Opinión Jurídica : 118 - del 15/11/2023

15 de noviembre de 2023

PGR-OJ-118-2023

Señora

Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio AL-CPAS-1096-2022 del 23 de setiembre de 2022, por medio del cual nos indicó que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales acordó consultar el criterio de esta Procuraduría en relación con el texto dictaminado del proyecto de ley denominado “Ley para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 21824.

Antes de iniciar el análisis del proyecto de ley sobre el cual se requiere nuestro criterio debemos indicar que, debido a que la gestión no proviene de un órgano del Estado en ejercicio de una función administrativa, sino de un órgano parlamentario en ejercicio de una función legislativa, lo que emitiremos en este caso, como una forma de colaborar con esa importante labor, no es un dictamen vinculante (pues es evidente que en ese ámbito nuestro pronunciamiento no podría privar sobre el del legislador), sino una opinión jurídica carente de esos efectos.

Además, debemos señalar que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable en este tipo de asuntos, por no tratarse de la audiencia a la que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política. (Ver, entre otras la OJ-053-98 del 18 de junio 1998, la OJ-055-2013 del 9 de setiembre de 2013, la OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, la OJ-159-2020 del 16 de octubre del 2020 y la PGR-OJ-050-2022 del 18 de marzo de 2022).

Tampoco aplican en estos casos los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, ni el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues no nos encontramos frente a una petición pura y simple para entregar información en poder de la Procuraduría, sino ante la solicitud de emitir un criterio técnico jurídico que, por su naturaleza, no puede estar sujeto al plazo de diez días hábiles establecido en la última disposición citada.

Finalmente, debemos indicar que, si bien brindar este tipo de asesoría no está contemplado dentro de las obligaciones atribuidas a la Procuraduría en su Ley Orgánica, hemos decidido, como una forma de colaborar con la Asamblea Legislativa, emitir nuestro criterio con respecto a los proyectos de ley sobre los cuales se nos confiera audiencia, en el entendido de que lo hacemos dentro del plazo que nos lo permita la atención de nuestras obligaciones legales.

I.- SOBRE LA FINALIDAD Y EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

En lo que se refiere al proyecto sobre el cual versa la audiencia que se nos confiere, debemos indicar que ya la Comisión Permanente de Asuntos Sociales había requerido el criterio de esta Procuraduría sobre el texto base de esa iniciativa, criterio que fue emitido mediante la OJ-172-2021 del 18 de marzo de 2021.

El dictamen de mayoría afirmativo que ahora se nos consulta indica que el proyecto tiene como principal objetivo racionalizar el uso de los fondos públicos, especialmente de las instituciones descentralizadas, para lo que se requiere derogar los regímenes de pensiones complementarias existentes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el Sistema Bancario Nacional, en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en la Junta de Protección Social (JPS).

Lo que se pretende es liquidar esos Fondos a mediano y largo plazo y eliminar los beneficios por sobrevivencia. Se propone que, para hacer frente a los beneficios en curso de pago de los planes de capitalización colectiva, las entidades asuman la administración de los recursos de forma separada a su patrimonio y que sigan contribuyendo hasta completar el valor actuarial de los beneficios declarados y otorgados.

El texto del proyecto dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales el 21 de setiembre del 2022, es el siguiente:

“ARTÍCULO 1- Deróguense las siguientes normas:

a) La Ley de Pensiones para Trabajadores de la Junta de Protección Social, N.º 1504, de 21 de octubre de 1952.

b) El artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, N.º 8660, de 8 de agosto de 2008.

c) El tercer párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N.º 1644, de 26 de setiembre de 1953.

d) El artículo 44 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo,
N.º 1917, de 30 de julio de 1955.

