Opinión Jurídica : 029 - del 26/02/2024

San José, 26 de febrero del 2024.

PGR-OJ-029-2024

Señora

Daniella Agüero Bermúdez

Jefa de Área

Comisiones Legislativas VII

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al oficio número AL-CPESEG-131-2023 de 07 de setiembre de 2023, mediante el cual solicita criterio respecto a proyecto de ley denominado “LEY PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA (FUSIÓN DE DISTINTOS CUERPOS POLICIALES NACIONALES)", el cual, se tramita en expediente legislativo número 23.713.

I.- SOBRE LA NATURALEZA DEL CRITERIO QUE SE EMITE.

Previo a rendir el análisis peticionado, valga aclarar que éste no constituye un dictamen vinculante, ya que, lo cuestionado no refiere a actividad de carácter administrativo desplegada por la Asamblea Legislativa, por el contrario, se relaciona con la función que le endilga la Constitución Política -emisión de leyes-.

En consecuencia, tomando en consideración la competencia de la Procuraduría, naturaleza del órgano consultante y la materia sometida a nuestro conocimiento, lo vertido se circunscribe a una opinión jurídica, la cual, se emite como colaboración institucional en la difícil labor de legislar.

Para efectos de la consulta, del proyecto se analiza y se comentan únicamente aquellos artículos o contenidos que lo requieren.

Aunado a lo anterior, y como ha sido criterio reiterado de esta Procuraduría: “…al no estarse en los supuestos que prevé el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma), a la solicitud que nos ocupa no le es aplicable el plazo de ocho días hábiles que dicho artículo dispone”.

II.- SOBRE LA PROPUESTA SOMETIDA A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO TÉCNICO ASESOR.

Los diputados(as) promoventes del proyecto que nos ocupa, en la exposición de motivos, indicaron lo siguiente:

“...El proyecto de Ley para Fortalecer la Seguridad Ciudadana… tiene por objeto fortalecer la seguridad ciudadana nacional y maximizar el uso de los recursos… en beneficio de… todos los habitantes del país. La ley es aplicable a todos los cuerpos policiales nacionales que se encuentren dentro de la Administración Pública Central...”

La propuesta se compone de 34 artículos y 11 transitorios que propugnan por reagrupar las fuerzas de policía subordinadas al Estado en sentido estricto, conformando la Policía Nacional de Costa Rica y su análoga Especializada en Ciberseguridad las cuales pasarán a integrar el Ministerio de Seguridad Pública. Así como, promover la coordinación con aquellas que conforman la Administración Pública Descentralizada.

Las disposiciones en estudio buscan privilegiar la seguridad de los habitantes de la nación a través de una “…fuerza policial renovada, moderna, evolucionada y dotada de una administración estructuralmente racional, coherente y eficiente”.

Por lo que, de un análisis global del proyecto, se podría considerar ajustado al Derecho Humano a la Seguridad Personal, el que encuentra tutela tanto en el ordinal tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuanto, en su homónimo 140 inciso 6) de la Constitución Política.

Sobre el particular, la jurisprudencia patria ha sostenido:

“… la función de tutela del derecho fundamental a la seguridad ciudadana que cubre a los habitantes, debe ser garantizado por el Estado a través de todo el ordenamiento jurídico … Recuérdese que la seguridad ciudadana en un Estado Democrático de Derecho consiste en el conjunto de garantías que el Estado debe brindar a toda la ciudadanía para el libre ejercicio de todos sus derechos y como un principio que rige la convivencia democrática, suponiendo la situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos y libertades y obtienen el pleno resguardo de esos derechos y garantías emanadas del Estado de Derecho: vida, integridad, libertad, bienestar personal, propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades, derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la Sala ha señalado que la seguridad ciudadana es un asunto de interés superior que implica dictar y ejecutar determinadas actuaciones concretas de las cuales depende, en gran medida, la preservación de ese derecho (ver en ese sentido las sentencias números 2006-014275 de las dieciséis horas un minuto del veintiséis de septiembre y 2006-014579 de las once horas cuatro minutos del veintinueve de septiembre, ambas del dos mil seis). Sobre este tema de la seguridad ciudadana consagrado en el inciso 6) del artículo 140 de la Constitución Política, esta Sala ha señalado que dentro de las competencias del Poder Ejecutivo está la de salvaguardar el orden y la tranquilidad pública, la cual se debe ejercer con los recursos con que cuente la Administración y por medio de la Fuerza Pública que puede tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como asegurar la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas (ver en ese sentido la sentencia número 05484-94 de las dieciocho horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, citada en sentencias números 2006-014275 de las dieciséis horas un minuto del veintiséis de septiembre y 2006-014579 de las once horas cuatro minutos del veintinueve de septiembre, ambas del dos mil seis). …” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2010012783 de ocho horas y cincuenta y uno minutos del treinta de julio del dos mil diez).

