Opinión Jurídica : 022 - del 15/02/2022

15 de febrero 2022

PGR-OJ-022-2022

 

Licenciada

Daniella Agüero Bermúdez

Jefe de Área

Comisiones Legislativas VII

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con aprobación del señor Procurador General de la República nos referimos a su oficio AL-CJ-22306-0228-2021 del 18 de agosto de 2021, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de los artículos 18, 19 y 20 y adición de un artículo 20 bis a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983, Ley para actualizar la regulación sobre licencias obligatorias en beneficio de la salud pública”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.306, en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

Previamente debemos señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor únicamente está facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en ejercicio de potestades administrativas, pero no cuando se trata del ejercicio de su función legislativa.

A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración con la importante labor que desempeñan las señoras y señores diputados, hemos acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con la función de control político.

Indicado lo anterior con relación al presente proyecto de ley, debemos señalar, además, que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

I.    OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar los artículos 18, 19 y 20 y adicionar el artículo 20 bis a la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 y, con ello, ordenar, actualizar y modernizar las regulaciones sobre licencias obligatorias contenidas en dicha ley, con la finalidad de fortalecer la protección del derecho humano a la salud y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos para toda la población costarricense. 

 

Conforme la exposición de motivos, hoy más que nunca se hace visible la necesidad de que el Estado costarricense cuente con todos los instrumentos disponibles en el ordenamiento jurídico internacional para proveer oportunamente a toda su población de nuevos medicamentos en condiciones adecuadas de cantidad y calidad. Por ende, con este proyecto se busca incorporar expresamente en nuestra legislación la protección de la salud pública, incluyendo el acceso a las medicinas, como causal o motivo que justifica el otorgamiento de licencias obligatorias, en concordancia con los principios derivados de la Declaración de Doha y las recomendaciones de varios proyectos de “leyes modelo”, elaboradas por expertos internacionales, sobre las diversas alternativas que existen para materializar dichos principios en las legislaciones nacionales.

 

Al respecto, la exposición de motivos señala:

 

 “… El monopolio temporal en la producción y comercialización de un producto que se confiere través de las patentes de invención se suele justificar en la necesidad de retribuir e incentivar las inversiones en investigación y desarrollo requeridas para desarrollar nuevos productos de utilidad para la población, actividades que implican costos y riesgos elevados.  Sin embargo, también se contraargumenta que dicho monopolio implica un poder excesivo para su titular en la fijación de los precios de los productos patentados y en la limitación de la competencia de productos genéricos, lo que, a su vez, se ha traducido en precios excesivos para las personas consumidoras y ganancias desmedidas para el titular de la patente, superando con creces los costos de la inversión inicial. Además, la evidencia empírica muestra que endurecer la regulación sobre patentes no necesariamente ha aumentado el potencial innovador…”

 

Partiendo de ello, procederemos a analizar el fondo del proyecto de ley sometido a nuestra consideración. 

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DE DERECHO INTERNACIONAL DEL PROYECTO DE LEY

El artículo 47 de la Constitución Política señala que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

 

Con fundamento en lo anterior, el inventor ostenta el derecho de patente, la cual deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, a fin de que pueda explotarla en forma exclusiva (salvo las concesiones de licencias obligatorias dispuestas  en la Ley N° 6867) durante el plazo de 20 años –en principio-, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de cooperación en materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional (artículos 3, 16.1 y 17.1 de la Ley N° 6867, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad).

 

No obstante lo anterior, conforme los artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 6867, el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona, podrá otorgar concesiones de licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación industrial, en caso de patentes dependientes, por prácticas anticompetitivas, y por utilidad pública (precisamente el presente proyecto de ley está planteando reformar estos tres numerales).

