Opinión Jurídica : 007 - del 22/01/2024

22 de enero del 2024

PGR-OJ-007-2024

 

Señora

Guiselle Hernández Aguilar

Jefa de Área a.i.

Comisiones Legislativas III

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio N° AL-CPEM-0971-2023 de fecha 21 de setiembre de 2023, mediante el cual se requiere nuestro criterio sobre el proyecto de “LEY QUE GARANTIZA LA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. REFORMA DE LA LEY N.º 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, el cual se tramita bajo el expediente N.° 23.817.

 

Debemos señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor únicamente está facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en ejercicio de potestades administrativas, pero no cuando se trata del ejercicio de su función legislativa.

 

A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración con la importante labor que desempeñan, hemos acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con la función de control político.

 

Asimismo, es relevante indicar que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Procuraduría General, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

 

I.-        MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

 

Señala la exposición de motivos que acompaña esta iniciativa, que la rendición de cuentas implica el compromiso de explicar, comprender y describir de manera precisa los sucesos y circunstancias, con el objetivo de establecer una relación de confianza entre aquel que solicita o exige transparencia y aquel que la proporciona. En los sistemas democráticos, la rendición de cuentas desempeña un papel fundamental, ya que la respalda, confirma y la hace más aceptable. Forma parte de gobiernos responsables y permite evaluar los resultados, fomentando la eficiencia y la efectividad, además de reducir la corrupción y la arbitrariedad.

 

Se agrega que la evaluación es una responsabilidad de la Administración y un derecho de los ciudadanos, tal como se establece en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2006).

 

La gestión basada en resultados y su correspondiente evaluación, según se indica, junto con el enfoque de rendición de cuentas, representan un nuevo paradigma en el ámbito de la Administración Pública. Como resultado, se llevó a cabo una reforma constitucional en 2010 para incorporar estos elementos, agregando un segundo párrafo al artículo 11 de la Constitución Política, el cual establece que el amplio espectro de la Administración Pública estará sujeto a un proceso de evaluación de resultados y rendición de cuentas, para lo cual la Ley establecerá los medios para que este sistema de control de resultados y rendición de cuentas opere de manera integral en todas las instituciones públicas.

 

Se menciona que, según los resultados del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITPS) 2021, se encontró que el sector de las municipalidades tiene el segundo promedio más bajo en cuanto a transparencia. Además, reveló un promedio de 30.20/100 en rendición de cuentas y un promedio de 26.67/100 en participación ciudadana, considerando un total de 89 municipalidades evaluadas.

 

De acuerdo con lo anterior, se alega que la transparencia en la gestión municipal es de vital importancia para promover la confianza y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, pues una gestión municipal transparente permite que los ciudadanos tengan acceso a la información relevante y participen de manera activa en la toma de decisiones. Además, fomenta la eficiencia y previene la corrupción, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la democracia a nivel local.

 

La propuesta tiene como objetivo establecer ciertos contenidos mínimos en los informes de las autoridades municipales. Estos contenidos abarcan aspectos como los recursos financieros, humanos y materiales disponibles, la estructura organizativa actualizada y una lista de los funcionarios junto con sus respectivas clasificaciones de puestos. Asimismo, se espera que se incluyan las metas establecidas para el período en análisis, detallando los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas tanto en el marco del Plan Anual Operativo como en el programa de gobierno presentado al inicio de la administración. También, se sugiere que se describan y justifiquen los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, así como los procesos o demandas legales enfrentadas o promovidas.

 

Además, se argumenta que esta iniciativa pone de manifiesto la importancia de que la rendición de cuentas se realice directamente ante los ciudadanos para que puedan tener un conocimiento detallado de las acciones llevadas a cabo por las autoridades municipales, incluyendo sus logros, debilidades, desafíos y situaciones relevantes que hayan surgido.

 

 

I.-        COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY CONSULTADO

 

            El texto del proyecto en consulta, propone lo siguiente:

 

“CAPÍTULO I:  ADICIONES A LA LEY

 

ARTÍCULO 1-   Se adicionan los artículos 17bis, 17 ter y 17 quater a la Ley N.º 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas. Los textos son los siguientes:

 

Artículo 17bis. -  Como parte de la obligación constitucional que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas por su labor y en aras de que dicho ejercicio contribuya al mejoramiento continuo en la calidad del accionar de los gobiernos locales, se establece el deber de las alcaldías o intendencias y regidurías propietarias de elaborar, publicar y divulgar, de manera presencial y digital, un informe anual de la labor desarrollada.

