Opinión Jurídica : 010 - del 10/02/2023
10 de
Febrero de 2023
PGR-OJ-010-2023
Señora
Noemy Montero Guerrero
Jefe de Área
Comisiones Legislativas I
Asamblea
Legislativa
Estimada señora:
Con la aprobación de la Procuradora General de la República, damos
respuesta al oficio No. AL-CPEMUJ-0072-2022 de 10 de octubre de 2022.
En el oficio
AL-CPEMUJ-0072-2022 se nos comunica que la Comisión Permanente Especial de la
Mujer de la Asamblea Legislativa acordó someter a consulta ante la Procuraduría
General de la República el proyecto de ley tramitado bajo expediente
legislativo No. 23.101 denominado “LEY PARA
LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”.
En razón del objeto de consulta,
aclaramos que, este criterio se basa en consideraciones jurídicas de
constitucionalidad y de legalidad, por lo que nos abstendremos de emitir juicio
sobre aspectos de índole económico, o de oportunidad y conveniencia, no sin
antes señalar la necesidad de realizar un debido estudio y valoración por parte
del órgano legislativo en caso de ser necesario; toda vez que esta Procuraduría
es un órgano técnico-jurídico, de manera tal que nuestra competencia se
circunscribe a ese ámbito.
Indicado lo anterior, se
considera oportuno abordar: A) Sobre
la Admisibilidad de las consultas planteadas por las Comisiones y demás Órganos
Legislativos; B) EL VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA EN LA ESTRUCTURA JURÍDICA COSTARRICENSE Y C) MINISTERIO DE PLANIFICACION
NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA Y MINISTERIO DE ECONOMIA INDUSTRIA Y COMERCIO COMO
OGANOS RECTORES EN EL DESARROLLO Y FORMULACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS QUE
PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONOMICO.
A.
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS
CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS Y DEMÁS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS.
Conforme la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, Ley N.º 6815 del 27 de setiembre de 1982,
la Procuraduría General de la República se erige como el órgano superior
consultivo técnico-jurídico de la administración pública, con independencia
funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones, que deriva en
dictámenes de acatamiento obligatorio para la administración pública
consultante (art. 1 y 2). La “función consultiva” emitida por este órgano
procura ayudar a esclarecer a la autoridad administrativa sobre los principios
y modalidades de sus competencias, previo a la adopción de la decisión
administrativa (Opinión Jurídica OJ-001-2008 del 8 de enero de 2008).
En el caso de las consultas de la Asamblea Legislativa, el efecto
vinculante únicamente surge cuando sea considerada administración pública, al
ejercer función administrativa, lo cual lo hace a través del Directorio
Legislativo (art. 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa), no así cuando
la Asamblea Legislativa por medio de las comisiones legislativas o los
diputados de forma individual requieran el asesoramiento de este órgano en
asuntos de interés para el ejercicio de la función legislativa (Opinión
Jurídica OJ-119-2019 del 30 de setiembre 2019).
Luego, nuestra jurisprudencia
ha sido conteste en indicar que la consulta institucional obligatoria y
facultativa regulada en los artículos 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, así como su plazo, le es formulada a las instituciones del Estado
interesadas en un determinado proyecto y que por disposición de la Constitución
Política obligatoriamente deben serle sometidas a consulta (Opiniones Jurídicas
OJ-053-98 del 18 de junio 1998, OJ-055-2013 del 9 de setiembre de 2013,
OJ-082-2015 del 3 de agosto de 2015, OJ-113-2016 del 3 de octubre de 2016 y
OJ-100-2018 del 23 de octubre de 2018).
No obstante, en nuestro ordenamiento
jurídico no existe norma que atribuya a la Procuraduría General de la República
la competencia para pronunciarse sobre un proyecto de ley en trámite en la
Asamblea legislativa, empero, con el afán de contribuir en la función
legislativa, se evacuan las consultas formuladas mediante opiniones jurídicas.