 

Recordemos que, las licencias obligatorias, son concebidas como aquellas que se obtienen sin autorización del titular del derecho de patente, para atender las situaciones que señala la normativa y sujetas a determinadas condiciones. (Voto 2011-12516 de las 15:23 horas del 14 de setiembre de 2011 de la Sala Constitucional)

 

Conforme se aprecia, a través de la Ley N° 6867, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, se establecieron límites al derecho constitucional que ostenta un inventor para explotar su invención de forma exclusiva, en casos donde exista una falta o insuficiencia de explotación industrial, por prácticas anticompetitivas, medie utilidad pública, entre otras, en cuyos casos, se podrá autorizar su explotación a favor de terceros.

 

            En concordancia con lo anterior, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (aprobado por la Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994), autoriza a los países miembros para establecer sus propias condiciones a las licencias, las excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente y las disposiciones a seguir. Al respecto, los artículos 21, 30 y 31 de este Acuerdo señalan:

“Artículo 21. Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias ...”

“Artículo 30. Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31. Otros usos sin autorización del titular de los derechos.

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos (7) de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

* (7) La expresión "otros usos" se refiere a  los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.

a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;

b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

d) esos usos serán de carácter no exclusivo;

e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;

f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;

g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reinvindicada en la primera patente;

ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reinvindicada en la segunda patente; y

iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.”

 

            Por otro lado, propiamente sobre el tema de salud pública, la Declaración de Doha relativa al acuerdo ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por los miembros de la OMC, reconocieron la gravedad de los problemas de salud pública; que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos; las preocupaciones sobre los precios; y afirmaron que dicho Acuerdo puede y debe ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.

 

            En virtud de lo anterior, reconocieron las siguientes flexibilidades:

 

“5 (…)

b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.

c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.

d) El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación (…)”

 

            A partir de estos instrumentos internacionales, la Sala Constitucional ha señalado que, basta con que existan dichos instrumentos para atenuar el impacto del posible aumento de precios de los medicamentos y garantizar su efectivo acceso, sin que esto implique un descuido el derecho constitucional del inventor. Al respecto, argumentó lo siguiente:

 

“(…) Aun cuando la Defensoría critica el mecanismo de “licencias obligatorias” por cuanto señala que no se ha definido la forma en que los Estados deberán declarar la “emergencia nacional” para utilizarlas, ello no es más que una ventaja para nuestro país, pues tiene un mayor grado de discrecionalidad siempre y cuando esté amparado en razones objetivas. Por supuesto dichas medidas deben ser necesarias y fundamentadas de cara al interés público, pues de lo contrario se estaría limitando derechos de rango constitucional (propiedad intelectual) sin que exista justificación. Ello evidencia amplias facultades otorgadas al Estado costarricense, para adoptar medidas en caso que estime que se está ocasionando un perjuicio al sistema de salud brindado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y de ahí radica la importancia de que asuma su compromiso respetuoso de los derechos fundamentales de las personas (…)” (Voto Nº 2007-9469 de las 10:00 horas del 3 de julio de 2007 de la Sala Constitucional)

 

            Posteriormente, la Sala Constitucional conoció la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad sobre el proyecto de ley "Aprobación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC", expediente legislativo 16.947, cuyo objetivo fue lograr, en el caso específico de las patentes farmacéuticas, una mayor flexibilidad para que los países cuyas capacidades en el sector farmacéutico fueran insuficientes o inexistentes, pudieran hacer uso efectivo de las licencias obligatorias para medicamentos patentados, con arreglo del Acuerdo sobre los ADPIC. En esta ocasión, la Sala concluyó:

 

“… En suma, a través de esta enmienda se propone asegurar que los países beneficiados puedan importar medicamentos sin menoscabo de los sistemas de patentes. Por lo expuesto, se trata de un instrumento del Derecho Internacional Público que no resulta contrario con los valores y principios constitucionales básicos del Derecho de la Constitución, así resulta sustancialmente conforme con el parámetro de constitucionalidad… (Voto 2011-12516 de las 15:23 horas del 14 de setiembre de 2011 de la Sala Constitucional)

                                 

            En consecuencia, la Sala Constitucional ha aceptado que los instrumentos internaciones suscritos por el país, los cuales tiene como objetivo disminuir el impacto del posible aumento de precios de los medicamentos y garantizar su acceso, no transgreden el derecho constitucional del inventor. Ergo, las licencias obligatorias para medicamentos patentados resultan conformes a los valores y principios constitucionales.