 

Artículo 17ter. -    El informe anual de las actividades llevadas a cabo deberá ser presentado de manera formal y presencial frente a los ciudadanos, en un evento especial, durante los primeros quince días del mes de mayo. La municipalidad se encargará de designar el lugar dentro del cantón para esta presentación. Además, con el objetivo de asegurar una amplia difusión, se incluirá una copia de dichos informes en la página web de la municipalidad, en caso de que exista. En la siguiente sesión del Concejo Municipal, los miembros del Concejo tendrán la oportunidad de referirse al informe presentado.

 

Artículo 17quater. -  El informe anual de las alcaldías o intendencias ha de incluir, como mínimo, los siguientes contenidos:

 

a)        Los resultados de la aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad de género.

 

b)        El organigrama actualizado de la institución, que incluirá una lista detallada de los empleados, junto con su categoría laboral (clasificación de puestos) y sus salarios brutos.

 

c)        Las metas establecidas para el período en cuestión en el Plan Anual Operativo, junto con una descripción clara y específica de los resultados concretos alcanzados para cada una de ellas.

 

d)        Se proporcionará una explicación detallada y una justificación para los créditos adquiridos, las modificaciones salariales acordadas, los procesos legales o las demandas judiciales enfrentadas o promovidas, así como los viajes realizados por los funcionarios de alto rango y los directores de departamentos, incluyendo información sobre el propósito y la relevancia de cada uno de estos aspectos.

 

e)        Las actividades llevadas a cabo o coordinadas por las personas que ocupan los cargos de primera vice alcaldía o primera vice intendencia.

 

f)         Avance de cumplimiento del programa de gobierno, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 14, de este Código.

 

g) Limitaciones u obstáculos encontrados.” (el subrayado es nuestro)

 

            Según puede observarse, básicamente se pretende que la Municipalidad, en cabeza de su jerarquía, rinda un informe anual de manera presencial, en un acto formal, el cual habría de tener un contenido que quedaría especificado en la normativa propuesta.

           

Como vemos, el proyecto se afinca en el tema de la rendición de cuentas, postulado hoy consagrado a nivel constitucional a raíz de la reforma introducida al artículo 11 de la Carta Fundamental. Sobre este tema, hemos señalado:

 

“I.                   EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DEBEN REGIR EL ACTUAR ADMINISTRATIVO

 

Es vasta la jurisprudencia administrativa y judicial que reconoce, como regla de principio, que el actuar de la Administración Pública debe regirse bajo los principios de trasparencia y publicidad, lo que significa que debe tener a disposición la información de interés público que conste en sus registros y archivos, de forma que cualquier interesado pueda enterarse y examinar su actuación. De allí que, el principio de publicidad es considerado “una forma de control social de los administrados” respecto a la actuación administrativa.

 

Para cumplir con lo anterior, se ha dicho que las instituciones o dependencias necesariamente deben contar con mecanismos idóneos que aseguren el acceso completo y oportuno de la información de interés público ante el requerimiento de los administrados, quienes, además, tienen derecho a una respuesta oportuna (artículos 27 y 41 constitucionales).

 

Sobre dichos principios, la Sala Constitucional se refirió en la sentencia 2005-00756 de las 9:58 horas del 28 de enero de 2005, reconociendo que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la Administración, deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Al respecto, dispuso la Sala:

“III.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD ADMINISTRATIVAS. En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos de la transparencia y la publicidad que deben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las organizaciones colectivas del Derecho Público –entes públicos- están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados. Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico determinado, tales como la motivación de los actos administrativos, las formas de su comunicación –publicación y notificación-, el trámite de información pública para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa, etc., sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa.”  (El destacado no forma parte del original)

 

Por tanto, los principios de transparencia y publicidad, junto con el correlativo derecho del administrado a solicitar información de interés público, sólo pueden ser limitados bajo ciertas circunstancias que no pueden ser determinadas a través de un acto discrecional de la Administración, sino que deben estar expresamente reguladas en la Constitución o en la ley. En otras palabras, rige el principio de reserva legal.

(…)

Deriva de ello que, si bien los principios de publicidad y transparencia rigen el actuar administrativo, también existen límites al derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el numeral 30 constitucional, que como señalamos, se complementa con en el derecho de petición y pronta respuesta reconocido en los numerales 27 y 41 constitucionales.