Sin embargo, de la revisión puntual del documento que nos ocupa tenemos que, el artículo sexto incisos a) y d), podrían ser contrarios al derecho a la Constitución. Véase que, en lo conducente disponen:

“ARTÍCULO 6- De los objetivos generales del Ministerio

Con el fin de garantizar una visión integral de la política en materia de seguridad ciudadana nacional, el Ministerio tendrá como objetivos generales

“a) Formular e implementar la política pública en materia de seguridad ciudadana nacional a partir de una visión integral en materia social y de seguridad en favor del derecho humano de todos los habitantes de sentirse protegidos.”.

(…)

d) Orientar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana nacional hacia el cumplimiento de todos aquellos compromisos internacionales pertinentes a su misión.”

Las normas recién citadas conceden al Ministerio de Seguridad Pública la competencia para formular y orientar la política pública en materia de seguridad, empero, según la interpretación del cardinal 140 inciso 8) de la Constitución Política el dictado de aquellas está reservado al Poder Ejecutivo, recayendo sobre éste la competencia exclusiva para realizar tal acción.

Véase que, tocante al tema en desarrollo, la Procuraduría General de la República ha sostenido:

“...Al ser la persona mayor del ordenamiento, le corresponde al Estado y particularmente dentro de él, al Poder Ejecutivo, una función de orientación política. En ese sentido, el Poder Ejecutivo dirige la actividad estatal a fin de orientar las políticas estatales en los diversos ámbitos de interés público. La función de dirección busca mantener la necesaria unidad del Estado y ello no puede obtenerse si el Estado no puede lograr que el resto de entes públicos orienten su actividad de conformidad con las políticas estatales.

Se ha discutido si por el hecho de estar contemplada la función de dirección en una Ley, la potestad del Ejecutivo es de rango legal y no constitucional. Sin embargo, de la jurisprudencia constitucional en la materia queda claro que la función de dirección es de rango constitucional y que es de principio. Por consiguiente, es el Ejecutivo el que debe fijar la política en un área de acción determinada y no a la inversa.

Recordemos que:

"El Poder Ejecutivo –Gobierno-, como organización jurídica y política, es el que se encarga de organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus aspectos político, jurídico, económico y social. La función ejecutiva es una tarea esencial del Gobierno en sus distintos órganos o ministerios, como lo es también la directiva política de fijar los objetivos y metas de la acción coordinada en los demás entes públicos, proponiendo los medios y métodos para conseguir esos objetivos. Es también función esencial del Poder Ejecutivo orientar, coordinar y supervisar el aparato de la Administración (artículo 140, inciso 8 de la Constitución Política) y dictar normas generales que no son solo simple ejecución de normas legales sino delimitantes (art. 140.2, CP.)...". Sala Constitucional, resolución N. 3089-98 de 15:00 hrs. del 12 de mayo de 1998.