 

            Con fundamento en lo anterior, la intención del presente proyecto de ley, para actualizar la legislación sobre el tema de licencias obligatorias, con la finalidad de fortalecer la protección del derecho humano a la salud y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos para toda la población costarricense, es una atribución con la que cuenta el legislador y que no resulta inconstitucional ni contraria a los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país, siempre y cuando sea ejercida esta competencia de manera razonable, sin atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, tal como se autoriza en los instrumentos internacionales comentados.

 

Finalmente, es importante advertir que, nuestro pronunciamiento sobre el proyecto de ley no abarca la posibilidad de referirnos a temas de oportunidad y conveniencia, lo cual escapa de nuestra competencia consultiva y debe ser valorado por el legislador dentro de su ámbito de discrecionalidad. Dicho lo anterior, procederemos a analizar el articulado de la iniciativa.

III.   OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley que se consulta, tal como indicamos, pretende reformar la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983, para actualizar la regulación sobre licencias obligatorias en beneficio de la salud pública.

 

Partiendo de ello, procederemos a analizar el articulado propuesto, reiterando que la competencia asesora reconocida legalmente a esta Procuraduría, no nos faculta para pronunciarnos sobre la oportunidad y conveniencia del proyecto de ley, pues tal aspecto debe ser valorado por el legislador dentro de su ámbito de discrecionalidad. Por tanto, únicamente emitiremos observaciones generales, desde el punto de vista jurídico, de constitucionalidad o de técnica legislativa, sobre aquellos artículos que ameriten algún tipo de discusión.

 

Asimismo, debemos advertir que omitimos hacer un análisis de Derecho Comparado en materia de licencias obligatorias (caso de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Israel y Brasil), pues ello está muy bien desarrollado en la exposición de motivos del proyecto de ley, por lo que, con la intención de no ser reiterativos, nos limitaremos a realizar las observaciones puntuales sobre el articulado propuesto, en los términos indicados.

 

a)    Análisis del artículo 1

 

El artículo 1 del proyecto plantea modificar los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas.

 

A continuación, nos permitimos transcribir ambas versiones del texto para un mayor detalle:

 

 

 

La primera observación que debemos realizar es de técnica legislativa, en tanto, la numeración de los incisos contenidos en el artículo 19 del proyecto inician en el número 4, lo cual deberá corregirse y, en consecuencia, se recomienda revisar las referencias que al respecto hacen los numerales 20.1, 20.2, 20.2.a) y c), y 20.3.

 

Ahora bien, como parte de las novedades, el artículo 19 del proyecto, permitiría el otorgamiento de licencias obligatorias por razones de salud pública, por ejemplo, para asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales para la población o cuando sea requerido por la CCSS, mediante solicitud debidamente motivada, para suministrar a la población bienes y servicios necesarios para garantizar su derecho a la salud pública y la seguridad social.

 

Además, para efectos de conceder estas licencias obligatorias, el artículo 19.7.d del proyecto calificaría como “prácticas anticompetitivas” aquellas prácticas monopolísticas tipificadas en la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor[1].

 

Al respecto, debemos señalar que estos aspectos se enmarcan dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador y son acordes con la normativa ya comentada, sobre lo cual no tenemos observaciones.

 

b)    Análisis del artículo 2

 

El artículo 2 del proyecto propone adicionar un nuevo artículo 20 bis a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas.

 

A continuación, se transcribe dicha propuesta, cuyo texto subrayado es el contenido novedoso:

 

“Artículo 20 bis-     Procedimientos para la concesión de licencias obligatorias.

