Opinión Jurídica : 193 - del 08/12/2021

08 de diciembre de 2021

PGR-OJ-193-2021

 

Licenciada

Daniela Agüero Bermúdez

Jefa, Área Comisiones Legislativas VII

Asamblea Legislativa

 

Estimada licenciada:

 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, Dr. Julio Alberto Jurado Fernández, procedemos a dar respuesta al oficio AL-CJ-21763-0490-2020 de fecha 19 de junio de 2020, mediante el cual se solicita a la Procuraduría General que externe criterio técnico jurídico, respecto al texto del proyecto de ley denominado “Reforma a los artículos 112, 157, 209 y 213 del Código Penal Ley Número 4573 del 04 de mayo de 1970, afín (sic) de agravar las penas contra los delitos de homicidio, violación, hurto y robo cometidos en contra de los turistas extranjeros y locales”, expediente N° 21.763.

 

I.- PROPÓSITO DEL PROYECTO

El proyecto que nos ocupa, procura endurecer las penas de algunos delitos específicos, que básicamente en tiempos actuales han afectado a turistas extranjeros[1] y que ha provocado, al menos por parte del gobierno norteamericano, la elevación del nivel de peligrosidad o riesgo del país, aconsejando a sus conciudadanos pasar de “tomar precauciones normales” a “ejercer mayores acciones de precaución” con ocasión de sus visitas a suelo patrio.

 

Indudablemente ello ha repercutido en la actividad turística, que ha visto mermadas sus ganancias por la disminución del ingreso de turistas, ya sea como consecuencia de esa decisión del gobierno de Estados Unidos o por la propagación de las noticias a través de las redes sociales o de medios de comunicación colectiva, que informaron de las muertes de tres mujeres turistas extranjeras, acaecidas recientemente. [2]

La iniciativa legislativa pretende elevar al rango de homicidio calificado, con pena de 20 a 35 años de prisión, a quien asesine a un turista, un crucerista o miembros de un crucero que arribe al país, adicionando un inciso 11) al artículo 112 del Código Penal. Igual añadido de un inciso 9) sufriría el artículo 157 del CP, que tipifica el delito de violación calificada, para castigar con la pena agravada a quien cometa este ilícito en perjuicio igualmente de un turista, un crucerista o miembros de una tripulación. Al hurto agravado (artículo 209 del CP) también se le anexaría un inciso 8) con el mismo tenor ya conocido y con la pena establecida en el párrafo primero y finalmente, se consideraría robo agravado (artículo 213) si concurre alguna de las circunstancias anotadas en este artículo, dentro de las que destacan la contenida en el inciso 8) del artículo 209 ibídem (que se procura introducir con el proyecto de comentario).

 

Termina la exposición de motivos sosteniendo que la reforma planteada, constituye un disuasivo para el antisocial que lesione los intereses patrimoniales o la integridad o vida de los turistas que nos visitan, procurando así librar “… un mensaje positivo a todo la Industria del Turismo, pues sería una señal positiva que enviaría el país a nivel internacional sobre la importancia de la protección al turista, por otro lado es un paso hacia la modernización del sistema penal costarricense incorporando a la Legislación Penal el fenómeno turístico, … también podría apoyar el futuro esfuerzo que realice el ejecutivo tendiente en lograr revertir la des-categorización de la que fue objeto el país por parte del Gobierno de los Estados Unidos.”

 

           Por lo anterior, con esta iniciativa de ley se pretende agravar estas penas, a fin no solo de disuadir a los infractores de un mayor rigor en la sanción, sino también mandar un mensaje al turista extranjero de que acá se le protegerá de mejor manera, fomentando así el incremento del turismo seguro en nuestro país.

           

II.- ASPECTOS PRELIMINARES

 

a)      Aclaración sobre los alcances de la presente opinión jurídica.

Antes de referirnos al proyecto que se nos consulta, debemos indicar el alcance de este pronunciamiento, ya que, según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no es posible emitir dictámenes con carácter vinculante cuando lo que se consulta es un proyecto de ley.

