Opinión Jurídica : 023 - del 19/02/2024

19 de febrero del 2024.

PGR-OJ-023-2024

 

Señora

Nancy Vílchez Obando.

Jefa de Área

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

            Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al oficio número AL-CPOECO-0686-2023 de 11 de octubre de 2023, mediante el cual solicita criterio respecto a proyecto de ley denominado “LEY PARA ELIMINAR EL CARGO DE REGULADOR GENERAL ADJUNTO DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS”, el cual, se tramita en expediente legislativo número 23.678.

 

I.- SOBRE LA NATURALEZA DEL CRITERIO QUE SE EMITE.

 

Previo a rendir el análisis peticionado, valga aclarar que este no constituye un dictamen vinculante, ya que, lo cuestionado no refiere a actividad de carácter administrativo desplegada por la Asamblea Legislativa, por el contrario, se relaciona con la función que le endilga la Constitución Política -emisión de leyes-.

 

En consecuencia, tomando en consideración la competencia de la Procuraduría, naturaleza del órgano consultante y la materia sometida a nuestro conocimiento, lo vertido se circunscribe a una opinión jurídica, la cual, se emite como colaboración institucional en la difícil labor de legislar.

 

Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan de él únicamente aquellos artículos o contenidos que lo requieren, desde una perspectiva estrictamente jurídica y sin entrar a valorar aspectos de oportunidad y conveniencia.

 

Aunado a lo anterior y como ha sido criterio reiterado de esta Procuraduría “…al no estarse en los supuestos que prevé el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma), a la solicitud que nos ocupa no le es aplicable el plazo de ocho días hábiles que dicho artículo dispone”.

 

II.- SOBRE LA PROPUESTA SOMETIDA A CRITERIO DE ESTE ÓRGANO TÉCNICO ASESOR.

 

Los diputados(as) promoventes del proyecto que nos ocupa, en la exposición de motivos indicaron lo siguiente:

 

“...La presente iniciativa de ley tiene como objeto ser consecuente en contribuir con el uso apropiado de la Hacienda Pública, en tiempos donde el país y el erario público enfrenta graves crisis y se llama a la austeridad y razonabilidad en la utilización y aplicación de sus recursos…

 

Ahora bien, efectuando un análisis objetivo acerca de esa conformación legal de la Autoridad Reguladora, se concluye a través de los años que la figura del regulador general adjunto representa una figura institucional que no ha venido cumpliendo con un rol preponderante y más bien ha devenido en una figura decorativa, pues la misma ley delimitó las pocas funciones que le fueron asignadas, siendo las siguiente de acuerdo con el artículo 57 de la ley de Aresep (sic)...

 

En este orden de ideas, la propia distribución interna de competencias de la institución plasmada en la resolución administrativa de la Junta Directiva en RJD- 038-2013 de 27 de mayo de 2013, denominada “Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado (RIOF”) viene a ratificar esas mismas funciones en el artículo 10.

 

Posiblemente la intención del legislador de ese momento radicaba en que la figura del regulador general adjunto fuera un funcionario público al cual se le podía delegar funciones sustantivas regulatorias y con ello diluir un posible acumulamiento de labores de fondo; no obstante, esta no es la realidad, sino que ese puesto representa una carga financiera muy fuerte para los costarricenses… no siendo acorde con las labores desempeñadas considerando que estamos frente a un funcionario de alta confianza que colabore directamente con el regulador general en el cumplimiento de las funciones que él le asigne.

 

… de acuerdo con la Ley de Aresep, las labores que desempeña el Regulador General Adjunto son, además de asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, suplir las ausencias temporales del Regulador General, y como es lógico en las sesiones de la Junta Directiva lo puede sustituir el presidente ad hoc, que se nombra en el seno del órgano colegiado cada año, de acuerdo con la LGAP.   Por todo esto es que debido a que el Regulador General adjunto no tiene funciones asignadas en la Ley de Aresep …”.

 

La propuesta se compone de un único artículo que reforma los ordinales 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54 y 57 de la Ley número 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 09 de agosto de 1996 y sus reformas, con el objetivo de justar la regulación dicha al cambio jerárquico que pretende implementar.

