Opinión Jurídica : 181 - del 07/12/2022
7 de diciembre de 2022
PGR-OJ-181-2022
Señora
Cinthya Díaz Briceño
Jefe de Área
Comisiones Legislativas IV
Asamblea Legislativa
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora
Procuradora General Adjunta de la República, me refiero a sus oficios nos.
AL-CE23167-0016-2022 de 28 de julio de 2022 y AL-CE23167-174-2022 de 7 de
noviembre de 2022, por medio de los cuales se nos comunicó que la Comisión
Especial de Reforma del Estado requirió nuestro criterio sobre el texto base y
el texto sustitutivo del proyecto de ley que se tramita en el expediente
legislativo no. 23213, denominado “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”
I.
CARÁCTER DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.
De conformidad con los artículos 1°,
2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982)
la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo,
técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su
función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración
Pública.
Para esos efectos, la Asamblea
Legislativa podrá ser considerada como Administración Pública cuando nos
consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando
requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la
función legislativa.
Pese a lo anterior y dado que no
existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las
consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de
colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución
Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes
sobre determinados proyectos de ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa
encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos jurídicos que pueden
considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente
puedan estimarse de interés general.
En virtud de ello, los criterios
emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y contenido de un
proyecto de ley o de reforma constitucional, no poseen la obligatoriedad propia
de aquellos referidos a asuntos surgidos del ejercicio de la función
administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por medio de una
opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la
importante labor de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, al no encontrarnos
en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días
en él establecido.
II.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY.
Como se indica en la exposición de
motivos, el proyecto de ley parte de la premisa de que la fragmentación y
pluralidad institucional del Estado hace que la función de rectoría sobre la
función pública sea compleja y genere dificultades para coordinar acciones de
política pública interinstitucionales y procesos de planificación estratégica
con visión de largo plazo, que orienten el modelo de desarrollo del país.
Se expone que la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que el país cuenta con
una administración pública fragmentada, caracterizada por un número importante
de organismos subsidiarios de los ministerios del gobierno central y un amplio
sector público descentralizado institucional con mecanismos de rendición de
cuentas y de dirección limitados.
Al identificarse que el Ministerio
de Ambiente y Energía es parte de esa problemática, se propone modificar su
estructura y la de varios de sus órganos desconcentrados, con el fin de generar
una mejor gobernanza de las áreas temáticas a través de una línea vertical de
mando más directa, por medio de Directores Generales que respondan al Ministro.
En línea con ese objetivo, uno de
los puntos centrales de la iniciativa es disminuir el grado de desconcentración
que actualmente tienen la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la Comisión
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, así como eliminar la personalidad jurídica instrumental que
poseen estos dos últimos órganos.
Por lo anterior, dedicaremos un
primer apartado a consideraciones generales sobre la figura de la
desconcentración y los diferentes grados y la personalidad jurídica
instrumental y sus implicaciones, para después, referirnos puntualmente a
aquellos artículos del texto sustitutivo del proyecto que estimamos relevantes
y que suponen modificaciones significativas.
A. Sobre
la desconcentración administrativa y la personalidad jurídica instrumental.
En el caso
de los Ministerios, conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
General de la Administración Pública (no. 6227 de 2 de mayo de 1978), el
ministro es el órgano jerárquico superior, y, por ello, le corresponde, en
principio, dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio; agotar la
vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que
desconcentre dicha potestad; resolver las contiendas que surjan entre los
funcionarios u organismos de su Ministerio; disponer los gastos propios de los
servicios de su Ministerio, dentro del importe de los créditos autorizados, e
instar del Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes;
entre otras atribuciones.
Con base en
el artículo 102 de esa misma ley, el superior jerárquico tiene la potestad de
dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio
de las funciones por parte del inferior, vigilar la acción del inferior para
constatar su legalidad y conveniencia; ejercer la potestad disciplinaria;
adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y
a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o
en virtud de recurso administrativo; delegar sus funciones y avocar las del
inmediato inferior, así como sustituirlo en casos de inercia culpable, o
subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado
un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta
ley; y resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se
produzcan entre órganos inferiores.
El artículo
103 señala que el superior jerárquico tiene la representación extrajudicial de
la Administración Pública en su ramo y el poder de organizarla mediante
reglamentos autónomos de organización y de servicio, internos o externos. Y,
además, faculta al jerarca para realizar todos los actos y contratos necesarios
para el eficiente despacho de los asuntos de su ramo.
En línea con lo
anterior, el artículo 83 dispone que todo órgano distinto del jerarca está
plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo
desconcentración operada por ley o por reglamento. Es decir, la relación
existente entre el jerarca y los órganos inferiores implica, en principio, el
sometimiento del inferior al ejercicio de todas las potestades antes expuestas
por parte del jerarca, salvo que se haya dispuesto desconcentrar o excluir en
alguna medida de esa relación jerárquica a determinado órgano para el ejercicio
de ciertas funciones.
Sobre la
desconcentración, el artículo 83 dispone:
“Artículo 83.-
1. Todo órgano
distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior
jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento.
2. La
desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:
a) Avocar
competencia del inferior; y
b) Revisar o
sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte.
3. La
desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.
4. La
imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la
potestad de avocar la misma y a la inversa.
5. Las normas que
crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en contra de
la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración
máxima serán de aplicación extendida en su favor.”