ARTÍCULO 2- Refórmense las siguientes normas:

a) El artículo 17 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, Decreto-Ley N.º 449, de 8 de abril de 1949, que en adelante dirá lo siguiente:

Artículo 17.- La política financiera del Instituto será la de capitalizar las utilidades netas que obtenga de la venta de energía eléctrica y de cualquier otra fuente que las tuviere, en la financiación y ejecución de los planes nacionales de electrificación e impulso de la industria a base de la energía eléctrica. El Gobierno no derivará ninguna parte de esas utilidades, pues el Instituto no deberá ser considerado como una fuente productora de ingresos para el Fisco, sino que deberá usar todos los medios a su disposición para incrementar la producción de energía eléctrica como industria básica de la Nación. El Instituto deberá destinar las reservas y fondos constituidos con ese objeto, a un fondo de garantías y ahorro del personal permanente, y continuar efectuando los aportes correspondientes en una suma del 0.5% mensual de los salarios de los funcionarios y empleados que aporten al fondo. Estos recursos no podrán ser utilizados para ningún fondo de pensiones y jubilaciones. El fondo aportado por el Instituto le pertenecerá a éste y será utilizado para los objetivos propuestos, de acuerdo con las normas que al respecto dicte su Consejo Director. El personal permanente, según calificación del mismo Consejo, deberá cotizar para el fondo con una suma no menor del cuatro por ciento mensual de sus salarios.”

b) El segundo y tercer párrafo artículo 21 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, N.º 17, de 22 de octubre de 1943, que en adelante dirá lo siguiente:

“Artículo 21.-

[…]

Todos los trabajadores al servicio de la Caja gozarán de un régimen especial de beneficios sociales que elaborará la Junta Directiva. Este régimen comprenderá la formación de fondos de ahorro y préstamos, un plan de seguros sociales y los otros beneficios que determine la Junta Directiva, excepto por el de un fondo de retiro.

A los trabajadores que se retiraren voluntariamente de la Caja a partir de la vigencia de esta ley, no se les podrá acreditar derechos en el Fondo de Ahorro y Préstamos, por los servicios prestados hasta la fecha en que comienza a regir ésta, superiores a veinte mil colones. Quedan a salvo los derechos adquiridos al amparo de normas jurídicas anteriores.”

TRANSITORIO ÚNICO- La liquidación de los fondos derogados por esta ley se realizará de conformidad con las siguientes reglas:

a) Los trabajadores activos de los regímenes de contribución definida tendrán derecho a que se les liquiden los recursos totales en sus cuentas, que incluyen aportes más rendimientos, en un periodo no mayor a 18 meses de aprobada esta ley.

Por otro lado, los trabajadores activos de los regímenes de beneficio definido, tendrán el derecho a que se les liquiden sus aportes personales y patronales, más sus respectivos rendimientos, en conformidad con lo que dispongan las normas del respectivo fondo, en un periodo no mayor a 18 meses de aprobada esta ley.

Para llevar a cabo las liquidaciones de afiliados que no retiren sus recursos, se realizará el traslado de los recursos respectivos a títulos no onerosos hacia el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Protección al Trabajador, N.º 7983, del 18 de febrero de 2000 y sus reformas.

En el caso de los afiliados que retiren sus recursos, la operadora de su respectivo régimen de pensiones complementarias debe comunicarle por escrito que la entrega de estos recursos puede materializar riesgos de mercado, el dicho documento debe ser firmado por el afiliado para poder retirar sus recursos, con lo que acepta asumir el riesgo citado.

Cualquier remanente que quede una vez realizado el proceso de liquidación pasará a formar parte de la provisión de pensiones en curso de pago del fondo derogado.

b) Para los fondos de las instituciones en los que aun exista un remanente de pensionados, las juntas administradoras de dichos fondos, continuarán administrando los recursos del Fondo, para lo cual dichas juntas, deberán constituirse como una operadora de pensiones, en los términos establecidos en la Ley del régimen privado de pensiones complementarias. Las respectivas Juntas garantizarán a los pensionados actuales el pago de sus pensiones, de conformidad con la regulación dispuesta originalmente para su otorgamiento.

