en la actividad estadística justifica que se comparta la información, aun cuando sea relativa a particulares. Empero, la Administración que recibe los datos debe actuar conforme con el principio de confidencialidad estadística. En consecuencia, los datos suministrados se protegen con el principio del secreto estadístico. La Ley del Sistema de Estadística Nacional fue reformada precisamente con el objeto de que los datos pudieran ser compartidos dentro del Sistema Estadístico Nacional. En efecto, con anterioridad a la reforma por Ley N° 7963 de 17 de diciembre de 1999, el artículo 4 establecía que los datos obtenidos de los sujetos privados serían “estrictamente confidenciales”. Consecuentemente, se dispone que los “datos procedentes de personas físicas o jurídicas privadas no podrán ser suministrados ni publicados en forma individual, sino como parte de cifras globales, salvo con la autorización previa de quien suministró los datos. Para este efecto, se considerarán cifras globales las correspondientes a tres o más personas físicas o jurídicas. Estos datos tampoco podrán ser suministrados con propósitos fiscales ni de otra índole”. La reforma posibilita compartir los datos recolectados y que el Sistema opere como tal. La plena confidencialidad cobra sentido fuera del sistema.

            Pero, además, la Ley Orgánica del Banco Central ha previsto expresamente el suministro de información tributaria necesaria para fines estadísticos. En efecto, el artículo de dicha Ley expresamente establece:

“ARTICULO 40.-

(…)

           La Ley no se limita solo a establecer un deber de colaboración de las entidades y órganos públicos, incluidos los del Estado. Deber de colaboración relativo entre otros, a la presentación de datos, la realización de informes y estudios. Por el contrario, precisa que para la elaboración de las estadísticas, los funcionarios del Banco Central tendrán acceso a la información tributaria. Se establece así otra excepción a la confidencialidad de la información tributaria. Empero, la información que así recibe el Banco Central para el cumplimiento de sus funciones, continúa siendo confidencial para terceros. La obligación de confidencialidad de la información que así recabe no solo deriva de lo dispuesto en el Código Tributario sino también del secreto estadístico. Conforme el artículo 40 antes transcrito, el funcionario que no respete la confidencialidad y dé a conocer la información a terceros, incurrirá en incumplimiento del deber que puede ser sancionado penalmente. 

Se deriva de esas disposiciones y del último párrafo del artículo 14 de la Ley 7558, según el cual:

“El Banco está obligado a guardar la confidencialidad de la información individual que le suministren las personas físicas y jurídicas”

que sobre el Banco Central de Costa Rica pesa un deber de confidencialidad que se aplica a toda información privada que recabe, sea en forma directa o por medio de otra Administración Pública, lo que incluye la información tributaria que le sea comunicada por la Administración Tributaria.

Asimismo, la lógica de estas disposiciones relativas a la elaboración de estadísticas y la obligación de confidencialidad determinan que el acceso que se reconoce al Banco Central no es sobre datos globales, sino sobre los datos individuales. En primer término, porque estos son elementos indispensables para la realización de determinadas estadísticas, es respecto de los datos individuales que se consagra el deber de confidencialidad. El deber de respetar el secreto estadístico refiere a esos datos individuales, artículo 4 de la Ley de Estadística. En último término, debe considerar que ya el artículo 117 del Código Tributario había dispuesto que la publicación de datos globales para efectos estadísticos no contrariaba el principio de confidencialidad tributaria. Si no se tratara de información individual, protegida por la confidencialidad tributaria, carecería de sentido sujetarla al deber de confidencialidad y, por ende, sujetar su infracción al Código Penal. Por lo que debe considerarse que el acceso que el artículo 40 predica concierne directamente la información de las declaraciones tributarias y cualquier otra información de carácter tributario del particular.

Se sigue de lo expuesto que el suministro de información tributaria de los contribuyentes por la Administración Tributaria al Banco Central encuentra fundamento en normas de rango legal, distintas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Como ya se indicó, la información tributaria que llegue a manos del Banco Central es de carácter privado, naturaleza que no pierde por el hecho de que sea conocida por el Banco Central. Por lo que este debe tratarla como información confidencial, sin que pueda divulgarla a terceros. Consecuentemente, no puede darla a conocer al público en general. El público solo puede tener conocimiento de datos estadísticos, sea cifras globales correspondientes al menos a tres sujetos” (El destacado y la negrita no es del original).

      En el dictamen citado, tal como se observa, se reconoce que la elaboración de estadísticas no es una labor ajena, ni extraña al Banco Central, para lo que su Ley Orgánica le autoriza, a tener acceso a la información, incluso de origen privado, en poder de otros organismos públicos. Siendo que, esa información no se limita a lo que se conocía como “datos globales” –llamados actualmente datos agregados– sino que pueden comprender datos individuales, sobre los que se impone el deber de confidencialidad y el principio del secreto estadístico, que inexorablemente el BCCR debe observar al tratarlos. A tales efectos, la anterior Ley del Sistema de Estadística Nacional consideraba a dicho ente como parte del Sistema Estadístico Nacional, situación que no cambia con la legislación vigente en la materia y que más bien se acentúa, al reforzar las potestades en materia estadística de los organismos que conforman el Sistema, entre ellos, el Banco Central.