Con base en
ese artículo, en nuestra jurisprudencia administrativa desarrollada desde
muchos años atrás (ver, por ejemplo, los dictámenes nos. C-186-95 de 28 de
agosto de 1995, C-150-1997 de 11 de agosto de 1997, C-010-1999 de 12 de enero
de 1999, C-042-2001 de 20 de febrero de 2001, C-049-2006 de 14 de febrero de
2006, C-279-2011 de 10 de noviembre de 2011, C-016-2015 de 5 de febrero de
2015, C-019-2018 de 29 de enero de 2018, entre muchos otros), nos hemos
referido a la figura de la desconcentración, señalando que se trata de “una técnica de distribución de competencias en favor de
órganos de una misma persona jurídica, mediante la cual se traslada una
competencia en forma exclusiva para que la ejerza como propia, en nombre propio
y bajo su propia responsabilidad” y que, esa distribución “generalmente, se
basa en la necesidad de especializar ciertos órganos en materias específicas,
de manera que se satisfagan de mejor forma los cometidos públicos.” (Opinión
jurídica no. OJ-121-2020 de 10 de agosto de 2020).
De tal
forma, la desconcentración no implica la creación de una persona jurídica
aparte, como sucede con la descentralización. Al contrario, la desconcentración
opera a favor de órganos dentro de una misma persona jurídica o de un mismo
órgano, “al cual se le atribuye una competencia en forma exclusiva, para que la
ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad, con lo
cual se rompe un principio fundamental en materia de organización: el principio
de jerarquía.” (Dictamen no. C-299-2018 de 28 de noviembre de 2018).
De tal modo, cuando existe
desconcentración máxima, el órgano desconcentrado posee un mayor margen de
libertad en el ejercicio de la función específica que le fue encomendada, pues
ello supone que no queda sujeto a las órdenes, instrucciones o circulares de su
superior.
Ahora bien,
teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 83 citado y lo señalado en el
artículo 126 inciso c), aunque la desconcentración sea mínima, el jerarca no
puede revisar o sustituir la conducta del órgano desconcentrado, de oficio o
por vía de apelación, salvo que se disponga una regulación distinta. (Véanse
las opiniones jurídicas nos. OJ-003-2017 de 10 de enero de 2017 y OJ-152-2022 de 3 de noviembre de
2022).
Sobre lo anterior, en el dictamen
no. C-255-2005 de 15 de julio de 2005 indicamos que “un
órgano desconcentrado requiere, al menos, independencia funcional, sea la
potestad de ejercer la competencia material que le ha sido transferida sin
sujeción a un poder de mando o, en su caso, una potestad revisora, etc. que
pretenda enmarcar el ejercicio de la competencia.”
En ambos
casos, tanto en la desconcentración mínima como en la máxima, es a través de la
norma jurídica que crea la desconcentración que se delimita la materia
desconcentrada, así como los poderes conferidos al órgano inferior. Pero en los
demás aspectos de su actividad, el órgano desconcentrado permanece sometido a
la relación de jerarquía. En consecuencia, el jerarca ejerce sus poderes normales
con respecto a los ámbitos y funciones que no fueron desconcentrados. De tal forma, la norma que desconcentra debe establecer
hasta dónde llega la desconcentración y qué poderes conserva el jerarca con
respecto a la materia y funciones desconcentradas. (Dictamen no. C-299-2018
de 28 de noviembre de 2018. En similar sentido, véanse los dictámenes nos.
C-141-2018 de 18 de junio de 2018 y C-395-2020 de 19 de octubre de 2020).
Aparte de lo
anterior, existen algunos órganos desconcentrados a los que se les ha conferido
personalidad jurídica instrumental, lo cual implica una personalidad
presupuestaria que le permite al órgano administrar su propio presupuesto con
independencia del presupuesto del ente u órgano al que pertenece y disponer de
determinados bienes en forma separada. (Véanse los dictámenes nos. C-152-2002 de 12 de junio de 2002, OJ-71-2013 de 3 de octubre de 2013,
C-93-2016 de 23 de agosto de 2016 y OJ-065-2017 de 1° de junio de 2017).
Más detalladamente sobre la figura, hemos señalado que:
“…atribuir la personalidad jurídica
significa establecer un centro de acción al cual se le imputan directamente
derechos y deberes. Esta imputación se hace a la persona en tanto que tal y no
como parte de una persona mayor. Los entes públicos, personas jurídicas, no
están sometidos a una relación de jerarquía, de sumisión orgánica, sino a una
relación de dirección, incompatible con la dependencia jerárquica y que implica
una relación de confianza. Es la personalidad jurídica lo que permite que el
ente no forme parte de la organización ministerial y que posea autonomía
orgánica. En el caso de las personas jurídicas instrumentales esa situación no
se da en forma plena, ya que mantienen su condición de órgano y, por ende, el
órgano o ente al cual pertenece mantiene competencia, mayor o menormente
limitada por la desconcentración. Si se otorga personalidad es
fundamentalmente para que ciertos fondos escapen a la aplicación del derecho
presupuestario y de las reglas de la contabilidad pública relativas a la ejecución
y control del presupuesto del Estado, de manera que se permita una ejecución
autónoma. Por ello, la personalidad instrumental no permite considerar que se
ha operado un fenómeno de descentralización y que, por ende, se esté ante una
persona jurídica independiente del Estado. Todo lo contrario: la persona
instrumental integra la Administración Central; en este caso, como órgano
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.” (Dictamen no. C-193-2009 de 13
de setiembre de 2009).