c) Las personas beneficiarias de los fondos de pensiones y quienes adquieran el derecho a la pensión por sobrevivencia e invalidez dentro de los dieciocho meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley continuarán recibiendo sus beneficios en la forma y con las condiciones en que les hayan sido declarados, salvo lo dispuesto en los incisos c), e) y f) de este transitorio.

d) Los beneficios por sobrevivencia que hubiesen sido otorgados con cargo a los fondos de pensiones no serán susceptibles de traspaso.

e) En el caso de los fondos de pensiones del Banco Nacional, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad, las entidades públicas acatarán un plan de contribuciones hacia su respectivo fondo para hacer frente a los beneficios otorgados, estas contribuciones se indican a continuación como un monto definido o, en su defecto, como porcentaje de los sueldos y salarios, ordinarios y extraordinarios, pagados por la entidad pública, y se realizarán durante un plazo definido, según se indica a continuación:

i- El Banco Nacional de Costa Rica y sus pensionados, para la correcta liquidación del fondo, contribuirán mensualmente con montos anuales, por un período de 25 años, en el tanto se presente un déficit actuarial en su respectivo fondo, según la siguiente tabla: (…).

ii- La Caja Costarricense de Seguro Social contribuirá mensualmente el 1.5% del total pagado en sueldos y salarios, ordinarios y extraordinarios, durante un plazo de 35 años, en el tanto se presente un déficit actuarial en su respectivo fondo.

iii- El Instituto Costarricense de Electricidad contribuirá mensualmente el 3,0% del total pagado en sueldos y salarios, ordinarios y extraordinarios, durante un plazo de 5 años, en el tanto se presente un déficit actuarial en su respectivo fondo.

Las entidades públicas quedan autorizadas para aumentar los porcentajes de contribución a su respectivo fondo, con estudios técnicos que respalden la decisión en este proceso de liquidación de los regímenes.

La Superintendencia de Pensiones conservará las facultades de supervisión y regulación que le otorga la Ley de Protección al Trabajador y la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias.

En casos de desequilibrio actuarial, las entidades bancarias no deberán hacer los aprovisionamientos que normalmente corresponderían por los pasivos de estos fondos, de conformidad con la normativa vigente.

f) A la entrada en vigor de la presente ley, las personas beneficiarias de los fondos de pensiones estarán obligadas a cotizar 10% del monto de su beneficio mensual a favor de la respectiva provisión de pensiones en curso de pago. Lo anterior aplica únicamente cuando el fondo del cual es beneficiario se encuentre en desequilibrio actuarial.

La cotización establecida en este inciso se suspenderá una vez que el Fondo alcance el equilibrio actuarial, pero se restablecerán si se vuelven a presentar desequilibrios. Tanto la suspensión de la cotización como el restablecimiento de esta deberán contar con la aprobación de la Superintendencia de Pensiones.

g) Las personas beneficiarias de los fondos de pensiones de beneficio definido, cuyas prestaciones superen la suma resultante de veinte veces la línea de pobreza urbana determinada por el INEC contribuirán de forma solidaria y redistributiva, a favor de la provisión de pensiones en curso de pago, según se detalla a continuación:

i- Sobre el exceso de las veinte veces la línea de pobreza urbana y hasta por el veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso.

ii- Sobre el exceso del margen anterior y hasta por el veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso.

iii- Sobre el exceso del margen anterior y hasta por el veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%).

iv- Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un sesenta y cinco por ciento (65%).

h) En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y redistributiva y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por la presente ley podrá representar más del cincuenta por ciento (50%) respecto a la totalidad del monto bruto de la pensión o jubilación que por derecho le correspondan al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta por ciento (50%), respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al cincuenta por ciento (50%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión o jubilación.

i) Si al extinguirse el último beneficio quedan recursos en la provisión de pensiones en curso de pago, estos pasarán a formar parte del patrimonio de la entidad pública correspondiente”.

