Opinión Jurídica : 005 - del 22/01/2024

22 de enero de 2024

PGR-OJ-005-2024

Señora

Daniella Agüero Bermúdez

Jefa Área Legislativa VII

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio N° AL-23676-OFI-0028-2023 del 5 de setiembre del 2023, recibido el mismo día por correo electrónico en esta Procuraduría, mediante el cual se solicita nuestro criterio sobre el proyecto de Ley denominado: “DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO DE UN INMUEBLE Y AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD AL ACTUAL POSEEDOR (xxx)”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo N° 23676.

I.- CONSIDERACIÓN PRELIMINAR.

De previo a dar respuesta al criterio solicitado, se estima conveniente recordar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República sólo “Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría…”, siendo claro que la Asamblea Legislativa no ostenta propiamente esa condición de Administración Pública (sólo excepcionalmente realiza función administrativa).

En razón de lo anterior, procedemos a evacuar la consulta formulada mediante la emisión de una opinión jurídica no vinculante, con el afán de colaborar con la importante labor que desarrolla ese Parlamento.

Por otra parte, conviene aclarar que en este caso no nos encontramos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de suerte tal que este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días establecido en dicho numeral.

En todo caso, estamos atendiendo con gusto su solicitud, dentro de la mayor brevedad que nuestras labores ordinarias nos lo permiten.

II.- OBSERVACIONES GENERALES.

De conformidad con la exposición de motivos del proyecto de Ley que nos ocupa, con el mismo se pretende autorizar la donación de la finca del Partido de Limón, Folio Real Matrícula N° 157442-000, con un área de 267,15 metros cuadrados, descrita mediante plano catastrado L-0458550-1997, propiedad de la Municipalidad de Guácimo a favor de la señora xxx, cédula de identidad xxx.

Partiendo del objeto del proyecto, debemos recordar lo dispuesto por el artículo 174 de la Constitución Política, respecto de la posibilidad que tienen las municipalidades para disponer de sus bienes:

“ARTÍCULO 174.- La ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles.”

En consonancia con esta norma constitucional, el artículo 71 del Código Municipal, señala en lo que interesa:

“Artículo 71- (…)

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a las municipalidades.

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa.” (El subrayado no es del original).

(…)”

En consecuencia, siendo que en este caso se pretende la donación de un inmueble que pertenece a una Corporación Municipal a favor de un particular, resulta necesaria la autorización de la Asamblea Legislativa para poder actuar en esa dirección.

III.- ANÁLISIS DEL PROYECTO CONSULTADO.

El proyecto de Ley objeto de este estudio se encuentra conformado por seis artículos; los cuales han sido analizados en su totalidad; sin embargo, solo haremos referencia a aquellos numerales sobre los cuales se tengan consideraciones u observaciones que resulten pertinentes.

En ese sentido, en el artículo primero, se recomienda revisar la descripción de los linderos de la propiedad, a efectos de que exista plena concordancia con los que publicita el Registro Nacional.

Por otra parte, el artículo tercero, establece la conformación de una Comisión especial por parte de la Municipalidad “...con el objeto de comprobar el tiempo y las condiciones de la posesión ejercida y dictarán la recomendación que acoja o deniegue la petición hecha.” De seguido, el párrafo segundo señala:

“Las resoluciones que dicte el Concejo Municipal, con fundamento en las recomendaciones de la comisión especial dicha, serán consultadas a la Procuraduría General de la República, la cual deberá pronunciarse dentro de los treinta días naturales siguientes al recibo del expediente respectivo. La falta de pronunciamiento dentro del término indicado equivale a la aprobación del respectivo expediente.”

De manera respetuosa, se sugiere eliminar en su totalidad este segundo párrafo del numeral que nos ocupa, toda vez que esta Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia (artículo 1 de la Ley N° 6815 del 28 de setiembre de 1982), pero no le corresponde pronunciarse, revisar, improbar o avalar actos administrativos concretos dictados por la Administración.

Desde esa perspectiva, con la redacción propuesta se asigna a esta Procuraduría un papel preponderante en el proceso de conformación del acto administrativo municipal, lo cual no resulta conveniente y desnaturaliza nuestra función, ya que nos convierte en parte de la administración activa en el marco del dictado del acto administrativo. Incluso, lo dispuesto en esta norma resulta de dudosa constitucionalidad, en atención del principio de autonomía municipal, consagrado en el artículo 170 de la Constitución Política, al sujetar la decisión dictada por el Concejo Municipal a una revisión y un aval por parte de esta Institución.

Por lo expuesto, se sugiere eliminar en su totalidad el segundo párrafo del numeral 3 del proyecto de ley.

En relación con el artículo cuarto del proyecto, se establece que la escritura se formalizará ante un notario público. Sobre este punto, es potestad del legislador el definir si la escritura de donación se realiza ante un Notario Público; sin embargo, ello conlleva la cancelación de los honorarios legales para dicho profesional por parte del beneficiario de la donación. Generalmente, estas donaciones se realizan a personas de escasos recursos, por lo que, en la mayoría de proyectos de este tipo, se dispone que la escritura de donación será realizada por la Notaría del Estado.

IV.- CONCLUSIÓN.

Con base en lo expuesto, queda evacuada la consulta del proyecto de Ley N° 23676. Su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; sin embargo, se recomienda, respetuosamente, a las señoras y señores diputados tomar en consideración las observaciones hechas en este pronunciamiento.

Atentamente,

Alejandro Arce Oses

Procurador

Notaría del Estado

AAO

Código: 8760-2023