Al respecto, la Sala Constitucional ha
señalado que:
“…en el Derecho Público costarricense existen varios ejemplos de la figura de
la “personificación presupuestaria” según la cual en algunos casos el
legislador opta por dar a ciertos Órganos desconcentrados la posibilidad de manejar
sus propios recursos fuera del Presupuesto del Estado central al dotarlos de
"personalidad jurídica instrumental". Sobre el particular se ha
señalado por este Tribunal que resulta válido a la luz del Derecho de la
Constitución, conferir a un órgano desconcentrado, personalidad jurídica
instrumental para efectos de manejar su propio presupuesto y así llevar a cabo
en forma más eficiente la función pública que está llamado a desempeñar.
Precisamente esa personificación presupuestaria le permite administrar sus
recursos con independencia del Presupuesto del ente público al que
pertenece aun cuando continúa subordinado a éste en todos los
aspectos no propios de la función que le fue dada por desconcentración y de los
derivados de su personalidad jurídica instrumental (ver en ese sentido
sentencia No. 2001-11657 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del
catorce de noviembre del dos mil uno).” (Voto no. 8474-2004 de las 15 horas 11
minutos de 4 de agosto de 2004, reiterada en el voto no. 12396-2007 de las 15
horas 4 minutos de 29 de agosto de 2007. En igual sentido véase el voto no.
3629-2005 de las 14 horas 58 minutos de 5 de abril de 2005).
Si bien la
jurisprudencia constitucional ha aceptado la posibilidad de otorgar
personalidad jurídica instrumental a determinados órganos del Estado, este
órgano consultivo, en otras ocasiones, ha considerado que esa práctica de
política legislativa menoscaba el principio de universalidad presupuestaria y
de unidad del Estado, por lo que ha estimado que conviene al interés público
ponderar, con base en los mejores criterios técnicos, la oportunidad y
conveniencia de crear nuevos órganos con personalidad jurídica instrumental.
(OJ-137-2014 de 27 de octubre de 2014 y OJ-065-2017 de 1 de junio de 2017).
Lo dicho hasta aquí sobre la personalidad jurídica
instrumental debe matizarse conforme con lo dispuesto por la Ley de
Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del
Gobierno Central (no. 9524 de 7 de marzo de 2018), según la cual, los
presupuestos independientes de la Administración Central del Estado deben
incorporarse al Presupuesto Nacional,
con la finalidad de que se dé plena eficacia a los principios constitucionales
y técnicos en materia presupuestaria y se garantice y robustezca el control
político expresado en el direccionamiento de la Administración por parte del
Poder Ejecutivo y en la aprobación del Presupuesto por parte de la Asamblea
Legislativa. (Dictamen no. C-181-2022 de 1° de agosto de 2018. En igual sentido,
véanse los dictámenes nos. C-151-2021 de 31 de mayo de 2021, C-391-2020 de 8 de
octubre de 2020, C-073-2022 de 5 de abril de 2022, entre otros).
En virtud de esa incorporación de los
presupuestos independientes a la Ley de Presupuesto Nacional, ese proceso
presupuestario, en sus diversas fases, debe responder a los principios
constitucionales en materia presupuestaria, a la política presupuestaria
definida por el Poder Ejecutivo y, en general a lo dispuesto por la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (no. 8131 de 18 de setiembre de 2001).
Dicho
todo lo anterior, debe señalarse que la modificación del grado de
desconcentración de determinados órganos y la supresión de la personalidad
jurídica instrumental que poseen, se encuentran dentro del ámbito de
discrecionalidad del legislador, a quien corresponde valorar la conveniencia y
oportunidad de ese tipo de medidas, tomando en cuenta las características y
condiciones propias de las figuras jurídicas expuestas.
B. Sobre
el articulado del proyecto.
El artículo 1° del proyecto
propone reformar varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de
13 de octubre de 1995) con el fin de modificar la naturaleza jurídica de la
SETENA, su estructura y algunas de sus funciones.
En ese artículo se señala que se
reforman los artículos 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 99 de la Ley Orgánica
del Ambiente, sin embargo, en el resto del artículo 1° no se contempla ninguna
reforma para los artículos 87, 89, 93 y 99, por tanto, debería eliminarse la
mención de esos artículos, pues no se estarían reformando.
Es importante señalar que, aún con desconcentración
máxima, con base en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Ambiente, el Ministro es competente actualmente para conocer de los recursos de
apelación formulados contra las resoluciones de la SETENA. Por lo que el grado
de desconcentración no ha sido óbice para dicho conocimiento.
En cuanto a las funciones que se
enlistan en el artículo 84, principalmente las dispuestas en los incisos
c), e) y k), se sugiere delimitar el ámbito de acción de la SETENA de cara a la
competencia propia del Tribunal Ambiental Administrativo. Pese a que según lo
dispuesto en el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente podría pensarse
que la SETENA ejerce ese tipo de funciones solo en aquellos casos en los que se
encuentre en trámite un proceso de evaluación de impacto ambiental, la división
de competencias entre ambos organismos no queda completamente clara.
En similar sentido, en relación con
la función de recibir y presentar denuncias, es recomendable valorar la
competencia otorgada en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Ambiente al
Contralor del Ambiente de vigilar la correcta aplicación de los objetivos de
esa ley y denunciar cualquier violación a sus disposiciones y las de otras
leyes conexas, en relación con lo dispuesto en el artículo 111, pues tampoco
queda claro cuál tipo de denuncias recibe uno u otro órgano.