En la Opinión Jurídica OJ-057-2019 del 10 de junio de 2019 respectivamente se
indicó:
“Este Órgano Consultivo ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
torno al ejercicio de la función consultiva en relación con las cuestiones
formuladas por los señores diputados. Sobre la materia, se ha apuntado,
particularmente en la Opinión Jurídica OJ-003-2008 de 15 de enero de
2008, que en el caso costarricense, no existe norma que atribuya a la Procuraduría General competencias
para pronunciarse sobre los proyectos de Ley que se presenten a la Asamblea
Legislativa ni tampoco para atender consultas formuladas por los diputados de
la República. Empero, se ha remarcado que ha sido una práctica histórica
- inspirada por un prurito de deferencia y en un afán de colaboración con
el Congreso- evacuar las consultas formuladas por las distintas comisiones
legislativas, o por los señores diputados en relación con
determinados proyectos de Ley o sobre dudas jurídicas cuya solución es
necesaria para el ejercicio de sus altas funciones como representantes
nacionales. Sobre el particular, es oportuno subrayar que ya durante la
discusión de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, el entonces Sub -
Procurador General Francisco Villa, reconocía la vigencia de la tradición
institucional de responder a las consultas de los señores diputados (Ver Actas
Nos. 23 y 24, folio 59 del expediente legislativo correspondiente a la Ley N°
6815.)” (En
igual sentido consúltese la Opinión Jurídica OJ-006-2018 del 19 de enero de
2018).
Esta colaboración es excepcional y limitada. La asesoría de la
Procuraduría es emitida dentro del marco de atribuciones legales de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, en forma general, no
específica, con el fin de coadyuvar en la importante labor que desempeñan las
señoras y señores diputados, facilitando un criterio técnico-jurídico sobre
nuestro ordenamiento. Por esta razón, el objeto de consulta debe ser de interés
general, no siendo procedente cuando atañe sobre un interés particular, de un
sector o grupo, mediando la razonabilidad en el motivo de consulta. En la
Opinión Jurídica OJ-119-2019 del 30 de setiembre 2019 se señaló lo siguiente:
“Es claro que esta forma de colaboración no dispuesta en la Ley tiene
como objeto, reiteramos, colaborar en la satisfacción de las funciones
parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente
jurídico. Asesoramiento que no puede
desnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría y particularmente
mediatizar su función, al punto de impedirle suministrar la asesoría a quien
está legitimado para solicitársela, sea la Administración Pública. En ese
sentido, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el
contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de
la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de la consulta que se
formule.” (Véase, también nuestra opinión jurídica N° OJ-065-2013 del 23 de
setiembre del 2013).” (También consúltese OJ-057-2019 del 10 de junio de 2019, OJ-147-2005 del
26 de setiembre de 2005 y OJ-034-2007 del 20 de abril de 2007)
Por otra parte, la función consultiva busca, además, proporcionar
elementos jurídicos en la formulación o tramitación de proyectos de ley. El
asesoramiento de este órgano en principio observa temas sobre “Técnica
Legislativa” y de Constitucionalidad del proyecto. La doctrina que emana del
artículo 1 de la Ley N.º 6815 ordena que la función consultiva de este órgano
sea sobre la interpretación del derecho, un
asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Cuando se nos solicita
criterio sobre un proyecto de ley, la opinión jurídica en lo posible
considerará su integración en nuestro ordenamiento jurídico para su aplicación
de forma general.
Por último, y en virtud de lo
expuesto hasta el momento, debemos señalar que el plazo de ocho días previsto
en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a
este tipo de asuntos, por no tratarse de la audiencia a la que se refiere el
artículo 190 de la Constitución Política. (Ver, entre otros, los
pronunciamientos OJ-053-98 del 18 de junio 1998, OJ-055- 2013 del 9 de
setiembre de 2013, OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, OJ-159- 2020 del 16 de
octubre del 2020 y PGR-OJ-050-2022 del 18 de marzo de 2022).
B.
EL VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA EN LA ESTRUTURA JURÍDICA COSTARRICENSE.
Una vez analizado el proyecto
de ley n.° 23101, debemos señalar que nuestra Carta Magna tiene como función
fijar los límites y definir las relaciones entre los poderes del Estado, entre
ellos y para con el ciudadano, por lo que establece las bases necesarias en
delimitación de funciones y competencias de cada uno de los Supremos Poderes.
En esta línea, y en virtud del
contenido del proyecto de ley adquiere vital importancia desarrollar y
delimitar el papel que le otorga nuestro ordenamiento jurídico, a la figura del
“Vicepresidente” de la República.
Como aspecto de primer orden,
debemos recordar que el de Vicepresidente de la República es un cargo público,
de elección popular, esto de conformidad con lo establecido en los artículos
133, 136, 137 y 138 de nuestra Carta Magna
Los requisitos que la
Constitución Política, según ordinal 131, le exige al Vicepresidente, son los
mismos dispuestos para quién ocupe la Presidencia de la República, veamos:
“Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere:
1) Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio;
2) Ser del estado seglar;
3) Ser mayor de treinta años.”
A
pesar de que nuestra Constitución Política sí establece con claridad los deberes
y atribuciones del “Presidente” de la República (artículo 139), esta es omisa
en cuanto a referirse a las facultades y potestades con que cuenta el
“Vicepresidente” de la República, ya que su numeral 135 se limita a señalar que
“Habrá dos Vicepresidentes de la
República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al Presidente, por el
orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar
a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya. (...)”.