 

La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, reconoce la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor administrativa que desempeña de manera excepcional a su actividad principal, en cuyo caso los dictámenes emitidos serán vinculantes.  Sin embargo, tratándose de consultas relacionadas con la labor de emisión de leyes que esa Asamblea Legislativa desarrolla, nos encontramos imposibilitados de emitir criterios vinculantes, en el tanto dicha competencia escapa a lo señalado en la normativa que nos rige; sin embargo, con el fin de colaborar con esta Honorable Comisión, se emitirá criterio sobre el proyecto de ley bajo análisis, no sin antes advertir que, por lo anteriormente señalado, éste pronunciamiento es una opinión jurídica sin efectos vinculantes.

 

III.- CRITERIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

1)      Algunas consideraciones sobre el turismo y su definición.

 El turismo, como actividad económica, genera muchas divisas para los países, formando parte importante del producto interno bruto de estos, originando mayor empleo, más desarrollo social, aumento del servicio hotelero, transporte, etc.

 

La oferta de destinos turísticos se ha diversificado notoriamente, lo que representa que exista un mayor número de personas que se desplazan de un lugar a otro, en función del lugar de origen y el lugar de destino y los atractivos que existan en el lugar que se pretende visitar; es decir, que para que se pueda dar una actividad turística es necesario que exista el desplazamiento y estancia de las personas en un lugar de destino fuera de su entorno habitual por motivos que van desde el ocio, los negocios y otros, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año. En otras palabras, este conjunto de factores es el que determina que un destino sea considerado turístico.

 

Costa Rica es un destino que ha logrado instalar una gran variedad de posibles actividades relacionadas con la naturaleza, ecoturismo, biodiversidad, aventura, playa, cultura, reuniones y otras más, al servicio de los turistas o de quienes nos visitan. Su potencial de desarrollo le ha permitido agregar nuevos productos y satisfacer nuevos intereses de la demanda, siempre en un marco natural y de sostenibilidad. La amplia distribución de atractivos naturales y culturales donde destacan los Parques Nacionales, Áreas Protegidas, Reservas Biológicas, volcanes, entre otros, representan una gran cantidad de lugares atractivos para el turista, lo que impacta positivamente sobre la base productiva del país.

 

En el año 2020, según información de la página del Instituto Costarricense de Turismo[3], se ubica a nuestro país entre los mejores destinos para viajar en ese año; por otra parte, en una publicación del periódico La República[4] se indica que “Costa Rica es el tercer destino turístico más deseado por los viajeros del mundo” , con lo que se destaca que nuestro país está considerado entre los mejores destinos para visitar.    

   

         El turismo no sólo puede ser víctima de carencias de seguridad en su entorno. Una actividad empresarial que no cumple con los requisitos técnicos de seguridad, un turismo mal concebido y mal gestionado pueden ser las causas de sus propios problemas en esa materia, por lo que considerar que con solo establecer penas mayores a quienes cometan ilícitos contra turistas, esa es la solución para fomentar el turismo en el país, no es lo correcto, tomando en cuentan que existen otros factores que también influyen, como lo son la demanda, la calidad turística, todas las necesidades, exigencias y expectativas de los servicios, el precio, entre otros.

 

          En el documento titulado “turismo, conceptos y definiciones” [5] se define turismo como:

“Definición de Turismo de Naciones Unidas

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar visitado.” (lo destacado es suplido).

 

      De esta definición se desprende toda una serie de tipos y formas de turismo según sea el motivo del viaje, es decir, por razones de descanso, recreacionales, ocio, entre otros, los cuales suelen combinarse y ser considerados al planificar la oferta turística; además, se establecen algunas condiciones para que una persona sea considerada “turista”, como lo es que se encuentre en un lugar distinto del habitual y que su instancia sea menor a un año (comúnmente se utiliza el parámetro de una noche, al menos, de pernoctación), por lo que sin esas condiciones no podría considerarse acreedor a esa definición.