De seguido nos referiremos al proyecto de ley transcrito, no sin antes advertir que nuestro criterio se basa en consideraciones jurídicas de constitucionalidad y de legalidad. Queda fuera de nuestra posibilidad emitir juicios económicos, o de oportunidad y conveniencia, toda vez que esta Procuraduría es un órgano técnico-jurídico, por lo que nuestra competencia se circunscribe a ese ámbito.

II.- OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY

En la Opinión Jurídica 072-2021 citada, esta Procuraduría analizó el texto base del proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia y realizamos algunas observaciones que interesa retomar resumidamente.

En el pronunciamiento mencionado señalamos que los regímenes complementarios especiales de pensiones son regímenes de origen legal, porque fueron creados a raíz de una decisión legislativa y que, partiendo de ello, es el propio legislador quien está legitimado para derogar las normas que los instauraron, con fundamento en el principio del paralelismo de las formas, según el cual, las disposiciones normativas se dejan sin efecto por el mismo órgano que las emitió y siguiendo el mismo procedimiento que se observó para promulgarlas.

También indicamos que, en caso de que el legislador decida suprimir los regímenes complementarios especiales de pensiones a los que se refiere el proyecto de ley, cada una de las instituciones a la que pertenecen esos regímenes y que actualmente aportan un 1.5% del salario de sus trabajadores para la conformación del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), tendrán que incrementar su aporte a ese régimen en un 1.5% del salario de sus trabajadores (para alcanzar el 3% que pagan todos los patronos a ese régimen), pero no tendrían que aportar el porcentaje adicional establecido en las normas que se pretende derogar. Todo ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 inciso c), y 75 de la Ley de Protección al Trabajador, n.° 7983 del 16 de febrero del 2000.

Sostuvimos además que la Sala Constitucional ha establecido que los regímenes complementarios especiales de pensiones no son inconstitucionales por sí mismos, pero que ello no limita la posibilidad de que el legislador pondere, con base en razones de índole presupuestaria, o de cualquier otra naturaleza, la conveniencia de mantener vigentes ese tipo de Fondos, ni afecta la validez de derogar las normas mediante las cuales se constituyeron. Asimismo, advertimos que, si se opta por derogar los regímenes complementarios especiales de pensiones, deben respetarse los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de las personas que hayan pertenecido a dichos regímenes durante su vigencia.

Señalamos, de igual forma, que la eventual supresión de los regímenes complementarios especiales de pensiones no infringe el derecho fundamental a la pensión, pues el respeto a ese derecho se cumple con la existencia de un régimen básico ―el del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, o los regímenes sustitutivos de aquel―, e incluso del ROP, al cual deben contribuir todos los patronos. Y agregamos que, al no afectarse el derecho fundamental a la pensión, tampoco se infringe el principio de progresividad y no regresión, pues la iniciativa tiene una justificación razonable, orientada a racionalizar el uso de los fondos públicos y a evitar que se incremente el déficit actuarial que presentan algunos de los regímenes complementarios

Indicamos también que las reformas que se proponen en relación con la Ley Constitutiva de la CCSS (n.° 17 de 22 de octubre de 1943), no afectan la autonomía de esa institución, pues dicha autonomía está circunscrita al manejo y administración de los seguros sociales y no al régimen jurídico de las relaciones entre la institución y sus servidores. Tampoco estimamos que la supresión de los regímenes complementarios de pensiones de los bancos del Sistema Bancario Nacional afecte la autonomía de esas instituciones.

Además, sostuvimos que el régimen complementario de pensiones al que se refiere la “Ley de Pensiones para los Trabajadores de la Junta de Protección Social”, es un régimen ineficaz, que no es posible reactivar, pues no cumple los requisitos dispuestos para ello en el artículo 75 de la Ley de Protección al Trabajador, específicamente, el de haber estado operando a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, es decir, al 18 de febrero del 2000.