 

Asimismo, en el dictamen C-290-2020 del 17 de julio de 2020, reconocimos que la aprobación de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, N° 9694 del 4 de junio de 2019, corresponde a la aspiración de entonces del Estado de pertenecer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, por tanto, ajustar su normativa interna a las buenas prácticas recomendadas por dicha organización, según analizaremos más adelante.

 

Dicha ley se originó como una iniciativa del Poder Ejecutivo y fue tramitada en la Asamblea Legislativa por la Comisión Especial encargada de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La motivación del proyecto de ley era ajustar nuestra normativa interna a las recomendaciones del Comité de Gobernanza de la OCDE y, específicamente, a las contenidas en el Informe sobre Buenas Prácticas en Estadística. A partir de ello, se detectó la necesidad de derogar la Ley del Sistema de Estadística Nacional del 4 de noviembre de 1998 y, en su lugar, proponer una ley que estableciera claramente las obligaciones y responsabilidades de todas las personas e instituciones encargadas de hacer estadística que conforman el Sistema de Estadística Nacional (SEN)-

 

Analizamos en dicho dictamen que dentro de las disposiciones de dicha Ley que generaron discusión durante del trámite legislativo, están los artículos 16 y 68 -finalmente aprobados- que por su importancia para el presente criterio, procedemos a citar:

 

“ARTÍCULO 16- Todas las personas físicas o jurídicas, residentes en el país o no, están obligadas a suministrar, de palabra, por escrito o por cualquier medio, de manera gratuita y en el plazo fijado, los datos, las informaciones de carácter estadístico y los registros administrativos que las instituciones públicas del SEN les soliciten, por intermedio de sus funcionarios, delegados o comisionados, acerca de hechos, que por su naturaleza y finalidad sean necesarios para la elaboración de las estadísticas oficiales que les corresponde, según lo establece el PEN. En el caso de que la solicitud se requiera en forma electrónica, deberá ser suministrada en formato abierto.

 

Esta obligación se extiende también a todos los funcionarios de la Administración Pública que, en razón de sus funciones, tengan a su cargo registros administrativos que sean necesarios para la elaboración de las estadísticas oficiales.

 

Asimismo, las instituciones públicas estarán obligadas a compartir con el INEC la información geográfica y cartográfica que posean y que sea necesaria para la producción y divulgación de estadísticas oficiales.

 

Las instituciones del SEN advertirán sobre el deber de entregarla en el plazo requerido, los fines que se persiguen con la recolección de estos datos, la confidencialidad y los mecanismos de protección de la información, y las sanciones en que puede incurrirse de no entregarla a tiempo o de brindar datos falsos, inexactos o extemporáneos.

 

El incumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo se sancionará conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo IV, sección II de esta ley.”

 

Las instituciones del SEN, al momento de recolectar datos personales, deberán informar, a la persona que los suministra, que estos podrán ser transferidos y los mecanismos de protección de la confidencialidad de esta información.

 

“ARTÍCULO 68- La persona física o jurídica que se niegue a responder las solicitudes al SEN o al INEC, relativas a la obtención de información estadística, quedará sujeta a la sanción establecida en el artículo 65 de esta ley. El pago de la multa indicada no exime de la entrega de la información.

 

La falta de entrega de la información solicitada configurará el delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el Código Penal.”

 

            Como se desprende de dicho articulado, la ley vigente, establece una obligación de todas las personas e instituciones, de brindar la información -de interés estadístico- requerido por las instituciones del Sistema Nacional de Estadística y, en caso contrario, establece un régimen sancionatorio que debe aplicarse. Esto era precisamente uno de los objetivos principales buscados por el legislador, con la idea de fortalecer el sistema de estadística nacional y los alcances de la competencia del INEC y demás instituciones del sistema.

 

Por tanto, la Procuraduría reconoció que la ley faculta el acceso tanto a información pública como privada, siempre y cuando tengan interés estadístico, lo cual fue replicado de la mayoría de países de América Latina y Europa, que tienen regulado en su legislación la obligatoriedad de la entrega de los datos debido al interés público que tiene la estadística (ver folio 886 del expediente legislativo de la ley 9694).

 

De importancia también, en el dictamen PGR-C-264-2022 del 30 de noviembre de 2022, la Procuraduría reconoció que según la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional, el secreto bancario carece de rango constitucional, por lo que depende de las regulaciones que al efecto emita el legislador (con mención a las sentencias números 5507-1994 de las 9:45 horas del 23 de setiembre de 1994, 10540-2009 de 14:41 horas de 1 de julio de 2009, 3854-2014 de 14:05 horas de 19 de marzo de 2014 y 10254-2015 de 10:15 horas de 8 de julio de 2015). Por tanto, la información protegida por el secreto bancario no es absoluta, ni comporta un grado superior respecto a los demás datos personales (al respecto, sentencia de la Sala Constitucional 2016-015712 de las 15:50 horas del 27 de octubre del 2016).