Ante ese escenario, la Ley
General de la Administración Pública tampoco nos solventa esta disyuntiva, ya
que al referirse sobre los “Órganos de la Administración “, en su artículo 21,
expresamente indica que el Poder Ejecutivo lo conforman “El Presidente de la República y el Ministro del ramo”; dejando
completamente fuera del mismo al Vicepresidente de la República.
En otras palabras, podemos
concluir que la figura del Vicepresidente de la República no forma parte del
Poder Ejecutivo en sentido estricto, y su única función prevista
constitucionalmente es de desempeñar un rol de suplencia o sustitución ante la
ausencia del Presidente de la República, o bien, ante la imposibilidad del Jefe
de Estado de ejercer sus funciones. De forma tal que solamente en ese supuesto,
el Vicepresidente de la República, al estar supliendo al Presidente de la
República, ejercerá las funciones propias del Jefe de Estado.
En esta misma línea,
consideramos oportuno señalar que la Sala Constitucional en su sentencia
07425-2002 de las 08:48 horas del 30 de julio de 2002, en atención al tema del
puesto que ejerce y las funciones del “Vicepresidente” de la República,
mencionó que el derecho a acceder a cargos públicos se encuentra comprendido
por tres vertientes: la primera, la oportunidad de acceder al cargo en igualdad
de condiciones; la segunda, el derecho a
permanecer en este salvo que existan motivos legalmente establecidos para su
destitución; y el tercero, el derecho a ejercer las funciones que le
correspondan.
Interesa este último contenido
del derecho a acceder a cargos públicos, es decir, el referido a la posibilidad
de que uno de los Vicepresidentes desempeñen las funciones que le son propias a
su cargo..
Esta Procuraduría, en
múltiples ocasiones ha desarrollado lo atinente a la naturaleza del cargo del
Vicepresidente, así como los alcances de sus funciones, ejemplo de ello son los
dictámenes C-298-82 del 11 de noviembre de 1982, C-157-2002 del 17 de junio de
2002, C-083-2006 del 01 de marzo de 2006, C245-2006 del 15 de junio de 2006,
entre otros.
Teniendo en consideración lo
anterior, el dictamen C-157-2002 reconoce que ni la Constitución Política, ni
el resto del ordenamiento jurídico, ha establecido de la forma más pródiga lo
concerniente a la figura del Vicepresidente; sin embargo, de un análisis del
artículo 135 constitucional manifestó:
"...En efecto, es lo
cierto que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico fundamental, la
atribución principal de los dos vicepresidentes, es la de reemplazar al
Presidente en sus ausencias. En caso de que la ausencia del Primer
Mandatario sea absoluta, la forma para realizar su reemplazo atenderá al orden de su nominación, en
cuyo caso, tendrá obviamente prioridad el primer vicepresidente.
De otra parte, el numeral que
analizamos –(artículo 135) - es claro en atribuir al Presidente una competencia
discrecional, en punto a sus ausencias temporales. Así, "podrá llamar a
cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya".
Consecuentemente, en este caso no rige el orden de nominación de los
vicepresidentes. El Presidente de la República puede escoger a cuál de los dos
vicepresidentes deja a cargo de la Presidencia en sus ausencias temporales.
Dicha atribución discrecional,
en la persona del Presidente, también la encontramos en orden a la posibilidad
que tiene de nombrar a los vicepresidentes como Ministros, con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 143 in fine de la Constitución Política, según el
cual, "Los Vicepresidentes de la República pueden desempeñar
Ministerios", norma constitucional que debe interpretarse en dos sentidos:
de una parte, que habilita o posibilita a los vicepresidentes para asumir el
cargo de Ministros de Gobierno, al tiempo que también faculta al Presidente de
la República para nombrarlos, de acuerdo con su discreción. Al efecto, no
debemos olvidar que es potestad exclusiva del Presidente el decidir si nombra a
alguno de los vicepresidentes como Ministro, facultad discrecional que posee no
sólo con arreglo al numeral constitucional que nos ocupa, sino que viene a ser
también consecuencia de lo preceptuado por los artículos 139 inciso 1) y 146
párrafo final de la Carta Magna…”
En esta misma línea, la
jurisprudencia judicial ha determinado que nuestra Carta Magna ha establecido
que la función de los Vicepresidentes de la República cumple un rol
sustitutivo, en aquellos casos en quién ocupe el cargo de Presidente se
encuentre ausente, inhabilitado o imposibilitado para desempeñar alguna función,
caso en que el Vicepresidente puede suplirlo. De igual forma, la norma faculta
al Presidente de la República a asignar funciones a éstos dentro del marco de
la discrecionalidad, a tal punto que el artículo 143 constitucional autoriza a
los Vicepresidente de ejercer el cargo de Ministro; por lo que, a contrario
sensu, de igual forma el Presidente de la República puede no asignarles función
alguna.