 

La existencia de dichos límites, sin embargo, no pueden justificar el secretismo cuando la ley o la Constitución no lo autorizan expresamente, por lo que debe aspirarse a que las decisiones de los órganos administrativos, siempre se adopten a través de decisiones que puedan ser escrutadas por los administrados, salvo que razones justificadas aconsejen lo contrario. No debe olvidarse que el principio democrático se ve fortalecido cuando los administrados participan activamente en la formación y ejecución de la voluntad pública.” (Dictamen N° PGR-C-216-2023 del 16 de noviembre de 2023)

 

            En cuanto a las vías y mecanismos efectivos para llevar a la práctica y a la realidad este postulado, ciertamente se ha considerado importante la instauración de canales efectivos de comunicación con el ciudadano, incluso con la apertura de procesos de diálogo y evacuación de consultas. Sobre el particular, se ha señalado:

 

“3.4  Rendición de cuentas y participación ciudadana

 

Se define la participación ciudadana en la gestión pública como el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y los pueblos indígenas.

 

Se deriva del artículo 9 constitucional: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí”. Es obligación de las Administraciones públicas crear canales de participación ciudadana, y es un derecho de la persona administrada participar en la toma de decisiones públicas, según lo reconocido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional:

 

Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política). Bajo esta inteligencia, el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes. Existen diversos mecanismos para alcanzar mayores niveles de transparencia administrativa en un ordenamiento jurídico determinado, tales como la motivación de los actos administrativos, las formas de su comunicación –publicación y notificación-, el trámite de información pública para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores, la participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación administrativa, etc., sin embargo, una de las herramientas más preciosas para el logro de ese objetivo lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa. (015445-2015, 2015).

 

En igual sentido, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno lo define (2006):  “35. Fomentarán la participación de los ciudadanos y los pueblos en la formulación, implantación y evaluación de las políticas públicas, en condiciones de igualdad y razonabilidad”.

 

La rendición de cuentas incentiva la participación de la ciudadanía en la esfera pública; pero a su vez la requiere. Para que la rendición de cuentas sea efectiva, se necesita una persona ciudadana interesada en la cosa pública, para que reciba la información, la verifique y demande aclaraciones, ampliaciones y responsabilidades originadas en esta.

(….)

De tal manera, se trata de una relación simbiótica, en donde la rendición de cuentas requiere de participación y, a su vez, la promueve. Así la Sala Constitucional lo ha desarrollado en el voto 6563-11 cuando señala que las Administraciones públicas deben crear espacios de comunicación con los administrados en concordancia con la rendición de cuentas:

 

Las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y de actuar los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas actualmente incorporados a nuestro texto constitucional (artículo 11 de la Constitución Política).

 

Para garantizar esta participación activa en la rendición de cuentas, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009) establece el derecho de toda persona ciudadana de darles seguimiento, evaluación y control a las políticas públicas: “16. Es derecho de la ciudadanía medir y evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas; por tanto, los Estados iberoamericanos facilitarán la intervención independiente de la sociedad en el seguimiento, evaluación y control de las mismas”.

 

Asimismo, la rendición de cuentas promueve la participación ciudadana. Por ello la citada carta establece como obligación de las Administraciones públicas, la creación de espacios de participación, el desarrollo de instrumentos de rendición de cuentas a la ciudadanía en forma permanente y en los medios en que la ciudadanía lo requiera:

 

34.  En el marco de la participación ciudadana, las Administraciones Públicas propenderán a:

h.  Desarrollar la rendición de cuentas a la ciudadanía como un proceso permanente que promueva, en lenguajes comprensibles, la interlocución y evaluación de la gestión pública de acuerdo con los intereses ciudadanos.

 

Se concluye que la relación entre participación ciudadana y rendición de cuentas es estrecha; por un lado, se requiere de la persona ciudadana para lograr una rendición de cuentas efectiva y, por otro, se promueve su participación continua y permanente con la rendición de cuentas.” (Arroyo Chacón, Jennifer Isabel, EL PRINCIPIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO COSTARRICENSE, San José: Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, Nº 123, págs 185-186/ junio 2018)

 

            Claro está, lo anterior debe dimensionarse teniendo también en cuenta lo siguiente:

 

“Ahora bien, brindar la información por sí sola no constituye el cumplimiento de este deber, sino que se requiere que la información facilitada cumpla con las cualidades de comprensión, calidad, accesibilidad, utilizando un lenguaje administrativo claro y comprensible, lejos de tecnicismos que devienen en incomprensibles los datos públicos y demás, con el fin de que le permitan a la persona usuaria comprender y utilizar dicha información. 