 

En esa línea, esta Procuraduría reconoció en el dictamen PGR-C-125-2023 del 3 de julio de 2023 que, a partir de lo dispuesto en la Ley del Sistema de Estadística Nacional, existe una obligación de todas las personas e instituciones, de brindar la información -de interés estadístico- requerida por las instituciones del Sistema Nacional de Estadística y, en caso contrario, se establece un régimen sancionatorio que debe aplicarse. Esta ley excepciona únicamente los datos sensibles, que son de entrega voluntaria. Asimismo, reconoció que la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales regula una categoría propia para los datos referentes al comportamiento crediticio, separándolos de los llamados datos sensibles que tienen una protección especial, por lo que no podían ser equiparadas ambas categorías.

 

Consecuentemente, los datos crediticios -en su generalidad- no quedan protegidos en la excepción contenida en el numeral 18 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, por no poder ser catalogados como datos sensibles y por tanto, como regla general, la SUGEF debe entregar a las instituciones que forman parte del Sistema de Estadística Nacional, toda la información relacionada con operaciones crediticias, en la medida que tengan un fin estrictamente estadístico y que no se trate de información sensible, lo cual debe ser justificado tanto en la solicitud de las autoridades del Sistema Nacional de Estadística, como en el eventual rechazo de la información específica que pueda realizar SUGEF. Lo anterior, sin perjuicio del carácter confidencial de esa información, y la obligación de segregarla o anonimizar para fines estadísticos, guardando los recaudos en cuanto a confidencialidad, calidad y seguridad de la información.

 

Debemos aclarar que la emisión del dictamen PGR-C-125-2023 del 3 de julio de 2023, obedeció a una pregunta muy concreta planteada por la señora Superintendente General de Entidades Financieras, sin que a la fecha de su emisión se conociera el conflicto suscitado entre el Banco Central y la SUTEL ni la solicitud específica que se había realizado, por lo que, tal como se señala en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, el análisis de dicho criterio fue parcial limitado a la consulta que se planteó en su momento y sin analizar la situación concreta, lo cual, en todo caso, es ajeno a la función consultiva de la Procuraduría que es de carácter abstracto por disposición de su Ley Orgánica.

 

         Posteriormente y como criterio más reciente, la Procuraduría tuvo la oportunidad de referirse de manera amplia al tema en consulta dentro de la acción de inconstitucionalidad 23-020910-0007-CO, en la cual actúa como órgano asesor imparcial de la Sala Constitucional y amplió el análisis del tema que nos ocupa, dado el contexto específico del conflicto suscitado entre el Banco Central y la SUGEF y analizando incluso el acto de requerimiento de información que el primero había enviado a la segunda, por así requerirlo la Sala Constitucional al solicitar el informe.

 

En dicha oportunidad, la Procuraduría analizó las normas vigentes en materia estadística, reiteró la importancia de que el Banco Central tenga acceso a los datos privados sin anonimizar para fines estadísticos y consideró que los artículos 14, inciso d), 40 y 132 inciso c) de la Ley Orgánica del Banco Central; y 16, párrafo 1°, 65 y 68 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, no son inconstitucionales, al no constatarse que resulten contrarios al Derecho de la Constitución, ni que amerite una interpretación conforme con el orden constitucional.  Asimismo, tratándose del acuerdo del artículo 10, de la sesión n.°6093-2022, del 23 de noviembre de 2022, de la Junta Directiva del Banco Central, la Procuraduría consideró que tampoco sería inconstitucional en la medida que se interprete que la solicitud de información con fines estadísticos que dirige a la SUGEF, no comprende datos sensibles y se ajusta a los demás recaudos previstos en las leyes 7558 y 9694, relativos confidencialidad, calidad y seguridad de la información.

 

Como se observa, con base en la normativa vigente en la actualidad, la Procuraduría ha reconocido de manera general, la importancia de que los órganos del Sistema Nacional de Estadística, entre ellos, el Banco Central, tengan acceso a los datos necesarios, aun siendo de carácter privado y sin anonimizar, siempre que se cumpla con el fin estadístico y la confidencialidad y seguridad de la información.

 

Lo anterior, como indicamos, queda sujeto lógicamente a la vigencia de las normas legales que actualmente están siendo impugnadas ante la Sala Constitucional y, eventualmente, a las reformas que el legislador pueda realizar dentro de su ámbito de discrecionalidad, tal como sería la presente iniciativa.

 

 

III.       SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LA OCDE EN MATERIA ESTADÍSTICA Y EL AMBITO DE DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR

 

Hemos reconocido ampliamente la libertad del legislador para configurar el ordenamiento jurídico de rango legal, en virtud de la competencia constitucional que le es reconocida en el artículo 121 de la Constitución, para lo cual, tiene como único límite las normas y principios superiores de rango constitucional y los instrumentos internacionales como parte del sistema de jerarquía de fuentes.

