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Dictamen : 202 - del 13/11/2023
13
de noviembre de 2023
PGR-C-202-2023
Señora
Yadira Cruz Fallas
Auditora Interna
Municipalidad de Aserrí
Estimada señora:
Con la aprobación del Procurador
General de la República, doy respuesta a su oficio no. AU-42-2023 de 19 de
octubre de 2023, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre la
supervisión de la auditora municipal.
Específicamente, consulta lo
siguiente:
“Los manuales descriptivos de puestos contienen un párrafo en donde se
establece a quién le corresponde ejercer supervisión sobre cada puesto. En el
caso de los profesionales a cargo de las auditorías internas municipales ¿le
corresponde esa supervisión al Concejo Municipal?
Esa supervisión ¿podría estar a cargo solo del presidente municipal y se
le podría asignar a la secretaría municipal ser el enlace entre la auditoría
interna y la presidencia del Concejo?
El estar establecida en un manual descriptivo de puestos una supervisión
a la auditoría interna, ¿Contraviene esta supervisión la independencia y
objetividad establecida en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno
Nro. 8292?”
I.
SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS AUDITORES INTERNOS.
Si bien es cierto el
artículo 4° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982)
permite que los auditores internos puedan realizar la consulta directamente,
esa facultad no es irrestricta. Pues, conforme a lo dispuesto en la ley,
nuestra jurisprudencia administrativa ha señalado las condiciones bajo las
cuales debe ejercerse.
En ese sentido, hemos indicado que la materia consultable por parte de los auditores se circunscribe a aquella que pertenezca, de modo directo, a su competencia funcional, es decir, que la facultad de consultar está referida a la competencia del auditor y al ámbito de las competencias del organismo que controla y del cual forma parte, con el fin de que esos órganos de control interno cuenten con la posibilidad de obtener un criterio técnico jurídico informado y autorizado del Órgano Superior Consultivo de la Administración que les permita ejercer de una forma más eficaz sus funciones de control y validación.
Ello implica que los auditores no se encuentran autorizados para consultar sobre materias que no se refieran o no estén contenidas en la esfera de su competencia institucional o dentro de la competencia de los órganos administrativos de los cuales forman parte. Por esa razón, hemos estimado que las consultas realizadas por la auditoría interna, deben estar ligadas al contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año en la respectiva Administración, ya que es esto lo que nos permite determinar los alcances del ámbito de competencia de esa auditoría. De ahí que, resulta necesario que se acredite esa relación o ligamen. (Dictámenes Nos. C-042-2008 de 11 de febrero de 2008, C-153-2009 de 1° de junio de 2009, C-314-2017 de 15 de diciembre de 2017, C-043-2019 de 20 de febrero de 2019, C-133-2019 de 14 de mayo de 2019, C-191-2020 de 26 de mayo de 2020, C-002-2021 de 6 de enero de 2021).
Dado que la
facultad de consultar que tienen los auditores se encuentra limitada al ámbito
de sus competencias y, por tanto, a la ejecución del plan de trabajo
correspondiente, es lógico entender que esa facultad debe ejercerse con
respecto a una duda jurídica puntual y específica, y no ser utilizada para
requerir nuestro criterio sobre una gran cantidad de cuestionamientos, en
relación con materias distintas. La amplitud y diversidad de cuestionamientos
en una consulta planteada por un auditor, podría poner en tela de duda la
relación, de la consulta formulada, con el ejercicio de sus competencias y con
el plan de trabajo correspondiente.
Puesto que la facultad de consultar
que tienen los auditores se constriñe al ámbito de sus competencias, debe advertirse
que ésta no debe ser utilizada por la administración activa para evadir el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, canalizando
sus solicitudes de criterio a través de la auditoría interna.
A su vez, se reitera lo
dispuesto en el dictamen no. C-004-2021 de 7 de enero de 2021 en cuanto a que “los dictámenes emitidos a solicitud de las
autorías internas solo vinculan directamente a la auditoría consultante. Para
los demás órganos e instituciones públicas −incluida la institución en la
que está inserta la auditoría− constituyen jurisprudencia administrativa,
por lo que cumplen
la función de orientar, facilitar y uniformar las decisiones de la
Administración en la interpretación de las normas escritas, según lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública.” Además, por la naturaleza de los dictámenes emitidos los
auditores carecen de la potestad para realizar la gestión de reconsideración
del dictamen que se les emita. (C-48-2018 de 9 de marzo de 2018).
Por otra parte, las
consultas que planteen los auditores internos en el ejercicio de sus
competencias deben cumplir los requisitos de admisibilidad que señala nuestra
Ley Orgánica, salvo, claro está, la necesidad de aportar un criterio legal
sobre el tema consultado y que la consulta provenga del jerarca de la
institución.
II.
INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA.
En esta ocasión, no se acredita cuál
es la relación de lo consultado con el cumplimiento del plan de trabajo que la auditoría
está desarrollando en la Municipalidad, y, por tanto, no es posible precisar
que la consulta tenga relación directa con el ejercicio de sus competencias.
Nótese que, como ya se indicó, la acreditación de esa relación constituye un
requisito de admisibilidad de las consultas planteadas por las auditorías
internas.
Como ya hemos señalado en otras ocasiones:
“…la única forma que tiene la Procuraduría para
asegurarse que una consulta está ligada al ejercicio de las competencias de la
auditoría interna, es que lo cuestionado esté directamente relacionado con
algún estudio o informe de auditoría previsto en el plan de trabajo.
Debe tenerse en cuenta que en el plan de trabajo se
definen, previamente, los temas de fondo que serán estudiados por la auditoría
interna, por lo que, de requerirse nuestro criterio en relación con esos temas,
no existiría ninguna duda de que la consulta se plantea para el estricto
cumplimiento de las competencias de la auditoría.” (Dictamen no. PGR-C-293-2021
de 15 de octubre de 2021).
