Dictamen : 234 - del 17/08/2021

17 de agosto de 2021

PGR-C-234-2021

Señor

Ronald Fernández Romero

Auditor Interno

Ministerio de Hacienda

Estimado señor:

Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. AI-421-2021 de 11 de agosto de 2021, mediante el cual reitera su solicitud de criterio sobre dos interrogantes relacionadas con la posibilidad de que funcionarios que tienen prohibición de ejercer profesiones liberales, participen como conferencistas o expositores en actividades académicas.

Esa consulta anterior, planteada mediante oficio no. AI-408-2021, fue declara inadmisible en el dictamen no. PGR-C-227-2021 de 10 de agosto de 2021 porque no se cumplió con el requisito de admisibilidad de precisar la relación entre lo consultado y el plan de trabajo que actualmente está desarrollando la Auditoría Interna.

En esta ocasión, se vuelve a plantear la consulta indicando que “en el marco del Plan de Trabajo de Fiscalización esta Auditoría Interna requiere tener criterios objetivos para la fiscalización de los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno.”

No obstante, la Procuraduría estima que sigue incumpliéndose el requisito de admisibilidad aludido, en el tanto, no se acredita que el objeto de la consulta sea un asunto que se haya previsto estudiar en el plan de trabajo de la Auditoría, y, en consecuencia, no es posible precisar que la consulta tenga relación directa con el ejercicio de sus competencias.

Al respecto, recuérdese que, al respecto hemos señalado:

“Si bien se indica que, en el plan de trabajo de esa auditoría se contempla efectuar advertencias a la administración, de conformidad al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno (no. 8292 de 31 de julio de 2002), lo cierto es que la única forma que tiene la Procuraduría para asegurarse que una consulta está ligada al ejercicio de las competencias de la auditoría interna y que no se está utilizando la facultad de consultar para otros fines, evadiendo el cumplimiento de requisitos de admisibilidad, es que lo cuestionado esté directamente relacionado con algún estudio o informe de auditoría previsto en el plan de trabajo.

Debe tenerse en cuenta que en el plan de trabajo se definen, previamente, los temas de fondo que serán estudiados por la auditoría interna, por lo que, de requerirse nuestro criterio en relación con esos temas, no existiría ninguna duda de que la consulta se plantea para el estricto cumplimiento de las competencias de la auditoría.” (Dictamen C-094-2020 de 17 de marzo de 2020. Se añade la negrita).

Aparte de lo anterior, debe reiterarse que las consultas que planteen los auditores internos en el ejercicio de sus competencias deben cumplir los requisitos de admisibilidad que señala nuestra Ley Orgánica, salvo, claro está, la necesidad de aportar un criterio legal sobre el tema consultado y que la consulta provenga del jerarca de la institución.

Uno de esos requisitos de admisibilidad es que las interrogantes sean planteadas de forma clara y precisa y versen sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite.

En esta ocasión, si bien es cierto se plantean cuestionamientos jurídicos generales, también pareciera que se requiere la revisión del criterio de la asesoría legal del Ministerio sobre el tema objeto de la consulta, pues se indica que dicho criterio es contrario a la posición externada por la Procuraduría en los dictámenes C-174-2017, C-203-2020 y C-224-2018.

Al respecto, debe advertirse que:

“…este Órgano Asesor no es un órgano revisor de los criterios vertidos en casos específicos por las diferentes dependencias internas o asesorías de las Administraciones Públicas. En este sentido, en dictamen C-147-2007 indicamos: «…no corresponde a la Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la Administración Pública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso la opinión externada por asesorías o dependencias internas, son conformes o no al ordenamiento jurídico. La función consultiva debe ser ejercida respecto de competencias u organización de la Administración consultante, de la interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre actuaciones o criterios concretos vertidos por la Administración, sus dependencias o asesorías (Dictámenes C-277-2002 de 16 de octubre de 2002, C-196-2003 de 25 de junio de 2003, C-241-2003 de 8 de agosto de 2003 y C-120-2004 de 20 de abril de 2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005, C-328-2005 de 16 de setiembre de 2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y C-392-2006 de 6 de octubre de 2006, entre otros muchos).»” (Dictamen no. C-172-2016 de 22 de agosto de 2016).

Con base en todo lo expuesto, la consulta es inadmisible, y, en consecuencia, nos encontramos imposibilitados para rendir el criterio requerido.

De usted, atentamente,

Elizabeth León Rodríguez

Procuradora