 

Veamos:

 

Artículo 45:

 

Texto vigente

Texto propuesto

Articulo 45.-   Órganos de la Autoridad Reguladora   La Autoridad Reguladora tendrá los siguientes órganos:   a)     Junta Directiva.   b)    Un regulador general y un regulador general adjunto.   c)     Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).   d)    La Auditoría Interna.   La Junta Directiva, el regulador general, el regulador general adjunto y los miembros de la Sutel, ejercerán sus funciones y cumplirán sus deberes en forma tal, que sean concordantes con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo, en los planes de desarrollo de cada sector, así como con las políticas sectoriales correspondientes   Asimismo, la Autoridad Reguladora estará facultada para establecer su organización interna, a fin de cumplir sus funciones.

Artículo 45-   Órganos de la Autoridad Reguladora   La Autoridad Reguladora tendrá los siguientes órganos:   a)     Junta Directiva   b)    Un regulador general (*)     c)     Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)   d)    La Auditoría Interna   La Junta Directiva, el regulador general (*)  y los miembros de la Sutel ejercerán sus funciones y cumplirán sus deberes en forma tal que sean concordantes con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes de desarrollo de cada sector, así como con las políticas sectoriales correspondientes.     (*)

 

Artículo 47.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 47.-     Nombramientos   El   regulador general, el regulador general   adjunto   y   los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, serán nombrados    después    de    abrirle    expediente    personal    y    de antecedentes a cada persona que se postule o sea postulada para integrar la Junta.   El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador general, al regulador general adjunto y a los restantes miembros de la Junta Directiva, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de treinta (30) días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produce objeción, se tendrán por ratificados. En caso de objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director objetado y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento.    El nombramiento de los miembros de la Sutel así como los requisitos y las demás condiciones se regirán por lo dispuesto en el capítulo correspondiente.    El nombramiento del regulador general adjunto será por seis (6) años y se nombrará un año posterior al nombramiento del regulador general.

Artículo 47-  Nombramientos   El regulador general  (*) y los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora serán nombrados después de abrirle expediente personal y de antecedentes a cada persona que se postule o sea postulada para integrar la Junta.     El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador general (*) y a los restantes miembros de la Junta Directiva, enviará todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de treinta (30) días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produce objeción se tendrán por ratificados. En caso de objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director objetado y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento.   El nombramiento de los miembros de la Sutel, así como los requisitos y las demás condiciones, se regirán por lo dispuesto en el capítulo correspondiente.   (*)

 

Artículo 48.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 48.-     Requisitos   de   los   miembros   de   la   Junta Directiva, del regulador general, del regulador general adjunto   Para ser miembro de la Junta Directiva, regulador general, o regulador general adjunto, se requiere:    a) Ser costarricense.   b) Ser mayor de edad.   c) Ser de reconocida honorabilidad.   d) Ser graduado universitario, con título de licenciatura, como mínimo.   e) Contar al menos con cinco (5) años de experiencia en actividades profesionales o gerenciales, en el Sector Público o el Privado, relacionadas con los servicios públicos o con la regulación de estos.

Artículo 48- Requisitos de los miembros de la Junta Directiva y del regulador general (*)     Para ser miembro de la Junta Directiva y regulador general, se requiere:   (…)

 

Artículo 49.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Articulo 49.- Prohibiciones para el regulador general y el regulador general adjunto   El regulador general y el regulador general adjunto tendrán dedicación exclusiva.   Se les prohíbe:    a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo.   b) Participar en actividades político-electorales, con las salvedades de ley.   c) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que tengan interés personal, directa o indirectamente, o cuando los interesados sean sus parientes por línea directa o colateral hasta el tercer grado, por consanguinidad o afinidad. Esta prohibición alcanza también a los otros miembros de la Junta Directiva.   La violación de las prohibiciones anteriores constituirá falta grave del servidor y dará lugar a su destitución por justa causa, sin perjuicio de las otras responsabilidades que le quepan.

Artículo 49- Prohibiciones para el regulador general  (*)     El regulador general (*) tendrá dedicación exclusiva. Se le prohíbe:   (…).

 

Artículo 50.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Articulo 50.- Prohibición de nombramiento   Ningún nombramiento para desempeñar cargos en la Autoridad Reguladora o en la Sutel, podrá recaer en parientes ni en cónyuges del regulador general, el regulador general adjunto, ni de los miembros de la Junta Directiva, hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán ser nombrados para ocupar puestos de jefatura en la Autoridad Reguladora ni en la Sutel accionistas, asesores, gerentes o similares, miembros de las juntas directivas de las empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.   Esta prohibición permanecerá vigente hasta un año después de que los funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior, hayan dejado de prestar sus servicios. La violación de este impedimento causará la nulidad absoluta del nombramiento.