De igual forma, señalamos que el Transitorio Único, inciso a), del proyecto de ley original, en el que se ordenaba la liquidación de los aportes de los trabajadores activos y la devolución de esos dineros a sus titulares, o su traslado al ROP, omitió referirse al tratamiento que debe dársele a los rendimientos que han experimentado esos dineros.

También indicamos que el Transitorio Único, inciso c), donde se establecía que los beneficios otorgados con cargo a los Fondos no serían susceptibles de traspaso, no debería hacer referencia a “traspasos” sino a “pensiones por sobrevivencia”, que es el término correcto. Finalmente, anotamos la necesidad de realizar estudios actuariales para respaldar la razonabilidad de imponer cotizaciones adicionales a los beneficiarios de los Fondos complementarios que se encuentren en desequilibrio actuarial (Transitorio Único, inciso e), y para respaldar la contribución solidaria a la que se refería el Transitorio Único, inciso f), del proyecto original.

Ahora bien, una vez analizado el proyecto dictaminado por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, proyecto al cual se le realizaron algunos cambios en relación con la iniciativa original, debemos reiterar que la derogación de los regímenes complementarios especiales de pensiones que operan actualmente (o que operaron) en la JPS, en el ICE, en el Sistema Bancario Nacional, en el ICT y en la CCSS, es un asunto de discrecionalidad legislativa, que no infringe el derecho fundamental a la pensión, el principio de progresividad y no regresividad, ni la autonomía constitucionalmente atribuida a la CCSS o a los bancos del Estado.

Puntualmente, en lo que concierne a la observación que realizó esta Procuraduría en la OJ-072-2021 citada, en el sentido de que el Transitorio Único, inciso a, del proyecto de ley original (en el que se ordenaba la liquidación de los aportes de los trabajadores activos y la devolución de esos dineros a sus titulares, o su traslado al ROP) omitió referirse al tratamiento que debe dársele a los rendimientos que han experimentado esos dineros, se observa que el proyecto dictaminado ordena incluir los rendimientos dentro de las sumas a liquidar, por lo que la omisión aludida quedó subsanada.

Por otra parte, en lo relativo al tema de los derechos adquiridos, el proyecto de ley original disponía que “Las personas beneficiarias de los fondos y quienes adquieran el derecho a la pensión dentro de los dieciocho meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley continuarán recibiendo sus beneficios en la forma y con las condiciones en que les hayan sido declarados, salvo lo dispuesto en los incisos c), e) y f) de este transitorio.” (Transitorio Único, inciso b); mientras que el texto dictaminado establece que “Las personas beneficiarias de los fondos de pensiones y quienes adquieran el derecho a la pensión por sobrevivencia e invalidez dentro de los dieciocho meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley continuarán recibiendo sus beneficios en la forma y con las condiciones en que les hayan sido declarados, salvo lo dispuesto en los incisos c), e) y f) de este transitorio.” (Transitorio Único, inciso c). El subrayado es nuestro).

La finalidad del cambio al que se hace referencia en el párrafo anterior (que se resalta con el subrayado) es aclarar que la protección de las expectativas de derecho durante los 18 meses posteriores a la derogación de las normas que crearon los regímenes complementarios de pensiones, abarca tanto las contingencias por vejez, como las de invalidez y sobrevivencia, pues estas dos últimas no estaban expresamente citadas en el proyecto original. En todo caso, se reitera que el plazo de 18 meses que se concede para la protección de las expectativas de derecho es el lapso que la Sala Constitucional ha considerado razonable (hasta el momento) para la protección de dichas expectativas ante cambios normativos en las normas que rigen la materia. En ese sentido, la Sala Constitucional, refiriéndose al proyecto que culminó con la aprobación de la ley n.° 7302 de 8 de julio de 1992, conocida como Ley Marco de Pensiones, indicó que "―en sus artículos transitorios― reconoce la conservación de la situación jubilatoria de los servidores que hubieran cumplido los requisitos para gozar del beneficio, y además lo extiende a los que pertenezcan o hayan pertenecido a los regímenes excluidos para adquirirlo, en un lapso de dieciocho meses, al cual parece razonablemente suficiente para garantizar cualesquiera eventuales derechos de buena fe". (Resolución n.° 846-92 de las 13:30 horas del 27 de marzo de 1992. En el mismo sentido puede consultarse la resolución n.° 5476-93 emitida por esa misma Sala a las 18:03 horas del 27 de octubre de 1993).