Al respecto, la sentencia
supra citada de la Sala Constitucional, señaló respecto del cargo de
Vicepresidente lo siguiente:
“Se trata entonces de un cargo sin funciones
predeterminadas, en la medida que está
previsto solamente para reemplazar en ausencias temporales o absolutas al
Presidente, quedando en el primero de los casos a su entera discreción
llamar al Primer o al Segundo Vicepresidente y en el segundo supuesto, según el
orden de nominación. Así las cosas, es evidente que si bien el Presidente de la
República no puede discrecionalmente remover a quienes ocupen el cargo de
Vicepresidente, sí puede facultativamente asignarles o no funciones, en la
medida que dicho puesto está previsto constitucionalmente como de suplencia,
siempre y cuando sean llamados, siendo la excepción tal como se indicó, el caso
de ausencia absoluta en cuyo supuesto entra en juego el orden de nominación.”
(La negrita no es del original).
Asimismo, es relevante
mencionar que esa línea jurisprudencial se ha mantenido en forma conteste, ya
que en la sentencia 00686-2003, así como en la resolución 04714-2003 y en el
voto 08302-2003 del mismo Tribunal Constitucional, se mantuvo el criterio de la
citada resolución.
Siendo claro el rol de suplencia que ejercen
los Vicepresidentes de la República respecto del Presidente de la República,
por mandato constitucional, es menester tener claridad respecto a este
instituto jurídico de la “Suplencia”.
La Ley General de la
Administración Pública, señala en su ordinal 95.1 que “Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser
suplidas por el superior jerárquico inmediato o por el suplente que se
nombre.”; en este caso, es claro
y evidente que la misma Constitución Política dispone el rol de suplencia del
Presidente de la República.
Ahora bien, el artículo 96 del
mismo cuerpo legal, establece los alcances que conlleva esta “suplencia”, al
igual que el requisito de forma, para la validez y eficacia del mismo, al
establecer lo siguiente:
“(…)
1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin
subordinación ninguna, y ejercerá las competencias del órgano con la plenitud de
los poderes y deberes que las mismas contienen.
2. Toda suplencia requerirá el nombramiento del suplente, con la
excepción prevista en el artículo anterior, en cuanto al superior jerárquico
inmediato.
3. El nombramiento del suplente se hará siempre dejando a salvo la
potestad de nombrar un nuevo titular, sin responsabilidad ninguna para la
Administración.”
A nivel jurisprudencial el Tribunal
Contencioso Administrativo, ha dispuesto al respecto que “(…) el fenómeno de la suplencia está prevista como un modo de cambio o
transferencia de competencias, esto porque es un medio para transmitir la
competencia a una persona que pueda efectivamente desempeñar las labores
requeridas por el servicio, funciones que lo de lo contrario le corresponderían
al servidor regularmente designado para ocupar la titularidad de un órgano
público, toda vez que éste no puede o está impedido temporal o definitivamente
para el ejercicio de sus funciones.” (Tribunal Contencioso Administrativo y
Civil de Hacienda, Sección IV. Resolución No. 0071-2017).
En razón de lo expuesto, se
confirma que el rol de sustitución que profesa el Vicepresidente de la
República nace de un criterio discrecional del Presidente de la República
cuando consista en ausencias temporales, o bien, en caso de ausencia absoluta,
según el rol de nominación de cada vicepresidencia, conforme lo establecido por
la Constitución Política.
En esta línea, cuando el
Vicepresidente de la República deba suplir al Presidente, ejercerá las
competencias encomendadas a éste, según el artículo 139 y 140 de la
Constitución Política y los artículos 26 y 27 de la Ley General de la
Administración Pública.
El proyecto de ley No. 23101 en su numeral segundo,
pretende otorgarle
funciones específicas a la “Primera
Vicepresidencia” de la Republica, dentro de las cuales podemos citar el
presidir una comisión permanente de fomento de la inclusión social financiera,
así como la de coordinar, promover, diseñar, aprobar y dar seguimiento a la
política pública de promoción de desarrollo económico e inclusión social. Por
último, se le consigna el deber de un informe de rendición de cuentas sobre el
grado de cumplimiento de la implementación y efectividad de la política pública
de inclusión financiera.