 

            Deliberadamente resaltamos unas líneas del extracto anterior, para evidenciar un tema que debe quedar dilucidado de antemano. El concepto de turista no involucra a quienes viajan a otro país a desarrollar actividades lucrativas y añadimos nosotros, tampoco al empleado ocasional que por razones de trabajo debe desplazarse de su domicilio habitual y pernoctar –al menos- una noche en otro destino diverso.

 

Es decir, no se podrían considerar como turistas a los trabajadores de empresas públicas o privadas que se trasladen a otro lugar para realizar actividades propias de su cargo y que pernocten una noche, en virtud de que de las diversas definiciones del concepto de turista no se desprende que se cobije a este grupo; además, la intención del legislador de otorgar mayor tranquilidad al turista (incrementando las penas de los delitos que les perjudican notoriamente por su especial condición), se perdería dado que los sujetos pasivos receptores de esa protección ya no serían solamente turistas.

 

Un caso de excepción versa sobre la aprobación reciente, en segundo debate,[6] del proyecto de ley N° 22.215 denominado “Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de Servicios de Carácter Internacional” (conocidos como nómadas digitales), con el fin de promover la atracción de trabajadores y prestadores de servicios que se llevan a cabo de forma remota, con el fin de fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y aumentar el gasto de recursos de origen extranjero en el país, los cuales tendrán la categoría de no residentes, con lo que se evidencia que se realizó una distinción para atraer al país a este sector, pero manteniendo su condición de no residentes. En otras palabras, estarían excluidos de los alcances del proyecto de comentario, salvo que excepcionalmente sean incluidos por voluntad legislativa.

 

       Hechos los anteriores prolegómenos del fenómeno del turismo, se hace necesario referirnos a los aspectos más relevantes del proyecto de comentario:

 

2)       Algunas consideraciones en relación a la exposición de motivos de la iniciativa de ley.

 

a.- La inclusión o no del turista nacional.

En la presente iniciativa de ley, a pesar de que en el epígrafe del título se indica que la normativa a introducir cobijará a “Turistas Extranjeros y Locales”, en la exposición de motivos no se ve reflejado esa intención, en virtud de que solo se hace referencia al turista extranjero; al respecto, nótese que se incluyen expresiones como “…el esfuerzo que hace el país en promoción turística y alianzas con nuevas aerolíneas que ahora tienen más vuelos directos a nuestro país, realmente han hecho que Costa Rica cada vez más se convierta en un destino más apetecido para los extranjeros”; “..al país llegan 3 016 667 millones de personas al año 2018…”; “Desafortunadamente en días pasados el Gobierno de los Estados Unidos unilateralmente procedió a realizar el aumento del nivel de alerta de seguridad para viajar a Costa Rica”; “…por día un turista extranjero es víctima de algún delito en nuestro país”; “La creación de estas reformas legislativas, es de suma importancia pues es claro que enviaría un mensaje positivo a todo la Industria del Turismo, pues sería una señal positiva que enviaría el país a nivel internacional….” -entre otras-, lo que evidencia que no existe sincronía entre la exposición de motivos (que representa el llamado espíritu del legislador), que solo se refiere al turista extranjero, versus la única mención atinente al turista nacional, que se halla exclusivamente en el epígrafe.

 

Tomando en cuenta lo anterior, es consideración de este despacho que ante tal panorama se excluye al turista nacional, en virtud de que todas esas expresiones giran alrededor de proteger al turista extranjero; por otra parte, si la verdadera intención del legislador fuera proteger a ambos debería de ser más enfático y más claro en la exposición de motivos y no incluirlo solo en el epígrafe del título de la iniciativa de ley.

 

Respetuosamente llamamos la atención sobre dicho aspecto, a fin de que se armonicen ambos componentes y que los dos recojan la verdadera intención de incluir al turista nacional, si esas fueran las reales pretensiones legislativas.  

 

b.- Sobre la pretendida rebaja en la llegada de turistas y la incidencia de las alarmas de viaje.