Artículo 50- Prohibición de nombramiento   Ningún nombramiento para desempeñar cargos en la Autoridad Reguladora o en la Sutel podrá recaer en parientes ni en cónyuges del regulador general, (*) ni de los miembros de la Junta Directiva, hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán ser nombrados para ocupar puestos de jefatura en la Autoridad Reguladora ni en la Sutel accionistas, asesores, gerentes o similares, miembros de las juntas directivas de las prestadoras de servicios públicos (*) regulados ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.   Esta prohibición permanecerá vigente hasta un año después de que los funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior hayan dejado de prestar sus servicios. La violación de este impedimento causará la nulidad absoluta del nombramiento.

Artículo 52.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Articulo 52.- Causas de cese   El regulador general, el regulador general adjunto, y el auditor, así como los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:   a) Renuncia.   b) Ausencia a cuatro sesiones ordinarias consecutivas, sin la autorización de la Junta Directiva.   c) Incapacidad sobreviniente por más de seis meses.   d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo.   e) Cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta Ley.   f) Condena con sentencia firme por un delito doloso, durante el ejercicio del cargo.   g)Las causales establecidas en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N.° 8422, de 6 de octubre de 2004.   Corresponde al Consejo de Gobierno, en apego al principio del debido proceso, declarar la vacante por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, y proceder a nombrar al-sustituto, en un plazo improrrogable de treinta (30) días naturales, con sujeción al procedimiento establecido en este capítulo.

Artículo 52-   Causas de cese   El regulador general (*) y el auditor, así como los demás miembros de la Junta Directiva, cesarán en su cargo por cualquiera de las siguientes causas:     a)       Renuncia.   b) Ausencia a cuatro sesiones ordinarias consecutivas, sin la autorización de la Junta Directiva.   c)  Incapacidad sobreviniente por más de seis meses.   d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo.   e) Cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta ley.   f)  Condena con sentencia firme por un delito doloso, durante el ejercicio del cargo.   g) Las causales establecidas en la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública, N.° 8422, de 6 de octubre de 2004.   (*)

 

Artículo 54.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 54.- Cuórum y remuneración. Para sesionar válidamente, tres (3) miembros constituirán el cuórum. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo los casos en que la ley exija una mayoría calificada. Cuando se produzca un empate, el presidente, o quien lo sustituya, resolverá con voto de calidad. Ningún miembro podrá abstenerse de votar.   La Junta podrá sesionar siempre que para ello exista el cuórum de ley, aunque no estén nombrados ni ratificados todos sus miembros.   Los miembros de la Junta Directiva devengarán, por cada sesión a la que asistan, dietas correspondientes al diez por ciento (10%) del salario base del contralor general de la República. No podrán remunerarse más de tres (3) sesiones por semana.   La remuneración del regulador general, del regulador general adjunto, así como la de los funcionarios de nivel profesional y técnico de la Autoridad Reguladora y de la Sutel se determinará tomando en cuenta las remuneraciones prevalecientes en los servicios bajo su regulación, en su conjunto, de manera que se garanticen la calidad e idoneidad del personal. La fijación de la remuneración de estos funcionarios estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y deberá respetar el límite a las remuneraciones totales que establece la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.   Cuando así lo acuerde la Junta, y previa aprobación de la Contraloría General de la República, sus miembros podrán laborar en sus funciones a tiempo completo, o bien, a medio tiempo en el desempeño de sus responsabilidades directivas.

Artículo 54-   Cuórum y remuneración   (…)                                             La remuneración del regulador general, (*) así como la de los funcionarios de nivel profesional y técnico de la Autoridad Reguladora y de la Sutel se determinará tomando en cuenta las remuneraciones prevalecientes en los servicios bajo su regulación, en su conjunto, de manera que se garanticen la calidad e idoneidad del personal. La fijación de la remuneración de estos funcionarios estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y deberá respetar el límite a las remuneraciones totales que establece la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.     (…).

