Dictamen : 283 - del 01/10/2021

01 de octubre del 2021

PGR-C-283-2021

Señor

Fernando Rodríguez Araya

Director Ejecutivo

Teatro Melico Salazar

S. 0.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio TPMS-DE-328-2021 del 17 de agosto último, por medio del cual nos comunicó el acuerdo n.° 4.5/1155/2021 adoptado por la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, en el cual decidió solicitar el dictamen al que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgó al señor xxx el Premio Nacional Mireya Barboza.

I.- ANTECEDENTES

A efecto de pronunciarnos sobre la gestión, consideramos necesario mencionar los siguientes hechos de importancia para la decisión de este asunto:

1. El 4 de marzo de 2014 se promulgó la Ley sobre Premios Nacionales de Cultura (Ley n.° 9211) mediante la cual el Estado costarricense (por medio del Ministerio de Cultura y Juventud), otorga premios con el propósito de incentivar la excelencia, el desarrollo y los aportes a la cultura del país. Dichos premios se otorgan a los candidatos, grupos u organizaciones que fueron postulados por personas físicas o jurídicas y que posteriormente son escogidas por el jurado respectivo (artículo 1 y 4). La ley aludida fue reglamentada mediante el decreto ejecutivo n.° 38772 de 26 de noviembre de 2014, en el cual se establece la categoría de Premios Nacionales de Arte, y dentro de ella el Premio Nacional de Danza Mireya Barboza.

2. El 30 de noviembre de 2020 se estableció como fecha límite para la recepción de postulaciones para el Premio Nacional de Danza Mireya Barboza. Diferentes personas postularon al señor xxx por su obra xxx. (Ver Formulario para la recepción de postulaciones a folios 1 al 21 del expediente administrativo).

3. El 18 de enero de 2021, los señores Adrián Castro Baeza, Rebeca Woodbridge Ortuño y Daniel Enrique Hernández Brenes acordaron, como miembros del jurado, otorgar al señor xxx el Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza 2020, por la dirección coreográfica de la obra xxx. (Acta final a folios 22 al 26 del expediente administrativo).

4. El 29 de enero de 2021, la señora xxx envió un correo electrónico con documentos adjuntos a personeros del Teatro Popular Mélico Salazar con la finalidad de que conocieran que “…la pieza xxx del llamado xxx con sede en Costa Rica, fue una creación con doble dirección, no solamente bajo el nombre del señor XXX, sino con la participación en la creación, dirección e interpretación del señor xxx, el cual fue miembro del colectivo hasta el año 2018. El señor xxx y xxx finalizaron su relación laboral en no buenos términos, adueñándose el señor XXX del nombre del Colectivo y las piezas creadas por ambos, eliminando de todas las páginas oficiales del colectivo la coautoría con el señor xxx…”. (Ver folios 27 al 43 del expediente administrativo).

5. El 8 de febrero de 2021, mediante un documento sin número, dirigido al señor Fernando Rodríguez Araya, Director Ejecutivo del Teatro Popular Mélico Salazar, el señor xxx, Asesor Jurídico de ese mismo Teatro, se refirió al reclamo presentado por la señora xxx y señaló que “…desde el punto de vista de esta Asesoría, no resulta claro, si el premio fue otorgado con relación a la obra “xxx, o bien se realizó en consideración estricta a los atributos personales del artista (…) sugiere se eleve la consulta al Jurado calificador, para que aclare, en cuál de las categorías que señala el Reglamento a la Ley de Premios Nacionales se otorga el reconocimiento (…) se hace esta sugerencia, en atención a que el acto final de selección corresponde al jurado, y al ser este el órgano que hizo las valoraciones correspondientes en el ejercicio de una competencia que les es exclusiva, le corresponde emitir las argumentaciones de su acto por vía de aclaración o ampliación”. (Ver folios 44 al 46 del expediente administrativo).