 

La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (2008) señala como un derecho de la ciudadanía solicitar la información en torno al desempeño de los órganos y las personas funcionarias públicas en forma completa, veraz, actualizada y comprensible para él:

 

Contenidos del derecho a una gestión pública de calidad. b. Solicitar y obtener información pública de interés general, en especial aquella referida a los resultados de la gestión pública y al desempeño de los órganos y entes de la Administración Pública, que sea completa, veraz y actualizada. Con dicho objetivo, se podrá acceder a aquella información contenida en archivos y registros, con las excepciones contempladas en la ley.”  (ibíd. Pág 184)

           

Ahora bien, en cuanto al tipo de comunicación que  puede establecer una entidad con el público, se ha señalado que pueden programarse diversos espacios de encuentro con metodologías de diálogo con la ciudadanía, tales como foros (reunión pública en la cual diversas organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas deliberan e intercambian ideas y opiniones, para evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas o proyectos de alguna entidad o sector), feria de la gestión, feria de la transparencia o expo gestión, audiencia pública participativa, grupo focal, reunión zonal, mesa de trabajo temática, encuentros regionales, asambleas comunitarias, observatorios ciudadanos, etc.[1]

 

No obstante, también existen muy diversas acciones (no presenciales) que puede emprender una entidad para divulgar sus actividades, tales como “elaborar informes de gestión y de ejecución presupuestal, actualización del sitio virtual en internet que contiene información en un lenguaje comprensible en texto, imágenes, audio o video sobre la entidad; también se pueden elaborar publicaciones como documentos informativos que permitan comunicar algunas noticias, resultados de trabajos e investigaciones específicas, o la cotidianidad de la entidad. 

Adicionalmente, se puede diseñar publicidad, a través de piezas comunicativas que se elaboran para dar a conocer temas de interés a la ciudadanía y para intentar fomentar el uso de los bienes y servicios que presta la entidad; el aprovechamiento de medios de comunicación masivos, en exteriores, en puntos de atención o en la web hacen parte de este espacio. De igual forma se debe promover el uso de redes sociales, canales multimedia, y datos abiertos sin procesar, en formatos estándar para facilitar su acceso y permitir su reutilización.”[2]

 

Como vemos, con la utilización de medios fluidos de difusión y comunicación de la información que estén disponibles y accesibles en todo momento para el ciudadano, es posible alcanzar una rendición de cuentas idónea. 

 

Por ello, estimamos que en aras de los principios de eficiencia, eficacia y buena administración, debe sopesarse cuidadosamente la razonabilidad y sobre todo la verdadera utilidad práctica de imponer, a nivel legal, una obligación como la contemplada en el proyecto de ley que aquí nos ocupa. Ello, en el sentido de que la obligación que se pretende introducir agregue un verdadero valor sustancial para la gestión municipal, de modo tal que no quede convertido en el mero cumplimiento de un trámite  –que además puede suponerse que implicará algún tipo de inversión de recursos municipales– sino que resulte un instrumento que verdaderamente permita despertar el interés y llegar de manera efectiva a los habitantes del cantón.

 

Lo anterior, sobre todo tomando en cuenta que el establecimiento de esta obligación formal por vía de ley no dejaría espacio para que los diversos gobiernos locales puedan definir, según las diferentes circunstancias que imperan en cada cantón, cuál es la mejor y más efectiva vía para hacer la rendición de cuentas ante los habitantes de su localidad (por ejemplo, en cuáles comunidades existe un menor acceso a las tecnologías de información, el nivel educativo, el estilo de vida, las costumbres regionales, el momento más oportuno para hacer algún tipo de encuentro ciudadano, etc.).

 

Asimismo, no puede perderse de vista que en la actualidad ya existen mecanismos legalmente impuestos con esta finalidad, pues el Código Municipal, en su artículo 17, inciso q), establece como obligación del alcalde procurar que la gestión municipal se desarrolle con transparencia, para lo cual garantizará a los habitantes del cantón el acceso a la información pública, mediante la creación de página web o de cualquier otro medio idóneo que sirva de plataforma para la publicación de actas, reglamentos, resoluciones, presupuestos municipales (ordinario y extraordinarios), liquidaciones presupuestarias, salarios de funcionarios, informes de labores, estudios sobre el cantón y cualquier otra información que sea de interés público para sus habitantes.

