Dictamen : 190 - del 29/06/2021

29 de junio de 2021

C-190-2021

Licenciada

Guisel Chacón Madrigal

Jefa a.i Departamento de Secretaría

Municipalidad de Goicoechea

Estimada señora:

Con aprobación del señor Procurador General de la República nos referimos a su oficio SM-733-2021 del 5 de mayo de 2021, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre lo siguiente:

“a. ¿La Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD) debe ser nombrada por el Concejo Municipal tal y como lo establece el artIculo 13, inciso h) del Código Municipal o debe ser nombrada por el Presidente Municipal como una comisión permanente denominándose Comisión de la Condición de la Mujer y Asuntos de Accebilidad conforme al articulo 49 de ese mismo cuerpo normativo?

b. Si fuese conforme al artículo 13, inciso ho del Código municipal ¿sus integrantes deben ser miembros del Concejo Municipal o pueden nombrarse a ciudadanos del Cantón?”

I. INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE CONSULTA

De conformidad con los artículos 1, 2 y 3 inciso b) de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.

Al respecto, en múltiples ocasiones esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas en esta misma Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.

En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite; b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados, y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos Nos. C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-365-2019 del 11 de diciembre de 2019 y C-028-2020 del 27 de enero de 2020).

El segundo requisito expuesto es exigido expresamente por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, el cual dispone:

“Artículo 4º.—CONSULTAS: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.” (El subrayado no pertenece al original)

Sobre ese requisito hemos indicado que el criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre todos los puntos que se someten a nuestra consideración y que éste tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento vinculante.

Y, además, hemos considerado que dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016, C-168-2017 de 18 de julio de 2017 y C-027-2020 del 27 de enero de 2020).

Por lo dicho, el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad debe emitirse específicamente para aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos consulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente debe requerir el criterio de su asesoría legal sobre los cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que dicho informe legal responda únicamente a los cuestionamientos generales que se nos plantean. (Véanse los dictámenes Nos. C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-145-2018 de 19 de junio de 2018, C-205-2018 de 23 de agosto de 2018).

Ahora bien, en cuanto al tercer requisito apuntado, debe señalarse que dado el carácter vinculante que el artículo 2° de nuestra Ley Orgánica otorga a los dictámenes, es lógico que la misma Ley haya limitado la posibilidad de solicitarlos disponiendo que la consulta debe ser formulada por el jerarca correspondiente. Y es que en virtud de la trascendencia que para una institución puede tener un dictamen vinculante, la facultad de consultar corresponde al jerarca, ya que éste se encuentra en una mejor posición de valorar la posibilidad y necesidad de solicitar un criterio jurídico a este órgano asesor.

De ahí que, la facultad de consultar implica, a su vez, la necesidad de que sea el jerarca correspondiente quien defina las preguntas sobre las cuales se requiere nuestro criterio.

En consecuencia, para el adecuado ejercicio de nuestra función, es necesario que el jerarca institucional plantee uno o varios cuestionamientos puntuales de índole jurídico y adjunte el informe de la asesoría legal que exige el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.

Partiendo de ello, estimamos que la presente consulta no reúne los requisitos de admisiblidad apuntados.

En primer lugar, la consultante Jefa a.i Departamento de Secretaría de la Municipalidad de Goiecoechea, no remite el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal donde se haya acordado plantear las interrogantes aquí descritas. Por el contrario, únicamente se menciona el acuerdo N° 18-2021, celebrado el día 4 de mayo de 2021, Artículo IV.XXll, en el que supuestamente se acoge un acuerdo de consulta de la Comisión de Condición de la Mujer y Accesibilidad de dicha municipalidad, sin embargo no fue remitido a esta Procuraduría.

Debe tenerse en consideración que dicho acuerdo del Concejo Municipal resulta vital para admitir la presente consulta, pues sólo a partir de él puede evidenciarse la voluntad del jerarca de consultar a esta Procuraduría el tema que se plantea. No basta, por tanto, un simple acuerdo que acoja una recomendación de una comisión municipal, sino que debe existir una voluntad expresa del órgano colegiado como jerarca supremo, de plantear interrogantes jurídicas que deben ser expresamente señaladas a esta Procuraduría, pues es precisamente esa voluntad del jerarca la que delimita el ámbito de competencia de nuestro pronunciamiento.

En este caso, sólo consta el acuerdo de la Comisión de Condición de la Mujer y Accesibilidad, pero no así la voluntad del jerarca (Concejo Municipal), sobre la consulta y, específicamente, sobre la materia sobre la cual desea que nos pronunciemos.

En segundo lugar, si bien se mencionan los oficios ALCM 006-2021 y ALCM 008-2021, que son aparentemente los criterios emitidos por el Lic. Mariano Ocampo, Asesor Legal del Concejo Municipal, lo cierto es que a la Procuraduría no fueron remitidos dichos documentos, con lo cual tampoco se cumple con el requisito de admisibilidad dispuesto en el numeral 4 de nuestra Ley Orgánica.

II. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, la presente consulta resulta inadmisible pues no consta el acuerdo del Concejo Municipal y tampoco fue remitido el criterio legal respectivo. Consecuentemente, se archiva la consulta advirtiéndose que, si se desea presentar nuevamente, debe remitirse como un asunto nuevo mediante la vía oficial de recepción de documentos.

Atentamente,

Silvia Patiño Cruz

Procuradora