A pesar de lo sostenido en la exposición de motivos, no se fundamenta en estudios, estadísticas u otros documentos que demuestren que el país haya tenido una baja incidencia de turistas por los acontecimientos de inseguridad que se han presentado en el país, tampoco se otorgan razones suficientes para afincar la idea de que por la elevación del nivel de peligrosidad o riesgo del país que realizó el Gobierno de los Estados Unidos, ello incidió en la cantidad de turistas que nos visitan, ni los proponentes aportan alguna estadística que compruebe que el país se está viendo afectado por esa calificación.

 

En el documento titulado “Influjo de las alertas de viaje en un contexto de inseguridad internacional. El caso de Mazatlán, Sinaloa (México)” [7] se indicó lo siguiente:

“…Pero, ¿realmente una alerta de viaje es una directriz generalmente seguida por los ciudadanos? … Existe poca evidencia empírica que permita comprobar el nivel de influencia de una alerta de viaje en la decisión final del viajero como producto de la inseguridad del destino a visitar”.

 

Con lo que se evidencia que no es algo que influya en el turista, tan es así que como se indicó líneas atrás y también como lo reconocen los mismos promoventes en su exposición de motivos[8], en los últimos dos años el país ha ganado varios reconocimientos que lo coloca entre los países más deseados por los viajeros del mundo.

 

3)      Sobre la inclusión de los cruceristas y miembros de la tripulación dentro de los sujetos pasivos de la reforma.

A propósito de la inclusión de los cruceristas o miembros de un crucero, en el texto del Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2021[9] se indica que:

 

“…La actividad relacionada con los cruceros, si bien es cierto genera el desplazamiento de personas a bordo de un buque de crucero hacia un puerto de un país, requiere de un tratamiento especial dado que no se contabilizan como turistas (por no pernoctar en el destino o permanecer en nuestro caso menos de 12 horas en el puerto), ni el ingreso monetario generado como un componente de las divisas (RIET 2008, OMT)” (lo destacado no es del original).

 

        Tal indicación es importante de considerar, tomando en cuenta que la iniciativa de ley no solo busca castigar más severamente algunos delitos que se den en contra de un turista, sino también cuando estos ilícitos se perpetren en contra de un crucerista o miembros de la tripulación de un crucero, los cuales, tal y como se indicó anteriormente, requieren de un tratamiento distinto, al no concurrir en estos los requisitos para ser considerados turistas y su instancia en los puertos es muy breve (es decir, sin el requisito de una noche como mínimo de pernoctación en el lugar visitado).

     Con lo anterior se evidencia que la pretensión de la iniciativa de ley es aún más amplía, tomando en cuenta que no solo protege al turista sino también a aquellos que trabajan en un crucero y la tripulación del navío.

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que la tripulación de un crucero es un grupo de personas que laboran en un área común (crucero), en ese sentido se estaría protegiendo a esa clase trabajadora, por lo que no se comprende por qué también se incluye a esta población ni se desarrolla cuál es la condición especial por la cual merecen una protección especial, que provoque agravar las penas que se cometan contra ellos y elevarlas a niveles tan altos; además, se estaría agregando en nuestro ordenamiento jurídico dos términos diferentes (turistas y cruceristas), que no tienen relación entre sí y que no reúnen las mismas características y condiciones para ser incorporadas en conjunto, como se pretende con esta iniciativa de ley.

 

4)      Sobre el inciso 11) que se pretende introducir en el artículo 112 del Código Penal (Homicidio calificado).

         La presente iniciativa de ley procura anexar un inciso 11) al artículo 112 del CP, con el fin de sancionar como un homicidio calificado (con penas de 20 a 35 años de prisión) a quién materialice la muerte:

 

“11) Cuando sea realizado en contra de turistas, sea personas que ha dejado su lugar de residencia habitual para viajar a otro, con mínimo una pernoctación y por un tiempo menor a un año, o bien se realice contra cruceristas, o miembros de la tripulación de un crucero que arribe al país”.