6. El 9 de febrero de 2021, mediante el oficio TPMS-DE-036-2021 dirigido al jurado del Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza, el señor Fernando Rodríguez Araya, Director Ejecutivo del Teatro Popular Mélico Salazar, les solicitó “…elaborar un informe en que se amplíe y/o aclaren las razones por las que se entregó el premio en cuestión al señor xxx, específicamente, por la obra xxx”. (Ver folios 47 al 48 del expediente administrativo).

7. El 17 de febrero de 2021, mediante un documento sin número, el jurado del Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza realizó el análisis solicitado en el punto anterior. En dicho análisis indicó: “El jurado debe revisar única y estrictamente las postulaciones recibidas; y no es competencia del jurado determinar derechos de autor ya que el jurado no tiene ninguna potestad ni legitimidad legal para emitir un criterio en este sentido. Es más, ni siquiera tiene cabida examinar cuestionamientos que existan en torno a una persona nominada o su ética profesional (…) de la queja interpuesta por la señora xxx, es necesario señalar dos elementos que son de importancia capital en este asunto. El primero es que al momento de realizar nuestra valoración de las obras postuladas no teníamos conocimiento de un conflicto por la autoría de la obra xxx; el segundo es que en apego al principio de legalidad antes citado, el jurado únicamente analiza las obras tal y como han sido postuladas a través del mecanismo establecido, y remitido por el ente administrativo. No es competencia de este jurado dictaminar sobre la autoría de una obra ya que no se tiene la legitimidad legal para hacerlo. Ha de ser la instancia administrativa y judicial correspondiente la que dirima el conflicto que plantea la señora xxx”. (Ver folios 50 al 53 del expediente administrativo).

8. El 4 de marzo del 2021, mediante el oficio PN-0001-2021, dirigido a la Señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, la señora Betsy Murillo Pacheco, miembro de la Comisión de Premios Nacionales de Cultura, recomienda que “ … la señora Ministra de Cultura y Juventud solicite a la asesoría jurídica del MCJ un pronunciamiento en el que se establezca si existe algún impedimento para que el Teatro Popular Mélico Salazar proceda con el trámite ordinario del reconocimiento material y económico del señor xxx en su condición de galardonado 2020, en razón de la denuncia interpuesta por la señora xxx sobre conflictos de derechos de autor.” (Ver folios 59 del expediente administrativo).

9. El 5 de marzo de 2021, en atención a la recomendación aludida en el punto anterior, la señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, mediante el oficio DM-0195-2021, solicitó criterio a su Asesoría Legal. (Ver folio 60 del expediente administrativo).

10. El 19 de marzo de 2021, mediante el oficio MCJ-AJ-143-2021, dirigido a la señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, la Asesoría Jurídica de ese Ministerio emitió criterio sobre el tema y señaló: “… al indicar la denunciante que la obra xxx no es autoría únicamente del señor xxx, a quien le fue otorgado el premio en cuestión, por lo que podríamos estar ante un acto irregular y eventualmente nulo, por cuanto, no se tomó en cuenta al coautor xxx y se está concediendo una autoría individual cuando, según lo que ha sido denunciado, no lo es (…) en el eventual caso que esa obra cuente con dos autores, estaríamos ante una violación de los derechos de autor del otro creador, y, por consiguiente, el acto emitido con respecto al ganador del premio en cuestión, carecía de un elemento esencial para su conformación, que es el otorgar el reconocimiento a todos aquellos que ostentan los derechos sobre la obra premiada (…) es importante que las instancias involucradas en el proceso de escogencia y otorgamiento del premio, se cercioren si los hechos denunciados son verdaderos, y de tenerse certeza que efectivamente el señor xxx es coautor de la obra premiada, debe la entidad administradora del Premio, así como el jurado, tomar las acciones correctivas pertinentes, siendo que hasta esclarecer el tema, no es recomendable continuar con los actos propios del premio. Lo anterior, por cuanto repetimos, respecto a los derechos morales y patrimoniales de los creadores de obras intelectuales, es un derecho fundamental que debe ser garantizado, tanto por los ciudadanos como por el Estado y sus instituciones. Por último, nos permitimos recomendar que, en adelante, se establezcan lineamientos claros en cuanto a la responsabilidad de los jurados y de las instancias ministeriales, −administradora del premio, comisiones y otras que coadyuvan en los procesos propios del otorgamiento de premios−, ya que, es un deber de todos los agentes involucrados, precisamente en observancia del Principio de Legalidad, al que hace referencia el jurado del premio Mireya Barboza, en el escrito de fecha 17 de febrero del 2021, dirigir sus acciones de conformidad con la normativa existente, −no solo la que rige el otorgamiento de los premios nacionales, sino toda aquella que rige la función de la Administración Pública−, por cuanto se trata de gestiones y actos de orden público, regidos por los principios públicos −además del de Legalidad− de eficacia, oportunidad y transparencia.” (Ver folios 62 al 70 del expediente administrativo).