Precisamente, entre las medidas adoptadas por el legislador en la normativa actualmente vigente, se precisaron las responsabilidades de las instituciones que conforman el Sistema en la producción de estadísticas oficiales y se les dotó de herramientas con las cuales cumplir con dicha labor de una forma más eficaz, habida cuenta del interés público inherente a la actividad estadística, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9694 y para una definición más acertada de las políticas públicas y la planificación estatal, con la cual llevar a cabo una asignación más eficiente de los recursos públicos. Señala el primer párrafo de esa norma:

“ARTÍCULO 4- Se declara de interés público la actividad estadística que permita producir y difundir estadísticas fidedignas y oportunas para el conocimiento veraz e integral de la realidad costarricense, como fundamento para la eficiente gestión administrativa pública y privada”.

 Tal interés público es lo que justifica que, el mismo legislador obligara a suministrar información con fines estadísticos, no limitando dicha información a lo que se conocía como “datos globales” –llamados actualmente datos agregados– sino que pueden comprender datos individuales, sobre los que se impone el deber de confidencialidad y el principio del secreto estadístico, que inexorablemente el BCCR debe observar al tratarlos. Al respecto, el artículo 16 de la Ley 9694 señala:

“ARTÍCULO 16- Todas las personas físicas o jurídicas, residentes en el país o no, están obligadas a suministrar, de palabra, por escrito o por cualquier medio, de manera gratuita y en el plazo fijado, los datos, las informaciones de carácter estadístico y los registros administrativos que las instituciones públicas del SEN les soliciten, por intermedio de sus funcionarios, delegados o comisionados, acerca de hechos, que por su naturaleza y finalidad sean necesarios para la elaboración de las estadísticas oficiales que les corresponde, según lo establece el PEN. En el caso de que la solicitud se requiera en forma electrónica, deberá ser suministrada en formato abierto.

Esta obligación se extiende también a todos los funcionarios de la Administración Pública que, en razón de sus funciones, tengan a su cargo registros administrativos que sean necesarios para la elaboración de las estadísticas oficiales.

Asimismo, las instituciones públicas estarán obligadas a compartir con el INEC la información geográfica y cartográfica que posean y que sea necesaria para la producción y divulgación de estadísticas oficiales.

Las instituciones del SEN advertirán sobre el deber de entregarla en el plazo requerido, los fines que se persiguen con la recolección de estos datos, la confidencialidad y los mecanismos de protección de la información, y las sanciones en que puede incurrirse de no entregarla a tiempo o de brindar datos falsos, inexactos o extemporáneos.

El incumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo se sancionará conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo IV, sección II de esta ley.

Las instituciones del SEN, al momento de recolectar datos personales, deberán informar, a la persona que los suministra, que estos podrán ser transferidos y los mecanismos de protección de la confidencialidad de esta información” (el destacado no es del original).

Nótese que la norma vigente habla de “datos” en general y no solamente de datos globales o anonimizados, pues había una clara intención del legislador de otorgar amplitud a las autoridades del Sistema Nacional de Estadística para cumplir con la misión de interés público que le fue encomendada, sin que esos datos pierdan el carácter confidencial.

 

En esa misma línea, podríamos pensar que el legislador también cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para modificar la legislación vigente y restringir como pretende en el presente proyecto de ley, la posibilidad de que el Banco Central, como parte del Sistema Nacional de Estadística, acceda a los datos en crudo o sin anonimizar.

 

No obstante lo anterior, consideramos relevante que en la presente iniciativa, el legislador no olvide cuáles son los parámetros a los que Costa Rica se ha comprometido en materia estadística, como parte de su adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En ese sentido y según se puede verificar del expediente legislativo N.° 20404 que documentó el trámite de aprobación de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, esta se originó como una iniciativa del Poder Ejecutivo y fue tramitada en la Asamblea Legislativa por la Comisión Especial encargada de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La motivación del entonces proyecto de ley fue ajustar nuestra normativa interna a las recomendaciones del Comité de Gobernanza de la OCDE y, específicamente, a las contenidas en el Informe sobre Buenas Prácticas en Estadística[1].