También en relación con el Tribunal
Ambiental Administrativo, corresponde al legislador valorar la pertinencia de
que ese organismo asuma las funciones que típicamente tienen los tribunales
administrativos en otras materias, y, resuelva, manteniendo el fundamento
técnico propio de la materia, los recursos de apelación que se presenten contra
determinados actos que emitan otros órganos del Ministerio.
En el inciso i) del artículo 84
es recomendable eliminar la referencia expresa que se hace a la Ley Orgánica
del Ambiente, pues se estaría citando en ese artículo el mismo cuerpo legal en
el que se encuentra ubicada la norma. También en cuanto a esa disposición, no
se establece de qué forma los Gobiernos Locales deberán publicar el listado de
proyectos en fase de consulta.
Determinar
si el jerarca de un órgano desconcentrado es un órgano unipersonal o colegiado,
es un asunto que debe valorar la Asamblea Legislativa, sin embargo, en cuanto a
lo dispuesto en el artículo propuesto, se recomienda establecer cómo se llevará
a cabo el nombramiento del Secretario General y su duración en el cargo y de
qué modo se conformará el Comité Técnico Consultivo Asesor.
Además, no queda claro cómo ejercerá
el Secretario General las funciones encomendadas en ese artículo en cuanto a la
dirección, coordinación, implementación, supervisión y evaluación de las
actividades técnicas, científicas y administrativas y las del Comité Técnico
Consultivo y Asesor.
Un comité
técnico como el propuesto, sujeto a la supervisión y dirección del Secretario
General y cuyos criterios técnicos no serían vinculantes, no tendría ninguna
independencia de criterio, lo cual es improcedente de acuerdo con la naturaleza
propia de un órgano consultivo.
En materia ambiental, en apego a lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, operan varios
principios constitucionales que imponen que las decisiones que se adopten se
encuentren respaldadas en criterios técnicos.
Sobre el
principio de razonabilidad en materia ambiental, la Sala Constitucional ha
considerado que este “obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta
materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios...” (Voto 7294-1998). Y, en cuanto al principio de objetivación de la tutela
ambiental se ha entendido que:
“…se
traduce en la necesidad de
acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto
en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de
carácter general –legales y reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la
«vinculación a la ciencia y a la técnica», elemento que le da un sustento
técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en
tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación
-en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración
Pública-. (Voto no. 2063-2007. Se añade la negrita).
Dado que se propone que el jerarca
del SETENA sea un órgano unipersonal, resulta recomendable modificar el texto
del artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente que no está siendo contemplado
en el proyecto, con el fin de que se indique que se sustituya la palabra
“acuerdos”, por actos o resoluciones, pues, al dejar de ser un órgano
colegiado, las decisiones no se adoptan por medio de acuerdos.
En cuanto a la reforma que se
plantea del artículo 90, debe reiterarse la necesidad de delimitar con
claridad la competencia de la SETENA en el dictado de medidas y sanciones
administrativas con respecto a la competencia del Tribunal Ambiental
Administrativo que fue expuesta línea atrás, con el fin de evitar conflictos de
aplicación e interpretación en cuanto a los ámbitos de acción de ambos órganos.
De igual modo, es necesario determinar si, además de las medidas que se
proponen en este artículo, SETENA puede adoptar las dispuestas en el artículo
99 de la misma ley, caso en el cual, es recomendable armonizarlas o refundirlas
en un solo artículo.
Además, en el inciso c) del artículo
90 propuesto, debe eliminarse la referencia expresa a la Ley Orgánica del
Ambiente, pues se trata de un artículo que forma parte de esa misma ley.
En relación con lo dispuesto en el
artículo 90, en el artículo 93 inciso f) se hace referencia a las multas
por faltas administrativas, que debería especificarse que son las que imponga
SETENA. Luego, en el artículo 99 se incluye un nuevo inciso j) con el
fin de incluir como sanción administrativa la imposición de multas por faltas
administrativas que no den lugar a la ejecución de la garantía ambiental y
facultar a SETENA a determinar el monto de la multa según la falta cometida.
La Sala Constitucional ha señalado
que:
“…por
disposición expresa del artículo 39 de la Constitución Política, la materia
sancionatoria está reservada a la ley, independientemente de si su naturaleza
es penal o administrativa. Así lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional, nacional y extranjera, en forma reiterada, al aceptar la tesis
de que los principios inspiradores del orden penal son aplicables al derecho
administrativo sancionador -con ciertos matices- partiendo de la existencia de
una afinidad entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. En ambas materias,
por su naturaleza punitiva, es necesario garantizar la seguridad jurídica, para
que tanto el individuo como el Estado, sepan a qué atenerse y cuál es su campo
de acción, estableciendo claramente el legislador constituyente que el
establecimiento de estas reglas está reservada exclusivamente al legislador,
quedando la potestad reglamentaria -como legislación secundaria que es-,
habilitada únicamente para su desarrollo e implementación.” (Voto no.
1034-2006 de las 14 horas 39 minutos de 1° febrero de 2006. En similar sentido,
véanse los votos nos. 9738-2004 de las 14 horas 30 minutos de 1° de setiembre
de 2004 y 11416 de las 14 horas 47 minutos de 22 de julio de 2009).
Por esa razón, en el proyecto se
deberían especificar cuáles son las faltas sancionables y las multas que
podrían imponerse.
En el artículo 3° se proponen
varias reformas a la Ley de Biodiversidad (no. 7788 de 30 de abril de 1998) con
el fin de modificar la naturaleza jurídica y estructura de CONAGEBIO y de
SINAC.