11. El 23 de marzo de 2021, la señora Sylvie Durán Salvatierra emitió el oficio DM-0245-2021, en el cual señaló que en atención al oficio DM-0195-2021 y la respuesta de la Asesoría Jurídica MCJ-AJ-143-2021 citada, solicita “… realizar una indagatoria previa, para verificar si los hechos denunciados tienen el nivel de certeza correspondiente que permita tomar las decisiones administrativas que en derecho correspondan. Lo anterior, para verificar si el señor xxx es coautor de la obra premiada a efecto de tomar las acciones correctivas pertinentes. Por lo anterior no es recomendable continuar con los actos propios del premio, ya que en caso de vernos en la obligación de revertirlos podrían causar un mayor daño a la administración pública”. (Ver folio 61 del expediente administrativo).

12. El 25 de marzo de 2021, mediante los oficios TPMS-DE-109-2021 y TPMS-110-2021, la Administración del Teatro Popular Mélico Salazar planteó a los señores xxx y xxx una serie de interrogantes con la finalidad de contar con elementos de juicio para la resolución de la denuncia que fue planteada. Las respuestas a las preguntas formuladas fueron recibidas el 27 y 28 de marzo de 2021 respectivamente. (Ver folios 71 al 112 del expediente administrativo).

13. El 12 de abril de 2021, mediante el oficio TPMS-129-2021, dirigido a la señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, la Dirección Ejecutiva del Teatro Popular Mélico Salazar le hizo saber que en relación con la denuncia interpuesta “… 1.- se procedió a realizar la indagatoria requerida, por medio de una serie de preguntas que se le realizó por escrito tanto al señor xxx como al señor xxx (…) de las respuestas brindadas por los señores xxx y xxx se concluye que ambos están de acuerdo en señalar que la obra xxx es una coautoría de ellos. La mencionada obra fue presentada por primera vez en el año 2014 como parte del proyecto “Colectivo xxx”. (Ver folios 112 al 114 del expediente administrativo).

14. El 10 de mayo del 2021, mediante el oficio TPMS-DE-162-2021, dirigido a la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico Salazar, el señor Fernando Rodríguez Araya, Director Ejecutivo de ese Teatro, sometió a consideración de dicha Junta: “1.-configurar un órgano director del procedimiento para declarar la eventual nulidad en el otorgamiento del mencionado Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza. El órgano estaría compuesto por las siguientes personas: Saidem Vidaurre (Asesor Legal), Marta Fernández (jefa de la Proveeduría Institucional), y Adriana Murillo (staff de la DE del TPMS)”). 2.-Suspender, como medida cautelar, los efectos derivados de la declaratoria del Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza…”. (Ver folio 128 al 129 del expediente administrativo).

15. El 12 de mayo de 2021, en su sesión ordinaria virtual n.° 1145, la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico Salazar conoció la solicitud realizada mediante el oficio TPMS-DE-162-2021 citado. Dicha Junta Directiva, en el acuerdo n.° 4.1 de esa sesión, decidió acoger la recomendación realizada por el Director Ejecutivo. (Ver folio 130 del expediente administrativo).