1-El Registro de la Propiedad Industrial será la autoridad competente para tramitar y resolver sobre el otorgamiento de las licencias obligatorias en los casos previstos en los incisos 3), 4) y 5) del artículo 19 de esta Ley.  El procedimiento iniciará con la solicitud de la parte interesada, que deberá aportar las pruebas pertinentes que respalden su gestión.  El Registro de la Propiedad Industrial tendrá un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud con toda la documentación requerida, para decidir sobre la concesión o no de una licencia obligatoria, previa audiencia a las partes.  De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y la remuneración económica que recibirá el titular de los derechos.  (Este inciso se encuentra comprendido en el artículo 18.7 de la Ley actual)

2-Cuando se trate de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, el procedimiento se activará con lo notificación de la resolución final de la Comisión para Promover la Competencia sobre la existencia de dichas prácticas y la necesidad de licencias obligatorias para remediarlas.  En estos casos, el criterio técnico de la Comisión para Promover la Competencia será vinculante para el Registro de la Propiedad Industrial.

3-Las licencias obligatorias por motivos de utilidad pública o para proteger la salud pública, de conformidad con los incisos 1) y 2) del artículo 19 de esta Ley, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo debidamente motivado.  Estas licencias podrán ser otorgadas en cualquier momento sobre una invención patentada o en trámite de patentamiento, para que la invención sea utilizada o explotada directamente por un ente público o por terceros autorizados por el Poder Ejecutivo.  El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.  Cuando se trate de licencias para proteger la salud pública, la Caja Costarricense del Seguro Social estará legitimada para solicitar la aplicación de la licencia obligatoria y deberá contarse con el criterio técnico del Ministerio de Salud.

En el decreto ejecutivo que otorgue una licencia obligatoria el Poder Ejecutivo deberá definir los términos y condiciones de dicha licencia y determinará, con base en un avalúo o estudio técnico y de conformidad con los parámetros establecidos en el numeral 20.3 de esta Ley, el monto de compensación o remuneración económica que devengará el titular o licenciatario de la patente.

4-            Si se interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo.  Tampoco impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por la autoridad competente, por la parte no reclamada.  En caso de que el titular o licenciatario de la patente se encuentre disconforme con el monto de la remuneración económica por la licencia obligatoria definida por la autoridad administrativa competente, podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a fin de revisar el monto de dicha remuneración.  Sin embargo, este reclamo no suspenderá la licencia obligatoria ni su utilización o explotación por el respectivo licenciatario, quien deberá cancelar la remuneración definida por la autoridad competente, sin perjuicio de ulteriores ajustes o modificaciones que sean definidos en la vía judicial. (Este inciso se encuentra comprendido en los artículos 18.8 y 20.2 de la Ley actual)

5-            La concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, o de oficio por la autoridad competente cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas en la licencia obligatoria. Asimismo, la autorización de las licencias obligatorias podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes hayan recibido la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.

La autoridad competente examinará, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las condiciones que dieron lugar a esa autorización.” (Este inciso se encuentra comprendido en el artículo 18.9 de la Ley actual)

 

En primer término, se recomienda revisar la referencia que se hace sobre el artículo 19, en virtud de que la numeración de sus incisos inicia en el número 4.

 

Por otro lado, es importante indicar que el artículo 20 bis estaría incorporando en la Ley Nº 6867 el procedimiento que deberá seguirse para la concesión de licencias obligatorias, tomando en consideración aspectos como, solicitud del interesado, audiencia a las partes, remuneración e inconformidad con el monto, recursos, entre otros.

 

Se establece la competencia del Registro de la Propiedad Industrial para tramitar y resolver sobre el otorgamiento de las licencias obligatorias en los casos donde la patente no sea explotada o sea insuficientemente explotada en el país; cuando se trate de remediar prácticas anticompetitivas y patentes dependientes. En el caso específico de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, el procedimiento se activará con la notificación de la resolución final de la Comisión para Promover la Competencia.