            En este documento se hacen doce recomendaciones fundamentales para garantizar la calidad de las estadísticas, acompañada cada una de un conjunto de buenas prácticas. De estas recomendaciones, interesa las siguientes: i) establecer un marco jurídico e institucional claro para las estadísticas oficiales que, entre otros aspectos, contenga un mandato claro de recolección de datos para las autoridades estadísticas y la potestad para exigir que se cumpla con las solicitudes de datos; ii) asegurar la independencia profesional de las Autoridades Estadísticas Nacionales de órganos y departamentos administrativos, normativos y de política, así como de los operadores del sector privado en la elaboración y difusión de las estadísticas oficiales, por medio de la ley, de forma que el jefe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) –que es el organismo estadístico principal– y en su caso, los Jefes de otras Autoridades Estadísticas Nacionales, son los únicos responsables de decidir sobre los métodos estadísticos, estándares y procedimientos, en el contenido y el calendario de las publicaciones estadísticas; iii) proteger la privacidad de los proveedores de datos (incluyendo individuos, hogares, empresas, administraciones y todos los niveles de gobierno) y garantizar por ley la confidencialidad de la información individual y su uso para fines estadísticos únicamente, para lo que se adoptan medidas específicas para garantizar la plena protección de los datos individuales de posibles divulgaciones sin consentimiento, con el fin de garantizar la confianza de los proveedores de datos en la participación en las encuestas estadísticas, a saber: se proporcionan instrucciones escritas y directrices internas al personal de la autoridad estadística sobre la plena protección de la confidencialidad estadística en los procesos de producción y difusión; se disponen sanciones adecuadas por incumplimiento doloso de confidencialidad y para cualquier divulgación de datos individuales de carácter privado que pudieran infringir la vida privada; el personal de estadística y los nuevos empleados conocen estas sanciones antes de firmar el compromiso legal de confidencialidad al momento del nombramiento y se establecen disposiciones físicas, tecnológicas, administrativas y organizativas que protegen la seguridad e integridad de las bases de datos estadísticos; iv) Garantizar el derecho a acceder a fuentes administrativas para elaborar estadísticas oficiales, de forma que las  autoridades estadísticas están autorizadas por la ley a usar los registros administrativos para la elaboración periódica de las estadísticas oficiales; v) Garantizar la imparcialidad, la objetividad y la transparencia de las estadísticas oficiales, a través del desarrollo, la producción y la difusión de las estadísticas por medio de las Autoridades Estadísticas Nacionales, respetando la independencia científica se establecen de forma objetiva, profesional y transparente, en la cual todos los usuarios reciban un trato equitativo. El trato equitativo implica, en particular, la igualdad de acceso a los datos por todos los usuarios; vi) Emplear una metodología sólida y se comprometen a cumplir estándares profesionales utilizados en la producción de estadísticas oficiales, de manera que las estadísticas oficiales son producidas de acuerdo a las consideraciones estrictamente profesionales, incluyendo principios científicos y éticas profesionales con respecto a métodos y procedimientos utilizados para la recolección, procesamiento, almacenamiento y difusión de datos estadísticos; y v) Comprometerse con la calidad de las producciones y procesos estadísticos, en particular con las dimensiones claves de calidad como se definen en el marco de evaluación de calidad internacional y nacional, por ejemplo en el Marco y Directrices de Calidad para Actividades Estadísticas de la OCDE: Oportunidad y puntualidad (las estadísticas son publicadas de manera puntual y oportuna), pertinencia (estadísticas cumplen con las necesidades de los usuarios), precisión (estadísticas se representan con precisión y fiabilidad a la realidad), credibilidad (confianza depositada por los usuarios en los productos estadísticos), coherencia y comparabilidad (las estadísticas son coherentes internamente, en el tiempo y en el espacio y es posible combinar y hacer uso conjunto de datos relacionados de diferentes fuentes), e interpretabilidad y accesibilidad[2].

            Como se desprende de lo anterior, dentro de las buenas prácticas establecidas por la OCDE, están garantizar la independencia científica a las autoridades del Sistema Nacional de Estadística y darles el acceso a datos individuales manteniendo su confidencialidad.

De igual forma, la OCDE en su Evaluación sobre el sistema estadístico y estadísticas oficiales clave de Costa Rica[3], de setiembre de 2019, concluyó:

“23. En mayor de 2019 Costa Rica adoptó un marco legal riguroso para las estadísticas oficiales mediante la adopción de la Ley No.9694, en concordancia con la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Buenas Prácticas Estadísticas. Esta Ley establece un financiamiento sostenible y adecuado para el INEC, mejora significativamente el acceso a las fuentes administrativas de información y dispone un mandato legal explícito para que recopile información con fines estadísticos y coordine el Sistema de Estadística Nacional” (el subrayado no es del original).

Asimismo, en la citada Evaluación sobre el sistema estadístico y estadísticas oficiales clave de Costa Rica señala que el INEC es el principal generador de estadísticas oficiales junto con el Banco Central, refiriéndose a la situación existente antes de la promulgación de la Ley n.°9694:

“El mandato legal de recopilar información con fines estadísticos no era lo suficientemente fuerte como para garantizar que el INEC y el BCCR siempre puedan recopilar la información requerida para la generación de estadísticas oficiales. La Ley No.7839 consideraba la participación voluntaria en encuestas estadísticas y censos realizados por el INEC, y la Ley No.7558 no ordena explícitamente al BCCR que recopile datos. Estas brechas obstaculizaron el mantenimiento del registro estadístico de empresas y la recopilación de cuentas nacionales y estadísticas sobre la balanza de pagos” (el subrayado no es del original, p.8).   

 

Como se observa, la aprobación de la nueva Ley 9694 implicó para Costa Rica un cambio de paradigma con relación al sistema anterior, dotando de amplias herramientas a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Estadística.

 

A partir de lo anterior, estimamos de manera respetuosa que el legislador debe valorar dentro de su ámbito de discrecionalidad, si una iniciativa como la que se consulta en esta oportunidad cumple o no con el estándar de buenas prácticas en materia estadística establecido por la OCDE.

 

Nótese que el proyecto de ley es general y pretende evitar cualquier acceso del Banco Central a datos masivos y sin anonimizar, sin considerar lo aquí señalado en cuanto a sus competencias en materia estadística y los compromisos que nuestro país ha adquirido dentro del proceso de adhesión de la OCDE.