 

         En forma diáfana, la pretensión de la iniciativa es agravar la conducta con una pena más alta (la del homicidio calificado), si la víctima es un turista; sin embargo, también pretende proteger si esta conducta ilícita se da en contra de un “crucerista o miembro de la tripulación de un crucero”,[10] por lo que sus pretensiones son aún más amplias.

 

             A lo largo del tiempo, el artículo 112 del Código Penal ha sido objeto de diversas reformas, como la hecha por la Ley N° 7398 del 3 de mayo de 1994 que, como respuesta a los reclamos de mayor seguridad ciudadana, aumentó drásticamente las penas; la Ley N° 8387 del 8 de octubre de 2003, que introdujo un inciso 3), modificando la numeración, para que fuese homicidio calificado la muerte de “una persona menor de edad”; posteriormente se introdujo un inciso 4), ello por la Ley N° 8719 del 4 de marzo de 2009. Este inciso estableció la conducta de quién diere muerte a una persona internacionalmente protegida, de conformidad con la definición establecida en la Ley N° 6077 y, finalmente, el inciso 10) que presenta actualmente el artículo 112 CP, agregado por el artículo 1° de la Ley N° 8977 del 03 de agosto de 2011, que dispuso la acción de quien eliminare a un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de las demás fuerzas de policía públicas, cuya competencia esté prevista por ley, siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.

            En todos estos casos, el legislador, incluso desde la versión original del Código Penal,[11] siempre mantuvo esta línea de atribución de responsabilidad agravada no por el resultado (que siempre será el mismo –la muerte de otro-), sino castigando la conducta del infractor por eliminar a cierto tipo de personas o bien, por los medios empleados para perpetrarlo. En el caso de las personas asesinadas, la constatación de las condiciones especiales que establece el código represivo es de fácil determinación: la esposa, el hijo, el padre, el miembro de los Supremos Poderes, el oficial de las fuerzas policiales, el menor de edad, la persona internacionalmente protegida, etc.

 

       Con lo que se evidencia que esas condiciones que establece actualmente el homicidio calificado son en razón de que la agravante exige, además de matar a un ser humano, la condición especial de la víctima y que el infractor, con voluntad y conocimiento de esa circunstancia, comete el ilícito. Ciertamente, las diversas condiciones que caracterizan el elenco de circunstancias del actual artículo 112 del Código Penal, nos arroja un panorama desde razones de parentesco, de matrimonio, de protección de ciertos grupos etarios, de formas perversas de comisión, etc., hasta el respeto a la investidura de algunos funcionarios públicos. Cada una de esas circunstancias tiene atrás de sí valoraciones de orden criminológico, académico, ideológico o sicológico, que refuerzan el hecho de haber merecido engrosar ese elenco de actos reprochables.

 

Ninguno de esos aspectos de relevancia se observa en la presente iniciativa, ya que exclusivamente por el hecho de ser “turista, crucerista o miembro de una tripulación” no coloca a esas personas en una condición especial, que merezcan ser mayormente protegidas –y complementariamente agravada la pena por la comisión del delito en su perjuicio- solo por esa característica. A lo anterior debe sumarse el hecho de que, de la exposición de motivos, los únicos razonamientos que se desprenden como válidos para incluir el homicidio de turistas dentro de la agravación de la pena, son razones de oportunidad y conveniencia, tales como la pérdida de atractivo turístico de nuestro país y la no entrada de divisas extranjeras, entre otras (véase los aspectos más relevantes en la citada exposición de motivos).

 

 

 

5)   Sobre la introducción de un inciso 9) al artículo 157 del Código Penal.

        El proyecto de ley en estudio pretende, entre otras cosas, adicionar un inciso 9) al artículo 157 del Código Penal, con el fin de que sea sancionado como una violación calificada el supuesto de que la víctima sea un turista, un crucerista o un miembro de la tripulación de un crucero y para ello plantean la siguiente redacción:

 

“Artículo 157 Violación Calificada

La prisión será de doce a dieciocho años, cuando:

(….)