Debido a lo expuesto,
considera esta Procuraduría que el artículo 2 del proyecto de ley tramitado
bajo el expediente N.° 23.101 podría tener roces de
constitucionalidad, al asignar a la Primera Vicepresidencia una serie de
funciones, la cuales modifican su
naturaleza de suplencia, establecida directamente por la propia Constitución
Política, tal y como se expuso en las líneas precedentes.
Aunado a lo anterior, al designar como función de la
Primera Vicepresidencia emitir una política pública de inclusión financiera,
podríamos estar frente a una posible violación al numeral 140.3 constitucional,
el cual designa como deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo, sea Presidente
en conjunto con el respectivo Ministro de Gobierno, el “Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas,
ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento.”.
Es decir, el presente proyecto de ley al compelerle al
Vicepresidente la obligación de “aprobar
una política pública de promoción de
desarrollo económico e inclusión social por medio de estrategias de inclusión
financiera”, estaría otorgando una competencia, la cual por disposición
constitucional le está atribuida al Presidente de la República en conjunto con
el Ministro del ramo. En efecto, corresponde al Poder Ejecutivo establecer la
política económica y financiera.
En concordancia con lo
anterior, a nivel legal, el artículo 26 de la Ley General de la Administración
Pública, establece una serie de atribuciones, las cuales son ejercidas de forma
exclusiva por el Presidente de la República, siendo de suma importancia para nuestro
estudio las señaladas en los incisos b) y e), que expresan:
“El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las
siguientes atribuciones:
(…) b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la
Administración Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con la
Administración Pública descentralizada.
e) Encargar a un Vicepresidente o a un Ministro la atención de otro
Ministerio cuando no haya Viceministro en caso de ausencia o incapacidad
temporal del titular, o de asuntos determinados en caso de abstención o
recusación (…)”
Aunado a lo anterior,
el inciso 1) del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública
establece que “Corresponderá a los
Ministros conjuntamente con el Presidente de la República las atribuciones que
les señala la Constitución y las leyes, y dirigir y coordinar la
Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada, del respectivo
ramo”.
Nótese que, de acuerdo
a lo expresado supra, estas normas de rango legal, vienen a reafirmar lo dispuesto
por los ordinales 135 y 140.3 de nuestra Carta Magna, además de, establecer vía
ley que, al Presidente de la República le corresponde de forma exclusiva, el
encargar un Ministerio a un Vicepresidente, siempre y cuando, dicho Ministerio
no cuente con un Viceministro que pueda hacerlo.
En otras palabras, en
el supuesto de que el Vicepresidente de la República se encuentre nombrado como
Ministro, con fundamento al artículo 26 inciso e) de la LGAP, o bien, mediante
criterio del Presidente de la República (artículo 143 de la Constitución
Política), podría existir una antagonía, o bien duplicidad de funciones, en los
términos del artículo 2 del proyecto en cuestión, ya que por disposición
expresa (tal y como se verá en el siguiente apartado) existen órganos
ministeriales debidamente creados y asignados para el estudio, establecimiento
y aprobación de una política pública de promoción de desarrollo económico e
inclusión social.
Por último, un tercer
inconveniente práctico que aprecia esta Procuraduría, radica en el supuesto de
que la Primer Vicepresidencia se encuentre supliendo al Presidente en sus
funciones, ya que el proyecto de ley no indica quién supliría a la Primera
Vicepresidencia en su ausencia, para ejercer las funciones encomendadas en esta
propuesta legislativa.
Al no existir norma
alguna que regule la suplencia de la Vicepresidencia de la República, de ser
aprobado este proyecto en los términos consignados, habría un problema de
operatividad de la norma, en aquellos casos en que la Primera Vicepresidencia
se encuentre sustituyendo al Presidente de la República ya sea de manera
temporal o en una ausencia absoluta.
En conclusión, se logra
apreciar, un posible problema de aplicación de la norma que se pretende
establecer en el artículo 2 del proyecto en cuestión, así como de técnica
legislativa, producto de las razones expuestas a lo largo de este apartado.
C.
MIDEPLAN Y EL MEIC COMO
ORGANOS RECTORES EN EL DESARROLLO Y FORMULACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS QUE
PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONOMICO
Por disposición legal,
la competencia para promover, desarrollar y aplicar políticas públicas, que
generen el desarrollo económico y la inclusión social de nuestra población, ha
sido atribuida al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y
al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es decir, ambos Ministerios
son competentes para crear política pública, dentro de la cual se encuentra
incluida la política de inclusión financiera. Para lo cual participan en el
proceso de planificación del desarrollo nacional.