 

 

IV.           EL PROYECTO DE LEY QUE SE PROPONE NO ES CLARO NI SUFICIENTE

 

 

Sin perjuicio de todo lo indicado, debemos analizar el proyecto de ley que se plantea, el cual, tiene por objetivo adicionar un nuevo artículo 40 bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para que cuando se haga una solicitud de información al amparo de los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras únicamente pueda facilitarla en forma anonimizada, sin excepción, salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos.

 

Asimismo, la propuesta prohíbe al Banco Central de Costa Rica, así como a sus jerarcas y funcionarios, solicitar de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero, información personal de los usuarios o de los consumidores del sector financiero nacional, de forma tal que sea posible asociar o vincular los datos del usuario con la respectiva cuenta.

 

A pesar de lo indicado en cuanto al ámbito de discrecionalidad del legislador, debemos señalar que la reforma que se plantea no es clara ni suficiente para lograr el objetivo que pretende.

 

Debe considerarse, en primer lugar, que el Banco Central tiene competencias para requerir información no sólo en virtud de lo establecido en los numerales 132 y 133 de su Ley Orgánica, como se plantea en el proyecto de ley. Por el contrario, en la actualidad, la normativa vigente le reconoce una serie de competencias que no se modifican con el presente proyecto de ley. Por su importancia, procedemos a citar las normas actualmente vigentes que resultan de interés:

 

-      De la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica:

“Artículo 14.- Publicaciones

        El Banco Central de Costa Rica suministrará al público la información que tenga en su poder sobre la situación económica del país y la política económica. Como mínimo, el Banco:

        a) Publicará, dentro de los primeros quince días hábiles de cada mes, un balance general de su situación financiera, que comprenderá un amplio detalle de su activo y pasivo al último día hábil del mes anterior. Incluirá un detalle de las cuentas a las que se refiere el artículo 11 de esta ley.

        Los balances, las cuentas y los estados del Banco serán firmados por el Gerente y refrendados por el Auditor Interno. Si este no los refrendare, deberán ser publicados con las observaciones pertinentes. Ambos serán responsables de la exactitud y la corrección de estos documentos.

        b) Publicará, durante el mes de enero de cada año, el programa monetario que se propone ejecutar durante el año, e indicará en él sus metas semestrales. Además, publicará, dentro de los primeros treinta días naturales de cada semestre, un informe sobre la ejecución del programa monetario y las modificaciones que se propone introducir en el semestre siguiente. También publicará cualquier modificación del programa monetario que realice durante el semestre, a más tardar una semana a partir de que el acuerdo de modificación sea declarado en firme por la Junta Directiva.

                        c) Pondrá a disposición del público, dentro de los primeros ocho días hábiles de cada mes, por medios escritos y sistemas electrónicos, un informe de las operaciones cambiarias realizadas por el Banco y, separadamente, las realizadas por el conjunto de entes que participan en el mercado cambiario. Esto incluirá los montos de las compras y ventas de divisas, según su origen y destino.

        d) Publicará, mensualmente, un resumen estadístico de la situación económica del país, que incluya, por lo menos, información de producción, precios, moneda, crédito, exportaciones, importaciones y reservas internacionales brutas y netas. El Banco establecerá y publicará la metodología que usará para elaborar este resumen estadístico, así como los cambios que realice en la metodología.

        e) Pondrá a disposición del público, por medios escritos y sistemas electrónicos, la información diaria sobre los tipos de cambio que rigieron durante el día anterior, en cada uno de los entes autorizados para participar en el mercado cambiario, así como el tipo de cambio promedio que rigió el día anterior en los entes autorizados. Para hacer este último cálculo, el Banco establecerá y publicará la metodología que usará, así como los cambios que haga en ella.

        f) Publicará, durante los meses de enero y julio, un informe de la evolución de la economía en el semestre anterior.

        Se autoriza al Banco Central para cobrar el costo de las publicaciones y de cualquier otro medio que utilice para divulgar información económica.

                        El Banco está obligado a guardar la confidencialidad de la información individual que le suministren las personas físicas y jurídicas” (el subrayado no es del original).

“Artículo 40.- Organización interna

       El Banco Central de Costa Rica tendrá la organización administrativa interna que, a juicio de la Junta Directiva, sea indispensable crear para el mejor servicio de la institución.

                        Las oficinas y dependencias del Estado y de las instituciones autónomas estarán obligadas a prestar su asistencia a los departamentos del Banco Central, con el objeto de que estos puedan cumplir eficientemente con sus funciones. Para ello, deberán proporcionarles a la mayor brevedad, los datos, informes y estudios que les soliciten.

        El incumplimiento de esta obligación por los funcionarios responsables de las oficinas y dependencias del Estado y de las instituciones autónomas será considerado falta grave a los deberes del cargo.

        Únicamente con propósitos estadísticos, los funcionarios del Banco Central de Costa Rica tendrán acceso a la información tributaria. Deberán acatar las mismas prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarias, Ley No. 4755, de 3 de mayo de 1971; además, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 203 del Código Penal” (el subrayado no es del original).