Procede recordar, además, que incluso la Sala Constitucional se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de las normas que atribuyen potestades directivas a órganos distintos del Poder Ejecutivo en sentido estricto y Presidente de la República. Ningún órgano distinto del Presidente de la República y en su caso, del Poder Ejecutivo puede ejercer la potestad de dirección. Las resoluciones Ns. 0919-99 de 9:15 hrs. del 12 de febrero de 1999 y N. 3309-94 de 15:00 hrs. del 5 de julio de 1994 son claras en el sentido de que la potestad de dirección corresponde al Poder Ejecutivo y no a la Autoridad Presupuestaria, la cual sólo puede proponer directrices, pero no emitirlas. Cualquier interpretación que tienda a sustraer del Poder Ejecutivo la competencia para emitir directrices resultaría inconstitucional, de modo que no puede decirse que corresponde al legislador decidir a qué organismo atribuye la potestad de fijar políticas dentro de un sector determinado, salvo que la Constitución disponga lo contrario...” [1] (El énfasis es propio).

De allí que, la viabilidad concedida podría resultar inconstitucional y, en consecuencia, se aconseja su revisión.

Respecto a la técnica jurídica se denotan posibles inconvenientes, detallados de seguido:

Primeramente, cabe destacar que, si bien es cierto, la propuesta que nos ocupa propugna, en principio, por la fusión de Fuerzas Policiales, unificándolas para convertirlas en una, tal y como se materializa en el numeral 4 del proyecto, lo es también que, a través de las derogatorias normativas, se termina por otorgar, nuevamente competencias exclusivas a cada una.

Tal disposición podría resultar contradictoria, pues los cuerpos policiales unificados en la propuesta continuarían detentando posibilidades jurídicas propias e independientes y, por ende, la Policía Nacional de Costa Rica no existiría en los términos planteados en el cardinal 4 de la propuesta, al menos como la conjunción de las fuerzas existentes. Limitándose el efecto real del proyecto a la inclusión de todos los cuerpos policiales en el Ministerio de Seguridad, no así a una fusión real, como parece ser la intención de los señores diputados que promueven la reforma. Por lo que se recomienda la revisión de lo apuntado.

Nótese que, el ordinal tercero inciso d) define fusión como “… la operación mediante la cual dos instituciones se constituyen como una única…”. Debiendo acotarse respecto de este numeral que, nada obsta para que puedan unirse una mayor cantidad de órganos. Por lo que, se recomienda agregar la palabra “o más” después de “dos” y antes de “instituciones”.

Tocante al artículo cuarto se aconsejan las siguientes modificaciones; en primer término, cabe mencionar que, en el párrafo segundo, se realiza la siguiente introducción “… Con el propósito de que el país cuente con un órgano renovado, moderno, evolucionado y dotado de una administración estructuralmente racional, coherente y eficiente, se crea la Policía Nacional de Costa Rica…”, la que, resulta propia de la exposición de motivos, no así, del articulado, el cual, debe limitarse a establecer la disposición pura y simple, por lo que se recomienda su eliminación.

En segundo término, cuando se enumeran los cuerpos policiales que conformaran la Policía Nacional de Costa Rica, después de incluir aquellos regulados por la Ley N° 7410 de 26 de mayo de 1994 (Ley General de Policía), se acude a las “…las funciones relativas a seguridad ciudadana nacional del actual Ministerio de Seguridad Pública desarrolladas en la presente ley…”. Tal determinación puede llamar a confusión a los encargados de materializar la norma, los cuales, ante la concreción de la misma, y en casos particulares, deberá establecer si lo desarrollado refiere o no a seguridad ciudadana, por lo que, se recomienda eliminar esa referencia manteniendo únicamente “así como los demás cuerpos policiales cuya competencia se encuentre en la Ley N° 7410”

En tercer lugar, se funda “la Policía Especializada en Ciberseguridad con base en el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR)”. En torno a esta creación, deviene imprescindible establecer que, dada la trascendencia que reviste tal órgano, tratándose de sistemas de cómputo y de información privada de las personas, deviene imperioso que la norma contemple los parámetros de funcionamiento. Esto, por cuanto, podría tratarse de temas que resulten reserva de Ley, excediendo la materia posible de regular a través de Reglamento.