El artículo 4 de la Ley
No. 5525 denominada “Ley de Planificación
Nacional” afirma que “La Presidencia
de la República establecerá los lineamientos de política general del Plan
Nacional de Desarrollo, el cual será sometido a su consideración y aprobación
en forma de planes a corto, mediano y largo plazo por el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica. El Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica tendrá la responsabilidad principal de la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo”.
En este sentido, el
artículo 3 de la citada ley establece que el MIDEPLAN es parte del Sistema de
Planificación Nacional y Política Económica, el cual se encuentra encargado de
la política económica financiera del país.
Según
el artículo 1 de esta ley, dicho sistema tiene como objetivos
“a) Intensificar el
crecimiento de la producción y de la productividad del país.
b) Promover la
mejor distribución del ingreso y de los servicios sociales que presta el
Estado. (...)
d) Reconocer el
carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica, con sus necesidades propias
en procura de la no discriminación.”
Por su parte el artículo
2, menciona que el Sistema de Planificación Nacional y Política Económica es el encargado de:
“a) Hacer un
trabajo continuo de estudios, inventarios, análisis técnicos y publicaciones
sobre el comportamiento y perspectivas de la economía, la distribución del ingreso, la evolución social del país y otros
campos de la planificación, tales como desarrollo regional y urbano, recursos
humanos, mejoramiento de la administración pública y recursos naturales.
b) Elaborar
propuestas de política y planes de
desarrollo económico y social, y someterlas a la consideración y aprobación
de las autoridades correspondientes,
c) Participar en
las tareas tendientes a la formulación y adopción de planes y política de
desarrollo nacional.
d) Tomar parte en
las labores de coordinación de los programas e instituciones encargadas de
dichos planes y política.
e) Evaluar de modo
sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de
planes y política, lo mismo que de los programas respectivos. (...)” (El
resaltado no es del original)
Del
artículo transcrito, se desprende que dentro de las funciones de MIDEPLAN está
incluida la elaboración de políticas de desarrollo económico y social, lo que
incluye lo relativo a los microcréditos para mujeres y microcréditos
personales, pues se trata de política económica que tiene en cuenta el aspecto
social, lo que busca favorecer a sectores vulnerables de la población
costarricense.
En
esta línea expositiva, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento General del
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) N°23323-PLAN, este
Ministerio funge como un órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República, en
el diseño de los diversos mecanismos legales y operativos para desarrollar la política económica. El artículo 4 del citado cuerpo normativo establece
como función en lo que interesa, lo siguiente:
“f) Proponer
opciones de políticas públicas, proyectos de ley, de reglamentos, así como de
directrices para la solución de los problemas identificados en las distintas
áreas de la evolución del desarrollo nacional, o del accionar de los órganos y
entes de la Administración Pública. (...)”
Debido
a que parte del desarrollo nacional es la inclusión financiera de todos los
sectores sociales, el análisis de este tipo de políticas debe realizarse por
parte del MIDEPLAN, como solución a un problema identificado.
Aunado a lo anterior,
es menester señalar que el artículo 1 de la Ley n.° 6054 denominada “Ley orgánica del Ministerio de Economía
Industria y Comercio” regula que este Ministerio es competente para “Participar en la formulación de la política
económica del Gobierno y en la planificación nacional, en los campos de su
competencia, así como, ser el ente (sic) rector de las políticas públicas de
Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y
fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y
servicios, así como para el sector de las pequeñas y medianas empresas.”.
Además, este Ministerio
tiene como fin el propiciar y apoyar el desarrollo económico y social por medio
de políticas que faciliten el fortalecimiento de competitividad de los sectores
industria, comercios y servicios, especialmente las micro, pequeñas y medianas
empresas (PYME), siendo así, la máxima autoridad respecto de la formulación y
supervisión de la ejecución de las políticas empresariales, especialmente para
las PYMES.
Aunado
a lo anterior, el numeral 3 de dicha ley establece las funciones exclusivas del
MEIC con respecto a la PYMES, por lo que es competente para:
a) Definir las
políticas de apoyo al sector con fundamento en esta Ley, para lo cual tomará en
consideración el criterio y las recomendaciones del Consejo Asesor Mixto de la
Pequeña y Mediana Empresa.
b) Definir,
formular, promover, coordinar y evaluar los programas de promoción y apoyo de
las PYMES, dentro del marco de sus competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones referidas a los obstáculos
más relevantes en su desarrollo; asimismo, darles seguimiento a tales
programas. (...)
h) El MEIC deberá
presentar, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y
Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa, un informe anual sobre el grado de
avance de las políticas en beneficio de las PYMES.
j) Coordinar, con el Sistema Bancario Nacional, el diseño
de programas de crédito dirigidos al sector de las PYMES. (La
negrita no es del original).