(Así reformado por el artículo 188, inciso b), de la Ley Regulador del Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997)

“Artículo 132.- Prohibición. Queda prohibido al Superintendente, al Intendente, a los miembros del Consejo Directivo, a los empleados, asesores y a cualquier otra persona, física o jurídica, que preste servicios a la Superintendencia en la regularización o fiscalización de las entidades financieras, dar a conocer información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. La violación de esta prohibición será sancionada según lo dispuesto en el artículo 203 del Código Penal. Tratándose de funcionarios de la Superintendencia constituirá, además, falta grave para efectos laborales.

    Se exceptúan de la prohibición anterior:

a) La información que la Superintendencia deba brindar al público en los casos y conforme a los procedimientos expresamente previstos en esta ley.

b) La información requerida por orden de autoridad judicial competente.

c) La información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central, por acuerdo de por lo menos cinco de sus miembros, en virtud de ser necesaria para el ejercicio de las funciones legales propias de ese órgano. En estos casos, los miembros de la Junta Directiva y demás funcionarios del Banco Central estarán sujetos a la prohibición indicada en el párrafo primero de este artículo.

d) La información de interés público, calificada como tal por acuerdo unánime del Consejo Directivo.

e) La información que requiera la Contraloría General de la República en ejercicio de sus atribuciones.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 67 de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004)

f) La información que requiera el Instituto Costarricense sobre Drogas en ejercicio de sus atribuciones para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 3°, aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009)

(Así reformado el inciso f) anterior por el artículo 5° de la ley N° 9746 del 16 de octubre de 2019)

g) La información que requiera la Coprocom en ejercicio de sus atribuciones y para aquellos trámites relacionados estrictamente con los procesos de concentración que requieran autorización.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 138 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, N° 9736 del 5 de setiembre del 2019, publicada en el Alcance Digital No.257 a La Gaceta No.219 de 18 de noviembre de 2019. Este inciso había sido reformado anteriormente por la ley No.9746 de 16 de octubre de 2019, publicada en Alcance Digital No.231 a La Gaceta No.200 de 22 de octubre de 2019. Nótese que la fecha de publicación de la ley No.9736 es posterior a la de la ley No.9746, y adicionó un nuevo inciso g) a la Ley Orgánica del Banco Central No.7558. El inciso g) que añadió la ley 9746 indicaba: "g) La información que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) solicite para atender requerimientos de información según los términos de un Acuerdo Multilateral de Entendimiento, suscrito entre la Superintendencia y las autoridades extranjeras, miembros de la Organización Internacional de Comisiones de Valores que cumpla con la legislación y normativa aplicable.”)  

h) La información que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) solicite para atender requerimientos de información según los términos de un Acuerdo Multilateral de Entendimiento, suscrito entre la Superintendencia y las autoridades extranjeras, miembros de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que cumpla con la legislación y la normativa aplicables.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9818 del 13 de febrero del 2020)

    Salvo en los casos que esta ley establece, ningún funcionario de la Superintendencia o miembro del Consejo Directivo podrá hacer público su criterio acerca de la situación financiera de las entidades fiscalizadas.

    Sin perjuicio de las sanciones aplicables, el Superintendente deberá informar al público, por los medios y en la forma que estime pertinentes, sobre cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, que realice actividades de intermediación financiera en el país sin estar autorizada de conformidad con esta ley” (el subrayado no es del original).           

-      De la Ley del Sistema de Estadística Nacional:

“ARTÍCULO 16- Todas las personas físicas o jurídicas, residentes en el país o no, están obligadas a suministrar, de palabra, por escrito o por cualquier medio, de manera gratuita y en el plazo fijado, los datos, las informaciones de carácter estadístico y los registros administrativos que las instituciones públicas del SEN les soliciten, por intermedio de sus funcionarios, delegados o comisionados, acerca de hechos, que por su naturaleza y finalidad sean necesarios para la elaboración de las estadísticas oficiales que les corresponde, según lo establece el PEN. En el caso de que la solicitud se requiera en forma electrónica, deberá ser suministrada en formato abierto.

Esta obligación se extiende también a todos los funcionarios de la Administración Pública que, en razón de sus funciones, tengan a su cargo registros administrativos que sean necesarios para la elaboración de las estadísticas oficiales.

Asimismo, las instituciones públicas estarán obligadas a compartir con el INEC la información geográfica y cartográfica que posean y que sea necesaria para la producción y divulgación de estadísticas oficiales.

Las instituciones del SEN advertirán sobre el deber de entregarla en el plazo requerido, los fines que se persiguen con la recolección de estos datos, la confidencialidad y los mecanismos de protección de la información, y las sanciones en que puede incurrirse de no entregarla a tiempo o de brindar datos falsos, inexactos o extemporáneos.

El incumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo se sancionará conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo IV, sección II de esta ley.

Las instituciones del SEN, al momento de recolectar datos personales, deberán informar, a la persona que los suministra, que estos podrán ser transferidos y los mecanismos de protección de la confidencialidad de esta información” (el subrayado no es del original).