En el artículo 14 se recomienda
aclarar que el Director Ejecutivo al que se hace referencia es el Director
Ejecutivo de la Oficina Técnica que ya contempla la Ley, pues tal y como está
redactado podría entenderse que se trata de otro director. Lo mismo debe
decirse en cuanto a lo dispuesto en el artículo 15 inciso b). Además, se
sugiere determinar el plazo del nombramiento para ese cargo.
En el artículo 18 inciso a)
se hace referencia al artículo 17 inciso c), pero en realidad se trata del
inciso 3).
Si bien es cierto, el artículo 19
inciso 5) mantiene el mismo texto que el actual, es recomendable determinar
de qué modo se establece el porcentaje al que se hace referencia.
Sobre las reformas que se plantean
en cuanto al SINAC, debe advertirse que en la corriente legislativa se
encuentra en trámite el proyecto de ley no. 22604, denominado “Reforma Integral
a la Sección II de la Ley de Biodiversidad no. 7788, sobre el Sistema Nacional
de Áreas de Conservación y Otras Reformas Parciales.”, en el cual se plantean
varios cambios sobre la estructura de ese órgano que no son coincidentes con
las planteadas en el presente proyecto, por tanto, de aprobarse ambas
iniciativas se presentarían problemas prácticos de interpretación y aplicación
de las disposiciones.
En la
reforma del artículo 22 se plantea variar la naturaleza jurídica del
SINAC, convirtiéndolo en un órgano desconcentrado en grado mínimo y sin personalidad
jurídica instrumental, lo cual, como ya se ha expuesto es una decisión del
legislador. Además de que se sugiere revisar la
redacción del artículo, es recomendable incluir las funciones atinentes al
manejo y administración del patrimonio natural del Estado y deslindar las
competencias de este órgano en materia de cuencas hidrográficas y sistemas
hídricos de cara a lo dispuesto en los artículos 17 bis y 17 ter que se
pretenden adicionar a la Ley de Aguas con este mismo proyecto de ley
En el artículo 24 se sugiere
modificar la redacción del inciso a), pues, al hacerse referencia a áreas
silvestres protegidas no es necesario indicar “incluyendo los parques
nacionales y monumentos naturales.” En el inciso h) de ese mismo artículo debe
precisarse que se refiere a los tratados internacionales y convenios suscritos
por el país en las materias propias de su competencia.
En el artículo 26 inciso b)
también debe precisarse que se trata de las políticas, estrategias y planes
nacionales que emita el Poder Ejecutivo en las materias propias de su
competencia.
Debe
recordarse que el actuar de la Administración Pública está sujeta al principio
de legalidad, y, por tanto, la utilización de ese tipo de figuras debe estar
regulada en la ley. Y, además, la falta de precisión sobre la regulación de los
instrumentos enlistados puede generar inseguridad y problemas prácticos de
aplicación e interpretación.
Nótese, por ejemplo, que en el
inciso h) de ese artículo se prevé una tarifa de protección del recurso hídrico,
cuando las fuentes de agua aprovechadas se encuentren dentro de ASP o PNE bajo
su administración, pero no se precisa si se trata de los recursos que percibe
el Ministerio de Ambiente por concepto del canon de aprovechamiento de agua
(Decreto Ejecutivo no. 32868 de 24 de agosto de 2005) o si se trata de una
tarifa nueva. Y, en ese último supuesto, no se regulan los elementos esenciales
de esa tarifa.
Para la
creación del fideicomiso se requiere la formalización del contrato respectivo,
y por ello, lo que puede hacer una disposición legal es autorizar a la
administración a constituirlo, no crearlo directamente como se indica en la
regulación propuesta.
La Ley General de Contratación
Pública (no. 9986 de 27 de mayo de 2021) entró en vigencia el pasado 1° de
diciembre, y, en consecuencia, para la constitución de fideicomisos resultan
aplicables sus disposiciones (artículos 79-82), a las que deberá ajustarse la
constitución y funcionamiento del fideicomiso que se autorizaría con esta
modificación:
“ARTÍCULO 79- Generalidades del fideicomiso público. A
través del contrato de fideicomiso público la Administración constituye un
patrimonio de afectación a un fin público, el cual será administrado por un
fiduciario en su condición de gestor profesional de negocios ajenos, atendiendo
a los objetivos definidos en el contrato, según los estudios previos de
carácter financiero, ambiental y social, según corresponda, que justifiquen que
el fideicomiso resulta ser la mejor opción para la Administración, respecto a
otras figuras jurídicas aplicables.
La figura del fideicomiso público en modo alguno se
utilizará para evadir los controles legales, financieros, presupuestarios o de
la contratación pública, que existan sobre la Administración que lo constituye,
ni para generar una estructura paralela para el cumplimiento de su actividad
ordinaria y en todos los casos deberán observarse las autorizaciones que el
ordenamiento jurídico disponga. Para la constitución de un fideicomiso
exclusivamente de administración se requerirá de una ley especial que así lo
autorice, cuando se reciba directa o indirectamente recursos públicos vía
presupuesto, sin perjuicio de la fiscalización de la Contraloría General de la
República y la normativa que resulte aplicable en materia de refrendo.
La Administración será la fideicomitente y el
fiduciario será un banco del Sistema Bancario Nacional o un organismo público
internacional, seleccionado mediante un concurso entre dichas entidades.
Los fideicomisarios serán los sujetos beneficiarios de
los resultados conseguidos por el fideicomiso. No se consideran fideicomisarios
los proveedores del financiamiento que pudiera requerir el fideicomiso, aunque
sí tendrán la condición de acreedores principales, con la primera opción en la
prelación de pagos.