Así
mismo, el artículo 5 del Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de
Economía, Industria y Comercia”, Decreto Ejecutivo n.° 37457-MEIC, establece
que el Ministro de Economía tiene asignadas, además de las funciones
establecidas en la Constitución Política y en la Ley General de la
Administración Pública, las siguientes:
a. Ejercer la
competencia correspondiente como autoridad máxima del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio en las diferentes materias de su competencia.
b. Participar,
dirigir y coordinar la formulación de la política pública del Gobierno en los
ámbitos de su competencia.
c. Definir y coordinar las políticas públicas
en materia emprendimiento, fomento a la iniciativa privada y desarrollo
empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, en especial
para la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
d. Elevar ante el
(la) Presidente (a) de la República, la promulgación de proyectos de ley,
decretos y reglamentos, que deban suscribir en conjunto y que faciliten el accionar de emprendedores, la micro, pequeña y mediana
empresa, la protección de los consumidores y promuevan la competitividad;
así como velar por su ejecución y cumplimiento.
e. Remitir a la
Asamblea Legislativa, los proyectos de ley sobre asuntos de su competencia, que
sean avalados por el (la) Presidente (a) de la República. (..)
g. Presentar
anualmente ante la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público de la
Asamblea Legislativa, un informe sobre el grado de avance de las políticas
públicas en beneficio de emprendedores y las PYMES. (...)
Claro lo anterior,
conviene enfatizar que el artículo 2 del proyecto al crear una Comisión
Permanente de Fomento de la Inclusión Social Financiera, la cual presidiría el
primer Vicepresidente de la República (con todas las implicaciones que esto
conlleva y que ya fueron señaladas), incide directamente con las competencias
ya asignadas por ley al MIDEPLAN y al MEIC en cuanto su deber de establecer las
políticas públicas concernientes a la inclusión social financiera de todos los
sectores, especialmente el de los sectores vulnerables de la población.
Nótese que si bien es
cierto dicha Comisión la integrarían los citados Ministerios, incluye además
otros órganos ministeriales, órganos públicos e incluso privados;
atribuyéndoles la función de coordinar, promover, diseñar, aprobar y dar
seguimiento a la política pública de promoción de desarrollo económico e
inclusión social por medio de estrategias de inclusión financiera; son acciones
que están contempladas en las leyes n.° 5525 y n.° 6054, dando margen a una
posible duplicidad de funciones o bien, a la existencia de políticas y acciones
contradictorias entre estos Ministerios y la Comisión que se pretende crear.
Por
otra parte, en atención al artículo 3 del proyecto, el cual modifica el
artículo 36 bis de la Ley No. 7472 “Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor”, es menester señalar que refiere a los aspectos técnicos relacionados con los
microcréditos, sus tipos y el contenido de este tipo de créditos.
En este sentido, no debemos perder
el norte que el fin mismo de este proyecto consiste en brindar una inclusión
financiera de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, para así optar
a una reactivación económica y brindar un mayor bienestar a las familias
costarricenses.
Ante este escenario, la norma crea
cuatro modalidades de microcréditos, estableciendo sus montos máximos de
préstamo, así como sus tasas anuales máximas de intereses, siendo estas las
siguientes:
a)
“Microcrédito mujer: dirigido a mujeres con
requerimientos de crédito para el desarrollo de procesos de emprendimiento o
autoempleo y jefas de hogar, en cuyo caso el monto máximo de la facilidad
crediticia será de 5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial,
según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993.
b)
Microcrédito personal:
en este caso las personas físicas podrán optar por un crédito máximo
equivalente a 2,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial,
según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993.
c)
Microcrédito
personal sin historial crediticio: dirigido a aquellas personas físicas y
jurídicas que no poseen historial crediticio en la Central de Información
Financiera de la SUGEF o que han mostrado inactividad en dicha central en los
últimos 12 meses. El monto máximo de un microcrédito de este tipo es equivalente
a 2,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, según la Ley
7337, de 5 de mayo de 1993.
d)
Microcrédito productivo: dirigido a aquellos
emprendimientos empresariales y familiares cuyo objetivo sea la actividad
productiva y no el consumo. En esta categoría, el monto máximo de la facilidad
crediticia será de 10 veces el salario base del oficinista 1 del Poder
Judicial, según la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993
(…)
Se debe entender que la tasa de interés activa que se
utilizará para las tasas máximas de todo tipo de crédito y microcrédito será la
tasa de interés activa negociada del grupo Otras Sociedades de Depósito
calculada por el Banco Central de Costa Rica, en dólares de los Estados Unidos
de América o en colones, según se haya pactado en el contrato, negocio o
transacción. (…)”.