Aunado a lo anterior, resulta procedente acotar que la norma en estudio abarca una serie de temáticas que, si bien se relacionan, lo cierto es que, para mayor facilidad del operador jurídico, devendría relevante su regulación independiente, iniciado con la creación de la Policía Nacional de Costa Rica, su conformación, luego instaurar la Policía Especializada en Ciberseguridad y, por último, determinar las funciones del Poder Ejecutivo, Ministerio de Seguridad Pública, así como, el carácter de rector en la materia que se le endilga a este último.

Adicionalmente, el cardinal en desarrollo enumera las fuerzas que conformaran la Policía Nacional de Costa Rica; empero, pese a que el proyecto determina su aplicabilidad a “todos los cuerpos policiales nacionales que se encuentren dentro de la Administración Pública Central”, este omite referirse a los servidores forestales, los que, valga recordar, detentan autoridad de policía y, dentro de su competencia pueden detener, realizar inspecciones y decomisos. Así lo autorizan los numerales 15, 16 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y su análogo 54 de la Ley Forestal N° 7575.

“Artículo 15.-Para coadyuvar a la aplicación y cumplimiento de esta Ley, el Ministerio de Ambiente y Energía (*) nombrará inspectores de vida silvestre; inspectores ad honorem de vida silvestre y comités de vigilancia de los recursos naturales (COVIRENAS).

Los inspectores de Vida Silvestre tienen autoridad de policía y deben estar debidamente identificados con un carné extendido por el Ministerio de Ambiente y Energía (*). Para aspirar a un nombramiento de esta naturaleza, los inspectores deberán ser personas de buena conducta, para lo cual, a solicitud del Ministerio de Ambiente y Energía (*), el Registro Judicial de Delincuentes deberá extender una certificación de sus antecedentes. Los demás requisitos de ingreso se fijarán en el Reglamento de esta Ley. Sus nombramientos pueden ser revocados, en cualquier momento, por el Ministerio de Ambiente y Energía (*).

“Artículo 16.- Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del Sinac debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley.

En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario.”

“ARTICULO 54.- Funcionarios de la Administración Forestal.

Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas.

Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días.”

Consecuentemente con lo expuesto, nos permitimos sugerir se establezca si los funcionarios de la Administración Forestal del Estado estarán inmersos en el órgano que se crea en el presente proyecto o, por el contrario, serán excluidos, con la eventual interpretación que pierden sus competencias policiales. Pronunciamiento que, consideramos, debe ser expreso con el fin de facilitar la ejecución normativa.

Respecto al ordinal sétimo, específicamente, el inciso e) incluye dentro de los objetivos del Ministerio “Implementar modelos de estructuración orgánica flexible, basados en la descentralización de la Fuerza Pública”.

En ese sentido, se impone destacar que la figura jurídica a la que se acude –descentralización- implica la creación de persona (s) jurídica (s) distinta (s) del Poder Ejecutivo, inmerso en el cual se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública, las que, se encargarían de regular lo correspondiente a los cuerpos policiales. Decisión legislativa que, en principio parece contrastar con el fin último perseguido con la presente propuesta.

Sobre el particular, nos explica el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en su Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, descentralizar “…Consiste en la existencia, en el ámbito de la organización administrativa, de una serie de entes públicos menores distintos del Estado que tienen encomendada la realización de fines específicos. Dinámicamente significa la transferencia definitiva de la titularidad y ejercicio de las competencias de la Administración Pública Central o Estado a la Administración Pública Descentralizada, sin que medie una relación de jerarquía administrativa sino, únicamente, de tutela administrativa, esto es, hay un relajamiento de los vínculos entre la Administración Pública Central y Descentralizada…”

Del análisis detallado del proyecto se puede deducir que la intención de los señores (as) legisladores refiere a materializar una organización menos rígida a través de la regionalización de la Fuerza Pública, no así, de la creación de personas jurídicas distintas del Estado para tutelar la materia.