9) Cuando la víctima sea un turista, sea persona que ha dejado su lugar de residencia habitual para viajar a otro, con mínimo una pernoctación y por un tiempo menor a un año, o un crucerista, o miembro de la tripulación de un crucero que arribe al país”.

 

           Las mismas razones que expresamos relativas a las consideraciones de elevar al rango de homicidio calificado la muerte de un turista, crucerista o miembro de una tripulación de crucero, serían aplicables a este supuesto que se analiza.

 

De la exposición de motivos no se desprende una razón válida –desde el punto de vista de la penología- para incrementar la pena por la violación de este tipo de personas que, a pesar de tener algunas características especiales, no llegan a colmar la justificación del por qué debe considerarse el ataque sexual sufrido como agravado.

 

          Nótese que en la redacción del actual artículo 157 del CP, se delimitan los supuestos en los que el infractor merece un mayor reproche, como lo son:

 

i)                   las líneas de parentesco

ii)                 las relaciones de poder o confianza  

iii)               cuando se produzca un grave daño a la salud

iv)               se produzca un embarazo

v)                  cuando se cometa con el concurso de una o más personas, entre otros

 

          Como se puede notar, dentro de las características del sujeto activo se introducen la de cónyuge o persona ligada a la víctima en relación análoga al matrimonio y las de tío, sobrino, sobrina, primo, prima hasta el tercer grado por consanguinidad afinidad. Todas ellas son relaciones de confianza, basadas en la credibilidad, lealtad, solidaridad, por lo cual el impacto del delito tiene, además del resultado concreto, un efecto mayor que si fuera perpetrado por una persona extraña. Además, se agrega a la lista el embarazo forzado como resultado de la violación y se incluye a los guías espirituales y a los miembros de los Supremos Poderes como sujetos activos, cuya posición de poder facilita la comisión de la conducta ilícita, por tratarse de representantes de la autoridad.

     Con lo anterior se evidencia que la intención del legislador de castigar más severamente estas conductas, lo es en razón de las condiciones del infractor en relación con la víctima (la mayoría de supuestos del artículo 157 empiezan con la expresión: “el autor sea cónyuge…”, “el autor sea tío…”, “el autor sea tutor…”, “el autor realice la conducta prevaleciéndose…”), lo cual merece un mayor reproche; sin embargo, con el supuesto que se pretende introducir, no queda claro cómo se va a determinar esa condición especial del turista, debido a que el infractor no solo no conoce a la víctima de previo ni le une ningún vínculo de familia ni de confianza, sino también se tendría que demostrar que el infractor conoce que se trata de un turista, crucerista o miembro de una tripulación de un crucero  -lo cual en algunos casos puede resultar difícil de comprobar-.

 

A lo anterior, ha de sumarse el hecho incontrovertible que el acento del reproche recae sobre el perpetrador que conoce de antemano los lazos que le unen con las víctimas o bien, son conocedores de su ascendiente (ministros religiosos o guías espirituales, por ejemplo) y no los respetan.

 

6)    Sobre la incorporación de un inciso 8) al artículo 209 del Código Penal.

        Se pretende con esta iniciativa de ley incorporar a nuestro ordenamiento jurídico un inciso 8) al artículo 209, donde se tipifica el Hurto Agravado, con el fin de anexar el ilícito cuando dicha conducta se dé en contra de un turista, crucerista o un miembro de la tripulación de un crucero y para ello plantean la siguiente redacción:

 

“Artículo 209. Hurto Agravado

Se aplicará prisión de un año a tres años, si el valor de lo sustraído no excede de cinco veces el salario base, y de uno a diez años, si fuere superior a esa suma, en los siguientes casos:

(…)

8) Cuando sean (SIC) realizado en contra de turista, sea personas que ha dejado su lugar de residencia habitual para viajar a otro, con mínimo una pernoctación y por un tiempo menor a un año, o contra crucerista o los miembros de la tripulación de un crucero que arriben al país”.