            “ARTÍCULO 65- Se sancionará con multa de ocho a diez salarios base, cuando se cometan las siguientes infracciones muy graves:

a)    A los funcionarios públicos o personas naturales o jurídicas que suministren datos falsos a los servicios estadísticos competentes.

b)    Se dé la resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas infundadas o falsas, en el envío de los datos requeridos.

c)    Se obstaculice la producción y divulgación de las estadísticas oficiales por parte de personas o instituciones públicas o privadas.

d)    Si en el período de un año se cometiera otra infracción grave, habiendo existido ya dos sanciones anteriores por infracciones graves durante los tres años anteriores, contados a partir de la primera sanción impuesta”.

“ARTÍCULO 68- La persona física o jurídica que se niegue a responder las solicitudes al SEN o al INEC, relativas a la obtención de información estadística, quedará sujeta a la sanción establecida en el artículo 65 de esta ley. El pago de la multa indicada no exime de la entrega de la información.

La falta de entrega de la información solicitada configurará el delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el Código Penal”.

             De lo anterior deriva que no es suficiente la adición de un artículo 40 bis a la Ley Orgánica del Banco Central, sino que, el legislador debe además valorar el impacto que tendrá el presente proyecto de ley en las demás normas que autorizan el acceso de dicha entidad a información de carácter privado, especialmente, para fines estadísticos.

Asimismo, el proyecto de ley no es claro en cuanto a la obligación que establece a la Superintendencia General de Entidades Financieras de suministrar únicamente información anonimizada,  “salvo que dicha solicitud provenga de una orden judicial o que exista una ley habilitante para tales efectos.”

 

Con relación a esa ley habilitante, debe establecerse si queda a salvo o no la posibilidad del Banco Central de acceder a datos sin anonimizar a partir de lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Estadística o si existirá una derogatoria de dicha posibilidad al aprobarse la presente iniciativa, derogatoria que debe ser expresa para evitar problemas de interpretación de la legislación que se pretende aprobar.

 

Finalmente, debemos referirnos al título de la presente iniciativa que se denomina “REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, LEY N.° 7558, PARA PROTEGER EL USO DE LOS DATOS SENSIBLES DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES DEL SECTOR FINANCIERO”. Tal como hemos señalado, los datos crediticios tienen una categoría de manejo aparte en la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, por lo que dicha ley también debe ser modificada si la intención es equiparar a los datos crediticios con la categoría de los datos sensibles, en la terminología empleada por dicha ley. 

 

 

V.              CONCLUSIÓN

 

A partir de lo expuesto, estimamos que la aprobación o no del presente proyecto de ley se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se recomienda valorar si la presente iniciativa cumple con los estándares de buenas prácticas establecido por la OCDE en materia estadística.

 

Asimismo, debe aclararse cuál será el impacto de la presente iniciativa en las normas vigentes que facultan al Banco Central de Costa Rica a acceder a datos privados para efectos estadísticos y en la clasificación de los datos hecha en la actual Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.

 

Finalmente, se recomienda valorar el criterio que, en definitiva, emita la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad que se encuentran pendientes de resolver sobre esta materia a lo cual también queda sujeto el presente pronunciamiento.

 

Atentamente,

 

 

 

 

Silvia Patiño Cruz

Procuradora

 

SPC/cpb

PGR-OJ-053-2024

 

DATOS SENSIBLES. DATOS CREDITICIOS. DATOS ANONIMIZADOS. DATOS SIN ANONIMIZAR. ACCESO A DATOS PRIVADOS PARA FINES ESTADÍSTICOS. AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA. BUENAS PRACTICAS DE LA OCDE EN MATERIA ESTADÍSTICA. DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR. DEROGACIÓN EXPRESA DE LAS NORMAS. POTESTADES DEL BANCO CENTRAL. SUGEF.

 

  La señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley 23.980, denominado “REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, LEY N.° 7558, PARA PROTEGER EL USO DE LOS DATOS SENSIBLES DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES DEL SECTOR FINANCIERO”.

 

  Mediante opinión jurídica PGR-OJ-053-2024 del 23 de abril del 2024, suscrita por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se reiteró la posición de la Procuraduría sostenida desde el año 2008, sobre la posibilidad del Banco Central de acceder a datos sin anonimizar para fines estadísticos, como entidad parte del Sistema Nacional de Estadística y la confidencialidad de los mismos.

 

Asimismo, se indicó que la aprobación o no del presente proyecto de ley se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se recomienda valorar si la presente iniciativa cumple con los estándares de buenas prácticas establecido por la OCDE en materia estadística.

 

Asimismo, debe aclararse cuál será el impacto de la presente iniciativa en las normas vigentes que facultan al Banco Central de Costa Rica a acceder a datos privados para efectos estadísticos y en la clasificación de los datos hecha en la actual Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, realizando las derogatorias expresas de las normas correspondientes.

 

Finalmente, se recomienda valorar el criterio que, en definitiva, emita la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad que se encuentran pendientes de resolver sobre esta materia a lo cual también queda sujeto el presente pronunciamiento.