A partir de lo expuesto, se aconseja revisar el instrumento de ordenación administrativa al que se acudió para contar con mayor viabilidad de actuación.

Por otra parte, el numeral décimo del proyecto concede al Ministro de Seguridad Pública la competencia para nombrar “al director de la Policía Nacional de Costa Rica”, sin embargo, no dispone los requisitos que deben satisfacerse para ocupar el puesto, tampoco encarga tal determinación a la norma de rango infra legal.

Véase que, si bien es cierto, el numeral 14 de la propuesta refiere a la organización que será propia del Ministerio de Seguridad, lo es también que, lo hace en lo tocante a las unidades administrativas, no así, respecto del órgano –individuo que nos ocupa.

El artículo doceavo integra al Consejo de Seguridad como parte de los cuerpos colegiados cuya participación se promoverá, sin embargo, parece relevante indicar el nombre completo de este “Consejo Nacional de Seguridad Pública”, con la finalidad de evitar confusión en el operador jurídico.

El numeral treceavo establece las competencias del señor (es) Ministro (a) y Viceministros (as), acudiendo para tal efecto a la simple referencia de normas preexistentes, sin embargo, por antonomasia, la viabilidad jurídica para realizar determinada conducta administrativa debe ser estipulada expresamente por el bloque de juridicidad.

Véase que, la competencia se conceptualiza como “… el conjunto de potestades conferidas por el ordenamiento jurídico a un ente público o a un órgano…” [2]

Al respecto la doctrina señala lo siguiente:

“La competencia es el medio conferido por el ordenamiento jurídico a un órgano o dependencia que integra un ente para el logro y satisfacción de los fines o cometidos encomendados. La competencia es, entonces, la medida normativa de la cantidad de medios materiales y jurídicos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los entes públicos y sus órganos para el cumplimiento de los fines públicos generales o específicos asignados…

La competencia puede definirse como la suma o esfera, determinada y conferida por el ordenamiento jurídico, de potestades, facultades y deberes del ente público y de los órganos que lo conforman para el cumplimiento de los fines públicos. También, la podemos conceptuar como el conjunto de facultades y obligaciones que un ente u órgano puede y debe ejercer para el cumplimiento y realización de sus cometidos.” [3]

Como claramente se sigue de las transcripciones realizadas, el instituto jurídico en análisis refiere a la posibilidad legal que detentan, por imperio normativo, las diferentes entidades para desplegar conducta administrativa, ya sea formal o material, en aras de cumplir con el fin público que les fuere encomendado. Conjuntamente, constituye el límite infranqueable en el que estas pueden desenvolverse, por lo que, dada la trascendencia que reviste, reiteramos, su determinación debe ser explícita.

En esta línea, este órgano técnico asesor ha sostenido:

“…Cada organismo público posee capacidad para actuar jurídicamente la competencia de que es titular. La competencia administrativa es un corolario del principio de legalidad, cuyo objeto es señalar los poderes y deberes con que cuenta la Administración Pública para actuar conforme el ordenamiento. La competencia es la aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos y se resume en los poderes y deberes que han sido atribuidos por el ordenamiento a un órgano o ente público, lo que delimita los actos que puede emitir válidamente. En esa medida, la competencia constituye un elemento de validez del acto administrativo.

La atribución de una competencia en favor de un ente u órgano presenta varias características. En primer término, la atribución debe ser expresa: los órganos y entes públicos sólo son competentes para ejercitar los poderes que expresamente hayan sido otorgados por el ordenamiento. En ese sentido, se afirma que la atribución de competencias no puede presumirse, sino que debe derivar de un acto normativo expreso. Por otra parte, si bien se afirma como un principio general de Derecho Administrativo que la competencia es expresa, el ordenamiento acepta la titularidad de potestades implícitas, consecuencia de la definición de los fines que corresponde concretizar al ente y de la propia competencia expresamente atribuida a éste. Se ha dicho que:

"En los supuestos en los que el ordenamiento atribuye a un ente u órgano la competencia sobre una materia o sector de la realidad de forma indeterminada, sin precisar las concretas potestades conferidas, debe entenderse, en principio -y salvo lo que pueda resultar de las atribuciones normativas en favor de otros entes u órganos-, que aquél asume la titularidad de todas las potestades públicas de actuación normativamente previstas en relación con tal materia." (ENCICLOPEDIA JURIDICA BASICA, II, Madrid: Editorial Civitas, 1ra. ed., 1995, p. 1210)".⁽[4]⁾ (El énfasis es propio)

De allí que, se recomienda delimitar claramente las competencias que el cardinal en análisis otorga.