En todos los casos deberá existir razonabilidad del
costo de la fiducia, conforme a los parámetros que defina el reglamento.
El plazo del contrato deberá coincidir razonablemente
con el cumplimiento del fin para el que fue constituido, que en ningún caso
podrá exceder de cincuenta años. En lo no dispuesto en esta ley y en cuanto sea
compatible con la naturaleza del fideicomiso público, se aplicará supletoriamente
el Código de Comercio.
ARTÍCULO 80- Patrimonio. La Administración, de forma
motivada, podrá transmitir al patrimonio de un fideicomiso toda clase de fondos
públicos, derechos de uso, bienes o derechos susceptibles de ser disponibles
por la Administración de conformidad con la ley.
Cuando resulte viable, los fideicomisos públicos
podrán recibir aportes adicionales para el cumplimiento de sus fines según se
defina en el respectivo contrato de fideicomiso, precisando si se trata de
entidades privadas o de entidades públicas distintas del fideicomitente. En ese
último caso, deberá existir una norma legal habilitante para la transferencia
de los recursos.
Para los fideicomisos que producto de su
estructuración utilicen cualquier tipo de financiamiento, deberán definir con
antelación la fuente de pago o los flujos necesarios para cubrir el servicio de
la deuda y en el informe de estructuración financiera deberá acreditar cuál es
la mejor forma de financiar el proyecto. Cuando producto de la estructuración
financiera se derive una operación de crédito público para la Administración
contratante, se deberá contar, previo a la licitación para seleccionar al
fiduciario, con las autorizaciones y demás requisitos previstos.
El banco fiduciario podrá realizar ofertas de financiamiento
de manera individual o por medio de créditos conjuntos o sindicados, con otras
entidades financieras, dentro de un marco de igualdad, eficiencia y
transparencia. En el reglamento a la presente ley se establecerán las medidas
necesarias para administrar eventuales conflictos de intereses.
El fiduciario no podrá oponer como eximente de su
responsabilidad la participación de la Administración.
Las contrataciones que se realicen con ocasión del
cumplimiento del fideicomiso y con cargo a los fondos fideicometidos se
someterán a los procedimientos de la presente ley, incluyendo su régimen
recursivo.
En los supuestos de terminación normal o anticipada
deberá existir una fase de liquidación de obligaciones en protección de los
fideicomisarios, acreedores o terceros interesados.”
Aunque el texto del artículo 37
se mantiene en términos muy similares, es recomendable analizar la necesidad de
mantener esa disposición, valorando si ha sido aplicada o cuál ha sido su
utilidad práctica.
Es necesario armonizar lo dispuesto en el artículo
42 en cuanto a las tarifas por el ingreso a las áreas silvestres protegidas
con lo señalado en el artículo 24 inciso j) sobre la facultad del SINAC de
recomendar al Ministro la fijación de esas tarifas, y, además, incluir dentro
de la regulación el cobro por el ingreso al patrimonio natural del Estado, que
sí se menciona en ese artículo 24 inciso j).
Se recomienda variar el texto del artículo
43 para que deje de ser una reforma al artículo 7° de la Ley del Servicio
de Parques Nacionales y, de tal forma, que la regulación del “Aporte Solidario
para las Áreas Silvestres Protegidas y el Patrimonio Natural del Estado” se
encuentre en esa disposición, sin tener que hacer referencia a aquella Ley. Y,
entonces, es recomendable también derogar el artículo 7 de la Ley del Servicio
de Parques Nacionales.
Además, como ya se ha dicho con
otras disposiciones del proyecto, dentro del artículo no debería hacerse
mención a la misma Ley a la que pertenece.
En cuanto a los porcentajes dispuestos,
se observa que no se incluye el correspondiente a las autenticaciones de firmas
del Ministerio de Relaciones Exteriores. También, debe valorarse la
proporcionalidad de los porcentajes fijados.
Es importante revisar la distribución de los recursos
recaudados por las Municipalidades, pues tómese en cuenta que según el artículo
15 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, los Covirenas son nombrados
por el Ministerio de Ambiente y, además, no se determina cómo se distribuye el
30% de lo recaudado para la implementación de planes, programas o proyectos
para la gestión de los recursos naturales en el cantón, la compra de tierra
para la protección de nacientes y el equipamiento, capacitación y otras
necesidades de los Covirenas y otros grupos comunitarios ambientales
organizados.
Debe valorarse la viabilidad de
establecer que las transferencias al SINAC deben hacerse de manera inmediata al
momento en el que se realizan los cobros.
Lo dispuesto en el artículo 4° y
las derogatorias que se plantean sobre la Ley de Creación del Parque
Nacional Manuel Antonio (no. 5100 de 15 de noviembre de 1972) son acordes al
objetivo del proyecto de ley. Y, dado que se está reformando esa ley, podría
aprovecharse para unificar en su artículo 1° la delimitación del área del
Parque Nacional Manuel Antonio, conforme con las ampliaciones que se han
efectuado.
En el artículo 7° inciso c) se dispone que se
derogan los transitorios I, II y III de la Ley 5100, sin embargo, esa Ley solo
posee un transitorio. Asimismo, tampoco es necesario en los incisos c) y d)
derogar las leyes que reformaron el artículo 3 de la Ley 5100, pues ya en el
inciso c) se está derogando ese artículo.