 

Así, además del sitio web oficial, las municipalidades pueden utilizar sus perfiles en redes sociales, canal que puede resultar muy efectivo si se aprovecha de una forma idónea, a raíz del uso tan generalizado que en la actualidad los ciudadanos hacen de sus redes sociales, u otros medios como avisos en pizarras colocadas en los edificios municipales, para llegar a algún tipo específico de población del cantón que aun prefiere este tipo de medios más tradicionales.

 

Adicionalmente, debe recordarse que ese mismo artículo 17 en sus incisos e), f) y q) contempla, dentro de las obligaciones de los alcaldes municipales, que el plan de gobierno deba estar disponible en el sitio web del respectivo ente municipal; que los informes de egresos deban publicarse en los medios electrónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza que sea de fácil acceso a los vecinos del cantón; y que el informe de labores deba estar a disposición de los habitantes del cantón a través de cualquier medio idóneo convencional o por medio de la página web de la corporación municipal.

 

En suma, si bien se comparte plenamente la filosofía de la cual parte el proyecto en cuestión, estimamos que deviene importante examinar la efectividad que la propuesta tendría, sobre todo para que no se convierta en una labor adicional sin verdadero valor agregado de frente al postulado de rendición de cuentas.

 

En ese sentido, y sobre todo desde una perspectiva práctica, estimamos relevante que se atiendan las inquietudes que puedan expresar las diferentes municipalidades en orden a esta propuesta, lo cual podrá arrojar elementos de juicio muy valiosos para tomar la decisión de aprobar o no esta iniciativa.

 

 

II.                    CONCLUSIÓN

 

En la forma expuesta se deja rendido el criterio sobre el proyecto de ley consultado, cuya aprobación es de resorte exclusivo de dicho Parlamento, al tratarse de materia que está sometida a su discrecionalidad.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones expuestas, las cuales respetuosamente se sugiere valorar.

 

De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Calderón Gassmann                           

Procuradora

 

 

ACG/nmm                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGR-OJ-007-2024

 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS MUNICIPALIDADES. MECANISMOS. ACTO PÚBLICO Y FORMAL. INFORMACIÓN EN SITIO WEB. INFORMES DE EGRESOS. INFORME DE LABORES.

 

La Asamblea Legislativa consultó nuestro criterio sobre el proyecto de “LEY QUE GARANTIZA LA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. REFORMA DE LA LEY N.º 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, el cual se tramita bajo el expediente N.° 23.817

 

Mediante opinión jurídica N° PGR-OJ-007-2024 de fecha 22 de enero de 2024, suscrita pro Andrea Calderón Gassmann, Procuradora, evacuamos la consulta, señalando que en cuanto a las vías y mecanismos efectivos para llevar a la práctica el postulado de rendición de cuentas, ciertamente se ha considerado importante la instauración de canales efectivos de comunicación con el ciudadano, incluso con la apertura de procesos de diálogo y evacuación de consultas.

 

Por las razones indicadas en el pronunciamiento, estimamos que en aras de los principios de eficiencia, eficacia y buena administración, debe sopesarse cuidadosamente la razonabilidad y sobre todo la verdadera utilidad práctica de imponer una obligación como la contemplada en el proyecto (acto público y formal de rendición de informes), sobre todo tomando en cuenta que el establecimiento de esta obligación formal por vía de ley no dejaría espacio para que los diversos gobiernos locales puedan definir, según las diferentes circunstancias que imperan en cada cantón, cuál es la mejor y más efectiva vía para hacer la rendición de cuentas ante los habitantes de su localidad.

 

También indicamos que no puede perderse de vista que en la actualidad ya existen mecanismos legalmente impuestos con esta finalidad (Código Municipal, artículo 17, inciso q), además del uso del sitio web oficial. Adicionalmente, recordamos que ese mismo artículo 17 en sus incisos e), f) y q) contempla, dentro de las obligaciones de los alcaldes municipales, que el plan de gobierno deba estar disponible en el sitio web del respectivo ente municipal; que los informes de egresos deban publicarse en los medios electrónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza que sea de fácil acceso a los vecinos del cantón; y que el informe de labores deba estar a disposición de los habitantes del cantón a través de cualquier medio idóneo convencional o por medio de la página web de la corporación municipal.

 

En suma, si bien se comparte plenamente la filosofía de la cual parte el proyecto en cuestión, estimamos que deviene importante examinar la efectividad que la propuesta tendría, sobre todo para que no se convierta en una labor adicional sin verdadero valor agregado de frente al postulado de rendición de cuentas.