El canon décimo sétimo dispone que la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de su análogo tercero inciso g) de la Ley N° 6815, “atenderá con prioridad la defensa de los servidores de la Policía Nacional de Costa Rica, que actúen en el cumplimiento de sus funciones en favor de la ciudadanía…”.

Sobre el particular, importa establecer que, si bien la norma impone tal función a esta Procuraduría, lo es también que señala “En ningún caso podrá defenderse a servidores que hayan cometido delito contra los intereses de la Administración Pública o hayan violado los derechos humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo conocimiento corresponda a la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. Tal restricción conlleva el análisis concreto de cada caso para definir si nuestra participación resulta posible.

De suerte tal que, se sugiere incluir en la propuesta a la Defensa Pública del Poder Judicial, la que, por imperio normativo –artículo 152 de la Ley N° 8- “…proveerá defensor público a todo imputado o prevenido que solicite sus servicios…”. Garantizando de esa forma la protección efectiva de los servidores por cuya tutela se propugna.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que, el numeral 23 del proyecto, reforma su análogo 6 de la Ley N°7410, Ley General de Policía e incluye dentro de los cuerpos de policía la correspondiente a Tránsito. Empero, no la crea, ni le otorga competencias, tampoco se suscita reforma alguna a las regulaciones contenidas en los cuerpos normativos números 6324, Ley de Administración Vial, emitida el 24 de mayo de 1979; la N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del 04 de octubre del 2012 y sus reformas, ni de otra que pueda regular la temática.

Distinto sucede con la Policía Fiscal, la que, fue expresamente considerada en las derogatorias del Proyecto, concretamente, en el numeral 30. Asimismo, se optó por mantener la vigencia del canon 30 de la Ley 7410, el que le otorga las competencias.

De allí que se recomienda revisar la necesidad de incorporarla a la proposición legislativa, así como, valorar si resulta imperioso modificar el ordenamiento jurídico vigente.

En otro orden de ideas, tocante a la coherencia y funcionamiento del bloque de legalidad respecto de la organización administrativa, nos permitimos señalar que, la Dirección General de Tránsito, el Consejo de Seguridad Vial y, en general, los órganos que se apoyan en la fuerza policial propia de la materia, se mantienen inmersos en un Ministerio diferente al de Seguridad. Lo propio sucede con la Policía de Control Fiscal, cuyo fin último refiere a “proteger los intereses tributarios del Estado” –cardinal 27 del proyecto-, esfera técnica encargada al Ministerio de Hacienda, el cual continuara integrado por los órganos especializados en el tema. Tal bifurcación podría conllevar que, al momento de ejecutar las atribuciones asignadas a aquellos se genere un inconveniente de operatividad.

III.- CONCLUSIÓN

En los términos planteados se observa la existencia de posibles roces de constitucionalidad y se recomienda revisar la técnica jurídica. No obstante, la aprobación final del proyecto analizado resulta resorte exclusivo de los señores (as) diputados (as).

De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano consultivo.

Sin otro particular, con toda consideración,

Laura Araya Rojas

Procuradora

Área Derecho Público.

LAR/tjc

[1] Procuraduría General de la república, Opinión jurídica número OJ-026-2018 de 19 de febrero del 2018.

[2] Enciclopedia Jurídica Básica, pág. 1210

[3] Jinesta Lobo Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, páginas 442-443.

[4] Procuraduría General de la República, C-195-2016 del 19 de setiembre del 2016.