16. El 3 de junio de 2021, a las 9:00 horas de ese día, el órgano director ordenó la apertura del procedimiento administrativo para “…determinar la supuesta nulidad absoluta evidente y manifiesta del acto administrativo emanado por el Jurado Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza, mediante el cual se escogió al señor xxx cédula n.° xxx, como ganador de la categoría para el año 2021.” Además, la resolución hizo un recuento de los antecedentes del asunto, indicó los recursos procedentes contra esa resolución, puso el expediente a disposición del señor xxx, le instó definir un lugar para recibir notificaciones y señaló las 9:00 horas del 30 de junio del 2021 para la celebración de la comparecencia oral y privada. Dicha resolución fue notificada el 7 de junio del 2021. (Ver folios 134 al 145 del expediente administrativo).

17. El 16 de junio de 2021, a las 9:17 horas de ese día, el órgano director citó a los miembros del jurado del Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza a la audiencia de las 9:00 horas del 30 de junio del 2021. (Ver folios 146 del expediente administrativo).

18. El 16 de junio de 2021, a las 9:00 horas de ese día, el órgano director citó a la señora xxx −quien interpuso la denuncia en contra del señor xxx− a la audiencia de las 9:00 horas del 30 de junio del 2021. (Ver folios 152 del expediente administrativo).

19. El 30 de junio de 2021 se celebró la audiencia oral y privada con la participación de los integrantes del órgano director, así como del señor xxx, la señora xxx y los miembros del jurado del Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza. En dicha audiencia, entre otras cosas, el señor xxx realizó un recuento de la creación de la obra xxx y reconoció la coautoría del señor xxx. (Ver acta a folio 157 y siguientes del expediente administrativo).

20. El 27 de julio del 2021, mediante resolución de las 10:00 horas de ese día, el órgano director del procedimiento administrativo emitió su recomendación no vinculante (informe final) en la que concluyó: “ 1.- no se encuentra violación ni al procedimiento ni a las normas de fondo que den como resultado la nulidad del acto administrativo emanado por el Jurado Premio Nacional de Cultura Mireya Barboza, mediante el cual se escogió al señor xxx como ganador de la categoría para el año 2021, 2.- De previo al acto final del órgano decisor (Junta Directiva del Teatro Popular Mélico Salazar), el legislador dispuso que debe obtenerse un dictamen de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se acredite el respecto al debido proceso y la naturaleza absoluta, evidente, manifiesta de la nulidad que se pretende declarar (173 Ley General de la Administración Pública)”. (Ver folios 167 al 194 del expediente administrativo).

21. El 17 de agosto de 2021, mediante el oficio TPMS-DE-328-2021, el señor Fernando Rodríguez Araya, Director Ejecutivo del Teatro Popular Mélico Salazar, trasladó a esta Procuraduría los antecedentes del asunto e indicó que lo hacía “…en atención a lo instruido por la Junta Directiva del Teatro Popular Mélico Salazar mediante el acuerdo 4.5/1155/2021 de trasladar dicho Informe y los documentos de sustento, así como el audio de las comparecencias conforme lo dispone el artículo 173 de la Ley de Administración Pública y de previo al dictado final al presente procedimiento administrativo con el propósito de tener el dictamen correspondiente de ese órgano asesor”. (Oficio TPMS-DE-328-2021 emitido por la Dirección Ejecutiva el 17 de agosto del 2021 y remitido a esta Procuraduría junto con el expediente administrativo en formato digital).

II. SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATIVO DE DERECHOS

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos suyos que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad mediante el proceso de lesividad regulado en los artículos 10.5, 34 y 39.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declarativos de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración. Esa excepción está contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). De conformidad con esa norma, la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que aquél presente una nulidad que además de absoluta, sea evidente y manifiesta. En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino solo aquella que resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc. (Al respecto, pueden consultarse nuestros dictámenes C-200-83 del 21 de junio de 1983; C-062-88 del 4 de abril de 1988; C-165-93 del 10 de diciembre de 1993; C-012-1999 del 12 de enero de 1999; C-183-2004 del 8 de junio de 2004; C-346-2009 del 17 de diciembre de 2009; C-025-2011 del 7 de febrero de 2011; C-013-2013 del 30 de enero de 2013; C-010-2015 del 3 de febrero de 2015; C-033-2017 del 16 de febrero de 2017; C-071-2018 del 17 de abril de 2018 C-136-2019 del 15 de mayo 2019; C-058-2020 del 18 de febrero de 2020, C-386-2020 del 1 de octubre del 2020 y el C-064-2021 del 4 de marzo del 2021, los cuales constan en nuestra base de datos, a la cual se puede acceder por medio de la dirección electrónica http://www.pgrweb.go.cr/scij/).

Ahora bien, con el objetivo de evitar abusos en el ejercicio de la potestad que confiere a la Administración el artículo 173 mencionado, el legislador dispuso que, de previo a la declaratoria de nulidad, debía obtenerse un dictamen de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto versase sobre actos directamente relacionados con el proceso presupuestario o sobre contratación administrativa) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad que se pretende declarar. Ese dictamen debe solicitarse luego de tramitado todo el procedimiento administrativo por parte del órgano director y antes del dictado del acto final por parte del órgano decisor.

Otro de los mecanismos utilizados por el legislador para evitar el uso abusivo de la potestad de anulación en vía administrativa de un acto declarativo de derechos, es el de encomendar la iniciativa para su ejercicio sólo a ciertos órganos administrativos de alto nivel jerárquico, según puede comprobarse de la lectura del propio artículo 173 mencionado.

Así las cosas, la intervención en estos casos de la Procuraduría (o de la Contraloría según corresponda) cumple una doble función, que consiste, por una parte, en corroborar que el procedimiento administrativo previo haya respetado el debido proceso y el derecho de defensa del administrado; y, por otra, en acreditar que la nulidad que se pretende declarar posea, efectivamente, las características de absoluta, evidente y manifiesta. Se trata de un criterio externo a la Administración activa, que tiende a dar certeza a esta última, y al administrado, sobre el ajuste a derecho del ejercicio de la potestad de autotutela administrativa.

III.- SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SIRVE DE BASE A LA SOLICITUD QUE SE NOS PLANTEA

Tal y como indicamos en el apartado anterior de este dictamen, el artículo 173 de la LGAP dispone que la potestad de anulación en vía administrativa de un acto declarativo de derechos se encuentra encomendada a un número restringido de órganos administrativos. Ese artículo señala que cuando se trate de la Administración Central del Estado, la nulidad debe declararla el ministro del ramo que dictó el acto, y que cuando se trate de otros entes públicos, o Poderes del Estado, la declaración debe efectuarla el “… órgano superior supremo de la jerarquía administrativa”.

Es importante tomar en cuenta además que el órgano legitimado para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto en vía administrativa es también el que ostenta la legitimación para ordenar la apertura del procedimiento administrativo, para designar al órgano director del procedimiento y para solicitar el dictamen preceptivo y favorable a esta Procuraduría General. En ese sentido pueden consultarse los dictámenes C-248-2009 del 3 de setiembre de 2009, C-005-2013 del 22 de enero de 2013, C-206-2014 del 26 de junio de 2014, C-273-2018 del 1° de noviembre de 2018 y C-106-2021 del 19 de abril de 2021.

En el caso específico de los órganos desconcentrados de los ministerios, esta Procuraduría ha sostenido que la legitimación para realizar los actos aludidos en el párrafo anterior la ostenta el ministro respectivo. Así, en el dictamen C-087-2016 del 26 de abril del 2016, indicamos lo siguiente:

“… según consta en el expediente remitido al efecto, las resoluciones cuya nulidad se pretende fueron emitidas por el CETAC, órgano de desconcentración máxima con personalidad jurídica instrumental que, conforme a la Ley Nº 5150 es una dependencia más del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; órgano este último que para los efectos del artículo 173.2 de la LGAP se constituye como el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. No obstante lo anterior, fue aquel Consejo Técnico, y no el Ministro del ramo, el que ordenó sin norma legal habilitante, la apertura o iniciación del procedimiento anulatorio de marras.- De lo expuesto se aprecia que existe un vicio sustancial en el sujeto que ordenó la apertura de este procedimiento administrativo anulatorio, delegó su instrucción, todo lo cual deriva en la nulidad absoluta de este, toda vez que aquel acto dictado por el órgano competente al efecto, es un presupuesto procesal y de garantía de los derechos de las personas beneficiadas por la resolución cuya existencia se pretende suprimir del ordenamiento jurídico.” (En el mismo sentido pueden consultarse los dictámenes C-207-2010 del 11 de octubre del 2010, C-031-2013 del 7 de marzo del 2013 y C-071-2016 del 12 de abril del 2016).

El Teatro Popular Mélico Salazar, de conformidad con el artículo 1° de su Ley de Creación, n.° 7023 de 13 de marzo de 1986, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud. Así lo hemos sostenido, entre otros, en el dictamen C-032-2012 del 31 de enero del 2012. Por ello, el órgano legitimado en este asunto para ordenar la apertura del procedimiento administrativo, para designar al órgano director del procedimiento y para solicitar el dictamen preceptivo y favorable a esta Procuraduría General es la Ministra de Cultura y Juventud y no la Junta Directiva del Teatro Popular Melico Salazar.

Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en el procedimiento administrativo que sirve de base a la gestión que nos ocupa resulta nulo, lo que impide a esta Procuraduría rendir el dictamen favorable solicitado.

Adicionalmente, debemos indicar que si el órgano director, luego de tramitar el procedimiento administrativo y de valorar los elementos de juicio allegados al expediente, arriba a la conclusión de que no existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta (como ocurrió en este caso), el órgano decisor debe definir si está de acuerdo con esa posición, o si desea continuar con el trámite para la anulación del acto en vía administrativa. En este último supuesto, el órgano decisor debe indicar detalladamente las razones en las cuales se fundamenta para separarse de la recomendación del órgano director del procedimiento. Lo anterior a efecto de que ésta Procuraduría pueda evaluar el cuadro fáctico y jurídico, y emitir el dictamen sobre la existencia o no de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, dictamen que, de ser afirmativo, facultaría a la Administración para que proceda a la anulación del acto. Por el contrario, si el órgano decisor coincide con la recomendación del órgano director del procedimiento, tiene dos opciones: la primera es archivar el trámite, si considera que el acto al que se refiere el procedimiento no presenta vicio alguno; la segunda es intentar la anulación por medio del proceso de lesividad, si considera que el acto presenta una nulidad que no es absoluta, evidente y manifiesta.

Por último, interesa recordar que la posibilidad de anular en vía administrativa un acto declarativo de derechos está sujeta al plazo de caducidad establecido en el artículo 173.4 de la LGAP. Según esa norma, “La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.” Sobre ese tema, la Sala Constitucional ha resuelto que “Se trata, de un plazo rígido y fatal de caducidad −aceleratorio y perentorio− que no admite interrupciones o suspensiones en aras de la seguridad y certeza jurídicas de los administrados que derivan derechos subjetivos del acto administrativo que se pretende revisar y anular. Bajo esta inteligencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario y la solicitud del dictamen a la Procuraduría o Contraloría Generales de la República no interrumpen o suspenden el plazo.” (Sentencia 12054-2002 de las 9:03 horas del 20 de diciembre de 2002).

IV.- CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, devolvemos sin el dictamen afirmativo solicitado la gestión dirigida a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgó al señor xxx el Premio Nacional Mireya Barboza. Lo anterior debido, básicamente, a que la decisión de ordenar la apertura del procedimiento administrativo, de designar al órgano director del procedimiento y de solicitar el dictamen preceptivo y favorable a esta Procuraduría General, fueron adoptadas por un órgano que carece de competencia para ello, lo que genera la nulidad de todo lo actuado.

Cordialmente;

Julio César Mesén Montoya

Procurador

JCMM/mmg