Luego, el inciso c) del Transitorio Único del texto original del proyecto de ley disponía que “Los beneficios que hubiesen sido otorgados con cargo a los fondos no serán susceptibles de traspaso”; mientras que el texto dictaminado del proyecto establece, en el inciso d) del Transitorio Único, que “Los beneficios por sobrevivencia que hubiesen sido otorgados con cargo a los fondos de pensiones no serán susceptibles de traspaso.” (El subrayado es nuestro).

Como ya indicamos en la OJ-072-2021 citada, utilizar el término “traspaso” para referirse a las prestaciones que se otorgan a los sobrevivientes con motivo de la muerte del beneficiario de un régimen de pensiones, carece de rigurosidad técnica. Ese tipo de prestaciones no constituye un traspaso de los beneficios otorgados al beneficiario original, sino que se trata de prestaciones distintas, sujetas a un régimen jurídico distinto al de las prestaciones originales, por lo que utilizar el término “traspaso” puede inducir a error. Para profundizar sobre ese tema puede consultarse el dictamen C-233-2020 del 22 de junio del 2020.

De toda suerte, aparte de insistir sobre lo anterior, quisiéramos advertir que existe una diferencia importante entre lo propuesto en el proyecto original y lo que se plantea en el texto dictaminado. Del texto original se deduce que ninguna de las prestaciones otorgadas con cargo a los regímenes complementarios generaría derecho alguno a favor de sus sobrevivientes; mientras que el texto dictaminado dispone que solo los beneficios por sobrevivencia no generan derecho alguno ante la muerte de su titular.

Estimamos que el legislador está legitimado para regular ese tema de cualquiera de las dos formas, pero interesa dejar constancia de que cada una tiene alcances distintos. Por ejemplo, con la primera de ellas, cuando muere el trabajador protegido por el régimen especial ―sea que estuviere activo o jubilado― ningún sobreviviente, como viuda o hijos, puede disfrutar de las prestaciones del régimen; mientras que, con la segunda, cuando muere el trabajador protegido por el régimen sí es posible que se genere derecho a obtener prestaciones por sobrevivencia.

Por otra parte, el inciso g), del Transitorio Único, del proyecto original establecía que la contribución especial, solidaria y redistributiva (contemplada en el propio proyecto para solventar los déficit actuariales de los regímenes de pensiones) y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por la ley no podría representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) con respecto a la totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones que por derecho le correspondan al beneficiario. Y agregaba que para los casos en los cuales esa suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%) con respecto a la totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones, la contribución especial se reajustaría de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%) con respecto a la totalidad del monto bruto de la pensión.

El proyecto de ley dictaminado afirmativamente por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa mantuvo, en el inciso h), de su Transitorio Único, una disposición similar, pero redujo el porcentaje de deducción al 50% de la totalidad del monto bruto de la pensión o pensiones, lo cual resulta acorde con la línea establecida por la Sala Constitucional a partir de su sentencia 19274-2020 de las 16:30 horas del 7 de octubre del 2020 (corregida mediante la resolución 19632-2020 de las 13:33 horas del 9 de octubre de 2020), en el sentido de que el porcentaje máximo de deducciones a la pensión no puede superar el 50% de su monto.

III.- CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, no observa esta Procuraduría que el proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia presente problemas de constitucionalidad, por lo que su aprobación es un asunto de política legislativa. En todo caso, sugerimos analizar las observaciones realizadas.

Cordialmente;

Julio César Mesén Montoya

Procurador

JCMM/hsc