También son afines al objetivo del
proyecto, e incluso, a las observaciones expuestas por la Procuraduría en la
opinión jurídica no. OJ-082-2020 de 9 de junio de 2020, las reformas que se
proponen en el artículo 5° y las derogatorias sobre la Ley de
Creación del Parque Nacional Isla San Lucas (no. 9892 del 24 de agosto del
2020).
En cuanto a la reforma del artículo
5° de esa Ley 9892, si bien debe mantenerse la declaratoria de patrimonio
histórico arquitectónico y, por tanto, la competencia del Ministerio de Cultura
en la supervisión y resguardo de ese patrimonio, no resulta técnicamente
correcto otorgar a los informes de ese Ministerio el carácter de informes de
auditoría, pues, ello implicaría que deban aplicárseles todas las disposiciones
de la Ley General de Control Interno (no. 8292 de 31 de julio de 2002).
Debe revisarse que en el artículo
7 inciso g) se deroga el artículo 1° de la Ley de Traspaso de la Isla San
Lucas a la Municipalidad de Puntarenas (no. 5469 de 25 de abril de 1974, pero,
al mismo tiempo, en el inciso f) se deroga el artículo 20 de la Ley no. 9892
que había derogado los artículos 2 a 8 de esa Ley 5469, y, por tanto, volverían
a la vida jurídica esas disposiciones, aunque se está derogando el artículo 1°
que traspasaba la isla a la Municipalidad de Puntarenas.
En esa misma línea, debe analizarse
la posibilidad de reformar el artículo 78 de la Ley sobre la Zona Marítimo
Terrestre (no. 6043 de 2 de marzo de 1977) que dispone que “la isla de San
Lucas conservará su situación jurídica actual bajo la administración de la
Municipalidad de Puntarenas.”
En el artículo 6° se plantea
adicionar la Ley de Aguas (no. 276 del 27 de agosto de 1942). Aunque los
artículos propuestos tienen como fin instaurar un modelo de planificación
integral del recurso hídrico, debemos reiterar lo que ya hemos dispuesto en
otras ocasiones en cuanto a proyectos de ley que pretenden reformar algunos
artículos de esa norma.
En la opinión jurídica no.
OJ-088-2022 de 30 de junio de 2022 señalamos que, aunque
conocemos que han existido varias iniciativas en la corriente legislativa que
pretendían emitir una ley que abordara de manera integral el tema del recurso
hídrico y que no han contado con el apoyo necesario para ser aprobadas, sigue
siendo patente la recomendación de que el uso, aprovechamiento, protección y
administración del recurso hídrico se regule de manera integral y no mediante
la reforma de algunas disposiciones aisladas de la Ley de Aguas.
Una de las
recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre el agua, es que los países
miembros de la organización mejoren la eficacia y la eficiencia de la
gobernanza del agua. Para ello se sugiere, entre otras cosas, garantizar que se
implementen de forma efectiva marcos reguladores de gestión del agua adecuados
y que se apliquen siguiendo el interés público y fomentar la adopción e
implementación de prácticas de gobernanza del agua innovadoras entre las
autoridades responsables, los distintos niveles de gobierno y las partes
interesadas pertinentes.[1]
En el Informe
Resumido sobre el Examen del Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE en las
Áreas de Medio Ambiente y Residuos[2]
se dispuso que:
“Para alinearse aún más con la
Recomendación, Costa Rica ha desarrollado un Plan de Acción 2018-2021. El país
tiene el propósito de mejorar la gobernanza del agua mediante la optimización
del marco institucional actual, a través de la aprobación de la Ley para la
Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que contempla la creación de Consejos de
Cuenca y planes asociados para la gestión del agua.”[3]
Además, es
importante tener en cuenta que mediante la Ley no. 9849 de 5 de junio de 2020,
se reformó el artículo 50 de la Constitución Política para incluir el derecho
humano de acceso al agua potable. Concretamente, la disposición incluida en el
artículo 50 de la Constitución, señala que:
“Toda persona tiene el derecho humano,
básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la
vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho
humano. Su uso, protección,
sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la
ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento
de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” (Se añade la
negrita).
La Ley no. 9849
también adicionó una disposición transitoria a la Constitución Política, que
establece que:
“ARTÍCULO 50-XX. Se mantienen vigentes las
leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a
derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, la
explotación y la conservación del agua.” (Se añade la negrita).
Como lo expusimos
en nuestra opinión jurídica no. PGR-OJ-089-2021 de 6 de mayo de 2021, puede
observarse que la intención del constituyente derivado fue, además de incluir
el acceso al agua potable como derecho humano, prever la emisión futura de una
ley que contemple, de manera integral, el uso, protección, sostenibilidad,
conservación y explotación del recurso hídrico. De tal forma, se sugiere
valorar si resulta más viable y consecuente con la reforma constitucional
recién expuesta, formular una propuesta de regulación íntegra sobre la gestión y
uso del recurso hídrico.
Adicionalmente,
debe analizarse que la reforma y adición de artículos aislados a la Ley de
Aguas, si no se hace de una manera rigurosa y teniendo en cuenta el resto de
normativa existente sobre la materia, puede generar problemas de aplicación e
interpretación.
Las derogatorias que se plantean en los incisos
h) e i) del artículo 7° del proyecto son coherentes con la finalidad que lo
motiva.
