Dictamen : 104 - del 21/03/1984

C-104-84

San José, 21 de marzo de 1984

Señor

Lic. Carlos José Gutiérrez Gutiérrez

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Su Despacho

Estimado señor Ministro:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me es grato atender su estimable gestión, formulada mediante oficio N°. 270 D.P. de fecha 9 de los corrientes y que tiene como finalidad obtener nuestro criterio jurídico en relación con la exoneración del pago de derechos fiscales al vehículo del señor Embajador de Perú, Don Bernardo Roca Rey, quien finaliza su misión en nuestro país.

1.- EL PROBLEMA PLANTEADO. -

De acuerdo con lo expuesto en su nota de consulta y según se desprende de los atestados que se adjuntan, el problema se plantea es el determinar si en todos los casos –incluido el traslado- establecidos en el artículo 3°de la Ley N°. 6294 de 13 de diciembre de 1978, es necesario que concurran “motivos de fuerza mayor” para autorizar la venta libre del pago de derechos fiscales, del automóvil propiedad de un Agente Diplomático, antes del vencimiento del plazo legal de dos años.

2.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CUESTIÓN. –

Ciertamente, es norma establecida por el Derecho Internacional Público que el disfrute de los privilegios fiscales, derivados de la condición de Agente Diplomático se haga de conformidad con las regulaciones que establezcan las leyes y los reglamentos del Estado receptor. Doctrina que inspira el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada y ratificada por el Gobierno de Costa Rica. Así, en nuestro país el aspecto de esta materia, referente a la importación libre de derechos y traspaso del vehículo automotor por parte de los diplomáticos acreditados, se encuentra regulado por la Ley N°. 2252, reformada por la N°.6294, ambas citadas supra.

Hasta la entrada en vigencia del segundo de los decretos legislativos citados, la venta del vehículo propiedad del diplomático acreditado ante el gobierno de la República, antes de cumplirse el plazo de dos años a partir de la fecha de su inscripción en la oficina respectiva, solo podría efectuarse pagando previamente los impuestos en la parte correspondiente. En tal supuesto, si el traspaso se producía antes de cumplirse el citado plazo de dos años que establece la citada Ley N°. 2252, se aplicaba en todos los casos el procedimiento establecido en el artículo cuatro de la misma, según el cual debía cancelarse el impuesto correspondiente, deduciendo de la suma global un veinticuatroavo por cada mes que el vehículo hubiese permanecido bajo la propiedad del diplomático extranjero. Igual procedimiento se aplicaría hoy en todos los demás casos que no sean los de excepción establecidos por el artículo 3° de la Ley de comentario, según la reforma introducida por la Ley N°.6294 de 13 de diciembre de 1978, que actualmente dice: …

“Artículo 3°. - Los vehículos a que se refiere el artículo primero podrán ser enajenados, sin que el traspaso respectivo quede sujeto al pago de imposición arancelaria alguna, caso de finalizar el agente diplomático sus funciones en Costa Rica por traslado, fallecimiento u otro motivo de fuerza mayor, siempre y cuando concurra la reciprocidad del Estado acreditante.”

Como puede verse, se establecen aquí casos de excepción en los cuales se permite el traspaso del vehículo libre del pago de derechos fiscales, antes de que se cumpla el plazo legal de dos años requerido para que se opere su exoneración tributaria. Tales casos son dos taxativos: a) El traslado del funcionario; b) su fallecimiento; y un tercero, totalmente independiente de los anteriores que se origina en “motivo de fuerza mayor”. Es sabido que los “motivos de fuerza mayor” están directamente referidos a hechos totalmente ajenos a la voluntad de las personas. Se trata de hechos imprevisibles y a la vez inevitables o irresistibles que pueden ser hechos de la naturaleza v. g. terremotos, inundaciones, sequía, tormenta en el mar, etc. O bien hechos del hombre, de gran magnitud, como la guerra.

El traslado de un funcionario, así como su muerte no constituyen hechos de “fuerza mayor” por si mismos: ni la ley es “otro motivo de fuerza mayor” se refería a otros casos distinto establece que deban producirse con ocasión de ésta. Lo correcto es concluir en este punto, que cuando el legislador utilizó la expresión “otro motivo de fuerza mayor” se refería a otros casos distintos apartes de los ya establecidos en los cuales a su vez podía concederse la exoneración y no a circunstancias calificativas de los casos anteriores, como equívocamente se han interpretado.

Nótese que la Ley no establece condiciones o circunstancias calificativas de los hechos que producen anticipadamente la exoneración del vehículo y la posibilidad de su venta libre de pago de tributos. Basta pues que se produzca cualquiera de ellos, independientemente de la causa que lo origina, para que surja el derecho a la exención tributaria. - No es procedente en estos casos, entrar a calificar las circunstancias que pudieron haber motivado el hecho puro y simple que la ley tiene como hecho generador del beneficio fiscal. No cabe pues, distinguir donde la ley no distingue, cuando como en el caso concreto no existen conceptos jurídicos indeterminados que deberían ser interpretados por el ejecutor del precepto legal.

En otros casos -cual es frecuente en tratándose de exenciones tributarias- el legislador deja el criterio de la Administración encargada de la aplicación de la ley, el decidir si determinado caso se encuentra o no dentro del enunciado del mandato legal, es decir, establecer si se cumple con ciertos requisitos necesarios para acogerse a las disposiciones de la norma. Entran en juego entonces las reglas de la interpretación, dentro de los límites de la discrecionalidad. Típico es el caso, en que la ley dispone que determinada exoneración recae sobre aquellos bienes “necesarios a los fines de la institución” o bien “que el buen servicio demande”.

En el caso que nos ocupa, tenemos que independientemente de los motivos que pudieron haberlo originado y de que el hecho pudiese haber sido previsto por el beneficiario, es es lo cierto que respecto del señor Embajador del Perú ante nuestro Gobierno se ha producido el presupuesto establecido en el artículo 3° de la ley N°. 2252 de comentario y no existe otra posibilidad que la de cumplir con el texto expreso de la norma autorizando la exoneración que en derecho le corresponde.

3.- CONCLUSIÓN. -

De todo lo expuesto podemos obtener la siguiente conclusión: En todos los casos de finalizar el agente diplomático sus funciones en Costa Rica por traslado o su fallecimiento no es necesario que concurran “motivos de fuerza mayor”. Para tener derecho al beneficio fiscal de traspaso de su vehículo sin el pago de imposición arancelaria.

Con el debido respeto y muestras de consideración, del señor Ministro, me suscribo,

Lic. Francisco E. Villalobos González

PROCURADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES

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