 

       En relación al inciso que se pretende introducir, es importante indicar que el hurto simple (al igual que el agravado que lo es por especiales circunstancias), consiste en el desapoderamiento de una cosa mueble que sufre el propietario, poseedor o detentador y en el que no interviene ni la fuerza sobre las cosas ni la violencia contra las personas. La víctima puede ser cualquier persona al igual que el infractor, ya que pueden ser dos perfectos desconocidos y lo más importante es que, a diferencia de los casos analizados de homicidio y violación, ambos calificados, en el hurto simple o el agravado no existe ni una condición especial de la víctima que merezca protegerse, ni al infractor se le atribuye un mayor reproche por no respetar ciertos vínculos o circunstancias especiales que le son propias, como el ser pariente, esposo, oficial de policía, miembro de los Supremos Poderes, etc. 

 

            En ese sentido, este Órgano asesor considera apropiada la reforma pretendida, debiendo los proponentes definir si se incluye o no al turista nacional.

 

            Tema aparte y que ya fuera mencionado párrafos arriba, versa sobre el hecho del conocimiento y voluntad del infractor de la condición especial de la persona afectada; es decir, que sepa que se trata de un turista. Pero ese aspecto es de carácter probatorio y deberá ventilarse ante las instancias respectivas. 

        

IV. CONCLUSIONES

1)      A pesar de que en el título de la iniciativa de ley se incluye en su epígrafe al turista nacional, de la exposición de motivos y de los artículos que se pretenden reformar no se desprende tal indicación, por lo que parece que su intención va más referida al turista extranjero. En ese sentido, se sugiere valorar si los propósitos del proyecto tienden a incluir al turista nacional.

 

2)      Cada una de las circunstancias del actual artículo 112 del Código Penal, tiene atrás de sí valoraciones de orden criminológico y otros aspectos, que refuerzan el hecho de que las personas ahí incluidas tienen connotaciones especiales para haber merecido engrosar ese elenco, circunstancias que no aparecen en la exposición de motivos del texto que nos ocupa. Todo el razonamiento de justificación se circunscribe a impedir el impacto negativo en la imagen del país y sus repercusiones económicas en el turismo.

 

3)      De la mano del anterior desarrollo, el solo hecho de ser “turista, crucerista o miembro de una tripulación” no coloca a esas víctimas en una condición especial, que merezcan ser mayormente protegidas –y complementariamente elevada la pena de prisión-, tal y como acontece con el elenco de sujetos que hoy conforman los diversos incisos del artículo 112 del Código Penal.

 

4)      Al igual que sucede con los diferentes supuestos que integran el artículo 112 CP, el elenco de eventos enumerados en el numeral 157 de la Violación calificada también tiene una especial connotación, que actúa casi como tronco común: el acento punitivo recae sobre el infractor, quien al conocer los diferentes vínculos que lo unen con la víctima (familia, parentesco, ascendiente espiritual o religioso, condición de funcionario público, etc.), se le atribuye un mayor reproche de castigo ya que, a pesar de conocer esos vínculos, comete el delito de violación, que se eleva al rango de calificada precisamente porque al victimario se le exigía observar aquellos. Ese respeto –a nivel de violación calificada-, no se le puede exigir al infractor que comete el delito contra un turista al que no le une ningún vínculo anterior y conocido que deba respetar, más que el hecho de no lesionar la indemnidad sexual de la víctima.

 

5)      El aumento de las penas no es una solución para disminuir la criminalidad,[12]-[13] ni las alertas de viaje –tales como las que materializó el Gobierno de los Estados Unidos respecto de nuestro país-, sirven para desestimular la llegada de turistas.[14] 

 

6)      En vez de endurecer las penas, se debería fortalecer la Policía Turística, que fue creada mediante Decreto Ejecutivo N° 26.765-SP-TUR del 29 de enero de 1998, con el fin de desarrollar acciones de carácter policial-preventivo y de vigilancia en zonas de especial interés para el turismo nacional y extranjero o bien, conforme a la Ley General de Policía, elevar al rango legal la Policía Turística para que, de manera preventiva, trate de mitigar o impedir las graves consecuencias de estos delitos tan graves.