Sobre el proyecto
de ley que dio origen a la Ley de Creación del Parque Nacional Marino Ballena
(no. 10173 de 25 de abril de 2022), en la
opinión jurídica no. OJ-008-2022 de 24 de enero de 2022, señalamos que:
“…con el fin de analizar la necesidad y
razonabilidad de la propuesta, debe valorarse cuál es el enfoque con el que el
legislador pretende abordar la problemática que gira en torno al manejo y
administración de las áreas silvestres protegidas. Es decir, debe analizarse si
resulta conveniente un enfoque particular para cada área silvestre protegida,
con el que se atiendan las necesidades específicas de cada una de ellas, o, más
bien, un enfoque general, con el que se pueda coadyuvar a la atención de las
principales necesidades de todas las áreas silvestres protegidas del país.
Al respecto, debe valorarse que si se
establecen regímenes particulares para cada área silvestre protegida en los que
se disponga que todos o un alto porcentaje de los recursos generados por el
ingreso de visitantes sean destinados directamente al área silvestre que los
produce, se podría causar una afectación económica a las demás áreas silvestres
protegidas que tengan una menor visitación turística, pero cuyo mantenimiento y
atención tengan el mismo nivel de importancia, por los recursos naturales que
protegen.
(…)
De tal forma, reconociendo la importancia
de conservación que poseen todas las áreas protegidas, debe valorarse si
iniciativas como la propuesta pueden generar un desequilibrio financiero que
impida la aplicación del sistema solidario en la distribución de los recursos
para todas las áreas protegidas.
Asimismo, debe evaluarse si es conveniente
optar por un enfoque particularizado, que fomente la creación de fideicomisos
para administrar los recursos que genere cada área silvestre protegida y de nuevos
órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental adscritos al
Ministerio de Ambiente y Energía, que generen la ampliación de la estructura
administrativa de ese Ministerio.
Es necesario analizar si la creación de
ese tipo de órganos para cada área silvestre protegida podría producir
obstáculos para la adecuada planificación y gestión de las áreas silvestres
protegidas que debe efectuar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.”
En similar sentido, sobre la
derogatoria de la Ley de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón
(no. 8023 del 27 de setiembre de 2000) en nuestras opiniones jurídicas nos.
OJ-135-2015 de 4 de diciembre de 2015, OJ-101-2015 de 3 de setiembre de 2015,
OJ-10-2015 de 9 de febrero de 2015, PGR-OJ-157-2022, entre otras, hemos
señalado la necesidad de valorar la creación de nuevos organismos para la
gestión y administración de cuencas hidrográficas de manera aislada e
individualizada.
Por último, en cuanto al transitorio
IV del proyecto, lo allí dispuesto carece de utilidad, pues, según lo
expuesto en el apartado II.A de esta opinión jurídica, conforme con lo
dispuesto en la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los
Órganos Desconcentrados del Gobierno Central y la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, para la aplicación de la regla fiscal, los órganos desconcentrados, incluso los que posean
personalidad jurídica instrumental, están sujetos a las medidas, limitaciones y
ajustes propios del órgano o ente al que pertenecen, aún con respecto a los
recursos propios.
III.
CONCLUSIÓN.
Si bien es cierto la aprobación del
proyecto de ley no. 23213, denominado “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA” es una decisión estrictamente legislativa, se
recomienda valorar las observaciones expuestas.
De usted, atentamente,
Elizabeth León Rodríguez
Procuradora
ELR/ysb
Cód.
6795-2022
PGR-OJ-181-2022
PROYECTO DE LEY. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL
MINAE. COMPETENCIAS, ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIAMIENTO DEL SINAC, CONAGEBIO, SETENA. DESCONCENTRACIÓN
MÁXIMA A DESCONCENTRACIÓN MÍNIMA. PERSONALIDAD JURÍDICA INSTRUMENTAL. MATERIA
SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA RESERVADA A LA LEY. CARÁCTER VINCULANTE DE
CRITERIOS TÉCNICOS EN MATERIA AMBIENTAL. REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE.
REFORMAS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD. LEY QUE
DECLARA PARQUE NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO Y LEY DE CREACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL ISLA SAN LUCAS. ADICIÓN A LA LEY DE AGUAS. COMISIÓN DE MANEJO DE LA
CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN.
La
Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley
denominado “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ENERGÍA”, expediente legislativo no. 23213.
Esta Procuraduría, en opinión jurídica no. PGR-OJ-181-2022
de 7 de diciembre de 2022, suscrita por la Procuradora Elizabeth León
Rodríguez, concluye que:
El punto central del proyecto es modificar la
naturaleza jurídica y estructura interna de SETENA, CONAGEBIO y SINAC, con el
objetivo de darle mayor participación al Ministro, y al jerarca de cada una de
esas dependencias, en su condición de jerarca.
La modificación
del grado de desconcentración de determinados órganos y la supresión de la
personalidad jurídica instrumental que poseen, se encuentran dentro del ámbito
de discrecionalidad del legislador, a quien corresponde valorar la conveniencia
y oportunidad de ese tipo de medidas, tomando en cuenta las características y
condiciones propias de las figuras jurídicas expuestas.
Independientemente
de la estructura orgánica que se implemente, debe garantizarse que todas las
decisiones que se adopten se ajusten al principio de objetivación de la tutela
ambiental. Ello implica que no puedan tomarse decisiones que no estén
justificadas técnicamente.
Por
ello, se sugiere revisar el carácter vinculante o no que se le otorgaría a los
informes que rindan los Comités Técnicos que contempla el proyecto.
Se
recomienda valorar las observaciones de forma y técnica legislativa que
se hacen sobre el articulado del proyecto con el fin de evitar conflictos de
aplicación e interpretación de la normativa.