En
razón de lo anterior, es importante que se tome en consideración los criterios
técnicos del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia de Entidades
Financieras (SUGEF) y escuchar la opinión de diversos intervinientes en el
sistema financiero, en la academia y actores económicos, incluido la Cámara de
Comercio, en virtud de las implicaciones que podría traer consigo este tipo de
regulación respecto al fin mismo del proyecto.
De la exposición de motivos del
presente proyecto es claro que se pretende establecer un parámetro que permita
una inclusión financiera, específicamente para los sectores más vulnerables de
la población; no obstante, considera esta Procuraduría que esta propuesta no
establece una facilidad clara para que estos sectores excluidos puedan obtener
financiamiento del sector financiero.
El proyecto establece un catálogo
de productos con sus respectivas condiciones para que el sector financiero
pueda ofrecer a las personas que optarían por estos microcréditos, según el
mismo mecanismo establecido por la ley N°9859, las cuales pretenden otorgar un
mayor beneficio para el sector que van dirigidos.
En
esta línea, y de acuerdo al fin mismo del proyecto podríamos señalar que se
busca la implementación de principio de “Trato
justo y equitativo al consumidor financiero”[1], en el tanto éste
pretende que, en la relación del proveedor de servicios de crédito con el
consumidor financiero, el primero atienda las necesidades, intereses, derechos
y las expectativas razonables y justificadas del último en su relación de
crédito, incluyendo el hecho de que no existan prácticas discriminatorias.
En
esta línea, debemos señalar que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) ha desarrollado este principio con el fin de
establecer un marco de protección al eslabón más débil en la cadena de
servicios de productos financieros, protección que deviene un fin por perseguir
en cuanto a las políticas públicas [2]
y al mismo proyecto de ley que nos ocupa.
D.
CONCLUSIÓN.
Con fundamento en lo expuesto, queda evacuada la
consulta formulada respecto del Proyecto de Ley Nº 23101.
Cordialmente,
Héctor
Eduardo García Villegas
Procurador Adjunto
HGV/nbt
[1] Artículo
5. Decreto Ejecutivo No. N°
43270-MEIC “Reglamento de las operaciones financieras, comerciales y
microcréditos que se ofrezcan al consumidor”.
[2] Montero
Rodríguez, Danilo. “La protección
del consumidor Financiero”. https://www.academiaca.or.cr/wp-content/uploads/2022/09/PV0322_LA-PROTECCION-DEL-CONSUMIDOR-FINANCIERO.pdf
Consultado a las 15:49 horas del 09 de noviembre de 2022.
PGR-OJ-10-2023
“LEY
PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”.
La señora Noemy Montero Guerrera, Jefe de Área de Comisiones Legislativas I, solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”., el cual se tramita bajo el número de expediente 23.101, en la Comisión Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
Mediante la opinión jurídica PGR-OJ-10-2022 del 29 de noviembre de 2022, suscrito por el Lic. Héctor Eduardo García Villegas, Procurador, se concluyó lo siguiente:
A) Se logra apreciar un problema
de legalidad respecto a lo dispuesto en el artículo 02 del proyecto, así como
de técnica legislativa, por las siguientes razones:
(1) Se le otorgan funciones a la
Primera Vicepresidencia de la República, las cuales modifican su naturaleza de
suplencia, la cual está otorgada por la misma Constitución Política.
(2) En el supuesto que el
Vicepresidente de la República este nombrado como Ministro, por designación
expresa del Presidente de la República, podría existir una antagonía, o bien
duplicidad de funciones, ya que por disposición expresa de ley existen órganos
ministeriales debidamente creados y asignados para el estudio, establecimiento
y aprobación de una política pública de promoción de desarrollo económico e
inclusión social.
(3) Al no existir norma alguna que
regule, la suplencia de la Vicepresidencia de la República, de ser aprobado
este proyecto en los términos consignados, habría un problema de operatividad
de la norma, en aquellos casos en que la Primera Vicepresidencia se encuentre sustituyendo
al Presidente de la República ya sea de manera temporal o en una ausencia
absoluta.
B) En atención al artículo 03
del proyecto, el cual modifica el artículo 36 bis de la Ley No. 7472 “Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, refiere a los
aspectos técnicos relacionados con los microcréditos, sus tipos y el contenido
de este tipo de créditos; por lo que, al referirse a materia técnica, se debe
seguir aquellas recomendaciones brindadas por las instituciones especializadas en
este tipo de temas.