Valga
indicar, a manera de conclusión, que el tema por Ud. consultado ha sido objeto
de pronunciamientos por esta Procuraduría. Este aspecto no es de menor
importancia, pues claramente el conocimiento de nuestra jurisprudencia
administrativa es un aspecto que se facilita por la existencia del Sistema
Nacional de Legislación Vigente, en donde se puede consultar, de manera
temática o bien por normas jurídicas específicas, los antecedentes de
dictámenes y opiniones jurídicas sobre esos tópicos. Lo que termina por
reforzar el motivo original para rechazar lo peticionado, ya no solo por la
falta de ligamen con el plan de actividades de ese órgano, sino porque, además,
no estaríamos dejando ayuna a la Auditoría sobre el tema de su interés.
Aparte
de lo anterior, debe tenerse en cuenta que uno de los requisitos de admisibilidad de las
consultas es que ésta no tenga por objeto responder cuestionamientos sobre
materias cuyo conocimiento sea competencia de otro órgano, tal y como lo exige
el artículo 5° de nuestra Ley Orgánica.
En este caso, las preguntas están
relacionadas con el régimen de control interno, pues implica analizar si la
supervisión sobre los auditores internos implica una violación a la
independencia que establece la Ley General de Control Interno.
Al respecto, debe tenerse en cuenta
que, conforme con los artículos 8° y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República (no. 7428 de 7 de 7 de setiembre de 1994), el proceso
de control interno es un elemento integrante del concepto de Hacienda Pública,
y, por tanto, al ser la Contraloría el órgano rector del ordenamiento de
control y fiscalización superiores, contemplado en esa Ley, es el competente
para conocer cualquier duda que surja en relación con la aplicación del régimen
de control interno.
Por esa razón, la Ley General de
Control Interno le otorga a la Contraloría amplias competencias en materia
normativa y de seguimiento del proceso de control interno. De tal forma, es
competencia exclusiva y prevalente de la Contraloría conocer los asuntos y
dudas que surjan con respecto a la aplicación del régimen de control interno,
lo cual incluye lo referente a la supervisión y relación de jerarquía de las
auditorías.
En ese sentido, en otras ocasiones
hemos señalado:
“…respecto de
las interrogantes que refieren a las reglas, condiciones y alcances de la
función del auditor interno y a sus relaciones con el superior jerárquico, es
la Contraloría General de la República (CGR) la institución que ostenta la
competencia para emitir criterio de carácter vinculante y no la Procuraduría
General de la República...” (Dictamen No. C-255-2015 de 11 de setiembre de
2015. En similar sentido, véase el dictamen PGR-C-024-2022 de 7 de febrero de
2022).
Por lo expuesto, la consulta es
inadmisible.
De
usted, atentamente,
Elizabeth
León Rodríguez
Procuradora
ELR/ysb
Cód. 10642-2023
PGR-C-202-2023.
INADMISIBILIDAD DE LA
CONSULTA. NO SE ACREDITA CUÁL ES LA RELACIÓN DE LO CONSULTADO CON EL PLAN DE
TRABAJO QUE LA AUDITORÍA
ESTÁ DESARROLLANDO EN LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ.
La señora Yadira Cruz Fallas, auditora interna de la Municipalidad de Aserrí mediante oficio No AU-42-2023 de 19 de octubre de
2023, solicita nuestro criterio sobre la
supervisión de la auditora municipal.
Específicamente, consulta lo siguiente:
“Los manuales
descriptivos de puestos contienen un párrafo en donde se establece a quién le
corresponde ejercer supervisión sobre cada puesto. En el caso de los
profesionales a cargo de las auditorías internas municipales ¿le corresponde
esa supervisión al Concejo Municipal?
Esa
supervisión ¿podría estar a cargo solo del presidente municipal y se le podría
asignar a la secretaría municipal ser el enlace entre la auditoría interna y la
presidencia del Concejo?
El estar
establecida en un manual descriptivo de puestos una supervisión a la auditoría
interna, ¿Contraviene esta supervisión la independencia y objetividad
establecida en el artículo 8 de la Ley General de Control Interno Nro. 8292?”
La Procuraduría en Dictamen
PGR-C-202-2023 de 13 de noviembre de 2023 declaró inadmisible la consulta
porque:
No se acredita cuál es la relación de lo
consultado con el cumplimiento del plan de trabajo que la auditoría está
desarrollando en la Municipalidad, y, por tanto, no es posible precisar que la
consulta tenga relación directa con el ejercicio de sus competencias.
Como ya se ha
señalado en otras ocasiones:
“…la única forma que tiene
la Procuraduría para asegurarse que una consulta está ligada al ejercicio de
las competencias de la auditoría interna, es que lo cuestionado esté
directamente relacionado con algún estudio o informe de auditoría previsto en
el plan de trabajo.
Debe tenerse en cuenta que
en el plan de trabajo se definen, previamente, los temas de fondo que serán
estudiados por la auditoría interna, por lo que, de requerirse nuestro criterio
en relación con esos temas, no existiría ninguna duda de que la consulta se
plantea para el estricto cumplimiento de las competencias de la auditoría.” (Dictamen
no. PGR-C-293-2021 de 15 de octubre de 2021).
Además, lo consultado puede
ser buscado en el SINALEVI, pues, existen pronunciamientos sobre el tema, asimismo,
se debe tener en cuenta que uno de los requisitos de admisibilidad es que esta
no tenga objeto responder cuestionamientos sobre materias cuyo conocimiento sea
competencia de otro órgano, tal y como lo exige el artículo 5° de nuestra Ley
Orgánica.
Por lo expuesto, la consulta es
inadmisible.