Dictamen : 170 - del 11/05/1984

C-170-84

San José, 11 de mayo de 1984

Señor

Rodrigo Camacho R.

Subgerente

Banco Central de Costa Rica

Estimado señor:

            Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su atento oficio DL-137-84 de 4 de abril en curso, mediante el cual – en cumplimiento de lo acordado con la Junta Directiva de esa Institución en el artículo 11, sesión 3920-84 del 13 de marzo pasado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27.4 de la Ley General de la Administración Pública para llevar a cabo la transacción a que llegará el Banco Central con la empresa Hitachi Electrónica Centroamericana S.A., en los términos contenidos en los documentos adjuntos..”

            Como parte de dicha documentación se remite a este Despacho copia del acta de la sesión supra citada, y se afirma de ahí”… se dan todos los alineamientos del posible arreglo, lineamientos los cuales el apoderado de Hitachi está de acuerdo…”. No obstante, no se acompaña –como es lo usual en estos casos—el anteproyecto o borrador del convento de transacción, el cual servirá de base para el estudio a cargo de esta dependencia.

            Espero la omisión apuntada no constituye la única razón por la cual la Procuraduría General de la República se encuentra inhibida para rendir el dictamen solicitado. Mediante pronunciamiento C-059-84 DE 13 de febrero del presente año, suscrito por el Lic. Serafín Saravia Prado, procurador adjunto, este Despacho manifestó en lo que aquí interesa:

            “… De la doctrina y jurisprudencia mencionadas anteriormente, se desprende con claridad que lo que ha habido en el caso de estudio, es una transacción de derecho privado, la cual, no obstante haber excedido los cien mil colones, nuestro juicio no requiere de la aprobación de la Procuraduría General de la República.

            Al respecto, cabe hacer notar que el párrafo 3) del mismo artículo 27 de la Ley General Administrativa Pública, transcrito supra, establece que corresponde a los Ministros, conjuntamente con el Presidente de la República, “TRANSAR” y comprender en árbitros del asunto del tema”.

            Así las cosas, la autorización para transar que debe ejercer este Despacho, a que se refiere el párrafo 4) del mismo artículo 27, se deberá aplicar solamente en aquellos casos que se refieren al ejercicio de tal atribución por parte del Poder Ejecutivo, y no de entes descentralizados…

…Lo anterior toma fuerza si consideramos que el artículo 27 de repetida cita, forma parte del Capítulo Primero del Título Segundo de la referida Ley General de la Administración Pública, el cual se refiere a los ORGANOS CONSTITUCIONALES.

            Y es explicable que esto sea así, por cuanto sostener lo contrario atentaría contra el principio de la independencia administrativa que está consagrado en el artículo 188 de nuestra Constitución Política…”

            En consecuencia, el convenio de transacción que pretende suscribir el Banco Central de la empresa Hitachi Electrónica S.A. no requiere de dictamen alguno de la Procuraduría General de la República, y puede ser decidido por la propia Institución.

            Del señor Subgerente con muestras de mi mayor consideración,

Lic. Farid Beirute Brenes

PROCURADOR CONSTITUCIONAL

FBB/

C-170-84

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. TRANSACCIÓN

Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su atento oficio DL-137-84 de 4 de abril en curso, mediante el cual – en cumplimiento de lo acordado con la Junta Directiva de esa Institución en el artículo 11, sesión 3920-84 del 13 de marzo pasado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27.4 de la Ley General de la Administración Pública para llevar a cabo la transacción a que llegará el Banco Central con la empresa Hitachi Electrónica Centroamericana S.A.,

Esta Procuraduría, en dictamen N° C-170-1984 de 11 de mayo de 1984, suscrito por el Procurador Lic. Farid Beirute Brenes, concluye que:

En consecuencia, el convenio de transacción que pretende suscribir el Banco Central de la empresa Hitachi Electrónica S.A. no requiere de dictamen alguno de la Procuraduría General de la República, y puede ser decidido por la propia Institución.