 

Artículo 57.-

 

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 57.- Atribuciones, funciones y deberes del regulador general y del regulador general adjunto   a) Son deberes y atribuciones del regulador general:   1. Velar    por   la    independencia,  efectividad y credibilidad de la Autoridad Reguladora y sus órganos, así como ejecutar las acciones necesarias para fortalecerlas.   2. Promover   la    participación    en    la   toma    de decisiones y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios regulados. 3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Institución.   4. Ejecutar y velar por que se cumplan, como superior jerárquico en materia administrativa, la política y los programas de la Autoridad Reguladora.   5. Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral.   6. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y preparar su agenda.   7. Proponer a la Junta Directiva la aprobación o improbación de los planes de trabajo y presupuestos.   8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos que así lo requieran.   9. Asistir a los foros nacionales o internacionales sobre los servicios regulados por la Autoridad Reguladora o delegar tal participación en otros miembros dela Junta Directiva o en funcionarios de la Institución.   10. Representar a la Autoridad Reguladora ante los organismos reguladores internacionales, cuando se trate de los servicios públicos de su competencia.   11.Todo cuanto la ley le indique.                b) Son   deberes   y   atribuciones   del   regulador general adjunto:   1. Colaborar directamente con el regulador general en el cumplimiento de las funciones que él le asigne.   2. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva.   3.Sustituir al regulador general durante sus ausencias temporales.   4.Llenar, automáticamente, la vacante dejada por el regulador general, hasta que la autoridad competente nombre al titular de ese cargo.

Artículo 57- Atribuciones, funciones y deberes del regulador general (*)     a) Son deberes y atribuciones del regulador general:   1. Velar por la independencia, efectividad y credibilidad de la Autoridad Reguladora y sus órganos, así como ejecutar las acciones necesarias para fortalecerlas.   2. Promover la participación en la toma de decisiones y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios regulados. 3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la institución.   4. Ejecutar y velar por que se cumplan, como superior jerárquico en materia administrativa, la política y los programas de la Autoridad Reguladora.   5. Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral.   6. Presidir las reuniones de la Junta Directiva y preparar su agenda.   7. Proponer a la Junta Directiva la aprobación o improbación de los planes de trabajo y presupuestos.   8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios públicos que así lo requieran.   9. Asistir a los foros nacionales o internacionales sobre los servicios regulados por la Autoridad Reguladora o delegar tal participación en otros miembros de la Junta Directiva o en funcionarios de la institución.   10. Representar a la Autoridad Reguladora ante los organismos reguladores internacionales, cuando se trate de los servicios públicos de su competencia.   11. El regulador general designará a uno de los intendentes de regulación (Agua, Transporte, Energía) para que lo sustituya durante sus ausencias temporales. (*)   12. Todo cuanto la ley le indique.   (*)

Tomando en consideración que la propuesta en estudio busca reorganizar la estructura jerárquica de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), conviene, como punto de partida, realizar un breve análisis de la naturaleza jurídica y Dirección superior que le es propia.

 

En este sentido, tenemos que, como claramente se sigue del numeral primero de la Ley N°. 7593 del 9 de agosto de 1996, denominada Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), la entidad supra señalada se enmarca dentro de las denominadas instituciones autónomas, goza de independencia técnica y administrativa. Excluida, por imperio de ley, de la subordinación a los lineamientos del Poder Ejecutivo, empero, sometida al Plan de Desarrollo y Planes y Políticas Sectoriales que aquel emita.

 

Su finalidad última se determina en el canon 4 del cuerpo normativo supra citado y refiere, en esencia, a privilegiar la calidad de los servicios públicos cuya regulación le fuere confiada. Debiendo ponderar, además, los intereses que puedan detentar, tanto, los prestadores de aquellos, cuanto, los usuarios. Véase que, el numeral dicho dispone:

 

“Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos definidos en esta ley y los que se definan en el futuro.

 

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos.

 

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.

 

d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad.

 

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones.

 

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos definidos en ella.

Precisamente, en aras de cumplir con el cometido que fuere confiado a la ARESEP, el legislador le concedió la atribución de definir “precios y tarifas” respecto de los servicios públicos de suministro de electricidad, acueducto y alcantarillado, combustibles, riego y avenamiento, transporte público, servicios marítimos aéreos, transporte de carga por ferrocarril, así como, recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales. Correspondiéndole, también, privilegiar la “calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima” de aquellos – numeral 5 de la Ley N°. 7593-. 

 

Adicionalmente, de conformidad con el canon 6 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por imperio normativo, se le impusieron los siguientes deberes: 

 

“Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones:

 

a)  Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida.