 

En caso de otorgarse, el Registro tendrá la obligación de informar las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance, duración y remuneración económica a favor del titular de los derechos.

 

Asimismo, conforme este artículo 20 bis, el otorgamiento de las licencias obligatorias cuando medien razones calificadas, de extrema urgencia o emergencia nacional u otras razones de interés público o utilidad pública, incluyendo razones de seguridad nacional, y por razones de salud pública, será competencia del Poder Ejecutivo por medio de un decreto ejecutivo debidamente motivado (deberá contener los términos, condiciones y el monto de la compensación -a partir de un avalúo o estudio técnico-).

 

Por otro lado, este artículo prevé la posibilidad de recurrir la decisión que otorga la licencia obligatoria y, en caso que esté disconforme con el monto de la remuneración económica, el titular podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a fin de revisar el monto. En ambos supuestos, señala el proyecto que no se suspenderá o se impedirá la explotación al licenciatario ni interrumpirá los plazos.

 

Finalmente, se indica que la concesión y las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a petición de una de ellas o de oficio por la autoridad competente.

 

Lo anterior se enmarcan dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sobre lo cual no tenemos observaciones.

IV.   Consideración final

 

Dada las obligaciones que el proyecto de ley impone, se recomienda consultarlo al Registro de la Propiedad Industrial y valorar su criterio técnico.

 

V.  CONCLUSIÓN

De lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a)     El presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar los artículos 18, 19 y 20 y adicionar el artículo 20 bis a la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 y, con ello, ordenar, actualizar y modernizar las regulaciones sobre licencias obligatorias, con la finalidad de fortalecer la protección del derecho humano a la salud y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos para toda la población costarricense; 

b)    El contenido del proyecto de ley es una atribución con la que cuenta el legislador, la cual no resulta inconstitucional ni contraria a los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país en el tema de protección a la propiedad industrial y el otorgamiento de licencias obligatorias;

c)     Se recomienda consultar el proyecto de ley al Registro de la Propiedad Industrial y valorar su criterio técnico;

d)    Los aspectos regulados en el proyecto de ley, son de oportunidad y conveniencia, sin embargo, se recomienda de manera respetuosa valorar las observaciones de técnica legislativa aquí señaladas.

 

 

Atentamente,

 

             Silvia Patiño Cruz                                         Yolanda Mora Madrigal

             Procuradora                                                  Abogada de la Procuraduría

 

SPC/YMM/cpb

PGR-OJ-022-2022

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES DE INVENCIÓN. PATENTES FARMACÉUTICAS. LICENCIAS OBLIGATORIAS. DERECHO A LA SALUD.

 

   La señora Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas VII, solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de los artículos 18, 19 y 20 y adición de un artículo 20 bis a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867 del 25 de abril de 1983, Ley para actualizar la regulación sobre licencias obligatorias en beneficio de la salud pública”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.306, en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

   Mediante la opinión jurídica PGR-OJ-022-2022 del 15 de febrero de 2022, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora y Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó lo siguiente:

a)   El presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar los artículos 18, 19 y 20 y adicionar el artículo 20 bis a la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 y, con ello, ordenar, actualizar y modernizar las regulaciones sobre licencias obligatorias, con la finalidad de fortalecer la protección del derecho humano a la salud y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos para toda la población costarricense; 

b)   El contenido del proyecto de ley es una atribución con la que cuenta el legislador, la cual no resulta inconstitucional ni contraria a los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país en el tema de protección a la propiedad industrial y el otorgamiento de licencias obligatorias;

c)    Se recomienda consultar el proyecto de ley al Registro de la Propiedad Industrial y valorar su criterio técnico;

d)   Los aspectos regulados en el proyecto de ley, son de oportunidad y conveniencia, sin embargo, se recomienda de manera respetuosa valorar las observaciones de técnica legislativa aquí señaladas.