 

         De esta manera, dejamos rendido nuestro informe sobre la consulta formulada.

           

Cordialmente,

 

 

 

 

 

Lic. José Enrique Castro Marín                 Lic. Adriana Bonilla Bonilla

Procurador Director                                    Abogada de Procuraduría

 

 

 

 

 

JECM/ABB/vzv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGR-OJ-193-2021

 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 112, 157, 209 Y 213 DEL CÓDIGO PENAL LEY NÚMERO 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970, AFÍN (SIC) DE AGRAVAR LAS PENAS CONTRA LOS DELITOS DE HOMICIDIO, VIOLACIÓN, HURTO Y ROBO COMETIDOS EN CONTRA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS Y LOCALES. PROYECTO DE LEY. TURISTAS. CÓDIGO PENAL . HOMICIDIO CALIFICADO. HURTO Y ROBO AGRAVADO

 

  Respuesta a La Licda. Daniela Agüero Bermúdez, Jefa, Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, criterio jurídico en relación con el proyecto de ley N° 21.763, denominado “Reforma a los artículos 112, 157, 209 y 213 del Código Penal Ley Número 4573 del 04 de mayo de 1970, afín (sic) de agravar las penas contra los delitos de homicidio, violación, hurto y robo cometidos en contra de los turistas extranjeros y locales”

  El proyecto legislativo, busca endurecer las penas de algunos delitos específicos, que básicamente en tiempos actuales han afectado a turistas extranjeros y que ha provocado, al menos por parte del gobierno norteamericano, la elevación del nivel de peligrosidad o riesgo del país, aconsejando a sus conciudadanos pasar de “tomar precauciones normales” a “ejercer mayores acciones de precaución” con ocasión de sus visitas a suelo patrio

  A criterio de esta Procuraduría a pesar de que en el epígrafe del título se indica que la normativa a introducir cobijará a “Turistas Extranjeros y Locales”, en la exposición de motivos no se ve reflejado esa intención, en virtud de que solo se hace referencia al turista extranjero.

 

  Cada una de las circunstancias del actual artículo 112 del Código Penal, tiene atrás de sí valoraciones de orden criminológico y otros aspectos, que refuerzan el hecho de que las personas ahí incluidas tienen connotaciones especiales para haber merecido engrosar ese elenco, circunstancias que no aparecen en la exposición de motivos del texto que nos ocupa. Todo el razonamiento de justificación se circunscribe a impedir el impacto negativo en la imagen del país y sus repercusiones económicas en el turismo.

 

  De la mano del anterior desarrollo, el solo hecho de ser “turista, crucerista o miembro de una tripulación” no coloca a esas víctimas en una condición especial, que merezcan ser mayormente protegidas –y complementariamente elevada la pena de prisión-, tal y como acontece con el elenco de sujetos que hoy conforman los diversos incisos del artículo 112 del Código Penal.

 Al igual que sucede con los diferentes supuestos que integran el artículo 112 CP, el elenco de eventos enumerados en el numeral 157 de la Violación calificada también tiene una especial connotación, que actúa casi como tronco común: el acento punitivo recae sobre el infractor, quien al conocer los diferentes vínculos que lo unen con la víctima (familia, parentesco, ascendiente espiritual o religioso, condición de funcionario público, etc.), se le atribuye un mayor reproche de castigo ya que, a pesar de conocer esos vínculos, comete el delito de violación, que se eleva al rango de calificada precisamente porque al victimario se le exigía observar aquellos. Ese respeto –a nivel de violación calificada-, no se le puede exigir al infractor que comete el delito contra un turista al que no le une ningún vínculo anterior y conocido que deba respetar, más que el hecho de no lesionar la indemnidad sexual de la víctima.

  El aumento de las penas no es una solución para disminuir la criminalidad, ni las alertas de viaje –tales como las que materializó el Gobierno de los Estados Unidos respecto de nuestro país-, sirven para desestimular la llegada de turistas.

  

De esta manera, dejamos rendido nuestro informe sobre la consulta formulada al proyecto de ley N° 21.763.