 

b)  Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público.

 

c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales.

 

d) Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos.

 

e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia.

 

f) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen.

 

Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se refiere este artículo, será de acatamiento obligatorio.”

 

Respecto al tema que nos ocupa, se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa, reseñando lo siguiente:

 

Ahora bien, la Procuraduría ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la figura jurídica de la regulación y la creación de la ARESEP.  Por ejemplo, en el Dictamen n.° C-250-99, del 21 de diciembre de 1999, en lo que interesa, indicó:

 

“A-. EN ORDEN A LA FUNCIÓN REGULADORA

Técnica de intervención de los poderes públicos en el mercado, la regulación entraña un control continuo sobre una determinada actividad, a fin de conciliar los intereses particulares con el interés general.

 

A través de la regulación se procura controlar el poder de los monopolios, sobre todo de hecho, asegurar a los consumidores una información adecuada en orden a la calidad, garantías frente a productos defectuosos o precios excesivos, corregir el incremento de los costos, de manera que los precios reflejen los costos de producción, corregir beneficios inesperados resultado de cambios súbitos en los precios; evitar una excesiva competencia que tienda a afectar el mercado; en último término, solucionar inconvenientes que produce la organización del mercado. Dicha función va implícita en los servicios públicos, en los cuales regulariza y garantiza la prestación misma del servicio y se procura establecer los niveles adecuados en la relación calidad-precio.

 

Función de imperio, la regulación debe estar a cargo de organismos públicos. En la época en que el servicio público era prestado por la propia Administración Pública, ésta ejercía la regulación. No es sino con los procesos de "desregulación" y la apertura de mercados, que surge la necesidad de separar la función de gestión del servicio de la de regulación, con el fin de favorecer la competencia y la autonomía de gestión. Lo que explica la creación de entidades como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

 

La regulación se ejerce a través de diversos tipos de actos. Entre ellos, el control de precios o tarifas ocupa una posición muy importante: (…).”

 

En efecto, la fijación tarifaria se inscribe dentro de la técnica reguladora. La regulación se traduce en el control de tarifas y de los servicios públicos, lo cual se justifica por el interés público presente en estos. La Autoridad Reguladora ostenta, entonces, el poder de imponer a los concesionarios del servicio público las reglas que deben seguirse para la fijación de la tarifa o del ajuste tarifario. En concreto, las tarifas que podrán cobrar a los usuarios por la prestación del servicio. Lo que se expresa a través de actos administrativos, dirigidos a determinar cuál es la tarifa que los usuarios deben pagar por un servicio público determinado.” Lo subrayado no es del original.” [1]

 

Como claramente se sigue de lo expuesto, la ARESEP actúa una función pública -regulación de servicios públicos-, la cual, se caracteriza por la intervención del poder público en el ámbito económico por ésta regularizado, permitiéndole ajustarlo de forma tal que su comportamiento se rija, no solo, por las reglas del mercado, sino, además, por el interés público que les propio en el ámbito económico y social.

 

Respecto a la dirección orgánica de la ARESEP, los cardinales 45, 53, y 57 de la Ley N° 7593, claramente determinan que está fue encargada a la Junta Directiva, el Regulador General y Regulador General Adjunto. Siendo que, los dos primeros deben ejercerla de forma ordinaria y el último únicamente en ausencia del segundo. 

 

 En este orden de ideas, se impone destacar que, el cargo de Regulador General Adjunto no fue incorporado en la norma originaria mediante la cual se creó la ARESEP, sino que, conformó la estructura organizacional de esta por así disponerlo la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, N° 8660 del 8 de agosto de 2008, la que, reformó su análoga N° 7593.

 

Consecuentemente con lo expuesto y, propiamente dentro de lo sometido a conocimiento de este órgano técnico asesor, deviene palmario que, la intención del legislador es, mediante el proyecto de ley que nos ocupa, retornar a la organización primigenia de la ARESEP, respecto de sus órganos máximos.

En este sentido, analizada que fuera la propuesta no se denotan roces de constitucionalidad, empero, si se advierten inconvenientes respecto de la técnica jurídica, los cuales, se exponen a continuación.

 

Dentro de la reforma propuesta para los numerales 45 y 52 se elimina, no solo, el puesto de Regulador General Adjunto, sino, además, se suprimen, por su orden, la posibilidad que detenta la ARESEP para definir su organización, así como, la competencia otorgada al Consejo de Gobierno para declarar vacante el puesto de Regulador General y demás conformantes de la Junta Directiva, nombrar sustitutos y el plazo dispuesto para tal efecto.

 

Tocante a estos aspectos no se esbozó justificación alguna en la exposición de motivos del proyecto, ni se desprende de la lectura de aquella que tal eliminación sea la voluntad de los legisladores proponentes del proyecto, por lo que, se recomienda su revisión.

 

Aunado a lo anterior, mediante la modificación que se busca introducir en los ordinales 48, 49, 54 se optó por utilizar paréntesis y tres puntos “(…)” con la finalidad de establecer que los apartados de la disposición, en la que se utilizó tal puntación, quedaban incólumes con la reforma que se pretende realizar, empero, tal técnica podría generar confusión en el operador jurídico, ya que, de ser aprobada la regulación, esta se incorporaría al ordenamiento jurídico respetando la forma en que se plasmó y discutió. De allí que, se aconseja efectuar la variación pretendida incluyendo la totalidad de la norma.

 

Respecto, al numeral 50 de la propuesta, concretamente, en el párrafo segundo se varía la frase “empresas privadas reguladas” por “prestadoras de servicios públicos”, sin embargo, tal cambio no se justifica de forma alguna, ni parece detentar relación la reforma legal en análisis, por lo que, estimamos relevante su estudio.

 

Por último, tomando en consideración que, el proyecto de ley en estudio busca suprimir la figura del Regulador General Adjunto, cuyo nombramiento se suscita por el plazo de 6 años –canon 47 de la Ley N° 7593-, resulta notoria la necesidad de una regulación transitoria que defina la situación jurídica de la persona que este ocupando el puesto, al momento de su supresión, en caso de no encontrarse vacante el puesto.

 

Téngase en cuenta que, los denominados Transitorios son disposiciones de carácter temporal, cuya finalidad última refiere a coadyuvar con el ajuste que debe suscitarse entre la regulación vigente y la anterior al momento de su materialización. Así, busca evitar dislocaciones en el ordenamiento jurídico al actuar las disposiciones en el tiempo, otorgando un trato diferenciado a determinadas circunstancias.

 

Sobre el particular, este órgano técnico asesor, ha sostenido

 

“…la función de las llamadas disposiciones transitorias es la de ajustar o acomodar la normativa nueva a la existente, para lo cual le otorga un tratamiento jurídico distinto, temporal y excepcional a ciertas situaciones, es decir, se trata de una técnica jurídica que busca dar respuesta a los problemas de aplicación de las normas en el tiempo, problemas que se producen a raíz de la derogatoria de una disposición y la entrada en vigencia de otra, lo que hace necesario adaptar las situaciones prevalecientes a la nueva realidad que crea la ley, es decir, a facilitar el tránsito entre la ley vieja y la nueva… De este modo, las normas transitorias poseen una naturaleza temporal…” [2]

 

III.-     CONCLUSIÓN

 

En los términos planteados, se observa la no existencia de posibles roces de constitucionalidad, empero, se recomienda revisar la técnica jurídica. No obstante, la aprobación final del proyecto analizado resulta resorte exclusivo de los señores (as) diputados (as).

 

De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano consultivo. Sin otro particular, con toda consideración,

 

 

 

 

Laura Araya Rojas

Procuradora

Área Derecho Público

LAR/tjc

PGR-OJ-023-2024

 

PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY PARA ELIMINAR EL CARGO DE REGULADOR GENERAL ADJUNTO DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS”.

 

La señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, remite oficio número AL-CPOECO-0686-2023 de 11 de octubre de 2023, mediante el cual solicita criterio respecto al proyecto de ley supra citado, el cual, se tramita en el expediente legislativo numerado 23.678.

 

Analizada que fuere la propuesta normativa sometida a consideración de este órgano técnico asesor, a través de Opinión Jurídica número PGR-OJ-023-2024 del 19 de febrero del 2024, suscrita por Laura Araya Rojas, se concluyó lo siguiente:

 

En los términos planteados, no se observa la existencia de posibles roces de constitucionalidad, empero, se recomienda revisar la técnica jurídica. No obstante, la aprobación final del proyecto analizado resulta resorte exclusivo de los señores (as) diputados (as).